por Luis Enrique Alcalá | Mar 1, 2016 | Notas, Política |
Esta vez tiene la razón
Hace unos minutos, he colocado en Facebook el texto que reproduzco a continuación:
Acabo de leer la sentencia completa sobre las facultades de control de la Asamblea Nacional, redactada por Arcadio Delgado Rosales. En 2008, denuncié ante el TSJ* la violación (mutilación de la Constitución) en la sentencia 1.265—daba basamento a la inhabilitación de Leopoldo López y Enrique Mendoza, entre otros—que redactó el mismo magistrado. En aquella ocasión, fui asistido por los abogados Luis Alejandro Aguilar y Gonzalo Pérez Petersen. No tuve respuesta. En razón de esa experiencia, acometí la lectura de la decisión de hoy predispuesto contra Delgado Rosales. Debo, sin embargo, admitir que no encuentro vicios fundamentales en la decisión: la Sala Constitucional, otra vez, acaba de dictar sentencia y asentar doctrina irrefutables. No es verdad que con lo decidido hoy se cercene facultades constitucionales de la Asamblea Nacional; ellas permanecen incólumes y han sido reconocidas explícitamente por el Tribunal.
Es lamentable y preocupante constatar que Ramos Allup viene haciendo un trabajo descuidado y mediocre, que permite la vulneración política de la mayoría opositora en la AN.
No tiene razón el abogado de planta de Prodavinci, José Ignacio Hernández, quien escribió hoy:
Esta sentencia despeja cualquier duda que pudiera haber sobre el alance [sic] que tiene el actual conflicto institucional. Un conflicto en el cual la Sala Constitucional, invocando su condición de “máximo y último intérprete de la Constitución”, pretende vaciar de facultades a la Asamblea Nacional. (…) El verdadero tema de fondo es que la Sala Constitucional asumió un rol de supremacía frente a la Asamblea Nacional, y en tal condición, reducirá las facultades de la Asamblea y anulará cualquier Ley, Acuerdo o decisión que la Asamblea pueda dictar, cuando así lo estime conveniente.
La sentencia, en lo fundamental, interpreta la Constitución para reiterar lo que ella establece sin lugar a equívocos: 1. que el control de la Asamblea Nacional está circunscrito al que ejerce sobre el Poder Ejecutivo Nacional; 2. que sólo puede destituir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión de una mayoría de dos terceras partes previo pronunciamiento del Poder Ciudadano. LEA
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* Violación denunciada
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 23, 2016 | Notas, Política |
Las más recientes mediciones de la opinión venezolana
La firma DatinCorp se presenta como «una organización de estudios diagnósticos y soluciones organizacionales» que opera en el mercado latinoamericano desde 1985; es liderada por Jesús Seguías. El 10 de junio del año pasado se daba cuenta acá—Del barómetro de DatinCorp—de su estudio de mayo de 2015, cuando registró las siguientes respuestas a la frase abierta «La solución a los problemas del país vendrá de…» En ese entonces, 17% de sus encuestados opinó que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición y 56% que vendrían de nuevos liderazgos.
En la web de la empresa se encuentra ahora un enlace para descargar el «análisis prospectivo» a partir de su registro de la opinión nacional del segundo día de este mes de febrero. (Éste es el informe: Análisis Prospectivo Vzla. feb 2016). Entre los datos que ofrece el estudio, destaca la rápida desilusión de los venezolanos luego de un repunte de la esperanza con la elección de la nueva Asamblea Nacional el 6 de diciembre pasado. En octubre de 2015, DatinCorp había medido optimismo en sólo 26% de los entrevistados, y ese índice había ascendido para diciembre hasta 43% una semana después de las votaciones (el 61% creía que la AN superaría la situación económica); al 2 de febrero, la evaluación optimista cayó de nuevo a 28%. (Quienes creen que la situación empeorará eran el 21% en diciembre y el 37% en este mes). Dice además la encuesta: «En Diciembre/15, descendió a 56% el número de ciudadanos que creen que los venezolanos perderán la paciencia ante la crisis económica y de seguridad ciudadana (en Octubre era el 68%). Pero en Febrero/16 creció de nuevo quienes creen que se perderá la paciencia y habrá reclamos fuertes al gobierno, ubicándose en 61%. Un tercio de los chavistas comparten esta idea».
Cinco días antes de la elección de la nueva Asamblea Nacional, Juan Pablo Olalquiaga, recién electo Presidente de CONINDUSTRIA, había advertido lúcidamente:
«La AN tiene una responsabilidad muy profunda y espero que comprenda que, si bien no podrá hacerse un cambio instantáneo en economía, aunque vamos a ver un primer semestre en el que el deterioro crecerá, esta Asamblea tiene que establecer unas reglas de juego claras para impulsar un plan de recuperación del país”, expresó. Para Olalquiaga el gran reto de la AN debe ser “voltear la economía” y, «de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente». (En Entorno Inteligente, 1º de diciembre de 2015).
Igualmente registra DatinCorp:
El 65% reprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro (el mismo rechazo de hace un año), y el 70% lo considera incompetente para resolver la crisis. La cuarta parte de los chavistas lo considera incompetente. El presidente Maduro le inspira confianza como líder al 19% de la población. El 67% de los venezolanos rechaza el decreto de Emergencia Económica del presidente Maduro y sostiene que no solucionará la crisis. El 48% sostiene que para resolver la crisis económica el gobierno debe poner el mayor empeño en fortalecer a la economía privada mientras que un tercio prefiere la economía socialista. El 66% de los chavistas apoya la economía socialista, el resto no.
Los liderazgos políticos no inspiran confianza. Éstas son sus cifras de aceptación:
He aquí el resumen de la cosa en palabras de Seguías:
1 Desapareció la esperanza generada por el triunfo opositor el 6 de diciembre de 2015.
2 Continúa el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro, y la abrumadora mayoría no lo ve competente para solucionar la crisis.
3 Hay frustración en los venezolanos con la actuación de la nueva Asamblea Nacional, incluida la gestión del Presidente de la institución Henry Ramos Allup.
4 La mayoría absoluta de los venezolanos sostiene que ni el gobierno ni la oposición han hecho lo correcto y lo necesario para dialogar y entenderse para resolver la crisis. Es mayor la condena al gobierno.
5 La mayoría absoluta de los venezolanos condena la confrontación de los poderes públicos.
6 El prestigio de las fuerzas armadas está en el foso.
7 La mayoría absoluta de los venezolanos quiere que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder cuanto antes.
8 Los liderazgos individuales en Venezuela están atascados.
9 Los partidos políticos en Venezuela siguen atascados.
10 Luego de las primeras acciones de la nueva Asamblea Nacional, el chavismo creció mientras que la oposición descendió, ubicándose ésta en el nivel en que estaba en mayo de 2015.
En su «conclusión prospectiva», el Director de DatinCorp escribe:
Todo conduce al único escenario correcto, y que ni el gobierno ni la oposición han querido ensayar con transparencia y desprendimiento. Y el país los está condenando por ello. Es necesario reconocerse con respeto, sinergizar, mirarse a la cara y decirse mutuamente: “Ni ustedes ni nosotros podremos superar solos esta crisis, es demasiado voluminosa, nos devorará a todos, no insistamos, es un problema país, Venezuela está sufriendo demasiado. Buscar culpables en medio de una conmoción nacional es improcedente y criminal desde todo punto de vista, pues lo urgente es que encontremos salidas a la crisis juntos, para que no haya ganadores ni perdedores, sino un solo ganador: la nación entera, y así ganamos todos finalmente. Luego dilucidaremos en libérrimas elecciones quién es el mejor y quién debe estar en el gobierno. Los procesos electorales pendientes siguen su curso normal”.
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En los dos últimos programas de Dr. Político en RCR he abogado por la cooperación de los encarnizados polos en bien del país. He aquí un fragmento de audio del #183 (13 de febrero, 1′ 50″):
Pero tal vez debamos volver a mayo de 2015, cuando la encuestadora preguntaba de dónde vendría «la solución a los problemas del país». Sólo 35% creyó que vendría de los que ahora Seguías anima a dialogar y entenderse; 56% pensaba que vendría de nuevos liderazgos. Hace demasiado tiempo que debió facilitarse la emergencia de nuevos y más competentes actores políticos. Era tesis que ya había sido propuesta en febrero de 1985, el año en el que DatinCorp iniciara operaciones:
…no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. (…) Por esto, no solamente se trata de entender la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experiencias y conocimientos distintos. (…) Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos. (…) Serán, precisamente, actores nuevos. Exhibirán otras conductas y serán incongruentes con las imágenes que nos hemos acostumbrado a entender como pertenecientes de modo natural a los políticos. Por esto tomará un tiempo aceptar que son los actores políticos adecuados, los que tienen la competencia necesaria, pues, como ha sido dicho, nuestro problema es que “los hombres aceptables ya no son competentes mientras los hombres competentes no son aceptables todavía”.
LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 5, 2016 | Notas, Política |
Sufren de horror al engorro
Se han puesto de acuerdo. Primero, como reportó el diario El Mundo con información de AFP, La Causa R ha propuesto una enmienda constitucional para recortar el período presidencial de seis a cuatro años, al tiempo que Jesús Torrealba opinara: “El referendo es muy engorroso (…) la enmienda y la reforma serían los más manejables”. En la misma nota, Juan Manuel Raffalli describe el mecanismo de la enmienda; él fue el proyectista original (2001, para Primero Justicia) de ese medio para salir de un presidente en ejercicio. Luego completa la cuadratura Henry Ramos Allup, Presidente de la Asamblea Nacional, según informara ayer Notitotal:
…durante un conversatorio llevado a cabo la tarde de este miércoles en la Universidad Metropolitana, dijo que “La salida de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo sólo es posible mediante una enmienda constitucional«. Allup considera que las opciones de referéndum revocatorio y renuncia son consideradas la primera muy engorrosa y la segunda considera que es imposible que ocurra.
Repite, pues, el adjetivo adjudicado por Torrealba al referendo revocatorio; es engorroso eso de que los electores, los únicos que pueden convocar un referendo revocatorio, tengan la iniciativa. Informe 21 ofrece la misma noticia con detalles adicionales:
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, consideró que la salida de Nicolás Maduro del Poder Ejecutivo sólo es posible mediante una enmienda constitucional. La opción de referéndum revocatorio es considerada como «muy engorrosa» por los parámetros que deben cumplirse y en el caso de la renuncia, no cree que suceda. (…) Los parlamentarios de la Causa R le entregaron un proyecto que calificó como muy bueno. Añadió que cualquiera de las propuestas por esa vía debe incluir la eliminación de la reelección indefinida.
Puede estimarse sin temor a equivocación que al menos La Causa R (4 diputados), Primero Justicia (33) y Acción Democrática (25), y seguramente otros socios de la Mesa de la Unidad Democrática, a juzgar por la concordancia de Torrealba, impulsarán la iniciativa de la enmienda. En todo caso, entre los tres tienen más que los votos necesarios—30% de los diputados—para introducir el proyecto a consideración de la cámara legislativa.
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Todo proyecto de enmienda constitucional debe ser sometido a un referendo aprobatorio, como ocurriera el 15 de febrero de 2009 para considerar la reelección indefinida de funcionarios por elección. En el caso de un proyecto propuesto por la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional, se prescinde de la iniciativa popular (15% de los electores) para forzar tal referendo, y el Consejo Nacional Electoral tendrá un mes para organizarlo y celebrarlo. Es esperable que una mayoría nacional de electores aprobaría el recorte, contando con que así se produce la cesantía del presidente Maduro a la medianoche del 9 de enero de 2017.
Pero… ¿es la aplicación retroactiva de esa modificación de la Constitución al mandato específico conferido a Maduro algo que no levantaría objeciones en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Es difícil; si una mayoría aprobare la enmienda no faltarán suficientes magistrados de esa sala que arguyan que su aplicabilidad se iniciaría el 10 de enero de 2019, pues igualmente una mayoría de ciudadanos eligió a Maduro para un período de seis años.
El Artículo 230 de la Constitución Nacional dice ahora, luego de la enmienda aprobada en 2009: «El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida». Para que una nueva enmienda que dijera «El período presidencial es de cuatro años»—sin considerar ahora el asunto de la reelección indefinida—fuera aplicable a Maduro, tendría que preguntarse de alguna manera al Poder Constituyente Originario si es su voluntad que esa disposición sea de aplicación inmediata; sólo así podría blindarse el procedimiento. Pero esto ya no es una enmienda sino una disposición transitoria, pues el nuevo Artículo 230 no podría decir «El período presidencial es de cuatro años, incluyendo el que actualmente desempeña el presidente Maduro». No se hace un artículo constitucional para un caso específico o un momento particular, así que habría que redactar una disposición transitoria (la décimonovena) que fuera aprobada en referendo y dijera algo como: «La reducción del período presidencial de seis a cuatro años establecida en la segunda enmienda de esta Constitución se aplica al iniciado el 10 de enero de 2013».
¿No suena eso como muy engorroso? ¿No se le aplica la argumentación de Torrealba para descartar una asamblea constituyente con el mismo fin, cuando dice que «hay que verla con cuidado porque es para cambiar la Constitución y no el gobierno»? Habría bastado recordar los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012), cuyos numerales 44 a 46 estipularon:
44. La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos.
45. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.
46: La prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Al decir que una constituyente es «para cambiar la Constitución y no el gobierno», Torrealba aduce un argumento idénticamente aplicable a una enmienda constitucional. En ese texto fundamental—según la MUD democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de los derechos humanos—, el medio previsto para interrumpir un gobierno particular antes de que su período haya vencido es el referendo revocatorio. En 2004 fue posible celebrar uno, cuando no gobernaba Maduro sino Chávez, el precio del petróleo (US$ 45) era significativamente superior al de estos días, la inflación era de 19%, se conseguía anaqueles surtidos en prácticamente todos los abastos y la Coordinadora Democrática no controlaba la Asamblea Nacional. Nadie se amilanó entonces porque un referendo revocatorio fuera engorroso—DRAE: Dificultoso, molesto—y el TSJ no podría declarar ahora que su aplicabilidad no es inmediata.
¿Es que en el éxito opositor del 6 de diciembre no hubo engorro alguno? Quizás la renuencia a procurar la revocación perfectamente democrática, pacífica y constitucional de los poderes conferidos a Maduro tenga más que ver con un explicable afán de protagonismo de la Asamblea Nacional, que se disminuiría ante la iniciativa popular. La MUD, no la Asamblea, pudiera buscar la alianza con esa iniciativa del Pueblo… si es que quiere seguir ganando elecciones. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 3, 2016 | Notas, Política |
¿Habrán sido censados los diputados de La Causa R?
El diario El Mundo trae en su edición de ayer una información de Agence France-Presse (AFP) que titula así: «Causa R propone a la Asamblea Nacional recortar periodo presidencial». El cuerpo de la noticia ofrece estos detalles:
La Causa R entregó este martes a la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda constitucional para recortar en dos años el periodo presidencial, a seis el lapso de los magistrados y eliminar la reelección indefinida. (…) Maduro inició su mandato el 19 de abril de 2013, tras ganar unos comicios convocados a raíz del fallecimiento de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999. La enmienda debe ser refrendada por voto popular, explicó este martes a la AFP el constitucionalista Juan Manuel Rafalli, quien detalló que se la aprueba con el voto afirmativo del 50% más uno de los legisladores presentes en la sesión. En la hipótesis de que el proyecto surta el trámite dentro de los tiempos previstos, Maduro gobernaría hasta abril de 2017 y en diciembre próximo se deberían celebrar elecciones, indicaron los directivos de La Causa R, que cuenta con cuatro diputados.
Si suponemos que el reporte de AFP es fidedigno, entonces lo primero que hay que observar es que se trataría de dos enmiendas distintas, no de una. (Más bien tres, pues para la intención de recortar el período de los magistrados de doce a seis años se requiere enmendar el Artículo 264, y el Artículo 230 que regula el período presidencial también establece la reelección indefinida en su segunda oración). Luego, los cuatro diputados de La Causa R y quienes los hubieran asesorado están en el error al suponer que, de aprobarse el recorte de período constitucional para disminuirlo de seis años a cuatro, Nicolás Maduro cesaría en funciones el 19 de abril de 2017. El actual período no comenzó el 19 de abril de 2013 sino el 10 de enero de ese mismo año y, por tanto, en la hipótesis de una enmienda exitosa, la terminación del período tendría lugar el 9 de enero de 2017. Para saber esto, la gente de La Causa R (de repitientes) hubiera tenido que leer el Artículo 233 de la Constitución Nacional, poniendo atención a lo destacado abajo en cursivas:
Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.
Luego, la elección que subsanaría una falta absoluta del Presidente de la República no necesariamente debiera ocurrir en diciembre de este año, como habrían afirmado los diputados causaerristas; según el artículo citado, ella debe efectuarse «dentro de los treinta días consecutivos siguientes» a la falta absoluta. Si Maduro cesare en el mes de abril, la elección debiera darse en mayo. Si la enmienda tuviere lugar habría que celebrar elecciones para el nuevo período pero, de nuevo, el período culminaría entonces el 9 de enero de 2017; la última elección de Chávez ocurrió el 14 de octubre de 2012, no en diciembre de ese año.
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También reporta El Mundo (AFP):
Además de la enmienda, la MUD ha planteado un referendo revocatorio y una Asamblea Constituyente como fórmulas para anticipar la salida del poder de Maduro, sin descartar su renuncia. El mecanismo se definirá a más tardar en junio, de acuerdo con la coalición. «El referendo es muy engorroso, fue diseñado para que fuera muy difícil aplicarlo; la Constituyente hay que verla con cuidado porque es para cambiar la Constitución y no el gobierno; la enmienda y la reforma serían los más manejables», comentó este martes a la AFP el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba. El dirigente añadió que el plazo de seis meses para escoger el mecanismo no es un «capricho cronológico», sino que responde a la gravedad de la crisis económica que genera un amplio desabastecimiento de alimentos y medicinas, en medio de la caída de los precios del petróleo.
Coordinador de coordinadores
El 2 de diciembre de 2003, Jesús Torrealba concedió una entrevista a W Radio de Colombia sobre el tema de un referendo revocatorio, que terminaría celebrándose el 15 de agosto del año siguiente; entonces fungía como Coordinador y vocero de la Coordinadora Democrática—la madre de la Mesa de la Unidad Democrática (ver segunda tabla en La torta, 11 de octubre de 2012)—, ya empeñada en convocarlo. He aquí un fragmento de audio de esa entrevista, que puede ser escuchada completa en ¿Jesús Gorbachov?:
Allí le escuchamos quejarse del «engorroso» reglamento elaborado al efecto por el Consejo Nacional Electoral, que a pesar de todo era respetado por la Coordinadora Democrática y además había sido superado. Le escuchamos decir que la central opositora había logrado recoger bastantes más firmas que las necesarias—3.650.000, o sólo 300.000 firmas menos que las necesarias hoy, con un Registro Electoral bastante mayor—, y que la opinión pública nacional, la voluntad popular expresada en las firmas y la comunidad internacional aseguraban que no podría el gobierno oponerse a la consulta revocatoria. Bueno, la opinión pública de hoy ha expresado claramente su preferencia por la cesantía de Nicolás Maduro, la voluntad popular de hoy dio una paliza al oficialismo el pasado 6 de diciembre y la comunidad internacional es hoy mucho más contraria al gobierno del PSUV que lo que estaba en 2003 y 2004. La situación actual de nuestra economía y nuestra seguridad es mucho peor que la de entonces.
Al menos parece tener claridad Torrealba en que una asamblea constituyente es una mala idea: «…la Constituyente hay que verla con cuidado porque es para cambiar la Constitución y no el gobierno…» Pero lo mismo puede decirse de la enmienda de recorte de período, pues se trataría de un cambio constitucional para producir la cesantía de Maduro, un procedimiento que Primero Justicia promovía a fines de 2001 y comienzos de 2002 sobre un proyecto redactado justamente por Juan Manuel Raffalli, lo que tal vez explica por qué él fuera consultado ayer por AFP. En Las élites culposas puede leerse sobre una reunión en la sede de Primero Justicia de marzo de 2002 (efectuada a petición mía para presentar un procedimiento de abolición del gobierno):
Lo que sí hizo Borges al término de una sesión de resultados indefinidos fue invitarme a su despacho, donde me entregó una carpeta que contenía el trazado de la avenida que Primero Justicia pretendía construir: una enmienda constitucional para recortar el período de gobierno a Hugo Chávez, cuyo trabajo argumentativo había sido preparado por el abogado Juan Manuel Raffalli. Era sorprendente que quisiera alterarse el texto constitucional para resolver el problema de un presidente específico, y que predominara en el partido que Borges dirigía la ingenuidad de creer que la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, consentiría en aprobar una disminución de los poderes de Hugo Chávez, “el líder del proceso”.
¿Dónde nos ahorcamos?
Primero Justicia consideró entonces que la aprobación del proyecto de enmienda sería posible porque ya Luis Miquilena, quien controlaba unos cuantos diputados, había salido del gobierno en enero de 2002 y podría ofrecer su apoyo a una oposición minoritaria. Luego del Carmonazo de abril, PJ jugó con la idea de promoverla por iniciativa popular—15% de los electores—, pero cambió el rumbo con la proposición de un referendo «no vinculante pero sí fulminante»—que preguntaría si el Poder Constituyente Originario deseaba que Chávez renunciara—, para el que Súmate recogió firmas y que fuera aprobado por un CNE accidental presidido por Alfredo Avella Guevara. (Esa decisión fue invalidada por el Tribunal Supremo de Justicia al haberse producido con la incorporación tramposa de un rector del organismo—Leonardo Pizani—que había renunciado dos años antes). Finalmente, PJ se plegó a la idea del revocatorio.
El 11 de abril del año pasado, en el programa #139 de Dr. Político en RCR, puse el procedimiento de enmienda a consideración, reconociendo la precedencia de PJ y Raffalli. Más tarde, caí en la cuenta de que el TSJ probablemente impediría el efecto buscado; escribí en Martes de Ramos—25 de noviembre de 2015—: «…el Tribunal Supremo de Justicia [no] toleraría la aplicación ‘retroactiva’ a Maduro de ese recorte, supuestamente a un período de cuatro años; en 2009 ya proponía el magistrado Francisco Carrasquero López a su Sala Constitucional que la reelección permitía ‘recompensar a quienes [el pueblo] estime como sus mejores gobernantes’. Si la Presidencia es un premio, ¿cómo podría quitarse a Maduro el suyo completo—hasta el 10 de enero de 2019—que se ganó en la rifa del 14 de abril de 2013?».
No decidiremos hasta junio
Por último, no se entiende bien por qué debe consumir la MUD seis meses de 2016, hasta junio, para dilucidar un punto más bien simple de decidir: las manipulaciones constitucionales son, como el mismo Torrealba admite, procedimientos artificiosos, y por tanto sólo quedan el directo y suficientísimo referendo revocatorio y considerar si hay medios que induzcan la renuncia de Maduro. (Suena iluso esperar de él que abandone voluntariamente su cargo, lo que permitiría a la Asamblea Nacional producir la falta absoluta al declarar el abandono). Y, claro, la Asamblea no puede convocar un revocatorio; su posibilidad sólo está al alcance de los ciudadanos:
Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
Eso dice la Constitución Nacional, y la mitad del actual período ya se alcanzó el pasado 10 de enero (no el 14 o el 17 de abril). No le toca, pues, a la AN gestionar un revocatorio, pero sí puede promoverlo la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué está esperando para recoger las firmas?
Ahora bien, se ha argumentado abundantemente acá y numerosas veces en el programa Dr. Político en RCR que dos referendos consultivos, convocables por el muy económico procedimiento de una mayoría simple de la Asamblea Nacional (84 diputados) y de celebración posible en el mismo acto referendario, pueden hacer ineludible la benéfica renuncia: uno es el mismo que proponía Primero Justicia a fines de 2002 y comienzos de 2003, es decir, esta pregunta al Soberano: «¿Considera Ud. conveniente a la salud de la República que el ciudadano Nicolás Maduro Moros continúe en el ejercicio de su cargo?» Si, como es de esperar, no menos de 70% de los votantes contestare negativamente esa cuestión, Maduro debiera renunciar; no en vano su «Comandante Supremo», el «Corazón de la Patria» Hugo Chávez, reiteraba cuantas veces podía (en castellano): «Vox populi, vox Dei».
En cambio, un referendo sobre la pretensión socializante del gobierno, justificación o coartada única de todas sus ejecutorias, debiera causar una presión inaguantable y la renuncia presidencial: «¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?»
…por una parte, todo decreto del presidente Maduro lleva un encabezado estándar que declara un objetivo no autorizado por el Poder Constituyente Originario—“Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”—y, por la otra, ya Datanálisis midió en noviembre del año pasado 80,1% de entrevistados que estaban de acuerdo con esta noción: “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”. (…) Siendo que la pretensión socialista es la excusa universal, la coartada general de todos los actos del gobierno, un rechazo masivo al socialismo en referendo debe forzar la renuncia de Nicolás Maduro al cargo que ahora ocupa. No podría sostenerse si se viera forzado a suprimir de papelería, gigantografías y carteles, de discursos y decretos, la especie de que se ocupa en la construcción del socialismo. (Irrupción constituyente, 6 de octubre de 2015).
La más directa solución
Acepto, naturalmente, que el modo de razonar de Maduro es bastante peculiar, y por ende nada garantiza que haga lo que a un ciudadano normal le parecería impepinable. A estas alturas, sólo el referendo revocatorio garantiza su cesantía. Claro, Torrealba lo estima «engorroso» y, más claro todavía, el 23 de mayo del año pasado dijo en la edición #145 de Dr. Político en RCR que no vivíamos en un cantón suizo para resistir los referendos en general. Pero la idea de requerir la opinión del Poder Constituyente Originario expresado en referendos, la vía práctica de la democracia participativa, gana adeptos. En la creciente correspondencia que recibo en apoyo a esa noción, destaca un correo (30 de enero) del Sr. Alexeis Cruz, a quien ofrecí una explicación para la renuencia de la dirigencia opositora a tan engorrosas consultas, buenas solamente en Helvecia:
La resistencia a los cambios, especialmente a los cambios mentales, es un fenómeno universal; nadie menos que Max Planck advirtió: “A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.” [Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque esos opositores eventualmente mueren, y surge una nueva generación que está familiarizada con aquélla]. En el caso de la resistencia a la idea de referendos, también está involucrado el fenómeno que se describe en el campo del terreno tecnológico con la frase “not invented here”. Dice Wikipedia: «Not Invented Here (NIH) is the philosophical principle of not using third party solutions to a problem because of their external origins. False pride often drives an enterprise to use less-than perfect invention in order to save face by ignoring, boycotting, or otherwise refusing to use or incorporate obviously superior solutions by others.” [No inventado aquí es el principio filosófico que rechaza soluciones de terceros a un problema por sus orígenes externos. Un falso orgullo impulsa a menudo una empresa a usar una invención menos que perfecta, con el fin de salvar la cara ignorando, boicoteando o rehusando por cualquier medio emplear o incorporar soluciones de otros que son obviamente superiores]. (…). Por supuesto, a unos asambleístas recién electos la idea de que el Pueblo decida las cosas en vez de ellos les resulta incómoda; por esto prefieren la democracia representativa que les confiere protagonismo en lugar de la democracia participativa que se los roba.
¿Necesita la MUD hasta junio para ver la luz? ¿Debe esperar la solución del principal problema político de la Nación que se encuentre Harina Pan en los anaqueles en cantidades suficientes? (Digo, por aquello de que «el plazo de seis meses para escoger el mecanismo no es un ‘capricho cronológico’, sino que responde a la gravedad de la crisis económica que genera un amplio desabastecimiento de alimentos y medicinas, en medio de la caída de los precios del petróleo»). LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 10, 2016 | Notas |
Fietsers zijn verdrietig
¿Por qué este Ulises, este héroe de la belleza más poderosa, este insólito condensado de humanidad escogió a Venezuela como casa? (…) Creo tener la respuesta. Cornelis vio algo único en el alma venezolana.
Zitmangebouw de Caracas
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Había cumplido 89 años el pasado 9 de noviembre lejos de Leiden, donde naciera, porque hace mucho que decidió vivir entre nosotros, regalarnos su telúrica presencia. Acá crió con Vera sus hijos, acá nos dió otros centenares que nacieron en bronce. Cornelis se ha ido hoy y no sé qué decir que sirva para algo. ¿Tal vez recordar a su familia que la Orden del León Neerlandés, que le fuera concedida por la corona de Holanda, tendrá que ser devuelta? (Sólo él podía lucir la alta condecoración mientras viviera). El vacío que cala mi cabeza no me deja pensar más que cosas intrascendentes.
Un sabio del arte y de la vida
No sé que decir. La noche de anteayer decía a mi esposa que este año se nos iría, mientras comía tostadas con la mermelada de naranja que nos había regalado, una de las muchas cosas buenas que hacía con las manos.
No sé que pensar. El tiempo se ha paralizado, y ni siquiera fluyen los numerosos recuerdos que atesoro de este caballero benéfico, de «este Ulises, este héroe de la belleza más poderosa, este insólito condensado de humanidad». ¿Estoy repitiéndome?
No sé qué llorar. Con él siempre reí, y sé que únicamente puedo celebrar su vida y agradecer el tiempo que estuve a su lado como riqueza inmerecida. Mañana desayunaré mermelada suya; guardo un poco todavía. LEA
Actualización. Fragmento de audio sobre Cornelis Zitman en Venezuela al día (11 de enero de 2016):
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2016 | Notas, Política |
Otra vez, Martes de Ramos
Hace exactamente seis semanas, Henry Ramos Allup anticipó parte de su parlamento de hoy como Presidente en funciones de la Asamblea Nacional: “Luego de las elecciones parlamentarias vendrá un debate político interno [en el oficialismo], una medición de fuerzas entre ellos y, a la larga, un resquebrajamiento que puede poner fin en breve al Gobierno, bien sea por la vía de referéndum revocatorio, enmienda constitucional, una Constituyente o la renuncia del Presidente”. (Citado en Martes de Ramos, entrada en este blog que contiene un análisis de esa baraja).
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La puesta en escena de la función de teatro político en este día incluyó la esperada insolencia de los derrotados, que tuvieron en Pedro Carreño y Héctor Rodríguez las más destacadas entre sus dramatis personæ. (Llevaron también extras taciturnos, siendo los más notorios Cilia Flores y Diosdado Cabello). Una vez más, nos regalaron una convincente y bien actuada exhibición de su odio mediocre, retórica, histórica y lógicamente extraviado. Y, con característico caradurismo, objetaron ruidosamente pero sin éxito la presentación de la agenda legislativa de la Mesa de la Unidad Nacional por Julio Borges, sobre la base de la presunta violación del Reglamento Interior y de Debates, luego de que la fenecida asamblea previa hubiera violado varias disposiciones legales y reglamentarias para nombrar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a ultimísima hora. Eso resume su aporte al drama político escenificado hoy en el Palacio Legislativo.
El papel de protagonista estuvo, naturalmente, a cargo de Henry Ramos Allup, elegido por el voto de 109 diputados Presidente del Poder Legislativo Nacional hasta el 4 de enero de 2017. Por una parte, su experiencia le permitió no caer en la trampa del ruidoso boicot de los diputados y barras del PSUV y su discurso inicial de autoridad máxima del Parlamento estuvo muy bueno, salvo en el tercer punto de la recapitulación de los objetivos de la Asamblea Nacional: por medio «constitucional, democrático, pacífico y electoral», lograr la salida del actual gobierno en un plazo de seis meses contados desde esta fecha.
Fragmento del discurso de Ramos Allup en el que se compromete a salir del gobierno
Lo de la recuperación de la autonomía parlamentaria está muy bien; lo de una «ley de amnistía», como se argumentó acá el 11 de diciembre (Sobre amnistías), sería mejor sustituirlo con un decreto de amnistía que por su carácter no puede ser objetado por la Presidencia de la República; pero la tercera formulación es un claro despropósito, que desdice previas afirmaciones en lo que dijo Ramos Allup: que la Asamblea estaría abierta al diálogo y que no se concibe como un contrapoder. La Asamblea Nacional sólo podría causar por su cuenta el resultado que Ramos Allup presentó como compromiso no transable, mediante la declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro, Presidente de la República.
Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.
La revocatoria del mandato de Maduro no es prerrogativa de la Asamblea Nacional; eso es potestad exclusiva de los Electores. Es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que nombraría una junta médica que pudiera, si lo amarrara para examinarlo, declarar la incapacidad física o mental permanente del mismo ciudadano; la Asamblea sólo podría prestar su anuencia a una iniciativa que no es suya. Es sólo el TSJ el poder que puede sentenciar la destitución, luego de juicio previo por algún grave delito. La renuncia es prerrogativa de la persona presidencial. La muerte está vedada a la Asamblea según la condición de un medio pacífico expuesta por Ramos Allup; aunque sería indudablemente eficaz y hasta constitucional—es la primera causal prevista en el Art. 233—, sería criminal y nada pacífico un sicariato contratado al efecto.
Las palabras de Ramos Allup en promesa con plazo de medio año no le corresponden; quizás pudiera pronunciarlas como dirigente máximo de Acción Democrática, seguramente le corresponderían a Jesús Torrealba en tanto Secretario Ejecutivo de la MUD si anunciara la recolección de casi cuatro millones de firmas necesarias para convocar a referendo revocatorio, pero jamás es esa tarea algo que corresponda a la Asamblea Nacional.
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De resto, el hecho fundamental es que el oficialismo ya no controla el Poder Legislativo Nacional y que éste, como dijera Ramos Allup, puede ejercer control sobre los restantes poderes: «Quien nombra, disciplina», dijo. De resto, hoy no hubo disparos, ni de gente uniformada—políticos armados, para emplear la expresión De Thays Peñalver—ni de colectivos también armados; ni siquiera hubo bofetadas o puñetazos en la cámara, a pesar de las perturbaciones de Rodríguez y Carreño, pues los diputados de la MUD no cayeron en las provocaciones obvias. Las previsiones catastrofistas, una vez más, no se materializaron. Hasta Maduro dijo anoche: «Bienvenida la Asamblea Nacional», refiriéndose a la que ya no hará su voluntad.
En general, una jornada exitosa. La misma gente que vilipendiaba a Ramos Allup hasta hace nada en Facebook o en Twitter, ahora lo tiene como héroe, sobre todo después de que Claudio Nazoa le declarara su amor. LEA
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