por Luis Enrique Alcalá | May 12, 2005 | Cartas, Política |
Circula profusamente por las telarañas del correo electrónico un informe publicado por el Centro para Política de Seguridad en su sitio web, el que se presenta bajo el lema «Paz mediante la Fuerza». Se trata de un think tank de tendencia conservadora, que expresa un pensamiento afín a las líneas e ideas del Partido Republicano de los Estados Unidos. El informe en cuestión lleva por título «¿Qué hacer con Venezuela?» (What to do about Venezuela?) y está firmado por J. Michael Waller, quien a su vez funge como Vicepresidente para Operaciones de Información del centro mencionado.
En términos generales, el «Informe Waller» quiere llamar la atención sobre el descuido de la política internacional norteamericana respecto de América Latina y muy en particular respecto de Venezuela, al tiempo que aventura algunas recomendaciones para enderezar el entuerto del Departamento de Estado, que ahora hereda Condoleezza Rice. Pero Waller no define el descuido como falta de respeto a la realidad latinoamericana, sino como «abdicación de las obligaciones hemisféricas de seguridad» de los Estados Unidos.
Waller construye su informe sobre unas cuantas verdades y más de una inexactitud, y a la hora de recomendar tratamientos es ingenuo cuando es explícito y ominoso cuando es indefinido.
El análisis de Waller es certero en cuanto a la vocación totalitaria del régimen de Chávez y al ámbito que pretende controlar, pero se queda corto en cuanto a la comprensión de su naturaleza, al no tomar en cuenta el poderosísimo anclaje emocional y gnoseológico de Chávez en Venezuela, América Latina y aun más allá. (La Ficha Semanal #46 de doctorpolítico del próximo martes 18 de mayo, tratará este tema). Waller sólo atiende, en lo discursivo, a la racionalización expresa de la dominación chavista, a su coartada revolucionaria que, prendida de una furia ancestral y extensa, se permite ser, en apariencia, irracional. (Por ejemplo, Chávez dice que el capitalismo no es una democracia porque supone el dominio de muchos a manos de pocos. Si se le observara que su régimen es precisamente eso, con la mayor tranquilidad argumentaría que una revolución y su adecuada conducción deben confiarse a un liderazgo que interpretará las direcciones convenientes al pueblo y dirigirá las batallas necesarias, y que por tanto se trata de un caso distinto. Es como su acusación de golpismo contra la oposición. Los del 4 de febrero no eran golpistas, eran revolucionarios).
De nada vale señalar que esa coartada, su justificación última, ni siquiera existe. El socialismo del siglo XXI está por inventar, no digamos instaurar. Entonces la racionalización del chavismo no está en el pasado. Lo que está en el pasado es su resentimiento, que le provee motivación y tradición suficientes. Lo racional está en el futuro. Es una racionalización aristotélica, de «causa final»—de «atractriz», para emplear un fructífero concepto de la recentísima teoría del caos—no de causa originaria, como lo exigiría el racionalismo occidental moderno.
Son estas cosas unas entre las varias que Waller no percibe.
Waller, por otra parte, concede papel prominente en su análisis a seguridades que no son tales, incluso a cosas totalmente contrarias a los hechos, lo que en ocasiones le conduce a contradicción. Por ejemplo, recae en el ataque a la figura de James Carter y su papel en la observación del referendo revocatorio del 15 de agosto, o supone inerrante el estudio encargado por Súmate a Hausmann y Rigobón, y que en algún punto Waller adscribe, tendenciosamente, a la Universidad de Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachussets, siendo que sólo se trata de la opinión errónea de un profesor de una y un profesor del otro. (Esta publicación se ha referido extensamente a ambos puntos, así como a lo ocurrido en aquella fecha, de modo que no se repetirá aquí la evaluación de esas inexactas nociones. Ver especialmente los números 100, 103, 104 y 106).
Del mismo modo incurre en apreciaciones equívocas, cuando aduce que Chávez «invalidó la constitución existente (vigente desde 1961) empleando medios ilegales y seudolegales», pero en cambio acierta cuando expone que «La conducta del hombre fuerte de Venezuela se ha convertido ahora en un tema internacional. Si fuese meramente un asunto de políticas domésticas socialistas o populistas y una retórica contra los Estados Unidos—un recurso común por tres generaciones—Washington pudiera salirse con la suya conduciendo los negocios como lo ha hecho (y lo hace) con tantos otros países en la región».
Pero el problema es, de nuevo, que Waller piensa que lo que hay que cambiar es el modo de reaccionar ante lo que considera un mero asunto de seguridad, cuya solución es sacar a Chávez del poder. Y aquí propone las siguientes cosas:
Primera. «Con lecciones aprendidas en la guerra de Irak, los EEUU pueden mejorar su estrategia psicológica para acelerar su autodestrucción política». Aunque Waller no especifica cómo se logra esto—más allá de su previa sugerencia de no nombrar a Chávez—previene que este recurso sería eficaz porque el presidente venezolano sería un caso psiquiátrico. (Comentando sobre su libro Crazy States, escrito proféticamente en 1971, Yehezkel Dror observaba de Hussein en entrevista concedida a The Jerusalem Post veinte años después: «Saddam no está loco en un sentido clínico como algunos quisieran hacernos creer. Sus movidas son impredecibles a causa de su diferente marco mental, que meramente parece loco a los occidentales»).
Segunda. «Los EEUU deben estar preparados para actuar inmediatamente con el fin de impedir al dictador venezolano que destruya su país como parte de un intento desesperado por perpetuar su régimen. Es particularmente preocupante el hecho de que, en tiempo de crisis, el dictador venezolano pudiera estar tentado a destruir la infraestructura económica de su país—especialmente donde tal destrucción (por ejemplo, instalaciones petroleras) dañaría a los Estados Unidos, otros países y los venezolanos que se le oponen». (De nuevo, Waller no explica cómo los EEUU lograrían este objetivo, y deja traslucir que lo que más le importaría a ese país—si no lo único—es nuestro petróleo. Por otro lado, es muy inapropiado llamar un «hecho» a algo que no ha ocurrido, y que tal vez pudiera ocurrir «en tiempo de crisis». Además, quedaría por entender la lógica de que Chávez decida destruir lo que el informe Waller acertadamente señala como una de sus principales fuentes de poder e influencia, indispensable para su agenda expansionista. Un pensamiento paranoico pudiera llevar a pensar que si tal cosa se tomara como justificación de una invasión de los Estados Unidos, pudiera estar en el interés táctico de sus halcones el sabotear nuestra industria petrolera para achacar tal destrucción al gobierno, que es lo que Chávez ha venido indicando recientemente y le ha servido como excusa para meter tropas en las instalaciones de PDVSA).
Tercera. «Los amigos de la democracia en la región deben proveer apoyo material y protección vocal a los miembros remanentes de la oposición dentro del país. Esto incluye a las organizaciones cívicas, ONGs, organizaciones de derechos humanos y grupos políticos». (Es decir, lo que los Estados Unidos han venido haciendo, por ejemplo, a través del National Endowment for Democracy, sólo que en este caso Waller aspira contar con «apoyo material» y declaraciones públicas a favor de la oposición de parte de, digamos, Brasil o Argentina).
Cuarta. Los Estados Unidos «…pueden invocar la Carta Democrática de la OEA. Ésta es el arma individual más poderosa contra la consolidación continua del régimen, y puede ser incluso útil en el pastoreo de una reversión de la revolución. La adopción de la ruta de la OEA necesitaría acción directa de los Estados Unidos, pero sólo como uno de muchos miembros de la OEA. Una estrategia de Carta Democrática puede funcionar sólo después de una campaña de diplomacia pública con exposición prolongada y precisa de la amenaza del régimen a la seguridad hemisférica y los derechos humanos». (¿Creerá Waller que los recientes tropiezos de los Estados Unidos en la elección del Secretario General de la OEA auguran éxito en este propósito?)
Después indica: «Al mismo tiempo, la esperanza remanente en el calendario de una resolución pacífica de la amenaza en progreso es la elección presidencial venezolana de 2006. A pesar de la probabilidad de un fraude al nivel del referendo de 2004, el Centro recomienda los siguientes pasos:»
Quinta. «Sostener y proteger (mediante la vigilancia y el apoyo material de naciones miembros de la OEA) los movimientos democráticos y de derechos humanos al interior de Venezuela. Para las elecciones de 2006 debe ponerse en práctica un nuevo proceso y modelo electoral para desanimar o por lo menos entorpecer la clase de fraude que ocurrió en 2004. Es probable que el régimen sabotee la implementación de cualquier nuevo proceso. Esto, por sí mismo, ayudará a consolidar el cambio de paradigma en la percepción precisa del gobierno venezolano como una dictadura». (Por lo que respecta a los movimientos a los que habría que apoyar la lista es larga, como consta de la enumeración abundante pero incompleta del #129-130 de esta publicación. Luego, habría que ver cómo se logra la implantación de un nuevo modelo electoral en el país, aun cuando pareciera que Waller recomienda esto último sólo para provocar una negativa deslegitimadora del gobierno, un pretexto más para intervenir).
Sexta. «Aumentar significativamente la cooperación con socios hemisféricos y reunir inteligencia acerca de la asociación existente entre el régimen venezolano y estados patrocinantes del terrorismo, y exponer las conexiones bolivariano/terroristas. Una vez completado esto, es probable que otras opciones de acción reciban apoyo multinacional». (De nuevo ¿quiénes se ofrecerían como socios hemisféricos de los Estados Unidos en esta misión de vigilancia y recopilación de información? ¿Sólo Colombia, México y tal vez Perú y Bolivia? ¿O cree Waller que los Estados Unidos podrán convencer a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y alguna que otra nación caribeña—¿Curazao?—por mencionar algunos países, de que se sumen a una tal red de inteligencia? ¿A qué apunta Waller? ¿A una «guerra preventiva» como la de Irak en la que el papel de Inglaterra y España sea asumido por estados americanos que se negaron a alinearse, por caso, con la candidatura Derbez? ¿Cuáles son esas «otras opciones de acción» que Waller estima posibles y merecedoras de apoyo por parte de «socios hemisféricos»? ¿Una invasión directa de los Estados Unidos? ¿Una de Colombia?)
En fin, un verdadero bodrio lógico, estratégico y principista el tal informe Waller. Tiene, naturalmente, sus aciertos, pero expone ilusas conclusiones como la siguiente: «América Latina es un territorio fácil de navegar para los EEUU con todos sus instrumentos de arte del Estado. Mucha de la oposición tradicional a Washington es emocional y retórica, particularmente cuando los EEUU ofrecen poca razón para que alguien arriesgue su carrera política al definirse como amigo o aliado». Un espejismo de tal magnitud sólo podría conducir a garrafales errores por parte de los Estados Unidos, al ignorar la profundidad del sentimiento antinorteamericano, que estuvo adormecido hasta que las iniciativas internacionales de George W. Bush se hicieran presentes. Waller debiera leer de nuevo El americano feo, si es que no se ha percatado del rechazo que la actual administración estadounidense ha exacerbado en muchos puntos del planeta.
Es verdad que, como lo pone Waller, «…a diferencia del gobierno y sus partidarios pagados, la mayoría de los venezolanos tienen gran afecto por América—aquí Waller no se refiere a todo el continente descubierto por Colón y anunciado por Vespucio, sino a la identidad nominalmente usurpada por los Estados Unidos—y sus libertades». Sin tanta exageración hay algo así: Alfredo Keller ha medido en febrero de este año que, a pesar de todos los esfuerzos del chavismo, 50% de los venezolanos prefiere a los Estados Unidos como modelo de desarrollo, contra sólo 6% que prefiere a Cuba.
Y también atina Waller al observar que «…las encuestas muestran que la oposición mantiene cerca de 50 por ciento de apoyo entre el electorado». (Si se tiene por oposición no a los partidos opositores, que están muy mal, sino a la proporción de la población que no es chavista. Esto, por ejemplo, es también una medición de Keller). Pero entonces Waller debe explicar por qué consideraría más válido ese 50% de definición contraria que la otra mitad que se identifica hoy como chavista, que es base para una aprobación del «líder del proceso» que Keller registra en 69%. Digo, si es que la preocupación última de Waller es una defensa de la democracia, aunque el lema que represente sea, recordemos, «Paz mediante la Fuerza». LEA
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por Luis Enrique Alcalá | May 5, 2005 | Cartas, Política |
En 1985, poco antes de que emergiesen las tesis de Luis Alberto Machado sobre una «revolución de la inteligencia»—que personalidades tan disímiles como Fidel Castro y Robert Maxwell, el difunto magnate de medios de comunicación, consideraron de la mayor importancia—se iniciaba un programa patrocinado por la Fundación Neumann, el que manejaba una metodología cuyo objetivo era convertir «malos» en «buenos aprendedores». Entre los instrumentos que el programa empleaba a conciencia se encontraba la discusión de las más comunes entre las falacias de la lógica, empleadas profusa e inveteradamente en actividades de propaganda, especialmente en la propaganda con intención política. Para explicar cada tipo de falacia se ofrecía a los participantes en el programa una lista de ejemplos, y en cuanto a la falacia de asociación (que vincula falazmente elementos que realmente no tienen por qué estar unidos) uno de los ejemplos era la siguiente pregunta: «¿Está usted por la libertad y el capitalismo o por el socialismo y la esclavitud?»
El procedimiento así ejemplificado es lógicamente inválido. No hay un nexo ineludible entre capitalismo y libertad, como lo atestiguan, por caso, muy capitalistas dictaduras asiáticas, la china actual incluida. Tampoco lo hay entre esclavitud y socialismo. Los franceses de Mitterrand, por ejemplo, jamás perdieron su libertad, como tampoco lo hicieron los españoles de Felipe González. Pero asociando los términos del modo como lo hace la pregunta indicada, se induce en quien la escucha una urgencia psicológica por pronunciarse a favor de la primera pareja de conceptos. Es una manipulación puramente nominal, una técnica de persuasión, nada más.
El ejercicio manipulador puede construirse, por supuesto, a la inversa. Es exactamente el más reciente de los estribillos del gran manipulador de la comarca venezolana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien lleva varios días remachando que el capitalismo es contrario a la democracia.
No importa que la mayoría de los ejemplos reales de economía capitalista sean países de sistema democrático. Chávez desecha el prematuro y triunfalista anuncio de Francis Fukuyama, que superficialmente decretó, hace no mucho (1989, 1992), el «fin de la historia» porque todo el planeta, todos sus Estados, es decir, llegarían a ser en breve una combinación de democracias con economías de mercado.
La clave del asunto reside en que Chávez considera que el término democracia significa una cosa distinta de lo que habitualmente entendemos por él. Así dice, por ejemplo (AFP, 4 de mayo de 2005): «La verdadera democracia es imposible con el capitalismo, porque son unos pocos poderosos sobre las mayorías débiles
Donde la mayoría es explotada, esa no es democracia, que la llamen democracia es una cosa, pero no es democracia.
La ruta es el socialismo, la democracia verdadera, la igualdad.
No puede ser democrático un sistema que privilegia a una minoría y mantiene en la pobreza a la mayoría. Por el contrario, el socialismo es democrático porque procura el acceso de todos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo».
Hace no mucho reportaba esta carta la visión que del tema expone Heinz Dieterich, uno de los asesores-aduladores de Chávez (El socialismo del siglo XXI. La economía de equivalencias, 7 de abril de 2004, en entrevista reseñada en el #131): «El ideal de justicia de que todos tengan la misma gratificación por el mismo esfuerzo laboral, a mi juicio, sólo se consigue en el comunismo. Para que esto suceda no es suficiente la voluntad, sino que se exigen unas condiciones objetivas. Para que cada uno pueda aportar lo mismo con igual esfuerzo, necesitas niveles semejantes de alimentación, educación, participación, etc., es un proceso de voluntad política y de condiciones prácticas que te hacen una sociedad homogénea en cuanto a realizar y aportar más o menos lo mismo».
La primera manipulación de estos argumentadores, por tanto, consiste en la identificación de la noción de democracia con la aspiración de igualdad. Se trata de un mito persistente y extendido. La Declaración de Independencia de la más grande entre las potencias capitalistas, sin ir muy lejos, declara justo al comienzo: «Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales
» Es decir, una igualdad original. Somos iguales al nacer.
Chávez, en cambio, sabe que los hombres no son creados iguales, pero quiere convertirlos en eso, en hombres iguales, en hombres de Dieterich.
Ni la idea marxista de la igualdad final del socialismo ejemplificado en Chávez es posible ni jamás ha sido que los hombres nazcan iguales, ni jamás lo será. Gracias a Dios, porque no sería lo más conveniente. Ambos, el liberalismo capitalista, de un lado, y el socialismo indigenista de Chávez del otro, son formas de sostener la noción de que el estado ideal de la sociedad humana es aquél en el que todos los hombres son iguales. Esta formulación se cuela, asimismo, en frases tales como la de «desigualdad en la distribución de las riquezas», implicándose por esto que la renta debiera, en principio, distribuirse igualitariamente. Una sociedad «sana»—esto es, la mejor sociedad posible—es una en la que la distribución de la riqueza aproxima la distribución de cualidades morales de una sociedad expresadas en la práctica.
Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea este mito de la igualdad. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será.
Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que el crecimiento—a través, por ejemplo, de la militarización—del poder del Estado, y como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como dicotomía. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es binaria. Tómese, para el caso, la distinción entre «honestos» y «corruptos» que parece tan crucial a la problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la «honestidad»—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución normal de las «cualidades morales»: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos—una Madre Teresa de Calcuta y un Juan Pablo II por planeta—como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Del mismo modo, la distribución teóricamente «correcta» de las rentas sería también la expresada por una curva de «distribución normal», dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos humanos adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. En relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una «normalización», en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria.
No es la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de «justicia social» que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado.
Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
En un sistema político sano, es normal que exista un pequeño número de personas que reciban una remuneración muy alta, siempre y cuando la proporción de personas que reciban una remuneración muy baja sea asimismo muy pequeña.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 28, 2005 | Cartas, Política |
Resulta científicamente válido estudiar la arquitectura de los sistemas biológicos para obtener claves que orienten el diseño de sistemas políticos viables. Desde la emergencia de la cibernética como cuerpo teórico consistente ha demostrado ser muy fructífero el análisis comparativo de sistemas de distintas clases, dado que a ellos subyace un conjunto de propiedades generales de los sistemas. El descubrimiento de la «autosimilaridad»—procesos o funciones que «se parecen a sí mismos» a distintas escalas—en el campo de las matemáticas fractales, refuerza esta posibilidad de estudiar un sistema relativamente simple y extraer de él un conocimiento válido, al menos analógicamente, para sistemas más complejos. Esto dista mucho de la ingenua y ya periclitada postura del «organicismo social», que propugnaba una identidad casi absoluta entre lo biológico y lo social. Con esta salvedad, vale la pena extraer algunas lecciones del funcionamiento y la arquitectura del cerebro humano, el obvio órgano de dirección del organismo.
Para comenzar, el cerebro humano, a pesar de constituir el órgano nervioso más desarrollado de todo el reino de lo biológico, no regula directamente sino muy pocas cosas. Más específicamente, la corteza cerebral, asiento de los procesos conscientes y voluntarios de mayor elaboración, sólo regula directamente los movimientos de conjunto del organismo, a través de su conexión con el sistema músculo-esquelético. La gran mayoría de los procesos vitales son de regulación autónoma (muchos de ellos ni siquiera son regulados por el sistema nervioso no central, o sistema nervioso autónomo). La analogía con lo económico es inmediata. La economía, según la observamos, tiende a funcionar mejor dentro de un ambiente de baja intensidad de regulación.
La corteza cerebral puede emitir órdenes incuestionables al organismo… por un tiempo limitado. Puede ordenar a los músculos respiratorios, por ejemplo, que se inmovilicen. Al cabo de un tiempo más bien breve esta orden es insostenible y el aparato respiratorio recupera su autonomía. Este hecho sugiere, por supuesto, más de una analogía útilmente aplicable para la comprensión de la relación entre gobierno y sociedad.
Más aún, es sólo una pequeña parte de la corteza cerebral la que emite estas órdenes ineludibles. (La circunvolución prerrolándica, o área piramidal, es la única zona del cerebro con función motora voluntaria, la única conectada directamente con los efectores músculo-esqueléticos). La corteza motora, la corteza de células piramidales, abarca la extensión aproximada de un dedo sobre toda la superficie de la corteza cerebral.
Un tercio de la corteza restante es corteza de naturaleza sensorial. A través de los cinco sentidos registra información acerca del estado ambiental o externo; a través de las vías sensoriales propioceptivas se informa acerca del estado del medio interno corporal.
La gran mayoría de la superficie cortical del cerebro humano es, en cambio, corteza «asociativa». Emplea la información recibida por la corteza sensorial, coteja recuerdos almacenados en sus bancos de memoria, y es la que verdaderamente elabora el telos, la intencionalidad del organismo humano. Es interesante constatar este hecho: en la corteza cerebral hay más brujos que caciques.
En cambio, en nuestro aparato político la participación de actores de tipo asociativo es muy reducida, a pesar de que cada vez su necesidad sea mayor. Cuando Arturo Úslar Pietri y Juan Liscano escribían alarmados de la situación nacional, poco antes de la entronización del proceso constituyente que culminaría en 2000, no estaban pidiendo caciques, ni conciliadores de intereses. Estaban expresando la necesidad de la asociación de ideas políticas, de la invención política.
A fines de 1991, el presidente Pérez, no sin razón, se quejaba de las críticas a su «paquete» económico y retaba: «Bueno, si no es éste el paquete ¿entonces cuál es el que debemos aplicar?» COPEI recogió el reto, anunciando que en breve presentaría un «paquete alternativo». La presentación anunciada se produjo a mediados de febrero del año siguiente, un tanto retrasada por los acontecimientos del día 4. La formulación «alternativa» consistió en propugnar la abstracta insulsez de una «economía con rostro humano» y en la proposición de constituir un «consejo consultivo» que debiera proponer soluciones. Como recogió el punto un periodista local, «En síntesis, el Dr. Fernández ha propuesto que otros propongan».
En el fondo, la proposición del consejo consultivo iba en la dirección correcta. El político convencional se ocupa del exigente proceso de la conciliación de intereses, del delicado asunto piramidal de emitir instrucciones, y no tiene ni el tiempo ni el adiestramiento requerido por una función de corte asociativo. Que el Consejo Consultivo nombrado con alguna resistencia por el presidente Pérez no hubiera tenido mucho éxito se debe a otros factores. Por un lado, a la enorme presión y al acusado grado de inestabilidad del régimen en esos momentos—después de la rebelión chavista de 1992—cuando la natural reacción del Presidente era la de sostener sus puntos de vista so pena de pérdida de autoridad. Por el otro, al método y al concepto empleados en la operación y la composición del consejo mismo. Se trató de un cuerpo de acción temporal que se dedicó a ensamblar una lista inorgánica de medidas puntuales, mediante el expediente de entrevistarse con un número reducido de notables personalidades de la vida nacional. Todavía el presidente Velásquez, que había formado parte del Consejo Consultivo de 1992, creyó que ésa era una fórmula correcta y que debía incluso ampliarla. Así, a las pocas horas de asumir la Presidencia de la República en 1993, anunció la formación de «cuatro o cinco» consejos consultivos—nunca fueron creados—e indicó su esperanza de que los futuros miembros de los mismos dedicaran un tiempo importante a su labor, «al menos unas dos horas semanales».
La necesidad de una «corteza asociativa» del Estado venezolano, de la política venezolana, es evidente, pero su espacio debe ser determinado como permanente, y su composición y métodos establecidos según lo conocido ahora en materia de la disciplina denominada Policy Sciences (ciencias de las políticas, no ciencias políticas), luego de varias décadas de elaboración conceptual y metodológica a este respecto. He aquí un campo para que Venezuela logre distinguirse como pionera, a nivel mundial, en un rediseño de la arquitectura del Estado que aloje, de modo permanente y adecuado, la función asociativa de la generación de políticas. Para que sus actores políticos institucionalizados, principalmente los partidos, terminen de entender que no se pueden pasar la vida mandando sin saber siquiera por qué o para qué lo hacen.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 21, 2005 | Cartas, Política |
El miércoles 13 de abril, César Miguel Rondón entrevistaba al Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, dentro del nuevo patrón del programa 30 minutos, que ahora concede un espacio antes desusado a funcionarios y partidarios del gobierno de Hugo Chávez Frías. La entrevista era, por supuesto, muy oportuna. Hay revuelo en el mundo educativo y civil, donde se ha suscitado una importante discusión—y bastante rechazo—a las nuevas iniciativas gubernamentales, ejemplificadas por el decreto 3.444.
La participación de Istúriz fue no poco agresiva—logró sobrepujar a Rondón y tomar más tiempo del que normalmente se concede a los invitados—pero también fue evasiva. Más de una pregunta del entrevistador era desatendida y desviada por el entrevistado. Una en particular debió contestar: Rondón preguntó qué pasaría con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra si algún profesor se conducía como opositor al régimen. A lo que Istúriz respondió que no habría ningún problema si algún profesor no «estaba alineado» con Chávez, pero que la educación «tenía que estar alineada con el proyecto de país», y que este proyecto estaba contenido en la Constitución o era la Constitución misma. Y Rondón dejó pasar sin objeción, tal vez acosado por el inmisericorde tiempo televisivo, semejante declaración.
El dislate de Istúriz da para más de un comentario. Para empezar, su proposición se inscribe en la mitología de los proyectos de países, lamentablemente muy extendida. Allá en la década de los noventa, por ejemplo, Elías Santana, el incansable dirigente vecinal y cívico, buscaba organizar el movimiento «Venezuela 20-20». En principio quería visualizar, sobre el año 2020, la clase de país que sería Venezuela tras la aplicación de un «proyecto-país». (En realidad la designación 20-20 aludía no sólo al año, sino por vía metafórica a una vista o «visión» 20-20, la fórmula abreviada con la que se designa a una vista perfecta. El uso de la metáfora no era, por otra parte, demasiado original. Ya entonces existía para la Península Malaya, uno de los «milagros» económicos del Lejano Oriente, el plan «Malasia 20-20», exactamente con la misma intención simbólica de Santana). La convocatoria original de Santana afirmaba de una vez que el «proyecto de país» debía cristalizar en una nueva constitución.
Análoga pretensión prosperó durante los meses terminales de la Coordinadora Democrática. Todos recordamos la elaboración del tristemente célebre «consenso-país», iniciativa que consumió innumerables reuniones de elaboración coordinadas por Diego Bautista Urbaneja, y que a la postre fue incapaz de contrarrestar la oferta bastante más concreta de las «misiones» chavistas, de mucho mayor pegada en el lapso de campaña del referendo revocatorio presidencial. En su momento—20 de noviembre de 2003—esta carta advirtió sobre la inanidad del esfuerzo (#63, «Consenso bobo»): «Los documentos del ‘consenso-país’—que incurre desde su propio nombre en la usurpación, pues ‘el país’ no lo ha elaborado, como tampoco la Nación elaboró nuestros vetustos y ya olvidados planes ‘de la Nación’—indican una clase particular de proposiciones en su contenido: la de las ‘seudoproposiciones’. Son afirmaciones tan generales como las de que hay que ‘reactivar la economía’, ‘combatir la pobreza’ o ‘eliminar el desempleo’.»
Los países tienen la mala costumbre de construirse a sí mismos, sin requerir un «proyecto» intencional y explícito. Nunca ha existido un proyecto para los Estados Unidos, por ejemplo. Aun en los países de economía de planificación central, como lo fuera la Unión Soviética, lo que a lo sumo pueden hacer los gobiernos más totalitarios que el mundo haya conocido es imponer una camisa de fuerza a la actividad económica, la que tarde o temprano revienta por efecto de las realidades que termina por imponer la vida social. Claro que a la pretensión de que a los países se les puede asemejar a proyectos arquitectónicos o corporativos les es muy útil la condición autoritaria. La dictadura malaya, por ejemplo.
Está claro que los Estados pueden poner en práctica políticas deliberadas en casi cada área de su competencia o de su intromisión. Pueden establecer políticas económicas, territoriales, anti o pro terroristas, o políticas de educación, como en el caso que ocupa a Aristóbulo Istúriz. Pero aun las políticas más extensas nunca llegan a cubrir o dominar toda la actividad social, que escapa a la soberbia de los planificadores centrales, quienes pretenden conocer mejor que cualquier ciudadano lo que conviene a su existencia, al punto de que se presentan como capaces de imponer un curso colectivo con varias décadas de penetración temporal.
Sin embargo, estas cosas no son del territorio constitucional. No pertenecen a, no tienen cabida en, el texto de una constitución. Es, por consiguiente, una falacia pretender que las constituciones son «proyectos de país». Las constituciones son, típicamente, la conjunción de una especificación arquitectónica y funcional de un Estado y de un estatuto de deberes y derechos ciudadanos. Tal cosa no es, en absoluto, un proyecto. No es un «modelo de desarrollo». A lo sumo es el diseño del cuerpo político de una nación, de su Estado; nunca prescribirán las trayectorias y etapas de una sociedad entera, que se mueve y vive y se desarrolla por sí misma, muchas veces a pesar de su constitución.
Pero no son estas cuestiones las más graves de las implicadas en el dogma de Istúriz, sino su aseveración de que la educación «debe estar alineada» con nuestro «proyecto de país». La educación, maestro Istúriz, con lo único que tiene que estar alineada es con la verdad.
Porque lo que está diciendo usted, según la falaz terminología gubernamental que considera sinónimas las expresiones «proyecto país», «constitución» y «revolución», es que nuestra educación tendría que ser compatible con la «revolución bolivariana». De aquí no hay sino un paso a la próxima aseveración: que la educación venezolana debiera «estar alineada» con un tal «socialismo del siglo XXI» que, como sabemos por expresas declaraciones de su jefe, ni siquiera ha sido inventado todavía.
No necesitamos, por tanto, que su despacho o el del Ministerio de Educación Superior vengan a alinear nada. La esencia de la definición de las universidades, por caso, es que son comunidades de profesores y estudiantes en busca de la verdad. Ésa es la actividad que les es consustancial, y tal cosa no puede ser alineada, menos todavía alienada a comisarios que reivindiquen ser los depositarios de la verdad revolucionaria.
Mucho antes de que los diversos socios de Hugo Chávez llegaran a ejercer su insolente y pretenciosa dominación, ya la educación venezolana adolecía de un exceso de intromisión estatal en el acto educativo. Salvo el ámbito universitario, que a partir de 1958 comenzó a gozar de autonomía—como contexto imprescindible a la libertad de cátedra—todo el resto del sistema educativo estaba prescrito en los programas aprobados burocrática y centralistamente por el Ministerio de Educación. Hace tiempo ya que necesitamos en nuestro sistema educativo lo contrario de lo que propugna el ministro Istúriz: la libertad.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 14, 2005 | Cartas, Política |
La definición académica de «política», en su primera acepción, indica que se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados». En cuanto a «gobierno», leemos en el diccionario: «Acción y efecto de gobernar o gobernarse. Orden de regir y gobernar una nación, provincia, plaza, etc.» Finalmente, «gobernar» es «Mandar con autoridad o regir una cosa».
Pero significa también «política» para la Real Academia de la Lengua, primeramente, «Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos» y asimismo «Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo». Significados de menor importancia son también evocados por la palabra «política», tales como «Cortesía y buen modo de portarse» y también «Por extensión, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado» Es el último significado reportado: «Orientaciones y directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Política agraria».
Que decida comentar acá las definiciones de la Real Academia, y no las que ofrecería la ciencia política, obedece a varias razones. La primera es que la Academia de la Lengua nos ofrece, con cada palabra, el edificio semántico de ese vocablo: los distintos pisos y planos de significado que la palabra contiene. La Real Academia registra como una fotografía, para el momento de confección de sus diccionarios, los distintos significados de una voz castellana y el orden de importancia o extensión en el uso de cada uno. Por ejemplo, el DRAE sugiere, cuando anota bajo el término «política» la actividad de los regidores o aspirantes a regidor antes que la actividad del ciudadano, que en la psiquis colectiva de habla castellana este orden existe: primero están los gobernadores y luego los gobernados. Y así es como comúnmente son las cosas. Por ahora.
La segunda razón para comentar definiciones del DRAE y no las que pudieran sugerir David Easton o Joseph La Palombara, es que nuestros «políticos»—»Dícese de quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado»—entienden su actividad más como la Real Academia la registra que como la formulan los politólogos. No deben ser muchos los políticos venezolanos que antes de tomar una decisión se ubiquen, en acto especialmente consciente, sobre el plano de las llamadas ciencias políticas.
Así que sabemos que en el habla común, a la que la Real Academia convierte en lengua de manera gramaticalmente consistente, «política» se refiere al «Arte, doctrina u opinión referente a mandar con autoridad o regir los Estados». Eso es la cosa. Mandar. Al Estado. («Cuerpo político de una nación. Cuando se refiere al organismo político superior, se escribe con mayúscula»).
Como puede verse, Estado no es lo mismo que nación; es sólo su cuerpo político. Por tanto, la política no es el arte de mandar con autoridad sobre una nación, y cualquiera que lo entendiera así estaría fundamentalmente equivocado. Sabemos también que hay quienes lo entienden así. Por ejemplo, el actual Presidente de la República, que durante la campaña del referendo revocatorio desechó ocuparse con preocupaciones de la oposición porque él estaba «ocupado gobernando el país». Pero también algunos, al menos, entre sus opositores. En la campaña electoral de 1998 Henrique Salas Roemer declaraba que el siguiente ciclo constitucional exigiría mucho a quienes pretendieran «gobernar sobre un país».
Dentro de los problemas generales de gobierno que han ocupado más espacio durante los últimos veinte años está, de hecho, el de la «gobernabilidad». Esto es, en el fondo, una queja acerca de la posibilidad de los gobiernos para lograr acatamiento de los gobernados. O sea, de nuevo la idea de que gobernar es mandar, y ya no sobre el cuerpo político de la nación, sino sobre sus ciudadanos. Uno pudiera decir, entonces, que gobernar así es interferir con la libertad de los ciudadanos. Los ciudadanos, el pueblo, serían un conjunto grande de tendencia díscola, a quienes hay que meter en cintura, mediante el empleo de la autoridad. La función de los gobernantes sería la de «poner orden», y a veces habría que imponer desde esta perspectiva, y sobre pueblos de baja «gobernabilidad», la consabida «mano dura».
Contrastemos estas nociones con las que ofrece la profesión de la Medicina Política. Ésta se define como el arte u oficio de resolver problemas de carácter público, y por tanto como el arte de identificar y aplicar tratamientos a tales problemas. Es decir, el campo de la Medicina Política está más cerca, no de la primera, sino de la última de las acepciones registradas por el DRAE para la voz «política»: se preocupa más por las «políticas», entendidas como tales soluciones a los problemas públicos. Política agraria, por ejemplo, o política educativa, o económica, o habitacional, etcétera.
Para la Medicina Política, quien gobierna un Estado no puede justificar su legitimidad sobre otra cosa distinta de su capacidad y práctica para resolver problemas públicos, para gestionar asuntos públicos y resolverlos satisfactoriamente. Es decir, la Medicina Política no es, como sí lo es la Política, un arte de dominación.
En segundo término, quien practica la Medicina Política es demócrata por definición. El mejor y más estudiado de los médicos sabe que el cuerpo humano es mejor y más poderoso médico que él. Del mismo modo el médico político parte de un profundo respeto por la inteligencia colectiva del pueblo sobre el que actúa, y por eso no pretende que el Estado es, como se le entendía (y aún hoy de modo disimulado), «país o dominio de un príncipe o señor de vasallos».
En percepción que el suscrito sostenía hace unos veinte años y un poco más, la política debía sustituir su paradigma de dominación por uno de solución. Creía que la política de poder debía ser sustituida por una política clínica, centrada sobre la salud de la nación antes que sobre el poder del mandatario. Ahora creo que podemos dejar a los políticos su campo específico; su protocolo general de dominarnos, sojuzgarnos—a veces, como ahora, de manera recrecida y excesiva—y su lucha cotidiana por hacerse con el poder e impedir que el adversario lo adquiera. (Letra pequeña, usualmente disimulada y ahora descaradamente voceada: «por todos los medios al alcance»).
Así escribía, en junio de 1986:
«Un paciente se encuentra sobre la cama. No parece padecer una indisposición común y leve. Demasiados signos del malestar, demasiada intensidad y duración de las dolencias indican a las claras que se trata de una enfermedad que se halla en fase crítica. Por esto es preciso acordar con prontitud un tratamiento. No es que el enfermo se recuperará por sus propias fuerzas y a corto plazo. Tampoco puede decirse que las recetas habituales funcionarán esta vez. El cuerpo del paciente lucha y busca adaptarse, y su reacción, la que muchas veces sigue cauces nuevos, revela que debe buscarse tratamientos distintos a los conocidos. Debe inventarse un nuevo tratamiento. La junta médica que pueda opinar debe hacerlo pronto, y debe también descartar, responsable y claramente, las proposiciones terapéuticas que no conduzcan a nada, las que no sean más que pseudotratamientos, las que sean insuficientes, las que agravarían el cuadro clínico, de por sí extraordinariamente complicado, sobrecargado, grave. Así, se vuelve asunto de la primera importancia establecer las reglas que determinarán la escogencia del tratamiento a aplicar. Fuera de consideración deben quedar aquellas reglas propuestas por algunos pretendidos médicos, que quieren hacer prevalecer sus tratamientos porque son los que más gritan, o los que hayan tenido éxito en descalificar a algún colega, o los que sostengan que a ese paciente ‘lo vieron primero’. La situación no permite tolerar tal irresponsabilidad. No se califica un médico porque haya logrado descalificar a otro. No se convierten en eficaces sus tratamientos porque los vociferen, como no es garantía de eficacia el que algunos sean los más antiguos médicos de la familia. El paciente requiere el mejor tratamiento que sea posible combinar, así que lo indicado es contrastar los tratamientos que se propongan. Debe compararse lo que realmente curan y lo que realmente dañan, pues todo tratamiento tiene un costo. Es así como debe seleccionarse la terapéutica. Será preferible, por ejemplo, un tratamiento que incida sobre una causa patológica a uno que tan sólo modere un síntoma; será preferible un tratamiento que resuelva la crisis por mayor tiempo a uno que se limite a producir una mejora transitoria. Y por esto es importante la comparación rigurosa e implacable de los tratamientos que se proponen. Solamente así daremos al paciente su mejor oportunidad. Esta prescripción, este modo de seleccionar la terapéutica, con la que seguramente estaríamos de acuerdo si un familiar nuestro estuviese gravemente enfermo, debiera ser la misma que aplicásemos a los problemas de nuestra sociedad. Venezuela es el paciente. Es obvio que sus males no son pequeños. Ya casi se ha borrado de la memoria aquella época en la que nuestros medios de comunicación difundían una mayoría de buenas noticias, cuando en la psiquis nacional predominaba el optimismo y la sensación de progreso. La política se hace entonces exigible como un acto médico. En las condiciones actuales, en las que el sufrimiento es intenso y creciente, ya no basta que los tratamientos políticos sean lo que han venido siendo».
Lo que entonces estaba describiendo era una metamorfosis de la Política. Ya no es necesaria. Ahora basta actuar como un médico político, que sí se rige por las prescripciones enumeradas en el texto precedente.
El médico político tiene que vencer la resistencia de los políticos, y hasta la de los mismos ciudadanos, que se han acostumbrado a ciertas conductas como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto les cuesta admitir que se requieren otras conductas y otros actores. En principio un médico político debiera conducirse con arreglo a lo que la Real Academia registra como política: «Cortesía y buen modo de portarse». Pero a veces la «urbanidad» política no es posible, menos aun cuando ha sido sustituida por una cultura de procacidad. En este caso los médicos políticos sufren la incomprensión porque se atreven a cantar verdades o señalar cosas «inconvenientes». Pero un aforismo de Yehezkel Dror opone: «Si quieres ser eficaz tus valores deberán ser transparentes; si lo que quieres es consenso será mejor que sean opacos». Y en esta disyuntiva los médicos políticos optan por la transparencia, pues no pueden darse el lujo de la ineficacia.
Por lo demás, Manuel Antonio Carreño, que en su Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres proscribía que los caballos penetrasen a las casas—acto del todo incivil y grosero—hacía la salvedad de que los médicos, en caso de emergencia, podían llevar sus caballerías hasta el comedor. Los médicos políticos son médicos… y estamos ante un caso de emergencia.
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por Luis Enrique Alcalá | Abr 7, 2005 | Cartas, Política |
Hace tres días cupo en cierta discusión (a raíz de una disertación sobre política nacional) que repitiese una vez más una de mis reiteradas cantilenas: que lo más básico y central a la dominación del actual Presidente de la República es su concepción general del mundo. (Su Weltanschauung para emplear el muy preciso y a la vez extenso y a la vez significativo término alemán).
Hugo Chávez tiene respuesta para todo. No hay cosa que se le pregunte para la que no tenga una explicación. A veces ofrece explicaciones acertadas, a veces sólo aparentemente acertadas, pero lo que no sabe es decir «no sé», por lo menos públicamente. (En este sentido no es un «buen aprendedor». En «La enseñanza como una actividad subversiva» Charles Postman y Neil Weingartner anotaban entre los rasgos de un buen aprendedor—cuya obtención debía ser en su criterio el objetivo real de toda educación—la falta de vergüenza para decir «no sé» o «no entiendo», y una natural propensión a preguntar para obtener información. A Chávez se le podría aplicar la famosa caracterización de Carlos Andrés Pérez que hiciera Gonzalo Barrios: «Le hace falta un poquito de ignorancia»). Lo cierto es que la suma final de sus interpretaciones compone un equipaje conceptual que cuenta una particular historia y describe una realidad social desde un peculiar punto de vista. El agregado mismo es, por otra parte, de naturaleza cambiante. Ahora que Rodríguez Zapatero gobierna en España y ha venido a visitarle (y venderle) ya no menciona los «quinientos años de genocidio» practicado, según él, por los españoles en América, pero hasta hace nada ésa era su prédica. (Así como para los norteamericanos, y para el mundo en general, los ataques de al Quaeda en septiembre de 2001 afearon irreversiblemente el inicio del tercer milenio, la asonada de Chávez, Arias Cárdenas y demás colegas golpistas en 1992 aguó nuestra celebración del quinto centenario del Descubrimiento).
El verdadero problema, sin embargo, son las acciones que se derivan de ese discurso. Por ejemplo, la demolición de la estatua de Cristóbal Colón en Los Caobos a raíz de sus renovados denuestos hacia la época colonial de nuestra historia. Porque es que el problema es que Chávez vende con gran eficacia su concepción general de las cosas, y sirve para que sus más fieles seguidores «tomen línea» y para que sus meros simpatizantes puedan explicarse a sí mismos las actuaciones del líder y así racionalizar su apoyo. Esto es algo crucial, pues sus acciones y su política se derivan, con no pocas lógica y consistencia, de las premisas que componen su concepto del mundo. No es ahora, por ejemplo, cuando ha inventado su oposición a lo que Washington diga. No es porque George W. Bush sea ahora el Presidente de los Estados Unidos que busca llevar la contraria a la política norteamericana. Ya en el año 2000, mientras William Clinton aún presidía la potencia norteña, Chávez convirtió en punto de honor hacer una visita a Saddam Hussein—justificada porque su viaje a Irak formaba parte de un tour por países de la OPEP—y logró uno de sus primeros objetivos de notoriedad internacional a partir de una «malacrianza». (Debió ingresar a Irak por vía terrestre, en vista de la cuarentena de vuelos hacia ese país que entonces pesaba sobre el régimen iraquí).
Sería, por tanto, un error, una banalización, una subestimación de Chávez, creer que porque su arsenal ideológico parece fagocitar cualquier ítem que convenga a su arquitectura de izquierda—anticapitalista, antiimperialista (a menos que el imperio sea socialista)—y por tal razón es tenido por inorgánico y «menestrónico», no debe tomársele demasiado en serio, ya que la afirmación de hoy será inconsistentemente contradicha mañana.
Tomemos por caso su línea antinorteamericana. ¿Se explica la misma por un dato fechado, por ejemplo por su convicción de que los Estados Unidos participaron en el golpe de Estado de abril de 2001? No. No es éste el caso. Ya el año anterior, con ocasión de la «Cumbre del Milenio» en las Naciones Unidas, Chávez concertó una muy publicitada reunión tripartita con Fidel Castro y Vladimir Putin, a quien justamente procuraba acercarse a través de Cuba. Poco antes de ese encuentro neoyorquino Cuba había remitido a Rusia invitación para visitar la isla (inscrita en un nuevo acercamiento de ambos países) y Venezuela, por su parte, había hecho lo mismo para que el gobierno ruso asistiera como observador a la cumbre de jefes de Estado de la OPEP que se celebraría en Caracas poco después. Lo de los fusiles Kalashnikov, por ende, ha sido un plato de cocción lenta. El seis de septiembre de 2000 el suscrito hacía, junto con un antiguo socio, una presentación a la Junta Directiva de British Petroleum en Venezuela, y podía ya describir las líneas maestras de la política exterior del nuevo gobierno venezolano en los siguientes términos: 1. resistencia al predominio norteamericano; 2. denuncia del capitalismo; 3. bienvenida a los revolucionarios; 4. unión política sudamericana.
Ese mismo año 2000 el diario El Mundo de España entrevistaba a Chávez. Son características de esa época tres de sus respuestas (resbaladizas, sinuosas, pero al mismo tiempo claras):
Le acusan de no tener programa económico.
¿Es que el neoliberalismo es el modelo económico más adecuado para Latinoamérica? Es el camino más directo hacia el abismo. No debemos permitir nunca más que unos cuantos centros de poder nos impongan sus recetas. Tenemos que construir, por el contrario, un modelo económico adaptado a nuestros recursos y capacidades. Y eso es lo que haremos, una vez que ganemos las elecciones. (Se refería a las elecciones que ganaría ante Arias Cárdenas).
Presidente, ¿es usted comunista?
No tengo nada de comunista, pero respeto el comunismo, porque los comunistas no son esos diablos que siempre nos han dicho que eran. Son gente que quiere la justicia social, como yo. Diablos pueden ser, en cambio, los pilotos temerosos de Dios que bombardearon a los niños del Vietnam o los que arrojaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki.
¿Es, entonces, antiamericano?
El presidente Bill Clinton me telefoneó recientemente para discutir sobre el precio del petróleo que, a su juicio, está demasiado caro. ¿Sabe qué le contesté? Pues que está bien discutir del crudo, pero por qué no hablar también de la deuda externa de los países pobres. ¿Esto es ser antiamericano?
La concepción general del mundo, de la sociedad y de la historia que Chávez sustenta, por consiguiente, es en realidad de muy estable consistencia. Sus boutades son realmente predecibles. Es a una conciencia «normal» a la que parecen inconsistentes. Hace no mucho se comentaba acá una ocurrencia suya no tan lejana, que parece desprovista de lógica. A una persona que emplea con gran prodigalidad el epíteto de «golpista» o «golpistas» debiera estarle lógicamente prohibido que sostenga que los conjurados del 4 de febrero de 1992 no son golpistas. Pero es que en su código particular puede establecerse la distinción salvadora: ellos no eran golpistas, sino «revolucionarios». Y la revolución, por supuesto, está por encima de cualquier cosa y es capaz de disolver, como el agua regia, cualquier cosa que suene a contradicción.
Para volver al principio. Comentaba hace poco que la Weltanschauung de Hugo Chávez es un asunto fundamental a su dominación, como lo revela el tiempo que dedica a su explicación, y que mientras no hubiera discursos e interpretaciones alternas, que pudieran sustituir con ventaja, convincentemente, las interpretaciones que él incesantemente remacha sobre la conciencia de los ciudadanos, no habría modo de superar la época chavista. Entonces se me dijo que eso no era verdad porque «el 90% de los venezolanos» no estaba interesado en tal asunto. La inmensa mayoría de nuestros connacionales no estaría pendiente de otra cosa que no fueran sus necesidades más elementales. Mientras se les llenara la barriga no estarían atentos a más nada.
Creo que esta despreciativa lectura es un gravísimo y reiterado error de una cierta élite que se cree superior a sus conciudadanos, así como un irrespeto de gran injusticia que además conduce a la ineficacia, puesto que ese desprecio es inocultable. En otra ocasión escribí en esta carta semanal lo siguiente:
«Depende, por tanto, de la opinión que el líder tenga del grupo que aspira a conducir, el desempeño final de éste. Si el liderazgo venezolano continúa desconfiando del pueblo venezolano, si le desprecia, si le cree holgazán y elemental, no obtendrá otra cosa que respuestas pobres congruentes con esa despreciativa imagen. Si, por lo contrario, confía en él, si procura que tenga cada vez más oportunidades de ejercitar su inteligencia, si le reta con grandes cosas, grandes cosas serán posibles».
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