Primero que nada, se reproduce el compacto editorial del diario madrileño del 27 de este mes de junio que hoy concluye:

 

Opciones en Venezuela

La nueva posición de EE UU y la UE ante el régimen de Maduro es positiva. La pelota está en el tejado de Caracas

Josep Borrell, a su llegada a la cumbre europea de Bruselas el pasado viernes. (JOHANNA GERON / POOL / EFE)

 

El futuro de la profunda crisis de Venezuela depende de sus dirigentes y sus ciudadanos, pero se juega en buena medida en el exterior. Esta semana, la Administración de Joe Biden y la UE han coincidido por primera vez desde la era de Obama en la fórmula para tratar de frenar la deriva del régimen de Nicolás Maduro. La meta es, como siempre, la celebración de elecciones libres y con garantías. Lo inédito es que Washington y Bruselas se abren a levantar las sanciones si el chavismo demuestra voluntad real de diálogo y acepta una negociación amplia. La oposición se ha mostrado tradicionalmente reticente a entablar conversaciones con el Gobierno. Con la excepción de figuras como Henrique Capriles, la mayoría de los líderes antichavistas han rechazado en los últimos años toda opción que no pasara por la inmediata renuncia de Maduro. Las razones para desconfiar sobran. El aparato oficialista no solo controla los resortes del Estado y las competiciones electorales, sino que en los últimos intentos para buscar una salida negociada ha tratado de imponer sus reglas y condiciones. Los ensayos de diálogo, auspiciados por Noruega, algunos países latinoamericanos o la propia UE, han sido una constante. Y los resultados, un rotundo fracaso.

La llegada de Biden supuso un punto de inflexión por las expectativas generadas. Trump endureció las sanciones y mantuvo una posición belicista, incluso agitando las amenazas de una intervención armada. Esa estrategia le sirvió para hacer campaña en EE UU, pero no desembocó en una solución. Al contrario, contribuyó a agudizar el enfrentamiento en el país sudamericano. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, han sentado las bases para una nueva iniciativa internacional, con más fuerza que las anteriores.

El comunicado conjunto emitido el viernes, al que se sumó Canadá, hace hincapié en una salida pacífica, pide el fin de la persecución de los opositores y la liberación de los presos políticos e insta a Maduro a revertir el desmantelamiento de las instituciones. Pero, por encima de todo, abre la puerta a una revisión de las sanciones que han repercutido en la economía de un país ya postrado por una catastrófica gestión. No hay tiempo que perder para paliar una emergencia que ha abocado a millones de personas a la miseria o al exilio. El primer banco de pruebas serán las elecciones locales y regionales ya fijadas para noviembre. Washington y Bruselas llaman a un proceso electoral apegado a los estándares internacionales. La pelota está en el tejado del régimen, que no tiene excusas para negarse a convocar un proceso electoral libre y democrático. A la vista de su lamentable historial, no caben grandes expectativas. Aún así, la nueva posición común de EE UU y la UE es una noticia positiva.

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Para iniciar el comentario de ese editorial de un periódico más bien serio, tomaré de una entrada en este blog del 2 de abril de 2017 (La historia desaparecida):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” * sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año [2017] culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

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Más tarde vendría el nombramiento inconstitucional** de un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” por la Asamblea presidida por Julio Borges (2017), y al año siguiente la presidencia de ella por alguien menos pugnaz, Omar Barboza, hasta que llegara la increíble secuencia de desaguisados bajo la presidencia de Juan Guaidó. El 23 de enero de 2019, a escasos 18 días de su elección como Presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó se autoproclamó como Presidente encargado ante un “cabildo abierto” en la ciudad de Caracas, con base en una interpretación absoluta e intencionalmente errónea del Art. 233 de la Constitución.

Nuestra Constitución contempla sólo un caso en el que el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República; su Artículo 233 lo establece así en su segundo parágrafo: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. No es la Asamblea Nacional—mucho menos un “cabildo abierto” que no fue tal y cuyo nivel decisional no rebasa el de asuntos municipales—el órgano que designa a su Presidente como encargado de la Presidencia de la República sino esa previsión constitucional, y ésta requiere la existencia previa de un Presidente electo cuya falta absoluta se haya producido, lo que no ha sido nunca el caso. José Ignacio Hernández, el cuestionado “Procurador Especial” nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero del año pasado [una semana antes de la autoproclamación]: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 confiere inequívocamente esa potestad al Tribunal Supremo de Justicia. (Exégesis de Crisis (Group), 12 de marzo de 2020).

A continuación vendría la aprobación inconstitucional por la AN del tal “Estatuto de Transición” y la pretensión de que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el TIAR es “un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”. (Juan Guaidó, El Nacional, 22 de julio de 2019). Más tarde, las intentonas fracasadas de deposición violenta de Maduro por levantamiento militar azuzado por él y Leopoldo López desde La Carlota o la invasión de mercenarios estadounidenses con los que Guaidó había contratado. Todo, como vemos, muy constitucional.

Sobre este pasaje del editorial: El aparato oficialista no solo controla los resortes del Estado y las competiciones electorales, sino que en los últimos intentos para buscar una salida negociada ha tratado de imponer sus reglas y condiciones. Los ensayos de diálogo, auspiciados por Noruega, algunos países latinoamericanos o la propia UE, han sido una constante. Y los resultados, un rotundo fracaso”. Si controlara las competiciones electorales ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral certificó la abrumadora mayoría de diputados de oposición el 6 de diciembre de 2015? Más incomprensible aún: ¿cómo es que el CNE proclamara que los proyectos de reforma constitucional de 2007, de suprema importancia estratégica para Hugo Chávez, fueran desaprobados por minorías ínfimas de 1,31% y 2,02%? Luego, las negociaciones iniciadas en Oslo, que proseguirían en Barbados con la mediación de Noruega, se vieron interrumpidas al levantarse el gobierno venezolano de la mesa; la razón de abandono de la negociación por parte del gobierno fue la justificación por Guaidó de un nuevo lote de sanciones impuestas por el gobierno extranjero para el cual trabajaba.

¿Lo último? Oigamos treinta segundos del primer “Servicio de Información Pública” del día de ayer:

Hay que tener tupé para proponer que una nación vecina declarada en confrontación con el gobierno venezolano participe de las negociaciones que se preparan. LEA

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* “Jamás unas elecciones (democracia representativa) equivaldrán a un referendo (democracia participativa); jamás fueron las elecciones municipales de 2013 un ‘plebiscito’ acerca del gobierno de Nicolás Maduro, como intentara vender Henrique Capriles Radonski. Pretender algo así es adulterar el sentido constitucional de los actos electorales”. (En Consideraciones sobre un texto de José Guerra, 11 de octubre de 2015).

** La Constitución exige la participación del Poder Ciudadano en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de justicia, y ese poder público no estuvo presente en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, donde pretendió elegirse un TSJ que de “legítimo” no tenía nada y poco después llegó a conocerse como “en el exilio”.

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