por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2007 | Fichas, Política |
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Tal como fuese anticipado en la edición anterior, esta Ficha Semanal #150 de doctorpolítico contiene la sección final—Riposta a la ideología: una nueva estrategia del conflicto—de la conferencia que el gran filósofo protestante francés, Paul Ricoeur, desarrollara en la Semana Social de Rennes en 1972. Con esta entrega se completa el texto íntegro de la misma.
Puede ser oportuno acá anotar algunos de los puntos establecidos por Ricoeur en sus textos de ensayo político.
Por un lado, Ricoeur analiza con detalle (La ideología y la utopía: dos expresiones del imaginario social) tres funciones importantes de las ideologías, a saber, la ya revisada de la ideología como disimulación o distorsión, la de justificación o legitimación y, finalmente, la ideología en tanto integración. Así pone: «Me parece que su función es de integración, más fundamental todavía que la precedente de legitimación y, con mayor razón, que la de disimulo. A fin de hacer comprender de qué se trata, partiré de un uso particular de la ideología, en el cual resulta evidente su función de integración. Se trata de las ceremonias de conmemoración, gracias a las cuales una comunidad cualquiera reactualiza, de alguna manera, los acontecimientos que considera como fundantes de su propia identidad: es, en consecuencia, una estructura simbólica de la memoria social».
Pero también destaca una cierta fragilidad del discurso político, inevitable. El análisis de Ricoeur señala que el discurso político transcurre en el espacio de la retórica, específicamente en lo que Aristóteles llama la retórica deliberante o política. En este sentido, la retórica política se diferencia de la demostración racional de conclusiones, que procede por pasos lógicos e ineludibles hasta arribar a conclusiones plenamente garantizadas. Es lo que en la Carta Semanal #241 se comentaba sobre la distinción aristotélica entre conocimiento y opinión.
En efecto, la acción política se orienta primordialmente al futuro, y acerca de éste no podemos alcanzar la certidumbre, y sólo podemos tener opiniones. (Precisamente es la retórica el tipo de espacio discursivo apropiado para la emisión y discusión de opiniones). En consecuencia, los resultados de la deliberación política nunca podrían escapar de la disputa razonable. No existe constitución, ley o emprendimiento político que pudiera ser definitivamente justificado. Es ésa la fragilidad de la política, tal como la explica Ricoeur.
Resulta natural, entonces, una cierta frustración ante la incapacidad del discurso político para alcanzar la certeza. Es tal frustración motivo suficiente para aceptar una cierta ideología, o un método que pretenda, a pesar de lo antedicho, haber arribado a conclusiones inescapables. Algunos, pues, aceptarán, para escapar a la duda, un programa utópico que prometa una sociedad ideal alcanzable, o una cómoda ideología que prescriba la ruta que debiera transitar una sociedad dada. En cambio, otros se refugian en un método—el análisis de costo-beneficio, por ejemplo—para proponer resultados supuestamente inmunes a los desafíos racionales. Aun otros pueden simplemente huir de la política, en vista de que sus logros habituales son escasos o terribles.
Pero entonces tales conductas dan paso a la exclusión. Quienes huyen de la política se excluyen a sí mismos, y los que abrazan ideologías o utopías excluyen a quienes no estén de acuerdo con ellas y, en este caso, ejercen un cierto grado de dominación sobre los excluidos. Dado, prosigue Ricoeur, que el objetivo de la política responsable es el predomino del poder común sobre la exclusión, debe representarse las opiniones de tanta gente como sea posible, pues sólo así es posible promover ese poder general de la comunidad. Es así como la responsabilidad en política nace de su propia fragilidad.
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Estrategia del conflicto
III. RIPOSTA A LA IDEOLOGÍA: hacia una nueva estrategia del conflicto.
He aquí lo que yo quería decir sobre las motivaciones-pantalla, sobre las ideologías. Nuestro problema actual es atravesar esas motivaciones-pantalla y liquidar en nosotros esta comprensión ideológica de los conflictos. He tratado la ideología como una esquematización impuesta por la fuerza a los hechos, sea para minimizar sea para imponer el conflicto, y, sobre todo, como una concepción-pantalla que impide reconocer la realidad. La riposta a la ideología debe ser a la vez empírica, teórica y práctica.
l. Riposta empírica:
Hoy es preciso tener el espíritu muy flexible, muy experimental, muy atento a las formas antiguas y nuevas del conflicto, no contentarse con análisis que tienen más de un siglo, sino ser muy descriptivos, discernir los verdaderos conflictos, tanto contra las ideologías que los enmascaran como contra las que los magnifican. Es lo que he intentado hacer en la primera parte de este trabajo.
2. Riposta teórica:
Necesitamos una reflexión fundamental sobre el conflicto, sobre su función. Aquí quisiera aportar la contribución de una reflexión más propiamente filosófica y discernir el reto de todos los conflictos descritos. Por mi parte, me impresiona que en nuestros días no podamos llegar a unir estas dos palabras: libertad e institución. El reto que se oculta tras el conflicto de la sociedad represiva y la libertad salvaje, de la ideología del diálogo y de la del conflicto a toda costa, es éste: ¿cómo conjugar los progresos de la libertad y los de la institución? Aquí es donde yo veo el ámbito, el núcleo del drama y del desgarramiento contemporáneo. Tenemos una buena crítica de los sistemas económicos, ya se trate del capitalismo o del socialismo autoritario; pero los conflictos mayores nos trasladan más allá de esta crítica de los sistemas.
Lo que me parece que está en cuestión es la posibilidad misma de vivir en instituciones.
En efecto, por una parte, las instituciones han llegado a ser ilegibles e indescifrables, extrañas y alienantes, pesadas e insoportables; por otra parte, somos presa del fantasma de una libertad sin instituciones. Me parece que esta es la paradoja que subyace a lo que he denominado la ilusión de la disidencia y la tentación del orden.
Ahora bien, para afrontar este vértigo de doble sentido, del orden y de la libertad salvaje, es preciso rehacer hoy todo un trabajo de pensamiento, como el que han hecho los grandes filósofos políticos: Platón y Aristóteles entre los antiguos, Maquiavelo, Rousseau y Hegel entre los modernos. La tarea, hoy como ayer, es interrogarse sobre lo que puede ser una libertad sensata, es decir, una libertad que tenga sentido. No es necesario, en cada época, reinventar el problema del «Contrato social» de Rousseau, es decir, la idea de un pacto en el cual «cada uno se dé a todos sin darse a nadie»; dicho de otro modo, la idea de una renuncia mutua, por la cual la libertad salvaje desiste a favor de la libertad civil. Para Rousseau, es cierto, el contrato era sólo un contrato político en el que lo que estaba en juego era el Estado y su soberanía. Hoy, para nosotros, el problema es el del nexo social más elemental, al nivel del lenguaje, de la sexualidad y del ejercicio de toda clase de autoridad. Tomado en su extensión más general, el desafío del «Contrato social» es «la entrada en instituciones». La tarea de nuestro tiempo es, por lo tanto, pasar del «contrato social restringido» (a lo política y a la soberanía) a un «contrato social generalizado» (a toda institución).
Si rechazamos esta problemática, nuestra libertad seguirá siendo algo arbitrario, obstinado y devastador; lo que Hegel, siguiendo en esto a Rousseau, llamaba «libertad del vacío, furia de destrucción». Y, en efecto, una libertad que no entre en institución es potencialmente terrorista. De aquí que hoy la piedra angular de una filosofía social es ésta: repensar todas las instituciones en función de un criterio único: la realización y el florecimiento de la libertad.
La institución no es nada en sí misma; consiste en un conjunto de reglas aplicadas a las actuaciones y a los comportamientos sociales, que permite a la libertad de cada cual realizarse sin dañar la de los otros. Todo pensamiento político fundamental debe mantenerse en este punto crucial donde se entrelazan la institución y la libertad, o mejor, donde se engendran mutuamente. Si la institución no se sitúa en ese trayecto inteligible que Hegel llamaba «la realización de la libertad», se convierte en opaca, ilegible, indescifrable, y cada cual comienza a soñar su libertad fuera de las leyes.
En cambio, una cosa es cierta: lo más contrario a todo pensamiento político—y finalmente a toda acción política—es la reivindicación de lo informe. En términos positivos, la entrada en institución forma parte del concepto de libertad, si, por lo menos, la libertad sensata debe ser otra cosa que la arbitraria y salvaje. Una apología de la libertad salvaje, al eliminar la cuestión del sentido, conduce, inevitablemente, a la «furia de destrucción».
A partir de esta convicción fundamental, podemos ahora volver a los problemas concretos que mencionaré para terminar.
Efectivamente, sólo el que conserve en lo más profundo de su convicción la exigencia de una síntesis de la libertad y del sentido, de lo arbitrario y de la institución, puede vivir de modo sensato el conflicto central de la sociedad moderna. Aunque hoy en día no estamos incluso en situación de dar una figura a nuestra esperanza, podemos ya darle un nombre a nuestro descontento, reflexionar sobre él y comprenderlo. Es cierto que desde el mundo capitalista hasta el mundo comunista, la historia humana no ha logrado realizar una síntesis exitosa entre el poder de decidir, detentado por los diversos poderes y concentrado en la autoridad del Estado y, por otra parte, la pulsión de las libertades movidas por un sueño de espontaneidad, de auto-determinación y de auto-gestión; en una palabra, de creatividad. Pero al dar un nombre a nuestro descontento, damos también la forma de una flecha a nuestro deseo.
3. Riposta práctica:
Bajo este título daré algunas sugerencias prácticas referentes a lo que yo llamaría una nueva estrategia de los conflictos. Pero nos encontramos aquí en un terreno tan nuevo que nos agarra desprevenidos hasta el punto de que es necesario dar a estas sugerencias la forma de pregunta: «El conflicto, ¿signo de contradicción o de unidad?»
a) Hay una primera cuestión que se plantean frecuentemente los educadores y todos los que tienen a su cargo una responsabilidad y una autoridad, y la tarea de mantener en estado de funcionamiento una institución cualquiera: ¿hasta qué punto, y cómo, asumir en la conducta social la especie de experimentación salvaje que hemos visto desplegarse en el terreno de las costumbres, de las relacione sociales y políticas? ¿Debemos extender la tolerancia de la sociedad con respecto a todos los comportamientos «anómicos»? ¿Debemos y podemos hacerlo? He oído decir recientemente que una sociedad no funciona sino con base en una lealtad incondicional (loyalisme). Si esto es cierto, todo descenso de las tolerancias por debajo de un nivel crítico ¿no provoca, tarde o temprano, la réplica de un nuevo “orden moral”, de derecha o de izquierda, que ofrece y—si es necesario impone—una nueva lealtad incondicional? En resumen, ¿hasta dónde no ir demasiado lejos en el dejar hacer, dejar pasar? Tal vez no haya respuesta abstracta, al margen de la reconstitución de un cierto consenso social referente a los umbrales, los límites, y de una especie de tacto, cualidad mayor del hombre de Estado de mañana, concebido igualmente como educador de la comunidad y como depositario de la decisión política.
b) Una segunda cuestión se refiere al buen uso de las acciones de ruptura, simbólicas o no, violentas o no. Yo admito que ellas puedan despertar a las masas de su adormecimiento; pero también ahí hay en algún punto un umbral crítico; más allá de éste, aquellas acciones ya no son comprendidas y no provocan más que miedo, odio y cólera. El problema actual es hacer comprender, «concientizar», como dicen nuestros amigos latinoamericanos; para esta tarea no convienen acciones demasiado manifiestamente teatralizadas, sino verdaderas campañas de explicación. Tenemos necesidad de mediadores sociales que no busquen ni conciliar ni polarizar a toda costa, sino que ayuden a cada cual a reconocer a su adversario; en mi opinión, el mediador social es aquél que explica, al hombre del poder, las motivaciones profundas de la impugnación, y le revela que es él quien no tiene proyecto global—y no, como él cree, su adversario, a quien tan fácilmente acusa de «querer destruirlo todo sin saber qué cosa poner en su lugar»; pero el mediador social es también aquél que explica al anarquista la necesidad y el sentido de la entrada en institución; para este fin, ¡le dará un pequeño curso sobre Hegel!
Pero también existe la cuestión de saber lo que se puede esperar hoy de un esfuerzo así para «concientizar»—que yo opongo a «traumatizar». ¿Cómo hacerlo cuando el tiempo libre y la cultura popular están captados y modelados por los mismos poderes que reinan sobre la producción y el consumo?
c) Hay una tercera cuestión—y es inmensa—: saber qué pasa y qué va a pasar en cuanto al viejo debate entre reforma y revolución. Yo tiendo a decir que, planteado en términos de alternativa, el debate es puramente académico y escolástico. Lo esencial es saber, en cada situación, qué cambios se consideran deseables y razonables; es una cuestión de oportunidad y de ocasión de saber qué estrategia es apropiada. Porque si las reformas pueden ser acusadas de consolidar y prolongar el sistema, las revoluciones—sobre todo las fallidas—tienen un costo económico, social y, sobre todo, humano, que no se quiere evaluar. Nuestras sociedades han superado, tal vez, el punto de esta alternativa. Quizás hemos entrado en el tiempo de la estrategia compleja, en la que fases de negociación, de concertación, alternarán con fases de agitación, de ruptura y hasta de violencia, pero sin que el ritmo de crecimiento quede fundamentalmente amenazado. Esta cláusula plantea hoy, a la acción revolucionaria, condiciones desconocidas por las sociedades menos avanzadas y, por esta razón, menos frágiles que las nuestras. Mi tendencia aquí sería decir que la revolución y la reforma no pertenecen a los mismos planos de referencia: la revolución se sitúa, sobre todo, al nivel de las convicciones y de las motivaciones: es el «no» del gran rechazo; la reforma caracteriza el nivel de la acción; ella designa los cambios de fondo impuestos a la realidad social y política. Los momentos de ruptura violenta son, tal vez, necesarios; pero hay que pensar en ellos sólo como una peripecia. La revolución no es una peripecia: es la presión continua de la convicción sobre la acción responsable. Una nueva distribución se esboza así entre los términos mayores que sirven para definir una estrategia de la acción política.
Pero no quiero quitar su forma interrogativa a esta tercera sugerencia; es una pregunta que someto a su consideración: ¿han superado o no nuestras sociedades las formas clásicas de la acción revolucionaria, tal como ellas fueron codificadas por los grandes pensadores socialistas, de Proudhon y Marx a Lenín y Trotsky?
Termino con esta sugerencia, que perturba unas cuantas ideas preconcebidas. Pero ¿no estamos destinados a ser sacados de quicio en lo referente a nuestras ideas recibidas, si queremos permanecer atentos a las formas nuevas de los conflictos y a proyectar los nuevos rasgos de la acción misma?
Nuestro modo de participar en los «gemidos de la creación» es inscribir nuestra esperanza en una lectura atenta y en una acción innovadora.
Paul Ricoeur
por Luis Enrique Alcalá | Jun 19, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
La Ficha Semanal anterior (#148) de doctorpolítico suscitó especial interés, y algunos suscritores quisieron conocer el texto completo de la conferencia de Paul Ricoeur en la Semana Social de Rennes de 1972. En vista de la longitud del documento, se emite esta Ficha Semanal #149 con la reproducción de su sección intermedia (Dos pantallas ideológicas), mientras se pospone para la #150, de la semana que viene, la tercera y última sección. (Riposta a la ideología: hacia una nueva estrategia del conflicto). A continuación se trascribe los párrafos introductorios de la conferencia, que precedieron al material publicado la semana anterior. Dijo así Ricoeur:
«Durante la Semana Social de Rennes, se me había solicitado esbozar un análisis, de carácter general, de las motivaciones que nutren nuestras reacciones ante los conflictos.
Hoy procederé de un modo algo distinto. En una primera parte, hilvanaré, paso a paso, la descripción de los nuevos conflictos en nuestra sociedad. Después, en la segunda parte, situaré, frente a estos neo-conflictos, algunas actitudes de carácter ideológico que enmascaran el sentido o incluso la realidad y que nos comprometen con comportamientos estériles: ideología del diálogo o ideología de la confrontación—táctica de huída ante el conflicto o cultura del conflicto a toda costa. Por último, en la tercera parte, extraeré de la crítica de esas motivaciones-pantallas algunas sugerencias teóricas y prácticas dirigidas hacia la búsqueda de una nueva estrategia del conflicto».
La sección publicada hoy contiene puntos de particular gravitación sobre los temas del diálogo y del conflicto, puestos una vez más sobre el tapete político venezolano, sobre todo porque ha sido la disposición a dialogar una de las consignas fundamentales—y refrescantes—de la acción de protesta estudiantil por el cierre de RCTV y aun por parte de los estudiantes que apoyan la medida. Igualmente, constatamos que Ricoeur participaba de la opinión que tiene a las ideologías por entidades de efecto más bien negativo. (Nota a tomar por los políticos convencionales, que creen hallar la solución de sus partidos en la celebración de «congresos ideológicos»).
Ricoeur mismo vivió la imposibilidad del diálogo en los acontecimientos del «mayo francés» (1968), cuando su natural inclinación le impulsó a buscar para sí un papel de mediador. Fue objeto de violentos ataques de parte de los estudiantes rebeldes. Escarmentado, sentenció: «No es el tiempo de la palabra».
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La ideología como pantalla
II. DOS PANTALLAS IDEOLOGICAS.
Quisiera proceder ahora a un análisis de motivaciones.
Hasta ahora no he considerado más que síntomas: la tentación del orden y la ilusión de la disidencia; el agotamiento del sueño tecnológico y el mito de lo simple; el agotamiento de la democracia representativa y la tentación de la democracia directa. Quisiera ahora descubrir, bajo estos síntomas, algunas líneas de fuerza subyacentes. Abordaré, ante todo, lo que yo llamaría motivaciones-pantalla o, si se quiere, ideologías, dando a esta palabra las dos significaciones siguientes:
– una esquematización impuesta por la fuerza a los hechos;
– después, y sobre todo, una concepción obcecada, falsificadora, que impide reconocer la realidad. Por supuesto siempre hay ideología en los análisis sociales y políticos.
Yo quisiera señalar dos motivaciones-pantalla, dos ideologías, que son opuestas y cada una se alimenta de la otra.
1. La ideología de la conciliación a toda costa.
La primera de ellas nos llevará más tiempo, porque proviene del medio cristiano. Es la ideología de la paz a toda costa; una ideología surgida del cristianismo, en el sentido de que pretende fundarse en la predicación cristiana del amor, tanto bajo su forma teológica como práctica. Predicación teológica: «Dios es amor». Predicación práctica: «amaos los unos a los otros».
Es un hecho que esta confesión de fe—que es la mía—conduce, muy a menudo, a negar teórica y prácticamente la fecundidad de cualquier conflicto; teóricamente, rechazando el conflicto como mal y pecado; prácticamente, rechazando todo recurso a una estrategia conflictiva. Es curioso observar que el rechazo de la lucha de clases, de la violencia revolucionaria, de la guerrilla urbana y de todas las formas de violencia nueva que yo señalaba anteriormente, ocupa el lugar de la antigua objeción de conciencia a la guerra y al servicio militar. Como contrapartida de este rechazo, se privilegia a toda costa la conciliación y la reconci1iación. Es preciso confesar que este debate desgarra en la actualidad la conciencia cristiana, dividida entre un centrismo profundo y de principio, siempre en busca de una tercera vía, y un izquierdismo que busca en una ideología de la revolución una expresión más próxima a la exigencia radical del Evangelio.
Yo quisiera combatir esta ideología del diálogo (que es una idea cristiana enloquecida o, más bien, convertida en juiciosa) tanto en el plano de los hechos como en el de los principios.
De entrada, en el plano de los hechos. Mi crítica se apoya en la toma de conciencia del carácter irreductible de las situaciones de conflicto en la sociedad contemporánea. No repetiré la descripción, ya hecha, de los neo-conflictos; me limito a responder a dos objeciones.
Ante todo, se podría objetar que el conflicto es un rasgo arcaico de nuestra sociedad y que un poco más de racionalidad le pondrá fin. Se podría pensar también que con la racionalidad tecnológica se borrará el papel de la política como lugar de conflictos (se conoce el famoso adagio: un día la administración de las cosas reemplazará al gobierno de los hombres).
A la primera objeción responderé que es una idea ingenua pensar que una sociedad de la previsión y del cálculo—una sociedad del plan, definida hace algunos años por M. Massé como el anti-azar—deba suprimir las fuentes de conflictos. El retroceso del azar en nuestras sociedades señala más bien la extensión de la esfera de control y decisión de los hombres, los cuales, a la vez, son llevados a optar, allí donde en el pasado el azar y las fatalidades actuaban a favor o en contra del hombre, pero según determinaciones no controladas y mal conocidas, incluso desconocidas y desestimadas. Por lo tanto, quien dice extensión de la previsión dice ampliación de las opciones; y quien dice ampliación de éstas, dice multiplicación de las alternativas referentes a los órdenes de prioridad; las sociedades de la previsión son sociedades de opción. Toda planificación democrática desemboca, en última instancia, en la cuestión: ¿Qué clase de sociedad queremos finalmente? Responder a esta cuestión es poner en orden proyectos parciales con relación a un proyecto global, introducir una prioridad entre posibles preferencias: ¿dónde pondremos el acento, en el máximo consumo, en el prestigio, en el poder, en la calidad de la vida, la salud y la cultura?
Ahora bien, es una ilusión creer que los hombres se pondrán de acuerdo fácilmente en un proyecto global: al contrario, se puede pensar—y aún esperar—que con la ampliación de la consulta democrática y la multiplicación del número de instancias consultadas la opción global se convertirá en el reto de una competición cada vez más ardiente; una simple reflexión muestra que es poco probable que los deseos a corto plazo—y de corta vida—de los individuos puedan coincidir nunca sin conflicto con el interés colectivo de largo plazo de una sociedad, tal como los competentes podrán concebirlo y proyectarlo. (Por competente entiendo no sólo a los tecnócratas, a los especialistas, sino a todos aquellos que, por una reflexión global aplicada a la dinámica de las sociedades, se sustraerán a la fascinación del corto plazo tal como la cultiva un hombre de deseo y de muerte.) La extensión de la previsión no disminuirá, sino que aumentará el conflicto.
La ilusión ligada a la segunda objeción no es menos peligrosa que la primera. Efectivamente es un error creer que el debilitamiento de lo político está en el horizonte de nuestra historia. Por un tiempo indefinido, la decisión política—a la cual finalmente retorna toda opción de prioridad en el plano económico y tecnológico—seguirá siendo una fuente irreductible de conflictos.
Por mi parte, concedo un gran crédito a los análisis de lo político desarrollados por un pensador como Julien Freund en «La esencia de lo político». Según él, la acción política obedece a condiciones propias; la ley de la acción política es esencialmente la ley del conflicto, de la lucha con vistas al poder; no pudiendo ser compartido por todos, el poder es siempre objeto de competencia; por esta razón, la relación amigo/enemigo sigue siendo una categoría irreductible de lo político.
Me parece pues peligroso soñar con la muerte del Estado; por el contrario, el que sueña con la disolución de lo político corre el riesgo de no prestar atención a los procedimientos, que hay que renovar sin cesar, para limitar los efectos y los defectos del poder. Max Weber, dirigiéndose a los pacifistas alemanes poco después de la primera guerra mundial, y reflexionando con ellos sobre la naturaleza de lo político, subrayaba que el uso de la fuerza formaba parte de la ética de responsabilidad que preside el ejercicio político del poder; según él, aquél que no haya integrado esta idea en su visión del mundo, se deslizará, tarde o temprano, del pacifismo al terrorismo; por otra parte, ¿no se ve a menudo a las mismas gentes denunciar la pena de muerte y declararse, al mismo tiempo, a favor de la justicia expeditiva de los tribunales populares? Ya Hegel había meditado sobre esta brusca transformación de la negación teórica del conflicto en el furor destructivo del terror. Del mismo modo, por no haber reflexionado sobre los conflictos propios del ejercicio del poder—en la pretensión y en la conquista, en el derrocamiento y el mantenimiento del mismo—el marxismo se encontró totalmente desguarnecido, teórica y prácticamente, ante un fenómeno como el estalinismo. Para el marxismo, la esencia de los conflictos es puramente económica y social; los conflictos políticos no hacen más que reflejar las contradicciones de la esfera económico-social; de aquí que una política que se proponga eliminar las contradicciones en esta esfera es juzgada como buena, cualquiera que sean las propias contradicciones que ella desarrolle. La fuente de este error está en la teoría misma: si se admite que los conflictos tienen únicamente una fuente económica, se está sin defensa contra la patología propiamente política, y, más particularmente, contra la patología que siempre puede insertarse en la resolución política de los conflictos económicos. Sólo quienes han reconocido, teórica y prácticamente—como Maquiavelo, Rousseau, Hegel, Max Weber—la naturaleza irreductiblemente polémica y conflictiva del ejercicio del poder, pueden estar armados contra la patología engendrada por esta estructura conflictiva. El carácter de decisión que se halla unido a la política como tal, con su cortejo de presión, fuerza y violencia, parece que es un rasgo esencial de la acción política tal como la conocemos hasta el presente.
Tal vez aún se objetará que este estatuto conflictivo de lo político desaparecerá junto con ciertos conflictos mayores de la sociedad, precisamente los de clases. Por mi parte, considero improbable que la solución de los conflictos descritos por Marx, supuestos provenir sólo de la apropiación privada de los medios de producción, ponga fin a todo antagonismo entre grupos sociales. La experiencia de medio siglo de ejercicio del poder en los países socialistas muestra más bien que no hay nada de eso. Eso no es sorprendente, porque los conflictos de prioridad, ligados a la previsión, y los de competencia, ligados al ejercicio de la decisión, son rasgos inevitables de nuestra sociedad. Un análisis de la dinámica de los sistemas que existen actualmente conduce directamente a la conclusión de que los medios empleados para resolver una clase de contradicción, desarrolla nuevas contradicciones, las cuales, desplazándose, trasladan también el lugar y la forma del conflicto.
Todos estos ejemplos, y los análisis y reflexiones relacionados con ellos, convergen hacia la misma conclusión, a saber, que las relaciones sociales, económicas y sobre todo políticas, desarrollan formas de conflictos que impiden que se les aplique directamente y sin intermediario un modelo de conciliación o de reconciliación que vale para las relaciones de persona a persona. Los conflictos sociales y políticos son irreductibles a la situación de diálogo engendrada por nuestra experiencia interpersonal.
Esto por lo que se refiere a los hechos. Pero quisiera combatir, sobre el terreno de los principios, lo que he llamado ideología de la conciliación a toda costa; y combatirla en su mismo terreno, que es propiamente teológico.
En mi opinión, es tarea de una teología del amor hacerse cargo de esta dialéctica del conflicto inevitable; lo digo con la conciencia de oponerme a quienes—marxistas en particular—consideran toda teología del amor como una ideología de camuflaje destinada a hacer soportable la explotación. Lo que es ideológico no es la teología del amor, sino su reducción a un modelo muy simple, el del diálogo, y la aplicación de este modelo reducido a situaciones para las que no está hecho. Por eso nuestra tarea es restituir a la teología del amor sus dimensiones comunitarias, políticas y aún cósmicas, que la ideología individualista (privatista», como dice el teólogo alemán Metz) ha asfixiado.
¿Cómo restituir su plena dimensión a una teología del amor? Ante todo, me parece, volviendo a colocar este tema en su ámbito teológico global; es esa separación la que ha hecho de esta noción de amor una abstracción ideológica; el ámbito teológico global de la noción del amor se expresa en el concepto de Reino de Dios.
Es en su relación con este tema del Reino en marcha que toma sentido la afirmación de que Dios es amor, y también la del mandamiento práctico: Amaos los unos a los otros. Reubicado así en el trasfondo de la predicación del Reino, el tema del amor recibe la dimensión amplia de la esperanza, es decir, de la certeza de las postrimerías.
Pero este primer paso hacia una teología del amor, completa y concreta, requiere un segundo paso. Si el amor es una categoría del Reino de Dios y a este título comporta una dimensión escatológica, entonces no es otra cosa que la justicia. Esto es lo que no comprendemos, o comprendemos muy escasamente, cuando hacemos de la caridad la contrapartida, el complemento o el sustituto de la justicia; el amor tiene la misma extensión que la justicia, es su alma, el impulso, la motivación profunda; le da su mira, que es el otro, de quien testimonia el valor absoluto; añade la certeza del corazón a lo que corre el riesgo de convertirse en jurídico, tecnocrático, burocrático, en el ejercicio de la justicia. Pero a cambio, es en la justicia donde está la realización efectiva, institucional, social del amor.
Tercer paso hacia una auténtica teología del amor (y este tercer paso se conecta con nuestro problema del conflicto): si el amor es solidario del objeto escatológico de la esperanza, y si el camino de su realización es la justicia, el amor -que nos exige que el otro sea libre y reconocido- debe ser capaz de asumir los conflictos. El amor es revolucionario; el amor asume el poder de cambio radical de la esperanza y de la justicia. El amor engendra el conflicto: he aquí la paradoja que es preciso que asumamos teológica, humana, políticamente.
Esto es lo que quería decir acerca de la primera ideología, la primera motivación-pantalla, la misma que nosotros, cristianos, alimentamos continuamente.
2. La ideología del conflicto a toda costa.
En cuanto a la segunda ideología, si bien venida del exterior del cristianismo, tiende hoy a converger, desde el interior, con lo que yo llamaba anteriormente el izquierdismo cristiano. La denominaré la ideología del conflicto a toda costa.
Ella nos viene por la vía de una «hegelianización» difusa de todos nuestros pensamientos y comportamientos; hegelianización que es, preciso decirlo, tiene poco que ver con la filosofía misma de Hegel, el cual no ha pensado más que una cosa: la contradicción superada, sobrepasada, en la acción, en el arte, la religión y la filosofía. A lo que apunto es a un hegelianismo popular, que nos ha sido trasmitido a través de todas las popularizaciones de Marx y de Nietzsche.
Es un fenómeno cultural global que hemos de intentar comprender, porque es lo que subyace a todos los comportamientos de disidencia que he descrito en la primera parte. Igual que la ideología del diálogo enceguece ante algunos hechos masivos, en particular de naturaleza política, como he recordado antes, la ideología del conflicto a toda costa oculta otros hechos masivos que no se concilian fácilmente con los precedentes. Estos hechos son, en mi opinión, de dos clases. Por una parte, la atenuación de un tipo de conflictos—los que han surgido del siglo XIX, de la penuria—y que han dominado las situaciones industriales avanzadas, de tipo capitalista, hasta hoy; testimonio de ello son el avance de las legislaciones de tipo Seguridad Social (que no derivan de la ideología de la lucha de clases, sino de una ideología del tipo Centrum alemán) y sobre todo el avance de los procedimientos de conciliación y las estrategias de concertación, en particular en la Europa Occidental. Esta atenuación de una clase de conflictos, aquéllos hacia los que todos los teóricos socialistas del siglo pasado han dirigido sus análisis, crea una situación teórica de frustración, que reclama un reforzamiento, por compensación, de la ideología del conflicto a toda costa.
Este primer hecho masivo parece reforzado por un segundo, también considerable: la tendencia de las grandes potencias nucleares a evitar la escalada hacia los extremos en los conflictos armados. Ciertamente esto no ha suprimido las guerras y la amenaza atómica está siempre presente; pero adquiere cada vez más el carácter de un accidente no deseado, que la diplomacia y la estrategia tienden precisamente a circunscribir y a reducir. Por ello ha resultado cada vez más difícil reintroducir comportamientos de ruptura en la estrategia social de concertación y en la estrategia internacional y militar de disuasión y de equilibrio del terror. De ahí la tentación de aplicar, y aún de imponer, una estrategia esencialmente artificial, minoritaria y voluntarista, a situaciones que hacen cada vez más improbables las acciones de ruptura. Quisiera reflexionar y atraer su atención ahora sobre esta ideología del conflicto a toda costa y esta estrategia del artificio, porque creo que aquí está la fuente de una patología social de un género muy novedoso que estará jalonada por cuatro palabras: provocación, marginación, teatralización, no-comunicación.
Hay, en efecto, un camino inevitable que conduce, de la búsqueda de la polarización a toda costa, a la voluntad de hacer fracasar todo intento institucional de concertación por acciones de ruptura, hasta la táctica de la provocación; (tomo por ejemplo las «reivindicaciones no-negociables» presentadas por los estudiantes de algunos campus norteamericanos).
Desgraciadamente no puede impugnarse que este engranaje depende de la patología social. En su último estadio, el de la provocación, esta táctica ofrece una salida a los impulsos agresivos y neuróticos de los jefes secundarios y de los terroristas clandestinos. La palabra provocador lo define bien. En una sociedad muy evolucionada y en la que los mecanismos sociales son muy frágiles, la táctica de provocación me parece en el fondo anti-pedagógica: en efecto, el problema fundamental para la izquierda revolucionaria hoy en día es ganar nuevas capas sociales para la crítica del sistema; pero se las aliena y aleja de la toma de conciencia, a base de traumatismos y provocaciones, en tanto que el grueso de la opinión es rechazada en una actitud defensiva-represiva.
La marginación es, sin duda, el mayor peligro que corren actualmente los grupos de impugnación; ella es la contrapartida del reforzamiento de todos los poderes establecidos, en un sentido cada vez más represivo y policiaco. La polarización—que se nos quiere imponer a toda costa—está a punto de producir en todas partes del mundo sus amargos frutos: el ciclo impugnación-represión está bien instrumentado, pero actúa cada vez más en beneficio del poder y en detrimento de las libertades públicas.
En cuanto a la acción, o mejor pseudo-acción, está contaminada por la búsqueda de lo espectacular, por la teatralización. Es impresionante ver que cuando la acción se hace ineficaz tiende a convertirse en espectacular. Yo comprendo ciertamente la intención: cuando la palabra ordinaria ha perdido su eficacia, puede parecer hábil aplicar, a las masas cloroformizadas, una terapéutica de choque; pero el efecto es tan desastroso para los que administran la medicina como para quienes la reciben Es lo que yo llamo la teatralización. Entiendo por esto la sustitución de la política real por una especie de política-ficción, incapaz de separar lo fantástico de lo real, y reducido a una puesta en escena. Yo quisiera que la «guerrilla-theater», tal como la he visto funcionar en las Universidades norteamericanas, fuese un medio nuevo y eficaz de abrir las masas a la política, pero sería preciso que ello no fuese el índice de que toda la acción se ha convertido en teatral. Es cierto que la acción simbólica tiene su fuerza, como la tenían los gestos simbólicos de los antiguos profetas de Israel; pero ¿hay algo más peligroso que una acción reducida a un fantasma y subrepticiamente sustraída a las condiciones reales de la acción eficaz?. La acción tiene sus leyes, su propia racionalidad; es el signo de la contra-cultura negar estas leyes y esta racionalidad. Pero el precio que se paga está ahí: la impotencia para ejercer influjo sobre la sociedad.
Lo más grave de todo es el progreso de la no-comunicación en la sociedad, lo que ha sido evocado por M. Laplantine. La patología del conflicto en nuestra sociedad llega a su culmen cuando el adversario ya ni siquiera es reconocido; se ha hablado aquí de la sociedad en migajas, en todos los planos: profesional, cultural, religioso; su aspecto más grave es la ruptura del lugar social al nivel del lenguaje, de los géneros de vida, y el nacimiento de una sociedad paralela o, como dicen los norteamericanos, de la «alternative society». Pero, ¿qué alternativa sino la disidencia que deja todo en su lugar, que inquieta y amenaza sin plantar semillas de cambio?
Paul Ricoeur
por Luis Enrique Alcalá | Jun 12, 2007 | Fichas, Política |
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Quien me introdujera al pensamiento de Paul Ricoeur (1913-2005), es quien tradujo del francés una conferencia del gran filósofo—El conflicto, ¿signo de contradicción o de unidad?—pronunciada originalmente en la Semana Social de Rennes de 1972: el Dr. Nazario Vivero. Es él quien me ha abierto la puerta hacia la luz clarísima de Ricoeur. No se trata de un filósofo abstruso, aunque sí riguroso, pues sus textos llevan la marca del gran pedagogo, aquel que transforma lo confuso en lo obvio.
De esa conferencia, publicada luego en Chronique Sociale de France, Lyon, en la edición de noviembre-diciembre de 1972 (Maîtriser les conflits), se ha extraído la parte descriptiva para componer esta Ficha Semanal #148 de doctorpolítico. La fluida traducción del Dr. Vivero, emprendida originalmente en 1980, pone a nuestra disposición una diáfana descripción de procesos que arroja luz sobre nuestra actual dinámica nacional. (El Dr. Vivero, como buen hermeneuta, me hace notar que esta última publicación formula la disyuntiva como la de ¿contradicción y de unidad? Salvando la posibilidad de un error involuntario, es digno de notar que ambas construcciones—o, y—son apropiadas y significan).
Fue Ricoeur, por cierto, un gran hermeneuta, que aplicó responsablemente el método para la interpretación históricamente correcta de los textos a un punto de partida fenomenológico. (Influido por Martin Heidegger y Gabriel Marcel). De hecho, además de innumerables aportes sustanciales—Ricoeur dejó obra extensa y variada—contribuyó grandemente a la teoría moderna de la interpretación con varios tratados y ensayos.
Más adelante en la conferencia, Ricoeur desmonta con igual rigurosidad las «pantallas ideológicas» del conflicto moderno, de los «neo-conflictos». A una la llama la «ideología de la conciliación a toda costa»; a la segunda la «ideología del conflicto a toda costa». Del pacifismo a ultranza anuncia: «Yo quisiera combatir esta ideología del diálogo (que es una idea cristiana enloquecida o, más bien, convertida en juiciosa) tanto en el plano de los hechos como en el plano de los principios». La aparente contradicción de este comentario ilustra la finura del análisis y el buen humor característico de los textos de Ricoeur.
Pero, al referirse a la acción derivada de una sistemática conflictividad, la describe así: «En cuanto a la acción, o mejor pseudo-acción, está contaminada por la búsqueda de lo espectacular, por la teatralización. Es impresionante ver que cuando la acción se hace ineficaz tiende a convertirse en espectacular. Yo comprendo ciertamente la intención: cuando la palabra ordinaria ha perdido su eficacia, puede parecer hábil aplicar, a las masas cloroformizadas, una terapéutica de choque; pero el efecto es tan desastroso para los que administran la medicina como para quienes la reciben. Es lo que yo llamo la teatralización. Entiendo por esto la sustitución de la política real por una especie de política-ficción, incapaz de separar lo fantástico de lo real, y reducido a una puesta en escena».
Son palabras dichas, hace treinta y cinco años, por el autor de Historia y verdad, en Rennes, la ciudad en la que coincidencialmente fue criado de niño.
LEA
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Conflictos inéditos
Quisiera someter a discusión un análisis que no pretende, de manera alguna, ser exhaustivo, sino que se limita expresamente a lo que yo llamaría los conflictos de punta de la sociedad industrial avanzada. Sin duda mi análisis será demasiado parcial y partidario, al no tener yo experiencia directa del mundo del trabajo industrial y habiendo observado sólo un medio limitado y particular, el universitario, con la ventaja, ciertamente, de una comparación bastante amplia de dichos medios, en Europa y en los Estados Unidos, desde hace casi quince años. Es decir, no consideraré directamente el problema de la lucha de clases ni en el seno de nuestras sociedades ni, a escala de continentes, entre pueblos ricos y pobres. No es que niegue este problema; pienso, por el contrario, que si las nuevas contradicciones, que son específicas, plantean un problema difícil a nuestra sociedad, es, precisamente, porque ellas se superponen a aquellas otras, no resueltas, heredadas del siglo pasado. Como si una segunda ola se echara encima de la primera, cuando ésta no se ha retirado aún.
En este sentido, admito que las nuevas contradicciones, las que han nacido del desarrollo, están mal planteadas y son difíciles de resolver, porque crecen sobre el terreno de las anteriores, heredadas del siglo XIX. Por lo tanto, con todas estas reservas, propongo el análisis de esas contradicciones que tienen un carácter novedoso y que Marx, por ejemplo, no pudo analizar porque el desarrollo aún no las había producido.
1.- Ausencia de proyecto colectivo
Un primer rasgo me impresiona, como profesor y como educador, y es la ausencia de proyecto colectivo en nuestras sociedades. Se ve muy bien el de los pueblos sub-desarrollados: alcanzar a los países llamados desarrollados—o hacer otra cosa, como China—. Pero ¿y los super-desarrollados? Su ausencia de proyecto colectivo se conjuga con el eclipse de las normas y el olvido de las herencias tradicionales. Digo que se conjuga; no queriendo zanjar entre una interpretación que acusaría al colapso de las normas y otra que acusaría a la ausencia de proyecto. Hablemos más bien de un fenómeno de agotamiento; una herencia sólo se mantiene viva, en efecto, mientras puede ser reinterpretada, creativamente, en situaciones nuevas. Pero la experiencia dramática de nuestro tiempo es la convicción difusa, invasora, de que por primera vez nuestra herencia cultural no parece ya capaz de una reinterpretación creadora, de una proyección hacia el futuro. De ahí el recurso a la experiencia “salvaje”, a partir de la tabla rasa, ésta es, al menos, la impresión que he recogido, sobre todo en los Estados Unidos, en los medios universitarios más tocados por los modos de vida desintegrados de los marginados.
Ahora bien, yo digo que hay aquí una situación conflictiva y grávida de nueva violencia, porque es ella la que provoca la polarización que caracteriza particularmente a las sociedades más avanzadas: polarización entre lo que yo llamaría las ilusiones de la disidencia y las tentaciones del orden.
Ilusión de la disidencia
Ilusiones de la disidencia: todas las instituciones aparecen como un bloque indivisible de poder y de represión; todas las autoridades son el «establishment»: desde los bancos hasta las iglesias, pasando por las empresas, la universidad y la policía.
La sociedad, así esquematizada, sólo puede hacer surgir una estrategia del afrontamiento y la polarización, destinada a revelar el rostro represivo que se oculta detrás de toda máscara liberal. Y si la palabra misma, cautiva del poder, ya no es escuchada, queda entonces la acción puntual, la violencia muda. Así se instala en la disidencia una de las juventudes más inteligentes y más honestas: ella despliega sus campamentos fuera del aparato de la democracia formal, al margen de la burocracia de los partidos y de los sindicatos, y, a su vez, es corroída por la grupusculización, que introduce la disidencia en la disidencia. De todo ello, el resto de la sociedad no ve apenas más que el exterior pintoresco: los vestidos, las costumbres, el nomadismo y la anti-cultura; en resumen, un rostro a la vez tierno y agresivo.
Tentación del orden
El otro polo lo conocemos muy bien: esencialmente reactivo, se alimenta de miedo y odio. Lo más pavoroso es que la tentación del orden parece afectar hoy totalmente a la clase media puesta en posición defensiva. A primera vista es una curiosa paradoja que la entrada en la abundancia esté acompañada de tanta inseguridad; como si quienes han franqueado la frontera de la abundancia resintiesen toda ventaja social como una adquisición amenazada por el menor signo de recesión, y que es preciso defender contra el estrato social inmediatamente inferior. De ahí la defensa avariciosa de todo privilegio y el apetito obsesivo de seguridad.
Volveré más adelante sobre la expresión política de este miedo: la ley y el orden. Es asombroso, en efecto, que las democracias liberales ofrezcan tan poca resistencia a esta amenaza. Yo propondré, en su momento, una hipótesis. La reacción moral, que es la que nos interesa particularmente aquí, es más significativa, aunque más disimulada. Ante lo que aparece como la disolución de las normas bajo la acción corrosiva de los grupos disidentes, la tendencia es a reafirmar esas normas de un modo no creador y puramente conservador: la concepción puramente defensiva del cristianismo que se ha apoderado de los medios religiosos es otro aspecto impresionante de esta reacción moral. La religión institucionalizada tiende a re-centrarse sobre grupos establecidos homogéneos, frente a la amenaza que representa, para ellos, el desarrollo de los grupos informales, subterráneos, no estructurados; y a ripostar, por medio de un reforzamiento institucional, a las intrusiones de lo imprevisto.
Es así como la tentación del orden se insinúa en lo profundo de la vida personal: cada cual se crispa sobre aquello que le parece que conserva alguna consistencia en medio de la confusión general: familia, profesión, tiempo libre, concebidos a la medida privada; la misma vida espiritual está infectada por un sentimiento de falta de esperanza y de impotencia ante grandes peligros e incertidumbres. Frente al nomadismo más o menos agresivo de los disidentes, el hombre del orden se concibe a sí mismo como un sedentario sitiado o un náufrago en una isla batida por amenazas.
Esta es la polaridad mayor que me parece caracteriza a la sociedad contemporánea. Me he cuidado muy bien de identificarla con un conflicto de generaciones, el cual, si bien real, es sólo la expresión, en términos de edad, de una polarización fundamental que tiene aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y espirituales.
2. El mito de lo simple
Con este trasfondo, quisiera plantear un segundo gran tema: somos testigos del agotamiento del sueño tecnológico y del renacimiento de lo que Alfred Sauvy llama el “mito de lo simple».
Tal vez estemos, en efecto, al final de un sueño de dominación de la naturaleza, añadido a un sueño de crecimiento cuantitativo ilimitado de los goces. Es destacable, a este respecto, que la crítica del sistema, sobre todo entre los izquierdistas americanos, se dirija directamente a este aspecto de nuestra situación. Saltándose, acaso injustamente, la crítica propiamente económica y social de esta sociedad, toman directamente este aspecto del agotamiento del sueño de dominación; y si ellos atacan el lucro, lo hacen menos como la tara del sistema económico que como síntoma de una enfermedad más profundamente enraizada que el mismo capitalismo y que alcanza al conjunto de los comportamientos colectivos e individuales en relación con los hombres y con la naturaleza. Como todos saben, la denuncia de Marcuse del “hombre unidimensional” es el testimonio más ostensible de esta clase de crítica. El éxito fulminante de las campañas contra la polución y la exagerada admiración por la ecología son otros índices de ello. Sobre la base de esta crítica, se ve renacer temas románticos que, en el siglo pasado, en la época de la industrialización naciente, pasaban por reaccionarios: juicio contra la ciudad, contra la cultura civilizada y libresca. De todo esto se alimenta el “mito de lo simple”; por ello, entiendo la tentación de reconstruir, al lado de la sociedad global demasiado compleja, una sociedad neo-arcaica, artesanal y agreste, débilmente institucionalizada (volveré sobre este punto) o al menos instituida al nivel de una economía de subsistencia y de trueque.
No hay nada más peligroso que el “mito de lo simple”. La sociedad del porvenir no será más simple que la nuestra: tendrá también ciudades y computadoras; los problemas de comunicación serán cada vez más complejos, en el sentido material de la palabra, pero también en el plano administrativo y político.
Pero no se puede subestimar el potencial de violencia que se acumula en esta frontera entre la sociedad organizada y la sociedad “alternativa”. Por violencia entiendo, no sólo ni aún principalmente, lo que a veces se llama la “subversión”, sino también, y tanto más, la masa de intolerancia que la sociedad organizada comienza ya a acumular: el acoso a los jóvenes, el odio a los disidentes, son signos precursores de ello. Por segunda vez, hemos vuelto a este círculo vicioso de la disidencia y de la represión.
3. Agotamiento de la democracia representativa
Una tercera fuente de conflictos resulta de otro fenómeno: el agotamiento de la democracia representativa, al cual responden diversas tentativas de democracia directa.
Quisiera insistir aquí en un aspecto de nuestra sociedad que me inquieta considerablemente. Todos hemos oído hace algunos años, y aún lo oímos de tiempo en tiempo, el slogan: elecciones-traiciones. Antes de protestar, comprendamos. ¿Por qué este agotamiento de la democracia representativa? He dicho antes que propondría una hipótesis; aquí está: la democracia anglo-sajona ha dado al mundo un modelo institucional que tiende esencialmente a hacer prevalecer la ley de la mayoría sobre la minoría por medio de elecciones libres destinadas a designar a los representantes del pueblo; este principio democrático, y la práctica más o menos fiel que lo ha puesto en obra, han sido la gran conquista y el gran logro en el plano político, sobre todo en los países anglo-sajones en los dos o tres últimos siglos. Pero este principio no ha conservado un valor progresivo, e incluso progresista, más que cuando la misma mayoría ha representado la conjunción entre los explotados y la parte ilustrada de la opinión, ávida de cambio, de libertad y de justicia.
Se podría preguntar si la tendencia actual no es totalmente distinta.
Parece que la idea mayoritaria, por la extensión inmensa de la clase media, tiende a identificarse con la defensa de lo adquirido y con la resistencia al cambio. De aquí la tentación inversa de una militancia deliberadamente minoritaria y los intentos esporádicos de democracia directa.
Más allá de las instituciones, lo que tal vez habría que poner en el banquillo de los acusados es al «hombre liberal», que es quien las ha generado.
Se puede legítimamente acusar a los liberales de haber tolerado la injusticia en la misma medida en que su libertad de expresión ha sido salvaguardada, entendiendo por esto, esencialmente, la libertad de palabra, de reunión, de publicación, en beneficio, ante todo, de quienes pueden hablar. Hay una traición de los liberales: han sido ellos quienes han hecho las guerras coloniales y quienes, hasta muy recientemente, han apoyado la guerra de Vietnam. Ha ocurrido como si la tolerancia mutua entre gentes de palabra se cambiase, subrepticiamente, en tolerancia a la injusticia y en ceguera frente a los estados de violencia, mientras se exacerbaba la sensibilidad hacia las acciones de violencia.
Tentación de democracia directa
De ahí el sueño de la democracia directa, que es, a la política, lo que el mito de la vida simple es a la tecnología, y, de modo más general, lo que la experiencia salvaje es a la ausencia de proyecto colectivo, al eclipse de las normas y al olvido de las herencias.
Ahora bien, este mismo sueño de democracia directa, está cargado de violencia. La tentación es grande de poner en cortocircuito los procedimientos jurídicos e ir directamente a los tribunales populares. También es grande la tentación de hacer lo mismo con todas las delegaciones del poder e ir directamente a la reivindicación salvaje y sin intermediarios. Se olvida entonces que la democracia política ha sido una conquista muy laboriosa y muy frágil, basada en sutiles procedimientos de discurso y en complejas convenciones de arbitrio de conflictos. Un autor ha dicho: “la democracia es el procedimiento”; y es verdad. Si se pierde dicho sentido, surgen temibles ilusiones: las de una política directa de las masas sin intermediarios organizados. Tal vez se viola entonces una regla insuperable de la acción política eficaz. El precio a pagar es bien conocido: es el prurito de depuración que acecha a todo ejercicio del poder que desprecia el procedimiento. De igual forma, la manera en que tal o cual grupo político lucha por el poder permite presagiar bastante bien el modo en que lo ejercerá. Hegel describe esta situación en la Fenomenología del Espíritu, cuando analiza el fenómeno del Terror de 1793; a ese propósito habla del “furor de destrucción” que se apodera de la libertad sin institución.
Pero, por la otra parte, del lado de la sociedad institucional, las tentaciones de réplica no son menos temibles: de este modo, la sombra del Estado policiaco, acrecentada por todas las reacciones defensivo-agresivas de la clase media—y, tal vez también, de una parte de la clase obrera—se extiende sobre las viejas democracias.
Estos son, pues, los análisis que propongo con respecto a los neo-conflictos de la sociedad industrial avanzada.
Paul Ricoeur
por Luis Enrique Alcalá | Jun 5, 2007 | Fichas, Política |
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El 6 de febrero del año 2006, lunes, asistía el suscrito a la reunión habitual de un grupo de caraqueños, que se reunía periódicamente para comentar el acontecer nacional y escuchar exposiciones de personas con autoridad en algún tema. En esta ocasión dispondría de veinte minutos para exponer, al igual que otro habitué del grupo, que explicaría sus ideas sobre la situación del país. Esa persona está identificada en el texto reproducido—en esta Ficha Semanal #146 de doctorpolítico, que contiene mi exposición de ese día—con las letras YYY. Las letras XXX representan al anfitrión y director del grupo.
Para esa sesión y, como explico en el texto, por primera vez desde que asistía a las tertulias del grupo, escribí unas palabras que leí en ella. Iban dirigidas principalmente a rechazar, por falaz y contraproducente, la tesis de que el 4 de diciembre de 2005, cuando se eligió la actual Asamblea Nacional sin participación de los partidos de la oposición, el pueblo venezolano habría hablado claramente—mediante su abstención electoral (75%)—y emitido dieciséis mandatos específicos. Es como mucho poner en boca de quien calla.
El líder más notorio entre los que encabezaban un tal «Movimiento 4D», el grupo que articuló tan peregrina interpretación, era Marcel Granier. (A raíz del cierre de RCTV, hay quienes han querido identificar en él al arquetipo de líder salvador. Así, por ejemplo, se guinda Antonio Sánchez García en artículo publicado en Venezuela Analítica, y en el que, luego de hacer disquisiciones sobre conceptos de su tocayo Antonio Gramsci—en coincidencia citatoria con Chávez—, advierte a éste: «Lo peor es que le queda clavada una espina: Marcel Granier. Quien ayer nació a la nueva historia venezolana como el líder que el momento demanda: de un temple, una cultura y un equilibrio emocional digno de grandes circunstancias históricas. Hemos perdido ‘por ahora’ un canal. Hemos ganado un estadista». Sánchez García fue asimismo figura descollante del abortado «Movimiento 4D»).
Detrás de tal pretensión actuaba el error de creer que aquel día de comicios se había producido la deslegitimación del régimen. Así habían llegado a creerla importantes líderes políticos y empresariales, y así querían hacerle propaganda. La lectura de mi texto permitirá notar que la decisión que tenía era la de alertar a ciudadanos influyentes e interesados en la buena salud de la Nación, porque desde esas creencias nos encaminaríamos hacia un nuevo fracaso político, uno que traería muy graves consecuencias. Al hacerlo, reivindicaba «[p]recisamente porque nos parece de la mayor importancia política salir de Chávez, es por lo que nos desespera ver la reiteración suicida de una ceguera estratégica que no tiene precedentes en nuestro país».
Si no fui escuchado totalmente, al menos creo haber desinflado algo las posibilidades prácticas de la interpretación del mandato múltiple del 4D. (En la versión reproducida aquí he sustituido, admito, un sustantivo y un adjetivo por otros menos fuertes). Pero, si ese error no se siguió cometiendo, sí se incurrió en otros, como la candidatura de Manuel Rosales, que no ganó ni en el Zulia. Así tenemos un presidente reelecto y cada vez más avasallante, más desafiante. Ha llegado a lograr hasta una rápida rectificación de Benedicto XVI, cosa que no lograron los musulmanes. (Por supuesto, lo que el Papa no ha recogido permanece dicho, y en esto resalta su aviso sobre autoritarismos).
Quienes creemos que Chávez es muy inconveniente para el país hemos tenido pocos y fugaces momentos de satisfacción. En contraste, hemos sufrido pérdidas muy numerosas y profundas. La última es la clausura de Radio Caracas Televisión. Debemos estar haciendo cosas muy equivocadas, vistos los resultados.
LEA
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Advertencia airada
La importancia de los temas fijados por XXX para esta sesión, así como la importancia propia del actual momento político nacional, me han inducido, por primera vez desde que asisto a esta peña, a preparar de antemano mi contribución de hoy. La traigo acá en el ánimo de una regla admirable de Paul Ricoeur, el extraordinario y profundo filósofo fallecido el año pasado. Dijo Ricoeur: “Para ser uno mismo, dialogar con los otros; para dialogar con los otros, ser uno mismo”.
Lo primero que quiero asentar acá es que no creo que haya esta tarde en este sitio alguna persona que haya expresado, de manera más drástica, directa y longeva que yo, el rechazo a la figura del actual Presidente de la República y la política que nos ha traído. Desde un artículo de prensa en el mismo mes de febrero de 1992, en el que expresé mi opinión, que permanece invariable, de que la asonada del 4 de febrero de ese año era un abuso inexcusable, por cuanto el derecho de rebelión no reside en un grupo o minoría cualquiera, no reside en Fedecámaras, no reside en la CTV, ni en la Iglesia Católica, ni en el Bloque de Prensa, ni en ninguna organización por más meritoria y elogiable que haya podido ser su trayectoria, y ciertamente no residía ese derecho en una logia de militares que juraran prepotencias solemnes ante los restos de un decrépito samán. El sujeto del derecho de rebelión no es otro que una mayoría de la comunidad, y cualquier grupo que se lo arrogue sin autorización de esa mayoría es claramente un usurpador.
Como he sentido la malignidad cancerosa del proceso Chávez desde su primera emergencia con toda claridad, no he dejado de rechazarlo y combatirlo con los recursos de los que dispongo desde ese momento. La enumeración de las instancias en las que he hecho esto sería un uso indebido del tiempo que tengo ahora, pero señalaré que en esa larga secuencia fui la primera persona que comparó públicamente a Chávez con Hitler, en octubre de 1998, durante la recta final de la campaña presidencial de ese año. Poco antes, por otra parte, había dicho personalmente al propio Chávez sobre su abuso de 1992 y que no debía seguir glorificando esa fecha que celebró otra vez el sábado pasado. Ya electo, en un acto público, y separado de su persona por unos dos metros, interrumpí su discurso para decir, en voz tan alta como para que los circunstantes escucharan perfectamente, que él estaba completamente equivocado en su concepto constituyente.
Hago esta salvedad porque es experiencia repetida que quienes difieren de ciertas interpretaciones estándar, que quienes se atreven a criticar a la conducción ostensible del proceso opositor son tenidos por poco menos que traidores, y en el mejor de los casos por ingenuos comeflores que no han entendido la dimensión del monstruo que nos domina desde Miraflores.
Pero no, no estamos engañados, ni le hacemos el juego al régimen con nuestra divergencia. Precisamente porque nos parece de la mayor importancia política salir de Chávez, es por lo que nos desespera ver la reiteración suicida de una ceguera estratégica que no tiene precedentes en nuestro país. Es una postura que se asienta sobre espejismos, que proyecta en la mayoría de la nación, injustificadamente, sus propias y equivocadas lecturas acerca de la realidad. La preponderancia de esa manera de ver las cosas, precisamente, imposibilita el diseño y ejecución de una estrategia correcta, y por esto hemos asistido, una y otra vez, a una sucesión de derrotas lamentables. Es porque no queremos ser derrotados una vez más por lo que nos angustiamos y hablamos.
En el mundo ha habido totalitarismos terribles, como los descritos por Luis Enrique Oberto o Hannah Arendt. Stalin, Mao, Hitler, Castro, son las formas más virulentas de la historia reciente. Pero por más que Chávez se enfila en la dirección del totalitarismo, y confirma ese rumbo con su incesante desafío oral, sería un grandísimo error, un error de bulto, afirmar que Venezuela está ahora en las condiciones de Rusia en 1925, o Alemania de 1939, o China de 1964, o Cuba de ese mismo año. En siete años de gobierno ya Fidel Castro había despachado con el fusilamiento a centenares de contrarrevolucionarios, y no había dejado empresa privada viva en Cuba, ni permitía aunque fuese un solo medio de comunicación independiente.
Las más de las veces, sin embargo, las lecturas defectuosas, distorsionadas, inexactas, tienen que ver con la equivocada noción de que los opositores a Chávez somos mayoría, y que sólo basta coordinarla y dirigirla bien para crear una condición que desencadene la caída del gobierno. Por poner un ejemplo, nuestro apreciado coexpositor YYY, escribió la semana pasada en El Universal un artículo en el que proponía un referendo organizado por Súmate para que digamos si queremos ir a elecciones en las condiciones actuales, y vislumbra que millones de venezolanos diríamos no y causaríamos un efecto “demoledor”, para usar su adjetivo. En mi criterio ese panorama no es sino una ilusión. En el momento de mayor efervescencia opositora, cuando la fe fue puesta sobre un referendo revocatorio convocado por iniciativa popular, Súmate nos dijo que la recolección de firmas había alcanzado la cifra de 3 millones 700 mil. Realmente veo muy cuesta arriba que con los recientes desempeños opositores, con la abstención que refleja una desilusión y una falta de fe, pueda siquiera alcanzarse ese número, y entonces lo que YYY quiere obtener no se lograría, sino todo lo contrario. Se haría un esfuerzo para demostrar fehacientemente que somos minoría.
Pero creo que es un ejemplo aún más emblemático y sintomático de la ceguera estratégica reiterada, de una renuencia a aceptar que la dirigencia opositora se ha equivocado sistemáticamente, un manifiesto que circula ahora por la red, y que obtuve por gentileza de ZZZ. Me refiero a un manifiesto a cuyo pie se han colocado las firmas de una veintena de nombres muy destacados e ilustres, a quienes no nombraré para tratar de ser lo más clínico posible y también porque en esa lista están los nombres de algunos muy queridos amigos y los de otros que sin serlo son objeto de mi admiración.
El manifiesto lleva por título: El 4 de diciembre, un mandato del pueblo a la nación. Dicho sea de paso el título es algo autista y redundante. El DRAE define nación como el conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Es decir, el pueblo estaría, en opinión del redactor, dándose órdenes a sí mismo.
De resto, el texto se compone de un conjunto de aseveraciones tajantes, que aseguran alegremente que el 4 de diciembre quienes nos abstuvimos de votar emitimos una serie de mandatos explícitos y específicos. Por ejemplo, dice el texto que
El 4-D el pueblo venezolano manifestó su voluntad de progresar y prosperar de manera sustentable, con igualdad de oportunidades para todos; así como superarse y ser dueño de su destino.
El 4-D el pueblo venezolano formuló su deseo de contar con una Fuerza Armada que garantice la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional.
El 4-D el pueblo venezolano exigió el rescate de la Industria Petrolera para que se sitúe, nuevamente, entre las más poderosas, eficientes y productivas empresas del mundo.
El 4-D el pueblo venezolano invocó el cumplimiento de la cláusula federal y redimir las reformas políticas dirigidas a la descentralización y la paulatina desconcentración del poder político, como fórmulas de control social y garantía de libertad.
Etcétera. No pienso referir acá cada uno de los dieciséis mandatos concretos que los firmantes del manifiesto aseguran que se expresaron inequívocamente el pasado 4 de diciembre. Al ver algunos de los nombres uno puede pensar que unos pocos creen realmente que la cosa es así: se han convencido de que 75% de los electores venezolanos ha alcanzado esa especificidad y esa unanimidad. Otros, y al menos sabemos de un caso directamente, prestaron sus nombres sin saber cuál sería la redacción final, honrados de acompañar tanto nombre notable. Pero otros saben perfectamente que la retórica que mostré en unos pocos ejemplos es falsa y manipuladora. Nadie puede afirmar responsablemente las cosas que contiene ese manifiesto.
Entonces preocupa grandemente que nuevamente se proponga a la opinión pública, a esa entelequia a nombre de la que muchos pretenden hablar y llaman “la sociedad civil”, una interpretación de la realidad completamente falseada que impedirá la formulación y puesta en práctica de una estrategia verdaderamente eficaz. El manifiesto al que aludo es ya una desesperante repetición de lo que no ha funcionado hasta ahora. Es de nuevo la letanía acusadora de Chávez, en una práctica que se limita a eso, a la acusación, sin alcanzar jamás el nivel urgentemente requerido de la refutación de Chávez.
Preocupan estas cosas porque los nombres firmantes son los de personas de poder e influencia, que pueden determinar la postura de los imprescindibles asignadores de recursos financieros y de espacios de comunicación en este año que quiérase o no, será un año electoral. La ceguera continúa. Uno de los firmantes me decía en 1998: “A mí no me importa si Salas Römer tiene o no la razón; si está equivocado o no; a mí lo que me interesa es que es el único que puede derrotar a Chávez, y por esto lo voy a apoyar, diga lo que diga”. Salas Römer había dicho que la constituyente era “un engaño y una cobardía”, y así se alineó en contra de la mayoría nacional que quería una constituyente y, por supuesto, perdió. La insensatez es una cizaña de difícil extirpación.
Así que ahora, como se van conformando las cosas, de no producirse una toma de conciencia, una iluminación repentina, ocurrirá otra vez que prevalecerá la insensatez política y Chávez será reelecto en diciembre de 2006, mientras los que hayan predicado abstenerse, retirarse, abandonar el campo al enemigo, pretenderán que son triunfadores, que Chávez habrá sido deslegitimado, como la Asamblea Nacional, y que hemos emitido un nuevo mandato del pueblo a la nación.
Encontrar una estrategia verdaderamente eficaz requiere un valor poco común entre los hombres: el necesario para abandonar tercas percepciones equivocadas, el reconocer que se ha errado. Es verdad que el 4 de diciembre se pudo ver una debilidad en el régimen, y por esto es posible intentar una aventura electoral con alguna esperanza razonable de triunfo. Pero, por un lado, la oposición institucionalizada en los partidos, que se retiraron porque sabían que no podían ganar ni que Teresa de Calcuta presidiera el CNE, mostró aún más debilidad que la aparente en el gobierno; por otra parte, no es en las direcciones que ahora parecen cundir en buena parte de la conciencia opositora por donde se encontrará la salida. La mentira no se combate con otra mentira de mole equivalente; la mentira sólo se vence con la verdad.
Gracias.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | May 29, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Hay que ser caradura para afirmar, como lo hacen constantemente el presidente Chávez y sus acólitos, que en Venezuela reina la más amplia libertad de expresión. No hay registro en la historia del país, ni siquiera en épocas de sus peores dictaduras, de tanta y tan prolongada violencia en contra de sus medios de comunicación y sus periodistas, saña alimentada por el propio gobierno en forma mendaz y traicionera.
Ahora ha cometido éste su arbitrariedad más evidente, con su negativa a renovar la concesión a Radio Caracas Televisión. No habían pasado tres minutos del inicio de la transmisión inaugural de TVes, el nuevo canal al servicio del despótico presidente, cuando ya transmitía la imagen y la voz de este ciudadano, con el pretexto de comentar la Copa América 2007. La nueva televisora, dirigida por quien—Lil Rodríguez—en 2000 se airara hasta el límite de la irracionalidad por el cierre de El Diario de Caracas (porque quedaba desempleada)—ahora también en manos proclives al régimen—es obscenamente pro chavista, financiada por empresas públicas que, como Pequivén, anuncian en sus cuñas que son “industrias socialistas”.
Como se lo enrostrara hoy la Unión Europea, no hay justificación para que, a la extinción del lapso de la concesión, se prescinda de una licitación que asignara el uso de la frecuencia ya arrebatada. El gobierno, pues, ha actuado como usurpador, y no posee un ápice de razón justa para adueñarse de otra frecuencia en el espectro—para no considerar la grosera expropiación ordenada por un complaciente Tribunal Supremo de Justicia—cuando dispone de VTV, Vive, Telesur, las arbitrarias cadenas y las arbitrarias cuñas, y la asquerosa y cobarde aquiescencia de Televén y Venevisión. (Anoche, artistas y periodistas de este último canal dieron un magnífico ejemplo de valentía y solidaridad pues, arriesgando su puesto de trabajo, se acercaron hasta los estudios de Globovisión para manifestar su apoyo a RCTV y su disgusto por el cierre de este canal. Gledys Ibarra lo puso sucintamente: “Nos han quitado un pedazo de la lengua”).
La Ficha Semanal de hoy, 29 de mayo de 2007 (#146), reproduce el artículo principal—El enjambre—de una de las primeras Cartas Semanales de doctorpolítico (cuando todavía ni siquiera se llamaban así). Fue un número extra (16A), escrito en la madrugada del 10 de diciembre de 2002, luego de conocer la violenta y extensa acción coordinada de bandas que agredieron un sinnúmero de medios de comunicación privados por todo el país.
Como se verá del texto, el suscrito tenía esperanzas en que la presión del paro de esos días forzaría un cambio político importante, a pesar de no haber estado de acuerdo con su lanzamiento. (Todavía la oposición venezolana estaba muy herida y debilitada a raíz del gravísimo error del 12 de abril de aquel año). Esas esperanzas se vieron frustradas, pero el razonamiento del artículo sigue siendo, creo, esencialmente correcto y vigente.
El cierre de RCTV es un error político garrafal de parte de Hugo Chávez. Ya es notorio el novísimo factor de la protesta. Por primera vez desde que comenzara el despropósito chavista, es la juventud estudiantil la que asume un papel de protagonista. Por ahora se trata de enjambres tranquilos. Pero pudieran africanizarse.
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El enjambre
Era la Mérida de 1962. Presidía la República Rómulo Betancourt. No hacía mucho que las fuerzas de seguridad venezolanas habían descubierto, en costas del estado Miranda, un desembarco de armas provenientes de Cuba, destinadas a alimentar la subversión en nuestro país. A Betancourt no sólo quiso eliminarlo Rafael Leonidas Trujillo, alias «Chapita», dictadorzuelo brutal y corrupto, sin más ideología que la de su propio provecho, a costa de sangre y de muerte. También Fidel Castro, esta vez un dictador ideologizado en el marxismo, que veía en la incipiente pero promisoria democracia venezolana una amenaza para sus propósitos.
Mérida fue en ese entonces pieza clave de la infancia de nuestra democracia, pues fue en La Azulita, a escasos kilómetros de la ciudad de Febres Cordero, donde comenzó la guerrilla sesentosa venezolana.
Allí, en Mérida, a comienzos de la prodigiosa década de los sesenta, escuchábamos a un experto en el combate político duro; ese que busca el poder por la violencia. Nos explicaba cómo era posible, a un simple cuarteto de terroristas de oficio, provistos de sendos revólveres, disolver una marcha de diez mil manifestantes, en una ciudad con la topografía urbana de Mérida, provocando el caos y la muerte sin herir directamente a nadie.
La receta era sencilla. Cada conjurado, con su revólver, por supuesto, debía apostarse al término de cada calle de una esquina, en cada ramal de una bocacalle de ciudad construida según el patrón que los urbanistas conocen como cuadrícula española. Allí acecharían hasta que el grueso de la marcha llegase a la intersección.
Entonces, y sólo entonces, cada matarife desenfundaría, y uno de ellos haría un disparo al aire. Provocaría, sin duda, una estampida de la gente en la dirección contraria. Entonces dispararía, de nuevo al aire, sin herir persona alguna con la bala, un segundo conjurado. El resultado sería el previsible: la masa humana volvería atropelladamente sobre sus pasos, buscando quizás un curso de escape perpendicular. Pero un tercero haría nuevos disparos al aire desde el polo de la nueva dirección, y al reflujo de la desesperada masa respondería, en eco siniestro, el cuarto pistolero. La manifestación se mataría ella misma, aplastada por sus propios pisotones. Un equipo de cuatro.
En enseñanza menos luctuosa, a quienes nos iniciábamos en el tráfago estudiantil de las universidades, ya habíamos aprendido cómo se boicotea una asamblea de quinientas personas. Sólo es preciso sembrar una decena de agitadores en sitios dispersos de la sala de asamblea. Una rechifla desde un asiento de atrás a la izquierda, el eco en gritos amenazantes desde el centro, la repetición desde asientos delanteros, coreada ahora de nuevo desde atrás y a la derecha. Pandemonio.
La técnica es siempre la misma. No se necesita que sean muchos los revolucionarios profesionales. Basta un pequeño número, bien adiestrado, inmisericorde, violento. Adina Bastidas no necesitó más de una treintena de camaradas de su hijo para sembrar la desazón en la Universidad Central de Venezuela, durante más de un mes. Los tomistas del Rectorado de la UCV, alimentados logísticamente por la propia Vicepresidencia de la República dizque bolivariana de Venezuela, fueron capaces de romper la paz de Los Chaguaramos en contra de la voluntad de decenas de miles de miembros de la comunidad universitaria.
Una treintena de policías aprendió de ese modelo «universitario». O mejor dicho, recibió del dramaturgo el mismo libreto. Prevalidos de la noche tomaron el centro más neurálgico de nuestra policía de metrópoli, y allí aguardaron, seguros del apoyo, hasta que fuera tomada desde arriba por completo. Lo que no pudieron lograr en la UCV lo obtuvieron en la Policía Metropolitana.
¿Por qué se tomó la Policía Metropolitana? Porque el libreto estratégico dice que no es bueno que la PM ande por allí fuera de nuestro control mientras asaltamos a Venevisión, RCTV, Globovisión, Televén, Meridiano, TRT, etc. (Y no queremos olvidar a todos los demás canales, periódicos, estaciones de radio. Rogamos su benevolencia para no desviarnos de la ruta que traíamos. Una relación tal vez parcial de la madrugada se encontrará bajo este texto).
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Si algo está en minoría en Venezuela es la violencia real organizada. La de los ataques de ayer. No son muchos los atacantes. Nunca lo han sido. Y ahora pretenden, luego de las batallas de Cotiza y Maripérez, no ya tomar un buque o una estación de gasolina, sino tomar al ciudadano, que existe en millones.
¿Cuántos cubanos podría traerse? ¿Cuántos sicarios y guerrilleros de Colombia? ¿Cuántas Linas Rones tiene? Tiene, no hay duda, oficiales de estado mayor y de campaña. Rodríguez Chacín, García Ponce, García Carneiro, Diosdado, de un lado; Otayza, Freddy, del otro. Pero muy pocos sargentos como Lina. ¿Por qué ha tenido que multiplicarse Lina Ron en tantas batallas? Porque no hay muchos o muchas como ella. Ni siquiera porque hubieran ochenta círculos peligrosos en Petare, como se afirma. ¿Cuántos petareños podrá tener un círculo? ¿Treinta? Dos mil cuatrocientos en total. ¿Cuántos habitantes tiene Petare? ¿Medio millón?
¿Doscientos contra uno?
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Dictaduras mucho más estrechas que la que Chávez aspira a completar, como la de Reza Pahlavi en Irán, con un estado que era la admiración del planeta por lo eficaz de sus policías, especialmente de su policía política, y amigo de los Estados Unidos, cayó estrepitosamente. Chávez no puede durar eternamente. El castrismo no puede ejecutarse en cámara lenta, porque mucho antes de asegurarse la parálisis del cuerpo social, éste se manifiesta como enjambre, como una eruptiva de incendios simultáneos en tantos sitios que el gobierno de una era totalmente informatizada ya no puede apagar.
Es el enjambre, Presidente, lo que puede perfectamente matarle. No un asesino a sueldo, no un asalto militar. Ud. pudiera morir como Mussolini sin Petacci. Si Ud. continúa en su libreto, y busca dominar a Venezuela como Castro sojuzga a Cuba; si Ud. manda a atacar ahora a una decena de urbanizaciones en Caracas, para aterrorizar las casas de sus enemigos; si Ud. llegare a ordenar una vez que se eche el común delincuente, con la seguridad de resultar impune, sobre los pobladores que le adversan, en alguna persecución de nombre y apellido, sepa que está sellando su suerte.
Las abejas son usualmente inocuas hacia el hombre o las bestias. Pero son letales para el más grande de los animales. Hasta el mayor de los elefantes sucumbe a los mil aguijones envenenados de un enjambre. Como mil hipodérmicas sobre un hombre, cada una de las cuales inocula la milésima parte de una dosis mortal.
Ojalá no. Pero si llegara a ser, en desagravio a Bolívar, que su cuerpo colgara de un poste, amoratado, herido de mordiscos y cuchillos, mojado de saliva ajena, desnudo y de cabeza de un árbol de la Plaza Bolívar, Ud. recordará otro árbol señero, al que nunca conoció frondoso, ante el que una vez juró su desatino.
Los fascistas morían a manos de las turbas ciudadanas. No sólo el jefe.
Por eso su derrota no depende de la coordinadora, ni de la gente del petróleo, ni de la iglesia, ni de la banca, ni de los medios, ni de nadie. Si pudiera eliminar, que no puede, cada grupo, cada institución, cada poder, todavía quedaría el poder del enjambre. Lo mataríamos inevitablemente, porque Ud. habría africanizado estas abejas.
Si Ud. quiere salvarse, repliéguese. Retire sus círculos de la calle. Sepárese temporalmente del cargo. No presida la República en diciembre. No diga que no puede porque la Constitución (234) se lo permite. Regálenos veintisiete días de paz. ¿Es mucho pedirle, Presidente? ¿O es que Ud. necesita aniquilar en navidades?
Los otros, los que se pararon, que recuperen ahora en el trabajo, que estarán después más fuertes y centrados.
Tome Ud., Presidente, veintisiete días de retiro. Repase su estrategia y su concepto.
Pero le decimos. También en enero será derrotado. Se lo apostamos. Y eso no lo evitará la muerte de algunos apostadores.
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Relación de medios atacados el 9 de diciembre de 2002
Globovisión, RCTV, Meridiano Televisión y Venevisión, así como los medios del estado Aragua, el diario “El Aragüeño” y el canal regional TVS.
El canal Promar TV, en el estado Lara, también sufrió los ataques de los oficialistas, así como el diario El Impulso de Barquisimeto.
También fueron rodeados el diario El Siglo y El Aragüeño en Maracay.
Los chavistas rodearon y tomaron las sedes de TV Táchira, Radio Valera y Radio San Juan de los Morros en Guárico.
Globovisión Zulia sufrió destrozos en sus instalaciones.
TVO Anzoátegui: estaba cerrada (ellos sólo transmiten hasta las 9 de la noche), sólo destrozos en la fachada.
Fueron atacados simultáneamente en todo el país, todos los medios de comunicación televisivos e impresos.
Desde hace varias horas rodean el Hotel Gran Meliá Caracas.
10 de diciembre de 2002, 3:46 a.m.
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por Luis Enrique Alcalá | May 22, 2007 | Fichas, Política |
LEA, por favor
En el número anterior se avisó que esta Ficha Semanal #145 de doctorpolítico se reproduciría un trabajo relativamente extenso—Primer referendo nacional—que fuera publicado originalmente el 20 de septiembre de 1998 en el número 28 de la publicación referéndum, redactada y editada por quien escribe entre 1994 y 1998. En el largo artículo se proponía la realización de una consulta sobre la deseabilidad de convocar una asamblea constituyente, aprovechando que el Congreso de la República había incluido un título nuevo—De los referendos—en la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Para el momento la proposición no tuvo acogida. Fue elevada directamente a la consideración del Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera, por intermedio de representación ante su Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Fernando Egaña, actuación parecida ante su Ministro de CORDIPLÁN, Teodoro Petkoff, y por entrega del texto que aquí se transcribe en La Casona. Ambos ministros, sobre todo este último, indicaron su general acuerdo con la idea, pero por razones que desconoce el autor de estas líneas, la proposición fue desestimada. En octubre de ese mismo año, cerrada la posibilidad de que fuese Rafael Caldera el organizador de la constituyente, el suscrito creyó oportuno escribir: “…que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Éste es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida”.
En efecto, al año siguiente una decisión de la Corte Suprema de Justicia—19 de enero de 1999—sobre recurso de interpretación del Artículo 181 de la LOSPP, declaraba que sí podía consultarse a los ciudadanos si era su voluntad elegir una asamblea constituyente, aun cuando esta figura no estuviera contemplada en la Constitución de 1961. La argumentación acogida por la Corte de la ponencia del magistrado Humberto La Roche, era esencialmente la misma del texto acá reproducido (publicado cuatro meses antes), basada sobre la noción de supraconstitucionalidad del Poder Constituyente Originario. Lo que vino después es conocido, y su resultado es la Constitución de 1999, un documento producido en constituyente de muy deformada representatividad, y aprobada en defectuoso referendo del 15 de diciembre de 1999.
Quien escribe había venido argumentando desde 1983, y más explícitamente con la escritura desde 1994—a la par que otras voces—que se necesitaba un proceso constituyente, pues el “sistema operativo” del Estado venezolano se había hecho obsoleto en más de un punto, y esa razón indicaba que no sería suficiente una reforma. (Cuando se desea actualizar el sistema operativo de un computador—era imagen que ofrecía para ilustrar el punto—digamos para llevarlo de Windows 1.0 a Windows XP, el procedimiento no consiste en enmendar con pegotes el viejo sistema. Lo que se hace es sobreimponer de una vez el nuevo sistema sobre el viejo).
En mayo de 1998 una dama caraqueña, esposa del importante empresario aludido en la ficha #144 de la semana pasada, escuchó una exposición del suscrito en ese sentido. Opinó entonces: “Lo que propone Luis Enrique es muy bueno, porque le quita una bandera a Chávez”. Respondí que la constituyente, aunque causara ese efecto colateral beneficioso, debía ser emprendida aunque Chávez no existiese. Es de este intercambio que nace la reunión referida en la ficha anterior, acaecida el 24 de junio de 1998. A pesar de que la dama en cuestión, lúcidamente, había aducido a su esposo que si la mayoría del pueblo quería constituyente era hora de acoger su causa, el producto de esa reunión en su casa fue la constitución de un “movimiento de maletín”, La Gente es el Cambio, que suscribió una campaña televisada multimillonaria contra la noción de la constituyente. Una vez elegido Chávez, y producida la decisión de la Corte, una de las personas directivas de La Gente es el Cambio procuró candidatearse para la constituyente que hasta hacía poco consideraba obra del demonio.
El tratamiento del problema constituyente por los “factores reales de poder” en Venezuela fue una de sus estrategias menos eficaces. Al remar a contracorriente de la opinión popular, entregaron a Hugo Chávez el poder en bandeja de plata, y la constituyente que siguió fue muy distinta de lo que hubiera podido ser convocada y reglamentada bajo la dirección de Caldera.
El suscrito debe admitir que la decisión de publicar esta ficha debe su origen a una inexactitud que se le enrostra: que critica sin proponer. Como lo comprueba ésta y la ficha anterior, al menos para el problema electoral de 1998 y para el más profundo problema constitucional, quien escribe había propuesto tratamientos diferentes de los que la oposición a Chávez terminó administrando. Un dueño de planta de televisión argumentó su oposición a la idea de consultar sobre una constituyente en los siguientes términos: “Yo apoyaré todo lo que diga Salas Römer, aunque no tenga razón, porque él es el único que puede derrotar a Chávez”. Salas Rómer había ya declarado que la constituyente era “un engaño y una cobardía” y, como sabemos, fracasó en el intento de vencer al actual Presidente de la República. Su partido, Proyecto Venezuela, apoyó después candidatos a actuar dentro de ese engaño y esa cobardía.
LEA
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Primer referendo nacional
Un nuevo título distingue a la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política: el Título Sexto de esta ley está dedicado por entero a la celebración de referendos.
Los referendos deben practicarse “con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”.
Hay algunas materias que, independientemente de su trascendencia, según la ley no pueden ser consultadas. Estas son las materias de carácter presupuestario, fiscal o tributario; la concesión de amnistía o indultos; la suspensión o restricción de garantías constitucionales y la supresión o disminución de los derechos humanos; los conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos jurisdiccionales; la revocatoria de mandatos populares, salvo lo dispuesto en otras leyes; los asuntos propios del funcionamiento de entidades federales y sus municipios.
La expresa prohibición de suspender garantías por referendo remite al recuerdo de la amenaza de Rafael Caldera de recurrir a este expediente cuando, a comienzos de este período, su segundo decreto de suspensión de garantías fue rechazado por el Congreso. La amenaza surtió su efecto. Un subsiguiente envío de, en esencia, el mismo decreto, contó con los votos de Acción Democrática para la aprobación parlamentaria.
Y la exclusión de la revocatoria de mandatos populares como materia de referendos va contra su concepto de reforma constitucional en 1991 y del principio expuesto en su Carta de Intención con el Pueblo de Venezuela, donde se propugna, entre otros, los referendos revocatorios.
Desde el punto de vista del Derecho Público lo correcto es crear los referendos—más allá del único previsto en la Constitución vigente para reformarla—en una normativa constitucional, como lo prefiere Caldera, a como lo hizo el Congreso, que los permite en uno de los títulos de la ley electoral, la que, naturalmente, tiene rango subconstitucional. Un referendo nacional es una convocatoria al propio fundamento de la democracia—los Electores—para tomar “decisiones de especial trascendencia nacional”. El nivel correcto para prescribir los actos del poder público primario es el de la Constitución. Una vez hecho desde el rango de una ley, aunque orgánica, no podía esta ley además vulnerar, con referendos revocatorios, períodos de mandato establecidos constitucionalmente. De allí la salvedad: “salvo lo dispuesto en otras leyes”. Pero ninguna ley distinta podrá hacer lo que ésa no pudo: disponer algo distinto de lo que manda la Constitución. La salvedad, pues, no ha puesto a salvo nada, y al menos en ese punto los referendos aguardan por su correcta inserción constitucional.
Pero fuera de las materias prohibidas toda otra decisión de especial trascendencia nacional puede ser consultada a los Electores. (La ley referida los pone en minúsculas). De hecho, en una misma consulta puede decidirse sobre más de una materia, pues la ley indica que “podrá convocarse la celebración de más de un referendo simultáneamente en una misma fecha”.
Una vez convocado un referendo el Consejo Nacional Electoral debe asegurar su celebración en un término no mayor de noventa días y no menor de sesenta. Esto es, a esta fecha todavía quedaría tiempo de celebrarlo junto con las elecciones presidenciales de diciembre. Para que esto sea posible habría que convocarlo antes del día 6 de octubre próximo.
¿Quiénes pueden convocar un referendo nacional? En el orden del texto de la ley, en primer lugar, el Presidente en Consejo de Ministros; luego una sesión conjunta del Congreso de la República por votación favorable de sus dos terceras partes; finalmente un número no menor del diez por ciento de los Electores, o un poco más de un millón de ellos.
Por orden de representatividad decreciente, consideremos primero la ruta de la iniciativa popular: obtener más de un millón de firmas de Electores registrados en apoyo a la convocatoria del referendo. Que esto se intentaría fue prometido únicamente por Hugo Chávez Frías en declaraciones de su campaña. Parece ser que su organización no pudo o no quiso, a pesar de la promesa y de su pretendida fuerza, obtener el número de firmas necesarias. Sólo le quedan quince días.
Luego está el Congreso de la República, el que ya ha concluido su período y que no hizo caso de la proposición que el Dr. Allan Brewer le hiciera llegar. Siempre se puede, por supuesto, convocar a sesiones extraordinarias para ese único fin. El Congreso de la República podría. Le quedan quince días para hacerlo.
Por último puede hacerlo el Presidente en Consejo de Ministros. Tiene quince días para convocarlo. La pregunta es ¿para qué hacerlo? La respuesta legal es obvia: para que los Electores tomen “decisiones de especial trascendencia nacional”. La pregunta política sólo podemos contestarla los Electores: ¿queremos nosotros tomar esas decisiones?
Constituyente
No puede caber duda de que Venezuela está frente a decisiones de especial trascendencia nacional. De hecho, una de ellas ha motivado la actual discusión pública sobre referendos. Se trata de la conveniencia de convocar un órgano constituyente. Y según todos los registros una buena parte de los Electores, de hecho la mayoría, dice querer una Constituyente.
Como quiera que se mantienen discrepancias importantes, no sólo entre quienes creen que no debe convocarse una Constituyente y quienes piensan lo contrario, sino respecto de la forma de integrarla y la extensión de sus poderes, y respecto de la necesidad o no de reformar la Constitución de 1961 para convocarla, sería muy conveniente despejar también estas diferencias con ocasión del referendo.
Acá hay, pues, varios puntos a dilucidar, y esto requiere la mayor claridad sobre ciertos puntos fundamentales.
Según importantes expertos sería preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse un órgano constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el «hilo» de una constitución que sólo prevé reformas y enmiendas según procedimientos expresamente pautados y que además establece en su artículo 250: «Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone».
Pero este artículo se refiere a algo inexistente. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Y esto sería, a mi juicio, la única razón valedera para convocar una Constituyente: que se requiera un nuevo pacto político fundamental que no pueda ser obtenido como reforma o enmienda del pacto constitucional existente. Si los cambios constitucionales previstos por quienes propugnan la Constituyente pueden ser obtenidos por modificación de las prescripciones vigentes o mera inserción de prescripciones adicionales, entonces no requerimos una. Bastaría entonces una reforma según lo pautado en el Artículo 246.
¿Puede argumentarse que nuestra actual armazón constitucional necesita, ya no ser modificada, sino sustituida por otra que contemple aspectos que no pueden obtenerse por reforma y que de alguna manera implican un concepto cualitativamente distinto? Sí puede hacerse, y de hecho se ha argumentado así en varias instancias. Baste como muestra referirse a lo que el Dr. Brewer-Carías ha señalado respecto de una posible integración de Venezuela en una confederación política, a la que habría que transferir poderes que actualmente son prerrogativa propia de nuestro Estado. Un cambio de esta naturaleza es claramente algo que no puede ser llamado una reforma, y menos aún una enmienda, que es aquello para lo que el “poder constituyente ordinario” o “derivado”—el Congreso de la República—tiene facultades expresas. Esta es la verdadera razón para la convocatoria de una Constituyente. Los argumentos que visualizan un órgano de este tipo como medio de recambiar el elenco de actores políticos nacionales son un desacierto: para esto es que se ha creado el procedimiento electoral.
Habiendo establecido este punto fundamental, regresemos a uno que es objeto de debate y divergencia: dado que es necesaria la Constituyente y que la conveniencia de convocarla puede ser sometida a referendo ¿es necesario reformar la Constitución de 1961 para convocarla aun en caso de que el referendo rinda una decisión positiva?
Quienes así piensan han dicho que la inclusión de un nuevo artículo en el texto de 1961 en el que se prevea la celebración de una Constituyente pudiera incluso ser considerada una enmienda, pero que hacerlo por esta vía causaría un considerable retraso. Las enmiendas aprobadas por el Congreso son sancionadas, a diferencia de las reformas, por las Asambleas Legislativas de los Estados, y a este respecto el ordinal quinto del Artículo 245 de la Constitución establece que las Cámaras procederán a declarar sancionado lo que haya sido aprobado por las dos terceras partes de las Asambleas, en sesión conjunta de aquéllas “en sus sesiones ordinarias del año siguiente” a aquél en el que la enmienda haya sido sometida a la consideración de las Asambleas. Es decir, si el Congreso que formulara la enmienda fuese el que se reunirá a partir de enero de 1999, entonces no podría tal enmienda ser sancionada hasta el año 2000, y sólo entonces se podría proceder a elegir los miembros de la Constituyente.
En cambio, los proyectos de reforma estipulados en el Artículo 246, sancionados por la mayoría de los Electores—en el único tipo de referendo previsto en la Constitución de 1961—no requieren un lapso intermedio entre la aprobación por las Cámaras y la celebración del referendo. (De nuevo en sesión conjunta las Cámaras fijarían la oportunidad ad libitum). De hecho, pues, este proceso puede ser más corto que el de una enmienda. El único problema es que añade un segundo referendo y por tanto otro tipo de retraso y un costo mucho mayor. O sea, si la secuencia comenzara por el referendo consultivo de diciembre de 1998 para establecer el deseo de los Electores acerca de la Constituyente, convirtiéndolo, como se ha dicho, en un mandato para que el Congreso del próximo año proceda a la reforma pertinente, esta reforma no entraría en vigencia sino después de un segundo referendo, el que probablemente no podría celebrarse hasta mediados de 1999, para aprovechar el montaje de las elecciones municipales de ese año. Y luego habría que organizar—otro retraso y otro costo—las elecciones de la Constituyente misma.
Hay dos maneras de salvar un retraso tan inconveniente. La primera, manteniendo el punto de la previa reforma constitucional, es que el Congreso de este mismo período celebre antes de diciembre sesiones conjuntas extraordinarias para aprobar un proyecto de reforma en este sentido (el que tendría que ser presentado, para no tomar en cuenta una engorrosa y azarosa discusión de las Asambleas Legislativas, por una tercera parte de los congresistas y admitido por las dos terceras partes). Luego de la aprobación—por mayoría simple—en ambas Cámaras, la sesión conjunta puede perfectamente determinar que el referendo sancionatorio se produzca junto con las elecciones presidenciales, en el mismo acto en el que se consultaría ulteriormente si los Electores queremos elegir la Constituyente pautada en la reforma.
Para el referendo que aprobaría la inclusión de la figura de la Constituyente en el articulado de 1961 no hay que sujetarse, pues, a los plazos fijados para los demás referendos. No puede privar una ley sobre la Constitución, y ésta deja a la potestad del Congreso la fijación de la oportunidad. Así, una división del trabajo necesario se insinúa con claridad: el Congreso, simplemente, debe abrir la puerta constitucional a la convocatoria de constituyentes; el Presidente de la República, junto con sus Ministros, procede a consultar a los Electores si queremos convocar una de una vez, la primera “Constituyente constitucional”, valga la redundancia si es que la hay. Ambas agendas, separadas, se complementarían.
Dicho de otro modo, no se le pide a nuestro renuente Congreso que se pronuncie por la convocatoria; ni siquiera que convoque a un referendo para consultar el punto. Tan sólo se le pide, a unas Cámaras que dejaron transcurrir todo el período legislativo sin iniciativa constituyente, que consagre lo que a todas luces es necesario establecer. Esto al menos nos debe el actual Congreso a los Electores. En este caso podría ahorrarse muy importantes sumas de dinero—en una situación fiscal tan apretada como la nuestra—pues las elecciones de la Constituyente podrían hacerse coincidir con las elecciones municipales de 1999 y su trabajo podría comenzar el mismo año que viene.
Y si el Congreso consintiese, como es su obligación política, en producir la reforma de una vez, haría bien en no postular una Constituyente de composición partidizada. Que los legisladores que eliminaron la uninominalidad para la elección del Senado no la prohíban para la Constituyente. Si, por lo contrario, diseñaran un formato constituyente enfrentado a las aspiraciones más populares, estarían preparando una contradicción prácticamente insalvable en el doble referendo que propongo: la aprobación a la convocatoria de la Constituyente junto con el rechazo a la forma prescrita en la reforma.
Queda una vía más radical, finalmente, para la convocatoria de la Constituyente: derivarla directamente de un referendo que pudiera efectuarse ahora, en diciembre de 1998.
Esto es, se prescindiría de la reforma previa en el texto constitucional vigente. ¿Es esto anticonstitucional? Creo que puede argumentarse que el punto es, más bien, supraconstitucional.
En efecto, el Poder Constituyente tiene justamente ese carácter supraconstitucional. Este poder no es otra cosa que el conjunto de los Electores, de los Ciudadanos, del Pueblo. Si en cualquier caso, una reforma constitucional no puede ser promulgada sin el voto favorable del Poder Constituyente, un referendo directo sobre algún punto constitucional es un acto equivalente, en su esencia y en sus efectos, al de un procedimiento convencional de reforma. Si el Poder Constituyente considerase como deseable la convocatoria de una Constituyente, sería inconcebible que el Congreso de la República presentase a ese mismo poder un proyecto de reforma contrario a ese deseo, o que le dijese a los Electores que su deseo supremo no puede ser llevado a la práctica porque no esté contemplado en las actuales disposiciones constitucionales.
Y es que el purismo jurídico que ahora se esgrime contra la derivación directa de una Constituyente a partir del propio Poder Constituyente no es exhibido para nada a la hora de evaluar jurídicamente el siguiente hecho incontestable: el Congreso elegido en diciembre de 1958, y que produjo la Constitución que hoy nos rige, nunca estuvo explícitamente facultado por los Electores para constituirse como órgano constituyente. Ese Congreso se arrogó, pues, facultades extraordinarias que no le habían sido conferidas por nadie, y produjo una Constitución que nunca fue aprobada por el Poder Constituyente sino por las Asambleas Legislativas (¡el más débil procedimiento pautado ahora para las enmiendas!), a pesar de lo cual dictó en el Artículo 252: “Queda derogado el ordenamiento constitucional que ha estado en vigencia hasta la promulgación de esta Constitución”.
Si alguna justificación pudiera aducirse en la fundamentación del origen de nuestra actual Constitución, tendría que ser la de que el Congreso que la produjo tuvo un origen democrático, a diferencia del anterior constituyente, el Congreso de la época dictatorial. Y aun así debe admitirse que esta procedencia democrática, que bastó para basar la nueva Constitución, es menos fuerte y directa que la de un referendo explícito.
Como tampoco, a un nivel distinto por cierto, el purismo constitucional se hizo escuchar demasiado cuando el presidente Caldera amagó con la convocatoria de un referendo sobre su segunda suspensión de garantías constitucionales en este período, a pesar de que los referendos consultivos no estaban previstos en ninguna norma legal venezolana. Nadie menos que el reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza declaró por aquellos días que ya tenía preparado el texto del decreto que convocaría el referendo.
Valga la referencia al Dr. Andueza para citarlo en abono a la tesis de que una decisión de convocar directamente la Constituyente a partir de un referendo no sería un acto inconstitucional. En su trabajo para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas en 1954, “La jurisdicción constitucional en el derecho venezolano”, el entonces bachiller Andueza se acogía, en su aspecto material—a distinción del procesal—a la siguiente definición de inconstitucionalidad: “una contradicción lógica en que se encuentra el contenido de una ley con el contenido de la Constitución”. Y un mandato de convocatoria de la Constituyente emanado del propio Poder Constituyente no es una ley; es verdaderamente una disposición supraconstitucional que no puede entrar en contradicción con algo que ni siquiera ha sido previsto por la Constitución actual: la sustitución total de ella misma por una nueva Constitución. Si algo es una contradicción lógica con ella misma, repito, es la Constitución de 1961 cuando afirma que no podrá ser derogada “por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”, dado que no dispone ninguno.
Tal vez el bachiller Andueza sostenía entonces criterios distintos que los que hoy pueda ejercer, pero otras lecturas del mismo trabajo podrían llevarnos a suponer que él prefería en 1954 que los cambios constitucionales fuesen producidos sólo por constituyentes. Por ejemplo, decía en ese tiempo: “Siendo la Constitución la norma suprema del Estado, la que ocupa el vértice superior de la pirámide jurídica, ella no puede ser derogada ni abrogada por el procedimiento legislativo ordinario. Si ello fuera posible, el legislador estaría investido de una función constituyente y las constituciones escritas serían—como lo dijera con tanta propiedad el juez Marshall—«intentos absurdos de parte del pueblo para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitado»”. (El jurado examinador de la tesis del bachiller Andueza, sin admitirse solidario de sus ideas, encontró en ella méritos que la hicieron acreedora de una mención honorífica y recomendó su publicación. Ese jurado estuvo compuesto por los doctores F. S. Angulo Ariza, Eloy Lares Martínez y Rafael Caldera Rodríguez).
En suma, creo que sería preferible, más suave y respetuosa, una reforma inmediata, en sesiones extraordinarias del actual Congreso de la República, que diera lugar a una reforma creadora de la figura de Constituyente dentro del texto constitucional vigente, la que puede perfectamente someterse a referendo aprobatorio según el Artículo 246 de ese texto y conjuntamente con un referendo consultivo que convoque el Ejecutivo Nacional acerca de la deseabilidad de la celebración de una Constituyente concreta. Pero si este Congreso vuelve a fallarnos, si persiste en obliterar los canales lógicos del cambio constitucional, el medio más airado y abrupto del origen directo en el referendo consultivo está siempre disponible, pues su brusquedad no equivale a la falta de juridicidad. Ese Congreso merecería entonces esa ira y esa brusquedad.
Es así como pienso que compete ahora al Presidente de la República argumentar ante el Congreso la necesidad de la reforma, advirtiendo que convocará a referendo para decidir sobre la convocatoria de la Constituyente.
Más aún. Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida “Carta de Intención”: “El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional”; y también fue quien escribió en el mismo documento: “La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho”; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera.
Otras consultas
Una vez que se decida convocar a los Electores, al Poder Constituyente, para consultarlo sobre el tema discutido previamente, vale la pena aprovechar la excepcional ocasión para consultarle sobre otras materias de “especial trascendencia nacional”. Por una parte hay varias decisiones que revisten esa trascendencia y que vienen siendo insistentemente propuestas al país. Por la otra, una vez más, no estamos en condiciones de desperdiciar recursos. Hay que sacarle el jugo al Primer Referendo Nacional.
Por ejemplo, hace ya varios años que se propone vender—en distintas modalidades y proporciones—una porción de las acciones que el Estado venezolano posee exclusivamente en su empresa más importante: Petróleos de Venezuela. (A pesar de que hay quien sostiene que debe “privatizársele” por completo, la mayoría de quienes propugnan la noción sostiene que debe venderse un veinte por ciento de la propiedad y destinarse los fondos a obtener para el pago sustancial o completo de la deuda pública externa. Así argumenta, entre otros, el candidato presidencial Miguel Rodríguez).
Por ejemplo, hace ya varios años que se propone implantar en Venezuela un régimen monetario conocido con el nombre de “caja de conversión”, el sustituto total o parcial del Banco Central de Venezuela que pondría moneda nacional en circulación en función estricta de las reservas en dólares—la divisa preferida por los proponentes—y de una tasa rígidamente fija.
Pues bien, éstas son materias, sin ninguna duda, de “especial trascendencia nacional”. Es tan obvia su trascendencia que no es necesario demostrarla. Es difícil proponer cosas de mayor trascendencia—aunque las hay—y por tanto serían materia perfecta de un referendo.
Es de suponer que no faltará quien diga que tales decisiones no están al alcance del juicio de los Electores. Que “el pueblo” no está preparado para eso, que “el pueblo” no está en capacidad de entender esos asuntos, que hace falta saber mucho de economía petrolera o monetaria para tomar esas decisiones. Estaría equivocado quien así argumente contra la posibilidad de consultar sobre esas proposiciones en referendo.
En primer lugar, porque en el caso de la venta parcial de las acciones de PDVSA se estaría ante una decisión de propietarios. Precisamente es uno de los argumentos favoritos de quienes abogan por la fórmula extrema de regalarlas a los venezolanos mayores de edad, que de ese modo se estaría “devolviendo” a los nacionales la efectiva posesión de su riqueza más grande. Y los propietarios pueden auxiliarse con todas las opiniones técnicas que requieran, pero nadie distinto a ellos mismos puede en propiedad disponer de su patrimonio.
En segundo lugar, porque la más moderna y poderosa corriente del pensamiento social ya ha adoptado la realidad de los sistemas complejos: que éstos—el clima, la ecología, el sistema nervioso, la corteza terrestre, la sociedad—exhiben en su conjunto “propiedades emergentes” a pesar de que no se hallen en sus componentes individuales. (Ilustración de Ilya Prygogine, Premio Nobel de Química: si ante un ejército de hormigas que se desplaza por una pared, uno fija la atención en cualquier hormiga elegida al azar podrá notar que la hormiga en cuestión despliega un comportamiento verdaderamente errático. El pequeño insecto se dirigirá hacia adelante, luego se detendrá, dará una vuelta, se comunicará con una vecina, tornará a darse vuelta, etcétera. Pero el conjunto de las hormigas tendrá una dirección claramente definida). Así por ejemplo, la teoría económica clásica fundamentaba la lógica macroeconómica del mercado en la racionalidad microeconómica del comprador individual: el homo economicus que tomaba sus decisiones con toda lógica sobre una base de información transparente y perfecta. Hoy en día no es necesario suponer la racionalidad individual para postular la racionalidad del conjunto: el mercado es un mecanismo eficiente independientemente y por encima de la lógica de las decisiones individuales.
La inteligencia colectiva emerge como propiedad social, y si alguno quiere argüir en contra, mediante la exhibición de supuestas decisiones erradas de los venezolanos en las elecciones producidas con sus votos, se puede a la vez contraponerle que no hicimos otra cosa que distinguir entre opciones que no fueron determinadas por nosotros, y que en todo caso, en consecuencia, no fue “el pueblo” sino sus dirigentes políticos convencionales, quienes fabricaron las alternativas. Sobre la propiedad emergente de nuestra inteligencia colectiva podemos fundar con tranquilidad las decisiones más trascendentes. Es en ese sentido que Rafael Caldera tenía razón cuando dijo: “El pueblo nunca se equivoca”.
Pero también habrá quien esgrima la propia Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política para decir que consultas de ese tipo no serían legalmente posibles, por cuanto esa ley proscribe los referendos sobre materias presupuestarias, fiscales o tributarias, y la venta de acciones de PDVSA o el establecimiento de una caja de conversión indudablemente afectarían al presupuesto, al Fisco y a la tributación. Esto, sin embargo, no es lo que la ley significa, puesto que de ser así no se podría consultar prácticamente nada, ya que casi cualquier “decisión de especial trascendencia nacional” tendería a tener consecuencias en uno o varios de esos ámbitos prohibidos. La venta de acciones de PDVSA no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia patrimonial. La implantación de un mecanismo de caja de conversión no es materia presupuestaria, fiscal o tributaria; es materia monetaria. La consulta sobre tales cuestiones es perfectamente ajustada a derecho.
Por estas razones, pues, quisiera votar en un referendo que nos permitiera dilucidar estas cuestiones de indudable importancia y que han sido las protagonistas del debate económico reciente. Además, la inclusión de estos temas en el referendo que podremos celebrar en diciembre de este mismo año, contribuirá a desplazar la atención de la cosmética de las campañas y sus muy escuetos eslóganes para fijarla sobre puntos realmente programáticos, lo que desde todo punto de vista es sano para la Nación.
Confianza
Como es perfectamente sano para la Nación el referendo mismo y la propia Constituyente. Concebidos con serenidad, convocado uno por el actual Presidente de la República y la otra según las reglas que puedan derivarse de la consulta popular o de una no imposible reforma de la Constitución, restituirán en grado apreciable la disminuida seguridad política venezolana.
Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento.
No debemos temer a una Constituyente. Ya parece haberse desvanecido la noción de que la Constituyente a convocar tendría poderes omnímodos, disolvería otros poderes, y forzaría una nueva Constitución sin someterla a referendo.
No renunciaremos a derechos políticos establecidos en 1961. Uno de los más fundamentales es, precisamente, que cuando una modificación profunda del régimen constitucional sea propuesta, no entrará en vigencia hasta que nosotros no la aprobemos en referendo. Así que nada podrá hacerse sin nuestro consentimiento. Así que cualquier temor residual no será otra cosa que temor de nosotros mismos.
Somos nosotros mismos. Somos los que saqueamos ciudades en 1989, los que apoyamos a Chávez después de haber apoyado a Sáez, los que cambiamos bolívares por dólares para depositarlos lejos de la Patria, los que abandonamos pacientes en los hospitales y niños en la calle. Somos los que debemos decenas de millones de dólares, los que cuestionamos todas nuestras instituciones, los que descreemos de nosotros mismos.
Pero somos también quienes respetamos las vidrieras ante el apagón descomunal de 1993 porque no quisimos dar pretexto a un golpe de Estado. Somos los mismos que no salimos a defender a Chávez un año antes porque pensábamos como nos ha citado “Amaneció de golpe”: estábamos arrechos pero no queríamos el golpe. Somos los que aceptamos de Caldera y con mayor paciencia los que rechazamos de Pérez. Somos los que juzgamos a Pérez. Somos los que regresamos al cabo a los hospitales. Somos los que han hecho bajar el dólar. También somos los que rechazamos las calificaciones que se hacen de nuestra deuda. Somos los que producimos el petróleo heredado. Somos los mismos.
Podemos celebrar perfectamente una gran Constituyente. Vamos a celebrarla. Que no nos digan de afuera que no podemos tocar nuestro estatuto básico porque nos sacarán los reales. Ya nos han dicho lo mismo con muchas otras cosas y esto último es verdaderamente el colmo.
Podemos elegir sensatamente a nuestros apoderados constituyentes y prescribir límites a su poder, sujetando siempre sus efectos a nuestra aprobación.
Podemos elegir un conjunto de variadas trayectorias y perspectivas; no sólo los expertos en Derecho Constitucional y los historiadores que se ha dicho bastarían, sino los futurólogos y los expertos en sistemas.
Podemos elegirlos uninominalmente y también cooptar autoridades de conveniente inclusión y que aborrezcan imaginarse en campaña por cerros o cañadas. Podemos servir a la Constituyente con una secretaría técnica que prepare e investigue, y auxiliarla por un Consejo Asesor que recoja la experiencia y el ángulo de gremios y corporaciones.
La Constituyente no es, ciertamente, una fórmula mágica. Con ella, como dice un candidato, no podremos ir al mercado. No se trata de postularla como panacea. Se trata, simplemente, de reconocer que nuestra armazón constitucional contiene verdaderas camisas de fuerza que impiden la adaptación de nuestro Estado a las nuevas dimensiones planetarias de lo político y la ampliación de la democracia hasta los nuevos límites que la moderna tecnología comunicacional le impone. A comienzos del período constitucional que ahora llega a su fin el Dr. Ramón Escovar Salom, preguntado acerca de los principales problemas del período contestó así: “El problema principal va a ser el de la gobernabilidad”. Cuando afirmaba esto no se refería a la dificultad de gobernar a un pueblo díscolo y desobediente que fuese necesario someter. Se refería más bien, como luego detalló con claridad, a los impedimentos fundamentales que la Constitución y las leyes imponían al gobernante. Se trata entonces de eso, de aumentar la gobernabilidad a través de una mejor estructura constitucional. Y a pesar de que con una nueva Constitución no se vaya al mercado, ni se mejore la situación de los hospitales, ni la condición de seguridad de los habitantes del país, sí es cierto que mejores disposiciones constitucionales incidirían sobre todos y cada uno de esos problemas, a través de una mejora sustancial en la capacidad del Estado. En todo caso, uno no rechaza el empleo de una herramienta porque no sirva para fines diferentes al que está destinada.
Finalmente, hay quienes argumentan que el mero hecho de convocar a una Constituyente es un acto desestabilizador. Que abriría un extenso compás de incertidumbre superpuesta a la existente, de por sí considerable.
Es todo lo contrario. La convocatoria sensata y responsable de una Constituyente contribuirá a la liberación de tensiones y proveerá un cauce perfectamente normal, aunque extraordinario, para la modernización de nuestro Estado.
Para más de un actor político convencional la oportunidad de los cambios nunca llega. Nunca parecen ser oportunos. Al menos desde 1963 se producía, siempre en año electoral, la proposición de separar las elecciones legislativas de las presidenciales. Así se hizo en 1968, 1973 y 1978, contando el proponente, por supuesto, conque su proposición sería rechazada con el argumento de inconveniencia de la oportunidad por tratarse de años electorales.
No puede posponerse por más tiempo el cambio fundamental que requiere la República. Diferir de nuevo la transformación para un momento más oportuno que nunca llegaría equivale a asegurarla como consecuencia de una explosión. En estos momentos la Constituyente se perfila como un gran proceso estabilizador.
Pero también lo es el referendo mismo, la apelación directa a la opinión del Poder Constituyente, de los Electores de la Nación, para decidir sobre asuntos de nuestro más alto interés. En el fondo, más que una elección de representantes o mandatarios, es el referendo el acto supremo de una democracia. Es la participación total de la voluntad de los Electores en la toma de decisiones fundamentales.
La necesidad de la participación popular en esta toma de decisiones políticas no es en absoluto exclusiva de Venezuela. Tampoco es tan nueva, a pesar de su creciente actualidad. Hace ya dieciséis años, en 1982, publicaba John Naisbitt el más seminal entre sus libros, “Megatendencias: diez nuevas direcciones que transforman nuestras vidas”. Se explicaba allí la actuación de las más grandes y poderosas corrientes de transformación en el mundo postmoderno. La séptima de ellas era la del cambio de una democracia representativa a una democracia participativa. Decía Naisbitt entonces de este modo: “Políticamente estamos hoy inmersos en el proceso de un desplazamiento masivo de una democracia representativa a una participativa. En una democracia representativa, por supuesto, no votamos sobre los temas directamente; elegimos a alguien que vote por nosotros… Hemos creado un sistema representativo hace doscientos años cuando era la forma práctica de organizar una democracia. La participación ciudadana directa simplemente no era factible, así que elegíamos personas que fueran a las capitales de estados, nos representaran, votaran y luego regresaran a contarnos lo que había pasado. El representante que hacía un buen trabajo era reelecto. El que no lo hacía era rechazado. Por doscientos años esto funcionó bastante bien… Pero sobrevino la revolución en las comunicaciones y con ella un electorado extremadamente bien educado. Hoy en día, con información instantáneamente compartida, sabemos tanto acerca de lo que acontece como nuestros representantes, y lo sabemos tan rápidamente… El hecho es que hemos trascendido la utilidad histórica de la democracia representativa y todos sentimos intuitivamente que es obsoleta”.
Estamos, por tanto, a las puertas de nuestro primer ejercicio nacional de democracia participativa. Ni más ni menos. Tal ocasión no puede ser otra que la de felicitarnos por la presencia de la oportunidad. Hagamos, por tanto, de nuestro Primer Referendo Nacional una gran ocasión, un gran referendo. Hagamos esto sin temer de nosotros mismos, con confianza en que somos lo suficientemente maduros para producir un resultado a la vez audaz y sensato.
A fin de cuentas, hay constantes en nuestras opiniones políticas más elementales que prefieren la democracia a la opción autoritaria, a pesar de la vociferación televisada de atrabiliarios personajes, a pesar de la escandalosa propaganda de una silla que ha ido a recalentarse hasta Madrid, a pesar de la falaz contraposición de una “mala” democracia y una “buena” dictadura, a pesar de la prédica odiosa e irresponsable de abusadores golpistas.
Hay que preservar por encima de todo lo que más de un siglo tardó en conquistarse: el régimen democrático obtenido en 1958. No podemos permitir que se le amenace.
Pero también necesitamos expandir la democracia, “ejercer una acción pública para acrecentar la democracia hasta que ésta alcance sus límites tecnológicos”. El medio para alcanzar esto no es otro que la Constituyente, y el detonante de su proceso no debe ser otro que el Primer Referendo Nacional.
El Presidente de la República tiene la potestad de desencadenar ese proceso. Será estupendo constatar que en sus manos no se perdió la República, pero lo será más todavía que pueda decirse que en esas mismas manos creció la democracia que él tanto contribuyó a crear.
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