por Luis Enrique Alcalá | Jul 9, 2009 | Cartas, Política |
Tomás Jefferson, uno de los padres fundadores de los admirables Estados Unidos, fue un decidido opositor a las tendencias autoritarias o monárquicas, según algunas impresiones, que serían evidentes en Jorge Washington. De hecho, en ello radicaba la motivación del Partido Republicano que él fundó—distinto, aunque no mucho, del actual—y que dio origen más tarde al presente Partido Demócrata, el de Franklin Roosevelt, John Kennedy y Barack Obama. Desde allí luchó, y desde la Presidencia del positivo Estado del norte, por un mayor grado de democracia y de descentralización del poder. Y fue, naturalmente, uno de los principales redactores de la Constitución norteamericana de 1787. Es interesante, por tanto, recordar que Tomás Jefferson dijo: “El mundo pertenece a las generaciones vivientes y ninguna sociedad puede hacer una Constitución perpetua; en consecuencia, la Constitución y las Leyes extinguen su curso natural con aquellos que le dieron el ser. Toda Constitución expira normalmente a los 35 años”. Jefferson, por consiguiente, no creía en constituciones que contuvieran lo que se ha dado en llamar disposiciones pétreas, artículos eternos e inmutables. También había declarado, por supuesto: “Más me gustan los sueños del futuro que la historia del pasado”. Jefferson era hombre de futuro.
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De la hasta hace nada muy desconocida Constitución de Honduras puede afirmarse que contiene unos pocos artículos de esa naturaleza petrificada, estipulaciones graníticas con aspiración de perpetuidad. Son, precisamente, los esgrimidos por quienes defienden, contradictoriamente, la deposición del Presidente constitucional de Honduras por un destacamento militar al despuntar en Tegucigalpa el pasado domingo 28 de junio. Es decir, por quienes sostienen que el modo de defender la Constitución es violarla. (En The March of Folly, Bárbara Tuchman destacaba una estructura argumental análoga: “Una sensación de desastre permeaba a los Estados Unidos, aguzada por el comentario más ampliamente citado de la guerra: ‘Se hace necesario destruir el pueblo con el objeto de salvarlo’. El mayor americano quería decir que el pueblo tenía que ser arrasado para poner en fuga al Viet-Cong, pero su frase pareció simbolizar el uso del poder americano para destruir el objeto de su protección con el fin de preservarlo del comunismo”).
Es muy frecuente, lamentablemente, esta tragicómica confusión. En el debate político de los últimos años en Venezuela ha surgido con frecuencia. Así, por poner un solo ejemplo, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa abogaba en 2005 por la eclosión simultánea de cinco mil puntos de resistencia al gobierno de Chávez—escribió un manual para su operación—, la que estaría fundada y justificada en el artículo 350 de la Constitución. A su juicio, esto derrocaría al gobierno y entonces debiera tomar su lugar ¡un consejo de regencia, que es figura que no aparece en ninguna disposición constitucional! A pesar de absurdo tan aparente, Peña Esclusa proclamaba muy fresca y orgullosamente que su fórmula era “totalmente constitucional”. (“Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”).
Pero también ha ocurrido lo mismo en el debate jurídico. El 26 de julio de 2001 el abogado Oswaldo Páez Pumar sostuvo, en conferencia dictada ante la asamblea de Fedecámaras que precisamente eligió a Pedro Carmona Estanga como su presidente, la peregrina idea de que la Constitución vigente en Venezuela era la promulgada en el año de 1961. La estructura de su sofista argumento era la siguiente: el Artículo 250 de la Constitución del 61 establecía que ésta no perdería vigencia si dejaba de ser observada por acto de fuerza o era “derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. (Disposición de vocación de piedra que, dicho sea de paso, es prácticamente copiada a la letra en el último artículo, el 375, de la Constitución de Honduras). Comoquiera que la Constituyente de 1999 no era medio previsto por la Constitución del 61, ésta, a tenor de su Artículo 250, no habría perdido su vigencia.
El argumento es completamente falaz. La Constituyente de 1999 fue convocada por un poder supraconstitucional, el propio Poder Constituyente Originario, el pueblo de Venezuela pronunciado favorablemente en referéndum. A muchos abogados conservadores no les agrada la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 que dio pie al referéndum que aprobó la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y ciertamente tal sentencia no deja de mostrar una redacción a veces defectuosa. Pero su argumentación de fondo es ontológicamente correcta: el Poder Constituyente Originario es un poder supraconstitucional. Y la Constitución misma, por supuesto, fue asimismo aprobada por referéndum popular, por el propio Poder Constituyente Originario.
Pero es que hay más. Situados en el plano meramente lógico que eligió Páez Pumar para desarrollar su argumento, hay que decir que la Constitución de 1961 ¡no disponía de absolutamente ningún medio para derogarla! (Estipulaba medios para su reforma o su enmienda, pero no para derogarla o sustituirla por una constitución enteramente nueva). Esto es, y en suma, el Artículo 250 de la Constitución de 1961 se refería a algo que no tenía existencia, a lo que un matemático llamaría sin dudar un conjunto vacío.
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Tan defectuoso modo de razonar ha renacido con nuevos bríos a la hora de defender a los militares hondureños que depusieron a Manuel Zelaya. Lo sorprendente es que es empleado por algunos entre quienes debieran saber más del asunto. El Dr. Álvaro Albornoz, quien bajo su nombre pone los títulos de Doctor en Derecho Constitucional y Profesor Universitario, ha escrito un pretencioso artículo al que ha llamado Montesquieu vive en Honduras. Albornoz sostiene la errónea tesis de que el golpe de Estado acaecido en el país centroamericano es una consecuencia de la doctrina de la separación de los poderes, desarrollada, luego de antecedentes varios, por el autor de “El espíritu de las leyes”.
Demos la palabra a Álvaro Albornoz:
Zelaya impulsó una consulta popular a fin de allanar el camino para materializar sus pretensiones hegemónicas de poder. Consulta que había sido declarada ilegal por el Poder Judicial y era rechazada por el órgano electoral, por el Congreso, por la Procuraduría General, por la Fiscalía, por los Partidos Políticos, incluyendo el partido del ex Presidente, por las Fuerzas Armadas, por la Iglesia y por el pueblo, de acuerdo a los sondeos de opinión.
Sin embargo, Zelaya pretendió estar por encima de la Constitución y de la Ley al desconocer la decisión judicial y electoral y tratar de llevar a cabo su consulta ilegal, arremetiendo incluso contra las instalaciones de la Fuerza Aérea donde se encontraba el material electoral. Al hacer esto, el ex Presidente Zelaya incurrió en delito de traición a la patria, de conformidad con el artículo 4 constitucional y cesa en el ejercicio del cargo quedando inhabilitado por 10 años para el ejercicio de toda función pública.
En consecuencia, a los otros Poderes Públicos no les quedó otro remedio que aplicar en toda su extensión la Constitución de Honduras y arrestar a Zelaya en virtud de sus reiteradas y flagrantes violaciones a la Carta Magna, para lo cual las Fuerzas Armadas haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con su deber constitucional procedió (sic) a expulsarlo del país, siendo benevolentes al no dejarlo preso en una cárcel como correspondía.
Antes de este dictamen, Albornoz vuelve a citar—ya su continua lectura suscita náuseas—los artículos más rocosos de la constitución hondureña:
Es la Constitución americana más férrea en la lucha contra la autocracia y las aspiraciones totalitarias de los gobernantes. Por eso preceptúa en su artículo 4 que “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”, y que “La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”; consagrando de este modo una norma penal en la Carta Política de la Nación. [Extrañísima cosa, por cierto].
Asimismo, en el artículo 42 ordinal 5 se establece como causal para la pérdida de la calidad de ciudadano el “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.
Por eso el artículo 239 ratifica el principio de alternancia cuando dice:
Artículo 239.- “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
En igual sentido, el artículo 272 señala que las Fuerzas Armadas de Honduras se constituyen para mantener y defender el imperio de la Constitución y el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, entre otras cosas.
Como si fuera poco el artículo 323 es tajante cuando afirma lo siguiente:
Artículo 323.- “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”.
Y concluye, prohibiendo el artículo 374, la reforma del artículo 373 y de los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.
En suma, Albornoz sintetiza los argumentos de orden pretendidamente constitucional por los que el 28 de junio no habría habido un golpe de Estado en Honduras; que lo que hubo fue una “crisis de gobernabilidad” o que, como escribiera Margarita Montes (del Instituto Político de Estudios Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, Costa Rica), Honduras habría traído una innovación de filosofía y praxis política digna de celebración: “Por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo, para restaurar el Estado de Derecho, y no para romper el Estado de Derecho en un país, como era característico de los militares en épocas anteriores… Por primera vez en Latinoamérica, el pueblo se rebela, sin derramamiento de sangre y sin violencia, contra un Presidente constitucional y democráticamente electo, por violar disposiciones legales y la institucionalidad vigente en el país”.
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Permita el lector, ruego, que el suscrito tome refugio en el eufemismo de un idioma distinto: los sofistas argumentos de Montes y Albornoz son pure bullshit.
Empecemos por la última afirmación de Montes. En ningún modo puede considerarse lo sucedido en Tegucigalpa el 28 de junio una rebelión popular—“Por primera vez… un pueblo se rebela… contra un Presidente…”—, ni puede sostenerse que no hubo violencia. Lo que sacó a Zelaya de su residencia, contra su voluntad, no fue una manifestación popular mayoritaria, un referéndum en sauvage, sino un pelotón de soldados, y quien lo comandaba no dijo: “Señor Presidente, ¿sería usted tan amable de venirse con nosotros tal como ésta, con su pijama y sus pantuflas?” Zelaya fue sacado del palacio presidencial a punta de armas de fuego, y luego transportado, también contra su voluntad, a Costa Rica, desde donde Margarita Montes pontifica muy equivocadamente.
El resto de las argumentaciones de esta politóloga es muy similar al conjunto esgrimido por Albornoz. Prosigamos, pues, con el discurso de este último.
Lo que, con toda razón constitucional, debía tener por ilegal e inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en Honduras—y el Congreso, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral—hubiera sido un referéndum o plebiscito sobre la posibilidad de modificar la constitución para que fuera posible reelegir al presidente Zelaya. El fundamento sería doble: primero, porque no se puede legalmente hacer una consulta de ese tipo si el Congreso hondureño no lo autoriza; segundo, porque la materia misma, la reelección presidencial, está prohibidísima a tenor de los artículos citados.
Ahora bien, lo que Zelaya encontró como recurso es otra cosa distinta. En primer lugar, había abandonado la pretensión de celebrar un referéndum o plebiscito. Ordenó al Instituto Nacional de Estadísticas, dependencia bajo su mando, que llevara a cabo una “encuesta”, y declaró que ella no tendría por qué ser tenida como vinculante. En segundo lugar, la consulta no contenía una pregunta sobre la reelección. Preguntaría si los hondureños querían elegir una asamblea constituyente. Por consiguiente, en términos jurídicos lo intentado por Zelaya no confrontaba directamente ninguna disposición constitucional. Las constituyentes no tienen por objeto reformar constituciones, que es lo que habría colidido con el Artículo 373 de la Carta Fundamental de Honduras, sino producir una constitución enteramente nueva. Y esto no es algo que pueda ser negado al Poder Constituyente Originario, al pueblo hondureño, por más pétreo e incorregible que pretenda ser el texto de 1982, el que, por lo demás, ya ha sido reformado desde entonces veintidós veces.
Por supuesto, no está entre las atribuciones de las fuerzas hondureñas, en ningún caso, deponer presidentes por la fuerza. El profesor universitario doctorado en Derecho Constitucional que es Albornoz dice, sin embargo, que “… las Fuerzas Armadas haciendo uso de sus facultades y cumpliendo con su deber constitucional procedió (sic) a expulsarlo del país, siendo benevolentes al no dejarlo preso en una cárcel como correspondía”. De lo que hicieron uso fue de su poder de violencia.
Albornoz, y tantos otros que hacen peregrinación leguleya para fundar lo acontecido el 28 de junio en la Constitución de Honduras, pasan por alto el siguiente detalle: no existe en este documento ninguna disposición que estipule que, en caso de presuntas violaciones presidenciales a sus disposiciones, el Presidente de la República puede ser arrestado—ni siquiera por la policía, sino por las Fuerzas Armadas—sin fórmula de juicio o derecho a la defensa y exiliado ipso facto.
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Las verdaderas razones para defender lo indefendible son de otra clase. La argumentación jurídica viene ex post facto para maquillar el asunto de supuesta legalidad. (Como argumentar que el 11 de abril de 2002 se produjo en Venezuela un “vacío de poder”). El mismo Albornoz se denuncia al escribir: “Es así como, el ex Presidente Manuel Zelaya, luego que dio un giro ideológico hacia la izquierda populista, pretendió proponer una Asamblea Constituyente que estableciera la reelección indefinida como se hizo inconstitucionalmente en Venezuela; acción tutelada y dirigida por Hugo Chávez y el castrocomunismo cubano”.
Es el rechazo a la injerencia de Chávez y al modelo cubano que supuestamente Zelaya seguiría lo que impulsó la acción. Sincerada la cosa, que desaparezcan los sofismas jurídicos y emerja la verdad monda y lironda. Una mayoría de los actores políticos a cargo de los poderes públicos en Honduras quiso poner sus bardas en remojo, viendo la experiencia venezolana, y decidió cortar por lo que consideraba sano, decidió amputar la Presidencia de la República por estimarla gangrenada.
Es decir, discútase la cosa a nivel de Realpolitik, pero que no se pretenda consagrar como legal o constitucional, como “nuevo paradigma” político lo que a todas luces fue un acto inconstitucional, ilegal, violento y abusivo.
Aquí mismo se escribió la semana pasada: “…sería chuparse el dedo suponer que, de haber resultado la consulta positiva a la convocatoria y elección de constituyente—realizada por órgano bajo tutela presidencial y no por el Tribunal Supremo Electoral—Zelaya no hubiera intentado forzar el asunto. Probablemente hubiera dicho que la votación no era ciertamente vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí fulminante desde el punto de vista político, y habría movilizado apoyo popular con la pretensión de imponerse sobre el Congreso y la Corte Suprema”. Pero esto es entrar en el terreno de lo conjetural, y como debiera saber Albornoz, a pesar de que su doctorado no sea en Derecho Penal, la especulación sobre las intenciones de una persona, aunque sea amigo de Hugo Chávez y se llame Manuel Zelaya, no equivale a una convicción de culpabilidad.
Viene al caso algo escrito en la Carta Semanal de doctorpolítico #76 (4 de marzo de 2004, con ocasión de repudiar el proceder del Consejo Nacional Electoral, que puso todas las trabas que pudo inventar para entorpecer el referéndum revocatorio de ese año):
Cuando la democracia comenzaba, allá por el año de 1959, escuché en la ciudad de Mérida un cuento sobre un policía sumido en el tedio y con ganas de jorobar al primer ciudadano que se le atravesase. Así que detuvo un automóvil y comenzó a exigir cosas de quien lo conducía: “Cédula, ciudadano”. El interpelado mostró de inmediato su cédula vigente y primorosamente laminada. “Licencia para conducir”, volvió a exigir “la autoridad”. Nuestro paciente ciudadano suministró instantáneamente el documento exigido, perfectamente en regla. “Certificado médico”, tronó el policía, ya bastante molesto. Una vez más el interpelado complació la exigencia del agente, para crecimiento de la rabia de éste. “Seguro de responsabilidad civil, trimestres cancelados, carnet de circulación, partida de nacimiento”. Para la mala suerte del policía el conductor en cuestión portaba absolutamente todos los certificados exigidos. Entonces una idea brillante pasó por el entumecido cerebro del funcionario policial. “Muéstreme su cartera”, exigió. Con la cartera en la mano comprobó que el ciudadano acosado poseía un billete de 500 bolívares y anunció triunfalmente: “Ajá, ¿conque reuniendo para comprarse un revólver? Usted está detenido, ciudadano”.
Lo que Zelaya planeara hacer, lo que fueran sus intenciones, en un acto que formalmente no colidía con disposiciones constitucionales y que ni siquiera llegó a celebrarse, no pueden constituir razones jurídicamente válidas para haberlo depuesto intempestivamente y con violencia de gente armada.
Pero Albornoz, a pesar de su muy deficiente razonamiento (el que hace dudar justificadamente de su competencia en Derecho Constitucional), ha escrito con satisfacción: “Con esta explicación desmontamos las manipulaciones y falsedades de los eunucos mentales que han pretendido hacer ver esta situación como un golpe de Estado y no como lo que realmente fue: la ejecución plena de la Constitución de Honduras y la materialización del sistema de pesos y contrapesos de los poderes”. Parece estimar que han padecido castración mental la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, los partidos políticos venezolanos, y un amplísimo y mayoritario etcétera planetario. Es comprensible la tentación de responderle: “Más eunuco será usted”.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Jul 2, 2009 | Cartas, Política |
Meterse en los asuntos de un país ajeno, sobre todo si uno sabe poquísimo de su vida, es siempre una temeridad. El caso de los recientes acontecimientos políticos en Honduras, sin embargo, ha capturado la atención y la pasión de muchos venezolanos, a quienes pareciera que en ese territorio se libra ahora una batalla que sería nuestra, la del chavismo y el antichavismo. Resulta imposible, por consiguiente, abstenerse de opinar sobre él, aunque buena parte de la opinión sea de carácter conjetural. Opinar no es intervenir en aquellos asuntos, por otra parte, cosa expresamente prohibida en el Preámbulo de nuestra Constitución: “El pueblo de Venezuela… con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática… que… consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.
En cualquier caso, la discusión que sigue sólo puede tener carácter de trazo grueso, de boceto muy preliminar e incompleto, dada la complejidad de la situación jurídico-política hondureña.
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Manuel Zelaya, Presidente de Honduras, quiso iniciar un proceso constituyente en su país, mediante la introducción de una consulta popular sobre la posibilidad de elegir una asamblea constituyente. Para esto preparó un decreto que intentó fundamentar en la constitución hondureña (1982, con reformas en 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) y la Ley de Participación Ciudadana (2006).
A primera vista, no tendría nada de objetable la consulta al poder constituyente originario de Honduras (su pueblo), en principio omnímodo, sobre este asunto. Entre nosotros, a pesar de que la figura de una asamblea constituyente no estaba contemplada en la constitución de 1961, la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela decidió (19 de enero de 1999) que exactamente esa misma pregunta podía elevarse a nuestro poder constituyente originario, a nuestro pueblo.
Pero la constitución de Honduras es realmente un documento peculiar. En 1982 se aprobó con un Artículo 5 que establecía: “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional”. Es ésta la base constitucional (junto con el Artículo 2) que el decreto de Zelaya (PCM-020) aducía para plantear la consulta: “Considerando: Que de conformidad con los Artículos 2 y 5 párrafo primero de la Constitución de la República, la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado y el Gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa…”
Ahora bien, el Artículo 5 ha sido extensamente reformado, y fue objeto de la adición de diez párrafos más. El que sigue al primero, ya mencionado, establece los mecanismos del referéndum y el plebiscito para dar funcionalidad a la participación democrática en “asuntos de importancia fundamental en la vida nacional”.
Luego, el texto constitucional reformado explica que la petición de referéndum o plebiscito corresponde a no menos de diez diputados del Congreso Nacional, una resolución presidencial en Consejo de Secretarios de Estado (ministros) o el 6% de los electores debidamente inscritos.
Esta iniciativa no equivale, por cierto, a una convocatoria automática del referéndum o plebiscito. Cualquiera de los tres tipos de petición debe ser discutida por el Congreso Nacional, y sólo si es la petición aprobada por las dos terceras partes de ese cuerpo legislativo se ordenará la celebración de la consulta popular al Tribunal Supremo Electoral. Comoquiera que el Congreso no estuvo de acuerdo con el plan de Zelaya de consultar sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, no había manera constitucional de celebrar un referéndum sobre tal asunto. El procedimiento pautado en el Artículo 5 negaba esa posibilidad.
Pero hay más que un problema de procedimiento; la materia misma de la consulta estaba prohibida constitucionalmente en tanto referéndum o plebiscito. La segunda parte del sexto párrafo del nuevo Artículo 5 pauta inequívocamente: “No serán objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta Constitución”. ¿Qué dice este último artículo? Pues que “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior [que establece cómo se reforma la constitución], el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”. El Artículo 374 pretende, pues, ser un candado perfecto contra la modificación de la constitución de modo distinto al pautado en el artículo que lo precede. (Artículo 373. La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia).
Se trata de una disyuntiva parecida a la venezolana de 1999. En efecto, nuestro Congreso de la República, en tanto “constituyente ordinario”, sólo podía efectuar enmiendas o reformas al texto de 1961; no podía incorporar conceptos constitucionales enteramente nuevos o contrarios a lo establecido en la constitución que, justamente, lo había creado como Poder Legislativo; el Congreso quedaba excedido en sus facultades, y era por eso que, si se deseaba una constitución enteramente nueva, no había otro remedio que iniciar un proceso constituyente.
Nuestra Corte Suprema de Justicia dictaminó el 19 de enero de 1999, en sentencia perfecta, que sí se podía preguntar al Poder Constituyente Originario si quería convocar y elegir una asamblea constituyente para que redactara y le sometiera una constitución enteramente nueva, puesto que ese poder no está limitado por la constitución, la que sólo limita al Poder Constituido. (Después distorsionaría este concepto el gobierno de Chávez, al argumentar que la asamblea elegida en 1999 era “originaria”, cuando este carácter es exclusivo del pueblo, y una asamblea constituyente es poder tan constituido como un congreso, un presidente o un tribunal; los diputados constituyentes sólo pueden ser apoderados del Poder Constituyente Originario, nunca sus sustitutos).
Por supuesto, nuestro tribunal supremo no es el de Honduras, y la materia debe regirse por lo que determinen las instituciones hondureñas, claro está, con arreglo a una correcta interpretación del Derecho Constitucional. No debiera, en todo caso, ser castigado quien piense que Honduras necesite una nueva constitución. (Así lo sugería el texto del abortado Decreto PCM-020, al señalar: “Considerando: Que los diferentes Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Honduras garantizan el Derecho a la libertad de opinión y de expresión, entre ellos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Artículo 19, el cual incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones…”)
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El Presidente de la República de Honduras, especialmente, al haber jurado la defensa de la constitución bajo la que fue elegido, no podía de manera recta subvertir su articulado. Se dice que la única motivación de Zelaya al plantear la consulta sobre la convocatoria de constituyente era la extensión de su período presidencial, aunque este tema específico no es mencionado en el texto del decreto PCM-020. Es justamente este asunto uno al que el tratamiento dado por la constitución hondureña la hace peculiar. La Constitución de Honduras no sólo prescribe un sólo período presidencial sin posibilidad de reelección, sino que criminaliza la mera promoción de una opinión contraria. Así pone el Artículo 42, relativo a la pérdida de la ciudadanía hondureña, en su numeral 5: “Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. Antes ha establecido una mayor gravedad el Artículo 4 en su segundo y su tercer párrafo: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”.
El constituyente hondureño de 1982 encontró, pues, que era cosa gravísima que un presidente en ejercicio fuese reelecto, y tal vez se entienda postura tan radical en un país con historia reiterada de golpes y caudillos.
Pero en términos prácticos es muy traído por los cabellos sostener que la convocatoria—atemperada—de una “encuesta” que efectuaría el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, “no vinculante”—como calificó en Venezuela a su nonato referéndum consultivo el partido Primero Justicia a fines de 2002 (“no vinculante, pero sí fulminante”)—justificaba la detención y exilio del presidente hondureño, llevado a su cargo por elección popular. Zelaya, al convocar la tal “encuesta” y denominarla “no vinculante” había admitido ya que no era un referéndum o plebiscito constitucional. Claro, sería chuparse el dedo suponer que, de haber resultado la consulta positiva a la convocatoria y elección de constituyente—realizada por órgano bajo tutela presidencial y no por el Tribunal Supremo Electoral—Zelaya no hubiera intentado forzar el asunto. Probablemente hubiera dicho que la votación no era ciertamente vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí fulminante desde el punto de vista político, y habría movilizado apoyo popular con la pretensión de imponerse sobre el Congreso y la Corte Suprema.
No obstante, aunque se hubiera sostenido la “cuarta urna”, y una mayoría de hondureños hubiera aprobado la idea de celebrar una constituyente, no había forma material de que una nueva constitución que permitiera, por ejemplo, la reelección presidencial, modificara las cosas a tiempo para las elecciones de noviembre de este año y, por tanto, de todas maneras Zelaya no hubiera podido presentarse a la reelección en esos comicios. Ni siquiera habría estado elegida la constituyente para ese momento.
Más aún, si como argumentan quienes celebran la acción militar, no sólo el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía y el Tribunal Electoral, sino la mayoría de la opinión hondureña rechazaba la proposición de constituyente, ¿por qué no se permitió que el electorado se encargara de enterrar de una vez por todas la pretensión de Zelaya?
Si, como dice ahora Roberto Micheletti, usurpador del cargo de Zelaya, de entrar éste a territorio hondureño sería de inmediato detenido legalmente, ¿por qué no se hizo exactamente eso, mediante procedimiento legal, y en cambio se le expulsó del país?
Si Zelaya incurrió en conductas inconstitucionales, y de tal modo produjo acciones culpables, más lo son las comandadas por Romeo Vásquez Velásquez—¡qué cercano su nombre al de Efraín Vásquez Velasco, el Comandante General del Ejército de nuestro 11 de abril!—al arrestar a Zelaya y enviarlo al ostracismo. Ningún malabarismo leguleyo puede negar que en Honduras tuvo lugar, uno más de una larga serie, un verdadero golpe de Estado.
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No por otra cosa se ha dado un repudio realmente planetario al golpe. La Organización de Estados Americanos por unanimidad de sus demás países miembros, la Unión Europea, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas por aclamación, han repudiado el golpe de Estado en Honduras y declarado sin ambages que el único gobierno hondureño que reconocerán será el presidido por Manuel Zelaya.
Entre nosotros, claro, hay radicales irredentos que aprueban a los militares hondureños. El lunes de esta semana enviaban mensajes a celulares que decían: “De urgencia: se requiere testículos (por un nombre más procaz que sonara más macho) de militares hondureños para transplantes a militares venezolanos”. Una irrespetuosa estupidez de ese calibre era celebrada por valentones de peñas, y acompañaban la aprobación de la infeliz ocurrencia con solemnes declaraciones de superioridad moral, en arrojo de boquilla. Para esta clase de opositores a Chávez, los diplomáticos de todo el mundo, los gobiernos del planeta entero, y todas sus instituciones supranacionales están simultáneamente equivocados. Ellos sí tienen la verdad, la ética y el valor viril que nuestros militares no tendrían. Ellos son los que postulan que los partidos reunidos en la recién creada Mesa de Unidad Democrática, se sumaron—gracias a Dios—al repudio universal por razones “subalternas” de interés electoral, en pretenciosa (pero imposible) “penetración” de las intenciones de hombres y mujeres que en Venezuela hacen oposición cotidiana al régimen de Hugo Chávez.
Gracias a Dios que esto hizo la Mesa de Unidad Democrática; gracias a Dios que eso hizo, desde el mismo primer instante, el gobierno de Barack Obama. Porque es que sus actuaciones impiden que el caradura que es Hugo Chávez pueda reivindicar el liderazgo contra el golpe y mérito alguno en la restitución del orden constitucional en Honduras. La clara posición de Obama, la decisiva declaración de la Mesa de Unidad Democrática, dejan a Chávez en evidencia. Hay que tener tupé para decir que la detención de Zelaya fue cobarde porque se produjo cuando aún no despuntaba el día en Tegucigalpa, cuando su propia asonada del 92 tuvo lugar en horas más oscuras de la madrugada, en horas menguadas que sí trajeron muerte.
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A pesar de lo antedicho, no deja de ser comprensible un cierto sabor amargo al comparar la actuación de los organismos internacionales en el caso de Honduras y en nuestro caso local de violación sistemática y cotidiana de nuestra Constitución. (No porque la OEA, por ejemplo, haya dejado la puerta abierta al regreso de Cuba. Como se sabe, el organismo sujetó esa eventualidad a un proceso de diálogo en el que Cuba tendría que dar seguridades de su conversión en un régimen compatible con los principios de la OEA, especialmente de la Carta Democrática Interamericana. Por algo Cuba reaccionó instantáneamente diciendo que no estaba interesada en reintegrarse a la organización).
El asunto es Chávez, y su constante desafío a cualquier marco constitucional o legal que constriña su voluntad. Por esto suenan sabias las palabras del editorial de The Washington Post con fecha del 30 de junio, el martes de esta semana:
La intervención militar puede haber tenido el efecto no buscado de salvar al Sr. Zelaya. El Congreso votó el domingo por su destitución por un amplio margen; si los generales hubieran meramente dejado que los eventos procedieran de acuerdo con la ley, el presidente hubiera podido ser legítimamente depuesto o aislado. Puede que el temor de una ulterior intervención del Sr. Chávez haya estimulado la acción precipitada; el hombre fuerte venezolano ha hecho muy claro que está ansioso de entrometerse en los asuntos del país, e incluso ha amenazado con la acción militar.
Es ésa una razón por la que la administración de Obama no debe limitarse a procurar el regreso del Sr. Zelaya a su cargo. También debe hablar más claramente acerca de los abusos que llevaron a su remoción—abusos que también tienen lugar en otros países latinoamericanos, como la vecina Nicaragua—y sobre la gente que fomenta activamente los ataques sobre la democracia, como el Sr. Chávez. Es fácil unirse a Chile y Brasil en la condenación de los militares hondureños en la Organización de Estados Americanos. Lo que exige coraje político—y liderazgo de los EEUU—es la confrontación de las fuerzas que trajeron a Honduras hasta este punto de ruptura.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 26, 2009 | Cartas, Política |
La noción de súbdito o sujeto a obediencia es bastante clara y común. Ambos términos proceden del latín, por supuesto, idioma en el que sujeto es participio pasado—subjectus—del verbo subicere, que literalmente quiere decir echado debajo de algo o alguien. (Sub, debajo, jacere, lanzar. De jacere, obviamente, viene nuestro verbo yacer. Es decir, ser súbdito de alguien es yacer—condición harto pasiva—bajo él como resultado de haber sido echados—una acción—a esa situación de inferioridad). Subditus, en cambio, es el participio pasado—pasivo—de subdere, someter. Un súbdito es alguien que ha sido sometido.
Éramos súbditos de Fernando VII en 1810, cuando Pepe Botella (José Bonaparte) todavía comenzaba su desastrosa e ineficaz dominación en España dentro de una Europa napoleónica. Para esa época éramos sujetos de la Corona española. Así, refiriéndose a los venezolanos, decía el Acta del Ayuntamiento de Caracas del 19 de abril de 1810: “…cuando ya han sido declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España”. En países que aún tienen monarquías, por más disminuidas que estén en la práctica política, el concepto de súbdito tiene entidad jurídica. Por ejemplo, la expresión “súbdito británico” designaba en la ley sobre la nacionalidad británica a quien hubiera nacido en cualquier punto del Imperio Británico y jurado lealtad a su Corona. (Hasta 1949, cuando del otrora imperio más extenso de la historia sólo quedara una entelequia luego de la Segunda Guerra Mundial).
La primera acepción que el DRAE registra para súbdito destaca el deber de obediencia: “Sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle”. Es tal la condición que el presidente Chávez preferiría que los venezolanos tuviéramos. Que él mande y todos nosotros obedezcamos.
No es sólo que lo obedezcan Globovisión o la Exxon-Mobil, sino muy principalmente su propia gente. Más de una vez le ha ocurrido que algún asistente a uno de sus actos de contacto con pueblo le exija con alguna petición o aventure una crítica, y entonces se sorprende y señala que él es “el líder”, y que su liderazgo no debe ser cuestionado con minucias, que se le debe dejar conducir. “Intelectuales” del “proceso” se han atrevido recientemente a manifestar esperanza de que abandone lo que llaman su “hiperliderazgo” y éste sea sustituido por una dirección compartida, sólo para ser reconvenidos—más bien insultados con el cognomento de traidores—y neutralizados con la explicación de que, por ahora, que él sea un hiperlíder es necesario a la revolución. Luego añade que tampoco es que él se meta en todo. Pero días más tarde entrega unos cuantos carros a algunos entre su clientela y pregunta: “¿Cuánto cuestan estos carros por ahí? ¿Cien mil? Y ¿a cuánto se los pone Chávez?”
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Las guerras de independencia, muy particularmente la venezolana, fueron libradas precisamente para zafarse de coronas. La de los Estados Unidos precedió incluso a la Revolución Francesa, que hizo avanzar la teoría política republicana al eliminar, suplantándola, la soberanía monárquica para hacerla residir en el Pueblo. Hasta los españoles tuvieron la suya, librada justamente contra Pepe Botella. Esta última, sin embargo, era para que una corona se liberara de otra. Es la norteamericana, en cambio, la primera de emancipación, en el mismo sentido de la figura jurídica civil, pues las trece colonias alzadas contra el yugo de Jorge III de Inglaterra habían sido creadas por esta nación; los colonos estadounidenses tuvieron, como nosotros, una madre patria. Habían llegado a su mayoría de edad política y se emancipaban de la patria potestad que sobre ellas ejerciera la corona británica.
Fue también la independencia de los Estados Unidos la primera que creara una nueva nación, y la primera que hablaba desde la soberanía popular: We the People. To be sure, hubo una guerra de independencia holandesa contra la dominación de Felipe II de España, y bien temprana, iniciada en 1568 y sostenida durante ochenta años. Pero esta prolongada lucha fue planteada como de los Estados Generales holandeses contra la Corona española. Tuvieron, eso sí, su “declaración de independencia”, sólo que la llamaron Acta de Abjuración.
Resulta interesante examinar su justificación:
Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos.
Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo.
Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa.
Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas.
Está, pues, claro que los holandeses no pretendían dejar de considerarse súbditos de cualquiera, sino específicamente de Felipe II; no obstante, las causales de abjuración de su lealtad son tan válidas como entonces y las han transmitido para la posteridad, que somos nosotros.
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Cuando tocó el turno a los estadounidenses ya había nuevos conceptos políticos. La noción de contrato social y la de voluntad general ya existían en Francia, sobre todo luego de la obra del ginebrino Juan Jacobo Rousseau, pero el derecho sajón que los norteamericanos seguían ya había sido informado antes por el pensamiento de John Locke, que le había precedido como filósofo del contractualismo. Más todavía, tres semanas antes de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, la Convención de Delegados de Virginia había aprobado unánimemente (12 de junio) su Declaración de Derechos, mayormente redactada por George Mason. Son sus cláusulas (sections) segunda y tercera las que establecen inequívocamente:
II. Que todo el poder está investido en, y en consecuencia deriva de, el Pueblo; que los magistrados son sus apoderados y sirvientes, y en todo momento deben serle dóciles;
III. Que el gobierno es, o debiera ser, instituido para el beneficio común, la protección y la seguridad del Pueblo, la Nación o la comunidad; que de todos los varios modos y formas de gobierno es el mejor aquel que sea capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad y esté más eficazmente asegurado contra el riesgo de la mala administración; y que, cuando quiera que cualquier gobierno fuere encontrado inadecuado o contrario a esos propósitos, una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrenunciable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en manera tal como sea juzgado más conducente al bien público.
Estos ciudadanos ya no querían meramente cambiar a Jorge III por otro príncipe; ya no querían ser súbditos de nadie. He ahí la grandeza y la claridad republicanas en la independencia de los Estados Unidos.
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Luego completaría el asunto Emmanuel-Joseph Sieyès, con su famoso panfleto de enero de 1789 (Qu’est-ce que le tiers état?), que dio forma final y práctica a la noción de la soberanía residente en el Pueblo. El 14 de julio los ciudadanos parisinos tomarían la fortaleza de la Bastilla, y poco después los franceses dejarían de ser regidos por la voluntad real de Luis XVI para ser ellos mismos la Corona, el Soberano.
Desde estos últimos hechos han pasado ya doscientos veinte años; no en balde sentimos que es terriblemente obsoleto que un mandatario cualquiera—llámese Pinochet, Franco, Hitler, Stalin, Castro, Putin, Mugabe, Ahmadinejad o Chávez—pretenda ejercer un “hiperliderazgo” que funcione como monarquía, que elimine la independencia de los poderes públicos, que imponga su voluntad arbitraria sobre los ciudadanos de su país, que procure anular cualquier opinión que no le acate.
Los próceres de la independencia venezolana, muy especialmente Simón Bolívar, habían leído a Locke, a Rousseau y a Sieyès. Sus diez años de guerra, y su posterior Batalla de Maracaibo contra una recidiva de la pretensión española de dominarnos—aún hoy la Historia de España Alfaguara, en siete tomos, dedica sólo ocho páginas a la emancipación de las colonias americanas, evidenciando que es tema doloroso para los españoles—fueron rendidos desde una perspectiva republicana, negadora de cualquier monarquía, y cuando algún señor de esa guerra soñó con presidencias vitalicias, pronto perdió el apoyo de quienes antes le ensalzaban. Nuestros patriotas tuvieron muy claro que la Corona española no debía ser ceñida por la presidencia de su naciente república, sino por el conjunto de los ciudadanos.
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Mientras más insista Hugo Chávez en que su voluntad política personal es la única que importa y debe ser acatada, más ilegítimo se hará como gobernante. No es una cosa, por cierto, que se le haya ocurrido ahora, en 2009. Hace diez años, en el mes de abril, debió salir la Corte Suprema de Justicia a defenderse de lo que llamó “declaraciones atribuidas” al Presidente de la República, con una respuesta del día doce ante la afirmación de Chávez según la cual no existía en la corte “autoridad legítima y moral”.
Semanas antes había dirigido una carta a la misma Corte, a la que entonces llamaba Honorabilísima. Vale la pena refrescar los dos últimos párrafos de esa farragosa misiva:
El Estado investido de soberanía, en el exterior sólo tiene iguales, pero la justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado.
No es, por supuesto, el Estado quien está investido de soberanía. Es el Pueblo. Como de contrabando, sin embargo, y a escasos dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, ya Hugo Chávez adelantaba el sofisma de que el Estado venezolano es soberano (no la Nación entera) y que la conducción de éste era de su exclusiva incumbencia—esto es, nunca creyó en la separación de los poderes, pues hace tiempo que se piensa rey, hace tiempo que se cree príncipe.
Ni siquiera se había elegido entonces la peculiar Asamblea Constituyente de 1999. Antes, como es sabido, Chávez había violado la regla de Virginia: que cabía sólo a una mayoría de la comunidad nacional el derecho de reformar, alterar o abolir nuestro gobierno. Él, con otros prepotentes comandantes que habían jurado conspirar ante un emblemático pero decrépito samán, quiso usurpar nuestro derecho el 4 de febrero de 1992.
Todavía celebra el abuso.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 18, 2009 | Cartas, Política |
De una woman de El Callao nació en 1931 Oliver Campbell (MBA, DipM, FCCA, ACMA, MCIM), cuyo padre trabajaba en la minería del oro. Éste volvió a Inglaterra para la época de la Segunda Guerra Mundial, pero el hijo regresaría a su patria chica en 1953 como empleado de la Compañía Shell de Venezuela. Con el twist de la nacionalización, Oliver se encontró trabajando para el Estado venezolano, en calidad de Coordinador de Finanzas de Petróleos de Venezuela, hasta 1982. Ya retirado y de regreso en suelo inglés, escribe frecuentemente para Petroleum World y mucha de su atención, como es natural, es dedicada a Venezuela y su industria petrolera. No podía faltar su análisis preliminar de las cifras ofrecidas, con retraso de meses, por PDVSA acerca de su desempeño económico en 2008, las que acaban de ser presentadas por el gran teniente Rafael Ramírez.
Campbell está encantado con el informe de 513 páginas, y sostiene que tanto los auditores externos como los contadores internos de PDVSA deben ser felicitados por el logro. (“El reporte sobre los Resultados Financieros Consolidados, que comprende 161 páginas, es particularmente útil”). Pero muy pronto pone el dedo en la llaga: “PDVSA sufrió una pérdida antes de impuestos de más de 8 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2008”. Los auditores que a juicio de Campbell son merecedores de felicitación, habían firmado los estados financieros el 29 de marzo de este año; el analista destaca que por algún motivo desconocido la publicación de los mismos fue pospuesta hasta el 9 de junio. Mientras el Estado venezolano nacionalizaba a 74 compañías privadas de servicios, obviamente, no convenía que se supiera demasiado de las dificultades de la petrolera estatal. Era mejor preservar la fantasía de las cifras no auditadas, ofrecidas justamente en marzo, las que contienen marcadísimas discrepancias con las publicadas ahora.
Las cuentas que saca Campbell son muy sencillas: durante las primeras tres cuartas partes de 2008, PDVSA tuvo un ingreso, antes de las deducciones por impuesto sobre la renta, regalías y contribuciones al desarrollo social y a FONDEN, de 54.037 millones de dólares, pero al completarse el cuarto trimestre ese rubro contable se había reducido a 50.739 millones de dólares. Al restar lo correspondiente a regalías, desarrollo social y FONDEN, todavía sin cargar impuesto sobre la renta, la pérdida del cuarto trimestre ascendió a la cantidad de 8.694 millones de dólares.
A pesar de este desempeño, los índices financieros derivados del balance son bastante decentes. El problema gordo de PDVSA es uno de flujo de fondos. Más recientemente, el problema se amplifica para ser además uno de credibilidad respecto de su solvencia. La calificadora de riesgo Standard & Poor redujo su evaluación crediticia de PDVSA, basándose en preocupaciones acerca de la liquidez de la empresa y la percepción de incertidumbre sobre su disposición a honrar obligaciones contractuales con sus suplidores. Es decir, los analistas internacionales no se comen el cuento de la coartada socialista; ellos saben que la reciente razzia estatizadora de empresas privadas que servían a PDVSA se debe en verdad a un hueco grande en el bolsillo de la petrolera roja rojita, uno que le hacía difícil pagar sus deudas con proveedores vitales. La única manera de quitarse de encima a los acreedores era poseerlos, sobre todo si más de uno había empezado ya a dejar de prestar su servicio.
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No ayudan al tema de credibilidad reducida ni el retraso en presentar las cuentas ni las importantes discrepancias entre informes distintos separados por pocos meses. Por poner un caso, a comienzos de año el Banco Central de Venezuela había certificado que las regalías e impuestos pagados por PDVSA en 2008 alcanzaban un monto de 36 mil millones de dólares, pero el informe del 9 de junio asegura que la empresa pagó por estos conceptos un total marcadamente menor: 27,7 mil millones de dólares.
O lo señalado por Campbell (Editorial Commentary – PDVSA: Financial Results for Year 2008, Petroleum World):
“Hay una notoria incongruencia en lo relativo a regalías, puesto que sólo aumentaron en 7%, cuando el precio promedio de exportación subió en 34%. Las regalías suben y bajan usualmente alineados con los precios de exportación y, más aún, PDVSA declara que su producción aumentó en 4% en 2008. Otra anomalía es que en los resultados previamente presentados a la Asamblea Nacional varían sustancialmente de los ahora publicados. Debe admitirse que aquéllos eran cuentas no auditadas, pero es inusual que los auditores externos hagan enmiendas significativas. El cambio sorprendente es que lo entregado al gobierno descendiera de 64,2 mil millones de dólares a 48,8 mil millones de dólares… En conclusión, un aumento de 34% en el precio promedio de exportación resultó en un incremento de sólo 8% en la participación del gobierno, y encuentro dificultad para entender cómo esto pudo ocurrir”.
Pero esto, de nuevo, es asunto meramente contable o estadístico. La realidad del flujo de fondos y los inconvenientes para pagar es lo que lleva a la desconfianza y la descalificación, y la revaluación de Standard & Poor ha afectado ya a la deuda soberana de Venezuela, cuyo spread ya supera el de Argentina, lo que es una raya bien fea. ¿Qué está pasando?
Rafael Ramírez ha tenido que ocuparse de esta desagradable realidad, al asegurar a la prensa que PDVSA se propone pagar todas sus obligaciones con los suplidores, advirtiendo, de paso, que Venezuela no nacionalizará todas las empresas de servicios, y que tomó algunas porque eran “monopolistas”. En sus declaraciones admitió que para diciembre del año pasado la empresa que preside debía a contratistas locales y extranjeros 7,6 mil millones de dólares—en marzo reconoció en la Asamblea Nacional una cifra de casi el doble—, de los que ya habría cancelado 2 mil. Apresuradamente, dio seguridades de que no habría nacionalización de las perforadoras Helmerich & Payne—que paralizó ya siete de sus once plataformas de perforación por falta de pago de PDVSA—y Ensco International Inc., a la que se debe 16,9 millones de dólares por su plataforma Ensco 69, cuyo contrato ha expirado. Por lo que atañe a compañías ya expropiadas, PDVSA probablemente deberá aumentar su reserva para litigios del actual nivel de 2.100 millones de dólares. Exterran Holdings Inc., por ejemplo, proveedora de gas comprimido expropiada junto con la Williams, ha dado a conocer que se reserva el derecho de buscar compensación por los activos que le fueron arrebatados. (Una Ensco muy molesta declaró la semana pasada que había interrumpido sus servicios y denunciado el contrato porque PDVSA era mala paga, y que buscaría ser indemnizada porque no le habían devuelto su plataforma 69).
Otros síntomas de desarreglo apuntan en la misma dirección. En principio, Venezuela debía comprar en 2009 y 2010—así estaba estipulado contractualmente—150 millones diarios de pies cúbicos de gas de la estatal colombiana Ecopetrol y de Chevron, que suplen desde el campo Ballena a través del gasoducto en el que Venezuela invirtió 467 millones de dólares. (En 2011 debía reducirse esa cifra a 100 millones de pies cúbicos por día; en octubre de 2007 Venezuela comenzó con una importación de 50 millones). Pero el país importa hoy el doble de lo previsto: 300 millones de pies cúbicos diarios de gas colombiano.
O la refinería El Palito, cuya unidad catalítica de cracking debía rearrancar en mayo, luego de meses de trabajos de mantenimiento y expansión, no cumplió con la fecha planificada.
Y acá se cede la palabra al análisis de un profesional muy serio y responsable, cuya identidad debe permanecer reservada. En generosas notas enviadas ayer a doctorpolítico, pintó el siguiente cuadro:
Creo que lo importante es el efecto que el actual manejo pueda tener en los resultados económicos en los próximos dos años. Casi todos los economistas serios que he escuchado coinciden en un crecimiento del PIB de cerca de cero, acompañado con una inflación de entre 30 y 35%. Aunque hay presión por la liquidez y costos (por devaluación efectiva del dólar, al limitar CADIVI su concesión de divisas reguladas a la tasa oficial), la misma recesión económica—por reducción del gasto del gobierno—es un factor que frena el crecimiento de los precios. Muchas personas esperan un escenario peor. Estos economistas—que no veían ni predijeron una debacle en los años anteriores—consideran que para el caso de Venezuela estos son números suficientemente adversos como para crear una sensación creciente de inconformidad. Ojo: yo no creo que el problema económico es, en sí, suficiente para crear dificultades políticas. De hecho creo que el gobierno retrocedió durante 2007 y 2008, aun teniendo altos ingresos.
Estos economistas coinciden en que el problema no es en bolívares. Creen que con la reducción del gasto, la creación de dinero inorgánico y el financiamiento interno, podremos manejar el déficit fiscal. Todos, también, coinciden en que el problema son los dólares. Los 45 mil millones de dólares que debe haber entre el Banco Central, FONDEN, PDVSA y otros entes, no parecen ser suficientes para mantener el nivel de gastos, importaciones y compromisos externos, etc. (Sólo por estatizaciones se estima una deuda de 12 mil millones de dólares). Ya que los otros sectores de la economía no pueden reaccionar aumentando su actividad, el ingreso petrolero es la única tabla de salvación que tenemos. En cuanto a esto, los volúmenes parecen ser fijos y posiblemente decrecientes, dejando sólo los precios (variable exógena) para determinar el ingreso de la nación.
Precios: no ha crecido la demanda mundial. Hay 6,5 millones diarios de barriles cerrados, y esto sólo en la OPEP. Las inversiones en exploración han bajado, pero no se han parado (Brasil, México, Rusia….) Los precios han aumentado por demanda especulativa.
Volumen: creo que lo importante no es el monto absoluto, sino más bien las variaciones. Al mantener una mentira (volumen de producción) constante por varios años lo que importa son las variaciones. Tarde o temprano se sabrá si los 25 mil millones de dólares que quedan por cobrar de esas exportaciones son de verdad o de mentira.
Los volúmenes de producción de Venezuela (según la OPEP y la AIE), después de los dos recortes acordados en la OPEP (360 mil barriles diarios para Venezuela), deberían ser de 2.040.000 b/d. Este número se parece a los reportados por ambas fuentes y a los cálculos por métodos indirectos (número de taladros, consumo de insumos químicos, etc.) También por la información de las importaciones de los receptores: 100 mb/d (Cuba); 110 mb/d (otros receptores de Petrocaribe, aunque el compromiso es de 400 mb/d); 1.200 mb/d EEUU… y unos 650 a 700 mb/d de consumo interno. (PDVSA reporta un consumo menor a 500 mb/d, número constante desde hace muchos años que no concuerda con el aumento del parque automotor, el consumo adicional en plantas termoeléctricas (60mbr/d) vs. gas en el pasado, la sustitución de gas por gasoil en procesos químicos y el aumento en el contrabando de extracción). A este número se le debe agregar un “estimado” de 250 mb/d de líquidos. (Para un total de 2.300 mb/d de producción aproximada o 1.650 b/d de exportación). El aumento reportado por PDVSA de los costos de producción llega a unos 7,50 $/b vs 4,50 $/b en 2007; esto debe tomarse en consideración, aun sospechando una subestimación.
Algunos indicios que nos llevan a sospechar que la caja de PDVSA está en dificultades: 1. retrasos en pagos a proveedores vitales para la operación (probablemente aceleraron su expropiación); 2. reducción de los aportes a los programas sociales (Mercal; PDVAL); 3. retrasos en el arranque de las refinerías, entre otros. Detallo esto último: El CRP (Complejo Refinador Paraguaná) tuvo su parada de planta (aunque retrasada, normal de mantenimiento) en septiembre de 2008. El plan era el arranque en enero de 2009; fue pospuesto para marzo, luego para mayo, y el último reporte que tenemos es que sería para julio o agosto. El Palito retrasó su parada para coincidir con el arranque del CRP pero, por los retrasos de éste, comenzó en febrero de 2009, esperándose que arranque para julio de 2009. Lo importante de este caso es que los reportes que tenemos indican que el retraso no se debe a problemas técnicos, sino más bien a problemas de pagos a proveedores. Como consecuencia, apartando los costos de oportunidad de exportaciones, Venezuela ha tenido que importar entre 100 y 120 mb/d de gasolina de alto octanaje, pagándolas a precios internacionales para venderla a los deprimidos precios locales. Esto porque el alma de las refinerías que producen este tipo de componentes (FCC: Fluid Catlytic Cracker) es una de las unidades que están paradas, de nuevo, por razones de mantenimiento normal.
Esta fuente tan bien informada nos decía personalmente: “¡Cómo estará la cosa que PDVSA no puede detener la petrorragia de la importación de gasolina!” Se despidió con la siguiente advertencia: “Es verdad que el presupuesto de 2009 fue calculado a un precio del barril en 60 dólares, pero yo creo que ni con 80 puede el gobierno salir de los líos en los que se ha metido”. (En 2008, por sobre lo presupuestado, la Asamblea Nacional aprobó, obedientemente, ¡unos 140 créditos adicionales!)
¿Todo está bien, como afirmara la Presidencia de la República? ¿Se entiende ahora por qué se tardó tanto el teniente de PDVSA para presentar sus cuentas del año pasado? A mediados de 2008 el presidente Chávez había predicho que la participación del gobierno en el negocio de PDVSA alcanzaría los 75 mil millones de dólares: ahora resulta que, después de haber llegado a 60 mil al cumplirse los tres primeros trimestres, esa participación se contrajo a 48,8 mil millones de dólares para el ejercicio completo.
Bueno, uno no debe ser tan duro; es que—¡maldición!—los costos operativos de PDVSA aumentaron ¡en 50%!
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 11, 2009 | Cartas, Política |
¿Es posible que el barril de petróleo se coloque en veinticinco dólares en menos de un mes? ¿Es posible que el precio del petróleo suba a cien dólares por barril antes de que el año concluya? ¿Es posible una guerra entre Venezuela y Colombia? ¿Es posible un golpe de Estado en Venezuela? ¿Es posible una guerra mundial? ¿Es posible un material superconductor económico a temperatura ambiente? ¿Es posible un ataque terrorista al Metro de Caracas o a las líneas de transmisión del Complejo del Guri? ¿Es posible ganarse el Kino? ¿Es posible que el próximo Presidente de Venezuela no sea miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela? En términos generales ¿es posible una sorpresa política en este país?
Hace ya un buen tiempo desde que Yehezkel Dror caracterizara nuestra época como una en la que “la sorpresa se ha hecho endémica”. Ante esta situación, no obstante, es posible realizar un análisis constructivo, que nos permita manejarnos inteligentemente ante tal grado de incertidumbre.
En primer término, es conveniente caracterizar la incertidumbre que confrontamos. ¿Qué tipo de incertidumbre es?
La incertidumbre puede ser llamada incertidumbre cuantitativa cuando lo que ignoramos no es el tipo de eventos de posible ocurrencia, sino la probabilidad de que cada tipo ocurra. Esta clase de incertidumbre no es la más grave, aunque en algunos casos especiales puede llegar a ser muy molesta. Más profunda es una incertidumbre cualitativa, cuando es la forma misma de los eventos futuros lo que nos es desconocido.
Si se tratara de una incertidumbre del tipo cuantitativo, entonces habría ante ella dos cursos de acción disponibles. El primero consiste en tratar de reducir la incertidumbre, fundamentalmente por la obtención de más y mejor información. (Las encuestas de opinión que sean confiables, la información de primera mano respecto de los entretelones de Miraflores, son información que puede reducir este problema). Así, la labor de “inteligencia”—en el sentido en el que este término se emplea en la expresión “inteligencia militar”—es el primer camino. Es la labor primaria de las llamadas “salas situacionales”, tan de moda ahora entre circuitos opositores, a los que estas notas pudieran ser de alguna utilidad.
Ahora bien, nos encontramos ante una situación en la que aun la mejor inteligencia nos dejará con una incertidumbre residual, irreductible, y por tanto será necesario adoptar un expediente adicional al de los esfuerzos por reducirla. Este segundo camino es el de estructurar la incertidumbre residual, para tener la oportunidad de comprenderla mejor.
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Pero además está presente en la consideración de una sorpresa política en Venezuela la segunda y más insidiosa forma de incertidumbre: la incertidumbre cualitativa. Es decir, es posible afirmar la posibilidad de ocurrencia de eventos políticos que ni siquiera podemos describir en términos cualitativos.
Dror ha enumerado los rasgos de un modelo de confección de políticas (policymaking) apropiado a nuestras condiciones actuales, al que llamó el “modelo de apuesta difusa” (Policy-gambling: A preliminary exploration, 1985): “Una buena imagen para considerar la confección de políticas como apuesta difusa es la de un casino inestable, donde la opción de no jugar es en sí misma un juego con altas probabilidades en contra del jugador; donde las reglas del juego, las proporciones necesarias de suerte y habilidad y los premios, cambian en forma impredecible durante la apuesta misma; donde formas impredecibles de ‘cartas locas’ (tales como un ataque terrorista o la distribución de diamantes por millonarios pródigos) pueden aparecer súbitamente; y donde la salud y la vida de uno mismo y la de sus seres amados puede estar en juego, algunas veces sin uno saberlo”.
El modelo extremo de apuesta difusa involucra situaciones en las que la dinámica que da origen a los resultados de una decisión es desconocida y toma la forma de la indeterminación, la discontinuidad y los saltos cualitativos. (Por ejemplo, la Ley Orgánica de Procesos Electorales).
Algunas de las consecuencias de este estado de cosas son las siguientes:
a. Los resultados no pueden ser predichos ni en términos de posibilidades definidas ni en términos de riesgo, en el sentido técnico de distribuciones de probabilidad.
b. La adjudicación de probabilidades subjetivas es un acto que puede ser calificado de ilusorio.
c. La no-decisión, o las decisiones incrementales (modificación de las cosas “poquito a poco”), constituyen estrategias fútiles como modo de contener la incertidumbre, dado que la repetición del mismo acto o la misma política puede dar origen a resultados radicalmente diferentes en cada ocasión.
d. Los valores, y las metas mismas, pierden su constancia en la toma de decisiones, entre otras cosas a causa de cambios impredecibles en los contextos que establecen las prioridades.
e. Una mejor inteligencia, en el mejor de los casos, no puede hacer otra cosa que hacer más explícita la ignorancia.
Se está en presencia de una alta probabilidad objetiva de que eventos de baja probabilidad ocurran frecuentemente. En términos subjetivos, domina la sorpresa.
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Ésos son los rasgos de un caso extremo y abstracto de “apuesta difusa”, que, no obstante, puede ser más pedagógico a la hora de comprender el tipo de situación que confrontamos. Un modelo más cercano a la realidad modera la gravedad de esos rasgos y puede ser descrito, a su vez, en los siguientes términos:
a. Una cierta proporción de los resultados podrá ser prevista en términos de riesgo (estimación cuantitativa) y en términos de posibilidades (estimación cualitativa). La proporción restante adoptará la forma de configuraciones impredecibles, con discontinuidades y saltos.
b. En una cierta proporción, las situaciones podrán ser diagnosticadas como tendiendo más hacia la discontinuidad o como tendiendo más hacia la continuidad. En una cierta proporción la ignorancia domina, sin que exista la posibilidad de evaluar de antemano las situaciones como conducentes a la continuidad o a la ruptura.
c. La utilidad del empleo de probabilidades establecidas subjetivamente, y la del análisis de decisiones que se base en ellas, la constancia de valores y metas, la capacidad de la inteligencia para contener y reducir la ignorancia, etcétera, dependerán de una mezcla de incertidumbre e ignorancia.
d. Eventos considerados como de baja probabilidad ocurren con frecuencia variable y la sorpresa llega a ser endémica.
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Puede ser que esta última enumeración no parezca mejorar las cosas demasiado. Sin embargo, permite una aproximación más constructiva al asunto. Por ejemplo, será posible, al menos para el tratamiento de una parte de los posibles eventos políticos o la preadaptación a ellos, una clasificación de los mismos en cuatro categorías a considerar, según sea su probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendrían: 1. Eventos de alta probabilidad y alto impacto, para los que sería una locura no prepararse. (Verbigracia, la repetición de Chávez en la Presidencia de la República). 2. Eventos de alta probabilidad y bajo impacto, para los que no se requiere demasiada prevención, dado que modificarían poco el statu quo. (Por ejemplo, la instauración de un esquema opositor unitario para las elecciones parlamentarias). 3. Eventos de baja probabilidad y bajo impacto, los que pueden ser más o menos desatendidos. (Tales como una candidatura presidencial de Raúl Isaías Baduel). 4. Eventos de baja probabilidad y alto impacto, para los que es aconsejable, al menos, tener previsto un plan contingente, ya que de ocurrir aquéllos las cosas cambiarían significativamente. (Estos pueden ser, entre otros, la posibilidad de un verdadero outsider como Presidente o la posibilidad de un golpe de Estado militar).
Es importante advertir que en materia de la clasificación anterior, y para el propósito de este análisis, no se está calificando los impactos en términos de bondad o maldad. Un alto impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Puede haber outsiders positivos y negativos; Chávez resultó ser, muy claramente, de este último tipo. (Es opinión de esta publicación, sin embargo, que aún el proceso problemático venezolano no ha llegado a un grado de deterioro tal que un golpe de Estado deje de ser francamente negativo, y que no es probable que un golpe de Estado militar conduzca de inmediato a una mejor forma de gobernar el país o a la solución de sus principales problemas).
Desde el punto de vista de las posibilidades que provee una situación tan turbulenta como la venezolana, es necesario advertir que aumentan las probabilidades de éxito de aventuras que intencionalmente busquen cristalizar a su favor las múltiples tensiones existentes, siempre y cuando sean bien ejecutadas y den realmente salida a tales tensiones. En Road maps to the future (Pergamon Press, 1980), Bohdan Hawrylyshyn decía lo siguiente: “En química, puede uno disolver más y más sólidos en una mezcla hasta que se alcanza el estado de saturación. Un solo cristal adicional puede entonces precipitar a todos los sólidos fuera de la solución. La historia reciente muestra que los eventos pueden ser precipitados en una forma análoga en sociedades en las que se acumulan demasiadas tensiones. Lo que se requiere entonces es sólo un catalizador. En Portugal puede haber sido un libro publicado por un general. En Irán, que también tenía un ejército fuerte y una implacable organización de seguridad interna, fue la voz de Khomeini, oída directamente (como del cielo) en cassettes de audio. En Polonia, el Papa, durante su reciente visita, pudo haber desencadenado casi cualquier conjunto de eventos según su escogencia”.
Es posible que la situación actual de la política venezolana corresponda a la situación de saturación descrita anteriormente en los términos de Hawrylyshyn. (Si esto es así, prácticamente ningún líder opositor de los que habitualmente actúan en la escena nacional tendría la potencialidad de ser el catalizador que cristalice, o mejor, canalice a su favor las tensiones. La gran mayoría de ellos han tenido ya exposición pública suficiente, por lo que, si hubiera sido percibido alguno como el líder buscado, hace tiempo ya que se hubiera producido la estampida y hace tiempo ya que esto se hubiera manifestado en los registros de opinión pública).
No todas las personas perciben, no obstante, la situación de esa manera, como inminencia de cambio radical. Sobre todo en personas de relativa alta cultura política, y que pertenecen de algún modo a las élites políticas o económicas, es marcada la tendencia a considerar la situación como pasajera y resoluble mediante expedientes más o menos tradicionales (o necios). Esto es una tendencia relativamente común. Alexis de Tocqueville destacaba, en L’Ancien Régime et la Revolution, la paradoja de la presencia evidente de los signos prerrevolucionarios y la ceguera de muchos de los actores sociales de Francia en 1789. “Ningún gran evento histórico está en mejor posición que la Revolución Francesa para enseñar a los escritores políticos y a los estadistas a ser cuidadosos en sus especulaciones; porque nunca hubo un evento tal, surgiendo de factores tan alejados en el tiempo, que fuese a la vez tan inevitable y tan completamente imprevisto… Las opiniones de los testigos oculares de la Revolución no estaban mejor fundadas que las de sus observadores foráneos, y en Francia no hubo real comprensión de sus objetivos aún cuando ya se había llegado al punto de explotar”.
Yehezkel Dror empleó varias sugestivas imágenes para el enfoque del tema en Cómo sorprender a la Historia (How to spring surprises on history). Por ejemplo, nos recordaba a Maquiavelo, para “considerar la posibilidad de convergencia entre oportunidades históricas raras (ocassione) que provee la historia (fortuna) y que pueden ser utilizadas por gobernantes que tengan las raras cualidades necesarias (virtu)”.
Dror ha ofrecido la tesis de que en el mundo contemporáneo la probabilidad de discontinuidades va en aumento, lo que proveería “situaciones en las que es posible estimular o hacer surgir algunas discontinuidades mediante la intervención consciente”. (Algunas variables exógenas—no controladas desde dentro de un sistema político en particular—así como tendencias de creciente aproximación a soluciones de crisis, son los tipos principales de factores que hacen aumentar las ocurrencias sorpresivas). A su juicio, son tres las situaciones que pueden justificar o motivar intentos conscientes de provocar mutaciones políticas: “a. Si las tendencias actuales son vistas como crecientemente negativas y cada vez más peligrosas para los valores aceptados. b. Si se ha dado un salto en los valores que lleva consigo un imperativo categórico de tratar de cambiar la realidad, aun cuando ésta sea satisfactoria para los valores previos. c. Si la realidad se percibe en cualquier caso como turbulenta y mudable, requiriendo respuestas bajo la forma de saltos en políticas como el único modo de tener, tal vez, feedback positivo, bien sea para evitar cambios negativos o para aprovecharse de oportunidades positivas”.
Es también útil tomar en cuenta los pocos comentarios tentativos que puede Dror ofrecer—él mismo reconoció que en este terreno se movía en terra incognita—ante el problema práctico de cómo planificar una sorpresa a la historia. Dice textualmente:
a. La selección y el éxito de intentos por mutar tendencias depende del macroanálisis de situaciones socio-políticas y político-estratégicas y su evolución. Algunas veces un solo individuo se muestra capaz de asir tales Gestalten. Pero, para hacerlo sistemáticamente, son necesarias unidades especiales compactas, altamente calificadas e interdisciplinarias. Los equipos de análisis político y de inteligencia del tipo convencional son incapaces de hacer el trabajo.
b. Es posible definir situaciones en las que se justifiquen intentos de ir más allá del incrementalismo y de sorprender a la historia. Ciertas tendencias al deterioro que constituyan amenazas cada vez más serias; ideologías y aspiraciones que no tengan chance sin rupturas radicales de la continuidad; una turbulencia histórica que o se vuelve demasiado riesgosa o provee oportunidades que no volverán; todo esto, como ya ha sido mencionado, son condiciones que pueden ser analíticamente diagnosticadas y que justifican políticas de shock.
c. Puede ser posible a veces el diseño de una política de shock como política dominante, la que en el mejor de los casos logra desplazamientos muy deseables en los eventos y que en el peor de los casos no involucra costos serios. En otras situaciones puede ser posible reducir los riesgos de fracaso o sus costos, mediante un sondeo y aprendizaje preliminares, construyendo sobre la base de la reversibilidad o por varias estrategias de “compensación de apuestas”. (Hedging). En vista de la incertidumbre de la postdiscontinuidad, las políticas de cambio radical usualmente confrontan riesgos irreductibles e indefinibles. Por tanto, a pesar de las posibilidades arriba mencionadas, tales políticas son intelectual y emocionalmente “apuestas difusas”. Todas las metodologías de confrontación de incertidumbre son útiles, pero de utilidad limitada.
d. La prudencia (que es un juicio de valor en “loterías”) requiere por tanto de un “análisis del peor caso”, en el que lo pésimo de la continuación de tendencias o de la no intervención en la turbulencia ambiental se compara con lo pésimo de los intentos de causar discontinuidad. La comparación de lo pésimo de la no intervención con lo óptimo de la intervención es un enfoque muy riesgoso que no puede ser recomendado. (Aunque, inherentemente, esto es un asunto de juicios de valor sobre las actitudes ante el riesgo). Por otra parte, la comparación de lo óptimo de la no intervención contra lo pésimo de la no intervención tampoco puede ser recomendada, por más que esto sea una difundida postura intelectual del incrementalismo y del conservatismo.
Por último, vale la pena considerar este párrafo de Dror sobre una de las condiciones esenciales a la mutación histórica: “Los emprendedores políticos (policy entrepreneurship) son un requisito para darle sorpresas a la historia. Requiere la existencia de políticos singulares que sean innovadores, anulen el conservatismo y quizás sean más aventureros, aceptadores de riesgo y propensos a apostar”. Y finalmente advierte: “Esto hace surgir un dilema: una demasiada concentración de poder en políticos singulares, o en un grupo muy pequeño de tomadores de decisiones, aumenta el peligro de la acción precipitada y la equivocación. Por otro lado, un sistema demasiado cuidadoso de frenos, contrapesos y controles mutuos puede impedir las innovaciones políticas radicales del tipo histórico-mutante. Los pequeños núcleos de políticos de alto nivel, auxiliados por pequeñas islas de excelencia bajo la forma de equipos altamente calificados, puede que sean lo óptimo para darle sorpresas a la historia. Este tipo de estructuras gubernamentales es aceptado en países democráticos bajo condiciones de crisis aguda”.
Habrá que ver si tenemos en Venezuela una crisis de esta clase.
luis enrique ALCALÁ
por Luis Enrique Alcalá | Jun 4, 2009 | Cartas, Política |
Observada a distancia clínica, Venezuela presenta la superposición de un proceso oncológico a una condición previa de insuficiencia política. (Médicamente, una insuficiencia cardiaca alude a la enfermedad caracterizada por una deficiencia en el bombeo de la sangre que debe hacer el corazón; una insuficiencia renal a la incapacidad de los riñones de filtrar la sangre como es necesario. Cuando el aparato público de una nación—los poderes públicos a toda escala—no resuelven los problemas públicos, única actividad que justificaría su existencia, puede hablarse con toda propiedad de un caso de insuficiencia política).
La patología política venezolana más preocupante, sin duda, es el chavoma: el proceso canceroso, invasivo y maligno que la amenaza, últimamente de modo acelerado. Es el cuadro clínico más agudo y peligroso. La atención del país se ha concentrado de modo más que natural en este proceso desde que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela. Pero reducido el chavoma, aun por medios clínicos, no quirúrgicos, el cuadro de insuficiencia continuaría manifestándose.
La etiología de esa insuficiencia no debe buscarse en una intencionalidad culpable en el político profesional promedio—que a fin de cuentas es un animal de cuarenta y seis cromosomas y, por eso mismo, de cualidad moral equidistante del santo y el felón—sino en su esclerosis paradigmática. Es la impertinencia de los paradigmas políticos prevalecientes, acompañada de una pertinaz resistencia a abandonarlos, la causa, como en casi todas partes del mundo, de nuestra insuficiencia política.
Los miembros más importantes de la constelación de paradigmas que guían la práctica política convencional son el concepto de Realpolitik (política de poder) y la “necesidad” de ubicarse en un punto del continuo cuyos polos son la extrema derecha y la extrema izquierda.
Esto último es lo que cede cada vez más, de modo inexorable. A pesar de la insistencia de Chávez en el socialismo y de los Vargas Llosa en el liberalismo, lo que es tendencia de mayor masa e inercia es el “moderno molde postideológico” (expresión de Tony Blair). Hoy en día pudiera decirse que ser socialista—a lo Bernard-Henri Lévy—no es ser estatista sobre principios marxistas, sino preocuparse por la “anormal” distribución de la riqueza en la mayoría de las regiones de la tierra. Si el buen socialista de antaño fue estatista es porque creía que la estatización era una terapéutica eficaz; el buen socialista de hoy admite al mercado como sistema fundamentalmente natural y a la libre empresa como sistema superior al manejo centralizado de la economía, aunque ambos deban ser objeto de corrección cada cierto tiempo.
En cambio, la idea básica de la Realpolitik, que en el fondo la política no es otra cosa que una lucha por el poder, es más difícil de erradicar, sobre todo en nosotros, que debemos sufrir las obsesiones de un Presidente de la República que lleva esa noción a extremos enervantes. No obstante, para allá va la cosa.
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El año en que Chávez era electo Presidente por primera vez, John A. Vasquez publicaba una segunda edición muy ampliada de su clásico de 1983: The Power of Power Politics. Ya hace más de un cuarto de siglo de que sostuviera que el paradigma “realista”—basado en la opinión de que los humanos no somos inherentemente benévolos sino egocéntricos y competitivos—es inadecuado para el científico de lo social y crecientemente ineficaz. En 1998 añadió mucho más material al libro para arribar a un último capítulo de conclusiones, al que llama The continuing inadequacy of the realist paradigm (La continua inadecuación del paradigma realista).
Vasquez es un estudioso del asunto en el terreno de las relaciones internacionales, las relaciones entre estados, pero las observaciones del paradigma realista en este campo son descripción aplicable a la práctica política intranacional. El “realista” internacional sostiene que el interés nacional supremo de cada estado son su seguridad y supervivencia; que para buscar la seguridad nacional los países luchan por acumular recursos; que las relaciones entre los estados vienen determinadas por su nivel comparativo de poder, el que se deriva principalmente de sus capacidades económicas y militares. Es claro que estos mismos rasgos—opiniones y acciones—caracterizan las pujas intranacionales de las “fuerzas” políticas que compiten por el poder. En ambas esferas, el resultado de la política entendida de ese modo es el engrandecimiento de un actor político—nación, partido, candidato—a expensas de sus competidores, y este desenlace no guarda relación con la solución de los problemas de carácter público, sean éstos las guerras entre naciones o la distribución de la riqueza en un país.
Y aunque sólo rarísima vez los ciudadanos, nacionales o planetarios, establecen consciente y explícitamente la conexión entre la ineficacia o la insuficiencia políticas y la conducta combativa de la Realpolitik, tarde o temprano aprenden que esta última, lejos de resolver los problemas más bien los agrava.
Esto está sucediendo, de forma creciente, con el gobierno de Hugo Chávez a escasos tres meses de su triunfo electoral en un referéndum que le ha abierto las puertas a su repetida postulación y su reelección indefinida. Una vez emprendido a raíz de ese éxito, en costosísimo error, un obsceno avasallamiento de quien se le pare enfrente, ahora las dos terceras partes del electorado venezolano prefieren que su mandato no se prolongue después del año 2012. (Según encuesta recentísima del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, presidido por Félix Seijas, antiguo Jefe de la Oficina Central de Estadística e Informática de la Presidencia de la República).
Este hallazgo se suma, con un registro de intenso rechazo al atropello chavista, a mediciones como las de Alfredo Keller y las de Datanálisis. Estas últimas han sido reveladas por el propio Luis Vicente León, Director General de la firma, en su más reciente artículo dominical: el rechazo de las recientes políticas de Chávez es de 75% contra las expropiaciones, de 70% a la obstaculización de gobernadores y alcaldes de oposición, de 78% al irrespeto de la propiedad privada, de 83% al modelo cubano, y sólo 10% aprueba la estatización de ciertas empresas del sector de alimentos. Por lo que toca a Keller, notó el mes pasado que 54% de sus entrevistados cree que la situación del país empeorará, que 61% piensa que sus condiciones económicas mejorarían si se atrajera inversión de los Estados Unidos mientras que 53% estima que empeorarían si se procurara lo mismo de Cuba e Irán, que 74% considera negativa la estatización de las grandes empresas, que 58% considera mala la legislación que permite al presidente Chávez nombrar autoridades por sobre los gobernadores y los alcaldes. Por su parte, el IVAD obtiene que 87% de los encuestados en mayo piensa que el gobierno debe dialogar con la oposición (lo que propuso José Vicente Rangel justo después del referéndum), y que 77% desaprueba el atropello contra los gobernadores y alcaldes que no controla.
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La utilidad política de atropellar a opositores, sean éstos funcionarios electos, empresarios o comunicadores, va más allá del inmisericorde debilitamiento de sus fuerzas. Como ha enfatizado el doctor Arístides Hospedales, miembro de la dirección política de Un Nuevo Tiempo, Chávez intuye que su salvación electoral reside en la posibilidad de reavivar la candela abstencionista en el seno de quienes se le oponen. Por esto sus acciones desalmadas, que buscan sembrar en los electores que lo repudian la idea de que no vale la pena votar, porque los resultados que le fueren contrarios no serían respetados, ni tampoco las garantías constitucionales o las opiniones disidentes. Las expropiaciones sirven para no pagar acreencias, naturalmente, pero también para que Chávez pueda demostrarse como “socialista”; la suspensión de las elecciones en 2009 ahorra recursos, por supuesto, pero en verdad elude la paliza que se iba a propinar al gobierno en cualquiera de las elecciones sindicales programadas para este año, como ha apuntado Melquíades Pulido, del Grupo La Colina.
Más en general, la división de 54% de los votantes a favor y 46% en contra (con una tercera parte de abstenciones) que disfrutó el oficialismo el 15 de febrero ya no existe. Como destaca el editorial de ayer del diario Tal Cual, Félix Seijas ha puesto especial atención a la dinámica de los actuales “bloques políticos” en Venezuela. IVAD pondera el “bloque chavista” en 45% de sus entrevistados, pero quienes se ubican en el “bloque no chavista” constituyen el 43%. El editorial mencionado relaciona este dato con una tendencia desfavorable al gobierno y favorable a la oposición y dice: “¿A dónde conducen estas tendencias? Ambas líneas de desarrollo están inexorablemente destinadas a cruzarse”.
No hay duda de que la intención del editorial es decididamente sana. Precisamente en momentos cuando Chávez persigue anular la oposición a sus designios metiendo miedo, la convocatoria a perseverar, a no abandonar el instrumento del voto, sobre la sólida base del medible nivel de la opinión nacional, es el mejor antídoto contra el amedrentamiento, contra el terrorismo del Estado.
Ahora bien, es preciso interpretar correctamente el hallazgo de Félix Seijas. Ni puede indentificarse el “bloque” de los no chavistas en su encuesta con la suma de agentes formales de la oposición (los partidos), ni puede creerse que el mandado está hecho, que no hay que trabajar porque la caída del régimen sería ineludible en 2012, independientemente de qué clase de fuerza se le oponga.
Si se entiende por bloque un trozo grande de la opinión nacional las etiquetas del IVAD se mantienen, pero sus “bloques políticos” no obedecen a la definición de la cuarta acepción del DRAE para el término: “Agrupación ocasional de partidos políticos, países o asociaciones con objetivos comunes”. Ni todavía existe tal cosa—varios actores trabajan con denuedo y paciencia en su constitución—ni la federación del archipiélago opositor formal garantiza que Chávez será vencido. A pesar de la medición de Seijas, la gente no alineada sigue estando allí, insatisfecha crecientemente con el gobierno nacional, pero insatisfecha también, y muy especialmente, con el discurso de los partidos de oposición. Cuidado conque una reedición de la Coordinadora Democrática o el MUN de Ledezma se comporten según la definición de bote salvavidas propuesta por Enrique Jardiel Poncela: “Lancha que sirve para que se ahoguen juntos los que se iban a ahogar por separado”.
Y es que ni siquiera es el “bloque no chavista” de Seijas algo que responda a la quinta acepción del diccionario: “bloque. 5. Conjunto coherente de personas o cosas con alguna característica común”. Obviamente, hay un gentío que tiene la característica común de repudiar a Chávez, incluyendo gente que hasta recientemente había aprobado su gestión. (Y que echa en falta una “nueva opción, porque con esta oposición tampoco se puede”). La división descrita por Seijas, cuidado, es la de la polarización Chávez-antiChávez, y no equivale a la distinción entre el PSUV y el resto de los partidos. Ese “bloque” con la característica común de rechazo al régimen en su estilo pendenciero, por lo demás, no es lo que la definición exige, un conjunto coherente. Para que sea eficaz es necesario trabajar en el logro, justamente, de la coherencia.
Tal cosa es imposible de lograr en el promedio de las posiciones de oposición, en la combinación negociada de sus respectivas ideologías. Una cosa así sólo puede provenir de un discurso esencialmente diferente, de una nueva especie de organización política.
Pero esto último puede ser alcanzado de dos maneras. La más radical es la construcción de esa nueva opción desde cero, la inauguración de una asociación política fresca. La otra es la metamorfosis de organizaciones existentes, y en principio ésta sería la ruta más económica. Hasta una entidad tan rayada como la sucursal venezolana de Stanford Bank es apetecible por un banquero de lujo, José María Nogueroles, y seguramente le sacará provecho a su adquisición.
Claro está, esta segunda posibilidad sólo es viable—esto sí una “política realista”—a partir de la disposición de los actuales partidos democráticos a transformarse en especímenes políticos inéditos, y entonces tendrían que autorizar que en ellos se practicara lobotomía frontal e implante de nuevos circuitos conceptuales, en los que venga impreso un paradigma clínico de la política.
Sería necesaria mucha valentía y una elevación grande, en nuestros políticos convencionales, para lograr lo que se necesita a partir de una metamorfosis de lo existente. Pero ¿quién sabe? A lo mejor el aprendizaje de diez años de sobresaltos y desafueros, de ineficacia y de fracaso, ha puesto las conciencias políticas a punto de caramelo.
luis enrique ALCALÁ
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