por Luis Enrique Alcalá | Jun 8, 2006 | Cartas, Política |
Puede decirse que el acontecimiento político de la semana—a pesar de la escasa cobertura que el ciudadano Leopoldo Castillo diera al evento—es la rueda de prensa ofrecida conjuntamente por Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales. Esto es, en el ámbito local, pues previamente el triunfo electoral de Alan García en las elecciones presidenciales de Perú impactó nuestra propia escena, con malas noticias para Chávez que, al igual que Castillo, los medios gobiernistas—Venezolana de Televisión, Telesur y el diario Vea—procuraron ocultar.
Ya es la tercera vez—antes en Maracaibo y Margarita, territorios de gobierno no chavista—que los mismos mosqueteros presentan un frente común, luego de que Súmate irrumpiera con pretensiones de dueña del teatro electoral opositor. Ahora desde Caracas, el trío que concita más adeptos, muy por encima del resto de los pretendientes, emitió el lunes un haz de señales de indudable fuerza e impacto. (Un estudio de opinión de Eugenio Escuela obtiene de datos levantados entre el 6 y el 13 de mayo pasado, que el 88,26% de los consultados cree que el candidato de la oposición será uno de los tres: Borges, 13,02; Petkoff, 33,39; Rosales, 41,85).
La mise en scène de la declaración conjunta fue en sí misma significativa. Petkoff ocupó el centro de la trinidad (no tan santísima) y fue el encargado de leer el comunicado que contenía sus acuerdos. Luego de la lectura continuó notándose una cierta deferencia de Borges y Rosales hacia Petkoff. Cuando éste anunció que se abría un período de preguntas cuyas respuestas se repartirían entre los tres, Rosales le dijo: «Usted es quien tiene la batuta». Mientras se producía una formulación de parte de un periodista, poco después, Borges se inclinó a Petkoff para preguntarle si quería que él manejara la pregunta en cuestión. (En la primera comunicación conjunta la batuta la tenía Rosales, naturalmente, pues era el anfitrión en Maracaibo).
Por otra parte, no eran tres tristes tigres. Los rostros de los precandidatos irradiaban gran satisfacción, y permiten pensar que lo que presentaron fue sólo la punta del iceberg, es decir, que han arribado ya a acuerdos más profundos, y que lo ofrecido deberá esperar su maduración en la opinión pública antes de que se revele el resto de los compromisos.
La esencia de lo anunciado consiste en el acuerdo de los tres protagonistas en postular un candidato único de oposición y el apoyo de los restantes a quien resulte ser el abanderado definitivo. A esto lo llaman un «acuerdo de unidad nacional» (¿AUN?) que precedería al «gobierno de unidad nacional» (¿GUN?) montado sobre un proyecto que trascienda las elecciones del próximo 3 de diciembre. Vale la pena trascribir in toto el importante documento—que no fue reproducido ni siquiera parcialmente por El Universal y El Nacional—leído por Petkoff:
El difícil momento histórico que hoy vivimos y la dramática situación que vive el país exige que pensemos en todos los venezolanos, sin discriminaciones de ningún tipo, y plantea la necesidad de colocar al país y al interés nacional por encima de todo interés particular.
Por ello, hoy lunes 5 de junio, Julio Borges, Manuel Rosales y Teodoro Petkoff hemos resuelto anunciar la celebración del siguiente acuerdo de unidad nacional:
Primero: inscribir en el CNE un solo candidato que se enfrente al actual gobierno, para lo cual se privilegiará la búsqueda de un acuerdo unitario entre los factores representados. Este candidato de consenso deberá ser seleccionado antes del 31 de julio de 2006 y, para ello, se creará una comisión encargada de facilitar la conformación de un gobierno de unidad nacional. En todo caso, las elecciones primarias tendrían lugar entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 2006.
Segundo: hemos resuelto trascender las fronteras de las elecciones presidenciales de diciembre de este año y plantear un proyecto nacional para el corto, mediano y largo plazo. Para ello, hemos decidido conformar una comisión mixta, con representantes de los tres comandos de campaña, encargada de proponer un acuerdo de gobernabilidad, expresado en un programa mínimo de gobierno que deberá ser cumplido una vez que el candidato unitario llegue a la Presidencia de la República. En este acuerdo serán materias de urgente atención la promoción de empleos, el combate eficaz contra la inseguridad, la rápida construcción de viviendas, el mejoramiento de la atención médica, el mejoramiento de la calidad de la educación y el combate contra la corrupción, entre otras. El principal objetivo del acuerdo de gobernabilidad será concretar nuestro compromiso para reducir la pobreza en los próximos seis años, así como de cara al año 2015, conforme a los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» que ha presentado la Organización de Naciones Unidas.
Tercero: fijar una posición conjunta sobre las condiciones electorales imprescindibles para participar en la elección presidencial de diciembre de este año, lo cual incluye principalmente la eliminación de las captahuellas y los cuadernos electrónicos, la apertura de las cajas y el escrutinio de las papeletas de votación, una auditoría profesional y confiable del Registro Electoral Permanente (REP) y su posterior depuración en plazos oportunos, así como la entrega del mismo en los términos previstos por las leyes. Es inadmisible el desmejoramiento de las condiciones obtenidas en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de diciembre del año pasado (2005).
En vista de que existen dos proposiciones de auditorías no excluyentes, le exigimos al CNE que considere la posibilidad de tomar, simultáneamente, elementos de ambos proyectos de auditoría y, así, brindarle al país un REP auditado y confiable.
Cuarto: una comisión se encargará de preparar la organización de un proceso de elecciones primarias, que sería activado en caso de no lograrse el consenso deseado. Este equipo propondría las condiciones para la participación de los candidatos en dicha consulta y estaría integrada inicialmente por seis miembros, tres de los cuales representarán a cada uno de los candidatos, mientras que los tres miembros restantes serían representantes de las ONG que poseen competencia y conocimiento sobre esta materia. Las ONG cuyos representantes ya han aceptado integrar esta comisión son Súmate, el Grupo La Colina y Queremos Elegir.
Quinto: promover la constitución de un equipo común de campaña, de modo tal que podamos potenciar nuestros talentos y esfuerzos al logro de los objetivos comunes que hemos señalado.
Sexto: promover los mecanismos de enlace, consulta y participación que sean necesarios con el objeto de integrar y escuchar la opinión de los otros precandidatos que hayan presentado sus nombres.
Confiamos en que este acuerdo contribuirá enormemente a la construcción de una nueva esperanza para la mayoría de los venezolanos que desean ponerle fin a la incertidumbre, a la intolerancia, al odio, a la discriminación y hacer realidad el derecho que tenemos todos de vivir mejor. Las naciones que progresan son aquellas que están en paz. Venezuela necesita paz y un acuerdo de unidad nacional. Este es nuestro compromiso con el país.
Como puede verse, se trata de una manifestación bien pensada. Al día siguiente de la declaración le expresaron su apoyo la Causa R y el Polo Democrático. (Dos formaciones de izquierda). Pero fue tan bien pensada que Súmate reviró, así como varios de los restantes precandidatos, que en profusión de piñata han ido emergiendo sin que todavía pueda asegurarse que el pescueceo haya concluido. (Hay algunos entre ellos cuya aspiración es comprensible: Cecilia Sosa, por caso, que debe estar poniendo sus barbas o bardas en remojo con la noticia de la solicitud de la Fiscalía de una medida privativa de libertad en contra de Allan Randolph Brewer Carías, por su presunta participación en la redacción de los decretos de Pedro Carmona Estanga. La Dra. Sosa ha sido acusada de lo mismo, y naturalmente busca ahora el manto protector que le prestaría una actividad candidatural, aunque a la postre no le sirva de mucho).
La postura de Súmate es explicable: el acuerdo es, para una organización que aspiraba a ser la estrella del proceso electoral, una clara capiti diminutio. Los tres mosqueteros no han rechazado el mecanismo de primarias postulado por Súmate, pero lo relegan a remedio de última instancia en caso de que por otros métodos—razonamiento político, consenso, encuestas, decantación, fue la enumeración de Petkoff—no hubiere sido posible arribar al candidato unitario. Luego, aunque hubiera primarias, Súmate dejaría de disfrutar el monopolio que pretendía ejercer sobre ellas, pues tendría que integrarse con dos «pares», que es como se presenta a Queremos Elegir y el Grupo La Colina. Parado su trote de esta manera, los voceros de Súmate que han expresado su desacuerdo—Alejandro Plaz, principalmente—no se han atrevido a rechazar su equiparación con las otras ONG, pero han argumentado que el esquema tripartito del lunes es discriminatorio respecto de los restantes candidatos y «el universo de votantes que apoyan a otros aspirantes».
Y estos otros aspirantes no tardaron en reaccionar. Según reporta El Universal ayer, Cecilia Sosa, William Ojeda, Vicente Brito, Froilán Barrios, Enrique Tejera París y Sergio Omar Calderón conversaron para generar «una respuesta común» a las «pretensiones del bloque que componen Julio Borges, Teodoro Petkoff y Manuel Rosales, al suscribir el acuerdo de unidad nacional que desplaza el método de las Primarias como principal sistema de selección del candidato único y que limita la participación de los otros aspirantes». (Estos precandidatos también discriminaron pues, por mencionar dos nombres, ni Angulo ni Smith participaron de esta conversación disidente. Dicho sea de paso, la candidatura de Smith ha sido golpeada de muerte por el retiro del apoyo que le prestaba Visión Emergente, liderada por Cipriano Heredia, la organización que el ex ministro de Pérez había buscado porque Venezuela de Primera no es un partido político nacional con arreglo a la definición legal).
Es así como Súmate está ahora, de facto, aliada con el chiripero candidatural. Nada puede ocultar que Borges, Petkoff y Rosales son quienes, entre el conjunto de candidaturas aparentes, descuellan en las encuestas, y que ninguno entre los restantes alcanza cotas significativas de apoyo o intención de voto a su favor. Es inconsistente, pues, que el grupo de protestantes aduzca que «las Primarias son el sentir y el deseo de la población, como lo reflejan las encuestas (Keller, Hinterlaces), los ciudadanos ya se han pronunciado», puesto que esas mismas encuestas, y todas las demás, reflejan que Sosa, Calderón, Tejera, Smith, Ojeda, Brito y un considerable etcétera, no tienen nada que buscar, en vista de sus microscópicos desempeños. Como ellos mismos dicen, los ciudadanos ya se han pronunciado.
Pero no sólo coincidieron con Súmate en el reclamo expuesto, sino en la finalidad misma de las primarias, según lo entiende la organización de Machado y Plaz. Así dicen que el acuerdo tripartito del lunes «no contribuye con la necesidad de legitimar un liderazgo que encabece la lucha por las condiciones electorales cristalinas». No dicen, nótese, que la finalidad es obtener un candidato que se oponga al «incumbente», que en principio debiera ser lo fundamental, sino que la misión real es la confrontación del sistema electoral, sin tomar en cuenta que el pacto BPR precisamente hizo referencia explícita al tema de las condiciones electorales. (Y también especificó que promovería «los mecanismos de enlace, consulta y participación que sean necesarios con el objeto de integrar y escuchar la opinión de los otros precandidatos que hayan presentado sus nombres», por lo que la queja expuesta carece de sentido).
Hay, pues, una suerte de nuevo Pacto de Punto Fijo. Es, hasta ahora, lo más importante que ha ocurrido en el campo opositor en lo que va de año. De paso confirma que Rosales está corriendo, puesto que habla de integrar «los tres comandos de campaña». (Este punto, por cierto, había sido levantado por el Grupo La Colina, en un análisis de las avenidas para seleccionar el candidato unitario que no favorecía el método de primarias, precisamente porque haría imposible la integración de los comandos).
En estimación de esta publicación, existe un protocolo secreto que forma parte del acuerdo BPR, y que éste incluye la convicción de que Rosales no debe ser el candidato. Si esto es así, el plomo en el ala que más de una vez se ha mencionado acá como vulnerador de una candidatura del gobernador zuliano—su cohonestación de la inconstitucionalidad de Carmona Estanga—sería en gran medida neutralizado. A fin de cuentas, y en todo caso, los peruanos perdonaron sus pecados a Alan García, ante la peligrosidad de la figura de Humala. Rosales habría pecado y no se ha arrepentido, pero son mucho peores los pecados de Chávez, y éste es incapaz de arrepentimiento.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Jun 1, 2006 | Cartas, Política |
¿Ha significado el gobierno de Hugo Chávez un progreso real para los venezolanos menos dotados de recursos y oportunidades?
A juzgar por las muy confiables y serias mediciones de Datos (Encuesta Pulso Nacional), hay progreso evidente. En reciente presentación a VenAmCham—cuyo actual Presidente es Edmond Saade, también Presidente de Datos—se reporta la mejoría apuntada: más de la mitad de los venezolanos está satisfecha de su «situación actual de bienestar». Para el año 2000, sólo 21% de los venezolanos manifestaba que su situación personal había mejorado o era igual de buena con respecto al previo ejercicio. A las alturas de 2005 este indicador había subido a 45%, nivel en el que se ha mantenido durante el primer trimestre de 2006.
Estas son cifras generales; si se indaga por esta dinámica en los sectores D y E, se mide un progreso del ingreso real por hogar. Entre 2003 y 2006 este incremento es de 137% para el Nivel E. (En bolívares corrientes ha pasado de Bs. 286.022 a Bs. 680.419 mensuales). La clase D experimentó en el mismo lapso una mejoría de sólo 17%, mientras que la clase C menos (clase media baja) progresó en 31%. Conclusión oficial de Datos: «Hay una clara mejoría en el nivel de ingreso por hogar de los venezolanos, especialmente en quienes representan la mayoría del país». (Datos reporta la siguiente composición poblacional: Nivel socioeconómico ABC+, 4%; Nivel C-, 15%; Nivel D, 23%; Nivel E, 58%).
Naturalmente, también señala la encuestadora déficits en varios renglones: el progreso ocurre en «alimentación y cierta ampliación en los servicios de salud y educación». Rubros como vivienda, seguridad y empleo—a pesar de una mejora en la composición de éste: entre 2003 y 2004 el empleo formal, según cifras que Datos toma del Instituto Nacional de Estadísticas, habría pasado de 47% a 53%—no satisfacen las expectativas de la mayoría. Pero en términos generales la gente ubicada en los niveles más bajos está económicamente mejor que antes. Si sumamos a esto que también hay una mejora en el reconocimiento social de clases antes muy diferidas o poco tomadas en cuenta ¿qué razones puede ofrecerse al 81% de los electores (niveles D y E) para cambiar de gobierno?
Un simple cálculo nos permite estimar a qué se enfrenta quien quiera arrebatarle a Hugo Chávez la Presidencia de la República. Supongamos que la mejora del ingreso mensual en la clase E (prácticamente cuatrocientos mil bolívares: Bs. 394.397) comenzara a producirse ahora. Entonces por el próximo año los hogares de 58% de la población recibirían un total de unos catorce billones de bolívares, o un poco más de seis mil millones de dólares. (El presupuesto nominal de 2006, por comparar, es de 85 billones). Esto es una descomunal transferencia a favor de los más necesitados, que ni siquiera toma en cuenta los componentes de ahorro (principalmente Mercal) y los no monetarios de las misiones, las gigantescas transferencias del Ministerio de Educación y las restantes avenidas que llevan recursos públicos a la población. Una avalancha real, efectiva, existente de tal magnitud, no puede ser emulada por la promesa de «un fondo autónomo con una parte del ingreso petrolero para la distribución del ‘cesta ticket petrolero’, mediante el cual se ayudará a las familias a superar su condición de pobreza y a sufragar parte de los gastos en educación, salud, alimentación y arreglo de vivienda». (Proposición estelar de la oferta programática de Teodoro Petkoff).
………
Hasta los momentos se conoce varios esbozos programáticos de parte de unos pocos entre los pre-candidatos presidenciales. (No hay todavía, por supuesto, ningún candidato inscrito ante el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera el propio Chávez). Son las proposiciones de Roberto Smith, Julio Borges, Cecilia Sosa y Teodoro Petkoff. La que parece ser la más articulada y pensada de las fórmulas es la de Petkoff. (Puede leérsela completa en www.conteo2006.com).
Smith tiene indudables aciertos de percepción. Por ejemplo, su rechazo a la fórmula de las elecciones primarias pretendidas por Súmate se debe a que las percibe, correctamente, como un evento para obtener un candidato único «de oposición», y Smith no quiere entenderse como tal, sino como un candidato «de proposición». A partir de su «proposición», comoquiera que es distinta y en consecuencia opuesta a los designios de Chávez, lo de oposición le vendría por añadidura, pero no porque en el origen haya justificado su presencia política como mera oposición.
El problema con Smith es que luego no puede plenar con contenido suficiente el habitáculo que él mismo diseña. A partir de tan excelente distinción, su oferta se desgrana en eslóganes repetitivos—full empleo/delincuencia cero—y la venta de una marca—Venezuela de Primera—con resonancia clasista: una Venezuela que viaja en primera clase, que pertenezca al «Primer Mundo». Seguramente será capaz de mostrar un vistoso manojo de megaproyectos sugestivos, que sugieran que un presidente con cualidades de ejecutivo disciplinado y exitoso, como él, es justamente lo que se necesita. También, aun cuando declare no ser candidato de oposición actúa como uno, a juzgar por sus críticas duras y constantes, que van desde el derrumbe del Viaducto #1 hasta su calificación del Consejo Nacional Electoral, al que ha dirigido ataques que están muy cerca de los formulados por los abstencionistas más radicales. Es una lástima, pues, que un análisis formalmente correcto no pueda ser llenado con sustancia.
Pero Julio Borges pudiera muy bien salirse con la suya, pues una mutación terminológica le permite postular el siguiente eslogan, mucho más enfocado: Venezuela es primero. («Borges… anunció la realización de una extensa gira nacional, que llevaría el nombre ‘Primero Venezuela’—evocadora de Proyecto Venezuela— el que pareciera competir por una ‘marca’ con Venezuela de Primera de Roberto Smith…» Carta Semanal #171 de doctorpolítico, 5 de enero de 2006). En términos de contraste alude, naturalmente, al dispendio del gobierno de Chávez en sus objetivos de política exterior. (En el orden de 18 mil millones de dólares, o tres veces la transferencia a la clase E por incremento en el ingreso de los hogares. Si Chávez empleara el criterio adelantado por Borges, y usara los recursos con los que procura cuadrar alianzas—como la reciente con Bolivia, de $1.500 millones—en el alivio de los venezolanos menos favorecidos, el aumento del ingreso doméstico mensual sería de 1 millón 600 mil bolívares, en lugar de 400 mil bolívares).
De resto, la oferta conocida de Borges tiende a expresarse igualmente en eslóganes: justicia para todos, empleo para todos, oportunidades para todos, sin dejar de remachar la noción de que una nueva generación es la respuesta a los problemas venezolanos. A pesar de esto, la rectitud de ciertas posiciones de Borges, su constancia y su organización, parecieran posicionarle mejor para lo que pudiera ser el verdadero objetivo estratégico de una participación electoral no chavista: el establecimiento de una alternativa al gobierno, aunque no gane. Y si acá se previó que pudiera tener impacto una dupla de Petkoff como Presidente y Borges como Vicepresidente, lo recíproco tiene también sentido, pues entonces la experiencia de Petkoff apuntalaría a Borges como Rangel, mayor en edad que Chávez, le complementa y refuerza.
Ahora bien, una lectura de la oferta programática de Petkoff—esto es, del boceto contenido en la dirección de Internet antes mencionada—revela en éste una mayor articulación y un mayor pensamiento. En términos escuetos: Petkoff tiene el mejor programa al compararlo con los de Borges y Smith. Veamos qué contiene. (Esta carta prescindirá del análisis de la propuesta de Cecilia Sosa).
El documento en cuestión—»Teodoro, un candidato con propuestas»—está compuesto de cuatro partes, enfocadas por un lema de campaña: «Venezuela sin miedo», que inicia y cierra la exposición en tipografía destacada. La primera parte consiste en la enumeración de ocho «propuestas», a saber: 1. recuperar la convivencia entre los venezolanos, 2. hacer reformas avanzadas apegadas a la ley, 3. desterrar el miedo, 4. crear un clima de tolerancia política y cultural, 5. reducir la polarización, 6. buscar un gran acuerdo nacional para lograr justicia social, igualdad y mayor participación democrática, 7. arrancar de raíz las causas de la pobreza, que tienen su principal fuente en lo económico y, en particular, en el desempleo, 8. adelantar un plan de acciones contundentes para enfrentar los problemas de seguridad personal.
Resulta obvio que las propuestas 1, 3, 4, 5 y 8 tienen todas que ver con el lema contra el miedo. En este sentido son consistentes, pero también algo repetitivas. En todo caso, cinco de ocho proposiciones son formuladas en torno a lo que parece ser el tema central de la campaña y, como se trata tan sólo de un esbozo programático, necesitan desarrollo o explicación ulterior: ¿cómo, por ejemplo, se «destierra» el miedo? (¿Tal como se «reactiva la economía» o se «acaba con la corrupción», para mencionar dos formulaciones típicas del discurso político vacío?) Si lo del miedo se refiere al temor por la seguridad personal, amenazada por una delincuencia recrecida, el foco puede ser de anclaje universal. Si, en cambio, alude al miedo político ante la pugnacidad de Chávez y el resentimiento social expresado en la tensión entre clases sociales, esa promesa contra el miedo se vendería en las clases media y alta, que en cifras de Datos suman nada más que 19% de los pobladores.
Las otras tres propuestas son más problemáticas. Para comenzar, nadie puede responsablemente prometer que «arrancará de raíz» las causas de la pobreza, que «tienen que ver» con lo económico y el empleo. (¿No es el empleo algo económico?) Además, tal cosa se haría en seis años. Petkoff ha aclarado que de resultar electo no pretendería reelegirse para un segundo período.
Luego, lo del «gran acuerdo nacional» huele a «consenso-país», al «Pacto Social» de Lusinchi, al acuerdo nacional que han propugnado, en su oportunidad, Antonio Ledezma, Juan Liscano, Luis Raúl Matos Azócar (por mencionar tres nombres de una lista casi infinita), a los «encuentros de la sociedad civil» organizados por la Universidad Católica Andrés Bello en la primera mitad de los noventa… en fin, al que proponía José Tadeo Monagas. Es decir, una vez más se propone ir a la búsqueda de un mítico y nada original acuerdo, de contenido impreciso, indeterminado, y que por tanto no puede ser en sí mismo nada que se prometa, puesto que aún no existe. (Algo así como el «socialismo del siglo XXI» de Chávez, que hasta ahora no ha podido ser «inventado»).
Y es también típica la construcción de la restante «propuesta»: «hacer reformas avanzadas apegadas a la ley». («¿Con qué se come eso?», preguntaría Luis Miquilena). Se trata, más bien, de una seudoproposición: por su forma parece ser una proposición, pero no lo es. La manera de determinar esta condición es simple: basta construir la proposición contraria, lo que tendríamos que defender en caso de que quisiéramos oponernos. Así tendríamos que promover: «hacer reformas atrasadas desapegadas de la ley» ¿Es que habría quien quisiera proponer tal desatino? Aquella proposición, por tanto, en ausencia de mayor desarrollo, no pasa de ser un titular sin noticia, una formulación semánticamente vacía.
La segunda parte del esquema programático de Petkoff contiene su desahucio de Chávez, amén del eslogan secundario, repetido, por técnica de remache publicitario, en muchas de las emisiones del candidato. Ese otro lema es: «Esto no puede seguir así». (Conceptualmente, de la misma familia que el «¿Dónde están los reales?» de la campaña de Luis Herrera Campíns en 1978). El caso del fiscal Petkoff contra el reo Chávez comprende las siguientes imputaciones (todas compartidas por esta publicación, aunque las considera incompletas): el actual gobierno irrespeta permanentemente a los venezolanos, se burla de la Constitución y las leyes, no busca soluciones concertadas a los problemas, toma medidas ilegítimas e inestables, ha creado una gran conflictividad política. Todas valen, pero son causales de deslegitimación del actual gobernante, no de legitimación de ninguno de sus contrarios.
La tercera y cuarta parte arrancan con una formulación análoga, asemejadas adrede para efectos pedagógicos. Se trata de la «deuda social» y—el término más novedoso—la «deuda democrática» que tendría «el país» con «la mayoría de los venezolanos». (Aparentemente, «el país» tiene una deuda con «la mayoría» del país. Esta desatenta construcción recuerda aquella fórmula del—¿abortado?—»Movimiento 4 de diciembre» auspiciado por Marcel Granier, Oscar García Mendoza, Oswaldo Álvarez Paz, Antonio Sánchez García, etcétera: «Un mandato del país a la Nación». Es decir, el país mandándose a sí mismo).
Para saldar la deuda social Petkoff «se compromete» a:
1. adelantar una clara y estable política económica que estimule la inversión nacional y extranjera, que genere empleos. (Pruébese a defender esta fórmula alterna: adelantar una opaca e inestable política económica que desestimule la inversión nacional y extranjera, que reduzca el empleo).
2. expansión y diversificación de la industria petrolera aguas abajo para la producción de una gran diversidad de productos diferentes a la gasolina. (La muy trillada—no por eso incorrecta—aspiración o vocación petroquímica nacional. De la época del primer gobierno del antiguo jefe de Petkoff, Rafael Caldera, data el gran «Plan Petroquímico Nacional», en una decena de tomos, que jamás fue llevado a la práctica, tal vez por una combinación de enjundiosidad con rigidez).
3. estimular la reactivación de gran cantidad de industrias paralizadas, con especial énfasis en la industria metalmecánica y manufacturera. (Concepto de «Segunda Ola» con foco industrial. Mención cero de actividades de «Tercera Ola» en nuevas tecnologías).
4. desarrollo intenso del turismo aprovechando los recursos naturales del país. (De nuevo, la evocación del Dorado turístico que reiteramos desde la Conahotu de Pérez Jiménez. «Pertenece a la esencia de una proposición que sea capaz de comunicarnos un nuevo sentido». Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Proposición 4.027).
5. reactivar la agricultura con reformas en el marco de la Ley. (La agricultura está desactivada, así que la voy a reactivar. Dice el médico a quien le consulta porque se siente mal y quiere curarse: «Usted está enfermo: la solución es que sane». Y legalmente).
6. desarrollo inmediato de un gran plan de obras públicas para mejorar la vialidad, escuelas, servicios de salud y viviendas. (Muy bien).
7. crear un fondo autónomo con una parte del ingreso petrolero para la distribución del «cesta ticket petrolero», mediante el cual se ayudará a las familias a superar su condición de pobreza y a sufragar parte de los gastos en educación, salud, alimentación y arreglo de vivienda. (Es decir, un nombre nuevo—no «misiones», claro—para un tratamiento de subsidios, mas sin radicalidad. Lo claro, lo profundo sería intentar un ejercicio de devolution. Heredamos del derecho español colonial el principio de que las riquezas del subsuelo pertenecen a la Corona, por las que debe percibir «regalías», que se llaman así precisamente porque se pagan al rey. Pero desde la Revolución Francesa las repúblicas reconocen que la Corona ha sido suplantada por el Pueblo. Es al Pueblo, por tanto, a quien se debe pagar las regalías petroleras, no al Estado, pues sólo Luis XIV—L’État c’est moi—confundiría Estado y Corona. Esta es noción de la que no reivindico paternidad alguna, pues nunca la entreví antes de aprenderla de Julio Juvenal Camero).
En cuanto a la «deuda democrática», son ocho los compromisos asumidos por Petkoff:
1. acabar con el autoritarismo, la autocracia, el militarismo y la corrupción. (Tal vez pueda prometer las tres primeras cosas. La experiencia venezolana—y la rusa, la ucraniana, la japonesa, la europea en general, la norteamericana, etc.—es que la corrupción es de dificilísima, más bien imposible, erradicación. Seguramente puede atenuársele, pero nadie debiera prometer deliberadamente que la llevará a cero).
2. separar los poderes públicos y asegurar su eficacia e independencia. (Muy bien. Pero un presidente sólo puede prometer eficacia por el Ejecutivo. Si lo hace por los demás poderes éstos ya no serían tan independientes).
3. relanzar la descentralización administrativa. (Decía Stafford Beer—Platform for Change, Wiley, 1975—que la oposición de centralización y descentralización es en gran medida un falso dilema, pues la observación de cualquier organismo biológico viable revela en él la feliz coexistencia de procesos enteramente descentralizados y procesos altamente centralizados. La promesa genérica de descentralización es una proposición difusa, borrosa).
4. estimular la creación de nuevas formas de organización popular autónomas. (Muy bien. Serán entonces los «círculos venezolanos» en lugar de los «círculos bolivarianos», o algo así. La generalización de las asambleas de ciudadanos. Muy bien).
5. asegurar que la Fuerza Armada sea una institución del Estado sin parcialidad política o personal. (Magnífico).
6. promover el restablecimiento (corrección del original, que dice «promover el restableciendo») de la representación en los órganos colectivos (¿?) y el financiamiento público de los partidos políticos. (En esto último contaría con el apoyo del PPT, que anda buscando esos churupos).
7. facilitar la existencia de un CNE confiable, neutral e idóneo. (Muy encomiable).
8. consultar a los venezolanos para cambiar el actual régimen presidencialista, por un régimen parlamentarista, que minimice los riesgos de crisis políticas. (Interesante proposición. Requiere una reforma constitucional, que Petkoff sometería, como está previsto constitucionalmente, a referendo. Es obvio que el asunto es discutible, pues al igual de cualquier otro tratamiento público, en este caso de carácter estructural y funcional, se puede enumerar tanto pros como contras).
………
Ése es el mejor de los programas expuestos hasta ahora. No en balde algunos hablan de un «ambiente de frustración» en las filas opositoras. Si a esta inanidad se suma lo registrado por las encuestas—IVAD mide 62% de reciente intención de voto por Chávez—tal desazón es explicable, como lo sería un recrudecimiento del abstencionismo, una repopularización del récipe de una «crisis de gobernabilidad» y del golpismo y la invasión.
Pero los programas pueden ser, todavía a estas alturas, sustituidos. Es posible hacer mucho mejor las cosas. Entretanto declara Francisco Layrisse—Jefe del Comando de Campaña—a Tal Cual (el periódico que dirige Petkoff lo escribe «Layrisi») que se continuará el amorochamiento con Borges (estupendo) y con Rosales (horror; con el cohonestador más destacado del «carmonazo»): «¿Cree que el G-3 seguirá unido? —Hay toda la intención. Petkoff, Rosales y Borges han trabajado por un proyecto de unidad, para un gran acuerdo de gobernabilidad». De hecho, se le pregunta cuál debiera ser el candidato para 2012 y no vacila en responder: «Sería Rosales o Borges». No está mal haber acertado en un cincuenta por ciento.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 27, 2006 | Cartas, Política |
Ocurrió en una estación de tren en Moscú de la época de Stalin. Dos amigos, Ilya y Mikhail, se encuentran en un andén a la espera de un tren que partirá hacia el sur. Luego de los saludos acostumbrados uno pregunta: «Dime, Ilyia, ¿adónde vas?» E Ilyia contestó: «Pues, Mikhail, voy a Kiev». Entonces Mikhail se quedó pensando: «Ilyia me dice que va a Kiev para que yo piense que va a Vladivostok. Entonces debe ir a Kiev».
Ese chiste, leído alguna vez en un viejo ejemplar de Selecciones del Reader’s Digest, merececería el rango de fábula, en razón de su esencia pedagógica. Lo que le falta para ser fábula es tan sólo una moraleja: «Después de todo, la mejor cura contra la suspicacia es creer lo que nos dicen». Vamos a tomar al pie de la letra, sobre todo porque el lenguaje gestual confirmaba la sinceridad de la aserción, dos frases reales del pasado reciente, hace nada; esto es, dos afirmaciones proferidas realmente por dos destacadas personas de nuestra realidad política. Una, la que trataré de segunda, dice así: «Pues eso es exactamente lo que estamos buscando». La primera, que comentaré a continuación, sostiene lo siguiente: «El pueblo lo que quiere que un candidato le diga es qué va a hacer con el país».
No es la primera vez que se emplea una expresión como la última. En un viejo modelo político los caciques mandan, los héroes matan dragones, pero no tienen que pensar en la solución a los problemas públicos. De eso deben ocuparse, subordinados siempre a quienes mandan, los sabios que encuentran los significados y los brujos que producen menjurjes y encantamientos. Profesionales que encuentren soluciones. El modelo, el arquetipo, el paradigma en el viejo sentido de ejemplo, prescribe a quien detente o quiera detentar el mando el papel y el carácter de un combatiente. No en vano las imágenes con las que los actores políticos convencionales hacen autoreferencia tienden a ser las de «combatiente» o «luchador» político o social, y se refieren a la «arena» y a la «lucha» políticas y a los procesos de «vencer» y «derrotar».
Y piensan ellos, así como la mayoría de nosotros, que su papel consiste en «mandar». No en mandar a secas, lo que pudiese ser moderado si se restringiera al mando sobre los órganos ejecutivos del Estado, sino que se entiende como mandando sobre la Nación. Un candidato que en la campaña de 1998 declaró con la mayor frescura desconocer cuál era el modelo político que necesitaba Venezuela se refirió, en un conocido programa de televisión, a quienes pretendan «gobernar sobre un país». (Como él pretendía). Y esta idea de que se gobierna sobre un país es, con seguridad, algo que debe ser cambiado, justamente, en un nuevo modelo político para Venezuela y, si a ver vamos, para cualquier país. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.
O se dice que necesitamos alguien que sepa manejar el país, o hacer algo con el país. Un presidente no debe hacer nada con el país. Los países tienen la mala costumbre de hacerse a sí mismos, muchas veces a pesar de sus gobiernos e incluso contra ellos. Los candidatos a presidente, a lo sumo, pueden tratar de explicar qué harían desde la jefatura del Poder Ejecutivo Nacional, que es lo que les sale. Debieran explicar cómo pondrían el aparato ejecutivo del Estado al mejor servicio de la ciudadanía, jamás a mandarla. Punto.
………
En cambio, la segunda frase requiere se la muestre en la secuencia que precedió a su elocución. Fue empleada por persona conferencista, ante auditorio al que quería convencer de la bondad de unas elecciones primarias para escoger un candidato único de oposición.
La conferencia se inició asentando como premisa—según se dijo suprema—de todo el asunto, la absoluta seguridad en que el actual titular del cargo presidencial no cree en la alternabilidad democrática y, por tanto…
No se dijo más nada. La premisa no fue más comentada ni expandida durante toda la exposición, aunque proyectó su sombra sobre todo el resto de lo argumentado.
Luego se describió a grandes rasgos el mecanismo de primarias y se rebatió, de forma persuasiva, los inconvenientes que usualmente se oponen a la idea de las mismas. Lo que más se enfatizó, sin embargo, fue la exigencia de que el candidato más votado tendría que convertirse en el sumo adalid de la lucha por condiciones electorales confiables, y retirarse de las elecciones, no con 5% en las encuestas, sino con 40% gracias a las primarias, lo que es preferible y sí «tendría impacto», en caso de «ser necesario».
Fue luego de todo eso que se suscitó una ronda de intervenciones de algunos asistentes. Uno de ellos argumentó que el gobierno no es demócrata y por tanto jamás sería derrotable por vía electoral, razón por la cual «lo que había que hacer» era crear, mediante el retiro de la candidatura, una «crisis de gobernabilidad» que pudiera ser aprovechada por otros factores de poder que acabaran con el régimen. Entonces quien ofreciera la conferencia se dirigió al ponente de la receta descrita para decirle: «Pues mira, eso es exactamente lo que estamos buscando».
Al suscrito no le convence el argumento de que unas elecciones primarias destruirían la ansiada unidad, pues generarían heridas que sería difícil sanar a tiempo. No son necesarias unas primarias para la práctica de un tal canibalismo, y hasta pudieran ellas regular o moderar una urbanidad de combate. Claro que—Mikhail hablando a Ilya o al revés—agresiones extraprimarias pudieran ser sembradas por quienes las propugnan, precisamente para reforzar esta réplica con ejemplos reales y concretos.
Las primarias, definitivamente, permitirían que los electores participaran en la decisión de escogencia del candidato. Serían, es obvio, más democráticas. Pero si se las quiere emplear, en diabólica, insincera y arrogante manipulación, para entusiasmar a muchos electores en una candidatura cuya misión, sin que los ciudadanos lo sepan, es retirarse para generar problemas de gobernabilidad al gobierno y ejecutar después alzamientos o intervenciones extranjeras, entonces debemos rechazarlas con el mayor denuedo. Ya se nos llevó una vez, como corderos, al riesgo de la muerte el 11 de abril de 2002, mientras una necia conspiración se aseguraba de capitalizar para una autocracia que jamás fue escogida en primarias, el beneficio del sacrificio.
No olvidemos que un articulista—¿un seudónimo?—escribió, mientras denostaba de un candidato—justo lo contrario de lo que se dice querer evitar—que lo que procede es crear: «una gigantesca crisis de gobernabilidad que empuje definitivamente a Chávez a su propio abismo. De Miraflores al infierno… dadas las condiciones internacionales y el endurecimiento de las posturas del Pentágono hacia Caracas, una profunda crisis interna con el aislamiento internacional y la dureza de los Estados Unidos, el futuro para Chávez, para Castro y sendas ‘revoluciones’ sería de pronóstico reservado». Hay quienes celebran, en nuestro seno, que los militares norteamericanos se endurezcan.
LEA
________________________________________________________
por Luis Enrique Alcalá | Abr 20, 2006 | Cartas, Política |
Una de las recetas «políticas» más persistentes, favorita entre quienes pretenden ser entendidos como los más valientes patriotas que Venezuela haya tenido, se presenta en varias versiones. Una de las más vulgares reza: «No debemos pisarnos la manguera entre bomberos».
Se trata del rechazo que en ciertas cabezas encuentra cualquier crítica que se haga a ciertos planteamientos de la dirigencia opositora, por el mero hecho de que se trata de gente que combate al actual régimen. «No debemos atacarnos entre nosotros mismos». Así, no se debe criticar las ejecutorias políticas de Pedro Carmona Estanga, o la conducción estratégica de la campaña revocatoria por parte de la extinta Coordinadora Democrática.
En la mayoría de los casos la prescripción parece contener una gran dosis de sentido común. Si hay base para presumir que la desunión puede conducir a la derrota, entonces parece suicida e irresponsable la crítica de «nosotros mismos». Tan claro como el récipe dominocístico—falso, por lo demás—de no trancar una mano segura. (Si se tiene seguridad de que se ganará la tranca debe trancarse, aun cuando sin ello se gane también, pues se evita la pérdida de puntos, como sabe cualquier buen jugador de dominó).
Pero ¿qué pasa si lo que se critica es precisamente la aparente sabiduría de una estrategia estúpida? En retrospectiva ¿no hubiera sido mejor que la crítica a la idea del paro de hace tres años se hubiera dejado sentir con más fuerza, si hubiera terminado por imponerse?
En cambio, quienes se opusieron a tan demencial estrategia—excusa petrolera: «Chávez quería fregarnos en año y medio; nosotros le obligamos a quitarse la carreta y derrotarnos en tres meses»—fueron tenidos por poco menos que traidores o cobardes, aun cuando a pesar de su crítica sumaran su concurso final a una aventura que sabían condenada al fracaso.
Por otra parte, si debiera aplicarse a rajatabla la receta de «no atacarnos», dado que la «dirigencia opositora» no es precisamente unánime en cuanto a sus prescripciones, ¿cómo pudiera llegarse a una evaluación coherente? Por ejemplo, entre los dirigentes opositores hay hoy divergencia de opiniones respecto de las bondades de unas elecciones primarias para determinar una candidatura única de oposición. ¿Cómo hacer para tomar partido por una de las posturas opuestas sin «atacarnos a nosotros mismos»?
Hay quienes, además, emplean la excusa de la manguera para otra cosa distinta que preservar una unidad que no resiste la revisión: la usan para tapar su incompetencia. «Lo que tenemos es malo, tal vez lleno de defectos, pero es lo que tenemos».
No reaccionan como debiera hacerlo la gente responsable: «¿Encontraron un defecto? Gracias por decírnoslo. Vamos a corregirlo». Por lo contrario, la condenación se proyecta de quien lo hace mal a quien se lo señala. Se trata de una de las formas que reviste aquella vieja «solución» de matar al mensajero.
………
Dentro de un esquema de Realpolitik, por supuesto, el debate sobre líneas o posturas, sobre políticas concretas, se traslada comúnmente al ataque personal. Es allí donde la crítica se convierte en corrosivo ácido de utilidad nula o negativa. En una política madura la descalificación de un adversario no debiera tenerse como legitimación suficiente de quien lo ataca. En una política seria debiera señalarse, no tanto la negatividad de algún actor político, sino más bien la insuficiencia de su positividad.
Más aún, si nos decimos demócratas ¿a qué viene quejarse de la diversidad de opiniones cuando la democracia debe caracterizarse, precisamente, por la tolerancia a esa variedad?
Pero es que quienes señalan con mayor insistencia que no debemos criticarnos «entre nosotros», con marcada frecuencia son quienes pretenden que se siga como santa palabra estratégica lo que formulan como proposiciones—que no debemos atacar—y, más allá de eso, quienes por mampuesto ejercen la maledicencia calculada.
Tomemos el caso de un artículo de Carlos Gutiérrez F.—un articulista que, como Antonio Sánchez García y, en menor medida, Emeterio Gómez, han considerado su deber emprenderla con ataques descalificadores de la persona de Teodoro Petkoff—en el que se sostiene, sin apelación a ninguna fuente seria, que Petkoff, luego de asistir a la toma de posesión de la presidenta Bachelet, viajó secretamente a Cuba para acordar con Fidel Castro una estrategia política general de participación electoral que legitime a Chávez. (Al artículo en cuestión—Teodoro en La Habana, Noticiero Digital—le basta exponer que sus «fuentes» son «Informantes uniformados con acceso a esos sofisticados implementos de navegación y seguimiento a rutas clandestinas» y, de nuevo y un poco más adelante, «fuentes uniformadas de la más alta credibilidad vinculados a los aparatos de contrainteligencia de la oposición dura». Es decir, militares con un estilo de actuación, se sugiere, como el de los generales González González y Poggioli, o el del contralmirante Molina Tamayo).
Tan fantástica construcción se distribuye ahora profusamente por correos electrónicos. Lo recibimos primero de un corresponsal que advierte: «La información contenida la remito tal como me llegó, sin ninguna confirmación por otra fuente independiente. Pero, el texto es preocupante bien sea cierto o no». (!) Al indicarle que esa clase de «información» no debía ser difundida sin verificarla, tal como claramente admitía no haber hecho, quiso justificarla porque Petkoff no habría estado presente en los «momentos cruciales» de la lucha contra Chávez, como el 12 de abril de 2002, ni apoyó el estúpido paro de 2002-2003 y, por si fuera poco, sí habría estado entre «los primeros en reconocer el triunfo de Chávez en agosto de 2004». Esto es, uno de los diseminadores de la patraña habría preferido que Petkoff aplaudiera el «carmonazo», aupado el paro suicida y se sumara al coro de irresponsables e incompetentes «líderes» que vocearon la tesis del fraude en el revocatorio del 15 de agosto de 2004. Se atreve, además, a valorar estas posturas como un «flanco débil» de Petkoff.
Otros difusores no son tan militantes, y disimulan algo mejor su papel de distribuidores de una infamia. Uno de ellos escribió a su lista de corresponsales, entre quienes me encuentro: «Recibí hoy este artículo. ¿Tienes algún comentario?» Pero el articulista mismo deja entrever claramente que concurre con una noción peregrina y necia, al sugerir que el «pacto» Petkoff-Castro buscaría impedir «una gigantesca crisis de gobernabilidad que empuje definitivamente a Chávez a su propio abismo. De Miraflores al infierno. Puesto que José Vicente Rangel perdió toda credibilidad, el asunto debe ser manejado al más alto nivel vía La Habana. Y dadas las condiciones internacionales y el endurecimiento de las posturas del Pentágono hacia Caracas, una profunda crisis interna con el aislamiento internacional y la dureza de los Estados Unidos, el futuro para Chávez, para Castro y sendas ‘revoluciones’ sería de pronóstico reservado».
Una vez más, la estupidez política, de la que Bárbara Tuchman hiciera un retrato tan convincente en La marcha de la insensatez (The March of Folly). No muere, pues, la fórmula que quiere impulsar una alternativa política de derecha, con elecciones primarias y todo, que a última hora se retire de las elecciones del próximo 3 de diciembre, para asestar un golpe «mortal» al régimen de Chávez, cuya súbita deslegitimación, en medio de una supuestamente gigantesca «crisis de gobernabilidad», sería aprovechada, como vemos, por un Pentágono endurecido. Más de una vez hemos escuchado la increíble admonición de que los venezolanos no debiéramos tener escrúpulos ante una invasión norteamericana, puesto que los franceses no los tuvieron ante el desembarco en Normandía en 1944, cuando Hitler todavía les dominaba.
Quien se oponga a tamaña insensatez debe ser destruido, y aquí ya no se escuchan las voces que claman diciendo que no debemos «atacarnos a nosotros mismos». Para este fin es muy buena la Internet. Basta repartir a los cuatro vientos digitales cualquier calumnia. Claro, advirtiendo que la «información» contenida en los mensajes «no nos consta».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 13, 2006 | Cartas, Política |
Las ofertas provenientes de los actores políticos tradicionales son insuficientes porque se producen dentro de una obsoleta conceptualización de lo político. En el fondo de la incompetencia de los actores políticos tradicionales está su manera de entender el negocio político. Son puntos de vista que subyacen, paradójicamente, a las distintas opciones doctrinarias en pugna. Es la sustitución de esas concepciones por otras más acordes con la realidad de las cosas lo primero que es necesario, pues las políticas que se desprenden del uso de tales marcos conceptuales son políticas destinadas a aplicarse sobre un objeto que ya no está allí, sobre una sociedad que ya no existe.
Tal vez el mito político más generalizado y penetrante sea el mito de la igualdad. Hay diferencia entre las versiones, pero en general ese mito es compartido por las cuatro principales ideologías del espectro político de la época industrial: el marxismo ortodoxo, la socialdemocracia, el social-cristianismo y el liberalismo. Sea que se postule como una condición originaria—como en el liberalismo—o que se vislumbre como utopía final—como en el marxismo—la igualdad del grupo humano es postulada como descripción básica en las ideologías de los distintos actores políticos tradicionales. El estado actual de los hombres no es ése, por supuesto, como jamás lo ha sido y nunca lo será. Tal condición de desigualdad se reconoce, pero se supone que minimizando al Estado es posible aproximarse a un mítico estado original del hombre, o, por lo contrario, se supone que la absolutización del poder del Estado como paso necesario a la construcción de la utopía igualitaria, hará posible llegar a la igualdad. (Entre estos polos procedimentales extremos se desenvuelven corrientes de postura intermedia, como la socialdemocracia y el socialcristianismo.) Entretanto, se concibe usualmente a la obvia desigualdad como organizada dicotómicamente. Así, por ejemplo, se comprende a la realidad política como si estuviese compuesta por un conjunto de los honestos y un conjunto de los corruptos, por un conjunto de los poseedores y un conjunto de los desposeídos, un conjunto de los reaccionarios y uno de los revolucionarios, etcétera.
La realidad social no es así. Tómese, para el caso, la distinción entre «honestos» y «corruptos» que parece tan crucial a la actual problemática de corrupción administrativa. Si se piensa en la distribución real de la «honestidad»—o, menos abstractamente, en la conducta promedio de los hombres referida a un eje que va de la deshonestidad máxima a la honestidad máxima—es fácil constatar que no se trata de que existan dos grupos nítidamente distinguibles. Toda sociedad lo suficientemente grande tiende a ostentar una distribución que la ciencia estadística conoce como distribución normal de lo que se llama corrientemente «las cualidades morales»: en esa sociedad habrá, naturalmente, pocos héroes y pocos santos, como habrá también pocos felones, y en medio de esos extremos la gran masa de personas cuya conducta se aleja tanto de la heroicidad como de la felonía.
Si no se entiende las cosas de ese modo la política pública se diseña entonces para un objeto social inexistente. Y esto es lo usual, pues nuestra legislación típica incluye un sesgo hacia una descripción angélica de los grupos humanos—la famosa «comunidad de profesores y estudiantes en busca de la verdad» de nuestra legislación universitaria, por ejemplo—o bien hacia el polo contrario de una legislación que supone la generalizada existencia de una propensión a delinquir, como es el caso de la legislación electoral o del instrumento orgánico de «salvaguarda del patrimonio público».
Es necesario entonces que esa óptica dicotómica e igualitarista sea suplantada por un punto de vista que reconoce lo que es una distribución normal de los grupos humanos. Por ejemplo, la distribución teóricamente «correcta» de las rentas, de adoptarse un principio meritológico, sería también la expresada por una curva de «distribución normal», dado que en virtud de lo anteriormente anotado sobre la distribución de la heroicidad y en virtud de la distribución observable de las capacidades humanas—inteligencia, talentos especiales, facultades físicas, etc.—los esfuerzos humanos adoptarán asimismo una configuración de curva normal.
Esta concepción que parece tan poco misteriosa y natural contiene, sin embargo, implicaciones muy importantes. Para comenzar, en relación con discusiones tales como la de la distribución de las riquezas, nos muestra que no hay algo intrínsecamente malo en la existencia de personas que perciban elevadas rentas, o que esto en principio se deba impedir por el solo hecho de que el resto de la población no las perciba. Por otra parte, también implica esa concepción que las operaciones factibles sobre la distribución de la renta en una sociedad tendrían como límite óptimo la de una «normalización», en el sentido de que, si a esa distribución de la renta se la hiciera corresponder con una distribución de esfuerzos o de aportes, las características propias de los grupos humanos harían que esa distribución fuese una curva normal y no una distribución igualitaria, independientemente de si esa igualación fuese planteada hacia «arriba» o hacia «abajo».
No es la normalización de una sociedad una tarea pequeña. La actual distribución de la riqueza en Venezuela dista mucho de parecerse a una curva normal y es importante políticamente, al igual que correspondiente a cualquier noción o valor de justicia social que se sustente, que ese estado de cosas sea modificado. Pero la tarea es la de obtener la normalización, no la de establecer primitivas políticas a lo Robin Hood.
Otra conclusión, finalmente, que se desprende del concepto de sociedad normal, es que el progreso posible de una sociedad es el progreso que desplaza a la curva normal como conjunto en una dirección positiva, y no el de intentar el igualamiento de la distribución por modificación en la forma de la curva. Si bien es posible que todos progresen, los esfuerzos que lleven una intencionalidad igualitaria están condenados al fracaso por constituir operaciones tan imposibles como las de construir un móvil perpetuo. Tan imposible como hacer que una población esté compuesta por genios, es lograr que sea toda de idiotas. Tan imposible como hacer que toda sea una población de santos es obtener que sea íntegramente conformada por delincuentes, y, por tanto, en una sociedad económicamente justa, no podrá ser que todos sus habitantes sean ricos o que todos sus habitantes sean pobres.
Libros enteros han sido escritos sobre lo que se ha denominado «el problema social moderno» o «cuestión social». En su esencia, lo que se entiende en esa literatura por tal expresión es el problema de la adjudicación de la renta entre empresarios y obreros, o entre capitalistas y proletarios, según otra terminología. Definido así hacia la segunda mitad del siglo XIX, este problema social que ya no podemos llamar moderno se asocia a la cuestión de la propiedad de los medios de producción, estableciendo un eje en el que se acomodan y determinan las ideologías correspondientes a los actores políticos tradicionales y que también se conoce como el eje «derecha-izquierda». Es un eje que sirve para que, en una descripción mecanicista de las cosas, se pueda concebir la existencia de «espacios políticos» que serían ocupados por los actores políticos que esa misma vieja concepción llama «fuerzas»»
Como se sabe, de «izquierda» a «derecha» se disponen por orden el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el liberalismo. Hoy en día, a pesar de que la sociedad moderna es mucho más compleja que esa sociedad industrial del siglo pasado que dio origen a la noción de que ésa es «la cuestión social», los actores políticos tradicionales continúan entendiendo que el principal y más básico problema político es el de determinar los mecanismos para la distribución de la renta entre «los dos lados» de una actividad industrial.
Pero de hecho la sociedad que hoy exige ser gobernada ya no responde a tan simplista descripción, y la dicotomía capitalista-proletario ha sido reemplazada por una gama mucho más variada de roles y agrupaciones sociales. Por otra parte, estamos asistiendo a la irrupción de la nueva era informática, la que ha trastocado los supuestos básicos de la organización social decimonónica. Existen bastantes más de un «problema social moderno», pero si hubiese que destacar uno como más importante habría que pronunciarse por el crucial problema de conciliar el reino del conocimiento con el reino del poder.
La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de ciertos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioingeniería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible.
Esa es la verdadera oportunidad social moderna. Lo tecnológico abre caminos a una mayor libertad y a una mayor democracia. Hay ahora los primeros atisbos de una gran tecnología a escala y uso de la persona. Pero es una tecnología cuyo empleo roba sentido a las tradicionales dicotomías y cambia el contenido de los roles sociales. Una concepción política que todavía sólo acierta a discernir entre obreros (poder sindical) y empresarios (poder capital) a la hora de concebir los actores de un «pacto social», no es capaz de aprovechar esa novísima y trascendente oportunidad. En el fondo, los actores políticos tradicionales entienden el mundo como dividido en dos clases de corte: aquél que les separa a ellos, únicos integrantes del «país político», de un «país nacional» o «sociedad civil» que a su vez es cortada por la distinción social obsoleta que agota a una nación en las imágenes del empresario y del obrero. Esa distinción, conveniente a un autodenominado «país político» que justifica su existencia como el árbitro de esa disputa y que por eso hasta cierto punto la estimula, es una distinción que ya no tiene sentido.
Para aprovechar la oportunidad social moderna es necesario tener la flexibilidad de conciliar las futuras «formas económicas de cooperación» que se darán, como lo desea en Venezuela la más izquierdista de las proposiciones tradicionales, con la realidad de que esas nuevas formas se están dando en el mundo por la ruta de la libre iniciativa y la libre asociación.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Abr 6, 2006 | Cartas, Política |
El Grupo La Colina no tiene que ver con la urbanización La Colina de Los Caobos. Me habría gustado, sentimentalmente, que así fuera; no por la planta televisora famosa, sino porque fue mi colegio de niñez y primera juventud el de La Salle de La Colina. En cambio, toma su denominación del hecho de reunirse en los predios de «La Colina Creativa», un conglomerado de oficinas incluido en zona rental del campus de la Universidad Metropolitana. Un conjunto de profesionales, los más de ellos egresados de la Universidad Simón Bolívar, se ha constituido en grupo de análisis que escudriña nuestro proceso político con el fin de, no convertirse ellos mismos en políticos actuantes, sino de actuar como analistas e inventores que ponen su trabajo a la orden de políticos.
Uno de los miembros del Grupo La Colina, Leopoldo González, fue quien fuera inscrito por Primero Justicia como «técnico» suyo para la auditoría técnica a las máquinas de votación de Smartmatic. En ese carácter—su propio grupo no es reconocido como actor certificado por el Consejo Nacional Electoral—González encontró a través de su examen experto que después de todo las famosas máquinas electorales guardaban en su memoria la secuencia de votos, de modo que era posible en principio violar el secreto del sufragio, al cotejar esa secuencia con el orden de identificación de los votantes que proviene de las llamadas «captahuellas», en las que cada elector que acudiera a votar debía registrar su huella digital para demostrar su condición de votante inscrito en el Registro Electoral Permanente y así imposibilitar que una misma persona votase más de una vez. Este hallazgo brindó en bandeja de plata a los partidos de oposición el pretexto que requerían para retirarse de unas elecciones parlamentarias que sabían perdidas. Tal hazaña llevó a Olga Krnjajsky (nom de plume Olga K) a decir que González había logrado lo que «no había hecho ni SÚMATE con su tecnología, ni los partidos con su maquinaria, ni Tulio con su informe, ni Oswaldo Álvarez Paz con el 350». Tan justa fama explica la confianza suscitada por el Grupo La Colina, que se expresa claramente en reciente proposición de Gerardo Blyde: que el Grupo La Colina se sumara a Súmate para la organización de las propuestas elecciones primarias de la oposición.
El lunes pasado tuvo el suscrito la oportunidad de asistir a una presentación de miembros de este grupo, centrada sobre el tema de una candidatura unitaria de la oposición. La exposición consistió de un modo muy útil de organizar los elementos fundamentales de este problema, pero fueron tres tajantes afirmaciones de la gente del Grupo La Colina lo que más llamó la atención. Esta gente, que logró descubrir la persistencia de la secuencia de votos en Fila de Mariches, no se montó sobre tal plataforma para exhibirse como los grandes descubridores de un fraude electoral el 15 de agosto de 2004. Todo lo contrario. Lo primero que afirmaron fue que las máquinas de Smartmatic hacían exactamente lo que esta compañía había prometido. Luego, establecieron que el registro secuencial de los votos emitidos no se debía a acción deliberada por parte de Smartmatic o el CNE, sino a un error de Microsoft, uno de cuyos programas off the shelf fue adquirido por Smartmatic para combinarlo con su propio software. Microsoft había garantizado que aquel registro desaparecería, e incluso había mencionado que tal cosa sería así porque la misma condición era requerida por importantes loterías europeas que usaban el mismo programa para garantizar la transparencia de sus sorteos. (Voceros de Smartmatic, por otra parte, han explicado que para que fuese posible emplear la secuencia registrada con intención política dolosa, hubieran tenido que concurrir los partidos de oposición, pues sin la mitad de la llave que abre la caja negra, que estaba en manos de la oposición, no hubiera sido posible acceder a la tal secuencia).
En suma, al conjunto de sólidos argumentos que permiten pensar que el 15 de agosto de 2004, independientemente de otras conductas abusivas y ventajistas por parte del gobierno, hubo más «Noes» que «Síes»—que todas las encuestadoras serias del país así lo predijeron, por ejemplo—se añade la puntilla mortal de la certificación ofrecida con la mayor seriedad y tersura por los colineros: se trata del definitivo certificado de defunción de la hipótesis del fraude electrónico.
Pero todavía dijeron otra cosa los representantes del Grupo La Colina: que en su considerado criterio el sistema automatizado de Smartmatic hacía más fácil que la oposición vigilase la correspondencia con los votos reales y los defendiera; esto es, que resulta más fácil defender la fidelidad de los registros y la transparencia del sistema con las mismas máquinas, que con conteos manuales, que regresarían la pelota a la cancha superada de las actas que matan votos.
Estas son cosas importantísimas, porque rompen el paradigma abstencionista, montado sobre la premisa del fraude electoral. Si se quiere revertir la matriz de opinión a este respecto, construida a partir de la prédica irresponsable de una dirigencia inepta que quiso disimular su ineptitud—dilapidó el enorme capital político acumulado en 2002 y 2003—es de la mayor importancia que se difunda esta valiente y seria evaluación del Grupo La Colina.
………
Lo anterior no varió, por tanto, la estimación de esta publicación, que consistentemente ha expuesto que no hubo fraude electrónico el día del referendo revocatorio presidencial. En cambio, interacciones recientes llevan a reconsiderar su posición respecto de la bondad de unas elecciones primarias para determinar un candidato unitario. (El Grupo La Colina, por cierto, señala que una de las desventajas de las primarias, no considerada por otros analistas, es que impedirían la integración de un único gran comando de campaña, dado que los de los candidatos perdedores quedarían diferidos por el comando del ganador).
No es que no se tenga por más profundo e importante que haya en la determinación del candidato unitario una decidida participación de los electores mismos; a fin de cuentas, como advirtiera no hace mucho Humberto Njaim, la democracia participativa es el signo de los tiempos. No es que se haya aducido argumentos inéditos que sean contrarios a las primarias, más allá del último aportado por los colineros. Se trata más bien de notar una persistente coincidencia de criterios en gente muy seria y avezada en política, que no recomienda la celebración de primarias.
Pero seguramente ha modificado la percepción de doctorpolítico, como ocurre con frecuencia en materia perceptual, un pequeño empujón que desplaza levemente el punto de perspectiva. Este nudging, este suave y útil codazo consistió en una aguda, certera y pertinentísima observación, escuchada en labios de Eduardo Fernández.
Fernández observó que si hubiera en el campo un liderazgo opositor claro y fuerte no tendríamos necesidad de primarias; que se piensa en las primarias como un «remedio agónico», un expediente in articulo mortis para solventar esa ausencia de liderazgo.
Tal observación ejerció en el suscrito un efecto retardado y, como se explicó, bastó un leve desplazamiento de la percepción para que se recompusiera en gran medida el análisis del asunto. En efecto, el pensamiento se dirigió a lo esencial, al problema de identificar qué fórmula pudiera constituirse en ese liderazgo fuerte y convincente que hace falta, desde el problema procesal o procedimental de las primarias.
Aquí se propuso (Carta Semanal #180, del 9 de marzo), la dupla de Teodoro Petkoff como candidato a la presidencia y María Corina Machado como su eventual Vicepresidenta Ejecutiva. La fórmula hace sentido porque compone un «antimicótico» de amplio espectro—en términos de derecha e izquierda políticas—y porque toma asiento en las evidentes virtudes de ambos: la indudable estatura de Petkoff como estadista, entre otras cosas, y las manifiestas virtudes ejecutivas de Machado. (Sin contar la combinación de madurez con juventud y la de género, al presentar una dupla de dama y caballero).
Pero las reconsideraciones ya mencionadas llevan a doctorpolítico a pensar en una combinación que tiene aun más sentido político, y ésta es la de Petkoff para la candidatura presidencial y Julio Borges como su Vicepresidente Ejecutivo.
Borges añadiría a la «otra izquierda» de Petkoff su perfil de centro-derecha, pero también lo que Bernardo Paúl estima como su lucha personal por la dignidad. En verdad, Borges ha eludido los intentos de ciertos intereses por controlarlo, al sostener posturas valientes y responsables. No hace mucho que declarara, con coraje y sin pelos en la lengua, lo siguiente: «Los que piensan que acá no hay salidas electorales, pues que organicen su conspiración. Los invito a que lo hagan. Conmigo no cuenten». (El Nacional, 29 de mayo de 2005).
Los mismos intereses aludidos han intentado anularlo, cobrándole su acción personalísima y «no alineada» de votar el 4 de diciembre pasado. Así jugaron a la rebelión en las filas de Primero Justicia, oponiéndole a Blyde y Liliana Hernández y propiciando una revuelta que exigía elecciones internas en el partido. Pues Borges ha comprobado su tino político al conjurar esta rebelión, logrando que los coordinadores regionales de Primero Justicia apoyaran su moción de diferir esas elecciones para 2007 y acordaran que la organización concentrase sus esfuerzos en la promoción de su candidatura.
Es obvio, asimismo, que Borges aportaría una organización que, mal que bien, supera a los tradicionales partidos en preferencia de los electores, y que Primero Justicia no es un partido de «la cuarta república».
Esta fórmula Petkoff-Borges, por consiguiente, pondría en juego una opción poderosísima. La participación de Borges seguramente anularía las legítimas aspiraciones de los Salas Römer, así como robaría sentido a otras candidaturas de derecha, y el eje con Petkoff ofrecería una opción decididamente de peso más pesado que la de Manuel Rosales. (El problema con Rosales no es tanto que el gobierno intente anularle por su participación en el «carmonazo». El problema de fondo es que participó, y que todavía no ha ofrecido una explicación satisfactoria al país a este respecto, sea para defender su posición del 12 de abril de 2002, si es que la considera correcta, o sea para admitir su equivocación y señalar arrepentimiento y propósito de enmienda).
Borges, por otro lado, tiene un discurso natural por delante: «Yo, Petkoff, aspiro al mismo coroto que usted. Pero difiero mi pretensión ante su mayor experiencia de estadista. Soy muy joven, y con la energía suficiente para recibir, en la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, las tareas que usted tenga a bien descargar sobre mis hombros». (Lo que está previsto constitucionalmente: Artículo 239. «Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva: 1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección de la acción del Gobierno. 2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la República. 3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la remoción de los Ministros. 4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, el Consejo de Ministros. 5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. 6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. 7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. 8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República. 9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la República. 10. Las demás que le señalen esta Constitución y la ley».)
Borges estaría, con tal acto de desprendimiento y de nobleza, no sólo siguiendo una línea consistente con su rectitud y su carácter de hombre serio, sino elevándose en servicio inestimable a la nación, y posicionándose estupendamente para futuras responsabilidades todavía mayores.
Finalmente, esta reconsideración devolvería a la directora de Súmate su rol principal, que no es, por ahora, el de boxeadora, sino el de empresaria de boxeo. Pero es que hay más: María Corina Machado ha expuesto enfáticamente, en reunión de la semana pasada en el IFEDEC dirigido por Eduardo Fernández ante numeroso y expectante público, que considera la más importante iniciativa de Súmate la organización del «congreso federal» de organizaciones de la sociedad civil. En efecto, se trata de una iniciativa valiosísima la recopilación de múltiples quejas y necesidades, así como de soluciones formuladas por centenares de organizaciones no gubernamentales, en una amplia extensión a escala nacional de lo que es una suerte de «Coordinadora Democrática» sin los partidos. Este acervo puede ser de enorme utilidad a un futuro gobierno, sobre todo si Súmate computase el costo global que tomaría la satisfacción de las necesidades de las que hace inventario. Esta claridad de foco, por otra parte, anularía aviesas interpretaciones que sostienen que la insistencia de Súmate en la realización de primarias no es sino un medio de insertarla en papel protagónico en el año electoral de 2006, pues sin esta participación estaría ausente de su calendario. De más está decir, por otra parte, que la significativa construcción de ese «congreso federal», no sustituye una necesidad pendiente: la de fundar una nueva organización política que sostenga el esfuerzo más allá del 3 de diciembre, y que más que una organización de organizaciones debe ser, por la calle del medio, una organización de ciudadanos.
En resumen: doctorpolítico reformula para traer un récipe plus, reforzado. La dupla Petkoff-Borges. No sería ya una candidatura única, sino una fórmula unitaria, a la que deberán apoyar los restantes candidatos y, con generosidad y sin afán protagónico, todas las fuerzas políticas, que pueden aportar su organización desde posiciones discretas y la retaguardia. Tal cosa haría innecesaria la celebración de elecciones primarias, ahorrando su costo colosal en condiciones que aconsejan la concentración de recursos en la campaña frente al presidente incumbente, mucho más rico, y presentaría al país una opción de calidad y fuerza extraordinarias, perfectamente capaz, en virtud del obvio sentido político que contiene, de avivar el entusiasmo y proporcionar la esperanza que necesitamos.
LEA
intercambios