por Luis Enrique Alcalá | Ene 15, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Es de una conversación de ayer con el Dr. Luis Alberto Machado que surge la idea de esta ficha de hoy. Su generoso interés quería leer el texto íntegro de un código de ética política que compuse y juré cumplir en 1995. En realidad, los más precoces suscritores de doctorpolítico habrán podido leerlo el 23 de noviembre de 2003, cuando lo publiqué en una edición especial, no numerada, de la Carta Semanal. También lo transcribí en el #104, cuando la publicación cumplía sus dos primeros años. (16 de septiembre de 2004). Estas publicaciones, sin embargo, no corresponden a la versión original, que difiere en la sexta estipulación. La redacción actual de ésta es la siguiente: “Podré admitir mi postulación para cargos públicos cuyo nombramiento dependa de los Electores en caso de que suficientes entre éstos consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida”.
Se trata de una redacción menos astringente que la de la versión original. Sin saber de esta mutación, el Dr. Machado, creyendo que algunas de las normas autoimpuestas son quizás demasiado exigentes o hasta peligrosas, sugirió la posibilidad de que en algún momento del futuro llegara a convencerme de que una o dos de las estipulaciones necesitaran enmienda. (Muy rápidamente, habíamos llegado a la conclusión evidentísima de que quien escribe no es perfecto, sujeto, por tanto, a error). Pues bien, entre la versión compuesta en 1995 y la publicada en 2003 ya se había modificado la redacción más antigua para la cláusula sexta ya citada. La primera de las versiones podía cortarme las alas políticas.
Hice un juramento público de ese código el domingo 24 de septiembre de 1995, en programa radial que conducía por entonces en Unión Radio. Esta Ficha Semanal #179 contiene la transcripción completa de esa emisión, la que a su vez contiene la redacción original del juramento y comentarios adicionales que clarifican su significado en algunos puntos.
Para aquel momento hablaba de Política, no de Medicina Política o Política Clínica, como hago ahora. La lucha por reivindicar el nombre de Política para el arte de resolver problemas de carácter público puede no valer la pena. Está demasiado enraizada la idea de que por político debemos entender lo relativo a la búsqueda y uso del poder. Un cambio terminológico, por consiguiente, puede facilitar las cosas. Si, al final, los pueblos llegaren a exigir de los políticos concentrarse en las soluciones a los problemas públicos, en lugar de pasar el tiempo combatiendo para lograr el poder y conservarlo y acrecentarlo, y los fuerzan a ese cambio, podría regresarse al término simple de Política para nombrar la profesión.
Desde entonces, no he sentido la necesidad de modificar ulteriormente el documento. Siempre he añorado poder asociarme con otros que quisieran comprometerse con las mismas reglas de conducta, que no creo haber violado hasta ahora.
LEA
…
Ética política
Amables oyentes de Unión Radio: a través de Platón sabemos que hacia el año 400 antes de Cristo, un nativo de la isla griega de Cos, contemporáneo de Sócrates, vivía como practicante y maestro del arte de la Medicina. Este griego de la antigüedad llevaba el nombre de Hipócrates, y sostenía que el conocimiento del cuerpo humano dependía del conocimiento acerca del hombre completo. Hipócrates viajaba de ciudad en ciudad, y como muchos grandes filósofos de la época, llegó hasta Atenas para practicar y enseñar su profesión.
De los textos que forman la llamada colección hipocrática, es el más difundido el que se conoce como juramento hipocrático o Juramento de Hipócrates, el texto primario y fundamental de la práctica médica, y el primer código de ética profesional que se conoce en la historia.
Varias veces hemos hecho alusión en este programa a los preceptos de ese juramento, y hemos hecho analogía de los mismos con preceptos que deberían regir otro arte, otra profesión de los hombres, como es la Política. Más de una vez he fastidiado a los oyentes asiduos de este programa con la idea de que hay una similitud importante entre la Medicina y la Política, concepto que por otra parte sostienen varios autores. Esa idea es ya vieja compañera mía, y la expuse explícitamente por primera vez un domingo de diciembre de 1984, hace ya casi once años, a los amigos Diego Bautista Urbaneja y Gerardo Cabañas Arcos, y al día siguiente a un grupo que incluía a estos dos y también a Tulio Rodríguez, Alberto Krygier y Andrés Sosa Pietri. En unas memorias prematuras que escribí entre diciembre de 1985 y febrero de 1986, registré esos hechos del modo siguiente: “En esa reunión en mi casa expuse por primera vez mi noción de la ruta que estaba marcada para nuestra legitimación en tanto políticos como un camino ‘médico’. La llamé ‘la metáfora médica’… El acto político es un acto médico, dije, pues en el fondo se trata de proponer, seleccionar y aplicar tratamientos a los problemas. De hecho, tesis como la que propuse en Válvula o aun la misma receta de la ‘sociedad política de Venezuela’ no eran otra cosa que tratamientos, propuestos para ofrecer respuestas que, a diferencia de las respuestas insuficientes, las respuestas ‘subestándar’ emitidas por los actores políticos tradicionales, fuesen al menos un intento de atacar los problemas en sus dimensiones más importantes. En efecto dije que sería posible distinguir entre la ‘sociedad política de Venezuela’ como asociación que intervendría en la política concreta del país, y una ‘Sociedad Política’ en el sentido de una asociación de profesionales que entendía la política como una actividad médica, con una clara conciencia de la grave responsabilidad que significaba tratar de modificar la realidad social”.
Y también registré en esas memorias esto que sigue: “A comienzos del año siguiente, 1985, recibí copia de unos trabajos de Yehezkel Dror, enviados a mí por intermedio de Suhail Khan, gerente de planificación de CORPOVEN. En uno de ellos Dror, amigo y maestro desde el año de 1972, decía lo siguiente: ‘…policy sciences are, in part, a clinical profession and craft’. (Las ciencias de ‘las políticas’ son, en parte, una profesión y un arte clínicos). Esto fue para mí una confirmación de que andaba por el camino correcto. Yehezkel Dror es uno de los hombres que más experiencia tienen con los problemas y los sistemas concretos de la política. Su posición era sólo ligeramente menos radical que la mía, puesto que lo que a mí me interesaba era el territorio conceptual que se define, justamente, por esa parte que es una profesión y un arte ‘clínicos’. Por esos días pasaban por el canal 8 de televisión una de esas buenas ‘telenovelas’ brasileñas, tal vez la mejor de todas: ‘Una mujer llamada Malú’. Malú es socióloga, mi colega, pues seguí los estudios de sociología en la Universidad Católica Andrés Bello entre 1963 y 1968. Un día trata de explicarle a su hija por qué le resulta tan difícil conseguir un empleo y le dice: ‘Es que la sociología no es una profesión’. Tiene razón. La sociología no es una profesión, sino una ciencia, bastante incipiente, por cierto. Si uno va a los laboratorios del IVIC. y se topa con alguien que trabaje, digamos, en fisiología celular y uno le pregunta cuál es su profesión, no oiremos que nos contesta que su profesión es la fisiología. Nos dirá que su profesión es la de investigador. La fisiología es un campo, una disciplina, una ciencia, pero no una profesión. Del mismo modo son ciencias y no profesiones la sociología, la antropología, la politología y aún la misma economía. Es la política, la ocupación de resolver problemas públicos, lo que es una profesión. Profesión que se ejerce desde distintas posiciones. Hay algunos políticos que ejercen su profesión clínicamente, limitando su acción hasta la prescripción de los tratamientos. Otros son más médicos de cabecera o políticos terapeutas o cirujanos, más directamente involucrados en operaciones o aplicaciones de los tratamientos. Hay políticos generales, análogos a los médicos que hacen medicina general. Hay políticos especialistas, como los hay también en la profesión médica”.
Estas son cosas, pues, que escribía o decía en 1984 y 1985, de modo que sostengo esa noción de una afinidad arquitectónica de la Política y la Medicina desde hace un buen tiempo. Esto se debe, tal vez, a una deformación profesional, pues, como quizás algunos de ustedes sepan, estudié los primeros tres años de la carrera de Medicina en la Universidad de Los Andes en Mérida. Todavía hoy mi señora madre lamenta mi decisión de abandonar por la mitad los estudios médicos. El pasado miércoles fui a que me vieran un esguince de la rodilla izquierda en el Hospital Universitario de Caracas, donde mamá trabaja como voluntaria de hospitales, y no perdió la oportunidad de regañarme de nuevo, treinta y tres años después de que yo abandonara la carrera de Medicina para mudarme a los temas sociales. Yo prefiero pensar que continúo siendo médico en el campo de lo político.
Ahora bien, desde hace mucho tiempo he sentido que sería necesario y útil formalizar un código de ética para el ejercicio de la Política tal como la concibo: como arte, profesión y oficio similar a la Medicina, y esta semana he podido concluir la redacción de algunas estipulaciones que componen un juramento «hipocrático» para la Política. Quiero leer esas estipulaciones para ustedes, amables oyentes, como modo de comprometerme públicamente con un código ético de la profesión política. Permítanme leer, sin más preámbulo, el siguiente juramento:
Yo, Luis Enrique Alcalá, venezolano, juro por Dios ante quienes hoy—domingo 24 de septiembre de 1995—me escuchan, que por lo que me quede de vida practicaré el arte de la Política según las siguientes estipulaciones:
• Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas u asociaciones que pidan mi consejo o asistencia.
• Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros.
• Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general.
• Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia.
• Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inmediatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia.
• No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida.
• No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías.
• Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo.
• Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento.
Seáme dado, si cumplo con las estipulaciones de este juramento, vivir y practicar el arte de la Política en paz con mis semejantes y sus asociaciones, y reconocido y compensado justamente por mis servicios. Sea lo contrario mi destino si traspaso y violo este juramento.
Lo que acabo de leer es, pues, un compromiso público, y ruego a ustedes me sirvan de testigos y de fiscales, y que me exijan el fiel cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el juramento que he expresado.
Por otro lado, seguramente las cosas juradas por mí hoy ante ustedes necesitan un poco de explicación adicional, razón por la cual explico un poco más a continuación.
La primera de las estipulaciones del juramento dice: “Recomendaré o aplicaré según sea el caso, sólo las acciones y cambios que entienda sean beneficiosos a las personas y a sus asociaciones, a menos que este beneficio particular implique perjuicio a la sociedad general o daño innecesario a otras personas o sus asociaciones, y jamás recomendaré o aplicaré nada que yo sepa sería dañino a las personas u asociaciones que pidan mi consejo o asistencia”. Esto significa que nadie, que ninguna organización podrá pedirme, en virtud de que yo haya entrado con ella en una relación profesional, nunca podrá pedirme, repito, una lealtad tal que implique buscar el beneficio particular de esa persona o esa asociación hasta el punto de hacerlo a expensas del daño a la sociedad u otras personas y asociaciones. Por ejemplo, podré ayudar a una persona o asociación de personas a conseguir sus objetivos siempre que éstos sean legítimos y no produzcan daño. De lo contrario preferiré el bien general de la sociedad por encima de cualquier deseo de beneficio o lucro de quien pida mi asistencia.
La segunda de las estipulaciones dice así: “Procuraré comunicar interpretaciones correctas del estado y evolución de la sociedad general, de modo que contribuya a que los miembros de esa sociedad puedan tener una conciencia más objetiva de su estado y sus posibilidades, y contradiré aquellas interpretaciones que considere inexactas y lesivas a la propia estima de la sociedad general y a la justa evaluación de sus miembros”. Y esto significa entre otras cosas, que me opondré siempre al estilo de comunicación que se alimenta del escándalo y de las interpretaciones torcidas e interesadas, sobre todo de aquellas que lamentablemente se ven con tanta frecuencia en Venezuela, y que tienden a presentar nuestra sociedad como indigna o definitiva e irreversiblemente dañada.
La tercera estipulación es muy clara y no necesita explicación, y dice así: “Pondré a la disposición pública mis prescripciones para la salud de la sociedad general cuando su aplicación requiera la aprobación de los Electores de esa sociedad, y daré a cualquier Elector que me la pida mi opinión acerca del estado y progreso de su sociedad general”.
La cuarta estipulación dice: “Protegeré el secreto de lo que se me confíe como tal, a menos que se trate de intenciones cuya consecuencia sea socialmente dañina y yo haya advertido de tal cosa a quien tenga tales intenciones y éste probablemente las lleve a la práctica a pesar de mi advertencia”. Nadie, por tanto, podrá contar conmigo para la confidencia de proyectos dañinos. Si me encuentro con alguien que me confíe una cosa de tal naturaleza, procuraré disuadirlo de sus propósitos por todos los medios a mi alcance. Si no puedo convencerlo podrá ocurrir entonces que tenga que comunicar lo que me haya dicho en secreto para evitar daño a la sociedad.
La quinta de las estipulaciones del juramento dice: “Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y en lo posible enmendaré inmediatamente las equivocaciones que haya transmitido y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando estos se debiesen a mi negligencia”. Esto tiene que ser así porque la Política es un arte y no una ciencia, mucho menos una ciencia exacta. Lo que puedo prometer es lo mismo que prometió Hipócrates, quien decía: “Seguiré aquel sistema de régimen que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, considere beneficioso a mis pacientes”. La sociedad es un paciente bastante más complicado que una persona que un médico atienda, por una parte, y por la otra, las sociedades cambian, sufren metamorfosis. Un tratamiento adecuado para cierto momento de una sociedad no necesariamente será eficaz para un momento posterior.
La sexta postulación, nuestro sexto mandamiento, dice lo siguiente: “No buscaré postulación alguna para ningún cargo público ejecutivo cuyo nombramiento dependa de los Electores, aunque podré admitirla en caso de que estos Electores consideren y manifiesten que realmente pueda ejercer tal cargo con suficiencia y honradamente. Cuando yo no coincida con esa opinión preferiré recomendar a quienes considere idóneos para el desempeño de las funciones del caso. En cualquier circunstancia, procuraré desempeñar cualquier cargo que decida aceptar en el menor tiempo posible, para dejar su ejercicio a quien se haya preparado para hacerlo con idoneidad y cuente con la confianza de los Electores, en cuanto mi intervención deje de ser requerida”.
Entre otras cosas, ese mandamiento no impide que pueda buscar la postulación para cargos que no sean ejecutivos. Por ejemplo, podría aspirar pública y legítimamente a cargos legislativos o constituyentes. Pero tampoco impide que acepte cargos ejecutivos que no sean determinados por los Electores.
Lo que sí quiero evitar es el postularme yo mismo a cargos ejecutivos por elección popular, aunque pudiera aceptarlos si es la voluntad de los Electores. Aquí hay, tanto un eco de Hipócrates, quien en su juramento declaraba que no practicaría la cirugía, como una analogía con la correcta práctica médica que rechaza la publicidad de los médicos como si se tratase de un producto de supermercados. Finalmente, creo que el mejor médico es aquél que cree en la sabiduría fundamental del cuerpo humano, y que el mejor político es aquél que cree en la sabiduría del cuerpo social considerado como conjunto. El mejor médico es aquél que procura hacerse prescindible, innecesario. De allí la parte de la estipulación que me obligará a ejercer los cargos que pueda desempeñar en el lapso más breve que sea posible.
La séptima estipulación sólo necesita ser leída de nuevo, pues no tiene nada de ambigüedad: “No dejaré de aprender lo que sea necesario para el mejor ejercicio del arte de la Política, y no pretenderé jamás que lo conozco completo y que no hay asuntos en los que otras opiniones sean más calificadas que las mías”.
La octava estipulación reza así: “Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo”. Creo que es lamentable la mezquina práctica de presentar como propias ideas o tratamientos que han sido formulados por otras personas con antelación. Dicho en criollo: “No debe ganarse indulgencias con escapulario ajeno”.
La última estipulación del juramento dice lo siguiente: “Me asociaré para el perfeccionamiento del arte de la Política y para lo que sea beneficioso a las personas y sus asociaciones, con aquellos que hagan este mismo juramento”. Esto es, que a pesar de que lo que he jurado es un compromiso individual y personal, uninominal, podría decirse, daré la bienvenida a la asociación con personas que quieran honrar el mismo compromiso. Una sola persona puede hacer poco. Es por tanto preferible que seamos muchos los que queramos servir a los hombres como políticos guiados por los preceptos éticos que hemos expuesto.
Quiero dar a ustedes las gracias por su paciencia al escucharme. Quiero también ofrecer a quien desee tener una copia por escrito de este código de ética profesional para la Política el ponerla a su disposición. Pienso firmar las copias personalmente, como señal de compromiso no sólo público, sino con cualquiera que consienta en ser vigilante exigente del cumplimiento de mi compromiso.
Tengo confianza en ustedes. Creo que todos juntos podemos hacer que la Política sea digna de su nombre.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 8, 2008 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Esta Ficha Semanal #178 de doctorpolítico se compone de extractos de un folleto cuyo autor es Juan José Caldera, y que lleva por título “El sobreseimiento de Chávez”. El trabajo de Caldera, editado por Convergencia, es de gran utilidad, pues al relatar las circunstancias que rodearon la decisión de su padre de sobreseer la causa por el delito de rebelión contra Hugo Chávez y unos cuantos militares más, hace evidentísimo que esa medida contó con el más amplio apoyo. Del sintético e incompleto inventario de citas hecho por Juan José Caldera se desprende que estuvieron de acuerdo con ella, explícitamente, Fernando Ochoa Antich, Oswaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Luis Herrera Campíns, Andrés Velásquez, Patricia Poleo, Juan Martín Echeverría, Freddy Muñoz, el cardenal José Alí Lebrún, Jorge Olavarría, Américo Martín y Luis Castro Leiva. Antes, el presidente Ramón J. Velásquez había sobreseído la causa de al menos doscientos setenta prisioneros por rebelión en 1992.
Nos encontramos en momentos de concesión de amnistía parcial por parte del presidente Chávez, a quien se le pide la generalice. Es oportuno, pues, a la par que justo, el trabajo de Juan José Caldera. Su lectura conduce al convencimiento de que es injusto e irresponsable el juicio negativo a Caldera porque sobreseyera la causa contra Chávez, y la superficial y tonta especie de que con ese acto él fuese el responsable de que este último se convirtiera en Presidente. Como recuerda J. J. Caldera, “…un importante editor diría ante las cámaras de televisión: a Chávez lo hicimos los medios de comunicación”.
Para la época del sobreseimiento el suscrito no participaba de la opinión mayoritaria demostrada en el folleto. En junio de 1994 escribía: “No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”. (referéndum, 4 de junio de 1994). El costo aludido era “la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional)”.
No puede quien escribe, por consiguiente, estar de acuerdo con unas líneas citadas por Caldera de Juan Martín Echeverría, quien escribió: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”. (El Universal, 13 de febrero de 1994). Para deponer con razones legítimas a un presidente electo democráticamente se requiere contar con la aquiescencia expresa de la mayoría de los electores, y esta condición no existía para el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Por más que declarasen motivos patrióticos, las razones de los conjurados en ambas fechas eran totalmente ilegítimas.
El 31 de diciembre de 2002 el suscrito recibió un correo electrónico de Jorge Olavarría, en el que anunciaba: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él Olavarría decía que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición.
La contestación del suscrito se copia a continuación:
Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.
No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: «…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…»
Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.
Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: «Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…»
Como escribí en marzo en un artículo que me solicitara Poleo: «Pocos días después de la reseña de El Universal, Jorge Olavarría de Tezanos Pinto retomó el punto en dos emisiones de su columna en El Nacional (así como en intervenciones televisadas), sólo que en su opinión tal derecho sería la fundamentación de un golpe de Estado clásico, y prescribía algunos ingredientes del mismo, como el inevitable manifiesto de los golpistas. Acá quiero marcar diferencia respecto de la posición de Olavarría: el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia».
Y también en el mismo artículo: «En detalle, nosotros mandamos que cese el patológico y folklórico paso de Chávez por el gobierno y de ese modo autorizamos a la fuerza armada de este país para que retire a ese ciudadano de Miraflores, en caso de que ni siquiera ante tal mandato expreso el alucinado personaje consienta en bajarse de la silla. Ése sí sería entonces un derecho de rebelión conferido por nosotros a quienes—los militares—sí se encuentran, como súbditos, en situación de subordinación y obligación de obediencia».
Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.
Admito que este planteamiento se ha limitado estrictamente a una consideración de principios. Los aspectos prácticos del asunto constituyen, naturalmente, discusión aparte.
Recibe un saludo muy cordial
Luis Enrique
LEA
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El sobreseimiento de Chávez
El sobreseimiento es la terminación anticipada de un proceso penal en el que aún no ha habido sentencia y que se declara concluido por razones de interés general. La medida de sobreseimiento no consiste formalmente en un perdón, porque no ha habido condena, ni implica un juicio de valor sobre la conducta del beneficiario de la medida. En teoría el juicio podría concluir en condena o absolución y se termina anticipadamente, no con el fin inmediato de favorecer al procesado sino con el propósito de satisfacer una aspiración colectiva. Por ejemplo para lograr la paz pública, como ocurre con la motivación de una ley que decreta una amnistía general.
El sobreseimiento aplicado en el caso que nos ocupa encuentra su fundamento legal en el artículo 54, numeral 3 del Código de Justicia Militar, que atribuye al Presidente de la República la facultad de “ordenar el sobreseimiento de los juicios militares, cuando así lo considere conveniente en cualquier estado de la causa”. Pero es totalmente falso que el Presidente pueda, como dicen algunos, inhabilitar políticamente a un procesado cuando dicta una medida de sobreseimiento o de indulto. Quien afirme semejante hipótesis lo hace con mala fe o por ignorancia. Porque está muy claro en la ley que el presidente de la República no tiene facultades para inhabilitar políticamente a nadie.
La inhabilitación es una pena accesoria, ligada necesariamente en su aplicación a una pena principal de presidio o prisión y sólo mientras dure ésta, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 16 del Código Penal. Y poco después dice con total y absoluta claridad el artículo 24: “La inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio y prisión”. Luego, no puede aplicarse como una pena aislada sino conjuntamente con una principal, lo que supone también que exista una sentencia condenatoria de presidio o prisión, y sólo temporalmente.
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De manera que sólo los condenados judicialmente por un tribunal competente pueden ser castigados con la inhabilitación política y exclusivamente durante el tiempo que dure la condena. En otras palabras, en ningún caso puede el Presidente de la República dictar una medida de inhabilitación política a nadie y mucho menos de manera permanente y definitiva. Luego, el presidente Caldera no tenía facultades legales para inhabilitar políticamente a Hugo Chávez bajo ninguna circunstancia, quien conservaba intactos sus derechos políticos aun estando preso y procesado.
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Rafael Caldera expresó en entrevista televisada con César Miguel Rondón el 2 de junio de 2003: “la libertad de Chávez fue una consecuencia de la decisión que se había tomado con todos los participantes de los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre… esos sobreseimientos comenzaron a dictarse en tiempos del propio presidente Pérez, que fue el Presidente que estaba en Miraflores cuando ocurrió la sublevación; continuaron durante el gobierno del presidente Velásquez y cuando yo asumí habían puesto en libertad a casi todos, por no decir a todos, los participantes de la acción… Sería contrario a todas las normas jurídicas que se hubiera sobreseído el juicio que se les seguía a los demás oficiales y se hubiera mantenido a Chávez en la cárcel por el temor de que pudiera llegar a ser Presidente. Temor que nadie compartía en ese momento…”
Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, principales rivales de Caldera en la contienda presidencial del 93, se pronunciaron públicamente a favor de una amnistía general para todos los golpistas del 92 y se comprometieron a ponerlos en libertad. Era el reflejo de una opinión predominante en el país, que quería recuperar la paz interior y que veía mayor peligro en la prolongación de un clima de confrontación. Seguramente por esa misma razón durante dos años, de febrero de 1992 a febrero de 1994 cuando asume Caldera la Presidencia, no se dictó ni una sola sentencia condenatoria a los procesados por el delito de rebelión militar. ¡Ni siquiera a los que habían confesado de manera pública su responsabilidad, desde el mismo día de los acontecimientos!
………
Dos semanas después del 4 de febrero de 1992 se dictaron los primeros treinta y cuatro actos de detención en los tribunales militares por el delito de rebelión, a pesar de que los oficiales detenidos eran más de trescientos. Y desde ese mismo día, aunque parezca sorprendente, se comenzaba a proponer en la prensa nacional “una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en el alzamiento”. El 30 de marzo se anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía ante el Congreso Nacional.
Tres días después, el 2 de abril, a menos de dos meses del fallido golpe, se produjo la llamada “marcha del silencio” que exigía “la libertad de los insurgentes y la renuncia de Pérez”. Y el 27 de abril, cuando aún no se habían cumplido tres meses del fallido golpe, la prensa informó que el propio Ministro de la Defensa, general Fernando Ochoa Antich, visitó personalmente a los detenidos en el Cuartel San Carlos “y prometió abogar para que sean puestos en libertad, siempre y cuando demuestren un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad”.
Ese mismo día el diario El Nacional hace pública con gran despliegue una carta del gobernador del Zulia Oswaldo Álvarez Paz, quien había sido detenido en su residencia oficial por los golpistas el día 4 de febrero, en respuesta a los comandantes del golpe, Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos y Miguel Ortiz Contreras. Expresaba textualmente a los golpistas: “No tengo dudas en cuanto a la rectitud de propósitos que los animó a la aventura del 4-F”; y les anunciaba: “Las puertas de la prisión se abrirán para dar rienda suelta a los sueños e ilusiones que los alimentan”.
Seis meses después, el 18 de octubre, en el mismo diario y refiriéndose a las expresiones de Fermín, Álvarez Paz dice que “las declaraciones de Claudio Fermín en torno a la posibilidad de decretar una amnistía para los militares y encapuchados eran sorpresivas e interesantes, por venir de un alto personero de Acción Democrática”; y añadió: “la amnistía es necesaria, porque la democracia gana”. Así, quienes serían los candidatos presidenciales de Acción Democrática y COPEI el año siguiente—obteniendo el segundo y tercer lugar—se expresaron a favor de la liberación de los golpistas.
Además AD y COPEI formaban una coalición gubernamental a partir del fallido golpe del 4 de febrero, cuando COPEI aceptó incorporar varios dirigentes al gabinete de Carlos Andrés Pérez. Ello le asigna una adicional importancia a las declaraciones de quienes serían sus abanderados presidenciales, como también a las del ex presidente Luis Herrera Campíns en la prensa del 2 de noviembre de 1992, casualmente veinticinco días antes de la segunda intentona de golpe, cuando dijo que “considera posible que los rebeldes de febrero puedan aportar ideas para salir de la crisis, por lo que reta al presidente Pérez a ponerlos en libertad y permitir que busquen sus votos en la calle”.
El cuarto clasificado de la elección presidencial, el gobernador Andrés Velásquez, cuando lanzó su candidatura en Puerto La Cruz a comienzos de febrero de 1993, prometió liberarlos y lo ratificó días después en visita a Barinas, al declarar: “Si gano las elecciones, mis primeros decretos serán para indultar a todos los oficiales procesados por los intentos de golpe de Estado. Pérez es quien debería estar preso, no ellos”. (El Nacional, 16 de noviembre de 1993, p. D-2). Además, durante la campaña de 1993 la Causa R lanzó como candidato al Congreso a Francisco Arias Cárdenas, aún detenido, pero no lo pudo inscribir porque no le dieron oportunamente la baja de las filas castrenses.
De haber resultado elegido diputado habría recuperado la libertad, como ocurrió con Salom Meza Espinoza y David Nieves cuando eran procesados por el secuestro de William Frank Niehous. O como le sucedió al propio Carlos Andrés Pérez al ser elegido senador. Lo mismo hubiera podido ocurrir con Chávez como candidato presidencial, aun estando preso, en 1998. En todo caso, no se puede negar que la opinión pública de manera ampliamente mayoritaria manifestaba su total acuerdo con la puesta en libertad de los líderes golpistas del 4-F, incluido su máximo jefe Hugo Chávez. Y de esa opinión fueron voceros también los medios de comunicación social.
En trabajo de grado sobre el tema, presentado recientemente para la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Monteávila, luego de examinar cuidadosamente los medios impresos desde la destitución de Pérez hasta el sobreseimiento de Chávez, sus autores concluyen que “los resultados arrojados son la evidencia de que en el país existe una tendencia al olvido histórico y sobre todo a señalar culpables sin mirar atrás”. Su análisis de la prensa constató que “la noticia aparecía mínimo tres veces por semana y en un alto número en primera plana”, comprobando que “cantidad de apreciaciones sobre el tema fueron en su mayoría a favor del sobreseimiento o de la liberación de los procesados militares”.
Señalan que “se creó una corriente de opinión a favor de la liberación de los militares por parte de la prensa al presentar mayor cantidad de noticias a favor del sobreseimiento de la causa”. Y se observa también en dicha tesis de grado que “Carlos Andrés Pérez fue el primero en otorgar el sobreseimiento”, aunque “lo hizo a un grupo de militares menos involucrado en los intentos por separarlo de la Presidencia”. Recuerdan además que “el 5 de junio de 1993 es nombrado como Presidente interino el liberal Ramón J. Velásquez” y que “cerca del fin de su presidencia Velásquez otorgó sobreseimientos”.
El presidente Velásquez recibió en audiencia a Francisco Arias Cárdenas a sólo semanas de haberse encargado de sus funciones. Y el 27 de diciembre de 1993, el diario Últimas Noticias atribuyó a su Ministro de la Secretaría haber dado “la seguridad de que Hugo Chávez, Arias Cárdenas y demás procesados militares y civiles saldrán en libertad antes de que Rafael Caldera asuma la presidencia”. Lo cierto es que cuando Rafael Caldera tomó posesión de la Presidencia, la prensa informaba que “han sido sobreseídas las causas de… 270 beneficiados antes de la instalación del nuevo gobierno”.
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La opinión nacional insistía prioritariamente en el tema. Como Presidente Electo a Caldera se le acercaba la gente para susurrarle, “suelte a Chávez”. El mismo día de su toma de posesión Patricia Poleo hizo pública una carta suya dirigida personalmente a Chávez en El Nuevo País, extremadamente afectuosa, donde entre otras cosas le dice que Caldera “seguramente te abrirá las rejas de la cárcel donde estás. Ojalá lo haga y yo, insignificante venezolana, se lo agradeceré siempre”. Cinco días más tarde el presidente Luis Herrera se pronunció de nuevo a favor de la liberación de los golpistas que aún permanecían detenidos.
En el diario El Nacional del 7 de febrero de 1994, p. D-1, el alto dirigente de COPEI expresó: “Considero que lo recomendable es que sean puestos en libertad y se les dé la baja para que se dediquen a las actividades civiles que a bien tengan. Tengo entendido que el teniente coronel Hugo Chávez Frías tiene pensado constituir un partido político”. El 8 de febrero, apenas seis días después de la toma de posesión, la Causa R introdujo ante el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley de amnistía. Y el día 13 de febrero Juan Martín Echeverría escribió en el diario El Universal: “el 4 de febrero se alzaron más de diez mil hombres, por razones que consideramos legítimas”.
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Freddy Muñoz escribió… después: “Ahora Caldera, convertido en Presidente, ha dado un tratamiento justo a los jefes militares de los movimientos golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre… La decisión del gobierno de Caldera es justa y, por justa, positiva”. Y el Domingo de Ramos su Eminencia el cardenal José Alí Lebrún manifestó que “las Fuerzas Armadas pertenecen a la familia venezolana, así que todo lo que sea positivo para ellas es conveniente para el país, sobre todo en el rescate de la democracia. Como sacerdote y proclamador de la misericordia de Dios, lo alabo y me satisface”.
Jorge Olavarría escribió en El Universal del 3 de abril: “La semana pasada, la arrolladora corriente de opinión a favor de la libertad de los militares presos por las insurrecciones de febrero y noviembre del ’92, fue acertadamente interpretada por el Presidente. En ese gesto va el agradecimiento de muchos venezolanos, entre los cuales me cuento, por el sacrificio de esos hombres que rescataron la dignidad nacional y cambiaron el vergonzoso curso que llevaba el país en enero de 1992”. Ese mismo día en “Periscopio” del diario El Nacional expresó: “Comandante Chávez: un gran país que sufre y espera está integralmente contigo”.
Américo Martín escribió el día 8 de abril: “La forma como se ha resuelto el problema del Latino y la puesta en libertad de los militares del 4F y el 27N son sin duda éxitos obtenidos por el Gobierno… En cuanto a la excarcelación de los militares, sólo debe recordarse que se trata de una edición repetida de lo que el mismo Caldera hizo en su primer mandato. Si entonces la inédita operación terminó restableciendo la normalidad política, no había ni hay razones para suponer que ahora no deba ocurrir lo mismo”; y concluyó: “Beneficiario como fui de la pacificación I, estuve y estoy de acuerdo con la pacificación II”.
Cuatro años después, en su memorable discurso del 23 de enero de 1998 en el Congreso Nacional, Luis Castro Leiva pudo decir: “Estamos viviendo en paz después de los sucesos del 27 de febrero de 1989… Vivimos en paz después de dos intentos de golpe y más de una conspiración de palacio, después que la Aviación intentara bombardear a Miraflores. Estamos en paz…”
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El sentido de una política de pacificación estaba claro. En verdad, el país retomó la normalidad de su rumbo. Pero una política, como un tratamiento médico, requiere un seguimiento, que él no determina. Cuando Chávez sale a la calle para hacer política, su significación y alcance eran mínimos. Así lo mostraban las encuestas, al igual que el fracaso de su campaña abstencionista de 1995.
Rafael Caldera ha asumido siempre la responsabilidad de sus actos como político y como gobernante. En la entrevista antes citada, César Miguel Rondón le preguntó sobre su segundo gobierno: —¿Cuál cree usted que fue su mayor acierto? A eso respondió: —”En el medio de ese panorama tan difícil, yo diría la pacificación. Si no se hubiera logrado la pacificación estaríamos padeciendo la grave situación de Colombia. Nosotros logramos que eso no ocurriera”. Y en seguida le preguntó también por sus errores: —¿Cuál sería, Presidente, su mayor error? A lo cual respondió: —“Haber confiado en el recto cumplimiento del deber por parte del señor Chávez y sus compañeros”.
El presidente Caldera puso en libertad a Hugo Chávez como a otros de sus compañeros de rebelión, por los motivos y en las circunstancias que se han recordado aquí. Pero no fue el artífice de su elección, ni votó por él. Chávez no está en el gobierno por su causa.
Juan José Caldera
por Luis Enrique Alcalá | Ene 1, 2008 | Fichas, Política |
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No hay nada mágico o especial en el número ocho, ni en los años terminados en ocho, aunque más de uno haya sido año destacado en nuestro devenir histórico. La coincidencia de ciertas fechas anima, sin embargo, teorías numerológicas—en sí mismas acientíficas—que encuentran una presunta tendencia al cataclismo político en Venezuela en esos años. Así, por ejemplo, puede señalarse que el general Juan Vicente Gómez depuso a su compadre Cipriano Castro en 1908 y que encontró inusitada resistencia estudiantil en 1928, que Rómulo Gallegos fue depuesto en 1948 y Marcos Pérez Jiménez en 1958, o que Hugo Chávez alcanzó por primera vez la Presidencia de la República en 1998. Estos años de término óctuple han servido, incluso, para marcar “generaciones” políticas, como la del 28 y la del 58.
Pero es obvio que nos ocurren muchas cosas en años terminados en cifras distintas: el “caracazo” ocurre en 1989, y diez años más tarde los deslaves y la inundación matan miles de venezolanos mientras se aprueba la Constitución de 1999 que nos rige; en 1819 se crea la Gran Colombia antes de la Batalla de Boyacá, de ese mismo año, y la Guerra Federal se desencadena en 1859. ¿Será entonces que estamos condenados a sufrir sobresaltos en los años terminados en nueve? Bueno, nuestra Independencia se incuba y se desencadena en 1810 y 1811, y su Guerra a Muerte es de 1813, mientras la Federal concluye en 1863 y el “Viernes Negro” es de 1983; Gómez muere en 1935, y en 1945 es derrocado Isaías Medina Angarita. El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud ocurre en 1950, y el atentado contra Rómulo Betancourt es de 1960. El inicio formal de la dictadura de Pérez Jiménez es de 1952, y la asonada del 4 de febrero es de 1992. Etcétera.
Ni la numerología ni la astrología políticas logran descubrir reales regularidades en nuestra historia, y la pretensión de comprenderla con recursos babalaos o quirománticos conduce al sinsentido. No se necesita la superstición para entender que el año que comienza hoy promete ser políticamente significativo en Venezuela.
A pesar de lo antedicho, pudiera convenir al Presidente de la República recordar, si es que lo sabe, lo acontecido en nuestro país en 1858, cuando José Tadeo Monagas se vio forzado a renunciar y asilarse en la Legación de Francia. Manuel Vicente Magallanes narra el tránsito hacia este desenlace desde el comienzo de 1855, en el capítulo decimosexto de su ágil y precisa Historia Política de Venezuela, dedicado a la Segunda Presidencia de Monagas. Su primera sección es titulada Monagas, una ambición desmedida. De ella se reproduce, en esta Ficha Semanal #177 de doctorpolítico, la primera de 2008, su inicio.
Más adelante en el capítulo, Magallanes refiere las reformas que dan lugar a la constitución de 1857, hechas por un Congreso servil en beneficio de Monagas: “…fíjase el 1º de febrero para la iniciación del período y auméntase éste a seis años; sustitúyese la autonomía provincial por la de los municipios; otórgase al Ejecutivo nacional la facultad de nombrar directamente los gobernadores; suprímese la condición de rentista para sufragantes parroquiales; cámbiase el nombre de los representantes por el de diputados; permítese la reelección inmediata del Presidente y el Vicepresidente de la República; elimínase la infracción a la Constitución de las responsabilidades presidenciales… y agréganse unas disposiciones transitorias por las cuales autorízase al Congreso para que, sancionada y promulgada la Constitución, proceda a nombrar por única vez al Presidente y al Vicepresidente de la República para el primer período constitucional… Monagas aumentaba así su período a ocho años, tal vez con el secreto deseo de ir una vez más a la reelección, pues ya ésta le era permitida por la Constitución”. Al año siguiente ya no le quedaba a José Tadeo nada de su abundante poder.
Si lo que antecede suena conocido, no es porque haya algo mágico en los años terminados en siete o en ocho, sino porque los hombres somos seres poco originales.
LEA
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Una ambición desmedida
Desde el año pasado había quedado pendiente de la última discusión en la Cámara de Representantes, después de haber sido aprobado en el Senado, un proyecto de decreto para otorgar salvoconductos a los ciudadanos que se encontraban fuera del país por causas políticas. Los diputados apresuráronse a concluir las formalidades legislativas y el decreto fue definitivamente aprobado, casi por unanimidad, el 9 de febrero de 1855. Por él quedaba autorizado el Ejecutivo para conceder salvoconductos siempre que a juicio suyo éstos no fueran perjudiciales al orden público.
Este decreto, el mensaje que el 16 envía el presidente a las Cámaras legislativas, lleno de frases de concordia y promesas de paz, y la resolución ejecutiva del 23, que revocaba los embargos de bienes pertenecientes a los señalados como conspiradores, sosegaron los ánimos, estimularon la confianza pública y abrieron cauces de optimismo respecto a un nuevo rumbo de la Administración.
Campaña por la amnistía. El otorgamiento de setenta y siete salvoconductos a los expatriados fomentó la aspiración colectiva de una amnistía general. Esta consigna fue alzada como bandera en las páginas de El Economista, periódico fundado el 1Ëš de marzo por José María de Rojas, quien al saber que el primer magistrado se mostraba contrario a la idea, dijo en uno de sus editoriales:
“No da honor ni gloria a su Excelencia el Presidente la resistencia que se le advierte a prestar su aquiescencia a la amnistía, que en su lugar se limite a expedir algunos salvoconductos para determinados individuos, imponiéndoles condiciones hasta cierto punto humillantes; no es ése el modo de sellar el olvido ni de restablecer armonía perfecta y duradera; el favor que se hace con agravio al amor propio del que lo recibe releva de gratitud cuando la necesidad obliga a aceptarlo; el accidente en semejante caso realza o destruye la sustancia, y esto es más exacto en la vida política que en la privada. El verdadero olvido de lo pasado consiste en sobreponerse el magistrado a las pasiones del hombre, en procurar que su corazón no dirija su cabeza, en distribuir la justicia con escrupulosa imparcialidad y en ser más bien tolerante y generoso con el supuesto o verdadero enemigo político o personal, que injusto e inexorable ante su prolongado infortunio”.
El 4 de abril el Presidente amplió el indulto concedido el año anterior a los revolucionarios de Barquisimeto, Portuguesa y Barinas, con la sola excepción de los autores y cómplices del asesinato del gobernador Aguinagalde. No obstante esta conducta, el general Monagas continuaba opuesto a una amnistía general. Prefería continuar con la política de los salvoconductos, que por ser un procedimiento selectivo le convenía más a sus intereses personalistas.
La iniciativa de la petición pública surgió de los masones de Caracas. Los miembros de la Logia Esperanza NËš 37, exponiendo razones de interés nacional, dirigiéronse al Congreso para solicitar se decretara la amnistía, por ser un clamor mayoritario en el país. Pocos días después un grupo de notables de la ciudad de Valencia pronunciose en igual sentido, siendo encabezada la lista de 400 firmantes con los nombres del señor Miguel Martínez y el general Julián Castro, gobernador y comandante de armas, respectivamente, de aquella provincia.
Esta última petición desagradó mucho al Presidente Monagas, quien interpuso su influencia para obstruir en las Cámaras legislativas toda concurrencia de pareceres a favor de la medida. El gobernador Martínez y el general Castro fueron sustituidos interinamente para que se trasladaran a la capital, donde fueron amonestados severamente y advertidos de que no deberían participar en cuestiones políticas ajenas a sus cargos. El redactor de El Economista recibió también la sugestión de que no debía seguir en su campaña.
Desde este momento púsose en duda la política de conciliación del gobierno. El antagonismo de los partidos mostró nuevamente su evidencia, y en la provincia de Carabobo, donde más negativamente repercutieron estos sucesos, empezó a formarse un grupo opositor que avivaba el descontento y animaba la malquerencia contra el régimen.
Todavía se ensaya un nuevo intento. El 30 de abril el comercio capitalino ofrece un banquete al Presidente, donde concurren más de 100 personas, contándose entre ellas los ministros y el Cuerpo diplomático. En tal ocasión levantose el arzobispo de Caracas, monseñor Guevara y Lira—amigo del general Monagas y quien, como presidente del Congreso, le había tomado el juramento legal—, para con hermosas palabras proponer un brindis por el regreso de los desterrados. Otros de los concurrentes hablaron con igual propósito, siendo el más expresivo el señor Valentín Espinal, el que se refirió a la amnistía como un reclamo colectivo de la más estricta justicia. El general Monagas, al agradecer el homenaje, cedió la palabra al doctor Francisco Aranda—Secretario del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores—, para que respondiera al planteamiento que se le había hecho en los discursos. Éste decepcionó con su peroración al referirse al tema con evasivas y eludir una respuesta concreta. En el ánimo de los presentes quedó la convicción de que el Presidente había diferido la amnistía indefinidamente.
La soberbia y la ambición llevaron al general Monagas a las más truculentas y absurdas maquinaciones. Imbuido de su condición de hombre fuerte, no escatimó medios para conservar el poder y prolongarlo. Su insistente negativa a conceder la amnistía general tenía relación con este objeto. Y cuando se percató del descontento que había creado su actitud intransigente se dio a la tarea de propiciar una alarma ficticia sobre una supuesta agresión de la Nueva Granada. La aprobación de un proyecto en el Congreso granadino por el que se concedían 16.000 hectáreas de tierra para la construcción de un camino entre Río Hacha y Maracaibo sirvió para este pretexto. Alegando el principio de uti possidetis se dirigió a las Cámaras legislativas para denunciar un falso atropello, buscando despertar el sentimiento patriótico. Con el acuerdo que dictó el Congreso autorizándolo para tomar las medidas que considerase necesarias, entre ellas declarar la guerra, levantar un ejército de 50.000 hombres, negociar un empréstito hasta por cuatro millones de pesos y mandar en persona las fuerzas armadas, logró el doble objetivo de presentarse como el celoso guardián de la integridad de nuestro territorio y amedrentar a la población civil, la que ya no debía ocuparse de otra cosa que no fuera la defensa de la Patria amenazada. En la celebración del 19 de abril lanzó una proclama y pronunció un discurso llamando a la unión y a la confraternidad ante el conflicto extranjero. Todo no era más que teatro para disimular su maniobra absolutista por detrás de bastidores.
Manuel Vicente Magallanes
por Luis Enrique Alcalá | Dic 25, 2007 | Fichas, Política |
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En más de una ocasión doctorpolítico ha traído, a sus cartas o fichas, textos y referencias de Pierre Teilhard de Chardin, una de las figuras señeras del siglo XX. Sacerdote jesuita de pensamiento audaz, penetrante y hermoso, planteó una visión del sentido del hombre que incomodó a la ortodoxia católica de su tiempo. La Santa Sede llegó a prohibir en los centros de formación religiosa la lectura de sus obras. Bajo el papado de Juan XXIII la Congregación del Santo Oficio (antaño conocida como la Santa Inquisición), emitió una advertencia (monitum) el 30 de junio de 1962, que fuera reconfirmada en 1981. Allí se lee: “Prescindiendo de juzgar aquellos puntos que conciernen a las ciencias positivas, es suficientemente claro que las… obras [de Teilhard] abundan en tales ambigüedades y, de hecho, incluso serios errores que ofenden a la doctrina Católica. Por esta razón, los muy eminentes y reverendos Padres del Santo Oficio exhortan a todos los Ordinarios así como a los superiores de los institutos Religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, para que efectivamente protejan las mentes, particularmente de los jóvenes, contra los peligros presentados por las obras de Fr. Teilhard de Chardin y de sus seguidores”. Teilhard murió, por decirlo así, en el exilio al que fue destinado en Nueva York. (El día de Pascua de Resurrección de 1955).
Una faceta muy importante en Teilhard fue su profesión de paleontólogo, la que sin duda contribuyó a formar su particular punto de vista sobre la aparición y evolución de la vida. Así, mucho tiempo pasó con ropas seglares en sitios de excavación en áreas remotas, desprovisto de los instrumentos del oficio sacerdotal, cuando era más astringente que ahora la obligación del sacerdote de oficiar misa cada día. (Y rezar el Breviario Romano, también diariamente). Es tal circunstancia, repetida muchas veces, lo primero que menciona en el texto reproducido acá en traducción castellana del original francés. Escrita en 1923 en el Desierto de Ordos (en la porción suroccidental del Desierto de Gobi, en China), La Misa sobre el Mundo fue publicada con otros textos (1961) en un volumen que tuvo por título Himno al universo. Corresponde al Ofertorio de una misa que pudiera muy bien llamarse cósmica, en virtud de la grandeza del sacrificio que describe y ofrece, por el que toma por ara el planeta entero y consagra allí la hostia de “le travail et la peine du Monde”.
Teilhard de Chardin estuvo varias veces en China, y allí formó parte del equipo que encontró (1929) los restos fósiles del llamado “Hombre de Pekín” (Sinanthropus pekinensis, clasificado hoy en día como Homo erectus pekinensis). Su labor científica, sin embargo, no lo alejó de la experiencia espiritual; más bien lo hizo, amén de fenomenólogo, un escritor místico que se revela en poéticos trozos como el reproducido acá o en su obra El medio divino (1926-27).
Sea el texto sobrecogedor de La Misa sobre el Mundo lectura oportuna para el día en que se conmemora el nacimiento del Salvador Jesús, a quien Pierre tanto amó. LEA
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LA MISA SOBRE EL MUNDO
Puesto que, una vez más, Señor, ya no en los bosques del Aisne, sino en las estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar, me elevaré por encima de los símbolos justo hasta la pura majestad de lo Real, y te ofreceré, yo, tu sacerdote, sobre el altar de la Tierra entera, el trabajo y la pena del Mundo.
El sol viene de iluminar, allá abajo, la franja extrema del primer Oriente. Una vez más, bajo la capa móvil de sus fuegos, la superficie viviente de la tierra se despierta, se estremece y vuelve a iniciar su tremenda labor. Yo colocaré sobre mi patena, oh Dios mío, la esperada cosecha de este nuevo esfuerzo. Verteré en mi cáliz la savia de todos los frutos que hoy serán molidos.
Mi cáliz y mi patena son las profundidades de un alma ampliamente abierta a todas las fuerzas que, en un instante, van a elevarse desde todos los puntos del Globo y a converger hacia el Espíritu. ¡Que vengan a mí, pues, el recuerdo y la mística presencia de aquellos a quienes la luz despierta para una nueva jornada!
Uno a uno Señor, veo y amo a aquellos a quienes tú me has dado como sostén y como encanto naturales de mi existencia. También uno a uno voy contando los miembros de esa otra y tan querida familia que se han ido juntando poco a poco en torno a mí, a partir de los elementos más dispares, las afinidades del corazón, la investigación científica y el pensamiento. Más confusamente, pero a todos sin excepción, evoco a aquellos cuya multitud anónima constituye la masa innumerable de los vivientes; a aquellos que me rodean y me sostienen sin que yo los conozca; a aquellos que vienen y aquellos que se van; a aquellos que, sobre todo, en la verdad o a través del error, en su despacho, en su laboratorio o en la fábrica, creen en el progreso de las Cosas y hoy buscarán apasionadamente la luz.
Quiero que en este momento mi ser resuene con el profundo murmullo de esa multitud agitada, confusa o diferenciada, cuya inmensidad nos sobrecoge; de ese Océano humano cuyas lentas y monótonas oscilaciones introducen la turbación en los corazones más creyentes.
Todo lo que va a aumentar en el Mundo, en el transcurso de este día, todo lo que va a disminuir—todo lo que va a morir, también—, he allí, Señor, lo que me esfuerzo en concentrar en mí para ofrecértelo; he allí la materia de mi sacrificio, el único sacrificio que Te complace.
Otrora se depositaban en tu templo las primicias de las cosechas y la flor de los rebaños. La ofrenda que verdaderamente esperas, aquélla de la que misteriosamente tienes necesidad todos los días para saciar tu hambre, para calmar tu sed, es nada menos que el acrecentamiento del mundo arrastrado por el devenir universal.
Recibe, Señor, esta Hostia total que la Creación, atraída por tu gracia, te presenta en esta nueva aurora. Este pan, nuestro esfuerzo, lo sé, no es más que una desagregación inmensa. Este vino, nuestro dolor, no es todavía—¡ay!—más que un brebaje disolvente. Pero tú has puesto en el fondo de esta masa informe—estoy seguro de ello, porque lo siento– un irresistible y santificante deseo que nos hace gritar a todos, tanto al impío como al fiel: “¡Señor, haznos uno!”.
Porque a falta del celo espiritual y de la sublime pureza de tus Santos, tú me has dado, Dios mío, una simpatía irresistible por todo lo que se mueve en la materia oscura—porque, irremediablemente, reconozco en mí, más que a un hijo del Cielo, a un hijo de la Tierra—, subiré esta mañana, con mi pensamiento, a los lugares altos, cargado con las esperanzas y las miserias de mi madre, y allí—fortalecido con un sacerdocio que sólo tú, estoy seguro, me has dado,—invocaré al Fuego sobre todo lo que, en la Carne humana, está pronto para nacer o para perecer bajo el sol que asciende.
Pierre Teilhard de Chardin
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 18, 2007 | Fichas, Política |
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En 1962 vio la luz En defensa de la política, del politólogo inglés Bernard Crick. Se trata de un discurso contra la “antipolítica” en todas sus formas, moda que no llegó a nuestras latitudes hasta unos veinte años después de esa obra. En ella ofrece el autor su concepto de política: “La política puede ser definida como la actividad mediante la cual se concilia intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada, otorgándoles una parcela de poder proporcional a su importancia para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad”. Esto es, el gobernante sería, esencialmente, un árbitro o mediador que debe adjudicar “parcelas de poder”. (Una concepción clínica de la política la entiende, en cambio, como la profesión que tiene por objeto la identificación o invención de tratamientos eficaces a los problemas públicos y la aplicación de éstos).
Pero la definición de Crick es de uso común, y esa idea lleva al extremo del político que pretende quedar bien con todo el mundo. Un importante político venezolano, ex candidato presidencial, confió al suscrito que era entendido como el único ciudadano que era a la vez de los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes. El mismo Crick abunda más adelante al reconocer “que no hay ninguna finalidad implícita en los actos de conciliación o contemporización. Cada acto de conciliación cumple su objetivo, sea o no teleológico, si en el momento de su realización hace posible, en alguna medida, el ejercicio de un gobierno pacífico”. Sin duda, es ésta una idea de la política que es preferible a la noción que conocemos con el nombre de Realpolitik o política del poder: que el objeto de la política es la adquisición de poder, mientras se obstaculiza a los adversarios. Esto es, la política como combate, como juego “suma-cero”.
Ambas concepciones, por otra parte, se han acostumbrado a la cohabitación. El 9 de diciembre pasado Juan Carlos Caldera, dirigente de Primero Justicia, llamaba a mantener un “espíritu de democracia, paz y reconciliación”, pero al mismo tiempo (reporta El Universal) “afirmó que la victoria obtenida por el Bloque del No el pasado domingo debe servir para que todos los ciudadanos reflexionen y se den cuenta de que el camino a seguir debe ser la participación y la lucha”.
A pesar de las limitaciones de la idea de política sustentada por Crick, su ensayo contiene muy valiosas observaciones. La Ficha Semanal #175 de doctorpolítico reproduce, de traducción de Mercedes Zorrilla Díez, el inicio del segundo capítulo de In Defence of Politics, que lleva por título “Defensa de la política contra la ideología” y trata el tema del totalitarismo como negación de la política. El retrato que allí hace pareciera tomado del gobierno y las prácticas de Hugo Chávez.
LEA
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Totalitarismo vs. Política
Que no cualquier tipo de gobierno es político y que la política es un concepto mucho más preciso de lo que suele creerse son verdades que se vuelven evidentes al analizar el sistema totalitario de gobierno y su justificación ideológica. El sistema totalitario contrasta de la manera más nítida con el sistema político, y el pensamiento ideológico es una negación explícita del pensamiento político. El totalitarista cree que todo es incumbencia del gobierno y que la misión de éste es reconstruir de arriba abajo la sociedad de acuerdo con los objetivos de una ideología. La ideología hace una crítica de la sociedad existente y una profecía, basándose en una única “clave histórica”, sobre una etapa final de la evolución social perfectamente justa y perfectamente estable. Reconocer el carácter único del sistema totalitario y las aspiraciones únicas de la ideología totalitaria debería ayudarnos a entender la peculiar importancia de algunos aspectos de la política. La ferocidad del ataque contra la idea de una diversidad de grupos sociales semiindependientes y contra la idea de los derechos del individuo nos convencerá de que el totalitario por lo menos sabe que esas dos cosas son el núcleo de lo que hace posible la política y, de paso, nos desengañará de la importancia de algunas otras cosas.
La comparación destruirá como mínimo cualquier identificación fácil de libertad política con “democracia”. La distinción entre regímenes democráticos y no democráticos, según la cual los regímenes libres son simplemente los que se basan en un consenso activo y voluntario, se desvanece a la luz de los regímenes totalitarios. Como ha escrito Hannah Arendt en su gran obra Los orígenes del totalitarismo: “Es doloroso darse cuenta de que siempre van precedidos por movimientos de masas y de que ‘disponen del apoyo de las masas y descansan en él’ hasta el final”. Negar que la Unión Soviética o la China comunista tienen el apoyo de las masas (no faltó quien lo negara en el caso de la Alemania nazi) puede ser consolador, pero es falso y peligroso, un síntoma de la profunda convicción con que muchos buenos liberales creemos en una teoría de gobierno falsa: la que sostiene que el consentimiento del pueblo necesariamente comporta libertad. El ensayo de Mill On Liberty se basa en la premisa de que la libertad necesita ser defendida incluso de la democracia, de que es preciso inculcar a los demócratas el respeto por la libertad. Mill se da cuenta de de que el gobierno representativo no sería garantía de libertad si todos los cargos fueran ocupados por hombres que compartieran las mismas opiniones. Sin embargo, esa idea rara vez cala en la opinión pública. Seguimos intentando definir el libre ejercicio de la política en términos de democracia, y al parecer no podemos entender que, atendiendo a la historia del desarrollo de las instituciones democráticas (que no es lo mismo que la historia de la tolerancia), los comunistas pueden considerarse demócratas con el mismo derecho. Los regímenes totalitarios son un producto de la era democrática. Dependen del apoyo de las masas y han encontrado la manera de dirigir la sociedad como si fuera, o estuviera a punto de ser, una sola masa. Incluso la oposición, más escandalosa que efectiva, debe ser destruida no porque ofenda el orgullo propio de los autócratas sino porque su misma existencia niega las teorías del ideólogo totalitario. Tampoco se permite la pasividad, a diferencia de lo que ocurre en la autocracia. Los escépticos deben ser forzados a la acción hasta que empìece a gustarles.
El totalitarismo no es sólo un superlativo para denostar viejas prácticas autoritarias “con el traje nuevo” de las posibilidades que ofrece la tecnología moderna. La tecnología moderna no se ha limitado a ampliar la capacidad de explotación del gobierno, sino que ha contribuido a la creación de un nuevo estilo de pensamiento ideológico tan desmesuradamente ambicioso, que incluso la mera obediencia pasiva con la que se contentaba la mayoría de los antiguos autócratas ha dado paso a la necesidad de un entusiasmo activo y constante. El autócrata quería gobernar pacífica y plácidamente (aunque tuviera proyectos militares, éstos se limitaban al placer que pudieran proporcionarle durante su propia vida), pero el líder totalitario aspira a “remodelar por completo esta penosa situación” y su pensamiento abarca épocas enteras en lugar de limitarse a generaciones humanas. Himmler afirmaba que sus hombres de las S.S. no estaban interesados en “problemas cotidianos” sino “en temas ideológicos que seguirán siendo importantes durante décadas y siglos…” El disfrute del poder y la perpetuación de un régimen o dinastía pasan a un segundo plano comparados con la consecución por el partido único de los objetivos de una ideología. Casi sin darnos cuenta hemos traspasado los límites de la clasificación griega de los sistemas de gobierno que durante tanto tiempo pareció adecuada, y que presuponía que el gobierno tenía objetivos limitados y que el Estado, aunque fuera la institución social predominante, no era omnipotente.
El objetivo del sistema de gobierno totalitario no es sólo una intensa autocracia. Los autócratas, cuando el Estado aumentaba demasiado su extensión y complejidad para que todos los grupos con intereses divergentes pudieran ser dominados por la guardia de palacio, sólo podían resolver el problema compartiendo el poder. La restricción del poder (por limitada que fuera) y la consulta (por unilateral que fuera) se convertían en algún grado (por mínimo que fuera) en una necesidad administrativa. El consentimiento de las masas, cuando éstas adquirieron importancia a raíz del crecimiento de las ciudades y la expansión de la industria, sólo podía obtenerse mediante su participación en la política. Como resumió Rousseau en uno de esos instantes de claridad empírica que hacen perdonables tantos otros: “El más fuerte nunca es es bastante fuerte para ser siempre el amo, a no ser que transforme la fuerza en derecho y la obediencia en deber”. La ideología totalitaria ofrece esa base de derecho y deber de una manera plausible, inteligente y revolucionaria. Consigue lo que Napoleón anunció que sería la política del futuro: “la organización de las masas dispuestas al sacrificio por un ideal”. Para el régimen totalitario nada queda fuera del ámbito del gobierno y todo es posible. Las masas deben ser redirigidas u orquestadas, hacia una armonía futura única. Queda claro que esa línea de pensamiento puede ser llamada antipolítica, con el consentimiento de los defensores tanto de la ideología como de la política.
Bernard Crick
por Luis Enrique Alcalá | Dic 11, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El artículo Es hora de quedarse, escrito el 9 de julio de 1998 y publicado en el diario La Verdad de Maracaibo, se reproduce en esta Ficha Semanal #174 de doctorpolítico. Se trata de un tema recurrente en la preocupación del suscrito: la valoración negativa de nuestro país por nosotros mismos.
En jueves inmediatamente anterior al Domingo de Ramos de 1991, por ejemplo, eché mano de una metáfora médica para calmar los ánimos de una reunión, convocada por Monseñor Mario Moronta en oficinas del IFEDEC (Instituto de Formación Demócrata Cristiana, fundado por Arístides Calvani). El obispo reunió a un compacto grupo para exponer una angustia que lo dominaba: según avisos que le llegaban, era alta la probabilidad de un nuevo “caracazo” por aquellos días de Cuaresma, y sus fuentes militares le advertían que, de producirse un nuevo megadesorden, las Fuerzas Armadas se abstendrían de reprimirlo. El resto de su exposición no era otra cosa que una lectura terriblemente negativa del país.
Para sugerir que precisamente la Iglesia Católica podía servir de calmante que tranquilizara los ánimos, predicando el sosiego y la esperanza, expliqué en qué consistía la decisión médica del triage, típica de situaciones calamitosas. Los médicos clasifican a los pacientes en tres grupos, dos de los cuales no recibirán atención avanzada, en vista de la escasez de recursos: los que sufren alguna lesión leve, curable con aspirina y tal vez algo de agua bendita, y los que están tan graves que morirán de todas todas, a pesar de toda la atención que puedan recibir. El grupo residual, de los que empeorarán sin asistencia y mejorarán con ella, es el que recibirá la atención del cuerpo médico.
Pregunté entonces a la reunión de consultores de Monseñor en qué grupo debíamos colocar a Venezuela: si sus males eran tan leves que sanarían por sí solos o tan graves que había que desahuciarla (como parecía sugerir la presentación episcopal), o si tenía problemas serios pero tratables que requerirían nuestro concurso. El diagnóstico fue unánime: nuestro país estaba en este último grupo del triaje. Propuse, pues, a Mario Moronta que los púlpitos católicos hablaran todos como una sola voz, en procura de la tranquilidad del paciente, requerida para que la atención “médica” pudiera conducirse eficazmente. (La agitación del paciente descosería los puntos de sutura y despegaría las líneas de suero). Además de los templos, los medios de comunicación pudieran multiplicar ese mensaje, habida cuenta del espacio que tradicionalmente conceden a la iglesia en los días santos. Monseñor Moronta dio señales de entusiasmo y solicitó que se le hiciera llegar notas escritas en ese sentido, las que recibió en Los Teques un día antes del Domingo de Ramos.
Pero entonces vino la sorpresa: Moronta llenó su sermón de las Siete Palabras en esa Semana Santa de palabras realmente incendiarias, como si en lugar de calmar el ánimo popular se propusiera exacerbarlo. Tal vez creía inminente una insurrección popular y estaba en su interés que se le contara del lado de los revolucionarios. Durante años opinó políticamente, pero nunca propuso alguna solución que no fuese la abstracta y general—e inútil—de su prédica sobre “la centralidad de la persona humana”.
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Tiempo de quedarse
A comienzos de 1983, hace ya quince años, se celebró una reunión privada de cinco muy importantes banqueros venezolanos, convocada para discutir un posible flujo negativo de caja de PDVSA que se proyectaba para fines de ese año, año electoral. En medio de la discusión se pidió a los asistentes participar en un simple ejercicio, un sencillo juego, una adivinanza.
El ejercicio consistió en leer las palabras textuales de un fragmento de discurso, y pedirles que intentaran identificar a quien las había dicho. Las palabras en cuestión se referían a un país y a sus hábitos económicos. El orador fustigaba a los oyentes y decía que en su país la gente se había endeudado más allá de sus posibilidades, que quería vivir cada vez mejor trabajando cada vez menos. Al cabo de la lectura los banqueros comenzaron a asomar candidatos: ¡Úslar Pietri! ¡Pérez Alfonzo! ¡Jorge Olavarría! ¡Gonzalo Barrios!
No fue poca la sorpresa cuando se les informó que las palabras leídas habían sido tomadas del discurso de toma de posesión de Helmut Kohl como Primer Ministro de la República Federal Alemana.
El ejemplo sirvió para demostrar cuán propensos somos a la subestimación de nosotros mismos. Si se estaba hablando mal de algún país la cosa tenía que ser con nosotros. Al oír el trozo escogido los destacados banqueros habían optado por generar sólo nombres de venezolanos ilustres, suponiendo automáticamente que el discurso había sido dirigido a los venezolanos para reconvenirles. A partir de ese punto la reunión tomó un camino diferente.
De hecho, uno de los banqueros presentes acababa de regresar de Inglaterra—recordemos que se estaba a comienzos de 1983, cuando ya había emergido el problema de la deuda pública externa venezolana tras los casos de México y Polonia—y contó una conversación con importantes banqueros ingleses que mucho le sorprendió. En esa conversación nuestro banquero, quien hacía no mucho había sido Presidente del Banco Central de Venezuela, preguntó a sus colegas ingleses si albergaban preocupación por la deuda externa de los países en desarrollo. A lo que los financistas británicos contestaron: “Bueno, sí, pero ¡la que nos tiene verdaderamente alarmados es la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica!”
Con mucha frecuencia ese autoprejuicio de muchos venezolanos llega a expresarse de modo más activo y más denigrante. Así, se niega que podamos “estar preparados” para vivir en democracia, se le tiene miedo a una Asamblea Constituyente o, más crudamente, se declara: “Venezuela es una caricatura de país”.
Pero no es preciso ser tan atrabiliario como para sentir los embates de la duda respecto de las posibilidades futuras de la nación venezolana. Muchas personas trabajadoras, honestas y patrióticas llegan a sentir el aguijón de la desesperanza y algunos buscan mudarse a otras latitudes para dejar de ver los problemas que aquejan a los venezolanos, para no pensar más en eso, para escapar a las trabas que un sistema anacrónico y disfuncional impone a su actividad empresarial o profesional.
Esa no es una estrategia constructiva. Es una actitud de evasión, de escape, de fuga.
El país está atravesando, en estos mismos momentos, por lo que tal vez llegue a ser la más importante transición en nuestra historia. No hay que perdérsela. Por lo contrario, es la hora de quedarse a producir y contemplar un soberbio espectáculo: el de un país que ha venido asimilando sufrimiento, creciendo en conciencia, aprendiendo serenamente de la adversidad, y que puede convertir ese doloroso proceso en una metamorfosis de creación política.
Las ganas de salir corriendo tal vez sean comprensibles. Más de un venezolano capaz se siente impedido, maniatado. No se pretende negar, entonces, que el país en general—sus obreros, sus científicos, sus empresarios, sus profesionales, sus trabajadores culturales—esté pasando por penurias en grado importante. Lo que se niega es la validez de una estrategia evasiva, cuando lo constructivo, lo audaz, lo inteligente, es encontrar las oportunidades que, como toda crisis, la crisis venezolana está proveyendo.
No es el momento de negarnos. Todo país próspero conoció la penuria primero que nada. Nos toca ahora a nosotros comprobar que no somos menos, no somos raza, ni cultura, ni pueblo inferior. Todo el planeta vive ahora un inmenso ajuste, que naturalmente invalida o hace obsoleto a más de un modo de vida o producción. La inteligencia está en adaptarse a esta grandísima transformación de la humanidad, aprender y hacer cosas nuevas.
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