Telón de fondo (conceptual)

por Luis Enrique Alcalá | Abr 12, 2022 | Memorias, Política | 0 Comentarios

Carmona en la madrugada del 12 de abril de 2002 en Fuerte Tiuna, flanqueado por su propio guardaespaldas—el instructor de karate Marcelo Planchart—armado hasta los dientes. (¿Cómo permitieron los militares la presencia de este sujeto?)

Esta entrada se insinúa en este blog como apoyo útil a la comprensión de la inmediatamente anterior (Dos décadas hoy). Su texto está tomado del Capítulo IV de Las élites culposas (marzo 2012): Cómo irritar a una nación.

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Casi exactamente un mes antes de la reunión de La Esmeralda, el 3 de febrero, el diario El Universal publicaba una entrevista que me hiciera Ernesto Ecarri Hung, en espacio que compartí con Ángel Álvarez, Director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. El trabajo buscaba nuestros pareceres sobre lo que ya conformaba una baraja de opciones para salir de Chávez. Algunos comentaristas hablaban de solicitar su renuncia, otros de enmendar la Constitución para recortar el período presidencial, otros más creían que la salida era una nueva Asamblea Constituyente, otros, finalmente, insinuaban con descaro variable el golpe de Estado.

La entrevista fue realizada telefónicamente, y pude informar a Ecarri de una expresión tajante del derecho de rebelión, concepto que comenzaba a ser manejado por aquellos días. Ella se encuentra en la Declaración de Derechos de Virginia, un documento que sirvió de modelo a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la precedió por tres semanas y un día, habiendo sido emitida el 12 de junio de 1776. Su Sección Tercera dice: “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. Ecarri me pidió que le enviara por correo electrónico el texto exacto de la sección para publicarla de modo destacado.

A poco de esto, Jorge Olavarría escribió para El Universal dos artículos bajo el título Derecho de rebelión, y fue el jueves 21 de febrero a la edición meridiana del noticiero de Televén a exponer su particular interpretación de tal derecho. En su opinión, se justificaba una rebelión clásica, un golpe de Estado contra el gobierno de Chávez. En el primero de sus artículos, indicó que el procedimiento convencional era que los rebeldes expusieran al país los motivos de su alzamiento una vez que tuvieran éxito en deponer al Presidente.

Esa interpretación me preocupó grandemente; la Declaración de Virginia era clarísima al adjudicar la titularidad del derecho a la mayoría de la comunidad. No podía ningún grupo arrogarse ese derecho, y creí que la prescripción de Olavarría, seguramente bien intencionada, conduciría irremediablemente a un abuso de poder tan flagrante como el de la intentona del propio Chávez del 4 de febrero de 1992. Puse entonces manos a la obra, y escribí alarmado al mismo Ecarri y llamé a Marta Colomina, quien por ese entonces me entrevistaba con frecuencia por Unión Radio y en Televén, y también a la productora del programa Triángulo, que conducía, igualmente en Televén, Carlos Fernandes.

Fue este último quien reaccionó, y fui invitado a comparecer en la edición de Triángulo del lunes 25 de febrero. La víspera, visité a un amigo que siempre me exige anonimato para comentarle de la oportunidad del día siguiente y que planeaba destacar que el único sujeto del derecho de rebelión era la mayoría de la comunidad, tal como se dijo en Virginia, para salir al paso de la peligrosa opinión de Olavarría. El amigo me dijo: “Sólo quiero señalarte que la Declaración de Virginia es el documento de unos súbditos de Jorge III de Inglaterra, y nosotros no somos súbditos de Chávez”. Entonces me cayó la locha proverbial. En efecto, los venezolanos no éramos súbditos de un rey; Chávez era nuestro mandatario y nosotros los mandantes. Al día siguiente ya había imaginado una ruta democrática y perfectamente constitucional para producir la cesantía de Hugo Chávez: un procedimiento de abolición.

La decisión del 19 de enero de 1999, tomada por la Corte Suprema de Justicia, era el piso jurídico que sustentó todo el proceso constituyente de aquel año; la propia Constitución se sustentaba en ella, la que había establecido que el pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, era un poder supraconstitucional. Por eso pudo preguntarse en referéndum si los venezolanos queríamos elegir una asamblea constituyente, aunque tal figura no estuviera contemplada en la Constitución de 1961. Del mismo modo, aunque la Constitución de 1999 no contemplara la figura de la abolición, una mayoría explícita del pueblo podía abolir el gobierno de Hugo Chávez.

Fui con esa tesis a Triángulo, convocado para discutir la existencia del derecho de rebelión. Tres otros entrevistados participaron: Oswaldo Álvarez Paz, Néstor León Heredia, Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, y Omar Meza Ramírez, también diputado y Director de Alianzas del Movimiento Quinta República. Dije entonces: “El pueblo venezolano… es una autoridad superior al Presidente de la República y es su verdadero jefe, de manera que si una mayoría de la comunidad venezolana quisiera que cesara el gobierno de Hugo Chávez, lo que tendría que hacerse es redactarse y firmar un acta de abolición de ese gobierno”.

Los participantes del chavismo, Heredia y Meza, no atinaron a oponer argumento válido a lo que había dicho, y la táctica adecuada parecía ser entonces la de interrumpirme. En un momento del programa, me defendí de las intromisiones:

Dr. Meza: yo le dejé hablar. Si revolución para usted significa no dejar que los demás hablen entonces está claro. Aquí no hay revolución, señores. Aquí hay retrovolución, aquí hay involución. El Dr. Meza participaba en un foro en la Universidad Simón Bolívar en 1999, ya asumido el poder por Chávez; el tema era la Constitución, la Constituyente, y él indicó que él iba a decir unas cosas y se tenía que ir para el Congreso porque se estaba discutiendo la Ley Habilitante. Y allí él declaró que el objeto de la Ley Habilitante era básicamente el mismo objeto de la Constituyente, porque lo que quería era darle poderes totales al Presidente Chávez. Eso es lo que es realmente esta llamada revolución, que es regresar a la idea de que alguien como Fidel Castro pueda imponer su voluntad durante cuarenta años sobre una población.

El impacto del programa fue considerable. El martes 26 de febrero Marta Colomina quiso que explicara el concepto de la abolición a sus radioescuchas de entonces, y después pidió notas escritas sobre el punto, pues quería escribir su artículo del próximo domingo acerca del tema. Por la tarde de ese día, dos emisoras radiales de Maracaibo me entrevistaron también. Tal como me lo había anunciado, el domingo 3 de marzo publicó El Universal el artículo de Colomina: Invitación a conspirar. Abrió fuegos de esta manera: “La persistente negativa de Chávez a producir cambios en su gobierno que establecieran acuerdos con los sectores que garantizarían la gobernabilidad del país, ha generalizado la convicción de que el teniente coronel debe abandonar el poder, si queremos buscar una salida a los graves problemas de Venezuela”.

A continuación, Colomina expuso la complejidad del problema así:

Si hace meses varias voces comenzaron a elevarse para pedir la renuncia de Chávez, ahora millones de venezolanos claman por la búsqueda de una fórmula efectiva, distinta a la de un golpe militar (los golpes siempre han sido el problema y no la solución) que permita sacar a Chávez del poder. Y ahí está el problema. La mayoría está de acuerdo y ya algunos han comenzado a mover teclas institucionales, pero la profusión de fórmulas dispersa la efectividad de los esfuerzos. La CTV por ejemplo, aprovechó su multitudinaria marcha del 27F para plantear a la AN la realización de un referéndum consultivo para que sea el pueblo a través de su poder originario, “el que con su opinión, defina el rumbo que han de seguir los poderes constituidos” y la permanencia de Chávez en el cargo. Copei y Primero Justicia pre- paran propuestas de enmienda constitucional que permitan la reducción del mandato presidencial a cuatro años y que se tome febrero del 99 como inicio del mandato de Chávez, con lo cual estaría concluyendo el cuarto año de gobierno. PJ añade la no reelección, de modo que la AN convocaría a nuevas elecciones en diciembre, fecha para la cual el teniente coronel no podría lanzarse como candidato. El MAS está instando a la Fiscalía a que abra un antejuicio de mérito a Chávez y fundamenta tal solicitud en la comisión de seis graves delitos que van desde el criticado convenio con Cuba y la connivencia y complicidad con actos de corrupción, hasta atentados a la libertad de expresión. En este momento la Fiscalía procesa seis solicitudes de juicio contra el teniente coronel por la comisión de diversos delitos.

Entonces remató con la exposición de la idea que había expuesto en Triángulo y retomado con ella en conversación radio-telefónica del martes de esa semana:

…mucho nos tememos que la dispersión de las propuestas dificulte y alargue indefinidamente cualquiera de las fórmulas que, por lo demás, requieren de la anuencia y de la acción de unos poderes públicos que hasta ahora no han mostrado propósito de enmienda. Por eso, la cronista invita a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos, a la CTV, a las ONG y a los constitucionalistas a reunirse para estudiar UNA SOLA FORMULA que reciba el apoyo de la mayoría de la población en su solicitud de ‘Chávez, vete ya’. El politólogo Luis Enrique Alcalá, en una entrevista que le hiciéramos en 99.9 FM nos decía que ‘el mecanismo democráticamente perfecto para la salida de Hugo Chávez de la Presidencia es la firma, por la mayoría de los electores venezolanos, de un Acta de Abolición de su gobierno. Por doctrina constitucional de universal aceptación, confirmada por decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 (ponente Humberto La Roche), el Poder Constituyente, esto es, la mayoría de los electores es un poder supraconstitucional. (Fue esa decisión, justamente, la que permitió la convocatoria a Constituyente en ese año, aun cuando no estuviera prevista como figura por la Constitución de 1961, vigente para la época). Bastaría entonces—sigue diciendo LEA—que una mayoría de electores firmara un acta en la que, a continuación de ciertos considerandos, expresara su voluntad de abolir el gobierno de Chávez’. Para evadir trampas de la Constitución del 99 (a la falta absoluta del Presidente antes de la mitad del período habría que hacer elecciones en 30 días, cosa imposible y menos con este CNE), el documento debe incluir, además, un Estatuto de Transición, en el que se estipulen algunas condiciones que no cabrían en este corto espacio. Además, ‘el mandato expreso de la mayoría de los electores perfeccionaría el derecho de rebelión de la FAN, en caso de que Chávez se negase a acatar el mandato’. Con esta fórmula concluye Alcalá ‘ni los militares, ni Estados Unidos podrían objetar nada’.

Ojalá que esta invitación a ‘conspirar’ democráticamente no caiga en saco roto. Nunca antes como ahora cabe recordar el lugar común de que en la unión está la fuerza. Pongámonos de acuerdo y unifiquemos los procesos para acabar con ‘el proceso’.

El editor Rafael Poleo quedó impresionado con tal argumentación.

El mismo domingo 3 de marzo en la mañana, entraba yo con mi esposa al Centro La Estancia en La Floresta—íbamos a ver la espectacular exposición fotográfica de Yann Arthus-Bertrand—cuando sonó mi teléfono celular. Poleo estaba del otro lado, y de una vez me dijo que había leído el artículo de Colomina y quería que yo explicara “eso de la abolición” en uno propio para su revista Zeta.

Asentí, por supuesto, a su proposición, y esa misma tarde escribí un artículo que hacía la consabida referencia a la Declaración de Virginia para desarrollar el argumento y la prescripción. A la postre, el artículo—Acta de abolición—resultó profético; dije cuarenta días antes del 11 de abril, por ejemplo:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el Cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

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Convendrá Ud., estimado lector, que la enumeración de personas concretas en ese párrafo estuvo acertada. ¶

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Dos décadas hoy

por Luis Enrique Alcalá | Abr 11, 2022 | Memorias, Política | 0 Comentarios

Récord mundial de manifestación popular

Me incorporé junto con mi esposa y mi suegro a la manifestación del 11 de abril de 2002, de la que nos separamos a las alturas de la Plaza Venezuela al recibir noticia de balaceras en la Avda. Urdaneta. Luego sabríamos de los muertos y, al día siguiente, fuimos testigos de la pieza de teatro del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en la que el protagonista se llamaba Pedro Carmona Estanga.

Varias semanas transcurrieron antes de que completara la redacción de una interpretación de lo sucedido: Tragedia de abril, publicada en este blog el 14 de junio de aquel año. (Previamente, el texto acompañó una colección de fotografías de los acontecimientos en un disco compacto que distribuí a los suscritores de mis publicaciones de entonces). Tomo de ese trabajo lo siguiente:

El 11 de abril se reunió la más gigantesca concentración humana que se haya visto en Venezuela en torno a las oficinas de PDVSA en Chuao. Un descomunal río de gente desbordaba la arteria vial de la autopista Francisco Fajardo. Personas de todas las edades y extracciones sociales se daban cita para protestar el atropello de la industria petrolera y exigir, a voz en cuello, como ya se había gritado el 23 de enero, la salida de Hugo Chávez de Miraflores. Confiado en su innegable y colosal fuerza, y estimulado por la consigna de los oradores de Chuao, que veían excedidas sus más optimistas expectativas, el inconmensurable río comenzó a desbordarse en dirección a ese palacio de gobierno. Por aclamación de unanimidad asombrosa, la mayoría aplastante del pueblo caraqueño, para asombro y terror de Chávez y sus secuaces, pedía que los militares se pronunciaran y sacaran al autócrata de la silla presidencial.

El grandioso movimiento encontró eco en todo el país. Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz, Margarita, las ciudades todas alojaban la unánime manifestación de repudio. Y el gobierno se aprestó a dar la batalla de Caracas. Freddy Bernal, el Karl Roehm del Hitler venezolano, comandó las huestes armadas, cuya presencia fue exigida por el Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel. Si lo hubiera querido, la portentosa masa hubiera asolado las oficinas del ministro en la base aérea de La Carlota, aledaña al escenario de Chuao.

Luego los muertos. Muchos portaban chalecos que les hacían aparecer como fotógrafos de prensa. Asesinados a mansalva, con ventaja, con alevosía. La sociedad civil puso los mártires necesarios a una conspiración que, sordamente, se había solapado tras la pureza cívica de un movimiento inocente.

Semanas antes del sangriento día, un corpulento abogado trasmitía las seguridades que enviaba una “junta de emergencia nacional” a una reunión de caraqueños que habían descubierto su vocación por lo político en la lucha contra Chávez. Enardecido, con una bandera norteamericana prendida en la solapa, admitía que conspiraba junto con otros, que una junta de nueve miembros—cinco de los cuales serían civiles y el resto militares—ineluctablemente asumiría el poder en cuestión de días. Un editor rechazaba un artículo ofrecido a su revista en el que se exploraba caminos constitucionalmente compatibles, porque lo que iba a pasar era que “los factores reales de poder en Venezuela” depondrían a Chávez y luego darían “un maquillaje constitucional” a un golpe de Estado.* Pedro Carmona Estanga emergería como el líder de un golpe cuyo blanco, antes que Hugo Chávez, depuesto por la presión de un pueblo, era este mismo pueblo, manipulado y utilizado por la sofisticación artera de operadores políticos que habían decidido la operación con bastante antelación.

Viajaron a los Estados Unidos para consultas, coordinaron calendarios, calibraron la temperatura creciente de la protesta popular, y estuvieron listos para el golpe de mano. Nada de esto sabían los que marcharon el 11 de abril. Nada sabrían hasta que la verdadera cara de los golpistas emergiera al día siguiente, 12 de abril de 2002.

LA JUSTIFICACIÓN AUSENTE

Cuando Daniel Romero, flamante y efímero Procurador General de Carmona Estanga, leyó la parte motiva del decreto de constitución del fugaz gobierno de este último, aludía incesantemente a la Constitución “de 1999”. Uno no se refiere a la Constitución de ese modo, a menos que ésta ya no rija el curso del Estado. Uno dice la Constitución vigente o, simplemente, la Constitución a secas.

La noche misma del 12 de diciembre Teodoro Petkoff dejaba traslucir su crítica al deforme decreto en entrevista televisada, y aventuraba la opinión de que detrás del mismo estaría la mano redactora de Allan Brewer Carías. Francamente, costaba trabajo intenso de imaginación pensar que Brewer Carías, innegable conocedor de la disciplina constitucional, pudiera estar metido en el asunto. Al lunes siguiente Brewer ofreció la explicación de que Carmona habría preferido una opinión jurídica distinta a la suya (la de Daniel Romero) y por tanto sólo pudo ofrecer “correcciones de estilo”. Es decir, al menos cohonestó la monstruosidad.

El 26 de julio de 2001 el abogado Oswaldo Paéz Pumar había sostenido, en conferencia dictada ante la asamblea de Fedecámaras que eligió a Pedro Carmona como su presidente, la peregrina idea de que la Constitución vigente en Venezuela era la promulgada en el año de 1961.

La estructura de su sofista argumento era la siguiente: el Artículo 250 de la Constitución del 61 establecía que ésta no perdería su vigencia si dejaba de ser observada por acto de fuerza o era “derogada por medio alguno distinto de los que ella misma dispone”. Comoquiera que la Constituyente de 1999 no era medio previsto por la Constitución del 61, ésta, a tenor de su Artículo 250, no habría perdido su vigencia. Paéz Pumar aseguraba, por otra parte, que “Randy” Brewer había acogido la validez de esta tesis.

El argumento es completamente falaz. La Constituyente de 1999 fue convocada por un poder supraconstitucional, el propio Poder Constituyente Originario, el pueblo de Venezuela pronunciado favorablemente en referéndum. A muchos abogados conservadores no les agrada la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999 que dio pie al referéndum que aprobó la convocatoria de la Asamblea Constituyente, y ciertamente tal sentencia no deja de mostrar una redacción a veces defectuosa. Pero su argumentación de fondo es ontológicamente correcta: el Poder Constituyente es un poder supraconstitucional.

Pero es que hay más. Situados en el plano meramente lógico que elige Paéz Pumar para desarrollar su argumento, hay que decir que la Constitución de 1961 ¡no dispone de absolutamente ningún medio para derogarla! Esto es, y en suma, el Artículo 250 de la Constitución de 1961 se refiere a algo que no existe.

En una rueda de prensa celebrada en Miraflores, con pocas horas de antelación a la trágica autojuramentación de Carmona Estanga, éste anunciaba la conformación de un “amplio Consejo Consultivo” de 35 miembros, y advertía, además, que la mayoría de los miembros de tal consejo estaba sentada alrededor de la mesa que presidía. Uno de los personajes sentados a la mesa era el abogado Oswaldo Páez Pumar.

Había logrado vender su sofisma. Ese mismo día había distribuido un correo electrónico—“Una idea para ayudar a la transición”—en el que insistía sobre el punto.

Habiendo aceptado la tesis de Paéz Pumar, Carmona Estanga había logrado la tranquilidad de espíritu con la que despachó de un plumazo, entre otras instituciones, a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia. Claro, lo que debía existir, en toda lógica, era el Congreso bicameral y la Corte Suprema de Justicia definida en la Constitución “vigente” de 1961. Carmona estaba, simplemente, suprimiendo órganos viciados de nulidad de origen.

No hubo, no obstante, la presencia de ánimo como para explicar la teoría. Bastó que Daniel Romero, persona ligadísima a la dañina figura de Carlos Andrés Pérez, leyera el esperpento jurídico con voz de arenga. (Romero, por cierto, apareció como “representante del ex presidente Carlos Andrés Pérez” en una página alojada en Internet que recogía la declaración final, del 5 de mayo de 1999, de una reunión del Centro Carter, reproducida en los documentos anexos a este análisis. Dicha página pudo obtenerse hasta el día 15 de abril de este año. A partir de esa fecha la página había desaparecido: “Page not found. This page may have been removed…etc.” Alguien está borrando sus huellas).

LA TRAICIÓN

Pedro Carmona Estanga traicionó sin escrúpulo la confianza de la sociedad venezolana, que había visto en él a uno de sus líderes. Al presidir un acto arbitrario como el de su autoproclamación y el del monstruoso decreto “constituyente” del 12 de abril, echó por tierra el enorme esfuerzo, regado con sangre, de la sociedad civil que había logrado el milagro político de deponer al autócrata de Sabaneta.

Al asociarse con siniestros personajes, al dar posición prominente al asistente y representante del peor de los políticos de la “Cuarta República”, Carlos Andrés Pérez, traicionó la voluntad de los venezolanos, que no queríamos la restauración de un pasado político vergonzante.

Al nombrar al contralmirante Molina Tamayo, oficial en situación de retiro, como Jefe de su Casa Militar, desconoció toda legalidad castrense.

Al permitir que Isaac Pérez Recao, persona ligada a él por intereses económicos, llevara voz cantante durante las reuniones preparatorias de su golpe de Estado y en las horas de la madrugada del 12 de abril en Fuerte Tiuna, vició la pureza del movimiento cívico que derrocó a Chávez.

Al aceptar ser sucesor de Chávez, con la ceguera de pretender sustituir negro por blanco, al furibundo denunciador de oligarquías por uno de los más destilados representantes de éstas, hizo inviable la transición que necesitábamos y que nos había costado tres años de desasosiego y un año de despertar.

Al hacer todo esto, Pedro Carmona Estanga dejó mal herido al hermoso movimiento venezolano de 2002, que había adquirido fuerza invencible y que ahora, por su culpa y la de los demás conspiradores que manipularon su inocencia, está teñido de sospecha.

La sociedad civil venezolana no tiene nada que agradecer a Pedro Carmona Estanga. Por lo contrario, tiene mucho que reclamarle y cobrarle. El no es nuestro líder. Menos ahora, cuando abandona la escena en procura de su seguridad individual, mientras el resto de los venezolanos debe continuar sufriendo los despropósitos de Hugo Chávez.

Chávez ha significado el más crudo y acelerado de los aprendizajes políticos para los venezolanos. Pedro Carmona, esperemos, representa para nosotros la pérdida definitiva de la inocencia más desprevenida.

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Luego, la Ficha Semanal #116 de doctorpolítico (31 de octubre de 2006) reprodujo las secciones finales del trabajo, añadiendo algo que se conocería más tarde:

No está dicho, por supuesto, todo lo referente a lo acontecido por aquellos días. Hubo conspiración, sin duda. Un «Informe Ejecutivo ‘Senior’ de Inteligencia» del 6 de abril, producido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, conocido gracias a su «desclasificación» por efecto de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), registraba:

Las condiciones maduran para un intento de golpe. Facciones militares disidentes, incluyendo algunos oficiales molestos de alta graduación y un grupo de oficiales radicales jóvenes, están acelerando esfuerzos para organizar un golpe contra el presidente Chávez, posiblemente tan pronto como este mes… Para provocar una acción militar, los conspiradores pueden tratar de explotar el descontento que surja de manifestaciones de la oposición programadas para más adelante en el mes o de huelgas en curso en la compañía petrolera estatal PDVSA.

Más claro no canta un gallo. Los líderes del golpe llevaron a conciencia a una gran masa en camino hacia Miraflores o, lo que es lo mismo, hacia la muerte. Se requería muertos que legitimaran la acción…

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* Los conceptos entrecomillados los escuché directamente del editor Rafael Poleo, quien me había pedido un artículo para que explicara el concepto de un Acta de Abolición, que había expuesto inicialmente en el programa Triángulo (Televén) el 25 de febrero de 2002, cuarenta y cinco días antes del Carmonazo, en fútil intento de entorpecer la conspiración que entonces presentía.

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ADDENDUM

Luis Ugalde S. J. en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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