por Luis Enrique Alcalá | May 10, 2007 | Cartas, Política |
En algunas ocasiones se hace posible trazar el origen de una expresión, lo que no es tan fácil si ella es particularmente afortunada, pues en este caso varios reivindican la paternidad, como si se tratara de ex compañeros sexuales de Anna Nicole Smith que compiten por la custodia y presunta fortuna de su menor hija. En el caso de la expresión “Guerra Fría” está documentado que el financista Bernard Baruch, influyente asesor de Franklin Delano Roosevelt, la empleó por primera vez en un discurso pronunciado el 16 de abril de 1947. La popularización de los términos, no obstante, se debe al periodista liberal (en el sentido norteamericano de “izquierdista”) Walter Lipmannn, quien escribiera el libro The Cold War ese mismo año.
Una guerra “fría” es una que no llega a expresarse en la confrontación bélica directa de los contendientes. La Guerra Fría denota el período de casi cincuenta años que caracterizó las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, cada nación soportada por un cúmulo de aliados, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y hasta el desplome del régimen soviético. Cubre, por tanto, el bilateralismo del Primer y el Segundo mundos—el grupo de países capitalistas enfrentado al de los países comunistas—del que estaba excluido el Tercer Mundo, o países pobres o subdesarrollados. (Más tarde designados con el eufemismo de países “en vías de desarrollo”, para evitar la connotación despreciativa implicada en el término “subdesarrollados). Explícitamente, no obstante, pretendían quedar fuera de la confrontación los países que formaron el movimiento de los “no alineados”.
Los rusos y los norteamericanos no combatieron jamás—directamente—con las armas los unos a los otros. Prefirieron entrometerse en guerras de terceros, pero sobre líneas de clara demarcación entre las preferencias por el Primer Mundo o el Segundo. Así se peleó la Guerra de Corea y también la de Viet Nam, y escasamente hubo en ese tiempo algún conflicto militar que no estuviese cubierto por la tensión bipolar de la Guerra Fría. Pero toda la época se caracterizó por una guerra ideológica, un intenso espionaje mutuo y una preocupante carrera armamentista. Sobre todo a partir de 1949, cuando la primera detonación de un artefacto nuclear por los soviéticos puso fin al monopolio estadounidense en este campo, la escalada armamentista adquirió visos de enorme peligrosidad para el mundo entero. Para agosto de 1984, Thomas Ackerman, James Pollack y Carl Sagan habían calculado que un intercambio nuclear de 5.000 megatones, la mitad del arsenal de la época, tendría como una de sus secuelas un descomunal invierno artificial, en el que nubes de hollín y de polvo generadas por las explosiones harían barrera a más del 90% de la radiación solar incidente, y esto sin contar el efecto del desplazamiento de las nubes propiamente radioactivas. Tan apocalíptica visión dio paso a un equilibrio en verdad tenido como “loco”: MAD era el nombre que refería la idea de que ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos iniciarían una guerra nuclear, pues tal movida desencadenaría una Mutual Assured Destruction.
Ésta era la neurótica paz que propiciaba la Guerra Fría. Se hicieron de antonomasia los más fríos analistas. En particular uno de ellos, Hermann Kahn—que fuera el modelo del Dr. Strangelove, representado por Peter Sellers en una famosa película del mismo nombre—era tan desalmado como para acuñar el término de “megamuertes”, una unidad cómoda para computar las pérdidas humanas estimadas para distintos escenarios de conflicto nuclear. (On Thermonuclear War, 1960, en título alusivo a la clásica obra Sobre la guerra, de Carl von Clausewitz).
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Ahora, sin embargo, terminada ya la Guerra Fría de Baruch y Lipmann, se ha iniciado una segunda. Hay una guerra fría clarísima entre los Estados Unidos y Venezuela, la que cada vez adquiere más tensión. Estamos, por supuesto, ante una guerra fría asimétrica. El potencial bélico norteamericano es incomparablemente mayor que el venezolano; obviamente, no son armamento que asuste a la gran potencia norteña los 100.000 fusiles Kalashnikov que Hugo Chávez ordenara adquirir para armar a sus milicias “bolivarianas”. Si se diera un conflicto militar abierto entre Venezuela y los Estados Unidos la destrucción asegurada ya no sería mutua, sino unilateral. Lo destruido sería venezolano; no hay manera de que nuestras fuerzas armadas coloquen un solo soldado en territorio estadounidense.
A pesar de esto, no parece haber la posibilidad de una confrontación armada entre ambos países. Aunque los Estados Unidos—más bien, el gobierno de George W. Bush—pudiesen armar un caso para terminar de declarar a nuestro país como un “Estado forajido” (rogue country), por ejemplo por la vía de sus acusaciones sobre narcotráfico desde nuestro territorio con presunta anuencia o, al menos, negligencia gubernamental, o al señalarnos como refugio de terroristas, el actual Congreso norteamericano, ya enfrentado al presidente Bush por la guerra de Irak, no aprobaría un centavo de dólar para una invasión a Venezuela, ni siquiera en condiciones de una crisis energética muy acusada.
Lo que queda es una guerra fría, y en ella los Estados Unidos no tienen argumento para asegurar una condena de Venezuela por parte de la Organización de las Naciones Unidas o su Consejo de Seguridad. De las cuatro potencias que, además de los propios Estados Unidos, tienen poder de veto en el seno de ese consejo, Venezuela tiene relaciones razonablemente buenas con al menos tres de ellas: Rusia, China y Francia, aun cuando en esta última, una vez dado el triunfo electoral de Sarkozy—cuestionado aun antes de asumir la presidencia francesa por vacacionar en el yate de un amigo multimillonario y advertido por nuevos brotes de violencia en su país, justamente para protestar su triunfo—, las cosas ya no le serán tan favorables. Pero ¿cuál sería el caso de Estados Unidos contra Venezuela, que no enriquece uranio como Irán, ni detona artefactos nucleares como Corea del Norte? ¿Sería suficiente para una resolución de la ONU que verdaderamente afecte a nuestro país acusarlo de promover acuerdos comerciales y políticos con Irán por toda América Latina, como ahora hace Chávez, convertido en todo un agente de negocios de la antigua Persia?
Y es que ni siquiera es claro que la Organización de Estados Americanos, cuya Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha asumido el examen del caso de la concesión denegada a RCTV, esté próxima a una execración de Venezuela. Un miembro de esta comisión, su relator sobre libertad de expresión, por cierto venezolano, Ignacio Álvarez, acaba de declarar a El Mercurio de Chile en los siguientes términos: “Los Estados tienen la facultad de administrar el espectro radioeléctrico y tomar decisiones respecto de la asignación de concesiones y la renovación de éstas. Esto forma parte de la soberanía». (Cabe apuntar que Álvarez señaló asimismo, reporta ANSA, que debe haber respeto a otros estándares internacionales, como los de observar la corrección del proceso administrativo y evitar que la decisión soberana se tome sobre la base de la línea editorial de los medios, así como que exista “la posibilidad de recurrir a un órgano jurisdiccional independiente y autónomo para que revise la legalidad de las decisiones que se tomen”. En este caso, la OEA, por intermedio de la CIDH, tendría que declarar que nuestro Tribunal Supremo de Justicia, ante el que RCTV ha interpuesto un recurso de nulidad de la medida anunciada por el Ejecutivo, no es “un órgano jurisdiccional independiente y autónomo”. No es probable que el organismo gerenciado por Insulza quiera meterse en un brete de ese tamaño.
En consecuencia, en la pelea de perros de Bush y Chávez no hay muchos que quieran meterse, ni siquiera Álvaro Uribe, que acaba de regresar de Estados Unidos luego de visita poco exitosa—en términos de su aceptación por el Congreso de EE. UU.—para reconfirmar el apoyo estadounidense al Plan Colombia.
La dinámica, pues, conduce a la continuación de la Segunda Guerra Fría, la asimétrica. Aquí ambos gobiernos procurarán molestarse el uno al otro. En relación con la reciente decisión tribunalicia de desechar los cargos contra Luis Posada Carriles se introduce un irritante adicional. Peter Kornbluh, un experto en Cuba de los Archivos Nacionales de Seguridad de los Estados Unidos, ha declarado en los siguientes términos: “Simplemente, es la hora de los aficionados en el Departamento de Justicia. Justamente en el caso en el que el Departamento de Justicia necesitaba manejarlo adecuadamente, lo han hecho en un estilo de policías de comiquitas que es tan poco profesional que casi hace sospechar que procuraban minar su propio caso”. Éste es un hueso que Chávez no dejará de morder, y ya se ha reiterado que Venezuela pedirá formalmente la extradición del ex Disip de origen cubano, aunque sólo sea para exponer que el gobierno norteamericano se rige por un doble estándar en materia de terroristas.
La Casa Blanca, además de comentar negativamente de modo habitual la gestión de Chávez, ha comenzado a apretar por el lado de las drogas. Resalta ahora un elemento nuevo: que el tráfico desde Venezuela ya no sólo parte de aeropuertos clandestinos, sino que desde aeropuertos nacionales, y en vuelos comerciales, se está transportando drogas en cantidades muy apreciables. John Walters, el zar antidrogas de los EE. UU., puso como ejemplo la incautación de una tonelada métrica de cocaína en México en febrero pasado, empacada en una veintena de valijas embarcadas en un vuelo comercial proveniente de Maiquetía. Poco veladamente, sugirió que una cantidad de ese tamaño hace presumir corrupción local. Nuestro gobierno replica que Venezuela es una víctima del narcotráfico, y que nuestros “gloriosos soldados” se la pasan destruyendo alijos de drogas. Por su parte, The Wall Street Journal anota que el Consejo de Control Internacional de Narcóticos, una agencia de las Naciones Unidas, reportó en marzo que Venezuela había aumentado en 87%, en el año de 2005, las capturas totales de cocaína, lo que pareciera desmentir que el país no coopera en la lucha contra las drogas, por lo menos para esas fechas.
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La Segunda Guerra Fría, por supuesto, es esencialmente una batalla de propaganda en la escena internacional. Por más que Chávez tienda a despreciar, insultantemente las más de las veces, cualquier crítica proveniente del exterior, es claro que debe estar preocupado. Su respuesta sobre el tema de las drogas fue más defensiva que agresiva. Viene, por otro lado, de importantes desencuentros con los gobiernos de Chile y Brasil, uno sobre el caso RCTV y otro sobre el caso del etanol. (En el que su gobierno ha incurrido en evidentes contradicciones).
El gobierno venezolano, así como había decidido confrontar a RCTV desde sus inicios, así como Bush buscaba pelea con Irak aun antes del 11 de septiembre de 2001—como lo expuso Bob Woodward en Plan of Attack—también buscó irritar al gobierno estadounidense desde muy temprano. La visita que hiciera a Sadam Hussein en 2000 fue un claro acto de desafío.
Pero está sintiendo la presión, y sabe lo importante que es disfrutar de una imagen internacional favorable. No otra cosa que esto puede explicar la reunión del canciller Maduro y Jesse Chacón, Ministro de Telecomunicaciones e Informática (del Poder Popular), con los embajadores extranjeros acreditados en nuestro país, justamente para explicar la posición del gobierno en torno al caso RCTV, que amenaza con convertirse en enorme raya sobre la imagen internacional de Chávez y su combo. En esta reunión el ministro Chacón, en peculiarísima lectura de la Constitución, aseguró a los pacientes diplomáticos que esta Carta Magna prohibe la renovación automática de las concesiones. Que uno sepa, la Constitución de 1999 prescribe, pero sólo para el expreso caso de las explotaciones de recursos naturales, que “el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado” en su Artículo 113, y que “El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido” en el segundo párrafo de su Artículo 156. No se conoce que las Empresas 1BC se dediquen a la explotación minera o de otros recursos naturales. El razonamiento de Chacón se parece al que esgrimía Chávez en 1994, cuando explicaba a la revista Newsweek que la Constitución de 1961 “prácticamente” lo obligaba a rebelarse.
Ayer intentaba Bernardo Álvarez, embajador venezolano ante los Estados Unidos, convencer de que no debía criticarse la acumulación de poderes en Chávez cuando Bush había recibido poderes extraordinarios para su lucha contra el terrorismo. La retórica no causó efecto, pues los circunstantes (en una reunión del Consejo de Asuntos Mundiales del norte de California) no favorecían ninguna concentración excesiva de poderes. Varios de ellos replicaron que aumentar los poderes a Bush no era una buena idea.
La Segunda Guerra Fría es coartada de Chávez tanto como para Bush. No nos sirve para nada a los venezolanos. No sirve para nada a los estadounidenses. En nuestro caso particular, no basta una chequera coyunturalmente abultada para retar a la primera potencia del mundo. Hugo Chávez se ha sobreextendido. Su indudable capacidad, obviamente compulsiva y obsesiva, no le permitirá gestionar la excesiva agenda que se ha impuesto. Ha querido abarcar demasiado. Independientemente de la posible solidez de sus posiciones internacionales—más bien inconsistentes—no tiene cómo manejarlo todo. Va a perder esta guerra fría.
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por Luis Enrique Alcalá | May 3, 2007 | Cartas, Política |
El doctor George Friedman—Ph. D. en Government de la Universidad de Cornell—es un destacado científico-político norteamericano, venido con sus padres—sobrevivientes del Holocausto—de Hungría en 1949 para escapar de la pesadilla comunista. Es el fundador y principal funcionario ejecutivo de Stratfor (Strategic Forecasting), un think-tank de corte conservador—Friedman se describe a sí mismo como un “republicano conservador”—que data de 1996 y ejerce indudable influencia, gracias a sus muy informados análisis de los eventos y procesos mundiales. El sitio web de Stratfor informa que Friedman “guía la visión estratégica” del instituto, “ayudando a conformar los pronósticos geopolíticos de largo alcance y también supervisando y asignando operaciones tácticas de inteligencia”. Una descripción impresionante, fraseada en la jerga característica de los consultores norteamericanos, que funciona estupendamente para el mercadeo de sus servicios.
Muy recientemente (24 de abril de 2007), Stratfor publicó en su “Diario Geopolítico” un escueto análisis acerca de las posibilidades de una unión de los países de América del Sur (UNASUR). Su título: The Obstacles to Latin America’s UNASUR. Friedman ha debido “supervisar” el trabajo y guiado su “visión estratégica”.
El breve estudio comienza por notar que Freddy Ehlers Zurita, Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, había declarado el día antes de la emisión de la pieza de Stratfor que la CAN y MERCOSUR debían fusionarse para dar origen a UNASUR. A continuación, el análisis registra que el sueño de la unión sudamericana es tan viejo como los intentos de Bolívar a comienzos del siglo XIX. Luego viene la siguiente afirmación: “Los jefes de Estado de todos los doce países suramericanos apoyaron la formación de UNASUR el 17 de abril, mientras asistían a la Primera Cumbre Energética de América del Sur en la isla de Margarita, en Venezuela. Pero no pudieron acometer significativamente las tres cosas que condenan un esfuerzo tal: modelos económicos en conflicto, ambiciones regionales contradictorias y la geografía”.
La apreciación de Stratfor tiene, sin duda, una buena justificación. Por una parte, destaca cómo no hay unidad en el continente suramericano respecto de los modelos económicos a seguir. Mientras países como Chile, Colombia y hasta Brasil ejecutan políticas favorables a las economías de mercado, otros países—entre ellos destacadamente Venezuela—se han pronunciado por esquemas socialistas muy suspicaces, e incluso antagónicos, de la actividad económica privada.
Por otra parte, Stratfor concede suprema importancia a la enorme escala de Brasil. Yendo tan atrás como 1494 (Tratado de Tordesillas), los analistas de Stratfor comentan que “…Brasil emergió como una inmensa nación con tremendos recursos, su propia lengua y un fuerte sentido de identidad. No es probable que Brasil se acoja a un acuerdo regional fuerte que no controle”. Es decir, preferiría la actual situación de MERCOSUR, pacto en el que es la influencia predominante, a un tratado de UNASUR en el que su determinante liderazgo se vea disminuido.
Pero a pesar de haber mencionado el obstáculo geográfico, el mismo informe reconoce que acá hay algo de progreso: “…las barreras geográficas están disminuyendo gradualmente. Se construye túneles en Los Andes, mientras cruzan el interior del continente carreteras, ferrocarriles y oleoductos”.
Una vez expuestos los que considera los obstáculos principales, Stratfor procede a recomendar una línea a los sudamericanos: imitar a Europa. Así apunta: “He aquí donde los éxitos y fracasos de la Unión Europea pudieran ser instructivos. La Unión Europea demostró que es mucho más fácil formar una unión económica que una política”. Esto, es, que debiéramos integrarnos económicamente, no políticamente.
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Es una opinión largamente sostenida por el autor que la línea a seguir debe ser todo lo contrario, que hemos procurado imitar por demasiado tiempo el modelo europeo de integración cuando nuestras condiciones eran, y son, enteramente diferentes a las de Europa.
El germen de la Unión Europea fue la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero en 1946. Hacía sólo un año que la Segunda Guerra Mundial había concluido, y este conflicto había sido en gran medida una conflagración general en Europa. Alemanes, franceses, ingleses, rusos, italianos, venían de seis años seguidos de echarse tiros los unos a los otros, sobre sus propios territorios y los de Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Polonia, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Grecia, Finlandia, etcétera. Nadie en su sano juicio hubiera podido proponer una unión política europea en 1946, y por esto el primer paso fue el eficaz aunque tímido proyecto siderúrgico-carbonífero.
Tampoco había sido, por supuesto, la II Guerra Mundial el único conflicto europeo. A través de los siglos estas naciones se combatieron las unas a las otras y, veinte años antes de la más extendida y terrible de las guerras, ya habían tenido una Gran Guerra (la Primera Mundial) que había matado a 18 millones de personas. Las cicatrices y suspicacias de tan larga y catastrófica conflictividad no podían solventarse de la noche a la mañana. Varias entre sus naciones habían sido primeras potencias en su momento: la España de Carlos V, la Francia napoleónica, la Inglaterra victoriana, la Alemania nazi. Todas habían ejercido o aspirado al predominio planetario. La confianza internacional no ha sido nunca moneda de curso corriente entre los europeos.
Añádase a esto la diversidad de lenguas y etnias, muy distinta a la relativa uniformidad del español en la mayor parte de América del Sur y el fraterno portugués de Brasil. (Una de las raíces del idioma castellano es justamente la lengua galaica-portuguesa, que asemeja mucho al portugués y el gallego). Y no hay en Suramérica la convergencia de las etnias diversas de germanos, latinos y eslavos que marca fuertemente a Europa, sino una sola raíz ibérica, de instituciones y costumbres muy similares en toda la heredad hispano-portuguesa.
Europa, por consiguiente, no tenía otro camino que el de la lentitud. A la Comunidad del Carbón y del Acero siguió luego la unión aduanera del Mercado Común Europeo. Más tarde, el esfuerzo se había fortalecido lo suficiente como para designarlo con el nombre de Comunidad Económica Europea. Medio siglo entero debió transcurrir para que pudiera aspirar a la Unión Europea, una entidad política que todavía hoy no es un verdadero Estado supranacional.
Ninguno de estos rasgos divisivos se encuentra en América del Sur. A pesar de esto, siempre concebimos la ansiada integración—todos los países sudamericanos se sabían insuficientes—en términos del modelo europeo. Con nuestra característica capacidad nominalista, hemos creado una serie numerosa de instituciones para la integración: la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN, antes Pacto Andino, del que una vez Chile formó parte), MERCOSUR, el ALBA, UNASUR. Al menos puede registrarse el siguiente progreso: ya no se pretende integrar a la llamada América Latina (noción de Napoleón III para incluir a los países de habla francesa en la consideración). Los más recientes amagos se atienen a la realidad geopolítica y se circunscriben al gigantesco condominio ecológico del continente suramericano.
Así, pues, formulamos utopías integracionistas que culminarían, en el fin de los tiempos, como una unión política. Pero, para llegar a ella, teníamos que recorrer primero una fase de integración cultural—con el Pacto Andrés Bello y las giras de Yolanda Moreno para danzar por toda la región—y luego una fase, más difícil, de integración económica. Los resultados, después de setenta años del trabajo de las burocracias de la integración—cuyos funcionarios cobran en dólares exentos de impuestos—son poco halagadores. Si acaso, cada economía nacional se ha atrincherado más dentro de sus propias fronteras, a pesar del aumento del intercambio intrazonal.
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Teníamos frente a las narices otro modelo: el de la creación instantánea de una unión política que ya implicaba, de una vez, la integración económica. Este modelo es de los Estados Unidos de América del Norte, desde donde escriben los amigos de Stratfor. (George Friedman vive en Austin, Texas).
Los Estados Unidos de Norteamérica fueron creados en 1776 mediante su Declaración de Independencia, pero no recibieron estructura formal hasta que su Congreso aprobara (15 de noviembre de 1777) sus Artículos de Confederación, que precedieron a la Constitución, la que no existió hasta diez años más tarde. (Dos años antes del inicio de la Revolución Francesa). El Artículo Cuarto del segundo documento estipuló, de una sola vez, la libertad de tránsito de personas y de bienes por todo el territorio de la misma, en igualdad de condiciones. Esto es, integró económicamente a los trece estados, sin necesidad de establecer secretariados que se ocuparan de integrarlos poco a poco. (El primer párrafo de ese artículo dice: “The better to secure and perpetuate mutual friendship and intercourse among the people of the different States in this Union, the free inhabitants of each of these States, paupers, vagabonds, and fugitives from justice excepted, shall be entitled to all privileges and immunities of free citizens in the several States; and the people of each State shall free ingress and regress to and from any other State, and shall enjoy therein all the privileges of trade and commerce, subject to the same duties, impositions, and restrictions as the inhabitants thereof respectively, provided that such restrictions shall not extend so far as to prevent the removal of property imported into any State, to any other State, of which the owner is an inhabitant; provided also that no imposition, duties or restriction shall be laid by any State, on the property of the United States, or either of them”).
Es legítimo preguntarse por qué la integración política fue posible a los norteamericanos y no a nosotros, ni siquiera en la primera mitad del siglo XIX, cuando ya el experimento de los Estados Unidos llevaba varias décadas funcionando. La respuesta reside en que durante ese período la tecnología de las comunicaciones permaneció prácticamente inalterada, imponiendo una suerte de perímetro máximo a lo integrable. Los Estados Unidos que nacieron en 1776 no ocupaban el área que hoy poseen. En 1776 se reunieron trece colonias norteamericanas cuya superficie conjunta era de 888.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie inferior a la de Venezuela. Por esta razón era muy difícil mantener integrada la Gran Colombia, cuatro veces mayor que los Estados Unidos originarios, no digamos la América del Sur entera. Cuando Bolívar escribía una carta a Sucre, ordenándole que persiguiera y presentara batalla a determinado jefe realista, el “término de la distancia” se contaba muy frecuentemente en meses. Hubo casos cuando Bolívar impartió una orden de esa naturaleza en carta fechada cinco días después del fallecimiento del eventual contendiente de Sucre, circunstancia que Bolívar ignoraba en virtud de esa misma lentitud de las comunicaciones. Hoy en día las circunstancias han variado radicalmente, lo que permite que, por ejemplo, el estado de Hawai esté perfectamente integrado a los procesos políticos de sus 49 colegas continentales.
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América del Sur es geográficamente un continente distinguible de Norteamérica. No en vano es tratado así en la costumbre geográfica de los Estados Unidos. (Así lo registra, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, editada por la Universidad de Chicago). Es un continente caracterizado por la mayor variedad ecológica y biológica, si se le compara con el resto de los continentes. Es el continente que se despliega sobre la gama más amplia de latitudes. Es el continente que produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Es el cuarto más grande de los continentes, con una superficie total de 17 millones 800 mil kilómetros cuadrados, o un 12% de la superficie terrestre del planeta.
Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya comienzan a producirse en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo, como apuntábamos, va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad.
Lo equivocado está en suponer que la integración económica es más fácil que la integración política. Esto no es así. La actividad económica tiende a presentar, como rasgo predominante de su proceso, el carácter de lo competitivo. Difícilmente puede entonces conducirnos a la integración efectiva, sobre todo si cada componente de los pactos de integración económica se comprende a sí mismo como portador de una vocación perenne de Estado independiente. ¿Por qué es tan difícil un acuerdo, digamos, en el seno del Pacto Andino? Porque Bolivia supone que algún día habrá de ser ella sola, por más distante que esto se halle en el futuro, como los Estados Unidos. Porque Venezuela pretende lo mismo, porque Colombia pretende igualmente, y así sucesivamente.
La integración a la que debe procederse lo antes que sea posible es la integración política. La integración económica vendrá entonces por sí sola, con el proceso casi automático de la acomodación de las unidades productivas, lo que es mucho más sano y flexible que las integraciones económicas forzadas a partir de burocracias tecnocráticas, que si han fracasado dentro de los límites nacionales, con mayor certidumbre fracasarán en el intento de manejar entidades de escala superior.
El perímetro máximo a considerar es el sudamericano. Es factible que no todos los actuales países de este continente se avengan a este tratamiento. Es posible concebir perímetros menores. Puede ser que no le sea tan fácil a Brasil, por ejemplo, integrarse en una unión del tipo descrito, lo que sería comprensible pues, a fin de cuentas, Brasil es casi por sí solo un subcontinente, y con una base poblacional de más de ciento ochenta millones de habitantes puede sustentar legítimamente la idea de autosuficiencia política. Nuestro criterio, sin embargo, es que Brasil se encontraría extrañado fuera de una unión sudamericana, pues fuera de ella no sería fácil que se explicara a sí mismo. Pero con toda probabilidad será más fácil—y equilibrado—integrar políticamente a Suramérica por partes. Esto es, el arco bolivariano que coincide con la Comunidad Andina de Naciones debe formar un Estado, Brasil por su enorme escala otro, y los países del Cono Sur un tercero.
Para que una cosa así sea sostenible no puede procederse por acuerdo entre jefes de Estado. El asunto es de tal monta que debe consultarse a los habitantes de cada país en referendo, y esto es algo que no debe gustarle mucho a Chávez. (Si a ver vamos, es difícil imaginar a cualquiera de los jefes de Estado del área sometiéndose a una entidad supranacional de esa escala).
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No todos los conservadores norteamericanos piensan como Stratfor-Friedman, que repiten la receta de integración económica sin integración política. El 2 de agosto de 1993 el esquema integracionista europeo, ya debilitado por la poco entusiasta—hasta difícil—aprobación del Tratado de Maastricht por parte de varios de los países de la Comunidad, recibió un golpe de importante magnitud. La especulación monetaria desatada contra las monedas de Francia, Dinamarca, Bélgica, España y Portugal, como consecuencia de la negativa del Bundesbank a las peticiones de reducción de su tasa de interés clave, pareció descarrilar el programa previsto para la unificación monetaria europea: la meta de una única moneda europea hacia 1999. Al mes siguiente, Milton Friedman, el Premio Nóbel de Economía líder de la llamada escuela de Chicago (escuela monetarista), se expresaba en los términos siguientes: “Si los europeos quieren de veras avanzar en el camino de la integración, deberían comprender que la unidad política debe preceder a la monetaria. El continuar persiguiendo algo que se acerca a una moneda común, mientras cada país mantiene su autonomía política, es una receta segura para el fracaso”. (Entrevista en la revista L’Espresso, 26 de septiembre de 1993).
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 26, 2007 | Cartas, Política |
Prosigue la cuenta regresiva en contra de Radio Caracas Televisión. Como se sabe, el gobierno aduce que el 27 de mayo próximo expira la concesión de señal abierta de televisión en poder de las Empresas 1BC, por la que explotan el canal 2 de la banda de frecuencias VHF, y otras (7 y 9), en todo el territorio nacional. La empresa, por su parte, aduce razonablemente que tal especie es falsa. Veamos las bases de la contención.
El 20 de septiembre de 1952, mientras estaba vigente en Venezuela la Ley de Telecomunicaciones de 1940, RCTV C. A.—hoy subsidiaria de Empresas 1BC—recibió autorización para el establecimiento de una televisora comercial en la ciudad de Caracas. En aquella fecha no se estipuló un lapso de duración de la licencia. Es en 1987 (27 de mayo), cuando se publica en la Gaceta Oficial No. 33.726 el Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, expedido en el Decreto No. 1.577. El primer artículo del susodicho reglamento prescribe que las concesiones serán otorgadas por un lapso de veinte años. En consecuencia, dicen principalmente Hugo Chávez y sus acólitos Willian Lara y Jesse Chacón—de grata recordación, este último, por la toma sangrienta de Venezolana de Televisión del 27 de noviembre de 1992—la licencia quedará extinguida automáticamente al cumplirse veinte años del mencionado decreto.
Lo que se niega a hacer el gobierno es a leer más allá del artículo primero del reglamento, cuyo tercer artículo dice sencillamente: “Los canales de Radio y Televisión tienen derecho a que se les extienda la concesión por veinte años más, salvo que pesare sobre ellos sentencia definitivamente firme en tribunales donde se les haya comprobado faltas graves a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”. No hay sentencia, ni firme ni floja, que pese sobre RCTV por violación grave de ninguna ley.
Por otra parte, si el argumento gubernamental fuese sostenible—que no lo es—también se vencería para la misma fecha la concesión en poder de Venevisión. (Televén fue fundada en 1988, un año después del decreto 1.577, así que aún tendría un año de gracia). El gobierno no ha anunciado, como si lo ha hecho acerca de RCTV con mucha antelación, que no renovará la licencia de Venevisión. Aparentemente, si una televisora baja la cabeza para alinearse con los designios comunicacionales del gobierno de Chávez—recordemos la grabación de indiscreta y entreguista conversación telefónica entre Jesús Romero Anselmi y Carlos Bardasano—se salva de la retaliación. Las conductas que el gobierno encuentra censurables en RCTV para los trágicos días de abril de 2002 no difieren en nada significativo respecto de las asumidas por Venevisión, Televén y Globovisión y, en cualquier caso, ninguna de ellas ha sido objeto de acción judicial, que era lo que el “pendejo” del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sugería como ruta democráticamente correcta en caso de que se presumiera un comportamiento ilegal por parte del Canal 2.
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Si alguien ha incurrido en faltas graves en materia de comunicaciones masivas es el propio gobierno. El mismo día 11 de abril de 2002 Hugo Chávez ordenó el cierre de las transmisiones de los canales privados de televisión, que mantuvieron la teledifusión de los sangrientos acontecimientos de esa fecha al sobreimponer su señal a la proporcionada por el gobierno, en previo intento de acallarlos con la imposición de una cadena nacional de radio y televisión en la que el Presidente de la República se dirigía al país para disimular la realidad.
Pero las acciones del gobierno y sus partidarios han ido mucho más allá de los recursos técnicos—como la incautación de equipos de microondas a Globovisión o las reiteradas “visitas de inspección” de la fuerza militar a las instalaciones de Mecedores en el Ávila. Hace mucho que los periodistas de medios privados de prensa, radio y televisión, y las propias sedes de éstos, han sido blanco de innumerables agresiones físicas. (Al hacer el recuento de los sucesos del 11 de abril de 2002, la Carta Semanal #232 de doctorpolítico, del 12 de abril de este año, recordaba: “Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer minutos después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, Vicepresidente de la República, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores”).
A comienzos de ese mismo año fatídico, el 23 de enero, la DISIP prohibía los sobrevuelos de helicópteros en la ciudad de Caracas, a fin de que la ciudadanía no fuera informada sobre las verdaderas proporciones de la primera gran marcha de oposición al gobierno de Hugo Chávez.
También en 2002 el diario El Nacional fue objeto de asedio de agresivos grupos convocados y liderados por la inefable Lina Ron, exaltada por el propio Hugo Chávez como importante lideresa social, luego de que el mandatario se expresara continuadamente de forma agresiva contra el periódico. Más adelante en el mismo año, en horas de la tarde y la noche del 9 de diciembre—ya iniciado el paro cívico—fueron agredidos simultáneamente, y con gran violencia, entre otros, los siguientes medios: Globovisión, RCTV, Meridiano Televisión y Venevisión, así como los medios del estado Aragua, el diario El Aragüeño y el canal regional TVS; el canal Promar TV, en el estado Lara, también sufrió los ataques de los oficialistas, así como el diario El Impulso de Barquisimeto; también fueron rodeados el diario El Siglo y El Aragüeño en Maracay; los chavistas rodearon y tomaron las sedes de TV Táchira, Radio Valera y Radio San Juan de los Morros en Guárico; Globovisión Zulia sufrió destrozos en sus instalaciones; TVO Anzoátegui corrió con algo de mejor suerte, pues se encontraba cerrada (sólo transmitía hasta las 9 de la noche), y únicamente sufrió unos cuantos daños en su fachada.
Lo que antecede no es, naturalmente, sino una enumeración muy incompleta de las incesantes incitación y agresión gubernamentales contra los medios de comunicación venezolanos. Como en todo desmedida, esa constante agresión conforma un récord contrario a la libre expresión que no tiene precedentes en el país, ni siquiera en épocas de sus peores dictaduras.
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La apreciación anterior, sin embargo, no estaría completa si no se señalara que tampoco tiene precedentes en Venezuela el ataque cotidiano, planificado y en muchas ocasiones coordinado contra la actual figura presidencial y el gobierno que preside. Para algunas televisoras, sobre todo, es ya un asunto de principios. Y como en más de un sentido han buscado llenar el vacío dejado por unos partidos políticos de oposición prácticamente inexistentes, la naturaleza misma de algunos medios de comunicación del país se ha visto seriamente comprometida. Lo que los venezolanos hemos visto, por consiguiente, es una batalla política entre gobierno y medios de comunicación.
La posesión de un medio masivo de comunicación, por supuesto, confiere un poder considerable a quien sea su dueño. En ciertas ciudades, como Maracaibo, el poder de la prensa ha adquirido rasgos feudales. El más famoso de sus diarios, Panorama, decide que lo que no le gusta no lo publica, y veta personas concretas, que no aparecen más en sus páginas. (Esto sin reseñar otras de sus prácticas, como la de haber tenido por muchos años el cargo, no de Director del periódico, sino la muy curiosa posición de “Subdirector Responsable”; esto es, un título que indica que quien lo ocupa no es el verdadero jefe—es tan sólo un “Subdirector”—pero sí quien tiene que dar la cara en un tribunal en caso de demanda contra el diario). No otra cosa que los largos abusos de Panorama llevó a un grupo de empresarios marabinos a la fundación del rotativo La Verdad, como manera de defenderse del poder omnímodo de aquél.
Tales conductas no han sido, naturalmente, inventadas en Venezuela. La película que en opinión constante de los entendidos es la mejor de todos los tiempos es la famosa Ciudadano Kane, en la que Orson Welles hace el retrato de Randolph Hearst, que usaba el poder de sus publicaciones sin miramientos, destruyendo reputaciones, por ejemplo, con el fin de avanzar sus propios intereses, que incluían la pretensión de una candidatura presidencial.
Es así como la posesión de un medio masivo, sea éste un periódico, una televisora o una estación de radio, conlleva una potencialidad política a tomar en cuenta. El propio Marcel Granier, cuando también pertenecía a las Empresas 1BC El Diario de Caracas—periódico fundado por el ex gobernador y candidato presidencial Diego Arria—explicaba en 1988, ante rumores de que el periódico cerraría sus puertas por causas económicas, que no era únicamente la razón financiera el motivo para mantenerlo, y que la influencia que ejercía era a su juicio una razón más importante.
¿Es entonces, RCTV un actor político? Sin duda lo es. Pocas telenovelas del canal de Bárcenas han causado más impacto que Por estas calles, de altísima carga crítica contra el gobierno y la acción partidista en las postrimerías del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Para el gusto de quien escribe, esa telenovela significó una acción socialmente benéfica, en momentos cuando el desafuero y la corrupción caracterizaban el proceso del Estado venezolano.
En cambio, igualmente en apreciación muy personal, la oferta programática de RCTV deja mucho que desear, con sus honrosas excepciones, por supuesto. Más de uno de sus programas traspasa la línea divisoria que separa el buen gusto de la obscenidad, y no sólo por la propaganda explícita de servicios sexuales en horarios que en principio no alcanzan a los niños, sino en vulgares producciones de programas de concurso verdaderamente deplorables.
Pero es que, en general, el nivel de la programación de las grandes televisoras nacionales es de calidad bastante baja. Esto, sin embargo, no es la causa que lleva a la vindicta gubernamental contra RCTV, sino su influencia política. El gobierno no ha ocultado que cobra una factura de carácter político. De este modo se entromete en terreno que compete, en esencia, a la sociedad, que comprende la acción individual y libre de irse del canal que le disguste tanto como acciones cívicas colectivas para enderezar algún medio salido de donde debe.
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Hugo Chávez ha usado con profusión los términos democracia y democrático, tanto casi como emplea las palabras Bolívar y bolivariano. Pero en su léxico aquellos términos designan significaciones diferentes a las comunes. Él no entiende por democracia hacer caso de los deseos del pueblo. Si así fuera, tendría que escuchar la opinión de más de dos terceras partes de la población—una mayoría muy calificada—que según más de una encuesta son contrarias a la negativa de renovar la licencia de RCTV. Uno puede recordar que en campaña electoral, hace menos de un año, hizo ver que sometería a referendo popular la decisión sobre la licencia en poder de Empresas 1BC. Ya se dejó de eso. Como ha hecho más de una vez, en cuanto tiene el poder olvida las promesas de consultar, de tomar en cuenta la voz de los ciudadanos, sobre todo si, como debe saber, tal sería una consulta que perdería.
También ha anunciado que no hará caso de “presiones internacionales”, en esta materia de la señal abierta adjudicada hace más de cincuenta años a RCTV. El affaire, sin embargo, ha acelerado la erosión de su imagen política en el mundo. Ahora confronta su gobierno una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentada nada menos que por la relacionada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos. La comisión señala que el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones que le hiciera llegar en diciembre del año pasado, al estimar que los derechos humanos de los trabajadores del Canal 2 han sido violentados por acciones del gobierno.
En apariencia, pues, Hugo Chávez no hará caso a nadie en este asunto; al menos así lo amenaza. Pero como apunta agudamente la comentarista Carolina Jaimes Branger, Chávez es un político que lee las encuestas y tiende a ponerles atención. Así cree ella que un escenario factible es que el Tribunal Supremo de Justicia falle a favor de RCTV, dada la obvia interpretación legal, en materia del recurso de nulidad intentado por empleados de la televisora la semana pasada. Si esto ocurre, Chávez pudiera recuperar algo de credibilidad democrática en caso de que decida acatar una decisión así. De este modo mantendría su punto y se representaría al mundo como un gobernante que “respeta” la independencia de los poderes.
Es un escenario difícil, pero pudiera estar Chávez ahora sopesando el inmenso costo político, interno y externo, de mantenerse en sus trece y presionar al TSJ para que falle según su capricho. En pocas semanas se sabrá si le queda todavía algo de racionalidad política. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 19, 2007 | Cartas, Política |
Las efemérides son fechas, sin duda, usualmente útiles a las sociedades, pero son en sí mismas arbitrarias. Nada hay de mágico, pues, en los segundos días de diciembre, los cuartos, quintos, décimo cuartos o vigésimo sextos de julio, como tampoco en los décimo nonos de cualquier abril, como es el día de hoy.
Naturalmente, la recordación de hechos aleccionadores puede convenir a las psiquis de las naciones, cuando ellos son hechos positivos. El problema, sin embargo, es que esa positividad resulta de estimaciones totalmente subjetivas. Lo que para unos es motivo de júbilo para otros es una mala noticia. Por ejemplo, la Historia de España Alfaguara, que dirigiera Miguel Artola Gallego y que hasta donde supe iba por siete tomos—más de tres mil páginas en total—no dedica más de una decena de páginas a la emancipación de las colonias españolas de América. Digamos que ese portentoso proceso ocupa en la monumental obra algo menos de 0,4 por ciento del espacio. Algunos historiadores españoles prefieren que no se les recuerde el asunto.
Para nosotros, sin embargo, el tema es timbre de orgullo, y la fecha del 19 de abril de enorme importancia, pues marca el inicio de nuestra emancipación de la que hemos llamado, al menos hasta ahora, la Madre Patria. Pero aun en esa fecha de 1810, quienes exigieron la renuncia de don Vicente Emparan, Capitán General de la Provincia de Venezuela, se tenían por españoles. El Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810 justificaba las cosas resaltando que los venezolanos de la época habían “ …sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la constitución nacional…”
Ciertas personas, a pesar de eso, y quizás porque sólo pueden exhibir un magro conocimiento de la historia, insisten en negar nuestro genotipo español, aun cuando se llamen Hugo o Rafael, nombres ciertamente hispánicos, no salivas o maquiritares, o se apelliden Chávez o Frías, nombres de familia que no son ni guajiros ni piaroas.
Algunas personas, pues, andan muy confundidas por la vida.
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Así pareciera estarlo el ciudadano que responde al nombre de Hugo Rafael Chávez Frías, que no termina de decidir si está a favor del biocombustible llamado etanol—que denunciara después de encargar a Cuba nueve plantas para producirlo y volviera a absolver al ponerse duro el gobierno de Luis Inazio Lula Da Silva—, si es amigo o enemigo de Alan García o si puede o no entenderse con las instituciones públicas de Chile, en particular con su senado.
Claro que la base del reclamo de la presidenta Bachelet, a raíz de que el presidente Chávez sugiriese que una oligarquía fascista controlaba la cámara alta chilena—porque ésta condenara la negativa a renovar la concesión de Radio Caracas Televisión—no es demasiado sólida. La presidenta de la nación que Andrés Bello escogiera como patria y ayudara decisivamente a fundar, argumentó que debía respetarse la soberanía del Senado de su país. Chávez pudiera fácilmente ripostar que el senado chileno empezó la cosa, opinando sobre caso que es de indudable ámbito venezolano, entrometiéndose en negocio de nuestra soberanía.
Pero no, Chávez no hizo eso. En cambio, reclutó la indígena figura de Evo Morales para aducir que se le rechazaba al presidente boliviano y a él porque no eran blancos criollos. Más específicamente, opinó que las oligarquías vendepatria y proyanqui no le querían a él como gobernante por su condición racial de pardo. Algunos puristas han adelantado que también aquí es presa de una confusión, pues su fenotipo indicaría un origen racial menos mezclado que el de los pardos: Chávez, según estos antropólogos de salón, sería zambo.
Por supuesto que esta discusión es totalmente impertinente. Chávez es, créase o no, un ser humano provisto de plenos derechos a mera cuenta de sus cuarenta y seis cromosomas, y ninguna de sus características fenotípicas le inhabilita para el cargo que detenta, aunque otras, de corte psicológico o causa ideológica, sí le niegan idoneidad. No hay constitución venezolana, ni la de 1999 ni aquélla que declaró moribunda, que especifique que indios, negros, mulatos, mestizos, zambos o pardos tengan prohibido el ejercicio de ningún cargo público. Allí están para atestiguar esto el pelo algo chicharrón de Betancourt o el de Joaquín Crespo, el rostro presuntamente aindiado de Caldera, la tez oscurecida del segundo Castro y la más oscurecida todavía de Prieto Figueroa, que presidiera nuestro extinto Congreso y fuese candidato a la Presidencia de la República. El más reciente argumento de Chávez sobre el tema de la concesión de televisión abierta a RCTV, por tanto, no tiene otro origen que sus propios complejos y resentimientos. Es evidente que ha debido sentir, desde muy niño, la discriminación racial en su contra, y que en vez de dominar esos recuerdos con el constructivo, orgulloso y benévolo aplomo de, por ejemplo, Nelson Mandela, todavía hace política a partir de sus amarguras biográficas.
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Con lo anterior no pretendo negar que no se encuentre en un buen número de venezolanos una actitud discriminatoria de raíz racial. Encontrándonos en onda de efemérides, el suscrito se permitirá una privada, reproduciendo acá algunos trozos de material ya expuesto en esta carta; concretamente, en el número 196 del 27 de julio del año pasado. La argumentación iba así:
A fines del muy accidentado año de 2002, un cierto líder político exponía algunas consideraciones ante un nutrido grupo de oyentes. A la hora de las intervenciones del público, una persona afirmó que el grupo político del expositor no era inclusivo, que sólo captaba adeptos «de la clase media hacia arriba». El aludido negó que tal cosa fuera cierta, y adujo a su favor recientes actos de incorporación de militantes que provenían del partido favorito de los pobladores pobres. Entonces intervino una dama «de sociedad» para contradecirlo: «¡Pero chico! Yo estuve ayer en el acto que ustedes hicieron en La Guaira ¡y allí lo que había era un negrero!»
Que la señora en cuestión haya dicho tal cosa, de modo tan fresco, supone que se sintiera en un grupo que compartiría su aversión racial, naturalmente; rodeada de personas para quienes ese despectivo tratamiento fuese familiar, aceptable y útil. No ha muerto el mantuanismo en Venezuela. En son de guasa, pero sintomáticamente expresivo, un cierto personaje de la sociedad caraqueña había redactado un proyecto de ley de artículo único: «Restitúyase a sus legítimos dueños la propiedad de los negros». Repetía el chiste de mal gusto para alegría e hilaridad de muchos. Otro prohombre venezolano, ex director de empresa petrolera y promotor de institutos de educación de alto nivel, se complacía en señalar en públicas reuniones políticas: «Mi voto vale más que el de quinientos negros de Barlovento». Decir que no hay discriminación racial en Venezuela es faltar a la verdad; lo saben las personas que la sienten.
Como la mayoría del país no tiene piel blanca, mucho del menosprecio que alguna gente acomodada manifiesta hacia el país tiene su origen en la discriminación racial. Es verdad que no llegamos a establecer un Ku Klux Klan o a sentar a las personas de piel oscura en el rincón de un autobús; es decir, en términos relativos discriminamos de modo menos violento e inhumano que otras naciones, pero hay desprecio social basado en la raza en Venezuela. Tal cosa se cobra políticamente en estos tiempos.
Pero no se limitan a la pigmentación cutánea las acusaciones en contra de nuestra nación. La geografía sería cómplice del pecado original de la raza. Así se expone: «…una naturaleza sobreprotectora, que nos ha dotado a la vez de un clima benigno y de riquezas naturales, que no exigen otro sacrificio que la extracción, ha ido estimulando en nosotros… la certidumbre de que nos basta extender la mano para que el pan llueva sobre ella, y por esa vía, ha fomentado en nosotros la irresponsabilidad, la pereza y la sensación de que siempre algún milagro nos rescatará de la miseria, sin necesidad de que ofrezcamos nuestro esfuerzo a cambio».
La teoría del mal «material humano» venezolano, favorecida por algunas cúpulas políticas, sociales y económicas en Venezuela como explicación del nivel de desarrollo nacional, es que la combinación del mestizaje de grupos «inferiores»—indios, españoles dañados, negros—la geografía paradisíaca de los trópicos, y la insólita riqueza natural del país conspiran para que no seamos una sociedad moderna y avanzada, en la que sólo una élite más o menos pura e ilustrada escapa a la deyección y el abismo. No estamos mejor porque con «este piazo’e pueblo» no se podría hacer otra cosa.
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Tres notas al final del artículo (“Este piazo’e pueblo”) complementaban lo expuesto. La primera se refería al actual cobro político de la discriminación, y decía: “Unos veinte años antes de la asunción de Hugo Chávez al poder, José Manuel Briceño Guerrero escribía proféticamente El discurso salvaje, que incluyó después en El laberinto de los tres minotauros. (Monte Ávila, 1997). Comentaría luego Francisco Toro Ugueto: ‘…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder’.”
La última de las notas apuntaba que la tesis del mal material humano originario de Venezuela había sido adelantada por Francisco Herrera Luque en su libro La huella perenne.
La nota del medio, la segunda, se limitaba a identificar al autor de las palabras citadas sobre la “la irresponsabilidad, la pereza y la sensación de que siempre algún milagro nos rescatará de la miseria, sin necesidad de que ofrezcamos nuestro esfuerzo a cambio»: Marcel Granier, en La generación de relevo vs. el Estado omnipotente.
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Al quejarse Chávez amargamente de que el rechazo de que es objeto se debe a su pretendida condición de pardo, en el contexto de un debate continental-bilateral sobre su muy cacareada negativa a renovar la concesión de frecuencia abierta a Radio Caracas Televisión, ha desnudado inadvertidamente su alma atormentada y rencorosa. Ha hecho a Marcel Granier, a quien amenazara ya, poco veladamente, antes de que siquiera un mes hubiera transcurrido de su primera asunción al poder en 1999, el objeto focal de su reconcomio de resentido social. Lo ha hecho el objeto de su odio.
No tiene Chávez ningún argumento consistente para negar a RCTV la renovación de su licencia. Todos los que ha empleado, y que han repetido como loros sus más obsequiosos funcionarios, no tienen sostén válido, ni jurídico ni político, y no pueden disimular la verdadera motivación: la antipatía de un resentido, que proyecta sobre una persona específica todo el dolor, toda la vergüenza y toda la rabia que atesoró por largo tiempo.
Un verdadero estadista, por supuesto, tendría vedado el odio personal. Un político realmente benéfico se eleva sobre sus propios dolores, y no emplea su poder para conseguir la reivindicación de facturas privadas. Ningún magistrado tiene autorización para hacer políticas con su amargura.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 12, 2007 | Cartas, Política |
En “Para leer mientras sube el ascensor”, colección de textos humorísticos del español Enrique Jardiel Poncela, se encuentra una narración muy preocupante. Dos amigos discuten. Uno de ellos ha propuesto la siguiente descripción: “El hombre lleva siempre a la fiera atroz en su interior”. El otro se opone a tan cínica tesis.
La discusión lleva a una apuesta. Quien sostiene la tesis asegura que logrará hacer surgir tal bestia de dos tranquilos viejecitos, que conversaban sentados en un banco de un parque protegidos por una verja de hierro. Allí va a molestarles, llamando su atención con un bastón y constantes gritos: “¡Eh, fieras!”
Al principio, los ancianos respondían con gran paciencia y dulzura, siempre con calma, y argumentaban que puesto que sólo eran dos ancianos inofensivos se les permitiese conversar en paz. Al final, luego de un larguísimo período de hostigamiento, los ancianos rugían, echaban espuma por la boca, mordían los barrotes de la verja y amenazaban con la peor de las muertes a su torturador. Asunto demostrado.
El cuento viene al caso porque sobre el 11 de abril de 2002 hay más de una interpretación y, más fundamentalmente, porque varios procesos coexistieron en paralelo ese día. Esto es, no hay una explicación lineal, unidimensional, del 11 de abril. Pero aun si lo que hubiera ocurrido fuese tan sólo lo que el gobierno de Chávez pretende vender como única verdad, que el 11 de abril solamente ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, esa ocurrencia sería resultado de las pasiones que Hugo Chávez procuró muy bien excitar por todos los medios a su alcance. Hugo Chávez estuvo buscando la fiera atroz que anidaría, Jardiel Poncela dixit, en el alma de cada venezolano, desde el instante mismo que tomó posesión del gobierno y aun mucho antes. Por bastante menos de lo que hasta entonces había hecho Chávez, muchos presidentes recibieron, en Venezuela y el mundo, un golpe de Estado.
A su asunción de la Presidencia de la República de Venezuela, Chávez contó con un amplificador de gran potencia para su particular interpretación de lo político. En el acto mismo de prestar juramento ya evidenció mezquindad e inclemencia al referirse al libro sobre el que juraba como constitución moribunda. Dos días más tarde, al cumplirse siete años de su rebelión de febrero de 1992, exaltaba esa intentona violenta y atemorizaba a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha contado acá varias veces, poco después, en su primera alocución desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, y ante un auditorio lleno de personalidades, ofrecía a un conocido empresario de televisión venderle un carro blindado del que el gobierno se desprendería dentro de un programa de austeridad fiscal, propósito que, como sabemos, duró muy poco. La directa implicación era que el empresario aludido podría necesitar el vehículo para la protección de su vida.
El amedrentamiento ha sido arma favorita de Chávez durante todo su período, y desde su mismo inicio. Más de una de esas reuniones televisadas desde el Salón Ayacucho parecía atenerse a un estilo de gobernar en corte, como si se tratara del más absoluto de los monarcas franceses tomando decisiones sobre la marcha y delante de todo el mundo, sin discreción alguna, muchas veces para vergüenza de los involucrados.
Pero al estilo versallesco de decidir enfrente mismo de los cortesanos, Chávez ha añadido el poder intimidante de una cámara de televisión, clavada sobre el semblante de la persona a quien pudiera ocurrírsele aludir directamente. Por ejemplo, con motivo de la primera reestructuración de la plana mayor de PDVSA, Chávez se dirigía al país desde el centro del estrado, mientras a su lado derecho observaba, entre otros, el recién nombrado presidente de la compañía, Roberto Mandini. Éste último no estaba conforme con el candidato que Chávez quería imponer en PDVSA Gas, Domingo Marsicobetre. Chávez forzó una transmisión televisada al país para informar acerca de la reestructuración de autoridades en PDVSA y, ante las cámaras de televisión, dijo que todavía no había acuerdo respecto de quien dirigiría PDVSA Gas. “Hemos hablado de un nombre… ¿No es así, Mandini? ¿Marsicobetre, no?” El acosado Mandini, sabiéndose enfocado por la cámara, y sin atreverse a contradecir al Presidente de la República ante los ojos de la Nación, capituló allí mismo.
Hugo Chávez gobierna con el descaro de quien considera importante exhibir el poder que tiene. En sus comunicaciones siempre hay un reto a alguien, muchas veces de un modo muy directo. En su lenguaje, una propensión a la procacidad, un desprecio por las formas y el protocolo. Una significativa porción del rechazo que Chávez provoca tiene que ver con este lado formal de sus expresiones, con su gesticulación, su imprudencia, su informalidad, con, en suma, su mala educación.
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Pero, por supuesto, para abril de 2002 no era una añoranza de la urbanidad perdida en la Presidencia de la República lo que más preocupaba a la inmensa proporción de venezolanos que ya consideraban a Chávez completamente inconveniente. Eso habría sido sólo criticar al lobo, no porque se comiera al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos. Para la época del “carmonazo” un abultado prontuario de desaguisados del gobierno, más la exacerbación intencional de la psiquis nacional, había llevado el rechazo a niveles de paroxismo. Ya Chávez había exhibido suficientemente, más allá de la conducta y empaque de baladrón, su preferencia por relacionarse con dictadores o terroristas y su inequívoca tendencia autoritaria. La primera versión del decreto para el referéndum que daría origen a la Constituyente de 1999 es emblemática en materia de tentaciones totalitarias. La redacción estipulaba que los venezolanos depositaríamos en las manos de Chávez un cheque en blanco para que él determinase a su antojo todo lo concerniente al referéndum. Era tan evidente la construcción autoritaria que la Corte Suprema de Justicia pudo forzar la reformulación del decreto, gracias a recurso introducido por Gerardo Blyde, que con este hecho llegó por vez primera a la conciencia nacional.
Salvo ese momento estelar de la oposición, el resto de su actuación fue ineficaz. Para las elecciones de 2000, aparentemente necesarias como relegitimación dentro de un nuevo marco constitucional, la oposición fue incapaz de oponer a Chávez nadie mejor que Francisco Arias Cárdenas, otro golpista de 1992, con la esperanza de que en política, como en carpintería, nada sería más eficaz que una cuña del mismo palo, a pesar de que de ese modo se absolvía la culpa de la criminal insurrección del 4 de febrero.
Después de esas elecciones, en las que Chávez ganó con la mayor facilidad ante el gris y poco carismático Arias Cárdenas, la oposición cayó en el estupor una vez más. Sólo quedaba esperar que Chávez cavara su propia fosa. Entretanto, las esperanzas se cifraban en cualquiera que emergiese como opositor, así fuera alguien que hubiera tenido responsabilidad destacada en la llegada de Chávez al poder o en el inicio de su gobierno. (Alfredo Peña, Luis Miquilena, Alejandro Armas, Guaicaipuro Lameda, etcétera). Miquilena se convirtió en líder respetado por la oposición a su salida del gobierno a comienzos de 2002, a pesar de que no hacía mucho que hubiera preguntado con sorna: “¿La sociedad civil? ¿Con qué se come eso?”
Fue justamente esa incomible “sociedad civil” la que produciría las condiciones que llevaron al efímero derrocamiento de Chávez el 11 de abril de 2002. La sociedad civil o, más propiamente, las más activas entre las organizaciones no gubernamentales que no formaban parte del diseño chavista, habían marcado algunos logros tempranos en el largo proceso de oposición al gobierno de la “Quinta República”. Por ejemplo, Elías Santana y Liliana Ortega, las cabezas visibles de Queremos Elegir y COFAVIC (Comité de Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero), tuvieron éxito en producir la suspensión momentánea de las elecciones pautadas para el 28 de julio de 2000.
Al calor de estos hechos, y ante la obvia ineficacia de la convencional acción partidista, estos líderes y otros más comenzaron a arreciar su oposición y a establecer algunas instancias de coordinación. Para estos fines contaron con el apoyo de los principales medios de comunicación, constantemente vapuleados por Chávez. Igualmente se les sumaba la Iglesia Católica, cuya jerarquía había sido también objeto de ataque público por parte del Presidente. No menos importantes, Fedecámaras y la CTV se ubicaban en franca oposición al gobierno. Esta última había protagonizado, antes del paro empresarial de diciembre de 2001 (en protesta por los frutos de la primera ley habilitante), la primera derrota evidente del chavismo, cuando la plancha oficialista que encabezaba Aristóbulo Istúriz recibiera una verdadera paliza en las elecciones de la central de sindicatos.
Cada uno de estos sectores, el empresarial, el sindical, el comunicacional, el eclesiástico, el cívico, tenía algo que reclamar de modo directo, vilipendiados como habían sido por la verborrea agresiva e incesante de Hugo Chávez. Los ancianos del parque estaban fuera de sí.
No podía faltar en el concierto opositor un sitio privilegiado para el estamento militar. El malestar en el seno de las fuerzas armadas—Fuerza Armada en el prurito nominalista del chavismo—había ido in crescendo desde que el gobierno les hubiera colocado en funciones ajenas a la suya propia con el Plan Bolívar 2000. Pero también hacía mella profunda la dudosa relación del gobierno con los movimientos guerrilleros colombianos, la presencia de asesores cubanos de seguridad, la figura de José Vicente Rangel como Ministro de Defensa, la distorsión de la meritocracia castrense en aras de un control “revolucionario” de los puestos de comando y el soborno y corrupción de la oficialidad. Los militares venezolanos comenzaron a escuchar, insistentemente, peticiones cada vez más apremiantes de que interviniesen para asegurar la caída de Chávez.
Los militares resistieron el embate por un buen tiempo. En general, argumentaban que el problema era esencialmente civil, que el voto civil había colocado a Chávez en la Presidencia de la República y que era la sociedad civil la que debía producir un inequívoco rechazo, el que a fines de 2001, a pesar de que las encuestas revelaban por primera vez una mayoría del país en oposición a Chávez, no era aún absolutamente convincente. Llegado el caso de una manifestación muy explícita, los militares podrían considerar la intervención. Con no poca razón, la oficialidad asediada aducía que no era su función enderezar un entuerto que era propiedad de los civiles.
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No fue sino hasta el mes de enero de 2002 que pudo cuajar la convicción de que Chávez era derrotable, de que su salida era posible aun antes de que venciera su período presidencial. La gran marcha del 23 de enero de 2002 así lo demostró.
Chávez hizo todo lo posible por minimizar la significación de la marcha, que hasta el 11 de abril fue la mayor manifestación pública escenificada en Venezuela. Desde prohibir el sobrevuelo de helicópteros en intento de impedir que los medios de comunicación pudieran mostrar su verdadera magnitud, hasta su mentira directa y patética al comparar el tamaño de la concentración opositora con el de la de sus partidarios. Previamente había buscado negar la importancia de la efeméride, preguntando qué era lo que había que celebrar en esa fecha. El país no cayó en el engaño, sin embargo, y todo el mundo supo que Chávez, por primera vez, había “perdido la calle”.
Casi un mes después, cuando quiso conmemorar, primero el 4 y luego el 27 de febrero—robándole la idea a Salas Roemer—las cámaras de televisión mostraban a un Chávez acompañado de una rala asistencia que no llegaba a quinientas personas. Chávez, el otrora invencible guerrero de boca suelta y actitud desafiante, empezaba a dar lástima. Los perros de presa de la oposición ya estaban oliendo sangre y el país daba por caído el régimen de Chávez. Sólo faltaba saber cuál sería la forma del desenlace definitivo. El anuncio de un “pacto de gobernabilidad” entre Fedecámaras, la CTV y, de alguna manera, la Iglesia, era muestra de que todo temor había desaparecido.
Chávez procuró a última hora recuperar la eficacia de su táctica de amedrentamiento. Lina Ron tuvo éxito, con agresiones físicas que causaron heridos entre estudiantes y periodistas, en desorganizar una marcha de protesta que pretendía salir de la Universidad Central de Venezuela. Cuando la OEA envió a su Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos a investigar las agresiones a medios y periodistas, un peculiar personaje atacó a un camarógrafo de televisión, para aparecer minutos después, atravesando por detrás de la figura de Diosdado Cabello, Vicepresidente de la República, en un acto transmitido desde el propio Palacio de Miraflores. Pero estos abusos sólo sirvieron para acrecentar el creciente tsunami de oposición.
Como sabemos, el hilo conductor del cívico asalto final fue montado a raíz del intento de someter a PDVSA a los designios de una junta directiva que violentaba los tradicionales principios meritocráticos de la industria. Los empleados de PDVSA cerraron filas en protesta, y el domingo 7 de abril, de la manera más insolente, Hugo Chávez despedía públicamente, ante una corte radiofónica, a los más notorios gerentes de la empresa. La CTV convocó a paro general.
El 11 de abril de 2002 se reunió la más grande concentración humana que se haya visto en Venezuela en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían desbordadas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desaguarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para sorpresa y terror de Chávez y sus secuaces, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.
Luego los muertos. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los muertos necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente. Días antes del sangriento día, un corpulento abogado transmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto a otros, que una junta de nueve miembros—cinco civiles y cuatro militares—asumiría el poder en cuestión de días. Un conocido editor de periódicos advertía que los “factores de poder” en Venezuela depondrían a Chávez y luego darían un “maquillaje constitucional” a un golpe de Estado. Pedro Carmona Estanga emergería como el líder de un golpe cuya víctima, antes que Hugo Chávez, depuesto por la presión de un pueblo, era este mismo pueblo, manipulado y utilizado por la sofisticación artera de operadores políticos que habían decidido la acción anticipadamente.
Viajaron a los Estados Unidos para consultas, coordinaron calendarios, calibraron la temperatura creciente de la protesta popular y estuvieron listos para el golpe de mano. Nada de esto sabían los que marcharon el 11 de abril. Nada sabrían hasta que la verdadera cara de los golpistas emergiera al día siguiente, 12 de abril de 2002, cuando Pedro Carmona Estanga traicionara sin escrúpulo la confianza de la sociedad venezolana, que había visto en él a uno de sus líderes.
Al presidir un acto arbitrario como el de su autoproclamación y el del monstruoso decreto “constituyente” del 12 de abril, echó por tierra el enorme esfuerzo, regado con sangre, de la sociedad civil que había logrado el milagro político de deponer al autócrata de Sabaneta.
Al aceptar ser sucesor de Chávez, con la ceguera de pretender sustituir negro por blanco, al furibundo denunciador de oligarquías por uno de los más destilados representantes de éstas, hizo inviable la transición que necesitábamos y que nos había costado tres años de desasosiego y un año de despertar.
Al hacer eso, Pedro Carmona Estanga dejó mal herido al hermoso movimiento venezolano de 2002, que había adquirido fuerza invencible y que, por su culpa y la de los demás conspiradores que manipularon su inocencia, quedaba teñido de sospecha.
La sociedad civil venezolana no tiene nada que agradecer a Pedro Carmona Estanga. Por lo contrario, tiene mucho que reclamarle y cobrarle, por olvidar que la solución al autoritarismo no es uno de signo contrario, que esa solución no es otra cosa que la democracia.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 29, 2007 | Cartas, Política |
Una noticia del comienzo justo de esta semana, sobre el desempeño reciente de PDVSA, ha suscitado titulares y comentarios no sólo en nuestra prensa local, sino en más de un medio del exterior. Además de nuestros principales diarios, puede enumerarse incompletamente a servicios como Data Processing y COMTEX, a The Miami Herald, el International Herald Tribune, el Houston Chronicle, Globe & Mail, Forbes, Business Week, Diario Financiero, Cronista Comercial y, a través de las agencias Associated Press y Reuters, que comentaron el hecho, muchos otros diarios extranjeros importantes. Nuestros periódicos, por cierto, construyeron mayormente sus notas con base en el artículo de AP. Lo que se destaca es: “Caen las ganancias de PDVSA”.
En efecto, para el ejercicio 2006 la ganancia neta alcanzada por la empresa fue de 4.770 millones de dólares, o 1.710 millones menos que la del año anterior, que fue de 6.480 millones. El descenso del último año equivale a 26,4% de la ganancia neta obtenida en 2005.
La explicación—destacan todas las publicaciones enumeradas—parece residir en un hecho simple: la inversión social de PDVSA—que se contabiliza como deducible para efectos de impuesto sobre la renta—pasó de 6.900 millones de dólares en 2005, a 13.260 millones en 2006, para prácticamente duplicarse. (Un aumento de 92,2%).
La implicación estándar de las notas aparecidas en los medios enumerados es, sencillamente, que tal desempeño es señal de un preocupante y muy serio deterioro de PDVSA. El sitio web www.vcrisis.com, por ejemplo, lleva una nota firmada por Aleksander Boyd, bajo el inexacto titular “PDVSA pierde dinero bajo la gerencia socialista de Chávez” (es inexacto porque PDVSA no perdió dinero: ganó 4.770 millones de dólares), en la que luego de citar la información proporcionada por AP comenta: “¿Pero es una sorpresa que PDVSA esté perdiendo dinero bajo una gestión revolucionaria? ¿Choca a alguien que a pesar de precios altos récord de petróleo PDVSA puede ser la única gran compañía petrolera cuyos beneficios estén disminuyendo? Pero, más importante, ¿qué dice esto acerca de la producción real de PDVSA? ¿Cómo es que una compañía que supuestamente está produciendo 3,3 millones de barriles diarios ve caer sus beneficios en 26%?”
¿De dónde obtuvieron Reuters y Associated Press estas cifras? Pues del propio sitio web de PDVSA, que ha puesto a la disposición de cualquier internauta un informe operativo (2005) y financiero (2006) que da cuenta de sus ganancias, su inversión social y muchos otros rubros y actividades.
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El 13 de abril de 2005 contestaba el suscrito un amable requerimiento de ayuda, expuesto por una profesora de la Universidad de los Andes. La profesora explicaba: “Yo estoy haciendo un trabajo sobre la juridicidad del chavismo, y necesito especialmente la gaceta donde se publica la reforma del Código Penal, la del decreto 3.444 y ésta, si es que existe. Me propongo demostrar, entre otras cosas: el origen ilegítimo de la constitución del 99 (para lo cual necesito la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de enero de 1999), y la sistemática violación de esa Constitución tanto en la elaboración de las leyes como en su aplicación”.
Luego de dirigirla a fuentes en las que podría obtener la información solicitada—el mismo sitio web del Tribunal Supremo de Justicia le proporcionaría el texto, del 19 de enero de 1999, de la decisión sobre recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que abrió la puerta a la consulta sobre la conveniencia de elegir una asamblea constituyente—le ofrecí mi propia opinión: “Por lo que respecta a la juridicidad de la Constitución de 1999 me temo que es inatacable. En particular considero plenamente acertada la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que se obtiene en el sitio del TSJ. El año antes yo había escrito a favor de la interpretación que fue sustentada por la Corte; esto es, que el pueblo, en su condición de Poder Constituyente Originario, tiene carácter supraconstitucional… Por otra parte, debemos ponernos de acuerdo. Si la Constitución es nula entonces no tendría importancia que se la viole. Para poder argumentar que ha sido violada habría que admitir que es válida”.
La estimada académica caía, como muchos otros críticos bien intencionados, en la inconsistencia. Primero se proponía comprobar que la Constitución vigente no es válida. Una vez hecho esto, se quejaría amargamente de que se la violaba a cada rato.
Exactamente lo mismo puede aducirse del informe publicado por PDVSA. Si se emplea cifras contenidas en él, respecto de su ganancia neta y su inversión social, y se les da por ciertas para opinar que la empresa se encuentra en serísimo declive, entonces, en aras de la consistencia argumental, uno debe dar por cierto el resto de la información que contiene.
Por ejemplo, habría que dar por cierto que PDVSA ha venido aumentando sus ingresos brutos de manera reiterada y consistente. El informe publica los datos—en un Estado de Resultados—desde 2001 hasta 2006, ambos años inclusive. Las siguientes son las cifras en millones de dólares estadounidenses para este rubro: 2001, 46.250; 2002, 42.580; 2003, 46.589 (el último trimestre de 2002 y el primero de 2003 se vieron afectados por el paro petrolero); 2004, 64.757; 2005, 85.730; 2006, 101.838. (En cuanto a estos ingresos, la mayor parte proviene del core business; la venta al exterior de petróleo y sus productos arrojó, para los mismos años, e igualmente en millones de dólares, la siguiente serie: 42.682, 39.875, 44.178, 60.972, 81.105, 96.676). En cinco años, pues, y naturalmente por efecto del incremento sostenido de los precios del petróleo, PDVSA duplicó el valor de sus exportaciones del año 2001.
El petróleo producido en el país, sin embargo, no fue suficiente para satisfacer la clientela de la empresa. En el mismo lapso se duplicó asimismo las compras hechas por PDVSA precisamente de petróleo y sus productos, al siguiente ritmo: 2001, 18.228; 2002, 17.956; 2003, 21.016; 2004, 24.649; 2005, 32.799; 2006, 38.331.
¿Qué otras cosas experimentaron duplicación? Pues los costos y gastos operativos; de 38.249 millones de dólares en 2001, se pasó a 78.907 millones en 2006. Pero la ganancia operacional—que el Estado de Resultados denomina “Ganancia antes de gastos para el desarrollo social e impuesto sobre la renta”—excedió la duplicación. Este rubro pasó de 8.001 millones en 2001 a 22.931 millones en 2006. El incremento supera el 100%, al expresarse como 186,6% de la ganancia operacional de 2001, es decir, una vez que los costos y gastos de operación del negocio han sido descontados de los ingresos brutos.
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Para adquirir autoridad con la que alarmarse de la caída, en términos absolutos y porcentuales, de la ganancia neta de PDVSA, afincándose en el informe publicado el lunes pasado, 26 de marzo de 2007, por la empresa, habría que dar crédito a otros componentes del mismo.
Por ejemplo, que PDVSA tiene planes de llevar la producción de petróleo al nivel de 5,8 millones de barriles por día en 2012, mediante una inversión total de 77.000 millones de dólares. Estas cifras, que no parecen desnutridas, serían alcanzadas mediante la combinación de 20.000 millones de dólares en inversión privada y 57.000 millones por parte de la misma PDVSA. Es para estos fines que se predica la emisión de bonos—hasta ahora de colocación muy exitosa—por 5.000 millones de dólares. El Ministro-Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, explicó varias cosas en torno a esta iniciativa: primero, que para cubrir las necesidades de inversión—redondeó la cosa en 60.000 millones de dólares—PDVSA está acudiendo al crédito externo y ahora, por primera vez en su historia, al mercado financiero nacional; segundo, que no se contempla ulteriores emisiones de bonos para el mercado local; tercero, que las gestiones crediticias por el total requerido llevarían a PDVSA a una relación deuda/patrimonio de 22,8%, “lo cual está mucho mejor que los niveles de endeudamiento de otras empresas como Shell, BP, o Exxon Mobil”. (De hecho, esta nueva relación regresaría las cosas al nivel del año 2002, cuando fue de 22%, luego de haber estado en 23% el año anterior. La relación había mejorado significativamente en los últimos años: 2003, 18%; 2004, 9%; 2005, 7%; 2006, 6%). Ramírez destacó mucho la participación de los nacionales venezolanos: “por primera vez se está ofreciendo la posibilidad a los venezolanos que inviertan en nuestro propio desarrollo, para que los recursos no sólo provengan del exterior, sino también de nuestra propia economía, que estén garantizados de una manera efectiva, con el respaldo de la primera empresa del país, Petróleos de Venezuela”.
La producción actual de crudo (no incluye gas), por cierto—de tener consistentemente por verdaderas todas las cifras del informe—es, nacionalmente, de 3.274.000 barriles diarios para 2005. Boyd ponía en duda esta cifra luego de dar por verídicas las relativas a la ganancia neta y la inversión social, incluidas en el mismo informe, y además atribuía erróneamente el monto a PDVSA. Como lo explica el documento, sólo 2.906.000 barriles diarios correspondieron a PDVSA, y la diferencia de 368.000 barriles diarios debe atribuirse a la participación de terceros en la Faja Petrolífera del Orinoco. (La Gaceta Oficial con fecha de ayer publica una estimación del Ministerio de Finanzas, que coloca la producción de PDVSA esperada para 2007 en 2.966.000 barriles diarios en promedio).
Hablando de la Faja, el informe de PDVSA—¿deberemos creerle todo?—expone: “El área de la Faja Petrolífera del Orinoco (18.220 km2) ha sido dividida en 27 bloques cuyas reservas serán certificadas. PDVSA considera que el proceso de certificación incrementará las reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco en unos 236.000 millones de barriles (‘mmbls’)… Como consecuencia de la antedicha certificación, Venezuela pasará a tener las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo”. ¿Es esto un signo de grave y preocupante declinación del negocio petrolero venezolano? Bueno, esto depende de que creamos la veracidad de las afirmaciones de PDVSA al respecto, empresa a la que se cree para restregarle que su ganancia neta ha disminuido en 26%. N’est-ce pas?
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Es verdad, parece, que la ganancia neta de PDVSA experimentó una disminución de 26% entre 2005 y 2006. Pero ¿cuál es el significado político de esto? ¿Cómo puede interpretarse en un barrio este desempeño?
No faltará en la propaganda del régimen la siguiente explicación: la ganancia neta de PDVSA corresponde al enriquecimiento del accionista; esto es, del Estado. La inversión social de PDVSA corresponde a un enriquecimiento del Pueblo. Y resulta que en el mismo lapso el accionista consintió en disminuir su enriquecimiento en 26%, con tal de aumentar el enriquecimiento del Pueblo en 92%. ¿Habrá descontento en los “sectores populares” de Venezuela por este resultado?
En verdad, la ganancia neta de PDVSA, su ganancia operativa (antes de la inversión social y el ISLR) aumentó en 19,4% en 2006. Esta ganancia, de 22.931 millones de dólares, se distribuyó del siguiente modo: 9.670 millones (42%) para el accionista—ganancia neta de 4.774 millones más 4.896 millones de impuesto sobre la renta—y 13.261 millones (58%) para el Pueblo. Casi 60-40 a favor del Pueblo. ¿Tendría base la oposición formal venezolana para pensar que una cosa así no tendrá efecto político favorable al gobierno? ¿Deberá ella insistir en rasgarse las vestiduras porque la ganancia neta de PDVSA ha disminuido? ¿Caerá en la trampa de intentar el descrédito gubernamental por el desempeño de su industria fundamental? Si se cree uniformemente la información suministrada por la empresa estatal de petróleo, y ésta es capaz de aumentar ingentemente su producción y sus reservas, al punto de establecerlas como las mayores del planeta, con un endeudamiento que le lleva a una relación deuda/patrimonio no peor que las de las más prestigiosas petroleras privadas, ¿no tendrá el gobierno, en contra de una lectura parcial, selectiva y sesgada de una oposición precipitada, un argumento de oro ante el mundo y frente a los pobres del país?
Hace exactamente una semana, el diario Tal Cual publicaba la segunda y última parte de muy agudas impresiones del escritor colombiano Gustavo Bolívar. Su análisis no tiene pérdida. Entre otras cosas decía: “Así las cosas, la Venezuela inconforme se enfrenta por estos días a un dilema difícil. Seguir con los brazos caídos y dejar que Chávez gobierne, legisle, imparta justicia, eduque a sus hijos bajo el esquema revolucionario, y maneje el presupuesto de la nación con auditores amigos o volver a levantar la frente, llenarse de nuevos bríos y conquistar el lugar que le corresponde a la oposición de cualquier nación decente del mundo. Pero ese respeto que se requiere para ser tenido en cuenta como una fuerza opositora no se logra cantando joropo con letras ridículas en los programas de televisión mañaneros, ni agrediendo al gobernante, ni tratándolo de payaso. La oposición se gana un lugar y un respeto entre la gente y entre el mismo gobierno con propuestas. Gobernando en la sombra. Uniendo los capitales de los ricos y haciendo obras sociales en aquellos lugares a los que el Estado no ha llegado. Investigando con seriedad. Protestando con respeto, paz y obstinación como lo hizo Gandhi. Haciendo propuestas objetivas. Alabando con honestidad y desprendimiento las cosas buenas que hace el gobierno, porque las hace”.
Y todavía añadió: “Fortaleciendo la democracia con foros donde se estudien reformas urgentes, como la electoral, por ejemplo. Estudiando al contradictor, desnudando sus falencias y debilidades. Encomendando el liderazgo a personajes con talla de estadistas, muy carismáticos como no lo fue el candidato Rosales durante la última campaña y con mucha credibilidad, algo de lo que pocos miembros de la oposición gozan por el sectarismo, el odio y la subjetividad como enfrentan a diario a su contendor. Pero lo más importante: Preparándose para gobernar cuando le llegue el turno porque, como reza el adagio, no hay rey que dure cien años ni pueblo que lo resista”.
Así concluyó: “Por eso, si lo que quieren sus opositores, por el cansancio que les produce seguir luchando, es matar a Chávez, deben saber que a Chávez no se le mata con un rifle de mira telescópica y largo alcance, entre otras cosas, algo indebido y sucio. A Chávez se le mata con argumentos, ideas y un tesonero, incansable, sano y buen ejercicio de la resistencia civil. Y lo tienen que empezar a hacer ya o tendrán que acostumbrarse a convivir con su exótica, ruinosa y altanera manera de gobernar, porque si de algo han de servirle las facultades otorgadas por la ‘Ley habilitante’ es para elevar a rango constitucional la reelección inmediata y vitalicia de los presidentes, es decir su perpetuación en el poder. Sin democracia no hay libertad, sin libertad no hay felicidad y sin felicidad no hay paraíso. Resistencia civil y pacífica”.
Cuidado, pues, con la algazara automática que cree ver blanco para la puntería opositora en cosas como la disminución de la ganancia neta de PDVSA. En una cosa tan complicada como nuestro proceso político de hoy, el éxito no puede conseguirse con argumentos superficiales, sólo pretendidamente contundentes. Lo primero que tendría que hacer una oposición que quiera ser eficaz, es usar mejor el cerebro.
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