por Luis Enrique Alcalá | Sep 18, 2008 | Cartas, Política |
El tema de la enfermedad de los gobernantes, especialmente del desorden de sus mentes, ha preocupado desde hace tiempo a los especialistas. La Ficha Semanal #70 de doctorpolítico, del 1º de noviembre de 2005, ya daba cuenta del libro Locos egregios, del psiquiatra español Juan Antonio Vallejo-Nágera. En esta obra, publicada por vez primera por Dossat en 1977, Vallejo-Nágera hace la construcción analítica de un panteón de mandatarios (y otra gente destacada) a los que muy aparentemente les patinaba la cabeza. Muy apropiadamente, reseña los desvaríos de Juana la Loca, o los de Abderramán III y, por supuesto, los de Adolfo Hitler. De éste dice al iniciar el capítulo que le dedica: “Tenía Hitler hondamente arraigada la convicción de su propia singularidad histórica; tanto que, al hacer comparaciones con ‘otro’, nunca recurría a un contemporáneo: se remontaba a Napoleón y, es irónico, a Jesucristo”. El último de los capítulos de Locos egregios es “Consideraciones sobre el poder político y psicopatología”. Allí describe sucintamente el problema: “En el núcleo de la personalidad de estos seres excepcionales, que los convierte en imanes de multitudes, hay a veces rasgos anormales de la personalidad, que se desarrollan patológicamente, como un cáncer latente que se expande, precisamente cuando han alcanzado el poder, y por la dinámica misma de la pasión de mandar que les ha encumbrado”.
A más de treinta años de distancia, Praeger acaba de publicar en Londres In Sickness and in Power, libro que reitera la tesis del español. Su autor es el médico británico David Owen, quien emprende un inventario de las enfermedades—no sólo mentales—de poderosos entre las fechas de 1901 y 2007. A ese recuento dedica los dos primeros capítulos del volumen de 420 páginas; luego detalla las historias de los siguientes casos: Anthony Eden, John F. Kennedy, el Shah de Irán, François Mitterrand, George W. Bush y Tony Blair. De estos dos últimos explora su “comportamiento hibrístico” (del griego ὕβρις, hubris) en relación con la guerra de Irak que desataron a cuatro manos.
Lord Owen está particularmente calificado para la tarea: no sólo es él mismo médico que investigó sobre la química del cerebro y trabajó con neurólogos y psiquiatras, sino que también ha sido un destacado político que sirvió como miembro del Parlamento, Sub-secretario de Estado para la Marina, Ministro de Salud Pública y Ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra. El Barón Owen de Plymouth no oculta su convicción acerca de la existencia de una íntima relación entre medicina y política (lo que, por supuesto, conviene a quien escribe): “…también los políticos tienen la vida de la gente en sus manos… Los políticos, especialmente los jefes de gobierno, toman muchas decisiones que tienen efectos de gran alcance sobre la vida de las gentes que gobiernan y pueden incluso, en los casos más extremos, determinar si viven o no… Para los políticos como para los médicos, son atributos esenciales la competencia y la capacidad de hacer juicios realistas acerca de lo que puede o no lograrse. Cualquier cosa que afecte ese juicio puede hacer considerable daño… La interrelación entre políticos y doctores, entre la política y la medicina, me ha fascinado durante toda mi vida adulta. Sin duda mi propia trayectoria como médico y político ha alimentado mi interés e influido mi punto de vista. Me he interesado en particular en el efecto de la enfermedad en los jefes de gobierno sobre el curso de la historia”.
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Dos son los cuadros psicopatológicos que Owen describe en la introducción de su libro: el desorden bipolar y el “hibrístico”; ambos tienen rasgos parecidos. Para el primero de los síndromes anota los siguientes “signos y síntomas que acumulativamente fundamentan el diagnóstico”: 1. Energía, actividad y desasosiego aumentados; 2. Estado de ánimo eufórico; 3. Irritabilidad extrema; 4. Pensamientos y habla muy rápida, con saltos de una idea a otra; 5. Distracción, incapacidad de concentrarse; 6. Poca necesidad de sueño; 7. Creencias poco realistas sobre las propias capacidades y poderes; 8. Juicio pobre; 9. Un período largo de conducta diferente de la usual; 10. Impulso sexual acrecentado; 11. Abuso de drogas, particularmente de cocaína, alcohol y medicaciones para el sueño; 12. Conducta provocadora, invasiva o agresiva; 13. Negación de que algo ande mal; 14. Episodios de gasto exagerado. Éstos son los signos de la fase maníaca de la enfermedad, los que sería necesario observar en cada caso para el diagnóstico de bipolaridad (la fase opuesta corresponde, básicamente, a una severa depresión). De no observarse, se estaría ante el caso del desorden unipolar de la sola depresión. (Las dos primeras acepciones del DRAE para el término “manía” son: “1. f. Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor. 2. f. Extravagancia, preocupación caprichosa por un tema o cosa determinada”. Define a la manía persecutoria así: “Preocupación maniática de ser objeto de la mala voluntad de una o varias personas”. Es éste uno de los sentidos del término paranoia).
Owen reporta que tres psiquiatras estadounidenses—Jonathan R. T. Davidson, Kathryn M. Connor y Marvin Swartz, escribiendo sobre fuentes biográficas acerca de enfermedades mentales de los presidentes de Estados Unidos entre 1776 y 1974, en el Journal of Nervous and Mental Disease en 2006—han sostenido que Teodoro Roosevelt y Lyndon Johnson sufrían de desorden bipolar (maníaco-depresivo, en terminología antigua) mientras se desempeñaron en la presidencia de su país. Al comentar el punto señala que este diagnóstico está cuestionado, y que en general el público es más propenso a admitir que sus héroes pueden sufrir episodios de depresión, pero no están igualmente dispuestos a reconocer que su conducta maníaca sea sintomática de una enfermedad mental.
De hecho, Owen adelanta la siguiente conjetura: “Puede ser que la gente espere, o incluso quiera, que sus líderes sean diferentes de la norma, que exhiban más energía, trabajen más horas, parezcan excitados con lo que hacen y llenos de confianza en sí mismos; en breve, que se comporten de forma que, más allá de un cierto punto, un profesional la tendría por maníaca. En tanto esos líderes intenten lograr lo que el público desea, éste no quiere que se le diga que están mentalmente enfermos. Pero cuando esos líderes pierden el apoyo de su público, la cosa se torna muy diferente. El público estará entonces dispuesto a emplear palabras altisonantes [megalomanía, por ejemplo] que la profesión ha descartado para describir la enfermedad mental, como un modo de expresar su objeción al modo en que sus líderes se comportan”.
Vallejo-Nágera expresaba, en el fondo, la misma tensión cuando escribía: “…el mundo se encuentra ante un amargo dilema: conciencia de la necesidad del líder, junto al pánico a la aparición del dictador; y la intuición de lo peligrosamente imbricados que en la persona humana están los rasgos que hacen posible la iluminación de las multitudes con los que provocan la histeria de las masas. Las dotes personales para el ascenso al mando supremo (sobre el fervor colectivo) están psicológicamente enmarañadas con las que inducen a la usurpación del poder”.
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Es al desorden hibrístico al que Owen dedica más atención. La ὕβρις era un crimen, y el más grande de los pecados, en la Grecia clásica. El inglés moderno denota por hubris a la arrogancia y el sentido de superioridad excesivos; los griegos destacaban la actitud humillante que se derivaba de esa conciencia, observable con más facilidad en ricos y poderosos. Esta visión antigua coincide con la cristiana: la soberbia es el peor de los pecados. Quien tenía hubris, o “hibris”, en realidad retaba a los dioses y sus leyes, y la tragedia griega le retrataba en su caída.
Dice Owen: “No es ‘hibris’ todavía un término médico. El significado más básico fue desarrollado en la antigua Grecia, simplemente como la descripción de un acto: un acto hibrístico era uno en el que una figura poderosa, inflada con excesivos orgullo y confianza en sí misma, trataba a los otros con insolencia y desprecio”. Aristóteles diagnosticaba que “los jóvenes y ricos son dados al insulto [hubristai, es decir, ser hibrísticos] porque piensan que al hacerlo [acto de hibris] están demostrando superioridad”.
Es en el teatro griego, sin embargo, donde se refina la característica y se explora los patrones de la conducta hibrística, así como sus causas y consecuencias. Explica Owen: “Una carrera hibrística procede más o menos por el siguiente cauce. El héroe obtiene gloria y aclamación por haber logrado un éxito desusado en contra de las probabilidades. La experiencia se le sube a la cabeza: comienza a tratar a los demás, meros mortales ordinarios, con desprecio y desdén, y desarrolla tal confianza en su propia capacidad, que comienza a creerse capaz de cualquier cosa. Este exceso de confianza en sí mismo le lleva a interpretar equivocadamente la realidad que le rodea y a cometer errores. Tarde o temprano le llega su castigo y conoce su némesis, que lo destruye. Némesis es el nombre de la diosa de la retribución, y en el drama griego a menudo los dioses disponen la némesis porque es visto el acto hibrístico como uno en que el perpetrador trata de desafiar la realidad ordenada por ellos. El héroe que comete el acto hibrístico busca transgredir la condición humana, imaginándose ser superior y en posesión de poderes como los de los dioses. Pero los dioses no aceptarán eso; es así como son ellos quienes lo destruyen. La moraleja es que debemos poner cuidado en no permitir que el poder y el éxito nos suba los humos, haciéndonos demasiado grandes para nuestros zapatos”.
Ahora advierte Owen: “Los síntomas en la conducta que pueden justificar un diagnóstico de síndrome hibrístico se hacen típicamente más intensos mientras más tiempo permanezca en el poder un jefe de gobierno”. De seguidas sugiere que se diagnostique ese síndrome cuando quiera que tres o cuatro síntomas, de la lista que sigue, estén presentes en los gobernantes:
—Una propensión narcisista a ver el mundo primariamente como una arena en la que pueden ejercer poder y buscar gloria, antes que un lugar con problemas que necesitan se les aproxime de manera pragmática y no autorreferencial.
—Una predisposición a emprender acciones que probablemente les exhiban favorablemente, esto es, para resaltar su imagen.
—Una preocupación excesiva con la imagen y la presentación.
—Una manera mesiánica de hablar acerca de lo que hacen y una tendencia a la exaltación.
—Una identificación de sí mismos con el Estado, hasta el punto de considerar la perspectiva y los intereses de los dos como idénticos.
—Una tendencia a hablar de sí mismos en tercera persona o con el plural mayestático.
—Confianza excesiva en su propio juicio y desprecio por el consejo o la crítica de otros.
—Exagerada fe en sí mismos, rayana en un sentido de omnipotencia, respecto de lo que pueden alcanzar.
—Una creencia en que antes que ser responsables ante el mundano tribunal de sus colegas o la opinión pública, el tribunal al que tienen que responder es muy superior: la historia o Dios.
—Una convicción inamovible de que serán reivindicados en ese tribunal.
—Inquietud, irreflexión e impulsividad.
—Pérdida de contacto con la realidad, a menudo asociada con un aislamiento progresivo.
—Una tendencia a permitir que su “gran visión”, especialmente su convicción de la rectitud moral de un determinado curso de acción, obvie la necesidad de considerar otros aspectos, como la factibilidad, el costo y la posibilidad de consecuencias indeseadas; una terca renuencia a cambiar de curso.
—Como resultado, un cierto tipo de incompetencia en la implementación de una política, que puede ser llamada incompetencia hibrística. Es aquí donde las cosas van mal, precisamente porque el exceso de confianza hace que el líder no se moleste con la carpintería de una política. Aquí puede haber una desatención a los detalles aliada a una naturaleza indiferente.
Owen completa la descripción señalando los “factores externos” que aumentan la probabilidad del cuadro clínico: “éxito abrumador en la obtención y preservación del poder, un contexto político en el que hay mínimas limitaciones del líder que ejerce su autoridad personal y la duración del tiempo de su permanencia en el poder”.
¿Algo de esto nos suena conocido? Vale la pena destacar que, aunque el libro de Owen fue publicado este mismo año de 2008, no se encontrará en él ni una sola mención de la persona política de Hugo Chávez. No pareciera estar muy consciente de su existencia, porque verdaderamente se trata de un caso de librito. Chávez exhibe muy notoriamente, no tres o cuatro de los síntomas enumerados por Owen, sino todos los catorce. En Grecia, ya los dioses le hubiesen retribuido hace tiempo su hibris. Su némesis no puede andar muy lejos. Por de pronto, Zapata lo retrató, en una de sus mejores caricaturas, como un dinosaurio militar que afirmaba del tribunal que lo juzgaría: “A mí me absolverá la prehistoria”.
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Una noción análoga al síndrome descrito por Owen es la que se conoce como “enfermedad de la victoria”, que los japoneses llaman senshobyo. Éstos son los signos: arrogancia, exceso de confianza, complacencia, la repetición de previos patrones victoriosos en la lucha (en vez de desarrollar nuevas tácticas que anticipen los avances enemigos), la caricaturización y subestimación del contrincante, el desconocimiento de la información de malas noticias. Mientras el lado victorioso se vuelve complaciente, creyéndose invencible y conduciéndose con arrogancia, sus contrarios escarmientan y se adaptan.
Fue un ataque de senshobyo lo que llevó a los japoneses al desastre de Midway, poco después de su espectacular bombardeo de Pearl Harbor y su precoz extensión por islas y costas del Pacífico; fue la enfermedad de la victoria lo que llevó a Napoleón a la catastrófica invasión de Rusia, y a Hitler más de un siglo después a concebir y fracasar estrepitosamente, con su Operación Barbarroja, en el mismo intento.
Eso mismo le va a pasar a Hugo Chávez, enfermo de hibris y victoria. El suscrito conoce de cerca partidarios suyos que ya lo desahucian, tan evidente es su agresiva enfermedad. Incapaces de admitir la restauración de antiguos usufructuarios del poder, se quejan de no distinguir en el paisaje la figura de un outsider, empleando el mismo término que introdujera a comienzos de los ochenta, cuando ya era obvio el desarreglo político del país, el oráculo que fuera Gonzalo Barrios.
Vallejo-Nágera cierra su libro con las siguientes palabras: “¿Está condicionada la humanidad a sentirse arrastrada sólo por líderes de gran potencia carismática, enraizada en tendencias neuróticas de agresividad tan fuertes e insatisfechas que despiertan y agrupan a las del mismo sentido que tienen latentes las masas? ¿Puede engañársenos con el señuelo artificial de un carisma inventado por los creadores profesionales de una imagen política, que al montarse sobre una personalidad endeble se derrumbará en los momentos de crisis, cuando su fuerza carismática, en realidad inexistente, sería necesaria para la defensa colectiva? ¿No es posible la agrupación en torno a un líder, sereno, equilibrado, que a la vez con fuerza y mesura sepa conducir sin avasallamiento? Sí, es posible, pero hemos querido mostrar con estos comentarios lo fácil que resulta el engaño”.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 11, 2008 | Cartas, Política |
Comenzaba la década de los años noventa, cuando un negociante venezolano se convirtió en representante para Venezuela de los automóviles Lada, una marca rusa. Ya los rusos no eran soviéticos, después del período de Mikhail Gorbachov en la jefatura de la segunda superpotencia del mundo, quien con su perestroika y su glasnost dio paso al desmembramiento de la federación de países comunistas que Moscú regía tras una cortina de hierro. El país se enteró de la disponibilidad de esos autos en su mercado a través de una divertida campaña publicitaria, que la ingeniosa agencia de Roberto Eliaschev produjo para la prensa y la televisión.
Los avisos de prensa advertían de una invasión rusa en momentos cuando, por supuesto, tal amenaza no asustaba ni a Blancanieves. En alguna de las cuñas televisadas bajaban alegremente de un sedán Lada, basado en el FIAT 124, montones de cosacos y bailarinas rusas con botas rojas y faldas cortas. La humorística campaña surtió efecto rápidamente: pronto se vio por las calles al tosco sedán y su compañero, el Niva, una suerte de jeep proletario.
Hay quien argumentará ahora que el Lada es pavoso. Hace un año, Continautos C. A., la distribuidora oficial de Lada en Venezuela, se declaró en quiebra. Wikipedia en español reporta: “Hasta el momento no existe información oficial sobre la continuación del servicio técnico y repuestos oficiales para los propietarios de automóviles de la marca rusa en el país caribeño”.
Tales cosas vienen a la memoria cuando los gobiernos venezolano y ruso anuncian, para poco antes de las elecciones del 23 de noviembre próximo, la realización de maniobras navales conjuntas en aguas territoriales de nuestra nación. El lunes de esta semana, Andrei Nesterenko, portavoz de la cancillería rusa, confirmaba la noticia ofrecida poco antes por el presidente Chávez: “Antes de fin de año, como parte de una expedición de larga distancia, hemos planificado la visita de una flotilla rusa a Venezuela y estacionar temporalmente aviones antisubmarinos de la Marina Rusa en un aeropuerto en Venezuela”. Es decir, vienen los rusos, y tal vez sea útil al gobierno nacional revisar la publicidad de Eliaschev, como modo de edulcorar para los electores venezolanos la desagradable e injustificable presencia.
El buque líder de la flotilla que vendrá en noviembre, el crucero de batalla Pyotr Velikiy (Pedro el Grande), ha dejada su propia estela de pava. En agosto de 2000, el poderoso buque insignia de la Flota Rusa del Norte participaba en un ejercicio de adiestramiento en el Mar de Barents, donde se suponía ser el blanco designado del submarino Kursk. En medio de las maniobras perdió contacto con el submarino, del que se supo luego que había explotado bajo el mar matando a toda su tripulación.
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¿Vienen los rusos? En realidad ya llegaron hace rato, y no sólo porque la Fuerza Aérea “Bolivariana” cuenta con los cazas Sukhoi Su-30 o porque se comprara cien mil fusiles Kalashnikov, sino porque en los actuales momentos dos bombarderos de largo alcance Tupolev Tu-160 están estacionados en la base Libertador, que se les presta para lanzarse en varios “vuelos de entrenamiento” sobre aguas internacionales del Caribe. Hace tiempo que la opción por Rusia, en reedición de la sociedad que Cuba tuvo con la Unión Soviética hasta su derrumbe, está decidida. Hugo Chávez dijo ayer que hace tiempo que estos aviones han estado “por estos lados”, aunque los rusos negaran en julio los rumores de que tenían en territorio venezolano aviones de control marítimo; también dijo que se había hablado de las maniobras conjuntas desde hacía un año, y los rusos declararon que fueron acordadas antes de las refriegas con Georgia del mes pasado.
El asunto puede discutirse en términos de sistemas de armas. El Tu-160 es un avión superior al B1 de los norteamericanos, tanto en cargamento explosivo como en velocidad y alcance. (A fines de año Rusia tendrá veinte Tu-160; ha estacionado en la base Libertador el diez por ciento de esa flota, lo que indica la importancia que el Kremlin asigna a sus juegos de guerra con los venezolanos). Los Estados Unidos poseen, sin embargo, una flota de sesenta y siete aviones B1 que pueden transportar, naturalmente, mucho mayor carga agresiva que los bombarderos rusos. Y esto, naturalmente, sin contar la veintena de bombarderos B2 activos de los estadounidenses, los aviones de ataque estratégico más avanzados del mundo, ni los vetustos B52 que todavía son capaces de infligir daño muy considerable. La eventual amenaza que los Tu-160 maracayeros pudieran representar es más bien moderadamente molesta.
Pero es molesta. Tanto los rusos como los estadounidenses saben que dos grandes bombarderos, venidos desde bases asiáticas muy lejanas, no pueden asumir la superioridad aérea en el Caribe—en verdad, su uso normal no es de acción en los mares—ante el número y la fortaleza de los aviones que los Estados Unidos pudieran enviar al mismo espacio aéreo con mucha mayor rapidez. De hecho, se ha reportado que durante la mayor parte de su vuelo, los Tu-160 de Maracay fueron escoltados por interceptores de la OTAN y de los Estados Unidos, para recordarles que habrían podido ser fácilmente derribados.
Tampoco es el crucero Pedro el Grande, por más poderoso que sea, aun con la flotilla que lo acompañará—el Almirante Shabanenko (antisubmarinos) y uno o dos buques más—algo que ponga en jaque el poderío naval estadounidense tan cerca de casa. Aunque se trata de uno de los navíos de guerra más grandes del momento (24.000 toneladas)—sólo superado por los portaaviones—y de los mejor armados, es él solo la mitad de los dos cruceros de la clase Kirov que le quedan a Rusia, y ciertamente regresará inmediatamente a su localización habitual en el Mar de Barents, donde su presencia es más importante.
No obstante, esta penetración rusa en aguas y espacio aéreo de América cambia súbitamente el panorama estratégico del mundo, y quien permite eso es el presidente venezolano. Lo regalado de su oferta sugiere prever que detrás del Pedro el Grande pudieran venir, más adelante, submarinos soviéticos que ejercerían presión sobre el tráfico por el Canal de Panamá. Chávez ha dejado de jugar con los guerrilleros colombianos para permitir una respuesta rusa a las penetraciones recientes y crecientes de la OTAN en Europa central y oriental.
Desde que cesó la Unión Soviética, la OTAN ha extendido sus instalaciones y alianzas militares a territorios que antaño se encontraban tras la Cortina de Hierro. Los rusos habían interpretado el Tratado de Moscú de 1990—el Tratado Dos (Alemania del Este y Alemania del Oeste) más Cuatro (Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética)—, que dio paso a la reunificación alemana, como un compromiso de los occidentales de no expandir la presencia de la OTAN hacia el este. Lo que ha ocurrido es lo contrario: la OTAN se ha involucrado en eventos bastante lejanos del Atlántico Norte—las guerras yugoslavas, por ejemplo—y luego de la disolución del Pacto de Varsovia ha incorporado a sus filas países que pertenecieron antes a la esfera de control soviético. Hungría, la República Checa y Polonia se unieron a la OTAN en 1999; más recientemente lo han hecho los tres Países Bálticos, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Rumania (2004). En abril de 2008 se extendió una invitación formal a Albania y Croacia para que se unan a la alianza occidental, y se hizo saber a Georgia y Ucrania que en un futuro podrían ser reconocidas como miembros.
Esta expansión ha ocurrido después y a pesar del establecimiento de un Consejo Permanente Conjunto OTAN-Rusia en 1998. En mayo de este año Mikhail Gorbachov concedió una entrevista a un periódico inglés, en la que reiteró su convencimiento de que la OTAN se había comprometido, en efecto, a no expandirse hacia el este: “Los americanos prometieron que la OTAN no se movería más allá de las fronteras alemanas después de la Guerra Fría, pero ahora la mitad de la Europa central y oriental se le ha incorporado, de modo que ¿qué pasó con sus promesas? Esto muestra que no se puede confiar en ellos”.
La capiti diminutio de los rusos, una vez que dejara de existir la Unión Soviética, les ha debido ser psicológicamente difícil, sobre todo si tuvieron que observar, por un buen tiempo resignados, la expansión de la OTAN por casi todas sus antiguas esferas de influencia. Esa resignación parece haber concluido, y así lo atestiguan su actuación en Georgia—que Hugo Chávez aplaudió, como aplaudió el imperialismo chino en el Tíbet—y su aceptación de la hospitalidad venezolana. El gigante euro-asiático se mueve otra vez, y ciertos países de Europa, algunos de los más escarmentados, se aprestan a reconocer el cambio: ayer nomás se reunieron en Helsinki los ministros de defensa de Alemania y Finlandia, precisamente para adoptar una posición conjunta ante el renacimiento ruso. Más probablemente, decidirán acomodarse en lugar de confrontarlo; su historia en el siglo XX se los aconseja. (Finlandia no es miembro de la OTAN). Las señales emitidas en Georgia deben haberle puesto la piel de gallina a más de uno de los más recientes miembros de la organización.
De no haberse producido el crecimiento tumoral de la OTAN, ¿se habría dado esta colaboración militar entre Rusia y Venezuela? Probablemente no, y por tanto debemos la incómoda presencia militar rusa en el país, más que a Chávez, a los Estados Unidos y sus aliados europeos, que también compraron la arrogante y fácil tesis de Francis Fukuyama: que la historia había concluido con el desplome de la Unión Soviética, y que el mundo seguiría ahora las formas democráticas y capitalistas de la civilización occidental. El liderazgo indiscutible de la Organización del Tratado del Atlántico Norte descansa en los Estados Unidos, como se ve claramente en el Artículo X del pacto que la creara: “Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a adherirse al Tratado a cualquier otro Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la región del Atlántico Norte. Cualquier Estado así invitado puede pasar a ser parte en el Tratado depositando su instrumento de adhesión ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Éste informará a cada una de las Partes del depósito de cada instrumento de adhesión”.
No es, pues, solamente ecológico el calentamiento global. El planeta se está poniendo peligrosamente más caliente también en términos bélicos, y está en el interés de todos sus habitantes que la temperatura baje.
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En verdad, el derrumbe de los regímenes comunistas europeos fue el término de una larga y sangrienta pesadilla. Pareció augurar la extensión de la democracia y la institución del mercado en el planeta, ambas cosas positivas y naturales en principio. Pero Occidente quiso atropellar las cosas, y una nueva versión del espíritu triunfalista del Tratado de Versalles incurrió en el mismo pecado de arrogancia, que Winston Churchill y John Maynard Keynes advirtieran y condenaran con asombrosa lucidez.
Los atentados hiperterroristas del 11 de septiembre de 2001 inauguraron el tercer milenio de la era cristiana con el horror planetario, y desafortunadamente encontraron en la Casa Blanca a un simplón pendenciero, a un hombre de pocas luces que asumió la tragedia como afrenta personal. A partir de ese momento, los Estados Unidos, con una larga tradición bélica, abandonaron la urbanidad política y la responsabilidad jurídica, hasta el punto de exigir, a cambio de la continuación de ayudas a terceros países, una inmunidad de sus agentes en lo tocante a eventuales crímenes de guerra que pudieran cometer. La nación que, con todos sus defectos, era en virtud de sus admirables logros la insignia de la modernidad y la democracia, el ejemplo del Estado de Derecho, se convirtió en la violadora sistemática de los derechos humanos en tierras lejanas, y en tierras más próximas, como las de Guantánamo en la Cuba enemiga.
El gobierno de George W. Bush, del que hasta John McCain ha procurado distanciarse, ha sido grandemente dañino para la paz del mundo, pero sobre todo para los propios Estados Unidos, que han visto disminuida su reputación de nación justa en momentos cuando todo auguraba la extensión planetaria de sus principios.
Semejante desempeño ha prestado, para nuestro desasosiego cotidiano, la mejor coartada para el gobierno terrible de Hugo Chávez, que juega a la reedición de la Guerra Fría con incomprensible irresponsabilidad. ¿Qué retorcido cálculo político llevó a Hugo Chávez a programar maniobras navales con fuerzas rusas pocos días antes de las elecciones del próximo 23 de noviembre? ¿Creerá realmente que este salto de insensatez política le traerá rédito electoral? Él dice creer en la multipolaridad mundial, pero el desorden de personalidad múltiple escapa a sus posibilidades. Sus actos favorecen el renacer de la bipolaridad en el mundo. Lo de él es el desorden bipolar.
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por Luis Enrique Alcalá | Sep 4, 2008 | Cartas, Política |
6. Sung / Conflicto
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arriba CH’IEN EL CREATIVO, CIELO
abajo K’AN LO ABISMAL, AGUA
El trigrama superior, cuya imagen es el cielo, se mueve hacia arriba; el trigrama inferior, agua, de acuerdo con su naturaleza, tiende hacia abajo. Así, las dos mitades se alejan la una de la otra, dando origen a la idea de conflicto.
El atributo del Creativo es la fuerza, el de lo Abismal es peligro, astucia. Cuando la astucia tiene fuerza por delante, hay conflicto.
Una tercera indicación de conflicto, en términos de carácter, se presenta por la combinación de profunda astucia interior con una determinación fija hacia afuera. Una persona con este carácter ciertamente será pendenciera.
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El epígrafe corresponde a la descripción del sexto hexagrama del I Ching, El libro de los cambios, que trae la traducción de Richard Wilhelm (Cambridge University Press, 3ra. edición, 1967, undécima impresión, julio de 1974). Alrededor, pues, de 2.800 años antes de Cristo, la sabiduría china ya retrataba el carácter de personas como Hugo Rafael Chávez Frías. Cuatro mil setecientos setenta y un años después otro sabio, esta vez el israelita Yehezkel Dror, escribía el libro Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem, varias veces aludido en esta publicación (la última vez el 11 de enero de 2007). Dror caracteriza un “Estado loco” con los siguientes rasgos: “1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de ‘valores superiores’); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas)”.
Antes de que Chávez saliera de viaje rumbo a Suráfrica, su gobierno estuvo envuelto en una nueva polémica—más bien la reedición de una vieja—con el gobierno de los Estados Unidos, en esta ocasión sobre el tema del narcotráfico. El modo concreto del nuevo asalto en la pelea fue un sonoro rechazo a una visita al país propuesta por John P. Walters, Director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de los Estados Unidos, el Zar Antidrogas para los íntimos. La cancillería venezolana emitió un comunicado en el que declaraba la pretendida visita como “inútil e inoportuna”, sugiriendo que Walters haría mejor uso de su tiempo en el control del problema en el territorio de su país. Pero Chávez no se conformó con el comunicado de su cancillería, y prefirió ocuparse personalmente del asunto. En el “Aló Presidente” del pasado domingo, dirigió a Walters alguna grosería y envolvió la cosa en anuncios de nuevo armamento ruso para Venezuela, incluyendo misiles de alcance intermedio—200 kilómetros, según explicó el mismo Chávez, si no es que termina adquiriendo el sistema SA-20, con alcance de 400—, y la reiteración de su oferta a Rusia, a la que llamó su principal aliado estratégico, para el reabastecimiento de aviones y buques de guerra de ese país, al que apoyó en su tratamiento del conflicto entre Abjasia y Osetia del Sur con Georgia.
¿No parece excesivo? El vicepresidente Carrizales fue más discreto—salvo Juan Barreto, no hay quien haya osado competir con Chávez en agresividad y procacidad—, emitiendo declaraciones basadas en datos de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo Carrizales: “Colombia en el año 2007 produjo 600 toneladas de cocaína, según la ONU, de ésas 600 hubo un registro de incautación de 131 toneladas. Los reportes indican que el 78 por ciento sale por la costa del Pacífico y nosotros no tenemos costa en el Pacífico; si hacemos la cuenta quedarían entonces 104 toneladas y de ellas aquí se incautaron 58 toneladas el año pasado. Si vemos estos números sobre cuánto sale y por dónde, veremos que se desmontan esas mentiras que están haciendo circular de que aquí en Venezuela transitan 500 toneladas de cocaína. Los sumergibles cargados de droga se han detectado es en el Pacífico colombiano”.
Estos posturas responden a acusaciones provenientes del propio Walters, quien el 22 de agosto aseguró que Venezuela no había mostrado disposición a cooperar con los funcionarios estadounidenses antidrogas. Dijo Walters: “La cooperación ha empeorado y los problemas han crecido”, al certificar que el flujo de cocaína colombiana a través de Venezuela se habría cuadruplicado desde 2004, y que el año pasado habría alcanzado un volumen de 282 toneladas.
Como puede verse, se trata de estimaciones bastante diferentes. ¿A quién creer? Por una parte, las cifras que publica la ONU—puede obtenerse el Reporte Mundial de Drogas correspondiente a 2008 en el sitio web de la organización—se construye con cifras proporcionadas por los gobiernos de cada nación, de modo que en lo tocante a Venezuela los números son aportados por el gobierno nacional. Pero también son cifras colombianas, entonces, las que reporta la ONU sobre Colombia.
Por la otra, la práctica de desinformación es vieja técnica de los gobiernos norteamericanos. En época de la Doctrina Reagan fue empleada con frecuencia. El Consejero Nacional de Seguridad de Reagan, el almirante John Poindexter, propuso todo un “programa de desinformación” en 1986, pensado para desestabilizar el gobierno libio mediante la siembra de informes falsos en la prensa internacional. En 1990, Poindexter fue convicto de varios cargos de felonía relacionados con el affaire Irán-Contras, que incluían conspiración, obstrucción de la justicia, perjurio, defraudación del gobierno y alteración y destrucción de evidencias. (Un año después, el alegato de defectos de orden procesal le salvó de la condena). Para 2003, ya en el gobierno de George W. Bush, el almirante retirado Poindexter volvió por sus fueros, dirigiendo para el Pentágono el montaje de un sitio en Internet (www.policyanalysismarket.org) en el que se podía apostar sobre la posibilidad de atentados terroristas diversos. El sitio web OnlineCasinoNews.com daba la noticia el 28 de septiembre de ese año: “Según fuentes de Washington, reporta hoy Associated Press, el Pentágono está estableciendo un sistema en línea para un mercado al estilo de una bolsa de valores, o lo que algunos llamarían un mercado de futuros en línea. Lo interesante es que lo que en él se comercia no son acciones de compañías o productos, sino información de conspiraciones, rumores a los que especuladores anónimos apostarían para predecir ataques terroristas, asesinatos y otros ‘eventos nostradámicosÂ’. Los hipotéticos contratos a futuro en los que los inversionistas pueden comerciar pueden ir desde la probabilidad de que el líder palestino Yasser Arafat sea asesinado, hasta la de que el rey jordano Abdullah II sea depuesto, Corea del Norte emprenda un ataque nuclear u ocurra un ataque biológico sobre Israel”. La inmediata reacción de horror político en los propios Estados Unidos causó la inmediata clausura del sitio de apuestas, que con la mayor frialdad se proponía aprovechar la puntería analítica de los jugadores en mercados de futuros, y contaba con ocho millones de dólares para su implementación.
No tendría nada de extraño, por tanto, que hubiera fabricación de cifras por parte de Walters, y conviene recordar que Manuel Noriega fue extraído quirúrgicamente de Panamá, en 1989, por una fuerza de invasión enviada por el padre del actual presidente norteamericano y juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Si a ver vamos, una lectura serena de los rasgos enumerados por Dror como característicos de los “Estados locos” encontrará que ellos se aplican ajustadamente al actual gobierno de los Estados Unidos.
Obviamente, la credibilidad del gobierno venezolano no es tampoco muy buena que se diga. Habiéndose manifestado más de una vez a favor de los guerrilleros colombianos, y estando éstos fuertemente ligados al narcotráfico ¿cómo no pensar que pudiera también nuestro gobierno favorecer esta última actividad? Dime con quién andas y te diré quién eres, por un lado; por el otro, la diplomacia de la rabieta grosera, que infla el asunto sacándolo de contexto, para hablar de armamentismo suplido por los rusos, lo pone a uno a cavilar.
……..
Pero mientras Chávez programa más gasto militar, las inversiones que requiere el sector eléctrico nacional brillan por su ausencia. Después de la estatización de La Electricidad de Caracas, tres apagones masivos han interrumpido el suministro eléctrico en gran parte del país, incluida la capital, por supuesto. El lunes de esta semana ocurrió el último (dos interrupciones con una breve pausa de recuperación), con una pérdida de 4.500 megavatios de transmisión. El Presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Hipólito Izquierdo, identificó el origen inmediato del inconveniente en una falla de la línea de alta tensión 765 (San Jerónimo-La Arenosa), pero admitió que se trata en realidad de un problema estructural: una demanda excesiva que una generación insuficiente no puede satisfacer. (Unos 24.000 megavatios de capacidad no suplen la demanda de 26.000). Los caraqueños, sin embargo, podemos darnos con una piedra en los dientes: los vecinos de San Félix pasaron todo el fin de semana sin suministro eléctrico, luego de que el viernes de la semana pasada la sub-estación Chírica-San Félix sufriera una sobrecarga que la anuló por completo. A este respecto, por tanto, el socialismo del siglo XXI nos hace retroceder a fines del XIX, cuando la ciudad de Maracaibo, la primera en Venezuela, tuviera alumbrado público por electricidad desde 1888.
Es por esta razón que el viaje de Hugo Chávez a Suráfrica cobra especial relevancia, pues los dos problemas principales del gobierno presidido por Thabo Mbeki, el sucesor de Nelson Mandela, son precisamente un grave y persistente déficit de suministro eléctrico y una delincuencia que asesina cincuenta personas por día. La experiencia de Mbeki en estas materias debe ser de gran utilidad al presidente venezolano, que no ha logrado resolver ninguna de las dos.
No le convendrá, sin embargo, su consejo en materia socialista. A pesar de haberse formado desde muy temprano como miembro de un partido de plataforma socialista (el Congreso Nacional Africano, con su Carta de la Libertad), Mbeki es ahora criticado por la izquierda de su país al sostener un esquema económico neoliberal, que evita sistemáticamente la estatización de empresas y la implantación de controles al capital. Nada menos que el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) apunta sobre el gobierno de Mbeki: “La política económica de Suráfrica es fiscalmente conservadora, aunque pragmática, enfocada sobre el blanco de la inflación y liberalizando el comercio como medio de aumentar el crecimiento de los empleos y el ingreso familiar”.
En lo que sí pueden Chávez y Mbeki lograr acuerdo con rapidez es en el tratamiento benevolente al régimen de Mugabe en Zimbabue. Mbeki ha sido consistentemente censurado por su “diplomacia suave” respecto del gobierno de Mugabe, y ha llegado hasta el punto de autorizar el uso de la fuerza militar para reprimir desórdenes en protestas xenófobas por la invasión de refugiados procedentes de Zimbabue, un expediente que no se empleaba desde la era del apartheid. Los desórdenes de mayo de este año, centrados principalmente en la provincia de Gauteng, dejaron un saldo de cuarenta y dos muertos y centenares de heridos. El Grupo de Zimbabue en el Exilio acusó a Mbeki de estar más interesado en apaciguar a Mugabe que en resolver el problema de los zimbabuenses que procuran refugio en Suráfrica. La conocida simpatía del gobernante venezolano hacia Mugabe resonará con la benevolencia de Mbeki.
Por lo que toca a la violencia delincuencial, las posturas del gobierno surafricano se parecen bastante a las negaciones del problema del gobierno venezolano. Mbeki llegó a decir en 2004 que los reportes acerca del crimen en Suráfrica eran exageraciones fabricadas por racistas blancos, deseosos de demostrar la ineficacia de un gobierno de negros.
Así, hay bastante afinidad entre el gobernante surafricano y el venezolano—si se deja de lado las preferencias de Mbeki por los mecanismos del mercado—como para lograr acuerdos generales importantes. Chávez, naturalmente, llevó a Suráfrica su oferta energética, a pesar de que acá tengamos una crisis de energía.
También llevó hasta allá su lectura geopolítica planetaria, tema que le entretiene más que nuestros vulgares apagones o nuestros aburridos crímenes. En rueda de prensa posterior a su reunión con Mbeki, dijo cosas como éstas: “Afortunadamente, el intento de imponer en el mundo una hegemonía y un mundo unipolar ha fracasado. El mundo bipolar fue terrible para el Tercer Mundo. El breve mundo unipolar fue aun peor para el mundo entero. Hoy en día estamos en medio de una crisis en todo el mundo: una crisis financiera, una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis ecológica y una crisis moral”.
Pareciera, no obstante, que la fórmula de Chávez planteara un regreso de lo peor a lo terrible, puesto que al oponerse a la unipolaridad estadounidense no hace otra cosa que blandir la amenaza de Rusia, en claro apoyo al resurgimiento de la bipolaridad. En su más reciente programa dominical, Chávez apuntó que a pesar de que los Estados Unidos tenían rodeada a Rusia, ésta se había levantado y hablado de nuevo de sí misma como una superpotencia, en clara señal de de que “la hegemonía de los yanquis ha llegado a su fin”. Es decir, para el gobierno venezolano no es el imperialismo en general lo que es malo, puesto que encuentra que el ruso es aceptable.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 28, 2008 | Cartas, Política |
Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan.
John Stuart Mill
Ensayo sobre el gobierno representativo
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La política que hacemos es la que tenemos en la cabeza. Naturalmente, las emociones, que se manifiestan no sólo en el cerebro, determinan mucho de nuestra conducta, pero aun ellas ingresan al intelecto junto con las ideas que fluyen por él para formar nuestras decisiones, que siempre son actos de la volición consciente. En esa elaboración, los conceptos que tenemos acerca de la sociedad y su dinámica terminan por conformar el marco de esa toma de decisiones.
Podemos, por ejemplo, creer que el mundo de la política se rige por dinámicas newtonianas, que en él todo es asunto de acción y reacción, de espacios y fuerzas políticas. Hace no mucho que algún articulista nacional dedicara unos cuantos de sus trabajos a discutir la siguiente cuestión: ¿hay espacio en Venezuela para una nueva fuerza política? En su concepción, los partidos políticos eran fuerzas de Newton que ocupaban un espacio limitado, y bien pudiera ser que ese espacio estuviera ya repleto, razón por la cual no podría caber en él otra fuerza política.
También se es newtoniano (con perdón de Sir Isaac) si se cree que la repetición de una misma política llevará a las mismas consecuencias que cuando se aplicara anteriormente. Es la idea de un espacio político análogo a una mesa de billar; si golpeo con la bola jugadora alguna otra con el mismo ángulo y la misma fuerza en el mismo punto, deberé obtener resultados idénticos: la misma carambola de la vez anterior. Dos ejemplos pueden ilustrar el punto.
Después del fenómeno conocido como el “caracazo” (27 y 28 de febrero de 1989), se formó un temor prácticamente irreductible a los aumentos del precio del combustible en el mercado local. Como la violencia del 27F fue detonada por el aumento del pasaje interurbano, y éste a su vez fue causado por el encarecimiento de la gasolina, el escarmiento que el caracazo produjo impedía la consideración de aumentar el precio del combustible.
O, por caso, el hecho de que un crescendo de manifestaciones callejeras contra el gobierno a comienzos de 2002 llevara al clímax del 11 de abril con la salida momentánea de Hugo Chávez, ha consolidado la simplista fe de que “hay que mantener caliente la calle”. Por esto se repite hasta el cansancio la fórmula de la marcha de protesta, reiterada por los agentes de la oposición formal y seguida (aunque cada vez menos) por un segmento de la población que cree sinceramente en la invariable eficacia política de ese expediente.
La verdad es que la aplicación de una misma receta política tiende a tener efectos distintos en momentos diferentes. Las sociedades no son estáticas mesas de billar; son, más bien, complejos sistemas compuestos por un número grande de conciencias individuales, cuyos estados cambian con el tiempo y la secuencia específica de sus experiencias. Los enjambres humanos son de enorme complejidad, y cambian porque recuerdan y aprenden. Incluso en conglomerados bastante más simples—pongamos una determinada cepa bacteriana—también la confrontación repetida de un mismo antibiótico conduce a la formación de una resistencia adaptativa. El remedio que era capaz de aniquilar millones de bacilos se vuelve repentinamente inútil, una vez que los agentes infecciosos mutan para comportarse como si la cosa no fuera con ellos.
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Hacemos la política que pensamos, y pensamos dentro de conceptos y marcos de interpretación que, desde el trabajo miliar de Thomas Kuhn (La estructura de las revoluciones científicas), llamamos paradigmas. Éstos son, naturalmente, construcciones mentales; cómodas para el discurso, son sin embargo abstracciones. Formuladas originalmente en un determinado tiempo histórico, su destino es desenfocarse y perder pertinencia en cuanto la realidad social muda. Muchas de ellas son adquiridas en el proceso de formación profesional.
Es así como la muy mayor parte de la historia política venezolana ha sido transitada por actores que pensaron dentro de un paradigma jurídico-militar. Con una que otra excepción, nuestros más influyentes políticos se han formado en leyes o en el arte castrense. La política que secretan no puede ser otra que una en la que se cree que el acto político supremo es una ley, o la que presume que la política es asunto de fuerza. Y como nuestra historia, con abrumadora ventaja, está más llena de jefes militares que de hombres de leyes, es la segunda noción la que predomina. Buena parte de la artesanía política criolla tiene que ver con el problema de cómo mantener bajo control a los militares, y casi que es esta necesidad el problema político principal. Rómulo Betancourt, por ejemplo, ya presidente electo democráticamente, escarmentado por el golpe de 1948 y blanco él mismo de una buena cantidad de asonadas militares (Carupanazo, Porteñazo, etcétera), cambió el funcionamiento del Estado Mayor General de Pérez Jiménez por el de un Estado Mayor Conjunto que aislaba relativamente las distintas fuerzas armadas, para dificultar la coordinación de una conspiración que las reuniese a todas.
Pero si en el origen del gobernante está el Derecho, entonces debe descontarse que el nuestro es del tipo latino y no del anglosajón, que enfatiza la casuística y la jurisprudencia—qué decidió un juez en otro tiempo sobre un caso similar—antes que la arquitectura de una pirámide de leyes que descansa sobre una constitución y procede de ésta en pisos de concreción creciente. Nuestro derecho es, pues, deductivo, a diferencia del inductivo de los sajones, y este solo hecho ya produce un paradigma particular con efectos también particulares. Cuando Rafael Caldera llegó por primera vez a la Presidencia de la República, cambió marcadamente el enfoque que precedió al suyo sobre reforma del Estado. El órgano encargado de gestionarla, predecesor de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, era la Comisión de Administración Pública, que bajo las presidencias de Betancourt y Leoni se aproximó a la tarea con una estrategia de cambios en los sistemas y procedimientos administrativos, dirigida por el economista Héctor Atilio Pujol. Caldera, por su parte, puso al frente de esa comisión al abogado Allan Randolph Brewer Carías, profesor de Derecho Público, quien procedió a dirigir el parto de dos tomos de quinientas o más páginas cada uno, en los que se especificaba una reforma total del aparato público venezolano, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el municipio de Humocaro Alto, pasando por todos los ministerios, todos los institutos autónomos y todas las empresas del Estado. Pujol intentaba, en vano, aplicar una terapéutica que era más lenta que la velocidad del cambio inercial de la administración pública venezolana; Brewer prescribió una cantidad y extensión de cambio para las que no había en el país suficiente capacidad gerencial, tal como ahora confronta la administración de Chávez, en acumulación creciente, las deficiencias que se derivan del imposible manejo de un prurito de cambiar todo, al tiempo que se ha excluido de la gestión pública a la mayoría de la gente más preparada.
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El problema fundamental, no obstante, es que los paradigmas de cualquier clase—y en especial los paradigmas políticos—, como los tejidos celulares, envejecen y se hacen escleróticos, se endurecen y se vuelven incapaces de cambiar. El asunto es doblemente grave porque los objetos sobre los que la política se ejerce, las sociedades, experimentan metamorfosis. A fin de cuentas, las manzanas caen desde tiempos inmemoriales del mismo modo y con la misma aceleración que la que legendariamente golpeó la humanidad de Isaac Newton en un jardín de Cambridge. El hígado que examina hoy un médico modernísimo funciona de la misma manera que el que explorasen Avicena o Hipócrates. En cambio, la sociedad sobre la que Pericles gobernara no es la misma que rigiera Luís XIV, y éstas a su vez muy distintas de la que es gobernada por Rodríguez Zapatero.
Las sociedades humanas crecen en complejidad, en riqueza y variedad de roles, de problemas, de oportunidades. La pretensión de comprenderlas y manipularlas desde ideas de la Revolución Industrial o la Revolución Bolchevique, o con técnicas de Maquiavelo, Marx o Bismarck es no sólo inoperante, sino irresponsable, indigna de una verdadera profesionalidad política.
Incluso las herramientas analíticas clásicas de la política son menos poderosas que las que ahora se derivan de más recientes desarrollos científicos. En la predicción de resultados electorales—en los Estados Unidos—, un modelo que sigue conceptos de la predicción de terremotos se ha revelado como acertadísimo. Nacido de la colaboración de un historiador estadounidense, Allan Lichtman, y un geofísico y matemático soviético, Vladimir Keilis-Borok, a partir de 1981, el modelo ha predicho con exactitud los resultados de todas las elecciones presidenciales desde esa fecha, luego de que sus “marcadores” fueran calibrados para coincidir con los desenlaces de las elecciones de los últimos ciento veinte años (entre 1860 y 1980). En vez de referirse a los candidatos específicos o los temas propios de cada campaña, el modelo de Lichtman y Keilis-Borok identifica señales (cuatro básicas y nueve complementarias) que parecen determinar con precisión si una determinada elección será “estable” (cuando gana las elecciones el partido que está en el gobierno) o “cataclísmica” (cuando las gana el partido que está en la oposición). Explica Keilis-Borok, hoy en día profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de California en Los Ángeles: “Los sistemas que generan elecciones y terremotos son sistemas complejos. No son predecibles con ecuaciones simples, pero después de tamizarlos y promediarlos en el tiempo se hacen predecibles”. Lichtman lo resume de esta forma: “Hemos reconceptualizado la política presidencial en términos geofísicos”.
En general puede decirse que es de la ciencia de la complejidad, de la teoría del caos o la del comportamiento de los enjambres, todas inventadas en la segunda mitad del siglo XX, de donde vienen ahora y continuarán viniendo los nuevos moldes de interpretación eficaz. Ninguna de estas disciplinas les es familiar a nuestros políticos convencionales—o, si a ver vamos, a los actuantes en cualquiera otra nación hasta ahora—y sin ellas éstos entienden y entenderán las cosas mal.
Un rasgo fundamental y definitorio de los sistemas complejos es su “sensible dependencia de las condiciones iniciales”. Esto es, que una pequeña variación en el inicio de un proceso complejo puede conducir a un futuro muy diferente. (“¿Desata el aleteo de una mariposa en Brasil un tornado en Texas?”, preguntaba en discurso de 1972 el meteorólogo Edward Lorenz, que ya en 1959 se había topado con esa sensibilidad esencial de los sistemas complejos). ¿Quién sabe si la señora que encendió la airada protesta por el costo del pasaje de autobús en Guarenas, el 27 de febrero de 1989, había recibido abuso del marido la noche anterior? Si Carlos Andrés Pérez no hubiera accedido a su segundo gobierno en acto fastuoso que parecía una coronación, poco antes de apretar el cinturón del pueblo ¿habría reaccionado la psiquis de los caraqueños de la misma forma al aumento de ese costo?
Las condiciones iniciales del Caracazo son irrepetibles. Desde entonces, el precio del transporte público urbano e interurbano ha aumentado en innumerables ocasiones, sin que por ello se haya suscitado una agitación ciudadana tan terrible como la de aquel febrero, cuando las abejas humanas de la urbe del Ávila se africanizaran.
Las sociedades mutan; su conocimiento crece y se diversifica. Esto es tanto así que Kevin Kelly, el Fundador Ejecutivo de la revista Wired y autor del ya clásico e importante libro Out of control (Perseus, 1995), pudo decir en reciente disertación sobre el futuro de la ciencia: “La ciencia es nuestro modo de sorprender a Dios. Es para eso que estamos aquí”. En la introducción que de ella hiciera Stewart Brand, éste abundó sobre esa intuición: “Es nuestra obligación moral generar posibilidades, descubrir los modos infinitos—sin importar cuán complejos y pluridimensionales sean—de jugar el juego infinito. Se requerirá todas las especies posibles de inteligencia para que el universo se entienda a sí mismo. En este sentido, la ciencia es sagrada. Es un viaje divino”.
Una política que no esté a la vez abierta y conectada a una percepción tan amplia y elevada como ésa, que no abreve de la ciencia y se conforme con catecismos resumidos de unas “humanidades” clásicas, no puede aspirar a entender la sociedad contemporánea, mucho menos guiarla. El intento de entrar al futuro con los lentes de Ezequiel Zamora puestos, o aun las gafas de un personaje tan visionario como Simón Bolívar, sólo puede desembocar en reflujo, en retroceso. No bastan, para enfrentar las complejísimas condiciones de una sociedad de hoy—la nuestra ya se compone de veintiocho millones de personas—un bagaje de retórica y la elección de un enemigo.
Que la ciencia, que la metodología haga el relevo de la ideología, para que el hombre justo de Vargas se haga con el mundo, y no el audaz de Carujo.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 21, 2008 | Cartas, Política |
En 1884 escribió Herbert Spencer cuatro artículos contra la intrusión del Estado. Los publicó agrupados, bajo un breve prefacio que rememoraba cosas por él advertidas veinticuatro años antes. En esta introducción dice que su tesis de 1860, “reducida a su mínima expresión… mantenía que, a menos que se tome precauciones, el aumento de la libertad formal será seguido por una disminución de la libertad de hecho. Nada ha ocurrido que altere la creencia que expresé entonces. Desde ese tiempo la deriva de la legislación ha sido del tipo anticipado. Medidas dictatoriales, multiplicadas rápidamente, han tendido continuamente a estrechar las libertades de los individuos, y han hecho esto de doble manera. Se ha establecido regulaciones, en número que crece con los años, que restringen al ciudadano en direcciones donde sus acciones no eran previamente impedidas, y se le obliga a acciones que previamente podía hacer o no según quisiera; al propio tiempo, pesadas cargas públicas… han restringido más aún su libertad, disminuyendo la porción de sus ingresos que puede gastar como guste, y aumentando la porción que se le quita para ser gastada como plazca a los agentes públicos”.
Spencer, claro, era un filósofo social del liberalismo clásico y, por tanto, escribía de la política inglesa de fines del siglo XIX, no de Venezuela a comienzos del XXI. Pero su descripción pudiera muy bien aplicársenos. Si quisiera resumirse en una sola noción el resultado general de la presidencia de Hugo Chávez Frías, ella sería la del aumento desaforado de su dominación, de la creciente intrusión de su gobierno en nuestras vidas, del desarrollo de su poder a costa de nuestra libertad. Lo de socialismo es una coartada para aumentar incesantemente el poder del Estado venezolano, que él maneja, y su control sobre los venezolanos.
Uno pudiera preguntarse qué llevaría a Spencer a llamar dictatoriales las leyes establecidas por el sistema político inglés, que para su época (1820-1903) era claramente una democracia parlamentaria. En nuestro caso, la opción de llamar dictador a Chávez puede cotejarse con los significados que el Diccionario de la Real Academia Española atribuye al término. Apartando una tercera acepción histórica, referida al uso de la palabra en tiempos de los romanos, el DRAE ofrece las siguientes definiciones: 1. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica. 2. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. Ambas acepciones de la palabra describen con ajustada precisión la conducta de Chávez como gobernante. Para el uso académico del castellano, Chávez es un dictador.
De un tiempo a esta parte el estudio de lo político distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de desempeño o ejercicio. Acá legitimidad no significa (DRAE) conformidad con las leyes, sino, como explica Wikipedia en español de su uso en Ciencias Políticas, “el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente”. Manuel Carrasco Durán y Pilar Vadillo Meneses, profesores de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, presentan la legitimidad como producto de un proceso de legitimación, y así señalan que “la legitimidad de origen la proporciona la legitimación democrática del poder”—esto es, una elección libre fielmente registrada—y que “la legitimidad de ejercicio la proporciona el respeto a las reglas sobre la división de poderes contenida en la Constitución”. ¿Respeta Chávez esas reglas?
La distinción entre desempeño y origen puede ser proyectada del concepto de legitimidad sobre la idea de dictadura. Esto es, hay dictaduras de origen y las hay de ejercicio. Aun cuando Chávez procuró infructuosamente ser dictador de origen en 1992 con la rebelión que protagonizara, su carácter dictatorial se pone de manifiesto con el ejercicio del poder, puesto que su excesiva presidencia, obtenida tres veces, se origina en una votación popular mayoritaria. Chávez no es, muy a su pesar, dictador de origen, pero es dictador de desempeño.
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El ámbito en el que Chávez se entromete con preferencia—localmente, pues también es un entrometido internacional—es el económico. Va contra la actividad económica libre la mayor parte de su intrusión. Tal cosa es fácil de explicar. A nivel declarativo de la coartada socialista general, primeramente, “ser rico es malo”—lo que es versión atemperada de la sentencia de Proudhon: “La propiedad es un robo”—a pesar de que el estilo de vida presidencial corresponda al de un multimillonario, es decir, de un multimalo. Más importante para Chávez, sin embargo, es el punto de vista político: la riqueza de otros es un poder que no quiere tolerar, pues pudiera oponérsele. A pesar de esto último, es la coartada lo que predominará en su justificación: él ha dicho hasta el cansancio que instaurará en Venezuela una instancia de un tal “socialismo del siglo XXI” y, por tanto, la mayoría que lo eligió habría optado por ese diseño de sociedad.
Pero en verdad se eligió a Chávez, la última vez el 3 de diciembre de 2006, para que ejerciera (continuara ejerciendo) la Presidencia de la República: la Jefatura del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, para que dispusiera de las siguientes atribuciones, según la Constitución: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley; 2. Dirigir la acción del Gobierno; 3. Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, nombrar y remover los Ministros o Ministras; 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales; 5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas y fijar su contingente; 6. Ejercer el mando supremo de las Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos; 7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución; 8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley; 9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias; 10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón; 11. Administrar la Hacienda Pública Nacional; 12. Negociar los empréstitos nacionales; 13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada; 14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley; 15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes; 16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley; 17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales; 18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional; 19. Conceder indultos; 20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica; 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución; 22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución; 23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación; 24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
No corresponde a ninguna de esas atribuciones la transformación del orden económico nacional, que debe atenerse a lo establecido en el artículo 112 de la Constitución: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.
Es claro, no obstante, que el gobierno presidido por Hugo Chávez no promueve la iniciativa privada, como exige la Constitución. Antes, por lo contrario, la desacredita, la amenaza y la impide o elimina. De nuevo, por supuesto, esta práctica es compatible con una orientación socialista, que se define justamente por una doctrina prefabricada de estatización de los medios de producción. ¿Votó realmente por esto, como él sostiene, la mayoría que lo eligió en diciembre de 2006?
Para empezar, los electores venezolanos no podíamos saber en qué consistía el mentado “socialismo del siglo XXI” por la sencilla razón de que el propio Chávez explicaba que habría que inventarlo. Esto es, que era inexistente. (Hasta ahora, el socialismo que Chávez practica abusivamente es más bien el propugnado por Carlos Marx a mediados del siglo XIX). El contenido concreto de esa panacea sólo empezó a conocerse con posterioridad a la elección de 2006, pues Chávez se guardó de hacerlo explícito durante la campaña electoral que condujo a su triunfo. La Carta Semanal #221 de doctorpolítico (18 de enero de 2007) ponía el asunto en estos términos:
“El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público.
“Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.
“No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República”.
Pero es que, además, transformar de modo tan radical y ancho el sistema económico del país, que como vimos no es atribución constitucional del Presidente de la República, tendría que ser una decisión cuya gravedad exige una mayoría muy suficiente de los electores. Si bien es cierto que Chávez obtuvo el 62,84% de los votos emitidos el 3 de diciembre de 2006, la abstención de más de 25% determinó que sólo votara por Chávez y, en teoría, por su indefinido programa “socialista”, una minoría, aunque substancial, de 47% de los electores venezolanos, Y esto, naturalmente, suponiendo que todo elector venezolano sepa qué significa exactamente el socialismo.
Por último, los registros de opinión revelan que la mayoría de la población no quiere el socialismo, tal como lo entiende. La semana pasada se daba acá cuenta de una medición de Varianzas Opinión del 5 de junio de este año: “…mientras 28% decía preferir el ‘socialismo del siglo XXI’, 68% por ciento reportaba preferencia por ‘la democracia’ como noción opuesta”. En fecha muy próxima a ésa Alfredo Keller & Asociados hacían una pregunta todavía más específica: “El 2 de diciembre la mayoría de los venezolanos votó en contra de la Reforma Constitucional que proponía para imponer al país una economía socialista. ¿Ud. piensa que el gobierno debe seguir intentando convertir al país en socialista?” El registro fue casi idéntico al encontrado por Varianzas Opinión: un 3% de los entrevistados no tenía opinión formada al respecto o no contestó, 27% contestó afirmativamente y 67% negativamente.
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Siendo las cosas así ¿qué impele a Hugo Chávez, que lee encuestas—se sabe—y saca cuentas políticas realistas, a atropellar como lo ha hecho en las últimas semanas y meses, a poco tiempo de una confrontación electoral? ¿Por qué dispara con escopeta un cartucho de veintiséis guáimaros legislativos que imponen cortapisas adicionales a la actividad económica privada y limitan aún más las libertades de la ciudadanía? ¿Qué necesidad objetiva puede manifestarse para explicar su orgía de estatización?
Variadas hipótesis darían cuenta de una conducta que pareciera, prima facie, electoralmente suicida. Probablemente la razón última sea más bien sencilla. Chávez cree, realmente, en las bondades del socialismo, pero cree todavía más que el poder está para ser usado. Imbuido de voluntarismo, supone que su conciencia debe ser impuesta y, maquiavélicamente, que en política es preferible ser temido que amado.
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 14, 2008 | Cartas, Política |
Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.
Margueritte Yourcenar
Memorias de Adriano
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Al inocente lo protege Dios, reza el dicho. En la mañana de ayer descubrí que la facultad del Tribunal Supremo de Justicia para revisar sentencias de alguna de sus salas—“cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución”—está reservada a su Sala Constitucional, y no corresponde, como creía, a la Sala Plena. El mismo Artículo 5 de su Ley Orgánica, que estipula 52 facultades del Tribunal, dice en el primer párrafo que sigue a su enumeración: “El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23”, etcétera. Y la facultad de revisar sentencias es descrita en el numeral 4, de modo que ella corresponde a la Sala Constitucional.
La denuncia que elevé el lunes de esta semana por vía electrónica—por violación de un principio jurídico fundamental contenido en el Artículo 42 de la Constitución (“El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”)—, fue dirigida a todos y cada uno de los magistrados del TSJ, cuando en principio tenía que ser dirigida sólo a los que componen la Sala Constitucional. Además fue errónea una afirmación final del artículo introductorio de la Ficha Semanal #207 de doctorpolítico, con fecha de anteayer. Ella decía: “El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, tiene una última oportunidad de enderezar el entuerto producido por su Sala Constitucional”. De esa aseveración debe suprimirse, simplemente, la frase “en Sala Plena”. Poco a poco aprendemos los legos.
El descubrimiento de tal cosa fue hecho, gracias a Dios, antes de que el TSJ recibiera efectivamente la versión escrita de la denuncia, cosa que ocurrirá, Dios de nuevo mediante, en el día de hoy.
En cualquier caso, los magistrados con competencia la recibieron todos, y los restantes magistrados, en papel pasivo, la tienen a título meramente informativo, ambos en forma de mensaje electrónico. (La Ley de Mensajes y Datos Electrónicos, del 10 de febrero de 2001, dice en su Artículo 4: “Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos…”) Por otra parte, la denuncia debiera estar protegida por el espíritu del Artículo 5, que también dice que podrá “la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por éste, por tratarse de un asunto de orden público”.
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Ahora bien, parece que es la Sala Constitucional la llamada a revisar una decisión de ella misma. ¿No pudiera pagar y darse el vuelto, negándose a revisar una cosa ya juzgada por ella misma? Pues no; como los magistrados de esa sala ya opinaron y, por otra parte, no pueden dejar de conocerla, tienen sólo el camino de inhibirse, para que el Tribunal Supremo de Justicia proceda a constituir una Sala Constitucional Accidental que se encargue del asunto de revisión.
Claro que lo antedicho sería el recto derecho, y puede pensarse con entera razón que toda una sala—menos un digno magistrado, el Dr. Pedro Rondón Haaz—que adulteró conscientemente el claro sentido de una disposición constitucional, no tendría escrúpulos a la hora de desestimar, con cualquier excusa o mediante nueva violación del orden constitucional y legal, la denuncia que se le ha presentado.
A partir de hoy se encuentra publicado en el sitio web del TSJ, al pie de la decisión #1.265, el voto salvado del magistrado Rondón Haaz. A juicio de este aprendiz, se trata de una lección magistral de Derecho, ofrecida por el magistrado disidente a colegas que no debieran necesitarla. De casi la misma longitud que la sentencia que objeta, procede a su demolición sistemática.
En relación con el punto al que se ha atenido exclusivamente esta publicación (las consideraciones de la Decisión #1.265 sobre el Artículo 42 de la Constitución), dice Rondón Haaz: “…la claridad de la norma constitucional no deja lugar a interpretaciones ambiguas: el ejercicio de los derechos políticos, esto es, de aquellos que recoge el Capítulo IV, Título III de la Constitución, como son el derecho a la participación política (artículo 62), el derecho al sufragio activo (artículos 63 y 64), el derecho al sufragio pasivo o derecho al ejercicio de cargos de elección popular (artículo 65) y todos los demás derechos que recoge ese Capítulo y que, aun cuando no estén expresamente contenidos en él, se consideren inherentes a la persona humana y sean de naturaleza política, sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, sentencia cuyo dispositivo contendrá, necesariamente, la inhabilitación política”.
Pero Rondón Haaz añadió un dato inestimable, imprescindible para la recta interpretación de la Constitución, por cuanto expresa directamente la intención del constituyente. Se trata de la siguiente explicación de la Exposición de Motivos de la Constitución de 1999: “El derecho a desempeñar funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les otorga de manera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto constitucional, o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes, para determinados cargos. Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten el patrimonio público”.
El magistrado salvante dijo también, al proponer la correcta interpretación del Artículo 42: “Quien suscribe este voto no puede menos que disentir enfáticamente de la interpretación que dio la mayoría sentenciadora a ese artículo constitucional…” Al calificar el desaguisado expuso:
“Resulta sorprendente la inversión de las reglas universales de la interpretación; de las propias de la lógica formal y de las especiales atinentes a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales.
“En efecto, la mayoría, en forma difícil de entender, hizo una lectura ‘al revés’ del articulado del Capítulo II del Título III de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 39 al 42), mediante la cual fue de lo particular a lo general para la restricción al máximo del ámbito de aplicación de la norma cuya violación se delató, en vez de ir de lo general a lo particular para desentrañar su sentido a través del contexto, pese a que estaba obligada a encontrar la interpretación más progresista y favorable al ejercicio de los derechos fundamentales que se encuentran en juego (derechos políticos) y, en forma inversamente proporcional, la interpretación más restrictiva del límite al ejercicio de tales derechos que recoge el artículo 42 constitucional cuando señala que el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
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¿Hay esperanza? El suscrito se propone consignar, también, ante la Defensoría del Pueblo noticia de la denuncia que llevó al TSJ. El Artículo 2 (Misión) de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dice: “La Defensoría del Pueblo como órgano integrante del Poder Ciudadano, que forma parte del Poder Público Nacional, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio; y de éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior”. La misma ley declara que es competencia de la Defensoría (Artículo 15, Numeral 2) “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos”. Antes, en el Artículo 7 (Ámbito de actuación) indica: “La actividad de la Defensoría del Pueblo abarca las actuaciones de cualquier órgano y funcionario o funcionaria perteneciente al Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, en sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Militar y demás órganos del Poder Ciudadano. Abarca igualmente la actuación de particulares que presten servicios públicos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes”.
De modo, pues, que la Defensoría del Pueblo no podría, en principio, desentenderse de este asunto. Otra vez, si la Defensoría del Pueblo es más bien la defensoría del régimen o, simplemente, la defensoría de la Sala Constitucional del TSJ, debiéramos esperar su complacencia con lo que a todas luces es una conspiración de la que forman parte la mayoría de la Sala Constitucional, el Contralor General de la República y el propio Presidente de la República, quien felicitó al anterior por sus actuaciones.
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Pero hay que ir agotando las instancias, que todavía quedan. Los abogados de Leopoldo López, por ejemplo, han debido aconsejarle el camino de la denuncia emprendida, antes que señalar que el problema será llevado a instancias internacionales las que, por una parte, hasta ahora se han mostrado como enteramente ineficaces y, por la otra, son olímpicamente despreciadas por el régimen. Naturalmente, sigue teniendo importancia el status de la imagen internacional del gobierno venezolano.
Y es que entre las condiciones moralmente ineludibles de una guerra justa, de un ir más allá de los métodos legales y democráticos, está, como lo pone el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Pero añade el propio Catecismo una condición política: que se reúnan las condiciones serias de éxito. Así lo pone Gino Bianchetti: “La guerra justa es en la que existe una razonable posibilidad de ganar, de lo contrario no se obtiene nada al imponer los males de la guerra a la nación”.
¿Cómo está la opinión política respecto del gobierno y su más generalizado régimen, que engloba otras ramas del Poder Público? Ayer declaraba algo torpemente Alberto Müller Rojas, Vicezar del PSUV: “Coincidencialmente todos los sondeos de opinión sobre el caso venezolano colocan la política que adelanta el Presidente de la República apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un respaldo de la población venezolana, en estos momentos, de aproximadamente entre 62 y 75%”. Tal evaluación es, por supuesto, tan exagerada como interesada. El 5 de junio de este año Varianzas Opinión ya medía que 43% de los consultados tenía la actuación de Chávez por mala (contra 42% que opinó que era buena y 14% regular), y mientras 28% decía preferir el “socialismo del siglo XXI”, 68% por ciento reportaba preferencia por “la democracia” como noción opuesta. Claro, IVAD (Félix Seijas) ofrece base a la pretensión de Müller Rojas, pero aunque fuera más fiel la evaluación, por ejemplo, de Alfredo Keller, al cierre del segundo trimestre de este año se registraba un empate de evaluaciones positivas y negativas. Esto es, que para ese momento no existía una mayoría suficiente como para justificar un “derecho de rebelión”.
Es posible que las últimas actuaciones del TSJ, y las del mismo Presidente de la República con sus veintiséis leyes de última hora, hayan erosionado más aún el piso de apoyo del gobierno. Por eso son doblemente importantes las elecciones estadales y municipales de noviembre; por su valor intrínseco para el recambio de autoridades a esos niveles y porque constituirán la mejor de las encuestas para medir la situación política del gobierno nacional, ya que el mismo Hugo Chávez ha propuesto, como siempre, que tales elecciones sean vistas como la medida de su apoyo. El mismo Müller Rojas dijo también: “Nos preocupa, en estos momentos, lo que sucedió con el referendo constitucional del 2 de diciembre (de 2007) cuando se produjo una desmovilización de parte de nuestro electorado”. Pero todavía no podemos sacar conclusiones sobre mayorías políticas.
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Entretanto, el suscrito intenta hacerle las cosas difíciles a la Sala Constitucional del TSJ. Como se ha visto por sus recientes errores, debiera estar mejor asistido en materia legal, puesto que en ella es sólo un lego. En una ocasión quiso defenderse de un abogado que sostuvo que la Constitución de 1999 no existía y lo acusó de diletante por oponérsele. Ésta fue su respuesta sobre el punto: “Porque es que en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión ‘diletante’, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: ‘Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional’. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo”.
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