por Luis Enrique Alcalá | Ago 23, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
Fue en el año de 1986, dos años después de haber empleado por primera vez una «metáfora médica» para entender a la actividad política desde un paradigma distinto de la «política de poder» (Realpolitik), cuando me atreví a escribir un trabajo sobre los problemas del país desde aquella perspectiva. De hecho, el trabajo en cuestión fue estructurado en términos de diagnóstico, pronóstico y tratamientos, y hasta le calcé el nombre de Dictamen. (Junio de 1986).
La mayor parte del estudio fue dedicada al nivel «somático» de nuestra problemática, pero un apéndice (El estado de la psiquis venezolana: Síndrome de la sociedad culpable), se refirió a aspectos psicológicos. Es este apéndice el que se reproduce acá en su totalidad, para formar la Ficha Semanal #60 de doctorpolítico.
Cuatro años antes, a fines de 1982, había creído percibir claramente la necesidad de una acción responsable que incidiera terapéuticamente sobre una psiquis nacional acogotada y confusa, a punto de encarrilarse en la campaña electoral de 1983, que a la postre ganaría increíblemente Jaime Lusinchi contra la cimera figura de Rafael Caldera. Mis preferencias se inclinaban por éste. («Intervine en la campaña de Rafael Caldera creyendo que podría ejercer en ella, y en su eventual gobierno posterior, una influencia significativa. Por otro lado, no tenía respeto por la figura de Jaime Lusinchi, el otro contendor a considerar, quien no me impresionaba bien en el conocimiento superficial que de él tenía por ese entonces. Participé en la campaña de Caldera a pesar de sostener la opinión, que expresé ante algunos amigos en una cena en la casa de Francisco Aguerrevere, de que elegir a Caldera representaría a los venezolanos el pago de un costo. Un costo de rigidez e inercia conceptual ante las nuevas situaciones que seguramente se darían». Relatado en Krisis: Memorias prematuras, febrero de 1986). Al término de 1982 asistí a una reunión en casa de Allan Randolph Brewer-Carías: «En esa reunión en casa de Brewer-Carías argumenté que Caldera debía ser un gran explicador de la crisis a los venezolanos, aprovechando su indiscutida condición de influencia y prestigio. Pensaba ya por entonces que una condición esencial a buscar en la política venezolana era la de permitir una suerte de expiación o catarsis de la sensación de culpa nacional. Pensaba también que Caldera podía emprender esa tarea. En el juego del escondite como lo jugábamos de niños, cuando quedaba sólo un jugador por ser descubierto éste podía librar a los demás si llegaba inadvertido a la ‘guarimba’ y gritaba: ‘¡libro por todos!’ Un líder debía venir a librar por todos en ese juego deprimente de la política nacional a las alturas de la campaña de 1983». (Krisis).
Esa exposición llevó a que fuera solicitado para proponer acciones de la campaña de Caldera, y a comienzos de 1983 presenté algunas ideas por escrito: «Mis recomendaciones alcanzaban a vislumbrar varios ‘momentos’ posibles en la campaña de Rafael Caldera. El primero sería el de la ‘asunción de la crisis’. Para esto había elaborado un discurso prototípico cuyo texto anexé. El discurso exigía de Caldera hablar bien del país. Pero no únicamente del país en abstracto o del país en general. Lo ponía, debiendo adoptar una posición superior a la esperada y minúscula competencia, a hablar bien de Acción Democrática, del Movimiento al Socialismo, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción. Lo ponía a explicar la crisis financiera como un resultado casi natural derivado del atragantamiento y consiguiente indigestión de dólares de la recrecida renta petrolera. Lo ponía a reconciliar al país con su propia imagen, al mostrar cómo era que las economías de los países más prestigiosos (Alemania Federal, los Estados Unidos de Norteamérica), también se hallaban en problemas y, por tanto, cómo no éramos ‘los indios’ los únicos que habían mostrado un desempeño económico defectuoso. Lo ponía a desmontar esas inexactas visiones dicotómicas de los ‘buenos’ y ‘los malos’ y a explicar cómo las cualidades morales también mostrarían al análisis una distribución estadística ‘normal’. Lo ponía, finalmente, a prometer algunas consecuencias prácticas para su propia campaña electoral, en consonancia con la necesidad de contribuir a la austeridad que ya era evidentemente requerida. (Como renunciar al empleo de asesores electorales extranjeros como un medio de ahorrar, aunque fuese ‘poco’, la erogación de divisas). Ése era, claro está, el discurso que yo hubiera pronunciado de haber sido Rafael Caldera, pero fue también el discurso que Caldera no quiso pronunciar».
De modo que siempre he tenido preocupación por el estado de nuestra psiquis social, y por la necesidad de tratarla para atenuar los efectos paralizantes de una culpabilidad compartida que pareciera no tener remedio. Como podrá verse de la lectura de esta ficha, mis recomendaciones de 1986 al respecto no pasaban de ser esquemáticas y no poco primitivas.
LEA
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Síndrome de sociedad culpable
En las páginas precedentes nos referimos a procesos de la patología política que se desenvuelven en la arquitectura del soma nacional. No es menos importante alguna consideración, aunque sea somera, del estado de la psiquis venezolana en la actualidad. Esto es así, porque es lo psíquico lo más rápida y fácilmente cambiable. En efecto, las infraestructuras físicas, los procesos educativos, el desarrollo de tecnologías, las estructuras económicas, son todos procesos o componentes que requieren de una larga maduración. En cambio, sobre el estado de ánimo de una nación es posible provocar cambios de incepción más inmediata.
La crisis de confianza no es una que se restrinja a la desconfianza de los actores políticos, de la actividad económica privada o de cualquier otra institución de la vida nacional. La crisis llega a ser tan englobante que llega, en más de un momento, a manifestarse como desconfianza en el país como un todo.
El síndrome subyacente es el síndrome de sociedad culpable.
Esto no es exclusivo de Venezuela. Algunas sociedades contemporáneas, por lo menos algunas pertenecientes a la clase de sociedades democráticas, pueden ser descritas como «sociedades culpables». Sus componentes sociales, clases, profesiones, instituciones y sus líderes, todos ellos han «pecado», algunas veces con la noción de inevitabilidad, cuando quiera que interactúan políticamente. Para decirlo en otras palabras: cada componente social se percibe a sí mismo como «forzado», hasta cierto punto, a comportarse de un modo que no es moralmente placentero sino desagradable y aún traumático. Hay un cierto momento cuando cada quien parece aceptar «las realidades de la vida» de la Realpolitik y comienza a comportarse inmoralmente «por necesidad».
No parece haber un modo de escapar de tal condición. Todo el mundo «sabe» y todo el mundo olvida convenientemente, ya que no parece haber salida, ninguna manera de detener la mala conducta social y política. Pero nadie olvida realmente y todo el mundo se siente culpable.
Quizás el instrumento psicológico más poderoso de las religiones es precisamente el de la liberación de la culpa. La Santa Confesión de la Iglesia Católica Romana es tan sólo una versión de los muchos ritos de expiación que se encuentran en el curso de las edades en la práctica religiosa. Sus efectos principales son el de una instantánea sensación de alivio, usualmente acoplada con un tono emocional optimista, un sentimiento de que el progreso es después de todo posible, de que esta vez las cosas sí van a salir bien. Esa clase de estado emocional es justamente lo opuesto de la conciencia de sociedad culpable descrita antes. Y una cuestión que surge de inmediato es la de si es posible visualizar un mecanismo para el perdón y la expiación sociales que permita una reordenación optimista de los componentes sociales actualmente erosionados en su eficacia por una fatiga general y por difundidas creencias de impotencia sistémica.
Una consecuencia de la sociedad culpable es un modelo de evaluación estándar para el manejo de la interacción social y política. Este modelo incluye la gerencia del conflicto a través del uso de una política del poder puro como la técnica social preferida. En tal situación, la entropía es la gananciosa, y la eficacia la perdedora. La gobernabilidad se debilita, si no es que es definitivamente destruida.
Esta última afirmación puede parecer peregrina a muchas personas. Algunos estarían prestos a argumentar que gobernar una sociedad es precisamente gerenciar el conflicto. A esto respondemos que es posible registrar, o por lo menos concebir, situaciones en la que la eficacia de los actores políticos se detiene justamente en la resolución de los conflictos, incapaces de ir más allá de ese punto hacia logros más positivos de metas societales. De hecho, pudiese ser que mucha de la política de hoy se pareciera al trabajo de Penélope, de nula consecuencia.
La política puede ser, en efecto, congelada en ineficacia a través del estéril proceso de perpetuar el conflicto en el medio de cultivo de una sociedad culpable. Es por esto que una de las tareas principales para una nueva manera de conducir el negocio político es la búsqueda de líderes, partidos o instituciones políticas de una clase diferente, que puedan hacer surgir la expiación o absolución general de una sociedad.
Tal tarea se compone de dos distintas fases o procesos. Una consiste en la «naturalización» de conductas inmorales pasadas. El ser capaz de mostrar o explicar que ciertos tipos de conducta no ética tienen sus propias y muy fuertes cadenas de causalidad, que «no somos tan malos» después de todo, que hicimos esto y aquello por razones relativamente poderosas, evitando al mismo tiempo la versión cínica de este estado mental, es decir, la justificación de absolutamente todo. Esta primera parte de la tarea sería conducente a una reconciliación general. Uno no sólo estaría absuelto sino también consciente de la necesidad del otro de su mala conducta aparente.
La segunda fase es más complicada. Implicaría el problema de convencer a los miembros de una sociedad de un destino constructivo posible para todos, un destino que sería obtenible por métodos que difieren de los procedimientos usuales de la Realpolitik. Esto, a su vez, implica un diseño societal e incluso trascendental que tenga la capacidad de recapturar la fe y la esperanza humanas.
Ambas cosas son logrables con la sociedad venezolana. No hay duda de que estamos, con ella, ante un caso agudo de sociedad culpable. Reiteradamente, la mayoría de los diagnosticadores sociales nos restriega la culpa de nuestra desbocada conducta económica en nuestro pasado inmediato. Esto viene haciéndose desde hace ya varios años de modo sistemático. Las «proposiciones» de solución a los problemas vienen usualmente formuladas en términos de la transferencia de la culpa hacia otros. «Estamos mal porque aquél se portó mal». Todos los días.
Pero esta exageración es, por supuesto, desmedida. No se trata de negar que se ha incurrido en conductas inadecuadas y hasta patológicas. Pero, en primer término, el proceso ha sido en gran medida eso: una patología. Como tal patología, la conducta social inadecuada puede ser juzgada con atenuantes. ¿Qué sociedad bien equilibrada no hubiera exhibido patrones de conducta similares a los venezolanos luego de la tremenda indigestión de moneda extraña que tuvo lugar durante la década de 1973 a 1983? ¿Qué conducta podía esperarse en una sociedad que, como la nuestra, ha retenido largamente la satisfacción de necesidades y se ve súbitamente anegada de recursos y posibilidades? Recordamos la similitud con aquellos campesinos que de repente eran llevados a los cursos de un mes de duración que patrocinaba el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria, y que se enfermaban con la ingestión de tres comidas diarias, porque esta dieta era para ellos un salto enorme en la alimentación a la que estaban acostumbrados. Recordamos aquellos suicidios «anómicos» registrados por Émile Durkheim en Europa de fines de siglo, cuando una persona se quitaba la vida al experimentar un súbito desnivel entre sus metas y sus recursos, así fuera cuando el desequilibrio se produjese por la repentina y fortuita adquisición de una fortuna.
La dimensión del atragantamiento de divisas provenientes del negocio petrolero ha sido enorme. Bajo otra luz distinta a la que habitualmente se dispone para el análisis de este proceso, bien pudiera resultar que halláramos mérito en nuestra sociedad, pues tal vez nos hubiera ido peor, con una menor capacidad de absorción del impacto.
En términos relativos, además, nuestra conducta se compara con similitud ante la de otros países. El Grupo Roraima, en importante trabajo sobre la inadecuación de ciertos axiomas clásicos de nuestra política económica, no hizo más que constatar la semejanza de comportamientos de Venezuela con los de países que, con arreglo a otros indicadores, son habitualmente considerados como más desarrollados que nosotros. (Reino Unido, por ejemplo). Es conocido el regaño que Helmut Kohl imprimiera a sus compatriotas en el discurso inaugural como Primer Ministro de la República Federal Alemana, hace sólo tres años. La revista TIME exhibió crudamente la conducta económica desarreglada de muy grandes contingentes de norteamericanos en un famoso artículo de 1982. Etcétera.
Esto es importante constatarlo, no para refugiarnos en el consuelo de los tontos, el mal de muchos, sino para salir al paso de muchas implicaciones, explícitas e implícitas, que suelen poblar la constante regañifa que, desde hace años, soporta el pueblo venezolano. Es decir, implicaciones que establecen comparación desfavorable de nuestra inadecuada conducta con la supuestamente regular conducta de países «realmente civilizados.»
Está bien, ya basta. Nos comportamos mal. Dilapidamos. Pero ya basta. No tenemos siquiera ahora la capacidad de dilapidar. Es hora de emprender otra clase de reflexión que no sea la abrumante de la autoflagelación.
Más aún. Ya basta de hacer residir la explicación de estos hechos en una supuesta tara congénita del venezolano, en «huellas perennes», en la inferioridad del español ante el sajón, en la costumbre de la flojera indígena o la tendencia festiva del negro. Es necesario acabar con esa prédica, porque ella realimenta el síndrome de la sociedad culpable, que nos anula.
Pero es que además es posible recapturar la imaginación del venezolano y su perspectiva de un futuro que, más allá de lo confortable, ingrese a lo trascendente y significativo. No es necesario para esto la expiación hitleriana, que tan literal fue con lo de la expiación que encontró su chivo expiatorio en los judíos. No es necesario reavivar el espíritu nacional con un aumento de la agresividad, como parece estar consiguiéndolo Ronald Reagan con el pueblo norteamericano de la era postvietnamita. Un sueño como el de la reunión de los latinos dispersos, en una época privilegiada por las oportunidades, es un sucedáneo suficiente y, para colmo, pacífico, como corresponde a nuestro carácter.
Luis Enrique Alcalá
por Luis Enrique Alcalá | Ago 18, 2005 | Cartas, Política |
El lunes de esta semana se cumplió un año de la celebración del referendo revocatorio presidencial que, como todos sabemos, dejó ileso en el poder a Hugo Chávez Frías. Después de un año de acusaciones de fraude que habría sido cometido por el Consejo Nacional Electoral, y a pesar de que nadie menos que Alejandro Plaz, el directivo de Súmate, debió admitir recientemente (reseñado en el número 149 de esta publicación) que no se había podido probar que lo hubo, en más de una cabeza opinadora del país está mineralizada la explicación dolosa.
Por ejemplo, para conmemorar la fecha, el periodista Leopoldo Castillo invitó a su programa «Aló ciudadano» a Gustavo Tarre Briceño, muy destacado y capaz dirigente copeyano. Tarre ofreció un solo argumento para probar que se había cometido un fraude monumental hacía justamente un año, el que presentó como definitivo e irrefutable. Que si él hubiera estado en el lugar de Chávez y hubiera verdaderamente ganado el referendo, habría permitido el conteo manual y transparente de todas las boletas de votación, para que no hubiera dudas acerca de su triunfo. Por tanto, como Chávez no lo permitió, hubo fraude.
El argumento en cuestión es verdaderamente flojo. Uno de los errores más generalizados en la consideración de lo político es el de proyectar sobre otros, a veces sobre enormes conjuntos sociales, nuestra propia lectura de las cosas, nuestros deseos, y atribuimos a los demás con frecuencia estados de conciencia que son sólo propios de nosotros. A esto no escapan, a veces, los más sofisticados analistas y las más capaces cancillerías. Un caso clásico es el de Israel poco antes de la guerra del Yom Kippur. Los israelitas fueron tomados completamente por sorpresa, por cuanto pensaban, correctamente, que los árabes perderían en el terreno militar, como en efecto ocurrió. ¿Cuál fue entonces la equivocación? Que como los israelíes jamás habrían ido a una guerra que perderían militarmente creyeron que asimismo razonarían y decidirían sus enemigos y por consiguiente no serían atacados. Y la verdad fue que el mind-set cultural de los árabes permitía ir a una guerra para perderla deliberadamente… para así obtener ventaja en el terreno diplomático, que también fue lo que ocurrió.
No tiene, pues, nada que ver lo que habría hecho Gustavo Tarre en el lugar de Hugo Chávez. Éste deliberadamente calculó, con acierto, que la prédica del fraude equivalía a que la oposición se diera un tiro en el pie, que la desmoralización causada por la hipótesis fraudulenta provocaría un aumento de la propensión a abstenerse, como ocurrió mes y medio después en las elecciones regionales del 31 de octubre, y como acaba de ocurrir en las municipales del 7 de agosto próximo pasado. Por tal razón estaba en su interés que la interpretación fraudulenta del referendo revocatorio cundiera entre las filas de la oposición. Le era funcional que creyéramos que había habido trampa.
El domingo 15 de agosto de 2004 hubo más personas que rechazaron la revocación que las que la exigían. Eso lo saben todos los encuestadores serios del país. Eso lo saben, y lo sabían antes del 15 de agosto, los dirigentes de la Coordinadora Democrática, pues habían recibido justamente las advertencias de esos encuestadores. Este conocimiento les hace terriblemente culpables, porque luego vocearon la tesis del fraude como racionalización salvadora de su incompetencia, y con eso alimentaron la marcada propensión a abstenerse en las elecciones del 31 de octubre, que facilitó las cosas a la casi caída y mesa limpia del gobierno.
Nada de lo que fue argumentado a posteriori por las más calificadas voces de la Coordinadora puede ocultar el hecho de que hasta cuarenta y ocho horas antes del referendo revocatorio la prédica de esa cúpula era la siguiente: ciudadano, vaya usted a votar, porque el fraude es imposible, el proceso está blindado, está garantizado por la observación internacional que nos merece toda confianza, y las discrepancias detectables en el REP no pasan de 1%. (Esto último dicho por Súmate). Todos sabemos cómo fue que después alegaron que lo que era imposible había sucedido, que el asunto no estaba blindado después de todo, que la observación internacional había capitulado y se había vendido, etcétera.
Acá cabe ahora la siguiente importante salvedad. El 15 de agosto hubo más «Noes» que «Síes», pero el acto revocatorio como tal estuvo precedido de abusos y ventajismos gubernamentales de toda clase, de descarado populismo sobornador, de amedrentamiento, de impedimento, factores todos que hicieron ineludible la derrota de una oposición liderada desde una perspectiva estratégica equivocada, inepta. Ese liderazgo, incapaz de resolver los problemas de fondo en la opinión nacional, dilapidó el enorme capital político que hasta fines de 2003 se expresaba en una clara mayoría a favor de la salida del actual presidente, mientras dejaba que el gobierno le impusiera las más desventajosas condiciones. Fue esa dirigencia la que desestimó la potencia de la valiente sentencia de la Sala Electoral Accidental del TSJ sobre las «planillas de caligrafía similar», por aquello de que había que pasar «por una rendija».
Y también cabe anotar lo siguiente: esa dirigencia no podía sorprenderse de esos abusos y de ese ventajismo, pues el carácter del reo siempre fue ampliamente conocido. El líder de la revolución comenzó con su criminal abuso del 4 de febrero de 1992. Jamás ha admitido que su alzamiento tuviera ese carácter. Por lo contrario, lo ha glorificado siempre. A las cuarenta y ocho horas de su toma de posesión en 1999 presidió un desfile celebratorio de su asonada en Los Próceres. El primer decreto (Número 3, del 2 de febrero de 1999) para la convocatoria de un referendo consultivo sobre la elección de una constituyente estuvo redactado en términos absolutamente autocráticos, al punto de que el gobierno se vio obligado a anularlo y producir una segunda versión más atemperada. Chávez ha expuesto sus propósitos y sus peculiares interpretaciones con la mayor claridad y hasta la náusea. Desde siempre.
El liderazgo político que permitió la emergencia y la entronización del chavoma siempre fue practicante de un protocolo de Realpolitik, cultor de la idea de que el oficio de la política es la búsqueda del poder mientras se impide al oponente su consecución. (Letra chiquita: por todos los medios al alcance). Dentro de una cierta urbanidad, dentro de un cierto disimulo y un escrúpulo no totalmente desaparecido, quienes condujeron nuestras instituciones públicas hasta 1998 siempre entendieron de ese modo su profesión. Y entonces Chávez vino para mostrar que no había nadie que, como él, llevaría esa idea de Realpolitik hasta sus últimas consecuencias, y que no respetaría ninguna regla de urbanidad y buenas costumbres que fuesen las acostumbradas y convencionales en la transacción política. Debió estar claro desde hace mucho que Chávez no sería business as usual. Mucho más en el caso de los dirigentes opositores, que aceptaron la ruta del revocatorio propuesta por el mismo gobierno en la fenecida Mesa de Negociación y Acuerdos, a pesar de que el abuso y el ventajismo eran evidentes y de dominio público.
Esta publicación lamenta que una cabeza tan bien puesta como la de Gustavo Tarre Briceño razone como lo hizo el lunes pasado en «Aló ciudadano», y no le augura ningún éxito al anunciado «informe definitivo» de Enrique Mendoza sobre el asunto, con el que asegura que probará lo que Súmate no pudo probar, según admisión de Alejandro Plaz. En el programa mencionado Leopoldo Castillo añadió un argumento a la tesis de Tarre: que las famosas exit polls—»Que no pelan en ninguna parte del mundo»—demostraron que el «Sí» había ganado el referendo revocatorio. Pero todavía Súmate mantiene en su página web aquel reporte de los profesores Hausmann y Rigobón, con el que pretendió probar un fraude que ahora dice que no se ha probado. Y fue el mismo profesor Rigobón quien declarara a El Universal poco después de la presentación de su informe (26 de septiembre de 2004), lo siguiente: «Hay dos piezas de evidencia en lo que nosotros mostramos. Uno depende de los exit polls. Pero estos, como tal, pueden estar muy sesgados. Y eso ocurre en todos los países del mundo. Los exit polls no deberían ser tomados tan en serio como lo hacemos en Venezuela, porque son una porquería en todos los países».
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 18, 2005 | LEA, Política |
La saga galáctica continúa. Hugo Chávez firma acuerdos ventajosos para Uruguay y Argentina y va a Brasil a defender a un asediado presidente Lula, impidiendo de este modo que la procura de acuerdos bilaterales de Estados Unidos contra el gobierno venezolano—luego de que resultara fallido su intento de imponer un órgano de vigilancia sobre Venezuela en la OEA—pueda madurar como estrategia eficaz.
Ahora el asunto se ha trasladado al campo de la lucha antidrogas. El gobierno venezolano (7 de agosto) ha interrumpido los programas de cooperación con la «Drug Enforcement Agency» (DEA) sobre la base de que sus funcionarios estarían violando leyes venezolanas y actuando como espías. Cinco días después de este movimiento, los Estados Unidos suspendieron las visas de media docena de oficiales de la Guardia Nacional, por considerarlos sospechosos de narcotráfico. En retaliación Chávez ordenó la suspensión de la inmunidad diplomática del personal de la DEA en Venezuela.
Estas escaramuzas indican que es harto probable que el gobierno de Bush proceda a «descertificar» próximamente a Venezuela como país que coopera en el control y la lucha con el narcotráfico, tal como los Estados Unidos lo hicieran en su momento con el gobierno de Ernesto Samper en Colombia. Las consecuencias inmediatas de una medida tal serían la suspensión de la ayuda norteamericana a Venezuela—asunto que tiene a Chávez sin cuidado—y una acusación adicional en descrédito del gobierno venezolano.
Si esto corresponde a una nueva estrategia norteamericana para contener a Chávez, el Informe Stratfor—que no es precisamente comunista—estima que esa iniciativa fracasará. Así dice Stratfor el 15 de agosto: «Tratar de manchar al gobierno de Chávez como tolerante del tráfico de drogas, sin embargo, no va a funcionar. En primer lugar, probablemente el gobierno de los EEUU nunca pueda ligar directamente a Chávez o a altos funcionarios chavistas con el narcotráfico. Que algunos funcionarios gubernamentales venezolanos puedan ser corruptos no significa que esa corrupción sea oficialmente sancionada o tolerada por el gobierno de Chávez. También, ya Chávez ha suspendido toda cooperación militar y antidrogas con los Estados Unidos. El gobierno de Chávez no quiere ayuda antidrogas de los Estados Unidos, porque al rechazarla reduce la capacidad de Washington para torcer el brazo de Chávez con amenazas de suspensión de la ayuda. Y el impacto financiero de una descertificación de los EEUU sería limitado, puesto que Chávez tiene cerca de 30 mil millones de dólares de reservas internacionales y el precio promedio del petróleo venezolano excede ahora los 50 dólares por barril. Finalmente, si el gobierno de los EEUU descertifica oficialmente a Venezuela como no cooperador en la guerra contra las drogas, Chávez probablemente se ría de las medidas y haga retaliación tomando como blanco a ciudadanos de los EEUU en Venezuela».
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 16, 2005 | Fichas, Política |
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En un trabajo sobre Los rasgos del próximo paradigma político, completado en febrero de 1994, especificaba un camino de legitimación programática de los actores políticos. Tal ruta contrasta con las tres formas de legitimación de la dominación descritas por Max Weber: legitimación tradicional (en virtud de una cadena de transmisión del poder que se prolonga hacia el pasado hasta una fuente original, como en el caso de los papas o los reyes), legitimación carismática (con la que el dominador exhibe características que le permiten entusiasmar o fascinar), legitimación burocrática (en la que se domina con el poder de un aparato).
En una época en la que la informatización crece, y con ella la sofisticación de los ciudadanos, la tendencia que emerge es la de la exigencia por una legitimación programática. Esto es, por la mostración de tratamientos eficaces a los problemas de carácter público. Se trata, repito, de una tendencia. Los estilos clásicos de legitimación no han desaparecido, y siempre tendrán influencia. Nadie puede negar los fuertes rasgos carismáticos de Hugo Chávez, los anclajes tradicionales de Eduardo Fernández en COPEI, o lo que fuera el uso burocrático del poder por parte de Luis Alfaro Ucero.
Pero los ciudadanos aprendemos, y más cuando ya ha sido empleado hasta sus límites, sin eficacia administrativa, un cuarto tipo de legitimación: la que se obtiene por deslegitimación (ataques, descrédito) de los competidores. El actor político convencional, que se entiende a sí mismo como «combatiente» o «luchador» en una «arena política», no se legitima porque sea capaz de mostrar que dispone de soluciones a los problemas, sino porque descubre y censura públicamente algunas conductas de sus contendientes. Así, fija su atención en la negatividad del contrario, y por implicación se muestra como carente de esos defectos.
El incremento de conciencia pública, una mayor educación política del pueblo, irá modificando este primitivismo político, para no dejar otro camino que el de la legitimación programática. (En estos tiempos, sin embargo, de crisis de los paradigmas políticos convencionales—Realpolitik, política de puro poder—también puede ser un camino legitimador de orden paradigmático: ser capaz de mostrar que se posee otro lenguaje, otra gramática política desde la que es posible construir un discurso pertinente y eficaz).
La semana pasada decía el #150 de la Carta Semanal de doctorpolítico lo siguiente: «Ya hay voces que reclaman unas elecciones primarias para identificar un único abanderado anti Chávez. Pero más importante o anterior es una licitación política. Quienes aspiren, como Borges o Petkoff, a suceder a Chávez en 2007, quedan obligados a entrar en una licitación política, en la que postulen con claridad y concreción suficientes qué harían encaramados en la silla de Miraflores». La Ficha Semanal de hoy (#59), reproduce la sección correspondiente a una tal «licitación política» del trabajo Los rasgos del próximo paradigma político.
LEA
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Licitación política
Si el Ministerio de Sanidad se encontrase ante la necesidad de construir un nuevo hospital público, seguramente no convocaría a una masiva reunión de arquitectos, médicos, pacientes, enfermeros, administradores de salud, a celebrarse en un gran espacio como el Parque del Este para que, «participativamente», se pusieran de acuerdo sobre el diseño del hospital.
En cambio, determinaría como primera cosa, técnicamente, los criterios de diseño: debe ser un hospital para 1.500 camas, debe cubrir las especialidades tales y cuales, no debe pasar de un costo de tanto, etcétera.
Una vez con tales criterios en mano, procedería a llamar a licitación a unas cuantas oficinas de arquitectura demostradamente capaces. Las oficinas de arquitectos que participaran en la licitación desarrollarían, cada una por su lado, un proyecto completo y coherente. No serían admitidas, por ejemplo, proposiciones que sólo diseñaran la sala de partos o la admisión de emergencias. Cada oficina tendría que presentar un proyecto completo. Sólo así podrían competir, la una contra la otra, en una licitación que contrastaría una proposición coherente y de conjunto contra otras equivalentes.
Este es el mismo método que debe emplearse para la emergencia de una imagen-objetivo para el país. Lo que el espacio político nacional debe alojar es una licitación política con claras reglas para la contrastación de proposiciones de conjunto.
¿Cuáles son estas reglas? Si a la discusión se propone una formulación que parece resolver un cierto número de problemas o contestar un cierto número de preguntas, la decisión de no adoptar tal formulación debiera darse si y sólo si se da alguna o varias de las siguientes condiciones:
a. cuando la formulación no resuelve o no contesta, más allá de cierto umbral de satisfacción que debiera en principio hacerse explícito, los problemas o preguntas planteados.
b. cuando la formulación genera más problemas o preguntas que las que puede resolver o contestar.
c. cuando existe otra formulación—que alguien debiera plantear coherentemente, orgánicamente—que resuelva todos los problemas o conteste todas las preguntas que la formulación original contesta o resuelve, pero que además contesta o resuelve puntos adicionales que esta no explica o soluciona.
d. cuando existe otra formulación propuesta explícita y sistemáticamente que resuelve o contesta sólo lo que la otra explica o soluciona, pero lo hace de un modo más sencillo. (En otros términos, da la misma solución pero a un menor costo).
Esto es el método verdaderamente racional para una licitación política. No se trata de eliminar el «combate político», sino de forzar al sistema para que transcurra por el cauce de un combate programático como el descrito. Valorizar menos la descalificación del adversario en términos de maldad política y más la descalificación por insuficiencia de los tratamientos que proponga.
Este desiderátum, expresado recurrentemente como necesidad, es concebido con frecuencia como imposible. Se argumenta que la realidad de las pasiones humanas no permite tan «romántico» ideal. Es bueno percatarse a este respecto que del Renacimiento a esta parte la comunidad científica despliega un intenso y constante debate, del que jamás han estado ausentes las pasiones humanas, aun las más bajas y egoístas. (El relato que hace James Watson—ganador del premio Nobel por la determinación de la estructura de la molécula de ADN junto con Francis Crick—en su libro «La Doble Hélice»—1968—es una descarnada exposición a este respecto).
Pero si se requiere pensar en un modelo menos noble que el del debate científico, el boxeo, deporte de la lucha física violenta, fue objeto de una reglamentación transformadora con la introducción de las reglas del Marqués de Queensberry. Así se transformó de un deporte «salvaje» en uno más «civilizado», en el que no toda clase de ataque está permitida.
En cualquier caso, probablemente sea la comunidad de electores la que termine exigiendo una nueva conducta de los «luchadores» políticos, cuando se percate de que el estilo tradicional de combate público tiene un elevado costo social.
luis enrique ALCALÁ
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por Luis Enrique Alcalá | Ago 11, 2005 | Cartas, Política |
Es hora de abrir las cajas. Especialmente las cajas negras. Súmate ha dicho que el CNE es una. Pero mientras Súmate no se someta a una auditoría como la que exige sobre el Consejo Nacional Electoral, también será una caja negra. Mientras no explique con lujo de detalles cómo llega a los números que ha ofrecido, estos números habrán sido sacados de una caja negra.
Si esta publicación no explica cómo llega a su análisis aritmético de la abstención, que es el issue central (en términos de opinión y debate) de la elección que acaba de pasar, se comportará también como una caja negra. Emplearemos el «criterio RAND», que considera que el juicio de un panel de expertos sobre un problema del área que conocen, es preferible al juicio de un solo experto. (También sostiene que el juicio de un solo experto es preferible a cualquier modelo matemático). Así, convocaremos a cinco «expertos» para escucharlos y formarnos una idea acerca de la abstención y sus significados.
Estos cinco expertos son el CNE, la organización Ojo Electoral, Acción Democrática, Súmate y Alianza Popular. Probablemente sea un panel sesgado a favor de la oposición, pues no se incluye, por ejemplo, la opinión del MVR. (La matriz de opinión prevaleciente en la oposición sostendría que esta opinión es idéntica a la del CNE). En todo caso, este grupo de expertos representa una dispersión o banda de cuantía de la abstención con una extensión del orden de 18%. (Para ser exactos—usaremos aquí las primeras cifras ofrecidas por cada miembro del panel redondeadas al primer decimal—una banda de 18,3%. En términos gruesos, una diferencia de unos 20 puntos entre la estimación más baja y la más alta).
La más baja, por supuesto, es la del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez situó la abstención en 69, 2%. A continuación viene la estimación de Ojo Electoral, que para cuatro municipios observados—es una organización pobre—encuentra 74,8%. Después está Acción Democrática, que propone 77%. De seguidas Súmate que certifica 78,1%, mientras cierra Alianza Popular con 87,5%. (Álvarez Paz dijo que entre 85% y 90%). Es la distancia Rodríguez-Álvarez la que recorre 18,3 puntos de discrepancia. Éstos marcan los extremos y, por tanto, ellos son los extremistas.
Esta distribución de opiniones del panel produce un promedio de 77,3% de abstención, muy cerca de la estimación de Acción Democrática y de la abstención en 2000, que fue de 76,2%. (Según aceptan tanto el CNE como Súmate). La diferencia entre esta última cifra y el promedio es de sólo 1,1 puntos. ¿Es esto un sonoro triunfo de los que llamaron explícitamente, como Alianza Popular, a la abstención, o de los que la indujeron, como Súmate? La misma Súmate postula un aumento de la abstención de solamente 1,9 puntos. ¿Es una ganancia de dos puntos sobre la cota del año 2000 un desempeño glorioso de quienes recomendaron abstenerse con vehemencia?
Es ilustrativo registrar la dispersión de las diferencias entre las estimaciones y la cifra de la abstención de cinco años atrás. Dos de los miembros del panel—CNE con 7 puntos y Ojo Electoral con 1,4—miden una disminución de la abstención. Los otros tres aducen un crecimiento de la abstención: AD con 0,8 puntos, Súmate con 1,9 y Alianza Popular con 11,3. El promedio de estas diferencias sugiere un aumento de la abstención, como dijimos, de 1,1 puntos.
Supongamos que este número sea representativo de la abstención real, y que en efecto un 1,1% de más electores que en 2000 se abstuvo de votar. ¿Debiera interpretarse que todo ese movimiento responde, como sugiere Súmate y asegura Alianza Popular, a un rechazo del Consejo Nacional Electoral y a una protesta ciudadana?
Abramos nuestra modesta caja negra, que incluye una íngrima experiencia de campo en Caraballeda, donde atendimos la invitación de Roberto Smith Perera a ver penúltimos esfuerzos de campaña de su movimiento «Vargas de Primera», en los que participó a pie en contactos «casa por casa». (La mayoría de los contactos se produjo en la calle. El propio Smith, que no era candidato, recibió un altísimo reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas contactados y una buena mayoría de aceptación—un número muy significativo le dijo «voté por ti» (para gobernador en octubre de 2004)—con mínimo o ausente rechazo. Hasta caravanas de movimientos contendientes le saludaban y aun le expresaban su apoyo. Pudo pararse sin problemas a conversar con una de los dos encargados presentes del MVR en la sede de este partido en la Calle Real de Caraballeda, donde estuvo de acuerdo con ella, quien decía sin miramientos que debía revocarse el mandato del gobernador Antonio Rodríguez, quien fuera precisamente candidato del chavismo).
Pues bien, en una cincuentena o más de conversaciones durante unas tres horas, sólo dos veces emergió la postura de abstencionismo por desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral. Era más marcada una desconfianza general ante los políticos.
Naturalmente, tales peripecias conforman un registro mucho más exiguo que el sondeo muy limitado de Ojo Electoral. No se pretende argumentar que ese hallazgo es representativo de los electores en general.
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Y todas las elaboraciones anteriores son más un divertimento que una reflexión científica, por más pedagógicas o heurísticas (propias de la invención o el descubrimiento) que puedan ser, por más que puedan servir para pensar. Porque hay dos hechos políticos de mucha mayor monta en las elecciones del domingo pasado: que el gobierno volvió a dar una paliza a la oposición, una mayor paliza que en octubre de 2004 (con excepción de los municipios vaticanos de Chacao y Baruta y unos pocos puntos más); que el sistema electoral, cuadernos electrónicos incluidos en virtud de los precedentes de Cojedes y Nueva Esparta, ha sido plenamente instalado, como destaca un apreciadísimo amigo de esta publicación.
Este último hecho es determinante para las venideras elecciones de diciembre, cuando ya no se trata de elegir unos concejales que pudieran afirmar o fastidiar las incumbencias de los alcaldes en ejercicio, sino una Asamblea Nacional que pudiera ser entubada con facilidad hasta para modificaciones constitucionales.
Luego, por supuesto, late en el trasfondo la elección todavía más importante en 2006. En este campo se contaba hasta el domingo con la solitaria postulación de Julio Borges, que no parece haber calado mucho que se diga. El día de las elecciones de concejales y juntas parroquiales fue el escogido por El Nacional para publicar la comentada entrevista a Teodoro Petkoff, en la que el veterano político confía que está considerando emprender, por tercera vez, una campaña por la Presidencia de la República. (Que tendrá que ser, hasta nuevo aviso, la «bolivariana» de Venezuela). Petkoff ha venido haciendo, desde el año pasado, un trabajo de identificación y coordinación en el interior del país, con el criterio de reunir a quienes quedaron de segundos en las elecciones regionales del año pasado, y desde su tribuna periodística una campaña de oposición muy centrada en la ineficacia, la ineptitud y la inconsistencia del gobierno.
La cosa, pues, a pesar de la abstención, se está moviendo. Algunos de los partidos y movimientos participantes hablan de una lección por la unidad, implicada en los resultados electorales del domingo 7 de agosto. Esta unidad, sin embargo, no puede ser la confederación de esas asociaciones, pues difícilmente la coincidencia babélica de quienes no convencieron puede confeccionar un proyecto convincente.
Ya hay voces que reclaman unas elecciones primarias para identificar un único abanderado anti Chávez. Pero más importante o anterior es una licitación política. Quienes aspiren, como Borges o Petkoff, a suceder a Chávez en 2007, quedan obligados a entrar en una licitación política, en la que postulen con claridad y concreción suficientes qué harían encaramados en la silla de Miraflores.
Mientras estas cosas de fondo ocurren, proseguirá un debate menos trascendente por la verdad acerca de la abstención, en términos muy parecidos a los cauces de opinión que determinara el referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ago 9, 2005 | Fichas, Política |
LEA, por favor
El tema de la capacidad nuclear iraní es uno de los desvelos de la política exterior norteamericana y europea. Por estos días Irán ha rechazado una oferta europea—del llamado grupo EU-3, conformado por el Reino Unido, Francia y Alemania—por la que se ofrecía cooperación a un programa nuclear para el uso civil iraní, a cambio de que el país de los ayatollahs se abstenga de trabajar en programas de enriquecimiento de uranio que pudieran permitir el desarrollo de armas nucleares. Ahora los europeos pueden lavarse las manos y dejar el proscenio a los Estados Unidos, que expresaron apoyo a la propuesta del EU-3 y arrecian su presión sobre Irán.
Es en este contexto que se escribe y difunde por las redes de correo electrónico—bajo la responsabilidad de Carlos Vicente Torrealba—un trabajo que lleva por título: Operación Yellowcake—Uranio para una Invasión. Al suscrito le ha llegado el trabajo, o noticia de él, por tres vías, dos de las cuales vienen de Estados Unidos. Una de estas fuentes comentó: «Ese informe esta circulando por Internet con una velocidad increíble». La otra había exaltado antes las virtudes del «Informe Waller», del Centro para Política de Seguridad, que argumentó a favor de intentar «otras acciones», distintas de las democráticas y diplomáticas, para tratar el problema venezolano desde la óptica de la seguridad de los Estados Unidos.
El trabajo firmado por Torrealba asegura la existencia de un plan de invasión norteamericana a Venezuela, para impedir el envío de uranio venezolano a Irán, y también afirma que ya hay una importante actividad extractiva de ese mineral: «…las zonas con mayor actividad de extracción de uranio son la de Roraima, las cabeceras de los ríos Paragua y Caroní, en el Municipio Sucre, en Ciudad Piar, entre otras».
Esta publicación ha consultado a personas conocedoras de la zona y de su actividad minera, quienes aseguran que no hay tal extracción de uranio y, por supuesto, mucho menos una exportación del mineral.
A pesar de esto afirma Torrealba: «El plan de invasión es una acción militar derivada de una serie de actos hostiles realizados por el gobierno de Chávez a través de la entrega de uranio a Irán, de ahí la necesidad de llevar a cabo, a juicio de estos agentes de la CIA y del Mossad, dicho plan y emprender además unas estrategias y tácticas; una vez agotadas las diferencias por la vía diplomática se continúa con una operación, con agentes internos, de descrédito al presidente Chávez ante la comunidad mundial, tildándolo como un factor de perturbación atómico, para poder dar el paso a la siguiente fase como es la fuerza, ya que Venezuela estaría violando los tratados de proscripción de armas nucleares en América Latina».
Y también incluye Torrealba la siguiente referencia: «La ultraderechista Fundación Schiller convocó a grupos de oposición de Venezuela y a militares del continente para lo que ellos llamaron ‘análisis de coyuntura’, ante el ascenso de los movimientos populares de corte izquierdista y de característica anarquista en el continente. La Fundación Schiller, financiada por Lyndon LaRouche, que desde hace muchos años su tesis es el alineamiento de los ejércitos latinoamericanos al mando único del Comando Sur, propugna la creación de un ejército continental comandado por USsouthcom. Los informes de inteligencia oriental señalan que la fundación de LaRouche coopera financieramente con partidos políticos ligados a la oposición en Venezuela, y es la que ha promovido insistentemente una invasión a nuestro país a través del alquiler de apátridas venezolanos».
Esta evaluación no parece consistente con posturas asumidas por LaRouche, quien se ha opuesto vehementemente a intervenciones de los Estados Unidos en América Latina. La Ficha Semanal #58 de doctorpolítico contiene parte de la introducción escrita por LaRouche para el libro La integración iberoamericana, editado en 1986 por el Instituto Schiller aludido por Torrealba. Este libro, dedicado nada menos que a Juan Domingo Perón y Alan García, presenta el texto de LaRouche en estos términos: «Para alcanzar el éxito en su programa de integración, Iberoamérica debe derrocar los dogmas monetaristas con que el FMI y la banca usurera justifican su saqueo del continente».
LaRouche es un personaje del que lo menos que se puede decir es que es excéntrico. Antaño marxista y trotskista, acusado por algunos de fascista y de métodos de secta manipuladora de conciencias, ha intentado siete veces alcanzar la Presidencia de los Estados Unidos, incluyendo una ocasión desde la cárcel, luego de que fuera apresado por cargos de fraude postal y conspiración. En Venezuela fue representado por mucho tiempo por Alejandro Peña Exclusa. (Hasta 1998. El propio Instituto Schiller da su versión del divorcio: «Como es bien conocido, Peña estuvo asociado con LaRouche hasta la primavera de 1998, cuando rompió con LaRouche como parte de su conversión a una locura religiosa extrema y su asociación abierta con líderes fascistas sinarquistas, incluyendo el asesino franquista español Blas Piñar. Los círculos de Piñar, ha explicado LaRouche, son los principales probables culpables involucrados en los atentados terroristas con bombas a las estaciones ferroviarias de Madrid del 11 de marzo de 2004»).
Como puede verse, no suena como muy confiable el tal LaRouche, a juzgar por el calibre y tremendismo de sus afirmaciones. La lectura de esta ficha, por otra parte, pone de manifiesto que difícilmente LaRouche ande propugnando un esquema militar en América del Sur que sea dirigido por el Comando Sur de los Estados Unidos. Estas cosas ponen en entredicho la credibilidad de lo denunciado por Torrealba, que mucha gente ahora envía por correo electrónico sin pararse a comprobar su veracidad. De hecho, en entrevista reciente (12 de noviembre de 2004), y en pregunta específica sobre el caso Chávez, LaRouche declaró tajantemente: «No creo, por ejemplo, que es asunto de los Estados Unidos meterse a orquestar un cambio de régimen en países por la fuerza militar. Ésa es una política equivocada». En la misma entrevista señaló sobre Fidel Castro: «¿Castro? Castro es, de nuevo… hablé acerca de Chávez. Castro es un tipo con el que debería reunirme y conversar… Si quisiéramos tener un arreglo con Cuba, un arreglo racional, y yo estuviera a cargo de lograrlo, te garantizo, yo podría obtener un arreglo decente… Y no tenemos nada de qué quejarnos al respecto, porque no tenemos una relación constructiva con él».
LEA
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El otro Lyndon
Las naciones de América Central y del Sur se forjaron en un molde cultural católico. En el mar de corrupción—nacional e importada—que hay en ésas y otras naciones del mundo, su viabilidad nacional depende de la influencia de la tradición agustina y de las doctrinas especiales de estadismo agustino definidas por el Concilio de Florencia en 1439.
En lo que ese legado agustino atañe a las cuestiones políticas más importantes de estas naciones en la gran crisis actual, la gestión política debe partir del ataque agustino a la práctica de la usura en tanto pecado mortal. El cardenal Joseph Ratzinger subrayó esta cuestión en el discurso que dirigió a un grupo de economistas católicos el 19 de noviembre de 1985, poco antes de iniciarse el Sínodo Extraordinario en Roma. El cardenal Ratzinger atacó por nombre a Adam Smith, Max Weber, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt y a los Rockefeller, por tratar de imponer en Iberoamérica el dogma inmoral de Adam Smith, dogma que autoriza tanto la usura como el narcotráfico y que se basa en la afirmación de que a ningún hombre o gobierno se debe responsabilizar de las consecuencias previsiblemente malas de su gestión económica.
Ninguna persona moral puede discrepar de lo planteado por el cardenal Ratzinger en esa ocasión. Pero el cardenal no intentó definir un cuerpo de ciencia económica para sustituir los dogmas monetaristas de Smith, Jeremy Bentham, James Mill, Alfred Marshall y John M. Keynes. No es cosa de censurarle al cardenal Ratzinger el que no sea economista profesional o que haya omitido recomendaciones específicas en la materia. La verdad es que el cardenal obró muy acertadamente al dejarle a los economistas, movidos por el aguijón de la conciencia, la tarea de definir pautas económicas acordes con los principios de la moral, que pudieran reemplazar el dogma perverso del «libre cambio». La tarea nos toca, por tanto, a quienes somos especialistas en este aspecto del arte de gobernar.
La dificultad práctica es que todas las doctrinas económicas que se enseñan y se estudian en las principales universidades de Europa occidental, los Estados Unidos e Iberoamérica son variedades del dogma monetarista, inmoral por definición. No es que no haya existido una ciencia bien elaborada como alternativa al monetarismo. La oposición tradicional al dogma de Adam Smith fue el sistema de economía política adoptado por el gobierno de George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y al cual bautizó «Sistema Americano» el secretario de Hacienda Alexander Hamilton. Ese Sistema Americano antibritánico fue la cuestión política decisiva de la Revolución Americana de 1775-1783, y siguió orientando la política de whigs estadounidenses como Henry Clay, los dos Carey y Abraham Lincoln, amigo de Benito Juárez, en la primera mitad del siglo XIX.
Friedrich List difundió el Sistema Americano en la vida práctica de las naciones europeas, y el mismo sistema fue hegemónico entre los patriotas de México, Argentina y otras repúblicas iberoamericanas en varios momentos del siglo pasado. En realidad, la práctica del peronismo concuerda con los principios del Sistema Americano de Hamilton. El problema ha sido que, desde que el rentismo financiero internacional se apoderó de la moneda, el crédito nacional y la deuda pública de los Estados Unidos a fines de la década de 1870, mediante la traidora Ley de Reanudación del Metálico, se erradicó de las universidades la enseñanza del Sistema Americano, y se excluyó al mismo de la conducción del gobierno estadounidense.
La dificultad es que apenas unos poquísimos economistas profesionales tienen algo de competencia en economía. Lo que llaman «economía» no tiene nada de economía: es pura teoría monetaria rentista financiera; puro monetarismo.
Aunque en algunos de los estados más importantes de Iberoamérica hay sectores de la población que gozan de un nivel de subsistencia material equivalente al europeo o al estadounidense, la mayoría de la población de esas naciones es desesperadamente pobre, y permanece pobre por las prácticas de saqueo de las naciones industrializadas y de las autoridades monetarias supranacionales. Por eso, cualquier gobierno o partido político de Iberoamérica que sea patriota, y no mero cipayo de intereses rentistas financieros, que se consagre al bienestar de la nación y a mejorar la condición de todos sus ciudadanos, no sólo se encuentra en conflicto irreconciliable con los dogmas monetaristas de Adam Smith, sino que descubre que la mayor parte de los economistas profesionales, en el mejor de los casos, son agentes inconscientes de los intereses peculiares de fuerzas rentistas financieras foráneas que saquean a la nación y a la región. Para ser patriota de una república iberoamericana, un economista profesional debe empezar por repudiar la mayor parte de lo que le valió su título universitario.
Ese predicamento de los economistas profesionales ha ocasionado que muchos de ellos caigan en la creencia de que, para ser patriota, hay que ser marxista. Dado que la mayoría no conoce la historia de la economía política, ni conoce el Sistema Americano, con bastante facilidad cae en el engaño de que, o se es apologista de intereses financieros foráneos (monetarista), o se es marxista.
Los patriotas que rechazan tanto al monetarismo como al marxismo han producido medidas excelentes y han hecho propuestas de reforma económica muy competentes; sin embargo, salvo raras excepciones, esos patriotas carecen de un cuerpo coherente de ciencia económica. Dado que no conocen la ciencia económica, las propuestas de esos patriotas toman la forma de un conjunto de reformas fragmentarias para desarrollar toda la economía; carecen de una teoría general efectiva del desarrollo económico. Los enemigos de las repúblicas explotan esa situación atacando por los flancos la política de los patriotas, forzando concesiones, frecuentemente calificadas de compromisos, en terrenos que los patriotas están mal preparados para analizar.
En tanto patriota de los Estados Unidos en la tradición de Franklin, John Quincy Adams y Abraham Lincoln, uno de mis principales propósitos ha sido fundar entre las repúblicas de las Américas una comunidad de principios genuina y equitativa.
Los republicanos de las Américas estamos cortados por la misma tijera. Fundamos nuestras repúblicas según los principios agustinos del arte del buen gobierno que se introdujeron en episodios del Renacimiento Dorado como el Concilio de Florencia de 1439. Aunque representábamos redes republicanas europeas a las que estuvimos estrechamente ligados durante los siglos XVIII y XIX, Europa aún no se desembarazaba de las instituciones de la aristocracia feudal y la nobleza rentista financiera de Venecia. Procuramos fundar una nueva clase de república, basada en la igualdad de las almas individuales bajo la ley natural agustina, en la cual no se permitiera distinción alguna de privilegio, salvo las del mérito moral y el servicio a la humanidad. Esto lo sostuvo el secretario de Estado John Quincy Adams al argumentar por que los Estados Unidos promulgasen de modo unilateral la Doctrina Monroe de 1823. El gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo de dos ex presidentes, Jefferson y Madison, rechazó cualquier acuerdo con Inglaterra, porque, como lo subrayó Adams, nosotros y las nuevas repúblicas de la América española no tenemos con Inglaterra —consagrada a los perversos dogmas colonialistas del patrón de Adam Smith, la Compañía de las Indias Orientales británica— ninguna comunidad de principios morales o de derecho.
Desafortunadamente surgió en los Estados Unidos una poderosa facción cuya gran riqueza y poderío se originaron en su asociación con la Compañía de las Indias Orientales británica en el tráfico del opio en China. Esa facción se compone de familias, en particular de Nueva Inglaterra y los alrededores de la ciudad de Nueva York, que fueron tories probritánicos durante y después de la Revolución Americana, y que dominan hoy en Harvard y otras universidades aristocráticas de los Estados Unidos; son la autodenominada clase «patricia» del eastern establishment liberal. Dichas familias «patricias» han sido siempre resueltos adversarios de las repúblicas de la América española en los Estados Unidos. Con la llegada de Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson a la presidencia estadounidense, la política del establishment liberal en contra de Iberoamérica se convirtió en parte integral de la política exterior de los Estados Unidos.
Así como Abraham Lincoln, cuando era representante federal por Illinois, atacó la complicidad del agente de influencia británica James Polk con el duque de Wellington para hundir a México y los Estados Unidos en la guerra, así me opuse yo a que mi gobierno violase su propia ley con el apoyo que dio el gobierno de Reagan a Inglaterra en la guerra de las Malvinas. Aunque alguna vez he ayudado a los británicos, cuando resulta que tienen razón o cuando el entretejimiento de los intereses estadounidenses y británicos lo demanda, el que los Estados Unidos tolerasen las acciones militares británicas contra Argentina iba en contra de los intereses estratégicos más fundamentales a los Estados Unidos, así como de sus compromisos morales. De por sí está mal que los Estados Unidos se hagan cómplices de injusticias en contra de nuestros amigos del hemisferio; pero dejar que potencias extrahemisféricas hagan la guerra en el hemisferio viola tratados solemnes de los Estados Unidos y traiciona sus intereses estratégicos vitales.
La oportunidad que representa Iberoamérica para los Estados Unidos no debe concebirse catalogando a esas naciones, ni por asomo, como colonias o satrapías de los Estados Unidos, que fue como definieron su existencia Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. Hoy día, Iberoamérica representa unos 400 millones de almas. Dado que la cultura de estas naciones es producto de las más elevadas tradiciones agustinas europeas, la persona educada de cada uno de esos estados tiene una capacidad excepcional para asimilar eficientemente la ciencia y la tecnología más avanzadas. Los Estados Unidos no pueden más que beneficiarse de tener vecinos ricos y poderosos que compartan los mismos principios morales sobre los que se basó la Declaración de Independencia estadounidense. Es del interés vital de los Estados Unidos que todas y cada una de las repúblicas de este hemisferio sean totalmente soberanas, prósperas, política y socialmente seguras, así como estables en el autogobierno de sus asuntos. Con dichos estados, los Estados Unidos deben fundar y mantener una comunidad de principios inquebrantable, una obligación de asistencia mutua mucho más firme y fuerte que cualquier mera alianza militar.
Lyndon LaRouche
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