por Luis Enrique Alcalá | Feb 8, 2007 | Cartas, Política |
En la madrugada del 4 de febrero de 1992 comenzaron mis problemas personales con Hugo Chávez, mi culebra con él, pues, aunque en ese momento mi malestar ni siquiera conocía un rostro al que hacer objeto de mi profundo disgusto. Viviendo no muy lejos de La Casona, las nutridas e incesantes detonaciones de armas de guerra se percibían con bastante claridad dentro de mi casa. No hacía falta aviso para comprender que el estruendo no provenía de una refriega entre policías y delincuentes; era, evidentemente, el intento de un golpe de Estado en marcha. Habían llegado los golpistas.
El primer síntoma de mi malestar personal era una sensación de impotencia, a la que se superpuso rápidamente la percepción de que alguna gente abusaba de mí. Supongo que la misma impotencia me causaría una violenta invasión extranjera, como las protagonizadas por los Estados Unidos en Grenada o Panamá. No podría hacer nada por impedir lo que se desarrollaba a menos de un kilómetro de mi vivienda. Mis oídos zumbaban, y no era sólo por las detonaciones; el sordo zumbido era la inequívoca señal de un azoramiento, de una vergüenza ajena que seguramente me enrojecía el rostro, por más que no pudiera verse ningún rubor a esas horas oscuras. Y el abuso: nadie me había preguntado si estaba de acuerdo con un intento sangriento de deponer a Carlos Andrés Pérez. Yo no había autorizado a nadie para eso. Finalmente, toda la cosa me parecía una directa intromisión en mi agenda política personal, que desde mis menguadas fuerzas se proponía forzar nada menos que la renuncia de Pérez. Que unos soldados desconocidos se entrometieran en un asunto estrictamente civil era una afrenta que se me hacía personalmente. Esas sensaciones sentí, egocéntricamente, mientras encajaba la seguridad de que unos abusadores armados procuraban el derrocamiento de un presidente elegido por mayoría popular en diciembre de 1988. No puedo defender que sintiera empatía popular, colectiva; de inmediato tomé el episodio horrendo de modo personal.
Mi egoísmo podía aducir atenuantes de su culpa: hacía menos de veinticuatro horas que el diario El Globo publicara un artículo mío, bajo el parco título de Basta. Allí decía: “Esto es lo que debemos decir en febrero: que Carlos Andrés Pérez ha fracasado. Que no queremos su mando. Que nuestra armazón constitucional, por fortuna, tiene modo de suplirle. Que necesitamos de vuelta las facultades que le dimos, porque es él la encarnación y la síntesis de lo que no puede seguir siendo políticamente en Venezuela. Que todo eso lo hemos venido diciendo en las encuestas. Que no queremos esperar hasta febrero de 1994. Que la cosa es ya”. Y también, al final: “No queremos más dolor innecesario. No queremos más vergüenza. No queremos que nos intente persuadir, una y otra vez, de que para alcanzar ‘la mayor suma de felicidad posible’ es preciso que seamos infelices. Basta de paquete. Basta de financiarle sus campañas extranacionales. Basta de mermas al territorio. Basta de megaproyectos, sociales o económicos. Basta de megaocurrencias. Basta de megalomanía. Usted, señor Pérez, que hace no mucho ha tenido la arrogancia de autotitularse patrimonio nacional, tiene toda la razón. Usted sí es patrimonio nacional, historia nacional, cruz y karma nacionales. Por tanto es a nosotros a quienes corresponde decidir qué hacer con Ud. Por de pronto, no queremos que siga siendo Presidente de la República”. (El Globo, 3 de febrero de 1992).
Y esto no era un grito único y momentáneo. Desde que comencé a escribir en El Globo había venido, in crescendo, insistiendo en el tema de la renuncia de Pérez. De hecho, me había mudado agradecidamente a las páginas de El Globo porque se me habían cerrado las de El Diario de Caracas, donde por primera vez hablé de esa salida.
El 21 de julio de 1991, un poco más de seis meses antes del alzamiento, publicó este último periódico un artículo al que llamé “Salida de estadista”. En él expuse: “El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal”.
A los pocos días, el director de El Diario de Caracas, Diego Bautista Urbaneja, que tiempo después se distinguiría promoviendo la candidatura cosmética de Irene Sáez, usó su página semanal para mostrarse en desacuerdo con lo que propuse. Después de afirmar “no creo que exista un peligro serio de golpe de Estado” (seis meses antes de la intentona de Arias Cárdenas y Chávez), se refirió a mi proposición en característico tono dubitativo. Así opinó que si Pérez renunciase “daría una gran lección de decencia política”, para atenuar el punto con la siguiente advertencia: “No simpatizo con lecciones morales en sociedades que, por las dificultades que atraviesan, no pueden reaccionar a ellas provechosamente”. Urbaneja había criticado que en mi prescripción estuvieran ausentes “las razones morales”.
Por tal razón escribí un segundo artículo, titulado “Palabras mayores”, y lo remití a Urbaneja para su publicación. En sus párrafos finales ripostaba de esta manera: “Pero lo que no puede ser negado es que, independientemente de cuál sea la magnitud actual de la probabilidad o deseabilidad de un golpe de Estado, éstas han aumentado considerablemente desde que la vergonzosa secuencia fuera iniciada por el destape del lío de las fragatas. Desde la época de Betancourt, cuando, por muy distintas razones a las de ahora, se temía por una asonada militar a cada momento, nunca se había visto tal profusión de artículos o declaraciones en torno al tema del golpe. Desde la época de Pérez Jiménez los venezolanos no se habían preguntado con tanta ansiedad si un golpe de Estado pudiera convertirse en algo necesario. Por eso quise oponerme al golpe, señalando un camino constitucional, del mismo modo como estoy opuesto a una continuación de Pérez en el poder. Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario… Donde discrepo de Diego Urbaneja es en cuanto a su apreciación de que Venezuela no está en capacidad de aprovechar lecciones morales. Es precisamente eso lo que el país está solicitando a gritos. Pero no es Pérez quien nos va a dar lecciones de moral con la renuncia que debiera comenzar a redactar. Es el país quien se la daría a Pérez, exigiéndosela”.
Este segundo artículo no fue publicado nunca. Ni siquiera obtuve acuse de recibo, mucho menos una explicación.
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En realidad, no se necesitaba ser un iluminado para advertir la peligrosa inminencia de un golpe de Estado ya en aquellos momentos. El primer semestre de 1991 había estado cargado de un exceso de escándalos que gravaron con mucha fuerza la psiquis nacional. En enero se destapó el sonado caso del edificio Florida Cristal, que terminó por llevar a Antonio Ríos, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a la cárcel. Luego, en rápida sucesión, emergieron los casos de la extorsión televisada al empresario Lamaletto, las grabaciones que se había hecho a los almirantes Larrazábal y Jurado Toro (affaire de corrupción en la adquisición de fragatas de guerra), la aparición de Gardenia Martínez y el descubrimiento de su relación comercial-concubinaria con Orlando García, jefe de seguridad del presidente Pérez, la extraña muerte—¿asesinato, suicidio?—de Lorena Márquez en Maracay… y ya para ese entonces el propio Pérez había recibido en La Orchila al presidente del Banco de Crédito y Comercio Internacional, un gigante financiero que colapsaría poco después, al mostrarse como el mayor lavador de dinero sucio del mundo. El hedor era insoportable. A mediados de 1991 una peligrosa matriz de opinión cobraba fuerza: o Pérez o golpe.
Pero es que ya antes era patente una grave insuficiencia política en Venezuela. En febrero de 1985 escribía: “Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tradicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su incapacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio intelectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los verdaderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. Así lo revela el análisis de las proposiciones que surgen de los actores políticos tradicionales como supuestas soluciones a la crítica situación nacional, situación a la vez penosa y peligrosa”.
No hubo intentos serios de corrección de rumbo por parte de estos actores, y un poco más de dos años después redacté “Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela”. (26 de septiembre de 1987). En este trabajo consideré la posibilidad de un outsider en la Presidencia de la República y la de un golpe militar. Una de las versiones consideradas era un golpe de raíz izquierdista. Así puse: “Por otra vía, los golpistas podrían buscar apoyo, ya no en los sectores económicos, sino en los estratos de más bajos ingresos, planteando una orientación populista (al estilo de Perú en los años sesenta) nutrida ideológicamente de fórmulas de izquierda, esto es, con dosis variables de marxismo”. En las conclusiones escribí, cuatro años y cuatro meses antes del 4 de febrero de 1992: “…de ganar las elecciones de 1988 uno de los candidatos tradicionales, probablemente lo haría con un porcentaje muy reducido de votos. En ese caso el próximo gobierno sería, por un lado, débil; por el otro, ineficaz, en razón de su tradicionalidad. Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable”. En alguna parte se ha reportado que la gente del MBR 200 quiso moverse, justamente, a fines de 1991, y que la maniobra, por diversas razones, fue pospuesta hasta febrero del año siguiente.
A pesar de todo lo antedicho, mi visión de entonces era más bien miope. En el mismo estudio no concedía muy alta probabilidad a un golpe de Estado de origen marxista. Creía, equivocadamente, que las Fuerzas Armadas se habían vacunado eficazmente contra el parásito izquierdista. Estaba errado.
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Post mortem del 4 de febrero de 1992: tal vez una cincuentena de muertos, de ellos diecisiete soldados a lo sumo. Es decir, menos que las defunciones violentas que acontecen en un fin de semana cualquiera en el país. Para quienes defienden la asonada, la cifra es una ganga. De hecho, así razonan en artículos de opinión, algunos de los cuales aparecen en el sitio web de la Radio Nacional de Venezuela: “La propaganda electoral en 1998 trató de confundir a los votantes mediante el intento de vincular a Chávez con la masacre de Carlos Andrés Pérez en 1989… cuya diferencia con el números de muertes causadas por la rebelión del 4 de febrero de 1992 fue abismal”. Algo así como que el holocausto desatado por los nazis justifique que yo asesine, una bagatela, a una mera docena de ciudadanos.
Dos años más tarde presidía la República el Dr. Rafael Caldera y procedía al sobreseimiento de la causa de los conjurados del 4 de febrero. Es una simpleza atribuir a esta decisión la culpa de que Hugo Chávez llegara a convertirse en Presidente. Al año siguiente de la salida en libertad de los conspiradores y golpistas, una plancha del MBR 200 se inscribía en las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Llegó de última. Más pertinentemente, en diciembre de 1997, a un año escaso de las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, los estudios de opinión registraban una intención de voto a favor del candidato Chávez que oscilaba alrededor del 7%. Fueron factores distintos del sobreseimiento los que permitieron su triunfo.
Pero sí es criticable en la medida de libertad de los golpistas la terrible modelación que se hacía ante los ciudadanos: que no era nada grave levantarse en armas contra las instituciones de la República, que uno podía alzarse y causar la muerte de venezolanos sin mayor pena que la de una temporada en el penal de Yare, antes de ser puesto en plena libertad con sus derechos políticos intactos; que hasta podía uno de una misma vez conseguir un empleo público. (Caldera ofreció a Arias Cárdenas la dirección del PAMI, el programa de asistencia materno-infantil del gobierno nacional).
Ésta era una lección perversa, y así escribí en junio de 1994, poco tiempo después de que los responsables del crimen constitucional salieran libres: “No es un costo bajo el de poner en la calle, en libertad, a los responsables de las asonadas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992… Es por esto que lo correcto desde el punto de vista legal hubiera sido que los golpistas de 1992 hubieran purgado la condena exacta que las leyes prevén en materia de rebelión. Puede que sea políticamente útil tener en la calle al ex comandante Chávez exhibiendo la escasez de su discurso. Puede pensarse que Caldera, después de su discurso del 4 de febrero de 1992, pudiera estar de algún modo obligado a perdonar a los infractores. Puede hasta admitirse que las sacudidas de 1992 conmovieron o consolidaron la opinión contra Pérez, pero no existe asidero legal que permita afirmar que los golpistas hicieron lo debido”. (referéndum, 4 de junio de 1994).
En efecto, Rafael Caldera pronunció uno de los mejores discursos de su vida en horas de la tarde del 4 de febrero de 1992, premunido de su condición de Senador Vitalicio. De nuevo la simpleza atribuye a este discurso su triunfo electoral de 1993, que se debió mucho más a otros factores de muy diversa índole. (Como que venía—era prácticamente el único dirigente nacional de importancia que lo hiciera—de varios años de coherente oposición a la receta “ortodoxa” del Consenso de Washington, administrada sin miramientos por Carlos Andrés Pérez). De nuevo el simplismo político tiene por dogma que Caldera se colocó con sus palabras en connivencia con los conjurados. Esto es una tontería. La condena de Caldera al golpe no deja lugar a equívocos: “…la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar…” “Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el Decreto de Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación”. “Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional”.
Caldera estaba diciendo, valientemente, la verdad. Más valientemente continuó: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad… El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo”. Tenía razón.
El 8 de febrero de 1992 el diario El Nacional publicó un artículo firmado por Manuel Alfredo Rodríguez, llamado sencillamente “Caldera”. En éste expuso: “El discurso pronunciado por el Maestro Rafael Caldera el 4 de febrero, es un elevado testimonio de patriotismo y un diáfano manifiesto de venezolanidad y humanidad. Pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir, con tan pocas palabras, tantas cosas fundamentales y expresar, a través de su angustia, la congoja y las ansias de la patria ensangrentada”. Y para que no cupieran sospechas aclaró: “Nunca había alabado públicamente a Rafael Caldera, aunque siempre he tenido a honra el haber sido su discípulo en nuestra materna Universidad Central. Nunca he sido lisonjero o adulador, y hasta hoy sólo había loado a políticos muertos que no producen ganancias burocráticas ni de ninguna otra naturaleza. Pero me sentiría miserablemente mezquino si ahora no escribiera lo que escribo, y si no le diera gracias al Maestro por haber reforzado mi fe en la inmanencia de Venezuela”. Nada menos que eso después de declarar: “La piedra de toque de los hombres superiores es su capacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio y para sobreponerse a los dictados de lo menudo y contingente. Quien alcanza este estado de ánimo puede meter en su garganta la voz del común, y mirar más allá del horizonte”.
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Por supuesto que no fue común asistir, en la tarde del 4 de febrero de 1992, a la asunción de la responsabilidad del golpe por parte de Hugo Chávez Frías. En esto se comportó como todo un hombre. No es nada ordinario observar una cosa así; forma parte de la más frecuente condition humaine tratar de lavarse las manos y rehuir la responsabilidad por nuestros actos. El problema es que los ocasionales destellos de valentía moral de Hugo Chávez se pierden en la inconsistencia de su inescrupulosidad, de su vocación por la mentira.
Para empezar, el intento golpista del 4 de febrero fue un verdadero abuso contra la ciudadanía, más allá de su obvia patología política; de que, como dijera Caldera, fuese la intención de “destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos”. Como se ha aducido acá mismo en reiteradas ocasiones, el derecho de rebelión no reside en ningún grupo o asociación, y menos es propio de una logia de militares que se reúnan a jurar prepotencias ante los restos de un decrépito aunque procero samán. El único titular de ese derecho es una mayoría de la comunidad. En consecuencia, al alzarse en armas, los conspiradores del MBR 200 abusaron de un derecho que no les correspondía, muy especialmente porque por aquellos días una mayoría nacional se expresaba claramente en contra de un golpe de militares. Así, su abuso no fue sólo genérico, sino específico, puesto que el golpe contravino una expresa voluntad del pueblo venezolano.
Luego, los recuentos de Chávez no han dejado de estar envueltos en falsedad. Por caso, Chávez dijo reiteradamente, en entrevistas, en reuniones, en declaraciones, que él y sus compañeros habían intentado derrocar al gobierno de Venezuela porque Carlos Andrés Pérez había ordenado al Ejército volver sus fusiles contra el pueblo en febrero de 1989, contra la explícita condena del Libertador, que había declarado la posibilidad abominable. Para la época de su prisión en Yare, sin embargo, Hugo Chávez ya había admitido que “su grupo” conspiraba desde hacía siete o nueve años (desde el bicentenario del nacimiento de Bolívar). Por tanto, para el 27 y 28 de febrero de 1989, la intención de tomar el poder por la fuerza ya estaba formada varios años antes. Mal podía presentarse como pretexto para el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 algo que no pudo tener nada que ver con la conformación de su logia conspirativa.
Luego, Chávez argumentó a la revista Newsweek, a comienzos de 1994 (poco antes de ser liberado), que el artículo 250 de la Constitución Nacional prácticamente le mandaba a rebelarse. Lo que el artículo 250 estipulaba era que en caso de inobservancia de la Constitución por acto de fuerza o de su derogación por medios distintos de los que ella misma disponía todo ciudadano, independientemente de la autoridad con la que estuviera investido, tenía el deber de procurar su restablecimiento. Pero con todo lo que podíamos criticar a Carlos Andrés Pérez en 1992, y aun cuando estuviésemos convencidos de que lo más sano para el país era su salida de Miraflores, ni Pérez había dejado de observar la Constitución en acto de fuerza, ni la había derogado por medio alguno. Todas las cosas que le eran censurables a Pérez tenían rango subconstitucional. Esto sin mencionar, naturalmente, que la misma Constitución, que Chávez enarbolaba engoladamente para la revista norteamericana, estipulaba claramente: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”. (Artículo 119). “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. (Artículo 120). Y, por supuesto, “Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República, y en ningún caso al de una persona o parcialidad política”. (Artículo 132).
Chávez, pues, lee lo que le conviene, como hace con su interpretación interesada, parcial y deformada del pensamiento de Bolívar. Ya Presidente, ha empleado su verbo manipulador para vender una interpretación falaz, necesaria porque con gran desparpajo gusta de acusar a sus enemigos de golpistas: que los conspiradores de 1992 no eran golpistas; eran revolucionarios. De este modo, con un golpe de efecto terminológico, superficial y falso, pretende lavar la culpa que una vez pareció asumir.
En verdad, Carlos Andrés Pérez, de quien alguna amiga suya íntima quiso hacer una estatua ecuestre en Rubio, su pueblo natal, era un megalómano político. Cuando mandaba, era difícil imaginar que pudiera ser superado en este rasgo. (Sólo sabemos de Guzmán Blanco a distancia, por intermedio de los historiadores). Pero ha sido rebasado con creces. La glorificación que Chávez hace de sí mismo y de sus crímenes se propone con descaro y desmesura. Lo que propone a la Nación, con sus desfiles y su “orden” del 4 de febrero, es que definitivamente abrace el abuso y la violencia como guías morales.
Pero él no es suficientemente bravo para debatir a campo abierto con quien quiera contradecirlo. Durante la campaña electoral de 1998, Roberto Coimbra, máximo ejecutivo de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, organizó desayunos-tertulia con algunos de los candidatos presidenciales de ese año. Por alguna razón desconocida para mí, fui invitado al que tuvo como expositor a Hugo Chávez Frías. Después de agotar su verborrea—en aquella época no era tan aguda—los circunstantes pudimos intervenir y preguntar. Usé mi turno para declarar que, en mi opinión, lo que Chávez presentaba como gesta épica, el 4 de febrero de 1992, había sido un acto abusivo y criminal. Ante mis argumentos no atinó a producir una respuesta directa, limitándose a evadir el punto y declarar que podríamos debatir sobre eso en una oportunidad “más propicia”. En efecto, al concluir el acto se me acercó preocupado, en compañía de su edecán de entonces, William Izarra. Vino a indicarme que estaba interesado en conversar conmigo, y a pesar de que le dije frontalmente, rayano en la descortesía, que si continuaba en su empeño de glorificar la fecha no veía que tuviéramos diálogo posible, pidió una tarjeta a Izarra con el número de su teléfono celular para entregármela. De eso hace ya casi nueve años, y nuestra red telefónica, que ahora quiere estatizar, no estaba tan desarrollada. El número era más corto que los de ahora. Nunca llamé, pero lo guardo. Era el 014-377543.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 1, 2007 | Cartas, Política |
Fue bajo el Secretario de Defensa de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, el genio ejecutivo Robert Strange McNamara, que se introdujera el concepto de “presupuesto de base cero” (zero-base budgeting) al seno de la administración pública de los Estados Unidos. Formaba parte de un conjunto de métodos para la planificación y la toma de decisiones que Charles Hitch, el Contralor del Departamento de Defensa, instauró bajo instrucciones de McNamara. (PPBS, Programming, Planning and Budgeting System. Johnson ordenó su extensión al resto de la administración federal). Era algo así como lo siguiente: el comandante de la Sexta Flota llegaba al Departamento de Defensa para entrevistarse con el jefe, a quien decía como estaba acostumbrado: “Señor Secretario: he aquí el presupuesto de la Sexta Flota para 1961. El incremento respecto del año anterior es de sólo siete por ciento. Permítame explicar esa diferencia”. Pero McNamara interrumpía y contestaba: “No, Almirante. Lo que necesito que me explique en su integridad es todo el gasto de la Sexta Flota. Quiero que me lo justifique por entero, desde cero. Podemos empezar por esto: ¿para qué se necesita la Sexta Flota? ¿No podríamos obtener lo que ella logra con algo distinto y mejor?”
Zero-base. Back to basics. Square one. El ABC, la cartilla. Por ese procedimiento, McNamara forzaba a toda unidad significativa del aparato militar estadounidense a reflexionar sobre su propia existencia. Y ésa es la misma pregunta que la Nación debe hacerle a la política. Inocentemente, frescamente ¿para qué es necesaria la política?
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Los humanos sólo hacemos ciertas cosas bien en enjambre. La mayoría de las veces, además, ni siquiera actuamos en enjambre, sino individualmente o en pequeños grupos. Resolvemos la mayoría de nuestras necesidades de ese modo. Así ganamos nuestro pan, así compramos, así aprendemos y jugamos, así amamos y odiamos. Pero hay cosas que la transacción civil no alcanza a cubrir. El más perfecto de los códigos civiles concebibles no puede acomodar los procesos públicos, los que son indigeribles a base de transacciones privadas. Ése es el reino de los problemas públicos, y es por ellos que tendríamos que permitir la existencia a la política. Ninguna política se justifica si no es capaz de mostrar que puede resolver esos problemas al menor costo humano.
Porque existen los problemas públicos se justifica el Estado. Si no los tuviéramos no necesitaríamos al Estado. Y si el Estado, si sus distintas instituciones no sólo no resuelven los problemas de carácter público, sino que encima los agravan, debemos cambiar ese Estado. Pero este derecho es del enjambre, de la Nación, de la ciudadanía, del Poder Constituyente Originario, del Poder Público Primario, no de un hombre que se confunda con el Estado.
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Todo paciente tiene derecho al mejor tratamiento posible, dilucidado con los criterios más confiables. No hay más confiables criterios que los científicos. La medicina se justifica porque administra al paciente lo mejor que la ciencia puede ofrecer.
Las naciones tienen el derecho de exigir a sus políticos que lo que se propongan imponer sea lo mejor según criterio lo más científico posible. No lo más ideológico posible. El arte de la política debe ser hoy en día, luego de lo que se ha aprendido en materia de creación y aplicación de políticas, de raíz científica, no ideológica. La ideología debe ser suplantada por la metodología. Ningún político serio podría exigir a estas alturas de la civilización planetaria poderes sobre bases ideológicas, mucho menos únicas, puesto que las ideologías son presuntas curaciones de los males públicos que no son diferentes de “la medicina del siglo dieciocho, cuando los doctores aplicaban sanguijuelas para extraer sangre de los pacientes, a menudo matándolos en el proceso”. (Jeffrey Sachs).
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La política no es una ciencia, por más que finque sus cimientos en la ciencia. Es un arte, una profesión, un oficio, un métier, como la medicina no es una ciencia, aunque haya ciencias médicas, como las hay políticas. Por esta razón hay un estado del arte de la política, su state of the art. Éste cambia y crece, con la creatividad humana. Los protocolos de ataque a la pobreza no son los mismos después de que Muhammad Yufus, el economista de Bangladesh que fundó y ha dirigido el Banco Grameen—y que recibió por eso el Nobel de la Paz—introdujera los programas crediticios que han significado el abandono de la pobreza para millones de personas desatendidas por la banca convencional, especialmente mujeres. La política no es una ciencia, mucho menos una ciencia deductiva, una geometría. (“Una nueva geometría del poder”). La política no se deduce, sino que se inventa. Y una ideología es la pretensión falaz de proveer axiomas sobre la sociedad y la historia, de los que pueda la política deducirse. La noción del valor terapéutico de las ideologías es tan inoperante y obsoleta como la doctrina de los miasmas de la medicina precientífica.
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El mejor médico, aun ante alguien estudiado en sucesión en Boloña, la Sorbona y Yale, es el propio cuerpo humano. No hay terapia tan fina y tan poderosa como la que provee el sistema inmunológico natural. Por esto el más consciente de los médicos confía en la sabiduría fisiológica. Del mismo modo el político debe ser modesto, percatado de que el cuerpo social en su conjunto, así sea el del país más pobre y atrasado, es más sabio que él. No es un buen político quien se pretende inerrante. Menos aún cuando se cree moralmente superior a sus congéneres, o a algún grupo social. La peor de las políticas es la moralizante, como la de McCarthy, Robespierre o Torquemada, que se sintieron autorizados a condenar. El buen médico emite dictámenes, sujetos a mejora, no juicios finales.
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El médico no es el jefe del paciente. En Argentina se acepta, incorrectamente, que se diga Presidencia de la Nación. El presidente de una república moderna no debe ser aceptado como jefe del país, mucho menos su dueño. Lo que debiera presidir es la rama ejecutiva del poder público constituido, nada más. No debe legislar, no debe juzgar, no debe condenar. No puede decirle a todo un país que le obedezca. Quien decide si acepta el tratamiento que el mejor médico le propone es el paciente. Sólo de él es ese derecho. Sólo en una emergencia, y cuando el paciente se encuentre sin conciencia, estará el médico autorizado a intervenir sin su consentimiento. La Venezuela paciente no ha perdido todavía la conciencia.
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No se legitiman los tratamientos que un médico prescribe porque sea gigantesco o extraordinariamente fuerte, ni porque sea el médico que primero vio al paciente, ni tampoco porque algunos de sus colegas sean gente indeseable. Lo único que puede legitimarlos es que sean eficaces a bajo costo, y es el deber de un médico, como el de un político, explicar claramente los costos y beneficios de una prescripción. El médico, el político, no están obligados con una doctrina, sino con la salud del paciente, de la sociedad, y con la verdad.
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Las nociones precedentes, propias de una medicina política, son de fácil aceptación y comprensión popular, que intuitivamente las sabe verdaderas. Se oponen, naturalmente, a las de una política precientífica, ocupada principalmente del acceso al poder. A la larga, son las únicas que pueden sustituir el paradigma de la Realpolitik, la política de poder, que es la que prevalece. Son las únicas que más temprano que tarde la superarán, puesto que no puede detenerse el mayor estado de conciencia de la humanidad.
El ya clásico texto de John Vásquez, The power of power politics (1983), destaca la crisis de ineficacia explicativa y predictiva del paradigma que concibe a la actividad política como proceso de adquisición, intercambio y aumento del poder detentado por un sujeto de cualquier escala (individuo, corporación, estado). Aun cuando su investigación se centra sobre la inadecuación de esa visión en el campo académico de las ciencias políticas, este fenómeno tiene su correspondencia en el campo de la política práctica. (A fin de cuentas, lo que la baja capacidad predictiva de ese paradigma significa es que en la práctica política el estilo de la Realpolitik parece, al menos, haber entrado en una fase de rendimientos decrecientes).
Una de las razones para esta situación de crisis del paradigma del poder por el poder, puede ser encontrada en la informatización acelerada del planeta y sus consecuencias. La Realpolitik ha necesitado siempre del secreto para garantizar su eficacia. Pero en los últimos tiempos hemos sido testigos del descubrimiento y exposición pública de los más elaborados planes de ocultamiento político. Un caso particularmente notable fue el del financiamiento de la Administración Reagan a los «contras» en Nicaragua. Un complicadísimo y retorcido esquema de ocultamiento, que involucraba a insospechables aliados momentáneos (Irán, que para los efectos de relaciones públicas era enemigo de los Estados Unidos), resultó ser imposible de ocultar.
Por esto es que el glasnost, la política de «transparencia» declarada por Gorbachov en la antigua Unión Soviética, más que un deseo inspirado en valores éticos, era una necesidad. Ante el asedio de los medios de comunicación, que se ha unido a las previsibles acciones de los adversarios políticos que intentan descifrar las intenciones del contrario, el actor político de hoy se ve forzado, cada vez más, a determinar sus planes suponiendo que van a ser, a la postre, conocidos públicamente. La política de hoy tiende a parecerse cada vez más a un juego de ajedrez, en el que cada oponente posee información completa acerca de la cantidad, calidad y ubicación de las piezas del contendiente.
Una política de poder puro, de imposición, de pretendida inerrancia, moralista, por más que a corto plazo pueda dominar, tiene sus días contados, porque la humanidad, a pesar de sus tropiezos y desmanes, siempre aprende, y a la larga da cabida a la racionalidad.
Son éstas las cosas que deben ser enseñadas a los Electores, puesto que es su sabiduría política lo más importante. Neil Postman y Charles Weingartner sostenían en La enseñanza como actividad subversiva (1969), que una de las tareas fundamentales de la educación era proporcionar a los educandos un “detector de porquería” (crap detector). El estudiante debía aprender a distinguir entre un discurso válido y con sentido, y uno construido con falsedad. Así el paciente racional debe preferir la medicina científica a cacareadas “medicinas sistémicas” o “alternativas”, independientemente de la propaganda televisada que nuestros canales de televisión admitan. Así debe el ciudadano preferir, más bien exigir, una política científica, y rechazar la payasada que en estos días busca imponérsenos. Suena a “científica”, porque una astucia terminológica la vende con imágenes de mecánica automotriz. No hay nada más inadecuado que la metáfora mecánica para la referencia social. Nada más burdo que el símil de unos “motores”, nada más inexacto. La política eficaz y responsable es postmecánica.
El primer deber del político es el de educar al pueblo, para que sea cada vez más autónomo, menos tutelado, políticamente. (Claro que entonces él mismo debe ser educado en la verdad política). Así que recordaremos a John Stuart Mill y Bárbara Tuchman. Dice ésta en conjetura profundamente democrática: «El problema pudiera ser no tanto un asunto de educar funcionarios para el gobierno como de educar al electorado a reconocer y premiar la integridad de carácter y a rechazar lo artificial».
Dice Mill: “Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”.
Pero también advierte: “Un pueblo puede preferir un gobierno libre, pero si, por indolencia, descuido, cobardía o falta de espíritu público, se muestra incapaz de los trabajos necesarios para preservarlo; si no pelea por él cuando es directamente atacado; si puede ser engañado por los artificios empleados para robárselo; si por desmoralización momentánea, o pánico temporal, o un arranque de entusiasmo por un individuo, ese pueblo puede ser inducido a entregar sus libertades a los pies de incluso un gran hombre, o le confía poderes que le permiten subvertir sus instituciones; en todos estos casos es más o menos incapaz de libertad, y aunque pueda serle beneficioso tenerlo así sea por corto tiempo, es improbable que lo disfrute por mucho”. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 25, 2007 | Cartas, Política |
No hace mucho que una marcha opositora en 23 de enero hubiera reunido centenares de miles de dispuestos ciudadanos. De la marcha de anteayer, 23 de enero de 2007, dijo el pie de foto de Niccola Rocco para El Universal: “Los manifestantes fueron apenas los suficientes para copar la Plaza Morelos”. Añade: “Un sector de la dirigencia opositora no asistió al acto”. Elvia Gómez, quien escribió la escueta nota, concluye: “Los que asistieron promediaron los 55 años. Algunos dijeron estar allí porque rechazan al Gobierno, pero confesaron su escepticismo por la propuesta de diálogo de la oposición”. MWC News contó a “400 o 500 protestantes”, y menciona a tres personas (con sus edades) en la noticia—Las medidas de Chávez agitan protesta en Venezuela—: Grace Pulido (40), María Butto (70) y Luis Miquilena (87).
Pareció, pues, una de aquellas ralas marchas convocadas por Alejandro Peña Esclusa; para colmo, totalmente desprovista de juventud. ¿Dónde está el poder de convocatoria de los dirigentes opositores venezolanos? No estaban todos, como quedó dicho, pero Leopoldo López había colocado en televisión repetidas cuñas en las que aparecía invitando a la protesta, no sin mencionar que de ese modo hacía caso al llamado de Manuel Rosales. Fue, sin duda, el más notable de los líderes empeñados en la cosa.
Desde la manifestación salió una representación de antiguos parlamentarios hasta la Asamblea Nacional, donde fue recibida por su Segundo Vicepresidente, Roberto Hernández, militante del Partido Comunista de Venezuela. Éste acogió un documento atenido a señalar el peligro de “una reforma constitucional que no incluya a todos los sectores del país”. Ni una sola mención a las medidas concretas de estos días: cierre de RCTV, estatización de CANTV y La Electricidad de Caracas, eliminación de la autonomía del Banco Central, expropiación de empresas extranjeras que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco, etcétera. El foco de este liderazgo está puesto en el nivel constitucional; ante las decisiones específicas de gobierno se comportan como ciegos. A pesar de esto Leopoldo López dijo en su discurso: “No es tiempo de agachar la cabeza ni dar todo por perdido. Tarde o temprano seremos una nueva mayoría que represente una alternativa de poder democrático”. No pareciera, a juzgar por la magra asistencia.
Otros notorios participantes: Alfonso Marquina y Pedro Pablo Alcántara (adecos disidentes de la línea de Ramos Allup), Julio Montoya (mano derecha de Manuel Rosales), Gerardo Blyde (de una facción que da en llamarse Primero Justicia “Popular”, aunque no parece serlo, que opone la figura de López a la de Borges), César Pérez Vivas (defenestrado de la Secretaría General de COPEI y ahora impenitente crítico de Eduardo Fernández). Cuatro semipartidos—facciones de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y COPEI—pueden reunir quinientas personas en la fecha magna del 23 de enero.
En la plaza Morelos, Johan Perozo, pasado hace poco a las filas de Un Nuevo Tiempo, instaba la constitución de “redes populares”, la nueva fórmula mágica—¿contraposición a los concejos comunales?—en la que insiste COPEI luego de que López la recomendara unos días después del 3 de diciembre. Es la nueva moda, la nueva ocurrencia de la oposición, la nueva herramienta sin producto o contenido. Hasta ahí llega la imaginación opositora, su virtud creativa. No en balde le siguen sólo cuatro gatos.
Por supuesto, ya se escucharán razonamientos en apariencia pertinentes: que así de exiguas eran las marchas en 2001, hasta que crecieron inmensas al año siguiente. Que la marcha era necesaria para “calentar la calle” (receta opositora automática, otra vez escasamente imaginativa), y que era imprescindible movilizar a los más de cuatro millones de personas que votaron por Manuel Rosales. Bueno, movilizaron al 0,0125% de ese contingente. Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo habían reivindicado, recuérdese, ser la primera fuerza opositora o la segunda fuerza política del país, cada una por su lado, a raíz de las pasadas elecciones presidenciales. Razonamiento falaz, naturalmente, como acaba de comprobarse en la plaza Morelos.
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Debe ser de meridiana obviedad que no hay liderazgo opositor en el país que dé pie con bola. Que el que queda es de una ineptitud descomunal, que es preciso crear otros espacios políticos y atender otras voces, propiciar la emergencia de nuevos actores. Desde que Chávez se pusiera por primera vez en campaña, nada de lo intentado por la dirigencia opositora ha funcionado: la candidatura de Salas Römer y la campaña anticonstituyente, la postulación a la constituyente, la candidatura de Arias Cárdenas, el pacto tripartito de La Esmeralda que desembocó en el brevísimo régimen de Carmona, el paro en fases pre y postpetroleras, el referendo revocatorio, la candidatura de Manuel Rosales… y ahora la vergonzosa marcha de anteayer. ¿Qué más se necesita para desahuciar—eso sí, con mucho agradecimiento—a dirigencia tan incapaz?
No ha habido, desde los presuntuosos partidos de oposición, ni una sola refutación eficaz de los fundamentos conceptuales de las polémicas medidas anunciadas por Chávez. A lo sumo se aduce que “no tienen nada que ver con el socialismo moderno” y se las usa como base para volver a decir que Chávez es despótico y maluco. (El tsunami no ha cesado; ayer Diosdado Cabello anticipaba la expropiación del Aeropuerto Caracas, para seguir fastidiando a quienes, dueños de automóviles BMW—descripción presidencial—también disfrutan de aviones privados). Y la dirigencia se muestra sorprendida por las decisiones declaradas. ¿Era tan difícil preverlas? Acá mismo se escribió, tan temprano como el 19 de agosto de 2004 (Carta Semanal #100 de doctorpolítico): “Sería ingenuo suponer que ahora Chávez no apretará una tuerca más. La ley de policía nacional, la amenaza de renacionalizar la CANTV (tiene los reales), la ley de contenidos, una nueva ley de cultos, la toma de las universidades y nuevas represiones penales contra sus más detestados oponentes, están a la vuelta de la esquina”.
Hace nada que Chávez, a mayor abundamiento, ha prefigurado la desaparición de las alcaldías de López y Capriles Radonsky, al dictar que debe volverse a la entidad del Distrito Federal. Para apuntalar su opinión explicó que en la mayor parte de los países del mundo las ciudades capitales están sitas en un distrito federal. No se le ocurre a Blyde o a Marquina—ni siquiera a Rosales—señalar: “Señor Presidente, en la mayoría de los países los bancos centrales son autónomos”.
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El esfuerzo que debiera estar emprendiéndose en estos instantes es el de convocar un referendo múltiple por iniciativa popular, en el que se consulte a los Electores si aprueban las medidas avisadas (y ocultadas por Chávez adrede durante su pasada campaña), una por una, cada una en su ámbito. ¿Quieren los venezolanos realmente que su red telefónica doméstica sea administrada por este gobierno? ¿Quieren los caraqueños, que desde que tuvieron electricidad, hace más de un siglo y una década, fueron servidos muy satisfactoriamente por la empresa privada que fundara el ilustre Ricardo Zuloaga, que su eléctrico suministro dependa de una empresa estatal presidida por Juan Barreto?
Habría mucho campo para argumentar eficazmente, sin necesidad de apelar otra vez, ya al borde de la náusea, a la acusación de Chávez sin refutarlo. Que si el alumbrado eléctrico se interrumpe en una calle de cualquier barrio, en cuestión de horas una camioneta de la empresa se presenta a resolver la emergencia. Que sus tarifas están controladas por el gobierno y no han aumentado desmedidamente. La paranoia que sirve de coartada a Chávez, quien pudiera temer que los accionistas norteamericanos de La Electricidad de Caracas interrumpan la electricidad de la capital, en coordinación con una invasión de marines desatada por el emperador George II—algo ocupado y debilitado por estos días, pero loco al fin—, se refuta al indicar que tal contingencia no requiere la estatización de la compañía, sino que un dispositivo de oficiales y tropas de la Fuerza Armada, debidamente especializado, esté siempre listo para asumir el control operativo del suministro, y que otro de la DISIP pueda arrestar diligentemente a los ejecutivos traidores. No hay ninguna razón para estatizar a La Electricidad de Caracas, y esto puede ser explicado transparentemente a los caraqueños, sin la vergüenza inexplicable que enmudece a los infructíferos líderes, y puede pedírseles en referendo su pronunciamiento.
Dicen algunos—»Ya yo marché, ya yo firmé, ya yo recogí firmas, y no valió de nada»—que no se ganaría un referendo tal, sin tomar en cuenta que si se perdiese no estaríamos peor que en estos mismos momentos, cuando las medidas son de aplicación inminente. Es que estamos muy ocupados en la construcción de “redes populares”, en la liza de Borges y López, en la expansión de Un Nuevo Tiempo mientras se gobierna en el Zulia, en la angustia de la reforma constitucional, en el ritual descrédito de Chávez, en tomar línea del verdadero comando de la oposición (Aló Ciudadano). Ah, y en el calentamiento de la calle con alguna que otra marcha. Mientras tanto nos apabullan.
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Para el cuarto y penúltimo movimiento de su Sinfonía Fantástica, Héctor Berlioz escogió como título Marcha al cadalso. Toda la obra, autobiográfica, retrata el amor del músico por una mujer. En ese movimiento en particular describe el sueño que le sobreviene luego de tomar opio, persuadido de que su amor no es correspondido. Sueña que ha dado muerte a la amada, y que le condenan y conducen al patíbulo. “La procesión avanza al compás de una marcha que por momentos es sombría y salvaje, en otros brillante y solemne”. En el sueño asiste a su propia ejecución, y le invade como último pensamiento la imagen de su amor, herido mortalmente por su causa.
El amor de Primero Justicia (Popular o Impopular), el de Un Nuevo Tiempo, el de AD y COPEI por el poder no es correspondido. Quinientos ciudadanos fueron a la plaza Morelos el 23 de enero de 2007. López, Blyde, Montoya, Perozo, Marquina, Alcántara y Pérez Vivas, tal vez, están a punto de fumar opio, despechados con la indigencia del apoyo que levantan. Entretanto, mientras todavía no sueñan que ellos mismos mataron ese apoyo, convocan marchas al cadalso, absolutamente inservibles.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 18, 2007 | Cartas, Política |
Se ha comentado aquí otras veces, pero en estos días es muy oportuno recordarlo. Durante la campaña electoral de 1998 era issue dominante la propuesta celebración de una asamblea constituyente. Como se sabe, sólo Hugo Chávez Frías, entre los diversos candidatos, abanderaba la proposición. Se alineaba así con una prédica que había comenzado en 1989 el Frente Patriótico (Juan Liscano et al.) y que para 1998 había logrado ser aceptada por una mayoría de los ciudadanos.
El estamento político convencional se oponía firmemente; hasta el presidente Caldera rechazó una petición de última hora para que convocara él un referendo consultivo sobre la conveniencia de elegir una constituyente: “Creo que Rafael Caldera merece ser quien haga esa convocatoria. Más allá de las críticas de la más variada naturaleza que puedan hacérsele, el presidente Caldera puede ser considerado con justicia el primer constitucionalista del país. No sólo formó parte de la Constituyente de 1946; también fue quien mayor peso cargó cuando se redactaba el texto de 1961; también fue quien presidió la Comisión Bicameral para la Reforma de la Constitución de 1991; también fue quien expuso en su aludida ‘Carta de Intención’: ‘El referéndum propuesto en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1992, en todas sus formas, a saber: consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio, debe incorporarse al texto constitucional’; y también fue quien escribió en el mismo documento: ‘La previsión de la convocatoria de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional, si el pueblo lo considerare necesario, puede incluirse en la Reforma de la Constitución, encuadrando esa figura excepcional en el Estado de Derecho’; fue también, por último, quien nombró como Presidente de su Comisión Presidencial para la Reforma del Estado al jurista Ricardo Combellas, el que advirtió ya en 1994 que si este Congreso no procedía a la reforma constitucional habría que convocar a una Constituyente. Si alguien merece la distinción de convocar al Primer Referendo Nacional ése es el Presidente de la República, Rafael Caldera”. … “El Presidente de la República tiene la potestad de desencadenar ese proceso. Será estupendo constatar que en sus manos no se perdió la República, pero lo será más todavía que pueda decirse que en esas mismas manos creció la democracia que él tanto contribuyó a crear”. (referéndum, septiembre de 1998).
La atribución al Presidente de la República en Consejo de Ministros de convocar un referendo consultivo le había sido conferida por la reforma de diciembre de 1997 a la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política, la que había establecido que además podían convocarlo una mayoría calificada del Congreso de la República y un diez por ciento de los Electores. Seguramente un proceso constituyente iniciado por Caldera habría sido muy diferente de la apabullante secuencia presidida en 1999 por Hugo Chávez.
Pero Caldera no convocó el referendo necesario, y tampoco ningún otro candidato apoyó la cosa. (El opositor final a Chávez, Henrique Salas Römer, opinó que la constituyente era “un engaño y una cobardía”, por más que lo que parecía cobarde era precisamente no convocarla). Ya hacía tiempo que el estamento político convencional se revelaba insuficiente, pero esta omisión trajo profundas consecuencias. Cuando se haga la historia de la “insensatez política” (Tuchman) de las élites venezolanas en las últimas décadas, su tenaz oposición a la constituyente, a pesar de que era incontestable que el “sistema operativo” del Estado venezolano debía ser sustituido por otro, probablemente destaque como el más grave de sus numerosos errores estratégicos. Salas Römer encarnó a la perfección el papel de campeón de los conservadores, dejando a Chávez el ventajoso rol del cambio.
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Tan claro estaba Chávez acerca del apoyo popular mayoritario a la idea de la constituyente, que por intermedio del MVR anunció, a comienzos de 1998, que procedería a recoger las firmas necesarias para convocar el referendo, como lo permitía la ley, por iniciativa popular. Es posible que la recolección no hubiera funcionado muy bien, pero en cualquier caso Chávez se olvidó del asunto. En cuanto supo que las encuestas—ya a mediados de año—le daban como ganador en la elección del 6 de diciembre próximo, entendió también que ya no necesitaba al pueblo. Una vez Presidente en ejercicio podría con toda comodidad convocar el referendo por sí mismo—electo, pero aún no en funciones, diría en La Viñeta: “Yo tengo facultades constituyentes”—así que ¿para qué molestarse reclutando la participación popular? Quien se llena la boca con aquello de la democracia “participativa”, a la hora de la verdad prescinde de ella si estima que no la necesita para alcanzar su objetivo.
Lo mismo acaba de hacer ahora. En la campaña del año pasado, porque se interesaba en parecer democrático y amoroso, comentó que a lo mejor consultaba en referendo ciudadano si el pueblo quería que se negara la renovación de la licencia de señal abierta a Radio Caracas Televisión. Ya no quiere acordarse—seguramente no quiere que se lo recuerden—y ha escogido comenzar el año 2007, aun antes de las restantes amenazas, con el anuncio de que el término de la concesión a Empresas 1BC es una decisión tomada. ¿Consultar? ¿Para qué?
De nuevo, pues, lo mismo. Primero una fachada democrática para asegurarse apoyo electoral; una vez obtenido éste, la exhibición de su real temperamento autocrático. (Pregunta al margen: ¿no se le ha ocurrido a ninguno de los dirigentes opositores—que ahora convocan, cada quien por su lado, marchas y concentraciones de todo género—tomarle la vieja palabra y probar la convocatoria de un referendo consultivo sobre la concesión de RCTV por iniciativa popular? Se trata de reunir tan sólo un millón setecientas mil firmas, bastante menos que las que se logró recoger cuando se quiso revocar el mandato presidencial hace tres años).
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Anulando los precoces anticipos de magnanimidad de parte de algunos funcionarios o dirigentes de su campo un tanto blandengues, Chávez, ducho en falacias resbalosas, ha invitado a la oposición a “sumarse a las tareas del cambio”. Pero eso no significa que la tomará en cuenta para formar sus propósitos. Expone que la mayoría es la que debe prevalecer, y la mayoría votó por el “socialismo del siglo XXI”, por lo que la oposición, que es minoría, debe acatar esa voluntad sin pataleo.
Es verdad que Chávez habló siempre de ese socialismo. La semana pasada se recordaba acá: “No es la primera vez que habla de socialismo—tiene años haciéndolo—y no calló el concepto durante su campaña electoral del año pasado, de modo que quienes votaron por él—y también quienes no lo hicieron—debían saber que por ahí vendrían los tiros”. Pero también había dicho, más de una vez, que esa particular variedad de socialismo tenía que ser “inventada”; esto es, que él mismo no sabía cuál era. Bueno, parece que ya la inventó.
El socialismo del siglo XXI es la renacionalización de la CANTV, la estatización de todo el suministro eléctrico, la privación de su autonomía al Banco Central de Venezuela, la desaparición de las alcaldías, la terminación de la licencia de RCTV, el control de las operadoras de la Faja Petrolífera del Orinoco, el nombramiento ministerial de su hermano para que instruya a nuestros hijos en la ideología revolucionaria y mucho, pero mucho, gasto público.
Pero estas medidas, expuestas con el mayor engreimiento, son en su concreción elementos de un programa de gobierno que pudo anunciar y no lo hizo, que pudo presentar en su campaña y no lo hizo. Y es que Chávez no hizo en realidad campaña, si es que por esto se entiende la exposición de un programa de gobierno para el que se busca apoyo o aquiescencia. Ninguno de esos elementos, que debieron ser explicados de antemano a los Electores, fue mostrado en modo alguno. El único mencionado, el cierre de Radio Caracas Televisión, iba a ser decidido por los mismos Electores en referendo consultivo.
No es cierto, pues, que siete millones de venezolanos votaran por esas medidas. No es verdad que los caraqueños preferimos a la Electricidad de Caracas roja rojita, en manos del Estado de Chávez. Es mentira que queremos que se despoje al BCV de su autonomía, facultad sugerida por la sabiduría política acumulada en centenares de años. No es cierto que optamos por federaciones de juntas comunales como sustitutos de los alcaldes. Cada una de estas cosas, que por tratarse de medidas específicas debieron constituir un programa de gobierno conocido por el enjambre ciudadano, fue ocultada adrede, porque Chávez sabía que si las notificaba los resultados electorales hubieran sido otros. En lugar de descubrirlas las escondió, y ahora decidirá como jeque omnímodo cada una de ellas por sí solo, puesto que los borregos de la Asamblea Nacional enajenarán su función propia en el Presidente de la República.
Una vez más, entonces, Hugo Chávez se burla de los Electores y pretende engañarlos. Mientras estuvo en campaña, se limitó a mencionar lo impreso en la etiqueta de un frasco que contenía un menjurje genérico e indefinido, la panacea incógnita del “socialismo del siglo XXI”. Desde lejos asomaba ocasionalmente el frasquito, como antes sacaba a cada instante de un bolsillo de sus trajes de marca el librito azul que ahora cree defectuoso. (Idéntico a Jaime Lusinchi, que fue elegido sin más explicación que la del nuevo “pacto social”). Pero nunca reveló, al escamotearlas deliberadamente, qué medidas se proponía instrumentar. Para ninguna de ellas tiene consentimiento electoral, ni siquiera para que pueda de nuevo legislar según su único entender. Y si no, que pruebe a consultarlas. Como Caldera en 1998, él tiene la facultad de llamar a un referendo consultivo, y nada impide que en un solo acto referendario se consulte más de una materia «de especial trascendencia nacional». (Artículo 71 de la Constitución).
Pero claro, no está en la naturaleza de Chávez el procedimiento democrático. Lo de él es pantalla y decreto, así que ¿por qué no emprende la oposición la convocatoria de un amplio referendo por iniciativa popular? ¿Qué tal si el triunvirato Borges-Petkoff-Rosales que ha vuelto a reunirse pone orden nuevamente en la incipiente cacofonía opositora y se atreve, aunque sea esta vez, a una iniciativa política audaz, profunda, de aliento? ¿No y que somos cuatro millones de los que menos de la mitad tendría que firmar? ¿No es cierto que la mayoría de los venezolanos—Datanálisis dixit—no quiere ni dictadores ni “mares de la felicidad”? Ése es un referendo que pudiera muy bien ganarse para la democracia en Venezuela, que no es otra cosa que el respeto a la inteligencia de sus Electores. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 11, 2007 | Cartas, Política |
En agosto de 2000, una importante transnacional petrolera que operaba en el país—ya no lo hace—pidió al suscrito una presentación to understand Chávez. Ése fue el título que escogió para nombrar la específica solicitud. Lo que fue mi primera afirmación, ya una vez en la sesión de trabajo que sostuvimos, es que estábamos en presencia de un fenómeno que ameritaba un enfoque de antropología política; esto es, que lo que había llegado al poder en Venezuela era toda una cultura, no meramente otro partido u otro presidente. Que ahora estábamos en presencia de un conjunto de valores, creencias, criterios y percepciones enteramente distinto del convencional.
Una segunda presentación—cinco fueron en sucesión requeridas—echó mano de una tipología adelantada por Yehezkel Dror en 1971, en su libro Crazy States: A Counterconventional Strategic Problem. (En entrevista que le hiciera veinte años después Daniella Ashkenazy para The Jerusalem Post, la periodista resumía el asunto del libro: “…Dror construyó un modelo teórico de Estados fanáticos y grupos marginales que se alimentan de ideologías agresivas de alta intensidad”). Los rasgos de un “Estado loco” (enumerados en la Carta Semanal #62 de doctorpolítico, del 14 de noviembre de 2003), según el experto, son los siguientes: 1. tiene objetivos muy agresivos en contra de otros; 2. mantiene un profundo e intenso compromiso con esos objetivos (dispuesto a pagar un alto precio por su logro y correr grandes riesgos); 3. está imbuido de un sentido de superioridad frente a la moralidad convencional y las reglas habitualmente aceptadas de la conducta internacional (dispuesto a la inmoralidad e ilegalidad en términos convencionales en nombre de “valores superiores»); 4. exhibe un comportamiento lógicamente consistente dentro de tales paradigmas; 5. lleva a cabo acciones externas que impactan la realidad (incluyendo el uso de símbolos y amenazas).
No debe, en consecuencia, llamar a la sorpresa la profusa andanada de anuncios que ha hecho el Presidente en reestreno en los últimos días. Ni su proverbial procacidad, ni su tono épico, ni su ambición, ni su agresividad. Es un caso clínico de entidad patológica ya descrita hace tres docenas de años y, por otra parte, todo estaba ya, de una manera o de otra, clara y reiteradamente anunciado. No es ahora cuando Chávez habla de revolución—DRAE: 2. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación… 4. Cambio rápido y profundo en cualquier cosa—pues viene caracterizando así su propósito desde su campaña de 1998 (desde su fallido golpe de 1992, si a ver vamos), y su gobierno desde que asumió por primera vez la jefatura del Estado venezolano en 1999. No es la primera vez que habla de socialismo—tiene años haciéndolo—y no calló el concepto durante su campaña electoral del año pasado, de modo que quienes votaron por él—y también quienes no lo hicieron—debían saber que por ahí vendrían los tiros. No es tampoco nuevo su corolario ideológico: que el capitalismo es malo, que ser rico es malo, que lo privado es malo.
De modo que sabíamos todos que ése era su pensamiento. Jamás lo ha ocultado, como sí lo hiciera en su momento su mentor, Fidel Castro. La diferencia está en la amplitud y la celeridad de su movimiento al inicio mismo de su segundo período constitucional (respecto de la Constitución de 1999).
Debe tenerse siempre en mente la formación militar de Chávez. Tiene lógica que se mueva a conquistar más territorio cuando ha adquirido poder fresco, cuando su fortaleza está refrescada. Acaba de ganar por abrumadora ventaja las elecciones del 3 de diciembre, y todo el Estado es suyo. Es el momento de avanzar con firmeza, mientras sus fuerzas están no sólo intactas, sino recrecidas.
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Así que la Blitzkrieg es ancha y diversa. Chávez quiere otro Código de Comercio, quiere otra Constitución, quiere además del Ejecutivo también Poder Legislativo. No tiene suficiente con PDVSA (que hinchará nacionalizando asociaciones de la Faja del Orinoco); ahora necesita bajo su control y mando la telefonía y toda la electricidad servida; EDELCA y CADAFE no le bastan. La frecuencia del Canal 2, por supuesto, irá a quienes se alineen con sus propósitos bajo Izarra y Chacón. Los municipios son también algo que debe ser suplantado: creará “ciudades federales” que no tengan alcaldes sino una federación de juntas comunales. (¿Cómo se decidirá la colocación de una alcantarilla?) El Banco Central de Venezuela no debe ser autónomo, y a juzgar por sus constantes identificaciones con Jesús de Nazaret y la repetición de sus críticas a muy conspicuos personajes de la iglesia católica venezolana, pudiera estar pensando—su megalomanía da para eso—en hacer, al estilo de Enrique VIII, una iglesia “bolivariana” de la que él sea papa.
Naturalmente, atrás han quedado los discursos sobre el “desarrollo pentapolar”, y no dijo nada acerca de los “núcleos de desarrollo endógeno” que poblarían el país, y el “eje Orinoco-Apure” está olvidado. Ahora juega con juguetes nuevos, como los aviones de guerra Sukhoi que dispendian combustible sobre Caracas para unirse al autobombo.
Es una agenda de voracidad pantagruélica, y si ya había diagnosticado el 3 de diciembre—le tomó ocho años percatarse—que la corrupción y el burocratismo minan su gobierno, ahora ampliará los terrenos de caza de corruptos y corruptores con más empresas y más ministerios—veintisiete, son ya—donde la insolente discrecionalidad del funcionario chavista tendrá más oportunidad de burocracia. No ha comenzado siquiera a atacar la corrupción cuando le arroja más alimento. (Preguntado sea de paso, ¿se deberá la defenestración de José Vicente Rangel a ponerlo como chivo expiatorio del burocratismo y la corrupción? A fin de cuentas, el Vicepresidente Ejecutivo sería el principal responsable de ambas cosas. ¿O será, simplemente, que Rangel aconsejaba más mesura y más magnanimidad luego del triunfo electoral decembrino y tal cosa chocaba contra los designios de atropellar con la revolución?)
Pero hacer las cuentas por separado no termina de captar la intención general: Chávez cree ser capaz de construir, en lo que le quede de vida, una sociedad enteramente nueva. Ése es el tamaño de su desmesura.
Así explica: «Aquí llegó la hora del fin de los privilegios, del fin de las desigualdades ¡Llegó la hora! Y nada ni nadie nos hará detener el carro de la revolución ¡Cuéstenos lo que nos cueste! ¡Nadie detendrá el carro de la revolución socialista en Venezuela! Cueste lo que cueste». Y añadió: «Es imposible la igualdad en el capitalismo, sólo es posible en el socialismo. Por eso es que, sin exageración, vengo afirmando que el pensamiento de Bolívar es un claro pensamiento socialista». (No importa si esto es una grosera falsificación de la verdad histórica).
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Volviendo a la antropología, es ya sabida observación etnológica que los ítems culturales recién llegados a una sociedad se integran a ella con enlaces distintos de los que la encajaban en la sociedad que los inventa o los aporta. El significado de un arcabuz no es el mismo para el conquistador español que para el aborigen que aprende a accionarlo. Éste lo incorpora a su mapa cultural para asimilarlo, y esa carta de significados es otra.
Las reacciones a los anuncios de Chávez no son los mismos en diferentes culturas políticas. Aun antes del discurso de ayer ya las anticipaciones—los trailers de la película—habían causado graves y numerosos sobresaltos en el orden financiero, bursátil y cambiario.
Si ahora, en cambio, se toma cada medida por separado—por ejemplo, las nacionalizaciones anunciadas—uno pudiera recordar que la CANTV fue empresa del Estado desde la década de los años cincuenta hasta el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sin que la sociedad venezolana se neurotizara por eso. Y tampoco es que las empresas públicas de suministro eléctrico sean una novedad en el país. O, pensando en otras latitudes, en su tiempo François Mitterrand nacionalizó toda la banca francesa—aunque luego se percató de su error y debió devolverla a la esfera privada—y en la cuna de la democracia y el capitalismo, la venerable Inglaterra, hasta hace nada la televisión era actividad enteramente reservada al Estado.
Pero el problema con una telefonía estatizada en la Venezuela de hoy es que la CANTV pronto sería roja rojita, y un peligroso instrumento de control social en manos de un gobierno que jamás ha sido escrupuloso respecto del derecho a la disensión. La lista de Tascón sería, ante la constante vigilancia de las conversaciones telefónicas (y correos electrónicos), un burdo y primitivo expediente. (Aunque es bueno refrescar que la CANTV estatal, durante la presidencia de Luis Herrera Campíns, se dio el lujo de espiar las comunicaciones de Miraflores).
Esto, por supuesto, sin entrar en la consideración de la esperada ineficiencia y el mal servicio que, puede jurarse, regresarían al espacio telefónico nacional con una industria telefónica en poder de Chávez. Y tampoco considerando que el reestrenado presidente no ha mostrado cuál es la relación lógica o fenoménica existente entre una telefonía pública y “la mayor suma de felicidad posible”.
Pero, repito, no todas las culturas políticas entienden las cosas de tal modo, ni ven en ellas motivo de alarma sino de alborozo. Por ejemplo, en http://upsidedownworld.org/, sitio en Internet que se proclama como espacio de equilibrio, Jason Wallach escribía anteayer quejándose del injusto trato que la nacionalización de la CANTV habría recibido de la prensa norteamericana. Citando a Wikipedia, saludaba que la decisión de Chávez impidiera que el magnate mexicano Carlos Slim—dueño entre muchas otras telefónicas de TELMEX—adquiriera el control de CANTV, pues “[a]unque TELMEX es ahora una compañía privada sigue siendo todavía un monopolio. Prácticamente no hay en México otras compañías telefónicas que ofrezcan otra opción a los consumidores. TELMEX ofrece un pobre servicio al cliente que está disponible sólo de lunes a viernes, lo que deja a los usuarios desvalidos durante el fin de semana. TELMEX es asimismo la segunda compañía en cuanto a quejas interpuestas ante PROFECO, la agencia mexicana de protección al consumidor”.
Habiendo hecho un examen de noticias relacionadas con el anuncio de Chávez, Wallach señala que a Natalie Obiko Pearson se le escapó una “gema” que pudiera ser una de las verdaderas razones para la nacionalización de CANTV. Obiko escribió para Associated Press: “La CANTV privatizada también ha provisto un beneficio clave a los venezolanos: uno de los pocos modos de eludir el control de cambios. Los inversionistas han podido comprar sus acciones en bolívares y venderlas en dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York. Una adquisición forzada de CANTV cerraría esta opción de preservar riqueza en una economía cuya inflación se ha venido dando en 17 por ciento”. Wallach aplaude que esta puerta se cierre, pues añade lo siguiente: “¿Cree realmente Ms. Obiko que cualquier cantidad de venezolanos, de los que un 49% vive mes a mes en la pobreza, gasta su ingreso disponible en inversiones en el mercado de acciones? ¿No sería correcto cerrar lo que es esencialmente una trama de lavado de dinero para inversionistas venezolanos que quieren eludir los riesgos económicos que sus compatriotas más pobres no pueden evitar?”
Etcétera. No todo el mundo se queja.
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La pregunta realmente importante es, evidentemente, ¿qué hacer ante la aplanadora que Chávez ha puesto en movimiento?
Hay algo que no es lo que debe hacerse, y es el mero señalamiento de una inconformidad. Manuel Rosales, por ejemplo, el pretendido “líder de la oposición”, diciendo que Chávez gobierna como un déspota. ¿Es eso algo nuevo, o que vaya a impedir la puesta en práctica de las decisiones anunciadas?
Hay que dar un debate público y serio, a fondo, sobre la ideología que está detrás de todo. Ese debate fue eludido intencionalmente por el derrotado candidato durante toda la campaña electoral, y ya es tiempo vencido de entablarlo. Si bien puede esperarse que la ambiciosa agenda chavista—mucho camisón p’a Petra—traerá importantes problemas al gobierno, si puede creerse que los insultos al Secretario General de la OEA le han enrarecido el ambiente internacional a Chávez—en reciente sesión del Consejo Permanente del organismo los gobiernos socialistas de Chile (que inició la cadena), Brasil y Uruguay se unieron a varios otros para condenar la grosería de Chávez y defender a Insulza—si bien hay algo de inteligencia en dejar que el autoritario presidente se cocine en su propia salsa, no puede continuarse evadiendo el debate ideológico.
Una vez más: a Chávez se le acusa pero no se le refuta. Ocho años de desmanes incontenidos, en los que la oposición se ha limitado a engrosar un prontuario, a nutrir un catálogo de acusaciones, han puesto de manifiesto la ineficacia de tal “estrategia”.
Es justamente un avance estratégico lo que Chávez ha emprendido, y como tal debe ser tratado en el terreno estratégico, que no es otro que la comunicación de verdades al enjambre ciudadano. El rasgarse las vestiduras, los planes de autoexilio, las tonterías del golpe o el magnicidio, no son en absoluto soluciones. Hay que discutir ante el país si es que es deseable, o siquiera posible, una sociedad de la igualdad, aunque para lograr esa sociedad de igualitarias hormigas haya que sacrificar la libertad en el altar de un ego telúrico.
Claro que puede uno admitir, mientras se construye una opción sólida, que la astucia de Chávez se revela al haber escogido un psiquiatra como nuevo Vicepresidente. No es malo que alguien tan desquiciado tenga a mano ayuda profesional, pues ya es inocultable la patología del Presidente, impedido de magnanimidad, aquejado de desmesura y de soberbia galopantes. Es lamentable que Jorge Rodríguez parezca seguir los pasos de su predecesor, recientemente despedido sin pena ni gloria. El martes el índice bursátil de Caracas sufrió una pérdida de más de dieciocho puntos, y hubo de suspenderse la negociación de los títulos de CANTV. Pero el flamante vicepresidente Rodríguez declaró ayer: «No se ha desplomado absolutamente nada; la Bolsa está más fuerte que nunca, la economía está más fuerte que nunca». Esto es, como solía decir José Vicente Rangel en época del paro, el país está excesivamente normal.
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por Luis Enrique Alcalá | Ene 4, 2007 | Cartas, Política |
El año 2007 puede ser mirabilis u horribilis para Venezuela, dependiendo, primero que nada, de la conducta del enjambre ciudadano. A la larga, es el trabajo de sus mujeres y hombres lo que determinará el progreso del país, y esto es así a pesar de los políticos. Claro que lo político será, como siempre, determinante, pero el conjunto de las acciones individuales de los pobladores de la nación hace la mayor masa, la mayor contribución.
Saldado ese punto, hay que decir que la cosa política se ha estado moviendo bastante, aun en estos días que no terminan de ser navideños. Para ocuparnos de lo más notorio, el gobierno ha estado bastante activo. (De todas maneras esta carta se ha ocupado más recientemente de movimientos en el seno de la oposición venezolana).
Como defensor póstumo de Saddam Hussein, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de radical condenatoria a la ejecución del ex dictador iraquí. La fraseología no deja espacio a la duda: el gobierno venezolano considera el ahorcamiento de Hussein “un crimen político producto de la ilegítima ocupación extranjera en esa hermana nación árabe”. Califica la apresurada ejecución—entre la sentencia a muerte y el patíbulo no transcurrieron ni siquiera tres días—como asesinato, y la considera como culminación de un juicio amañado en tribunales impuestos por las tropas invasoras, encabezadas por el ejército de los Estados Unidos”.
He aquí la clave. El grotesco evento da pie a la retórica antinorteamericana del gobierno de Chávez, que propone una sugestiva comparación: “Al ex presidente de Irak se le acusó por la muerte de alrededor de 150 personas, y por ello fue llevado a la horca. Pero la ocupación militar del territorio iraquí, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha ocasionado la muerte de decenas de miles de ciudadanos de ese país y de más de 3 mil soldados norteamericanos y alrededor de 20 mil lisiados de guerra”.
Claro que el horror de Hitler no puede justificar los desmanes de Fidel Castro o Augusto Pinochet, y el MRE ignora los cometidos por Hussein, que fueron muchos, incluyendo algunos de carácter verdaderamente genocida. Pero la verdad es que si Hussein merecía la horca—en “civilizaciones” que sostienen la pena de muerte—entonces el presidente Bush debiera ser ahorcado. Aquí no hay guerras justificadas y guerras injustificables; tan condenable es la agresión de Hussein contra los kurdos o contra Kuwait, como la guerra de Vietnam y la invasión de Irak. Es esta verdad la que soporta la argumentación del rojo gobierno que tenemos contra las ejecutorias de George W. Bush.
Chávez, pues, escoge sus amigos: Fidel Castro, el dictador Mugabwe, Ilich Ramírez Sánchez (el Chacal), Saddam Hussein. Para ellos no tiene condena.
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Luego, la escena local ha estado dominada por el affaire RCTV. A pesar de que durante la campaña electoral el presidente Chávez indicó que consideraba someter a referéndum la revocatoria de la concesión de señal abierta de televisión al grupo de empresas 1BC—por las viejas siglas YV1BC que identificaban a la pionera Broadcasting Caracas—ahora declara que la decisión de no renovar esa concesión está tomada y es irreversible.
El Ministro de Información, William Lara, ha explicado que el gobierno se limitará a la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso de la época de Jaime Lusinchi, que no se trata de expropiación y que el grupo 1BC es golpista y el “partido político” de Marcel Granier. Refiriéndose directamente a declaraciones de éste, le incita a mostrar las credenciales que asegura tener, y que sostendrían el derecho de explotación de la frecuencia asignada en la banda VHF hasta, dice Granier, el año 2020. (Uno menos del habitual horizonte reeleccionista de Chávez).
Claro que la tirria contra Granier no es nueva. Sin olvidar que éste estuvo entre quienes procuraron por todos los medios que Chávez no alcanzara el poder en 1998, el mandatario mostró el tramojo muy temprano. Fue en el mismo mes de enero de 1999, recién encaramado en su cargo presidencial. Chávez hacía su primera alocución televisada desde el Salón Ayacucho de Miraflores, con asistencia de los más conspicuos representantes de lo que antaño se llamaba “las fuerzas vivas”. Marcel Granier se encontraba presente en el salón mientras Chávez, inicialmente “razonable”, aseguraba que el gobierno tenía un exceso de automóviles, naves y aeronaves, y que un espíritu de correcta austeridad aconsejaba que se liquidaran las unidades innecesarias. En particular se refirió a ciertos automóviles costosamente blindados. Entonces se dirigió específicamente a Granier para decirle: “Marcel, a lo mejor tú puedes estar interesado en comprarte uno de ésos”. La cámara de televisión se posó sobre el demudado e incómodo rostro de Granier, quien no sabía si el presidente aludía a su conocida afición por los autos o si estaba sugiriéndole que su vida corría peligro y le convenía protegerla tras un blindaje. En cualquier caso, se trató del primer aviso.
Ahora, pues, las horas de RCTV están contadas. En el mes de mayo, según las cuentas gubernamentales, su concesión de señal abierta expira inexorablemente. (Lara, magnánimo, aclaró que las empresas 1BC pueden continuar tramitando ante CONATEL una solicitud de televisión por cable que tienen introducida ante el organismo rector de las telecomunicaciones, y que naturalmente pueden usar sus equipos para la producción de “enlatados” que vendan al exterior, telenovelas y cosas así). No es de esperar que prospere ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción defensiva por parte de 1BC; los defensores de RCTV serán la ineficaz instancia de derechos humanos de la OEA y los previsibles colegas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ah, y Manuel Cova desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Desde que Chávez sugiriera que el cardenal Urosa, que había recomendado reconsiderar la decisión, estaba mal informado, ya no le quedarán ganas de opinar de nuevo sobre este asunto.
No se transmitirán más Primer Plano y el Concurso Millonario, pues RCTV, como Hussein, va a la horca. Los demás canales procurarán alinearse, como notoriamente lo ha hecho ya Venevisión, con esta “Quinta” República.
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Finalmente, cuarenta y ocho horas después de los saludos de Año Nuevo, Chávez ha anunciado los primeros movimientos de bull-pen que tiene preparados. Nada menos que su Vicepresidente Ejecutivo—el tercero tras la nunca bien recordada Adina Bastidas y Diosdado Cabello—José Vicente Rangel, se ha quedado sin oficio. (¿Estará interesado Rangel en la frecuencia de VHF que quedará sin dueño?) En su lugar ha colocado ya a Jorge Rodríguez, mientras compensa al defenestrado Marciano con una “carta emotiva”.
Rodríguez, sabemos todos, ha servido bien a la causa desde el Consejo Nacional Electoral, primero como el más destacado de los rectores del organismo, luego como su Presidente, una vez que el muy sobrevenido Dr. Carrasqueño fuera solicitado para el Tribunal Supremo de Justicia, en reconocimiento por sus dilatados méritos de jurista. Fue Rodríguez quien presidiera el Poder Electoral mientras transcurrían las difíciles circunstancias del referendo revocatorio de 2004. No hay duda de que es inteligente y hábil, y está provisto de las credenciales de hijo de algún mártir revolucionario. Es bastante más joven, por lo demás, que José Vicente Rangel. Con ocasión de anunciar su nombramiento—que ha comenzado a ejercer de inmediato—Chávez expresó su esperanza de que le auxilie “a luchar por los objetivos de esta nueva etapa, contra el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia”. (Clodovaldo Hernández escribiendo en El Universal). Son los objetivos que señalara en su discurso triunfal de la noche del pasado 3 de diciembre. (Pero también “todos estos cambios” son para ayudar al “desarrollo económico rumbo al socialismo, rumbo al socialismo”, según reportó Globovisión).
Dentro de “todos estos cambios” otro destituido ha sido el muy vapuleado Jesse Chacón, quien abandona el Ministerio del Interior y Justicia en manos de nadie menos que el famoso diputado Pedro Carreño. Tal vez ya se haya curado, pero Carreño alcanzó su máxima notoriedad cuando asegurara—por mitomanía, mentira flagrante o defectuosa información—que Vladimiro Montesinos, otrora policía máximo de Alberto Fujimori, había sido muerto en alguna base naval peruana, mientras en realidad se había refugiado en Venezuela. Así le aseguraban sus fuentes más confiables. Éste es, pues, el personaje que ahora velará por nuestra seguridad y por el imperio de la justicia.
Vienen más cambios, sin duda, aunque algunos permanecen en sus apetecibles puestos. Uno entre éstos es Rafael Ramírez, el ministro-presidente del discurso rojo rojito en PDVSA. Pero también vendrán purgas.
Consolidado en el poder tras las recientes elecciones, Chávez tiene que mostrar ahora que va en serio contra la corrupción, a la que machaconamente ha declarado la guerra últimamente—al menos de la boca para afuera. (En el acto de su proclamación como candidato presidencial, el año pasado, indicó que se ofrecía al pueblo para “continuar luchando contra la corrupción”, como si el resultado de esa lucha fuera conocido). Aquí aprovechará, entonces, para montar un circo con dos o tres espectáculos notorios, y entre éstos, se asegura, habrá algún castigo a viejos culpables de la “Cuarta” República, pero también freirá en aceita la cabeza de algún compañero de ruta. Así demostrará que tiene guáramo, que no se le enfría el guarapo.
Lleva ya ocho años mandando, y aunque parece contar con una psicología convenientemente olvidadiza, en su fuero íntimo sabe que no ha resuelto problemas fundamentales que desde su inexperiencia de revolucionario de palco creyó sencillísimos. Ya sabe que por comportamientos muy similares, por ineficacias muy parecidas, creyó una vez que era justo y heroico levantarse contra los poderes constituidos. Esto es, que si Pérez se hubiera comportado como él lo hace, en tanto Chávez golpista se hubiera alzado contra sí mismo.
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