por Luis Enrique Alcalá | Oct 30, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Entre jueves y domingo de esta semana se reunirá en Caracas la Asamblea Anual de FESELA (Federación Sefardí Latinoamericana). Al evento asistirán delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Miami. En su acepción estricta, los sefardíes o sefarditas son judíos que provienen de España. (El vocablo sefarad, que originalmente significaba “muy lejos”, sirvió para designar a la Península Ibérica). En sentido amplio, se aplica igualmente a judíos de otras regiones que siguen una liturgia similar a la de los españoles, para diferenciarlos de los judíos ashkenazim—Alemania y otras regiones de Europa—, que practican un ritual diferente.
Resulta oportuno, por tal razón, reproducir un reciente artículo de Yehezkel Dror, publicado el 5 de julio de este año en varios medios israelíes. Lleva por título “Hacia una política del pueblo judío”, y trata de las relaciones entre el Estado de Israel y los judíos de la Diáspora, como lo son los delegados a la asamblea de FESELA.
Yehezkel Dror es profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el suscrito tiene el honor y la suerte de tenerlo por amigo y mentor. El Prof. Dror es un experto de clase mundial en la toma de decisiones de alto nivel, habiendo producido una buena cantidad de obras pioneras en el campo de las policy sciences, incluyendo su clásico Crazy States, de 1971, escrito mientras se desempeñaba como Senior Fellow de la Corporación RAND. La tipología descrita en ese libro, antes de que Idi Amin Dadá, Saddam Hussein o Hugo Chávez hicieran su aparición política, describe ajustadamente los gobiernos de cada uno.
Igualmente, Dror ha servido de asesor de alto nivel al Reino de Holanda, Canadá, la Comunidad Europea y el propio Israel, donde fue consejero del primer ministro Yitzhak Rabin y antes “científico jefe” del Partido Laborista y el Ministerio de Industrias. El Club de Roma le encargó en 1994 la preparación de un monumental estudio sobre la capacidad de gobernar. Ahora preside el Instituto de Planificación de Políticas del Pueblo Judío, con sede en Jerusalén.
Por otra parte, Dror conoció y visitó frecuentemente a Venezuela entre 1972 y 1994, y aquí ofreció una buena cantidad de conferencias y talleres sobre su disciplina. A fines de 1977 dictó una conferencia patrocinada por la Secretaría del entonces incipiente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en la que se refirió a la inestabilidad intrínseca del régimen del Shah de Irán. Un año y tres meses más tarde este régimen se desplomaba, para sorpresa de las cancillerías occidentales y confirmación de la penetrante y atinada evaluación de Dror.
La lectura del artículo revelará uno de los rasgos más característicos de Yehezkel Dror: un lenguaje abrasivo que no ahorra las verdades que cree entrever. Toda su vida las ha dicho sin el menor empacho.
LEA
…
Hacia una política del pueblo judío
Entre los muchos campos en los que Israel carece de una política sustantiva, el del pueblo judío ocupa un “lugar de honor”. Se habla mucho de “la Diáspora (1) como activo estratégico” y se solicita su apoyo financiero, la palabra judaísmo se moviliza contra Irán, la tasa de asimilación se observa en shock y las emociones hierven ante los ataques antisemitas en sinagogas y cementerios. Hay alguna mejora en el cuidado de la seguridad física de comunidades en peligro. Y todo esto se acompaña de una multitud de declaraciones sobre la naturaleza de Israel como “el Estado del pueblo judío”, múltiples apariciones de líderes israelitas importantes en foros en todo el mundo y declaraciones de que aliyah (2) es la solución de todos los problemas. Pero faltan casi por completo una comprensión profunda de la dinámica del pueblo judío y una percepción correcta de los peligros emergentes en las relaciones de Israel y la Diáspora. Más aún, la construcción de una política israelí sobre el pueblo judío no está incluida en la agenda pública del país.
Estas actitudes hacia la Diáspora están enraizadas en la historia y tienen alguna justificación en las realidades del pasado (aunque creo que en esta materia David Ben-Gurión cometió uno de sus pocos errores de estadista). Pero el mundo está cambiando rápidamente, incluyendo el Estado de Israel y el pueblo judío como un todo, lo que hace que aferrarse a lo que puede haber sido eficaz en el pasado sea una prescripción confiable para un triste fracaso en el futuro. Éste es claramente el caso en asuntos de seguridad política, pero igualmente es así respecto del futuro de las relaciones Israel-Diáspora. En ausencia de un marcado viraje en la política o, más propiamente, de cualquier política real vis a vis la Diáspora, es seguro un serio deterioro de esas relaciones, con daño irreparable tanto al futuro de Israel en tanto Estado judío-sionista como del pueblo judío en dispersión.
Fuertes procesos socio-históricos redundarán en una distancia creciente entre el Estado de Israel y la Diáspora, a menos que una política innovadora impida este “natural” desarrollo. La divergencia sustancial entre la experiencia de ser un judío en Israel y la de ser uno en la Diáspora, producirá una distancia cada vez mayor entre los judíos en Israel y los de la Diáspora. Si se añade a este diagnóstico la desaparición de la generación que experimentó los dramáticos eventos del establecimiento y la construcción del Estado de Israel después de la Shoah (3)—junto con la globalización de la cultura occidental, que impacta con fuerza a la mayoría del pueblo judío en todas partes—entonces la conclusión inevitable es que hay casi total certeza de que profundos procesos históricos debilitarán y diluirán cada vez más las conexiones entre Israel y la Diáspora. Éste será el caso, a menos que tengamos éxito en doblar las trayectorias históricas en la dirección deseada.
Para hacer esto es esencial, en primer término, despojarse de ilusiones y engaños que surgen de la miope fijación en lo que tenemos en las narices, en lugar de juzgar correctamente los procesos subyacentes que moldean el futuro con fuerza. En la actualidad, Israel continúa beneficiándose de muy visibles expresiones de identificación de una parte del pueblo judío en la Diáspora: las políticas de Israel reciben amplio apoyo, el dinero llega, las delegaciones van y vienen, y se pronuncia declaraciones ruidosas. Por tal razón, los políticos israelitas, cuya vasta mayoría se concentra en lo que es obvio a la mirada, carecen de cualquier incentivo para producir una nueva gran política hacia la Diáspora, sobre todo cuando están sobrecargados con problemas actuales difíciles y los judíos de la Diáspora no votan en las elecciones del Knesset (4). Más aún, la mayoría de los hacedores de políticas en Israel, así como los intelectuales y formadores de opinión, sufren de una carencia de comprensión y de ignorancia y equivocada percepción de las realidades de la Diáspora, especialmente en lo concerniente a los estados mentales y sentimientos de la generación joven.
Aun si el tema fuere bien entendido, no es fácil establecer las relaciones Israel-Diáspora sobre una base sostenible. Pero no se trata de una misión imposible. Si somos creativos en el pensamiento y la acción, pudiera entonces moldearse procesos para corresponder a los requerimientos, incluyendo, por ejemplo:
-El desarrollo de curricula sobre el judío y el pueblo judío, a ser compartidos por Israel y la Diáspora, teniendo cuidado de ofrecer un rango de opciones que puedan alojar la diversidad en valores.
-La inclusión de programas que ofrezcan una comprensión del pueblo judío y su dinámica en los medios masivos.
-Un cambio radical en el concepto de aliyah, con el estímulo de la aliyah parcial, incluyendo múltiples residencias en Israel y la Diáspora.
-Consulta sustancial con líderes de la Diáspora sobre decisiones israelíes importantes para el pueblo judío como un todo, en cauteloso movimiento hacia el establecimiento de un “consejo consultivo del pueblo judío” relacionado con el Knesset, que esté facultado para preparar opiniones asesoras y esté compuesto por representantes de la Diáspora.
-Reconocimiento explícito y declarado del derecho de los judíos de la Diáspora de criticar políticas israelíes.
-Nuevas modalidades de inversiones judías en Israel, que combinen la rentabilidad con la expresión de solidaridad.
-Proyectos retadores compartidos, incluyendo actividades de tikkun olam (“reparación del mundo”).
-Fortalecimiento de símbolos de identificación y centros compartidos, tales como hacer a Jerusalén la capital cultural del judaísmo y el pueblo judío.
-Establecimiento de una academia de liderazgo del pueblo judío en Jerusalén, para permitir el estudio y el discurso compartidos de líderes de Israel y la Diáspora, con especial atención a los más jóvenes.
-Profundización de la naturaleza de Israel como un “Estado judío” y hacerla más visible.
Y más.
Un paso esencial para moverse en la dirección sugerida, en adición a una lectura correcta de los peligros emergentes en las relaciones Israel-Diáspora, es que los líderes judíos israelíes se perciban y comprendan a sí mismos como parte del liderazgo del pueblo judío, dirigiendo atención y esfuerzos a la mejora de la situación de los judíos dondequiera se encuentren. Con honrosas pero escasas excepciones, ese concepto no existe más que en un nivel puramente declarativo que hace más daño que bien.
Yehezkel Dror
Notas
(1) Dispersión. Emigración forzada en masa sin ánimos de colonización.
(2) Inmigración de judíos al Estado de Israel.
(3) Holocausto de los judíos bajo los nazis.
(4) El parlamento israelí.
por Luis Enrique Alcalá | Oct 23, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Es, por supuesto, muy satisfactorio que algún texto escrito por uno suscite el interés de sus lectores. Así aconteció la semana pasada con “El político virtuoso”, el artículo principal de la Carta Semanal #259 de doctorpolítico, dedicado a postular cuatro virtudes principales del buen político. Hubo quien preguntara—o me retara—directamente para saber si yo podía reportar alguna conducta mía que respondiera a la noción de responsabilidad política, dado que ésta se presentaba en el artículo mencionado como la principal de aquellas virtudes. El texto reproducido en esta Ficha Semanal #167, tomado del libro Krisis (1986), pudiera tal vez ilustrar el punto y contestar la pregunta.
El suscrito pudo imprimir en junio de 1986, gracias a la ayuda financiera de Gerd Stern, poeta, gurú de medios y gran amigo—hace tres semanas vino de Estados Unidos para regalarme una estupenda visita—dos mil ejemplares de ese libro, que había completado el Martes de Carnaval de ese mismo año y había comenzado a escribir dos meses antes. Se trataba de unas “memorias prematuras”, que habían resuelto un problema estructural de escritura. (Si escribía un “manual” de política quedarían por fuera problemas concretos de la sociedad venezolana a los que quería referirme; si escribía una suerte de “plan de la Nación” no tendrían en él cabida temas de carácter teórico o general que también quería exponer. La solución consistió en narrar lo que había venido haciendo durante los últimos tres años—1983-1985—de mi vida, a partir de mi decisión de abandonar un empleo para dedicarme a la actividad política).
El fragmento transcrito a continuación corresponde a los meses de mayo y junio de 1985, poco después de que hubiera presentado—febrero—a la consideración de un amplio grupo de venezolanos el proyecto de un nuevo tipo de organización política: la Sociedad Política de Venezuela, referida en el texto como “spV”. La revista Válvula mencionada al comienzo era el primer número de una publicación de las empresas de Andrés Sosa Pietri, el que contenía un texto de Arturo Úslar Pietri y uno mío, relativos ambos a la idea de una unión de los pueblos hispanoamericanos.
Fue Sosa Pietri quien llamara a mi casa, una vez publicado el libro y repartidos algunos ejemplares, para opinar que en él había indiscreciones que a su juicio no debiera contener; esto es, objetaba su contenido por considerarlo de mala educación. En esa oportunidad llamé su atención a una salida permitida en el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Manuel Antonio Carreño, quien en general consideraba del todo incivil y grosero que los visitantes de una casa penetraran en ella montados a caballo. El lugar de los equinos era el patio exterior, donde debían ser amarrados. Pero Carreño estimaba permisible que los médicos, en caso de emergencia, llegaran con sus corceles hasta el comedor. Dije entonces a Sosa Pietri que nos encontrábamos en emergencia política, y que yo era médico político o pretendía serlo.
Esta ficha relata mi renuencia a aceptar una honrosa posición por causa de incompatibilidad con mis percepciones, y también la desaceleración voluntaria de un proyecto político que consideraba digno, por tomar en cuenta condiciones críticas del ambiente nacional de la época—período de Jaime Lusinchi—que requerían atemperar la crítica. Creo que son ejemplos de responsabilidad política. En el texto se menciona también el concepto de una “capa de crisis”, y para el momento ignoraba la noción que luego escuché de un médico, que atendía a un pariente de mi esposa aquejado de hemorragias abdominales. Este doctor se refirió a la condición de “hemorragia por capas”, y la definió como la certeza de que sobrevendrían nuevos sangramientos junto con la incertidumbre acerca de cuál sería su localización. Estábamos, pues, claramente en crisis política para 1985, pero la inmensa mayoría de la dirigencia nacional no quiso entenderla o actuar suficientemente para conjurarla. Siete años después, alguien intentaba un golpe de Estado, y seis años más tarde asumiría la Presidencia de la República.
LEA
…
Actos responsables
A fines de mayo volví al Colegio El Ángel, por invitación de Elías Santana, para hablar a sus alumnos sobre el tema hispánico. Antes había repartido ejemplares de Válvula a los muchachos. La experiencia fue increíblemente refrescante. La tesis no tenía ninguna dificultad con los jóvenes, quienes la ven con mucho menos problema que muchos adultos.
El día 30 de ese mes almorcé con Marino Pérez Durán. Marino es un carismático profesor universitario, de origen cubano, que asesora a Krygier, Morales & Asociados. Alberto Krygier había querido que conversara con él, pues le había hecho llegar una copia del texto de febrero y Pérez Durán tenía algunos comentarios. Marino me llevó a comer unos apetitosos sandwiches cubanos que hacen en un local de la Ciudad Comercial Tamanaco. De tanto hablar no hice más que mordisquear el mío. Los comentarios de Pérez Durán eran de corte escéptico. Marino es otro de los que piensan que “hay AD y COPEI para rato”. Pero una afirmación de Marino Pérez Durán quedaría en mi mente mucho tiempo, sin que pudiera tenerle una respuesta clara hasta meses después. Su inocente pero crucial aserción fue la siguiente: “No me gusta el nombre de ‘sociedad política’ para la asociación que propones. La sociedad política es el Estado entero”.
Comenzó el mes de junio. Mes estándar de inquietud económica. Tendría que darme prisa para constituir el grupo que le había planteado originalmente a Eduardo Quintero, para el que ya había obtenido siete respuestas positivas de siete sondeos que había hecho. De lo contrario muy pronto no tendríamos con qué comer en la casa. Una interrupción del proceso fue la inesperada intervención quirúrgica de Luís Armando, mi hijo varón más pequeño. Además de descuadrarme la agenda esto introdujo una nueva minibancarrota. En el estado de mi economía un neumático dañado bastaba para desequilibrar absolutamente el precario presupuesto. Tuve que pedir ayuda. Eduardo Quintero y Carlos Zuloaga salieron adelante nuevamente, aunque mis llamadas de urgencia no hicieron nada para impresionar favorablemente a Eduardo, quien desde hacía tanto tiempo venía esperando que yo “concretara”.
El 12 de junio me invitó a almorzar Gustavo Tarre Briceño. Algo había sabido, por Eduardo Fernández, de la idea de la nueva asociación política que yo estaba promoviendo. Le expliqué un poco del asunto durante el almuerzo y le entregué una copia del texto de febrero, la que prometió leer durante su inmediato viaje a Brasil. Gustavo insistió en esa oportunidad en que mi renuncia a COPEI no sería aceptada y me invitó a participar activamente en la preparación del “congreso ideológico” de su partido. En cuanto a lo de la renuncia le dije que yo no podía regresar a COPEI y que, en todo caso, yo no había descartado aún que Eduardo Fernández fuese un candidato apoyable a la Presidencia de la República en 1988. Si llegaba a convencerme de esto, le expliqué a Gustavo, mi ayuda a Eduardo sería prácticamente imposible dentro del partido, en el que mi fuerte oposición a Caldera le resultaría altamente incómoda a Eduardo Fernández. Por lo que respecta al congreso ideológico tuve que declinar, pues Gustavo me había dicho que les hacía falta un nivel intermedio, sociológico, entre un nivel principista y filosófico que estaba confiado a Enrique Pérez Olivares y Arístides Calvani, y un nivel de políticas específicas del que se ocupaban diferentes comisiones. Gustavo creía, y me aseguró que también Eduardo, que yo era el indicado para establecer un “puente” entre esos dos niveles.
En esas condiciones, expliqué, lo que se me pedía era involucrarme en algo en lo que yo no creía, puesto que pensaba que la política ya no podía seguir “deduciéndose” a partir de un piso principista y abstracto de principios ideológicos generales. Le dije que estaba dispuesto, no obstante, a expresar mi opinión respecto del esquema general del congreso a Guillermo Yepes Boscán, coordinador del evento.
Por esos días publicó Eduardo Fernández un artículo que llamó “La conspiración satánica”, haciendo uso de la frase de Caldera de hacía unos meses. En este artículo, publicado en el diario El Nacional, Eduardo hacía una especie de retrato hablado de los “conspiradores”, advirtiendo contra quienes osaran cuestionar a los partidos, puesto que criticar a los partidos equivaldría automáticamente a denigrar de la democracia como sistema. No hacía más, pues, que repetir la falacia de la identificación de partidos concretos con democracia. A este artículo riposté en uno que envié a El Nacional bajo el título de “La conspiración angélica”. No fue publicado por mi expresa petición. Esas semanas de junio fueron unas semanas de extrema agitación nacional. Vino una nueva ronda de malas noticias del lado petrolero y fueron ésas las semanas de intensos rumores contra el Banco Unión y el Banco Latino. Pronto vendría la Asamblea Anual de FEDECÁMARAS y el ambiente se encontraba caldeado a raíz de fuertes discrepancias alrededor del órgano principal del “pacto social”, la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. La psiquis nacional se sumergió en lo que llamé una “nueva capa de crisis”. Sentí por esos días una profunda preocupación por el país. El gobierno respondió más o menos adecuadamente y pudo represar el pánico que ya amenazaba con producir graves “corridas” contra los bancos señalados por los rumores, los que fueron deliberadamente propalados. Los médicos de la Clínica Ávila, por ejemplo, en cuya sede opera una agencia del Banco Unión, fueron llamados telefónicamente por personas que permanecieron anónimas. En dichas llamadas se les informaba con todo detalle del monto de sus respectivas cuentas corrientes y se les “aconsejaba” retirar los fondos antes de la debacle que sobrevendría. Ante esta campaña el gobierno reaccionó con rápidas y eficaces declaraciones de Carmelo Lauría, quien se dejó ver junto con los principales directivos del Banco Unión. Una extraña declaración de Octavio Lepage estuvo a punto de derrumbarlo todo. Desde la primera plana de El Nacional Lepage comentaba que ¡había mucha gente ingenua que se dejaba capturar por la propaganda de los bancos en vez de fijarse en su verdadera solidez! La increíble paciencia del venezolano, tal vez más que los buenos oficios del gobierno, impidió que el pánico de esos días adquiriera las dimensiones de un colapso.
La nueva capa de crisis, sin embargo, tornó peligrosa la coyuntura. Apartando la eficacia de las campañas de descrédito contra el sistema bancario, la sensibilidad ante la situación se evidenció en un aumento claro de la reacción alérgica de los actores políticos tradicionales ante las crecientes críticas. Se reeditó, como vimos, el tema de la “conspiración satánica”, se produjeron reuniones de gobierno y oposición, y notorios aplausos y apoyos del máximo liderazgo oposicionista al discurso del Presidente de la República en la asamblea de FEDECÁMARAS, el que en su parte final hizo directa alusión al “descrédito” del sistema que significaría la continua crítica a los partidos. Hasta una que otra destitución violenta, tanto en medios públicos como privados, signó los días como unos de especial sensibilidad de los actores políticos tradicionales.
La crisis, en su nueva capa, agravó el estado de sobrecarga decisional al que está sometido nuestro sistema político. En la oportunidad de mi aparición en el programa de Carlos y Sofía Rangel recordé una anécdota de Héctor Hernández Carabaño. Cuando aún no había cumplido siquiera un año como Ministro de Educación de Rafael Caldera, en 1969, Héctor convocó a un grupo de amigos relacionados con actividades fundacionales para plantear una angustiosa situación. Su ministerio, nos explicó, era el único que, con un Congreso en manos de la oposición, había obtenido un aumento presupuestario respecto del año anterior. Había logrado ciento treinta millones de bolívares adicionales, por la época una cantidad muy considerable. Ahora bien, a las pocas semanas un conflicto laboral de los maestros había cobrado ochenta de esos ciento treinta millones. Cuarenta millones más se necesitaban para reparaciones de emergencia en aulas que amenazaban con caerse. Le quedaban diez millones de bolívares para innovar en materia de educación. Lo más grave, sin embargo, no era la escasez de fondos. Hernández Carabaño confesó no tener tiempo para una calmada reflexión sobre el futuro de la educación en Venezuela. Todo el día se la pasaba, según sus propias palabras, “apagando incendios”. Por esto nos había convocado, para que nos dedicáramos a la tarea de pensar el futuro de la educación venezolana. Dije a los televidentes de Carlos y Sofía que era ahora el gobierno en general, y todo el estrato dirigencial del país el que se encontraba sobrecargado, ante la simultaneidad y gravedad de los problemas. En tales circunstancias sentí que era en buena medida irresponsable una reiteración de la crítica y que lo requerido era un apaciguamiento y hasta un apoyo al gobierno. Así lo expresé a varios influyentes actores, pues llegué a sentir, tal vez exageradamente alarmado, que la situación de sobrecarga del sistema pudiera desembocar en apagón. Llamé a la secretaria de Alberto Quirós Corradi y le pedí que no se publicase “La conspiración angélica”, enviando en su lugar uno sobre el concepto de “democracia científica”. Envié una copia a Eduardo Fernández, sin embargo, para que supiera lo que yo pensaba de su infortunada “conspiración satánica”. En la carta que la acompañaba reiteré mi renuencia a participar en el “congreso ideológico”, repitiendo lo que le había dicho ya a Gustavo Tarre Briceño.
Por ese tiempo me pareció ajustada la siguiente imagen para la analogía con la crítica situación: la ciudadanía podría reaccionar a los planteamientos de la “spV” como los espectadores de una película que desde el comienzo muestra el desarrollo de un incendio. Un incendio, por cierto, más grande que los que Hernández Carabaño confrontó en su época. En los minutos más recientes del espectáculo, una nueva conflagración surge y pasa a primer plano. El espectador ve cómo unos protagonistas (los actores políticos tradicionales), mal que bien se afanan en controlar el nuevo episodio de fuego (por más que su técnica bomberil haya sido responsable de algunos de los puntos que arden). Entretanto, en la acera de enfrente, unos “extras” de la película (estos impertinentes y noveles actores políticos de la “spV”), estaríamos comentando críticamente sobre la organización del cuerpo de bomberos, sobre la conveniencia de regresar al color rojo de los carros-bomba según muy recientes estudios y alguna que otra exquisitez de ese tipo, cuando lo que deberíamos estar haciendo es tomar algún cubo de agua y ayudar en el control del incendio. En reversión de la analogía, más que criticar debiéramos estar proponiendo soluciones.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 16, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En la década de los años cincuenta, el geofísico norteamericano Roger Revelle publicó resultados de estudios emprendidos junto con Hans Suess, los que demostraban que los niveles de dióxido de carbono atmosférico habían aumentado con el empleo de combustibles fósiles. Al comenzar los ochenta, un representante demócrata por el estado de Tennessee, que había sido alumno de Revelle, copatrocinaba las primeras audiencias que el Congreso de los Estados Unidos dedicara al estudio de las implicaciones del calentamiento planetario y al estímulo al desarrollo de tecnologías ambientales para combatirlo. Ese representante, que para los momentos no había cumplido aún los cuarenta años, se llamaba Albert Arnold Gore, la misma persona que acaba de ser galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, por su personal e incansable campaña de concientización sobre el más grave problema ecológico de la humanidad. La preocupación de Al Gore por tan crucial tema se inicia, pues, mucho antes de que fuese derrotado, por malas artes y en mala hora, por George W. Bush en su intento por alcanzar la Presidencia de los Estados Unidos en el año 2000.
Al Gore ha luchado toda su vida por la modernidad que es posible a partir de los frutos del esfuerzo científico. Dos años antes de resultar electo Vicepresidente de los Estados Unidos, ya Senador, Gore tuvo éxito al propulsar y hacer aprobar la legislación que dio impulso definitivo a lo que hoy conocemos como Internet. (High Performance Computing and Communication Act, 1991, conocida como la “Ley Gore”). Pero también es un hombre de excepcional estatura moral. Aunque se oponía a la guerra de Vietnam y ha podido eludir el reclutamiento—aceptando un puesto en la Guardia Nacional que un amigo de su familia le había conseguido—optó por alistarse voluntariamente a fines de 1969 y sirvió cinco meses en aquel país. Cuando su hijo mayor sufrió en 1989 un accidente que casi le costó la vida, Gore prefirió acompañarle durante su larga recuperación, en lugar de dedicar los esfuerzos que se le exigían en la preparación de una campaña presidencial en 1992. Es en este tiempo que escribe Earth in the Balance, una obra sobre conservación ambiental que pronto estuvo en la lista de best sellers en The New York Times.
De modo que Al Gore no es, como alguna gente cree, un recién llegado a las lides ambientales, que hubiera encontrado causa sucedánea y de última hora para aliviarle una frustración política. Se trata de la fe de toda una vida, y pocas personas han alcanzado la gloria del Premio Nóbel de la Paz con más mérito que el suyo.
Esta Ficha Semanal #166 de doctorpolítico reproduce las palabras pronunciadas por Albert Arnold Gore, el 8 de diciembre de 1997, en Kyoto, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, cuyo Protocolo se ha negado sistemáticamente a suscribir el gobierno de George W. Bush. Este último señor jamás conocerá las mieles de un Premio Nóbel; en ninguna de sus disciplinas científicas, por supuesto que no en la literaria, y menos que menos por la Paz. El sencillo discurso de Gore, pronunciado hace casi exactamente diez años, pone en evidencia el costo que ha tenido para el mundo entero la llegada a la Casa Blanca de quien merecería con creces un Premio Atila de la Guerra.
LEA
…
Lo viene diciendo
Desde que nos reuniéramos en la Conferencia de Río en 1992, un consenso tanto científico como político ha recorrido un largo camino. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, podremos ver cuán extraordinario es realmente este encuentro.
Hemos alcanzado una etapa fundamentalmente nueva en el desarrollo de la civilización humana, en la que se hace necesario asumir la responsabilidad de una reciente pero profunda alteración de la relación entre nuestra especie y nuestro planeta. A causa de nuestros nuevos poderes tecnológicos y nuestro creciente número, debemos ahora poner cuidadosa atención a las consecuencias de lo que le estamos haciendo a la Tierra, especialmente a su atmósfera.
Hay otras partes del sistema ecológico de la Tierra que también están amenazadas por el impacto crecientemente áspero de una desconsiderada conducta:
*El envenenamiento de demasiados lugares en los que vive la gente—especialmente la gente pobre—y las muertes de demasiados niños—especialmente los niños pobres—por agua contaminada y aire sucio;
*El peligroso e insostenible agotamiento de los bancos de peces; y
*La rápida destrucción de hábitats críticos—bosques pluviales, bosques templados, bosques boreales, tierras húmedas, arrecifes coralinos y otros preciosos manantiales de diversidad genética de los que depende el futuro de la humanidad.
Pero la parte más vulnerable del ambiente de la Tierra es la muy delgada capa de aire colgada cerca de la superficie del planeta, que tan descuidadamente llenamos ahora con desechos gaseosos que en verdad alteran la relación entre la Tierra y el Sol, atrapando más radiación solar bajo esta creciente manta de polución que cubre al mundo entero.
El calor extra que no puede escapar está comenzando a cambiar los patrones globales del clima, a los que estamos acostumbrados y a los que nos hemos adaptado en los últimos 10.000 años.
La semana pasada, los científicos nos han informado que este año, 1997, al que sólo le quedan tres semanas, será el año más caluroso desde que guardamos registros. De hecho, nueve de los diez años más calurosos desde que se comenzara a medirlos nos han llegado en los últimos diez años. La tendencia es clara. Las consecuencias humanas, y los costos económicos de la inacción son impensables. Más inundaciones y sequías récord. Enfermedades y pestes extendiéndose a nuevas áreas. Cosechas fallidas y hambrunas. Glaciares derretidos, tormentas más fuertes y mares elevados.
Ahora nuestro reto fundamental es encontrar cómo podremos cambiar los comportamientos que están causando el problema.
Hacerlo requerirá humildad, puesto que las raíces espirituales de nuestra crisis son la soberbia y una falta de comprensión y de respeto por nuestras conexiones con la Tierra de Dios y con nosotros mismos.
Cada una de las 160 naciones aquí representadas ha traído puntos de vista únicos a la mesa, pero debemos todos entender que nuestro trabajo en Kyoto es sólo un comienzo. Ninguna de las propuestas acá debatidas resolverá completamente el problema por sí misma. Pero si aquí comenzamos con buen pie, rápidamente podremos cobrar impulso mientras aprendemos juntos cómo afrontar este desafío. Nuestro primer paso deberá ser establecer límites realistas, logrables y obligatorios a las emisiones, lo que creará nuevos mercados para nuevas tecnologías y nuevas ideas que, a su vez, expandirán las fronteras de lo posible y crearán nueva esperanza. Otros pasos seguirán, y en último término lograremos un nivel global seguro de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera de la Tierra.
Ésta es la aproximación paso a paso que acogimos en Montreal hace diez años para acometer el problema de la disminución de ozono, y está funcionando.
En esta oportunidad, el éxito requerirá que, primero y principal, sanemos las divisiones entre nosotros.
La primera y más importante tarea de los países desarrollados es la de escuchar las necesidades inmediatas del mundo en desarrollo. Y déjenme decir que los Estados Unidos han escuchado y han aprendido.
Entendemos que su primera prioridad es elevar a sus ciudadanos sobre la pobreza, de forma que muchos sobrevivan y construyan economías fuertes que garanticen un futuro mejor. Éste es vuestro derecho: no será ignorado.
Y permítanme ser claro en nuestra respuesta a ustedes: no queremos hundirnos en una falsa división. La reducción de la pobreza y la protección del ambiente terrestre son ambos componentes críticos de un desarrollo verdaderamente sustentable. Queremos forjar una sociedad duradera para lograr un porvenir mejor. Una de sus claves es la movilización de nuevas inversiones hacia sus países para asegurar que tengan estándares de vida superiores, con tecnologías modernas, limpias y eficientes.
Esto es lo que nuestras proposiciones de negociación e implementación conjunta sobre las emisiones procuran obtener.
A nuestros socios en el mundo desarrollado, déjenme decirles que también hemos escuchado y aprendido de ustedes. Comprendemos que mientras compartimos un objetivo común, cada uno de nosotros enfrenta retos particulares.
Ustedes han exhibido aquí un liderazgo, y por ello estamos agradecidos. Vinimos a Kyoto a encontrar nuevas maneras de salvar nuestras diferencias. Al hacerlo, sin embargo, no debemos desmayar en nuestra resolución. Por nuestra parte, los Estados Unidos permanecen firmemente comprometidos con una meta fuerte y vinculante que reducirá nuestras emisiones en cerca de 30%, un compromiso tan fuerte o más que los que hemos oído acá de cualquier país. El imperativo acá es hacer lo que prometemos, más que prometer lo que no podemos hacer.
Todos nosotros, por supuesto, debemos rechazar el consejo de quienes nos piden creer que realmente no hay ningún problema en absoluto. Conocemos sus argumentos; hemos oído a otros como ellos a través de la historia. Por ejemplo, en mi país recordamos a los voceros de la industria del tabaco insistir por mucho tiempo que fumar no hacía daño. A aquellos que buscan ofuscar y obstruir les decimos: no permitiremos que coloquen sus estrechos intereses especiales por sobre los intereses de toda la humanidad.
Entonces, ¿qué proponen los Estados Unidos que hagamos?
La primera cualidad de cualquier proposición debe ser su mérito ambiental, y la nuestra es ambientalmente sólida y sensata.
Es fuerte y comprehensiva, pues abarca los seis gases de invernadero significativos. Reconoce el vínculo entre el aire y el suelo, incluyendo tanto fuentes como sumideros. Provee las herramientas para asegurar que las metas se cumplan, al ofrecer negociación sobre emisiones, implementación e investigación conjunta como poderosos motores del desarrollo y transferencia de tecnología. Reduce todavía más las emisiones, por debajo de los niveles de 1990, a partir de 2012 en adelante. Provee los medios de asegurar que todas las naciones puedan unírsenos en sus propios términos para confrontar este desafío común.
Es también económicamente razonable, y con una estricta vigilancia y rendición de cuentas, garantizará que mantengamos nuestro pacto el uno con el otro.
Sea que lleguemos o no acá a acordarnos, emprenderemos pasos concretos para ayudarnos a enfrentar este reto. El presidente Clinton y yo mismo entendemos que nuestra primera obligación es la de enfrentar este asunto en nuestro país. Me comprometo con ustedes hoy a que, preparados para actuar, los Estados Unidos actuarán.
Por mi parte, he venido aquí a Kyoto porque estoy tanto determinado como optimista de que podremos tener éxito. Creo que al reunirnos en Kyoto ya hemos logrado una victoria importante, una a la vez de substancia y espíritu. No tengo dudas de que el proceso que hemos iniciado acá inevitablemente conducirá a una solución en los días o años por venir.
Algunos de ustedes, quizás, han oído que el presidente Clinton y yo hemos recalentado las líneas telefónicas, consultando y compartiendo nuevas ideas. Déjenme hoy añadir esto: después de hablar esta mañana con nuestros negociadores y luego de hablar por teléfono hace pocos minutos con el presidente Clinton, estoy instruyendo ahora mismo a nuestra delegación para que muestre una mayor flexibilidad de negociación en caso de que pueda establecerse un plan comprehensivo, uno de metas y cronogramas realistas, con mecanismos de mercado y la significativa participación de países en desarrollo clave.
Antes en este siglo, el montañista escocés W. H. Murray escribió: “Hasta que uno se compromete hay dubitación, el chance de retroceder, la ineficacia siempre. En lo tocante a todo acto de iniciativa hay una verdad elemental, cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes: que en el instante en que uno definitivamente se compromete, la Providencia también se pone en movimiento”.
De manera que empujemos hacia adelante. Resolvámonos a conducirnos de tal modo que los hijos de nuestros hijos lean acerca del “Espíritu de Kyoto” y recuerden bien el tiempo y el lugar donde la humanidad optó, por vez primera, por embarcarse junta en una relación sostenible a largo plazo entre nuestra civilización y el ambiente de la Tierra.
En ese espíritu, trascendamos nuestras diferencias y comprometámonos a asegurar nuestro común destino: un planeta completo y sano, cuyas naciones estén en paz y sean prósperas y libres; y cuya gente, en todas partes, sea capaz de alcanzar el potencial que Dios le dio.
Gracias.
Al Gore
por Luis Enrique Alcalá | Oct 9, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Con esta Ficha Semanal #165 de doctorpolítico se completa la reproducción de observaciones que el suscrito remitiera a la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello, con ocasión de refutar un récipe dictatorial adelantado por el Sr. Wolfgang Schalk, el 27 de marzo de 2005.
En esa comunicación se describe un tratamiento que estuvo disponible a comienzos del año 2002, antes del frustrado y muy erróneo intento político encabezado por Pedro Carmona Estanga. De hecho, el procedimiento de abolición fue expuesto escuetamente por vez primera el 25 de febrero de 2002, en el programa Triángulo transmitido por Televén.
Al comienzo la idea suscitó algún interés. Marta Colomina y Rafael Poleo escribieron o solicitaron artículos sobre el tema, y algunas emisoras de radio del interior transmitieron programas al efecto. Hermann Escarrá dejó con la primera de los nombrados un número telefónico para que el suscrito le llamase, cosa que ocurrió el viernes 8 de marzo de ese año. Después de declarar que mi idea y mi argumentación eran, “como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correctas”, Escarrá anunció una próxima reunión—”un almuerzo, un té”—que hasta los momentos no se ha producido.
Las condiciones políticas existentes poco antes del 11 abril de 2002 se han perdido hace rato. El “carmonazo” y el intento de derrocar una segunda vez a Hugo Chávez mediante el paro de 2002-2003 hicieron un daño casi irreparable. En los actuales momentos es prácticamente muy difícil la abolición democrática del régimen de Hugo Chávez. No obstante, las situaciones políticas son de suyo fluidas, y no es impensable un deterioro acusado en el apoyo ciudadano que el gobierno de éste ahora disfruta. Por tal razón resulta conveniente entender el procedimiento que se describe en lo que sigue; tiene un valor y una utilidad latentes que pudieran irrumpir en el momento necesario.
Esta comprensión exige una toma de conciencia: la de que somos los ciudadanos, en tanto Poder Constituyente Originario, un poder supraconstitucional. No necesitamos pensar en el bendito Artículo 350 de la Constitución de 1999, que por otra parte se esgrime como base de un tratamiento “constitucional” que de seguidas prescribe inconstitucionalmente una dictadura. El 25 de marzo de 2004 decía la Carta Semanal #79 de doctorpolítico: “Es preciso salir de la caja de la Constitución de 1999, cayendo en la cuenta de que en realidad estamos por encima de ella”. Y en la #82, del 15 de abril de ese mismo año, esto: “Es como Corona que debemos pensarnos. Es ésta la conciencia que debemos adquirir. Que desde nuestra majestad serenísima podemos hacerlo todo. Incluso sustituir un Estado por otro”. No somos nosotros súbditos de Chávez; nosotros seguimos siendo el rey.
LEA
…
Explicación paciente (y II)
Ahora debemos considerar la premisa auxiliar del razonamiento de Schalk: que agotada sin éxito la avenida revocatoria ya no quedaría salida constitucional, democrática y electoral a la creciente dominación, dado que las elecciones presidenciales de 2006 serán de nuevo objeto de fraude, tal como el 15 de agosto y el 31 de octubre habría habido fraude. Comoquiera que la última parte de esta premisa ya ha sido refutada, queda entonces el examen de otras avenidas posibles. Esto es ¿existe alguna ruta democrática, distinta de un revocatorio y unas elecciones para salir del presente gobierno?
Sí la hay, y siempre la hubo. Entenderla requiere comprender cuál es el basamento mismo de la idea de democracia, y haberse percatado de que nuestra doctrina constitucional, la misma que abrió las puertas al proceso constituyente, nos ofrecía la clave de este asunto.
Los pueblos tienen el derecho a la rebelión. Tal vez el documento en el que se registre la más clara y sucinta formulación de este principio sea la Declaración de Derechos de Virginia, del 12 de junio de 1776, tres semanas antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En su Sección Tercera dice: “…cuando cualquier gobierno se revele inadecuado o contrario a estos propósitos (el beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, nación o comunidad) una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e inanulable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera que se juzgue la más conducente al bienestar público”.
Pero la clave de ese texto reside en la estipulación del único sujeto de ese derecho. Es una mayoría de la comunidad el único titular de ese derecho. Ese derecho no reside en Fedecámaras, o en una determinada iglesia, o en la Gente del Petróleo o en la Red de Veedores; mucho menos reside en un puñado de comandantes que juraran prepotencias ante los restos de un glorioso y decrépito samán. Cualquier grupo o cábala de conspiradores que se arrogue ese derecho lo usurpa abusivamente. Es sólo una mayoría de la comunidad, regla democrática por excelencia, la que puede decretar la abolición de un régimen que no convenga a la Nación.
Para ponerlo más claro, si una mayoría de los Electores venezolanos-es decir, de los venezolanos con derechos políticos-decide que determinado gobierno suyo debe cesar, ese gobierno habrá quedado abolido de pleno derecho, aunque la figura de la abolición misma no esté contemplada en la Constitución, y a pesar de esto último tal cosa sería un acto plenamente constitucional.
Demostrar la veracidad de esta afirmación aparentemente contradictoria, más allá de la fundamentación lógica y principista de la idea misma de democracia, sólo requiere retrotraernos al 19 de enero de 1999. En ese día la Corte Suprema de Justicia decidió sobre un recurso de interpretación del Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, por el que se preguntaba al Máximo Tribunal si podía emplearse lo previsto en esa estipulación para convocar un referendo consultivo en que se preguntase al pueblo si quería convocar y elegir una asamblea constituyente, a pesar de que este tipo de institución no estuviese contemplada en la constitución de 1961, que era la vigente en el momento.
El Art. 181 precitado formaba parte de la reforma a la ley de diciembre de 1997, por la que un título enteramente nuevo (VI. De los referendos) se había introducido. Especificaba que podía convocarse a referendo—el Presidente en Consejo de Ministros, dos terceras partes del Congreso, o 10% de los Electores—“con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”.
La Corte Suprema de Justicia decidió, sabiamente, que sí se podía emplear el Art. 181 para esa consulta específica. A partir de acá el camino quedó despejado para la Constituyente de 1999.
¿Cuáles fueron los argumentos impecables de la decisión? El argumento central es la declaración de que el Poder Constituyente Originario, esto es, el Pueblo, posee un carácter supraconstitucional, está por encima de la Constitución, de cualquier constitución. Esto es así porque la constitución emana del Pueblo, no a la inversa: el Pueblo no emana de la constitución. (Alguien que siempre tuvo claro este concepto fue Monseñor Dupuy, el hasta hace poco Nuncio Apostólico de Su Santidad. En discurso pronunciado a fines de 2002 enunció lo siguiente: “Con el mayor respeto, podríamos decir de la Constitución de un Estado lo que el Señor decía del sábado: así como el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así una Constitución está hecha para el pueblo y no el pueblo para una Constitución”).
A mayor abundamiento, la Corte especificó que las constituciones limitan a los poderes constituidos, jamás al Poder Constituyente Originario. Es decir, limitan al Poder Ejecutivo, a la Asamblea, al propio Máximo Tribunal, pero no pueden limitar a su fuente y origen; no pueden limitar al Pueblo. Y por si fuera poco aclaró todavía que no todo lo que es constitucional está contemplado en una constitución específica, que el reino de lo constitucional no se agota en el texto de una constitución concreta.
Ajá. ¿Quién podría objetar entonces que el mismo Pueblo, en su calidad de Poder Constituyente Originario, por regla de mayoría, decidiera soberanamente la abolición de este régimen, aun cuando la Constitución no contemplara esta posibilidad? ¿No quedamos en que esa constitución no puede limitar al Soberano?
De manera que hubiera bastado, cuando entre 2002 y 2003 éramos clara mayoría que abominaba del gobierno, producir un Acta de Abolición que fuera refrendada por la mitad más uno de los Electores para causar, de pleno derecho, la abolición del mismo. Y esta posibilidad permanece abierta todavía.
No es éste el sitio para discutir la ingeniería de un acto tal. Baste señalar que siempre hemos podido—con la ayuda de Súmate, por ejemplo—asentar nuestra decidida opinión ciudadana. También debe indicarse que un acto así, una decisión expresa del Soberano en su carácter de Poder Constituyente Originario, no es un acto electoral, y por tanto no tiene por qué atenerse a control por parte del Consejo Nacional Electoral, órgano de poder constituido sobre el que justamente recaen nuestras peores sospechas.
Veamos ahora un momento una cierta redacción de un Acta de Abolición, formulada en 2002:
“Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando
Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,
Que el gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,
Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”.
Una peculiaridad de este tratamiento, ausente del arsenal terapéutico de la Coordinadora—enmienda para recorte de período, referendo consultivo (“¡No vinculante pero sí fulminante!”), referendo revocatorio, nueva constituyente, exigencias de renuncia mediante presión de un paro, desobediencia civil según el Art. 350 de la Constitución—es que contiene una orden específica y definitiva a la institución militar. Ya no se trata de incitarles al golpe de Estado, sino de exigir su acatamiento al último y superior de todos los poderes, al Pueblo, en quien reside la soberanía.
En la calle, por ejemplo, ya no debíamos salir a pedir la renuncia presidencial, o el adelantamiento de elecciones. No debíamos marchar para pedir; debimos salir a mandar, que es algo bien distinto.
Por supuesto, para llegar a este estado de conciencia era preciso abandonar ciertas reticencias. La posición de Primero Justicia, por ejemplo, que conoció de primera mano la existencia de esta posibilidad (en momentos cuando abogaba por una imposible enmienda para el recorte del período, en marzo de 2002), fue la de declarar que la decisión de la Corte del 19 de enero de 1999 había sido un “quinto terremoto” horrible, que con el “Viernes Negro”, el “caracazo”, las intentonas de 1992 y el triunfo de Caldera, habían puesto en peligro nuestra hasta entonces feliz existencia democrática. (El argumento de Julio Borges fue expresado en varias formas, incluyendo artículos de prensa. El 13 de marzo de 2003 lo puso así en foro realizado en el Colegio San Ignacio: “El quinto atropello ocurre en 1999 cuando la Corte Suprema de Justicia ordena y consagra la destrucción total de las Instituciones”).
Ya que estoy en esto, debo decir que el tratamiento de abolición fue expuesto públicamente, por prensa, radio y televisión, la primera vez el 25 de febrero de 2002, con alguna antelación al “carmonazo”, y por tanto fue conocido por los principales factores que conformaron la Coordinadora Democrática y rechazado por ellos, algunos de los cuales—como por ejemplo la “Gente del Petróleo”—recibieron profusa y detallada información acerca del instrumento. Quizás se les exigía mucho: que cambiaran su protagonismo para reconocer y propiciar el del enjambre ciudadano como un todo.
En síntesis, la misma medicina que se usó para detonar el proceso constituyente de 1999-2000 podía y puede aplicarse para provocar, en acto inapelable y profundamente democrático, la cesación del régimen que cada vez más nos sojuzga, valido de su arrogante pretexto revolucionario. No es cierto, por tanto, que luego del agotamiento del revocatorio, no haya forma democrática de resolver nuestro más agudo problema. La abolición del régimen es una posibilidad enteramente democrática y, más aún, perfectamente constitucional.
De nuevo, estoy a la orden para explicar con más detalle estas cosas: la ingeniería necesaria—¿cómo se materializa en la práctica la abolición?—o si García Carneiro acataría una disposición soberana semejante. Quien desee más información al respecto no tiene sino que pedírmela, aunque creo que sería mucho mejor un foro especial de la Red de Veedores sobre el tema, para ventilar en vivo este asunto. Escribir correos tan largos como éste es un procedimiento verdaderamente engorroso, y ciertamente un abuso contra el tiempo de los miembros de la Red. Aprovecho para ofrecer mis excusas por la elefantiásica longitud de esta comunicación.
….
Apartando las consideraciones precedentes, debo observarle a Wolfgang Schalk que nadie tiene la menor capacidad de garantizar que “una dictadura férrea” sea mejor remedio que la enfermedad, o que la misma se conformaría mansamente con “dos o tres años” de dominio absoluto. Veo en esta noción mucho de ingenuidad, por más que, repito, entienda su angustia y aprecie la sinceridad y no poca valentía con las que propone su récipe. Esta proposición de Schalk equivale, en primer término, a la anulación de nuestra libertad; luego, por lo que toca a la condición de una espada de Damocles de la ONU (gracias a Dios que no prescribe una intervención norteamericana directa) se trata de abdicar nuestra soberanía nacional en agentes externos.
No puedo, por tanto, estar de acuerdo con la receta Schalk.
Por último, creo que aun en las actuales condiciones no es del todo imposible, aunque sí muy improbable, vencer a Chávez en las elecciones de 2006. Por una parte, habría que fajarse con la batalla por obtener un CNE más confiable que el que tenemos. Tenemos que morder esa pata sin aflojar. Así han asumido esta estrategia Súmate y la Fundación Verdad Venezuela, liderada por Tulio Álvarez. Es de lamentar que se trate de iniciativas paralelas y no unidas.
Luego, sólo podría ser una exitosa contrafigura de Chávez quien sea capaz de articular un discurso desde un nivel superior, superpuesto más que opuesto, y ofrecerlo al país. Nuestros políticos convencionales, todos, están genéticamente impedidos, a pesar de su esfuerzo y las buenas intenciones que puedan animarlos, de calzar esos zapatos. Y comoquiera que se requeriría entonces un actor no convencional, habría que vencer la resistencia de los principales asignadores de recursos financieros y espacios comunicacionales, que prefieren malo conocido a bueno por conocer, que resisten las conductas atípicas de los verdaderamente competentes y que, en algunos casos, parecen percibirse ellos mismos como el candidato idóneo para la tarea. He aquí la principal causa de improbabilidad.
La verdadera base del experimento chavista es su interpretación de la sociedad, de su historia, de la política, la que ha logrado vender eficazmente y de modo persistente a través de su bombardeo comunicacional. Roberto Smith llama a esto con un sugestivo nombre: la “narrativa” del gobierno.
Mientras no exista otro paradigma por ofrecer, continuaremos en lo mismo. Aquella divertida cuña televisiva—“¡Mamá! ¡Federico me está molestando!”—ilustra lo que ha sido en gran medida el protocolo opositor predominante: a Chávez se le acusa, pero no se le refuta. Y hoy continúan acusando, ahora ante Condoleezza Rice, quienes hasta hace nada acusaban ante nuestros militares y ponían sus esperanzas en un alzamiento.
No había que acusar; había que mandar. Todavía podemos hacerlo.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Oct 2, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Como fuera expuesto en la Carta Semanal #253 de doctorpolítico (Cepa resistente) del 6 de septiembre de este año, renace ahora, como en la vecindad de cada proceso electoral, la receta de abstención, agitación y deposición de Hugo Chávez Frías. Luego de los traspiés opositores del año 2004—referendo revocatorio del 15 de agosto y elección de gobernadores y alcaldes del 31 de octubre—un miembro de la Red de Veedores de la Universidad Católica Andrés Bello, el Sr. Wolfgang Schalk, llegó incluso al punto de recomendar un “cambio brusco” de régimen, que debía continuarse con una “dictadura férrea” que, a su criterio, debía durar unos dos a tres años con posterioridad a la deposición del actual Presidente de la República. Esto es, el Sr. Schalk recomendaba algo así como un período de Pinochet recortado.
Esta Ficha Semanal #164 y la que seguirá la semana que viene contienen, dividida en dos partes, la consideración que el suscrito remitió a la Red de Veedores el 27 de marzo de 2005, la que resultó ser un documento de considerable extensión. En ella acopié paciencia para discutir respetuosamente la recomendación del Sr. Schalk, la que hasta entonces no había sido rebatida por ningún otro de los miembros de la red.
El ponente de la dictadura, a juzgar por sucesivos intercambios, nunca llegó a entender de un todo las observaciones que atiné a organizar. Dado que el intercambio epistolar es algo complicado para discutir tan grave tema, sobre todo si había remitido una argumentación muy extensa, invité reiteradamente a la Red de Veedores a que convocara una reunión destinada a debatir el asunto en vivo. (La Red de Veedores de la UCAB ha organizado más de una sesión “presencial”, justamente para deliberar en conjunto sobre algún tema de interés). Esto no ocurrió, pues la Red no sólo nunca supo, pudo o quiso organizar ese debate público, sino que jamás se dio por aludida en lo tocante a la reiterada invitación a discutir el punto.
En los actuales momentos la voz cantante de la tesis insurreccional la lleva el autodenominado “Comando Nacional de la Resistencia”, cuyo operador principal es el Sr. Oscar Pérez, y cuya figura estelar es el abogado Hermann Escarrá. Antes, por supuesto, han comulgado con sus tesis, nada originales, figuras como Oswaldo Álvarez Paz, Alejandro Peña Esclusa, Robert Alonso y otros, y organizaciones como el extinto “Bloque Democrático”, al que muchos de ellos pertenecieron. Como ha destacado recientemente el encuestador Oscar Schemel, la renuencia mayoritaria a conceder a Chávez la posibilidad de reelección indefinida, que pudiera expresarse en una derrota de éste en el referendo inminente, está siendo erosionada gravemente por la acción corrosiva de prédicas como la del Dr. Escarrá. Como quiera que su postura es prácticamente idéntica a la sostenida por el Sr. Schalk hace un poco más de dos años, la lectura de los comentarios del suscrito, en esa ocasión, pudiera ser de alguna utilidad.
LEA
…
Explicación paciente (I)
Hola, amigos de la Red de Veedores. Como expliqué antes, debía salir de alguna carga de trabajo antes de comentar sobre el importante debate que se ha suscitado a partir de una prescripción de Wolfgang Schalk, y que espero pueda conducirse sin la necesidad de los ataques personales que ya han emergido en este caso, lamentablemente. La discusión en este espacio debiera mantenerse enfocada a la contraposición de ideas, respetando a quienes las emitan aunque no estemos de acuerdo con ellas. Una de las más primitivas falacias que la lógica conoce es el argumento ad hominem, por el que se pretende invalidar alguna tesis sin referirse a ella, sino mediante descalificación de quien la pronuncia. Desde el punto de vista lógico un “razonamiento” de esa clase no tiene la menor validez. Si esta Red debe considerarse un espacio de altura, tanto por la seriedad del debate como por guardar el debido respeto, nos debemos a nosotros mismos una discusión responsable. De no comportarnos así ¿qué autoridad moral tendríamos para oponernos a quienes no respetan tan elementales reglas? En buena parte de la interacción de esta Red pareciera argumentarse desde una cierta indignación moral. Mucho de la discusión se conduce poco clínicamente, en una constante condena, en una fijación sobre el mal. Si bien esta manera puede servir para desahogo emocional, para ventilación de nuestras angustias, no es demasiado conducente al análisis sereno de las cosas y tampoco podrá servir de base a la invención de soluciones eficaces. Más allá de acusar incesantemente al régimen es necesario refutarlo. Esto no debiera ser un torneo para ver quién es capaz de ofrecer el inventario más completo de los desaguisados del gobierno, una incesante enumeración de anécdotas preocupantes. En gran medida, con esa conducta hacemos el juego a un régimen que procura, precisamente, mantener indignada a una parte de la población a la que desprecia.
El presente debate se origina en un récipe de Wolfgang Schalk, quien propone: “Por consiguiente, aquí debe venir un cambio brusco de gobierno y se debe crear una dictadura férrea por lo menos 2 a 3 años con el compromiso por escrito y ante organismos internacionales que va a haber elecciones en el tiempo previsto, so pena de ser tomado por una fuerza militar internacional de la ONU”.
No hay que despreciar esta tesis. Esa recomendación es ofrecida, estimo, desde una sincera convicción personal y una legítima preocupación por el país. Hay que considerarla, en cambio, comprensiva y desapasionadamente, y ver si el teorema sobre el que se sustenta resiste el análisis. (Dicho sea de paso, éste es el mismo método que habría que aplicar, para ser consistentes, al discurso del gobierno. También en el gobierno hay quienes creen sinceramente, basados en otros teoremas alternos, que la dominación totalitaria se justifica, en razonamiento formalmente muy parecido al ofrecido por Schalk).
¿Cuál es el teorema que está detrás de la recomendación arriba copiada? ¿Qué necesitamos como hipótesis para demostrar a lo Euclides lo que propugna Schalk?
La premisa mayor es, por supuesto, que es preciso salir del gobierno cuanto antes. Es la suposición constante y suprema de la oposición desde hace más de tres años, y cabe acá destacar que el énfasis, durante todo el período, ha estado en el “cuanto antes”.
La otra premisa sostiene que no es posible derrotar electoralmente al gobierno, pero ésta es a su vez sustentada sobre la convicción de que el 15 de agosto y el 31 de octubre hubo un fraude electoral sistemático, mediante el cual se habría escamoteado el triunfo a la opción del “Sí” en el referendo revocatorio y a más de un candidato a gobernador de la oposición. Esta última impresión se ha convertido para algunos en un verdadero dogma de fe, literalmente una creencia religiosa.
Finalmente, una premisa complementaria es que, agotado el revocatorio, no quedaría ningún camino constitucional o democrático para resolver el problema principal.
Si estas hipótesis o premisas se aceptaran, el teorema fluye por sí solo hacia su tesis: no habría sino la salida violenta.
Lo demás son variantes o desarrollos ulteriores. Por ejemplo, que a la cesación del presente gobierno debe venir una dictadura, lo que en sí mismo lleva otra premisa oculta, subyacente: que sólo una dictadura pudiera manejar el postchavismo. (Schalk recomienda dos o tres años de este remedio. Otros que opinan que lo que está alrededor de nosotros es un pueblo díscolo e indigno de democracia, prescribirán dictaduras de mayor duración).
O, por ejemplo, hay quienes argumentan que la única salida, la violenta, ya no podría esperarse de los militares venezolanos—porque estarían tanto adoctrinados como corrompidos o comprados, y penetrados y controlados por comisarios—y por consiguiente sólo una intervención de los Estados Unidos resolvería el asunto. No nos quedaría otro remedio. Ya se han visto artículos de prensa en esta dirección, como si se estuviera preparando el terreno.
Puedo aceptar la primera premisa. A pesar de que el gobierno deriva su fuerza argumental de la realidad de la pobreza nacional y suramericana, de una larga historia de intervenciones estadounidenses en nuestra política, de la conveniencia de un mondo multipolar, de lo avanzado que es el concepto de una democracia participativa respecto de una democracia meramente representativa, este gobierno no tiene razón. Ninguna de estas cosas puede esgrimirse como coartada para una dominación como la que gradualmente se extiende en Venezuela. Para usar una cierta redacción de fines de 2002: “El gobierno presidido por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías se ha mostrado evidentemente contrario a los fines de la paz y la prosperidad de la Nación, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto”. Ninguna coartada revolucionaria puede excusar este desempeño.
El gobierno actual configura una clarísima patología política que en términos oncológico-políticos es una tumoración maligna. Es una tumoración porque no se trata de un proceso infeccioso, inoculado a nuestro cuerpo social por algún agente externo, como con la picada de un anofeles o un zancudo de patas amarillas. Se trata de células de nuestro propio cuerpo social. Estaban en nuestro interior.
Y es un proceso maligno porque lo que produce no son en absoluto soluciones eficaces a nuestros males, a nuestra previa insuficiencia política, aún presente, y que de paso permitió la emergencia del cáncer. El presidente Chávez podrá creer que sus políticas curarán a Venezuela de sus males, pero la verdad es que no sabe cuáles son los remedios que servirían. Es peligroso. No es lo mismo un autócrata presidiendo un programa eficaz, que otro dirigiendo una terapéutica fundamentalmente equivocada. Ni siquiera un demócrata que actúe desde convicciones fundamentalmente equivocadas puede ser beneficioso. Y las autocracias, de cualquier signo que sean, son en sí mismas patogénicas, dañinas, deletéreas.
De modo que sí; estoy de acuerdo conque ahora es el chavoma en pleno desarrollo nuestro principal problema político, y que su remoción exitosa, cuanto antes (en vista de que no cesan sino aumentan sus efectos negativos), es objetivo prioritario. Pero en un cotejo entre eficacia y eficiencia me quedo con la primera cualidad. La eficiencia tiene que ver con el tiempo, con ese “cuanto antes”. La eficacia tiene que ver con lo que es más importante: el desalojo de Chávez del poder. Y antes he insinuado que el énfasis en lo eficiente, el desesperado e inmaduro inmediatismo ha impedido la eficacia, que es lo que verdaderamente nos interesa.
Encuentro ya más dificultades con la segunda de las premisas: que no es posible salir electoralmente de esta situación. Como dije, esta tesis se sustenta sobre la persuasión de que el 15 de agosto hubo más “Síes” que “Noes”, y que el 31 de octubre se le robó sus gobernaciones a Mendoza, Lapi, Salas Feo, etc. Tal persuasión, sin embargo, está completamente equivocada.
El domingo 15 de agosto de 2004 hubo más personas que rechazaron la revocación que las que la exigían. Eso lo saben todos los encuestadores serios del país. Eso lo saben, y lo sabían antes del 15 de agosto, los dirigentes de la Coordinadora Democrática, pues habían recibido justamente las advertencias de esos encuestadores. Este conocimiento les hace terriblemente culpables, porque luego vocearon la tesis del fraude como racionalización salvadora de su incompetencia, y con eso alimentaron la marcada propensión a abstenerse en las elecciones del 31 de octubre, que facilitó las cosas a la casi caída y mesa limpia del gobierno.
Nada de lo que fue argumentado a posteriori por las más calificadas voces de la Coordinadora puede ocultar el hecho de que hasta cuarenta y ocho horas antes del referendo revocatorio la prédica de esa cúpula era la siguiente: “Ciudadano, vaya usted a votar, porque el fraude es imposible, el proceso está blindado, está garantizado por la observación internacional que nos merece toda confianza, y las discrepancias detectables en el REP no pasan de 1%”. Todos sabemos cómo fue que después alegaron que lo que era imposible había sucedido, que el asunto no estaba blindado después de todo, que la observación internacional había capitulado y se había vendido, etc.
En otro lugar he escrito sobre este vergonzoso proceso. Quienes quieran conocer con mayor detalle tres textos sucesivos en torno a este asunto pueden tenerlos con sólo pedírmelo. Con gusto los enviaré a sus direcciones electrónicas individuales, porque reproducirlos acá haría interminable esta comunicación, que ya es larga y todavía está empezando. (Uno de los textos, por ejemplo, hace una disección del celebrado informe Haussman-Rigobón, con la que se expone la invalidez de sus pretensiones).
Acá cabe ahora la siguiente importante salvedad. El 15 de agosto hubo más “Noes” que “Síes”, pero el acto revocatorio como tal estuvo precedido de abusos y ventajismos gubernamentales de toda clase, de descarado populismo sobornador, de amedrentamiento, de impedimento, factores todos que hicieron ineludible la derrota de una oposición liderada desde una perspectiva estratégica equivocada, inepta. Ese liderazgo, incapaz de resolver los problemas de fondo en la opinión nacional, dilapidó el enorme capital político que hasta fines de 2003 se expresaba en una clara mayoría a favor de la salida del actual presidente, mientras dejaba que el gobierno le impusiera las más desventajosas condiciones. Fue esa dirigencia la que desestimó la potencia de la valiente sentencia de la Sala Electoral Accidental del TSJ sobre las “planillas de caligrafía similar”, por aquello de que había que pasar «por una rendija».
Y también cabe anotar lo siguiente: esa dirigencia no podía sorprenderse de esos abusos y de ese ventajismo, pues el carácter del reo siempre fue ampliamente conocido. El líder de la revolución comenzó con su criminal abuso del 4 de febrero de 1992. Jamás ha admitido que su alzamiento tuviera ese carácter. Por lo contrario, lo ha glorificado siempre. A las cuarenta y ocho horas de su toma de posesión en 1999 presidió un desfile celebratorio de su asonada en Los Próceres. El primer decreto (Número 3, 2 de febrero de 1999) para la convocatoria de un referendo consultivo sobre la elección de una constituyente estuvo redactado en términos absolutamente autocráticos, al punto de que el gobierno se vio obligado a anularlo y producir una segunda versión más atemperada. Chávez ha expuesto sus propósitos y sus peculiares interpretaciones con la mayor claridad y hasta la náusea. Desde siempre.
El liderazgo político que permitió la emergencia y la entronización del chavoma siempre fue practicante de un protocolo de Realpolitik, cultor de la idea de que el oficio de la política es la búsqueda del poder mientras se impide al oponente su consecución. Letra chiquita: por todos los medios al alcance. Dentro de una cierta urbanidad, dentro de un cierto disimulo y un escrúpulo no totalmente desaparecido, quienes condujeron nuestras instituciones públicas hasta 1998 siempre entendieron de ese modo su profesión. Y entonces Chávez vino para mostrar que no había nadie que, como él, llevaría esa idea de Realpolitik hasta sus últimas consecuencias, y que no respetaría ninguna regla de urbanidad y buenas costumbres que fuesen las acostumbradas y convencionales en la transacción política. Debió estar claro desde hace mucho que Chávez no sería business as usual. Mucho más en el caso de los dirigentes opositores, que aceptaron la ruta del revocatorio propuesta por el mismo gobierno en la fenecida Mesa de Negociación y Acuerdos, a pesar de que el abuso y el ventajismo eran evidentes y de dominio público.
De modo que la segunda premisa no tiene la sólida sustentación que se le reconoce. No es verdad que el 15 de agosto triunfó el “Sí” y un gigantesco fraude electrónico falsificó ese resultado. En cambio es verdad que los candidatos del gobierno perdieron en algunas circunscripciones el 31 de octubre. Claro está, dentro de una línea opositora generalmente errónea, con la suicida prédica del fraude y la desunión, y el malagradecido rechazo a una observación internacional que comprensiblemente se negó a supervisar las elecciones regionales, era imposible que estos resultados favorables a la oposición pasaran de producirse en una muy reducida proporción.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Sep 18, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Como sección final de un trabajo construido en febrero de 1985, contentivo de una proposición para una organización política diferente a la de un partido convencional, se escribió el texto Tiempo de incongruencia, que constituye esta Ficha Semanal #162 de doctorpolítico. (Un breve párrafo de este texto fue citado en la ficha anterior, del 11 de los corrientes).
El trabajo completo postulaba que la insuficiencia política en Venezuela, ya claramente observable por aquellas fechas, tenía una raíz paradigmática. Esto es, que esa insuficiencia no se debía a una maldad atribuible a los actores políticos que entonces prevalecían, ni a una maldad intrínseca o propia de la actividad política misma, sino a una ineficacia de su paradigma político, ya rebasado.
El núcleo principal de ese paradigma consiste en el concepto de Realpolitik. (Política realista). Por él se concibe a la actividad política como proceso de adquisición, intercambio y aumento del poder detentado por un sujeto de cualquier escala. (Individuo, corporación, país). No fue Hugo Chávez quien inventara la política del poder puro; simplemente se limita a llevarla hasta sus últimas consecuencias, la muerte incluida si no se le complace en su ambición “socialista”. Pero precisamente por eso, Chávez continúa significando insuficiencia política, y sobre el cuadro ya preocupante de la que lo precediera ha superpuesto su oncológica dominación.
La práctica “realista” en política es bastante más vieja que su etiqueta, concebida en tiempos de Bismarck. (De allí su nombre alemán). Bárbara Tuchman, por ejemplo, la encontraba en los papas del Renacimiento: “Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente que se basaba en la convicción de que ‘la virtud sin el poder’, como había dicho un orador en el Concilio de Basilea medio siglo antes que él, ‘sólo sería objeto de burla, y el Papa romano, sin el patrimonio de la iglesia, sería un mero esclavo de reyes y de príncipes’, que, en breve, con el fin de ejercer su autoridad, el papado debía lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Éste es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha demostrado a menudo, tiene este corolario: que el proceso de ganar poder emplea medios que degradan o brutalizan al que lo busca, quien despierta para darse cuenta de que el poder ha sido poseído al precio de la pérdida de la virtud y el propósito moral”. Ayer salió a la venta en los Estados Unidos The Age of Turbulence, libro de Alan Greenspan que ha dado mucho que hablar. Entre sus candentes señalamientos incluye una condena de los republicanos en el Congreso de su país, quienes habrían trocado principios por poder para terminar sin poder y sin principios.
Otros rasgos del paradigma ya esclerosado fueron examinados en el trabajo mencionado, y discutidos en 1985 con muchas personas en Venezuela. Una de ellas fue Arturo Úslar Pietri, quien todavía tardó más de seis años para aceptar la realidad. Así escribió el 20 de octubre de 1991 en El Nacional: “Esto significa, entre otras muchas cosas importantes, que de pronto el discurso político tradicional se ha hecho obsoleto e ineficaz, aunque todavía muchos políticos no se den cuenta… Toda una retórica sacramentalizada, todo un vocabulario ha perdido de pronto significación y validez sin que se vea todavía cómo y con qué substituirlo… Hasta ahora no hemos encontrado las nuevas ideas para la nueva situación”.
Prefería ignorar entonces que las nuevas ideas habían sido formuladas aquí, en Caracas, en febrero de 1985, y que ellas asumían valientemente la falibilidad humana como su asiento. Pero, claro, Úslar no era muy dado a la lectura de Karl Popper, y en 1991 faltaban dos años para que George Soros estableciera The Open Society Institute.
LEA
…
Tiempo de incongruencia
Esa nueva manera de hacer política requiere un nuevo actor político. El actor político tradicional pretende hacer, dentro de su típica organización partidista, una carrera que legitime su aspiración de conducir y gobernar una democracia. Sin embargo, el adiestramiento y formación que imponen los partidos a sus miembros es el de la capacidad para maniobrar dentro de pequeños conciliábulos, de cerrados cogollos y cenáculos. Se pretende ir así de la aristocracia a la democracia. El camino debe ser justamente el inverso. Debe partirse de la democracia para llegar a la aristocracia, pues no se trata de negar el hecho evidente de que los conductores políticos, los gobernantes, no pueden ser muchos. Pero lo que asegura la ruta verdaderamente democrática, no la ruta pequeña y palaciega de los cogollos partidistas, es que ese pequeño grupo de personas que se dediquen a la profesión pública sean una verdadera aristocracia en el sentido original de la palabra: el que sean los mejores. Pues no serán los mejores en términos de democracia si su alcanzar los puestos de representación y comando les viene de la voluntad de un caudillo o la negociación con un grupo. No serán los mejores si las tesis con las que pretenden originar soluciones a los problemas no pueden ser discutidas o cuestionadas so pena de extrañamiento de quien se atreva a refutarlas.
Ese nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra.
De allí también su transparencia. El ocultamiento y el secreto son el modo cotidiano en la operación del actor político tradicional, y revelan en él una inseguridad, una presunta carencia de autoridad moral que lo hacen en el fondo incompetente. La política pública es precisamente eso: pública. Como tal debe ser una política abierta, una política transparente, como corresponde a una obra que es de los hombres, no de inexistentes ángeles infalibles.
Más de una voz se alzará para decir que esta conceptualización de la política es irrealizable. Más de uno asegurará que “no estamos maduros para ella”. Que tal forma de hacer la política sólo está dada a pueblos de ojos uniformemente azules o constantemente rasgados. Son las mismas voces que limitan la modernización de nuestra sociedad o que la pretenden sólo para ellos.
Pero también brotará la duda entre quienes sinceramente desearían que la política fuese de ese modo y que continúan sin embargo pensando en los viejos actores como sus únicos protagonistas. Habrá que explicarles que la nueva política será posible porque surgirá de la acción de los nuevos actores.
Serán, precisamente, actores nuevos. Exhibirán otras conductas y serán incongruentes con las imágenes que nos hemos acostumbrado a entender como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto tomará un tiempo aceptar que son los actores políticos adecuados, los que tienen la competencia necesaria, pues, como ha sido dicho, nuestro problema es que “los hombres aceptables ya no son competentes mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”.
Porque es que son nuevos actores políticos los que son necesarios para la osadía de consentir un espacio a la grandeza. Para que más allá de la resolución de los problemas y la superación de las dificultades se pueda acometer el logro de la significación de nuestra sociedad. Para que más allá de la lectura negativa y castrante de nuestra sociología se profiera y se conquiste la realidad de un brillante futuro que es posible. Para que más allá de esa democracia mínima, de esa política mínima que es la oferta política actual, surja la política nueva que no tema la lejanía de los horizontes necesarios.
Luis Enrique Alcalá
____________________________________________________
){kind=link}
){kind=link}
intercambios