por Luis Enrique Alcalá | Abr 3, 2008 | Cartas, Política |
Hace treinta y tres años, la edad de Cristo, de que el suscrito, en compañía de Eduardo Quintana Benshimol, filósofo, y Juan Forster Bonini, químico, se trasnochara mucho por culpa de una discusión que amenazaba con hacerse interminable. Amanecimos en casa de Eduardo, entre serísimas consideraciones pedagógicas e innumerables botellas de Coca-Cola. Los tres, ex alumnos del Colegio La Salle, debíamos responder a un requerimiento de la Fundación Neumann, que nos había solicitado que le presentáramos un proyecto innovador en materia educativa.
A pesar de que el proyecto terminaría teniendo una intención instrumental—proporcionar a los educandos herramientas que les permitieran dejar de ser malos aprendedores para ser buenos aprendedores—, la discusión de aquella noche sin fin estaba centrada en el problema de los contenidos. Nos resultaba imposible concebir ejercicios de descripción o razonamiento que no estuvieran referidos a algún contenido concreto, y sabíamos que nuestra posición de instructores determinaba una autoridad con la que sería muy fácil imponer a inteligencias juveniles—trabajaríamos con alumnos de los últimos años de bachillerato y los primeros universitarios—nuestras propias opiniones sobre las cosas.
Después de numerosos desvíos retóricos, ingeniosos aunque no poco bizantinos, aterrizamos hacia las cinco de la mañana en una declaración de principios: en la aplicación del proyecto, nos consideraríamos sin derecho de imponer nuestros puntos de vista a los alumnos, y nos comprometimos a advertirlos cuando discutiéramos cosas que eran materia, no de conocimiento, sino de opinión. Puesto de otro modo: nos comprometimos a respetar y cuidar la libertad de pensamiento de los jóvenes, cuyos cerebros estarían a nuestra disposición mientras participaran en los programas que administraríamos.
Arribados a ese punto, el cansancio tuvo vía libre para cambiar de tema. Hablaríamos unos minutos más de Cat Stevens, Jacques Monod y el béisbol local, y nos fuimos a dormir, exhaustos pero felices de haber resuelto nuestros punzantes y católicos escrúpulos. Dos días después presentamos el proyecto a la fundación, “la cual aceptó”, conscientes de que lo técnico y lo metodológico en el concepto estaban libres de manipulación.
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Entre 1996 y 1997 se dio en Venezuela una reforma curricular de su educación. Hacía tiempo que se sentía la necesidad de hacerla, sobre todo después de que una comisión presidida por Arturo Úslar Pietri rindiera preocupantes diagnósticos en 1986. (Comisión Presidencial para el Estudio del Proyecto Educativo Nacional). El debate sobre los cambios que debía imprimirse a nuestra educación se hizo amplio y atractivo. El actual movimiento civil que lleva por nombre Asamblea de Educación y el liderazgo de Leonardo Carvajal, por caso, nacieron a raíz de la conciencia de esos días, que tenía lo educativo por el negocio más importante de una nación. (“Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido… Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo… Es lo que los hombres piensan lo que determina cómo actúan”. John Stuart Mill, Ensayo sobre el gobierno representativo).
Es así como se implanta en Venezuela en 1997 un nuevo diseño curricular. Éstos eran, por ejemplo, los lineamientos de la reforma para la educación básica: 1. la formación integral y holística del educando; 2. la formación para la vida; 3. el logro de un individuo sano, culto, crítico, apto para el ejercicio de la democracia y para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia; 4. el fomento de un ciudadano capaz de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación social; 5. el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, el uso racional de los recursos naturales; la defensa y mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida; 6. el desarrollo de destrezas y de la capacidad científica, técnica, humanística y artística; 7. la consolidación en el educando de las destrezas para el manejo del lenguaje, de los procesos de pensamiento y la valoración hacia el trabajo; 8. el fomento de valores tales como el amor, la identidad nacional, el respeto por la vida, la libertad, la perseverancia, la honestidad, la convivencia, la comprensión, la tolerancia y demás actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana; 9. el desarrollo, la consolidación y la aplicación de actitudes, valores y conocimientos de disciplinas y técnicas que permitan al educando el ejercicio de una función socialmente útil; 10. el desarrollo integrado de los cuatro aprendizajes fundamentales: Aprender a Ser, Aprender a Conocer, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir.
Pero en la sección introductoria (A manera de presentación) del “Currículo Nacional Bolivariano”—Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular Para la Educación, Sistema Educativo Bolivariano, septiembre de 2007—se enjuicia el esquema anterior en los siguientes términos: “Esta visión de la educación, comenzó a prefigurarse en el inicio del proceso de revisión de las políticas educativas del país en el año 1999 en el marco de la denominada Constituyente Educativa, en la cual se valoró el impacto y alcance de la reforma curricular de 1997, concluyéndose que la misma fortaleció los valores propios del sistema capitalista: el individualismo, el egoísmo, la intolerancia, el consumismo y la competencia feroz. A su vez, promovió la privatización de la educación, con el consecuente aumento de los niveles de exclusión social; desconoció el derecho a la educación de los pueblos indígenas y las comunidades en condiciones vulnerables; al mismo tiempo que se evidenció un currículo no contextualizado, signado por el paradigma cognitivista que favoreció la fragmentación del conocimiento”.
Resulta difícil entender cómo favorecía la fragmentación del conocimiento una doctrina educativa cuyo primerísimo lineamiento era, precisamente, “la formación integral y holística del educando”. Tampoco es de fácil comprensión cómo es que la reforma de 1997 fortalecía “el individualismo, el egoísmo, la intolerancia, el consumismo y la competencia feroz”, cuando preconizaba “valores tales como el amor, la identidad nacional, el respeto por la vida, la libertad, la perseverancia, la honestidad, la convivencia, la comprensión, la tolerancia y demás actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana”. No es en absoluto evidente cómo es que la reforma de 1997 “promovía” la privatización de la educación, cuando ni siquiera mencionaba el concepto, o cómo es que la educación de esfuerzo privado como la emblemática de Fe y Alegría, dedicada exclusivamente a los jóvenes y niños de menores recursos, tiene como consecuencia “el aumento de los niveles de exclusión social”.
Naturalmente, los revolucionarios de pacotilla que pueblan despachos como el dirigido por el hermano del Presidente, Adán Chávez Frías, necesitan la coartada de que todo lo que vino antes que ellos fue condenable. Para ejercer la arrogancia dogmática que los caracteriza, precisan desacreditar, así sea con flagrantes mentiras, todo esfuerzo previo. Nada hubo antes. Ningún educador antes que Aristóbulo Istúriz o Adán Chávez se preocupó jamás de la educación venezolana, y si lo hizo fue para adoctrinar a los niños venezolanos en el capitalismo salvaje.
Sobre esta falsedad se pretende ahora implantar un nuevo diseño curricular, cuyos rasgos más resaltantes son el culto al militarismo, la glorificación del chavismo y la imposición de su peculiar idea de “socialismo”. Reporta Mariela Hoyer Guerrero en El Nacional: “Los profesores universitarios de historia de Venezuela han sacado las cuentas: En el nuevo currículo hay 160 contenidos de Ciencias Sociales en bachillerato; de ellos, 9 se refieren a historia universal, 76 se dedican a estudiar los 9 años del período de gobierno de Hugo Chávez, 3 al ideario bolivariano y 21 a la historia contemporánea antes de 1999, asevera Carlos Balladares, profesor de la materia en las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela”. Antes presenta esta fotografía: “En los muros de las escuelas están efigies de personajes como Marx, Lenin y Hugo Chávez acompañando al Libertador Simón Bolívar”. Nada más alejado del escrúpulo ético de Quintana, Forster y Alcalá, cuando se sentían sin derecho a imponer opiniones propias a quienes ni siquiera eran todavía sus alumnos.
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He allí el meollo del asunto en el problemón venezolano que es la imposición arrogante del nuevo currículum “bolivariano”. Detrás de él no hay otra cosa que no sea un proyecto de dominación, con la excusa manipuladora de que se trataría del currículum que los Simones Bolívar y Rodríguez, junto con el muy escaso Ezequiel Zamora, habrían querido implantar.
La verdad es que hace muchísimo tiempo que los venezolanos necesitamos emanciparnos del emancipador. La gente no madura hasta que no se emancipa de sus padres, y esa fijación chavista con lo bolivariano es a todas luces patológica. Además, no hay nada de socialismo en Bolívar, de quien Carlos Marx tenía pésima opinión.
Por lo que concierne al muy sobrevalorado Simón Rodríguez, más que superado por la pedagogía moderna, la adoración perpetua que de él hace el chavismo, siempre con apropiación usurpadora y manipuladora, es un mentís a su frase más manida: “O inventamos, o erramos”. (Juan Barreto escribió “herramos” alguna vez, errando él mismo muy feamente). Inventar es crear futuro; esto es, inventar es dejar atrás al pasado. Resulta, por consiguiente, una contradictio in terminis enarbolar esa admonición mientras se reitera hasta la náusea la dependencia de personajes tan decimonónicos, tan pasados. Esto sin apuntar que Andrés Bello, persona non grata al chavismo, ausente de toda mención en la política educativa oficialista, es un personaje muchísimo más sólido y universal que Rodríguez, figura segundona y olvidable, con claros rasgos de malcriado tremendismo e incapaz de concretar nada perdurable las pocas veces que se puso recursos en sus manos. (Acerca de Zamora no puede decirse mucho, como no sea apuntar que el rescate que el chavismo hace de su figura obedece a que algunas de sus desalmadas correrías ocurrieron en tierras barinesas, patria chica del sátrapa exaltado en el pretendido currículum de su hermano, así como en las gigantografías del SENIAT y PDVSA).
Esta grosera manipulación viene convenientemente reforzada por el empleo de otras marcas, que pretenden monopolizar y enrostrarnos los chavistas. Así pasa, por ejemplo, con la idea de “Constituyente Educativa”. La palabra “constituyente” se había valorizado mucho como marca para 1999, y cualquier cosa que se propusiese con ese nombre debía ser, por asociación publicitaria, en principio buena y recomendable. Es así como basta decir, en la introducción mencionada del proyecto curricular, que una constituyente educativa—harto sesgada—determinó que la reforma de 1997 fue salvajemente capitalista para que se tenga tamaña injusticia por verdad.
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Ante la pretensión totalitaria del nuevo currículum “bolivariano”—de bolivariano no tiene nada—no basta la oposición a un cierto número de sus postulados e imposiciones. Es preciso desmontar su base argumental la que, por fortuna y para mayor facilidad, es huera y menesterosa. Es necesario, por una vez aunque sea, más allá de la denuncia y la condena, ofrecer su refutación.
La tarea no es difícil. Hay mucho educador serio en Venezuela que ha guiado su vida de docente desde una doctrina pedagógica superiorísima a la blandida por Adán Chávez y sus acólitos. A esta última hay que arroparla, como se hace para apagar el fuego de una sartén. Aquí hay suficiente doctrina educativa como para abrumar el muy escaso y pernicioso esquema chavista en educación.
Por supuesto, también hay que desmontarlo agresivamente. (En términos retóricos). No necesitamos estar a la defensiva. Cuando Eduardo, Juan y quien escribe, nos afanábamos en 1975 por obtener buenos aprendedores, logramos recopilar una extensa bibliografía sobre el tema. Era un recurso fresco, recién editado, La revolución de la inteligencia, de Luis Alberto Machado. Pero el libro que resultó ser nuestra sagrada escritura era La enseñanza como actividad subversiva (1969), de Neil Postman y Charles Weingartner, obra que, como su nombre indica, no era complaciente con una educación mediatizada. Se encontrará en él un agudísimo y moderno examen del problema de la educación, que abrevaba de fuentes frescas, como las poderosas intuiciones de Marshall McLuhan. En él dicen sus autores que probablemente sea la misión fundamental de la educación la de entregar a los educandos un “detector de porquerías”. (Crap detector).
Para que la persona reciba una educación que lo libere, que lo inmunice frente a la mediocridad y la propaganda, es muy importante enseñarle a distinguir, como decía Bárbara Tuchman, entre lo íntegro y lo postizo. Pocas cosas más postizas que las poses arrogantes y manipuladoras de este gobierno en casi cualquier esfera de las que invade (que son casi todas), pero especialmente en la esfera educativa. Y su cacareado proyecto curricular, juzgarían Postman y Weingartner, es una soberana porquería. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 27, 2008 | Cartas, Política |
En los tiempos ya idos del segundo gobierno de Rafael Caldera, un viraje en la atención de la cancillería venezolana desplazó significativamente la mirada preferente hacia el sur; más específicamente, hacia Brasil. Eran los tiempos de una intensa amistad con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el presidente brasileño que había vivido en Venezuela y hecho sentir su bonhomía y su inteligencia de sociólogo en los predios del CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo) de la Universidad Central de Venezuela. (Antes, en su primer gobierno, Caldera había logrado finalizar la demarcación de límites entre Brasil y Venezuela).
Tan estrecho fue el acercamiento entre Cardoso y Caldera, que Ramón Adolfo Illarramendi, antiguo embajador venezolano en Jamaica, a la sazón al mando de una unidad de análisis de políticas para la segunda presidencia del yaracuyano, jugaba con una idea para la que encontró cierta resonancia aun en algunas cabezas brasileñas. Ésta era la utopía de crear dos nuevos estados en América del Sur: uno estaría formado por la mayor parte del Brasil actual; el otro se constituiría por la fusión de Venezuela y la parte más norteña de Brasil.
Naturalmente, de este sueño sin destino no trascendió nada hacia los objetivos del causahabiente de Caldera, Hugo Chávez Frías. Lo que si heredó este sucesor fue la camaradería con el gigantesco país portugués y, todavía durante la presidencia de Cardoso, Chávez firmó acuerdos bilaterales con Brasil. Muy poco después, la simpatía aumentó marcadamente con la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, en el año 2002.
Para algunos opinadores en Venezuela—notablemente para Alejandro Peña Esclusa—la llegada de Lula al poder en Brasil era un desarrollo ominoso. A comienzos de 2002, antes de los sucesos de abril, Peña Esclusa argumentaba que había que salir de Chávez antes de que Lula se encaramase en la presidencia de su país, pues una vez que esto ocurriera la alianza Chávez-Lula—presuntamente manifiesta en sesiones del Foro de Sao Paulo—significaría que el presidente venezolano sería prácticamente inamovible.
Pero la trayectoria de Lula en la jefatura del estado brasileño no exhibe la misma radicalidad que la propugnada por Chávez. Lula se ha mudado del socialismo a la socialdemocracia, y en un curso que pudiera ser tenido por reformista, ha presidido un sostenido progreso económico de su país y un aumento considerable de su importancia política. Hace un año, cuando George W. Bush emprendía una morosa gira latinoamericana, que Chávez procuró boicotear con su propia contragira, Lula recibía al presidente de los Estados Unidos para marcar su autonomía con una muy distendida y amigable bilateralidad. Lula no cree que Bush huele a azufre.
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La nueva visita de Chávez a Brasil lleva tres propósitos ostensibles. El primero y más obvio es el de continuar promoviendo la entrada plena de Venezuela a Mercosur, que se ha visto entorpecida, entre otras cosas, por el pésimo cartel que tiene Chávez en el Senado de Brasil, al que una vez acusara de estar formado por loros repetidores del discurso de Washington. La sola relación comercial bilateral entre Venezuela y Brasil alcanzó el año pasado la suma de 5.000 millones de dólares (el nivel sostenido con Colombia), tras un aumento de 36% respecto del año anterior.
El segundo propósito es de naturaleza energética. Desde 2005 hay conversaciones entre PDVSA y Petrobrás para la construcción y operación conjunta de una refinería en territorio brasileño—en Recife, bajo el nombre de José Inácio Abreu e Lima, el revolucionario brasileño que peleara del lado patriota en la guerra venezolana por la independencia—propuesta por primera vez ya en el año 2000. El esquema ha mantenido una participación brasileña de 60% y una de 40% para Venezuela. Según recientes declaraciones de Petrobrás, falta dilucidar muy poco para concluir el arreglo definitivo, pero la petrolera brasileña ya ha comenzado los movimientos de terreno en el sitio, y ha hecho saber que procedería con el proyecto aun sin Venezuela. (La capacidad inicial sería de 200 mil barriles diarios, para ser duplicada en pocos años. El importante yacimiento petrolífero descubierto recientemente en Brasil permitiría a este país justificar la inversión en la refinería a partir de su propio suministro). Ya se sabe que el acuerdo definitivo no podrá ser firmado por ambos presidentes durante esta visita, y se estima consumir al menos dos meses más en las negociaciones de puesta a punto.
Pero el más vistoso objetivo de la reunión entre Chávez y Lula tiene que ver con el reino de la seguridad continental. El segundo ha propuesto la constitución de un “Consejo de Seguridad” de América del Sur, organismo de consulta dentro del que pudiera absorberse los amagos de conflicto militar interno, como el que hace nada puso en movilización contingentes de Ecuador y Venezuela hacia sus respectivas fronteras con Colombia.
Cada quien, por supuesto, interpreta las cosas a su manera. Lo que en principio está pensado como un mecanismo de consulta y resolución de conflictos al estilo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para Chávez es una suerte de OTAN de América del Sur que permita la defensa de nuestra masa continental contra “el imperialismo, los neoliberales y la acción militar preventiva”. En verdad, es éste el concepto que hace poco expusiera Chávez en visita a Nicaragua, y que propusiera tan temprano, aunque menos beligerantemente, como en el año 2000.
Esta última concepción, la más atrevida, tiene mucho sentido geopolítico, y no es en absoluto invento original de Hugo Chávez. En artículo (Tema de Estado) publicado en La Verdad de Maracaibo en septiembre de 1998, antes de la llegada de Chávez al poder, el suscrito adelantaba la opinión de que la integración de América del Sur era más viable que la de América Latina entera, y que vista la escala de Brasil, probablemente sería más sensato entender esa integración como la convergencia de tres bloques: Brasil, el Cono Sur y una gran república bolivariana, formada por el territorio de las repúblicas liberadas por Bolívar. Éstos eran los términos: “Como espacio geopolítico y ecológico, pues, tiene sentido pensar en su organización política de conjunto. Y tiene sentido en momentos cuando asistimos a la manifestación del intento de NAFTA en Norteamérica, del intento de la Comunidad Europea, de los reacomodos que ya se han producido en el área asiática. Tiene más sentido aún si consideramos que el mundo va hacia una planetización política, en la que la coexistencia de culturas diversas será una realidad. América del Sur puede ser una maqueta de este proceso más amplio de integración, pues además de la obvia presencia de la cultura latina, incluye a los pueblos de las distintas Guayanas y a los de las Malvinas. (Si es que no incluyésemos también a las Antillas Neerlandesas o a Trinidad y Tobago). Pero América del Sur incluye a Brasil, y su escala no debe ser ignorada. Por esto no deja de ser una idea a considerar, antes de un pacto continental de América del Sur, la conformación de una república boliviana, de la verdadera Bolivia, la amplia. Definida como el territorio que Bolívar liberó de la corona española, esa república es un hexágono abierto que abarca desde los límites superiores de Panamá hasta los inferiores de Bolivia. Eso sí provee un mercado suficiente para un grado de diversificación básico y toma en cuenta las escalas de Brasil y el cono sur para formar, de un modo más equilibrado, la Organización del Tratado de América del Sur”.
Antes, en diciembre de 1984, coincidía con Arturo Úslar Pietri en la imaginación de una integración política del área iberoamericana, y las consideraciones de defensa ya entraban en la formulación, que propugnaba el tratamiento al señalar: “En el nivel político, más que nunca la ‘tercera ola’ será una discusión de grandes interlocutores. Y hasta ahora sólo parece que conversarán los sajones, los eslavos, los europeos dependientes de los sajones y los dependientes de los eslavos, los chinos y los japoneses, los hindúes. Es decir, unidades políticas de centenares de millones de personas”. (La verdad que ya no podemos eludir, Válvula, diciembre de 1984). Algo más tarde escribía: “No es insensato pensar en un aumento de las pretensiones de dominio norteamericano sobre nuestra zona. Las nuevas tecnologías de comunicación no hacen sino aumentar la potencialidad de control y dominación que una supernación desarrollada en ese aspecto puede querer emplear, sobre todo si se trata de asuntos que esa potencia considera vitales para sus intereses más fundamentales… Por la integración política en un contexto cultural homogéneo Venezuela consigue resolver varios problemas importantes de un golpe. Para comenzar, es necesario precisar que el tratamiento propuesto es el de una integración federativa. Esto es, la integración no consiste en transferir todas las funciones públicas a un gobierno supranacional, sino únicamente las funciones de Estado clásicas: representación diplomática o relación política con terceros estados, defensa ante terceros estados, emisión de una moneda única del área integrada, principalmente… Hay otros efectos diferentes del estrictamente económico que hacen atractiva a Venezuela (y a los demás países participantes) la opción de convertir su razón de Estado a través de una confederación de estados del área latina, aún cuando también el aumento de eficacia se traduce en muchos casos en un menor gasto por concepto de funciones de Estado. Por ejemplo, tenemos lo concerniente a seguridad y defensa. El ahorro sería considerable si, en vez de hacer como ahora, que además de defender con ejércitos el perímetro latino, gastamos en una defensa interfronteriza, elimináramos este último renglón. Es así como la contribución que cada país haría al presupuesto federal de defensa sería menor que la cantidad que cada quien gasta por separado. Por supuesto, es de esperar que la agregación de las posibilidades de defensa individuales daría como resultado unas fuerzas armadas comunes de considerablemente mayor tamaño y potencia. El efecto que la emergencia de esta nueva postura de defensa tendría sobre la actual tensión mundial pudiera ser altamente beneficioso, de continuar el nuevo Estado, como es de suponer, en la tradición pacifista de la mayoría de los países del conjunto”. (Dictamen, junio de 1986).
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Pero aun cuando en las consideraciones anteriores se incluía la referencia a las apetencias norteamericanas, aun antes del desplome de la Unión Soviética y la emergencia de la pretensión unipolar, la unión propuesta no cobraba sentido en una pretensión antinorteamericana. La idea de la defensa suramericana no debe ser formulada adversariamente; se sostiene a sí misma sobre la simple conciencia de que, además de la presencia de más de doscientos “municipios del planeta” (sus actuales naciones-estado), la polis planetaria en construcción vendrá determinada por acomodación de los macrofeudos o grandes agregados políticos: China, India—estos dos en curso de acercamiento—Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera. En esa nueva Tabla Redonda de grandes barones, América del Sur no ha logrado todavía reunirse para pretender un asiento, y ya es hora de que lo haga, desde una postura pacifista. No es sano entender una “OTAN de América del Sur” como una organización contraria a los Estados Unidos, ni tampoco contraria a ninguna otra entidad nacional o supranacional.
Brasil, por otra parte, va a halar en una dirección distinta de la que Hugo Chávez quiere. Es altamente sintomático que, un día antes de esta nueva visita de Chávez a Brasil, el canciller de esta nación, Celso Amorim, haya ofrecido declaraciones clarísimas y contundentes, poco características de la proverbial y plácida indefinición de Itamaraty. Amorim marcó muy preciso distanciamiento de la posición venezolana respecto del conflicto interno colombiano. No sólo reafirmó que Brasil no asume neutralidad en este conflicto, sino que además disiente de la idea, formulada por Chávez, de conceder a las FARC el status de fuerza beligerante. Dijo Amorim (habla Lula, por tanto): “Brasil, por ejemplo, discrepa totalmente de la posición del presidente de Venezuela en relación con las FARC como fuerza beligerante. Nosotros no concordamos con esa idea. No creo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia merezcan ningún status político, porque practican secuestro, crímenes abominables”. Y luego de sucesivas preguntas de los periodistas, reiteró más específicamente: “Brasil condena la acción de las FARC, el presidente Lula condenó el crimen de secuestro, que es abominable. Brasil no es neutro entre las FARC y el gobierno colombiano”, al tiempo que opinó que los rehenes en poder de las FARC “tendrían que ser sueltos unilateralmente, sin condiciones”.
Una vez más, alguien le para el trote a Chávez, y esta vez es su anfitrión, la víspera misma de su visita, con advertencias inequívocas en mentís de las alarmas que Peña Esclusa prendía hace seis años.
Tampoco encontrará eco Chávez en Brasil para su postura antinorteamericana principista. Siendo un político pragmático, Lula no sólo ofreció a George W. Bush la más amable bienvenida durante su deslucida gira latinoamericana del año pasado, sino que ha dirigido una política económica que nunca pudiera ser descrita como anticapitalista. No en balde, la inversión extranjera en Brasil creció el año pasado cerca de un 40% respecto de la recibida en 2006.
Menos todavía desacelerará Brasil su inversión militar, con o sin OTAN sudamericana. Muy por encima de Colombia, que a su vez supera a Venezuela en capacidad y apresto bélico, Brasil es la primera potencia militar de América del Sur, soportada por una estructura industrial que no es monoproductora ni dependiente sólo de sus exportaciones. Y para este mismo año de 2008, el presupuesto de defensa de Brasil experimentará un crecimiento de 50% sobre lo invertido en 2007.
Venezuela debió haber buscado, primero, el fortalecimiento del área andina—bolivariana, en el recto sentido—antes que una bilateralidad con Brasil que obviamente es desproporcionada. Pero Chávez se dio a la tarea, explícitamente desde 2006, de torpedear a la Comunidad Andina de Naciones, y a agriar las relaciones con sus dos mayores componentes: Colombia y Perú. Son los más débiles del área, Bolivia y Ecuador, sus aliados del momento. Pero así es como funciona la cabeza geopolítica de nuestro presidente.
En 1943, Walt Disney lanzó una segunda película de dibujos animados que apelara a la América Latina: Los tres caballeros. El neurótico Pato Donald representaba a los Estados Unidos, José Carioca era un divertido loro brasileño y Pancho Pistolas un alocado gallo charro, en representación de México. El amistoso trepador carioca puede pasar por Lula; las pistolas—de procedencia rusa—son ahora esgrimidas por Chávez, ya no por Pancho, mientras la irascible personalidad de Donald sigue siendo representación de Bush, pero no es fácil decir que la conducta del mandatario venezolano sea la de un caballero.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Mar 20, 2008 | Cartas, Política |
La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones.
Argenis Martínez
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Existe una antigua leyenda de las tribus germánicas según la cual al comienzo del mundo sólo había dos clases de hombres: héroes y sabios. Según el mito, los héroes se levantaban todas las mañanas dispuestos para la faena: conquistar castillos, derrotar bandidos, rescatar doncellas y matar dragones. Al caer el día cesaba la jornada; y entonces los héroes se dirigían a las cuevas de los sabios, para que éstos les explicaran el significado de sus hazañas, pues no sabían ni por qué ni para qué las emprendían.
Es inevitable relacionar la tensión polar que esa narración nos muestra con el satírico epígrafe de Argenis Martínez. Lo que la leyenda indica es que desde hace mucho tiempo, en un pueblo bastante distante de nuestra heredad, ya se pensaba que había una gente que se ocupaba de las cosas y otra distinta que se entretenía con los significados de las cosas. No es sólo en Venezuela, pues, que se manifiesta esa bipolaridad entre “hombres de acción” y “hombres de pensamiento”, entre héroes y sabios, entre caciques y brujos. Pero en Venezuela esta tensión se manifiesta con particular crudeza.
Porque no sólo es que en Venezuela se prohibe a los brujos mandar, sino que ni siquiera se les estima. Una vez un profesor extranjero, experto internacional en sistemas de decisión racional de alto nivel, fue invitado por un ministro central de un gabinete de la última mitad de siglo venezolana. El profesor, a petición del ministro, recomendó la institución de un centro de investigación y desarrollo de políticas—con una cierta propensión al largo plazo, bien dotado de recursos, escudado del poder—una unidad de análisis de políticas para la Presidencia de la República, naturalmente sometida al corto plazo, con capacidad de respuesta instantánea, y un programa de formación para los que trabajarían en ambos tipos de centro. Dijo que esa trilogía era indispensable para aumentar la racionalidad en la toma de decisiones públicas. Después de escucharlo con mucha atención, y después de declarar que esto último era lo que él procuraba hacer desde su ministerio, el ministro dijo: “El problema, profesor, es que por mucho tiempo más la clave de la política venezolana estará en el número de compadres que tenga el Presidente en el país”.
Y no se crea que algo así ocurre sólo en el corazón del Gobierno Central: hace unos años ya, en una de las operadoras de PDVSA, cuando la empresa pasaba por ser nuestro dechado de virtudes gerenciales, un conferencista buscaba una página en blanco en el rotafolio de la junta directiva a la que hablaría en unos instantes. En ese proceso se topó con una página en cuyo centro estaba escrito lo siguiente: “A la industria petrolera no le conviene tener demasiada gente inteligente”.
¿Qué es este prejuicio contra las personas que tienen la tara de intelectualidad? Que se sepa, la Constitución sólo inhabilita para el ejercicio de los altos cargos públicos a quienes no son venezolanos por nacimiento, a los que siéndolo tengan otra nacionalidad, a quienes son demasiado jóvenes, a quienes son religiosos, a quienes estén sometidos a condena por sentencia definitivamente firme. No existe indicación alguna de la inhabilidad política de los “hombres de pensamiento”. ¿De dónde se saca entonces que éstos no deben mandar?
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Es un rasgo de modernidad de las más exitosas sociedades del planeta la presencia institucional importante de una reflexión profesional, sistemática, disciplinarmente amplia, sobre la dirección de sus organizaciones. En cada organización de importancia, sea pública o privada, las unidades de inteligencia y estrategia ocupan un espacio considerable y, fuera de ellas, grandes centros de análisis constituyen los think tanks, los “tanques de pensamiento”, que son capaces de inventar políticas, analizarlas, mejorarlas, e inventar también herramientas de análisis, de predicción, de invención y decisión.
Acá en Venezuela, en cambio, ha resultado muy difícil establecer este tipo de centros, y cuando se ha logrado hacerlo su vida ha resultado efímera o se ha distorsionado sus funciones propias para convertirlos en fabricadores de discursos o vitrina de eventos dirigidos a un objetivo de relaciones públicas. Y también ocurre que se le da el nombre de think tanks a organizaciones que realmente no lo son, con lo que se desacredita inmerecidamente a los verdaderos.
Si uno observa con un poco de detenimiento a las sociedades dominantes, se dará cuenta de que en ellas abundan organizaciones de esa clase. No debe ser casualidad que prolifere en los Estados Unidos toda clase de institutos de investigación y desarrollo de políticas—la Corporación RAND, la Institución Brookings, el Instituto Hudson, el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, el Instituto Catón, la Fundación Heritage, el Instituto de Investigaciones de Stanford, y un larguísimo etcétera. Las sociedades avanzadas procuran alcanzar racionalmente un destino favorable.
Y no dudan de la enorme utilidad que estos centros de recomendación pueden rendir. Las ganancias que pueden derivarse de un solo estudio pueden justificar por sí solas toda la vida de un instituto. (El caso antonomásico es el del descomunal ahorro que representó para la fuerza aérea norteamericana la invención, en el seno de la Corporación RAND, del método de abastecimiento de combustible a los aviones en vuelo, que evitaban las operaciones de mayor consumo de gasolina: el aterrizaje y el despegue).
Hay, pues, una razón profunda para esa mayor presencia de los institutos de política en las sociedades dominantes, de un mayor espacio para ellos: en los sistemas sociales más evolucionados, como ocurre con los sistemas biológicos, hay una mayor presencia de pensamiento organizado, que en lo social se concentra sobre la búsqueda de soluciones a los problemas públicos.
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Usualmente no se toman demasiado en serio los partidos y líderes políticos el tema del programa de gobierno, o muchas veces—hay honrosas excepciones—lo acometen a través de métodos intuitivos y vistosos, con los que procuran ligarlos a la mezcla de impresiones que su mercadeo de campañas busca inyectar en la psiquis de los Electores. Estos métodos son constitucionalmente ineficaces para generar un esquema estratégico con alguna coherencia, y así refuerzan la tendencia a despreciar esa actividad.
Cuando algún dirigente político más sensato que el promedio ha logrado persuadir a sus copartidarios de que un programa de gobierno es algo de importancia, casi siempre se dispone la realización de un evento—en ocasiones precedido de eventos parciales más pequeños—en el que una pléyade de notables viene a exponer sus ideas programáticas en el área de su especialidad. La elección de ese método de ensamblaje de partes elaboradas por una decena de cabezas dispares, o la acumulación aluvional de fragmentos menores cuando se involucra a centenares de participantes, es un error reiterado de la política venezolana, y conduce usualmente a documentos tibios, que se diferencian poco de los de otros partidos, ineficaces en su excesiva vaguedad y abstracción o, paradójicamente, en su excesivo detalle. Nunca se ha producido por este método un plan de gobierno que haya sido ejecutado.
En todo caso, siempre se destina a la elaboración programática una escasa cantidad de recursos. Un precandidato presidencial de partido consideraba demasiado costoso invertir, en el sostén de una unidad que trabajaría todo un año para elaborar un “programa de Estado”, una cantidad que era la mitad de lo que en ese mismo momento aquél gastaba en publicidad en una sola semana. En esa misma ocasión ofreció un argumento que le parecía definitivo; decía que las elecciones norteamericanas de ese año serían ganadas por un cierto candidato y éste no tenía un programa, de modo que ¿para qué hacía falta un programa?
Esa anécdota parece ser la versión criolla de la leyenda alemana en la que los héroes se han desentendido de los fines, de los significados políticos, y sólo atienden a la emisión de señales, que pueden ser cabalgatas en Carabobo, patadas de fútbol en atuendo deportivo, moños recogidos o sueltos, asociaciones felinas o bolivarianas, boinas militaroides, eslóganes, jingles, apariciones en estadios o corridas de toros. El problema de los contenidos políticos, de los tratamientos a problemas públicos, de los programas, no es asunto que les desvela. Para eso siempre puede contratarse a alguien que los imagine y los escriba.
Otro candidato presidencial venezolano, por ejemplo, decía a un auditorio de estudiantes universitarios que el país estaba urgido de un “nuevo modelo político” pero que él ¡no estaba seguro de cuál era! Al comentar tan inocente declaración en un grupo que se reúne frecuentemente para analizar el acontecer político nacional, el líder del mismo opinó que eso no venía siendo problema del candidato. De esta manera daba expresión a una noción bastante común, y que no es exclusiva de nuestra escena política. En su obra Para entender al neoliberalismo, William Schneider se refiere al mismo punto del desinterés presidencial norteamericano por lo programático, al decir que un presidente “después de todo, siempre puede contratar a alguien que le solucione los problemas”.
………
En un viejo modelo político los caciques mandan, los héroes matan dragones, pero no tienen que pensar en la solución a los problemas públicos. De eso debieran ocuparse, subordinados siempre a quienes mandan, los sabios que encuentran los significados y los brujos que producen menjurjes y encantamientos. Profesionales que encuentren soluciones. El modelo, el arquetipo, el paradigma (en el viejo sentido de ejemplo), prescribe a quien detente o quiera detentar el mando el papel y el carácter de un combatiente. No en vano las imágenes con las que los actores políticos convencionales hacen auto-referencia tienden a ser las de “combatiente” o “luchador” político o social, y se refieren a la “arena” y a la “lucha” políticas y a los procesos de “vencer” y “derrotar”.
Y piensan ellos, así como la mayoría de nosotros, que su papel consiste en “mandar”. No en mandar a secas, lo que pudiese ser moderado si se restringiera al mando sobre los órganos ejecutivos del Estado, sino que se entiende como mandando sobre la Nación. El candidato que declaró con la mayor frescura desconocer cuál era el modelo político que necesitaba Venezuela se refirió, en un conocido programa de televisión, a quienes pretendieran “gobernar sobre un país”. Y esta idea de que se gobierna sobre un país es, con seguridad, algo que debe ser cambiado, justamente, en un nuevo modelo político para Venezuela y, si a ver vamos, para cualquier país. No se gobierna sobre un país, se gobierna para un país.
Todas estas cosas pertenecen a la noción que encontramos en la leyenda alemana, en el rotafolio de la compañía petrolera venezolana, en el ministro que hablaba de compadres, en los que anuncian sus pretensiones presidenciales sin saber lo que harían como presidente: que los héroes mandan aunque sean unos inconscientes.
Y su corolario fuerte es que los sabios, los brujos, no mandan, no pueden mandar, no se les debe permitir que manden, porque ellos no saben matar dragones ni vencer oponentes en las arenas políticas. No se concibe que quien ostensiblemente lea mucho, piense mucho, invente mucho, pueda ser un buen gobernante, sea un hombre capaz de acción, ni siquiera capaz de defenderse. Esto es percibido así no sólo por los políticos que trabajan bajo esas premisas, sino por el común de los mortales. Por eso podemos ser sorprendidos cuando llegamos a observar a un “hombre de pensamiento” comportándose como un “hombre de acción”.
Esta percepción va a cambiar, no obstante.
Desde hace ya algún tiempo es posible registrar una nueva irrupción del pensamiento y la inteligencia en el ámbito del poder. La revista Fortune titulaba en su edición del 14 de enero de 1991: “Ahora capital significa cerebro, no sólo dólares”. Y citaba a líderes empresariales norteamericanos que decían cosas como las siguientes: que el capitalismo empresarial había dado paso a un capitalismo gerencial que ahora cedía el sitio a un “capitalismo intelectual”; que “la materia gris es tan diferente a los billetes que la economía neoclásica, con sus leyes de la oferta y la demanda y de los rendimientos decrecientes, no puede explicar adecuadamente cómo funciona su substancia”; que el capital intelectual producirá un profundo desplazamiento en la riqueza del mundo de los dueños de los recursos naturales a quienes controlen las ideas y el conocimiento.
Este proceso, que ya ha comenzado en el ámbito de la economía, no tardará en manifestarse con igual fuerza en el ámbito de la política, y cuando lo haga cambiará radicalmente el modo como ésta es practicada.
Es probable que continúe habiendo un predominio de los “hombres de acción” en las cabezas ejecutivas de los Estados, de los partidos políticos, pero aun en este caso habrá un marcado aumento del espacio y la influencia de los “hombres de pensamiento” en la política. Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como “brujos de la tribu” que como “brujos del cacique”. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los caciques se resistan a aceptar sus recomendaciones.
Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate.
Vilfredo Pareto, sociólogo y economista italiano de principios del siglo XX, se ha hecho muy conocido en el ámbito empresarial, gracias a que sus “curvas” han devenido en concepto medular de la escuela gerencial de la “calidad total”. También es el autor de La circulación de las élites. En este libro Pareto describe la configuración de poder más frecuente como aquélla en la que los hombres de acción, los “leones”, son los que gobiernan. Pero también expone que cíclicamente los leones arriban ante atolladeros que no pueden superar, y deben venir entonces los “zorros” al gobierno, los hombres de pensamiento, los que dominan el “arte de la combinatoria”, a resolver la situación. (En términos de nuestro folklore, Tío Tigre sustituido por Tío Conejo). Según su esquema, los leones y los zorros se alternan cíclicamente; según Pareto las élites circulan.
Tal vez, entonces, estemos en Venezuela necesitando un desplazamiento, aunque sólo sea temporal, de leones por zorros, de caudillos por filósofos. Tal vez estemos ante la necesidad de un ciclo de Pareto, y entonces cobre vigencia la idea de un “retorno de los brujos”, que fuera el título de uno de los libros de mayor influencia en la fértil década de los años sesenta.
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por Luis Enrique Alcalá | Mar 6, 2008 | Cartas, Política |
El idioma inglés, entre otras cosas por su manera peculiar de construir palabras a partir de componentes más simples, se caracteriza por una gran riqueza léxica. Por ejemplo, el sufijo –manship, construido él mismo a partir de man (hombre) y la desinencia –ship, ésta de uso variable, como en los casos de scholarship (estudio o logro académico, aprendizaje de alto nivel, beca) o apprenticeship (período durante el que se es un aprendiz o el proceso de serlo). En algunos casos esta desinencia se refiere a una habilidad especificada por la raíz que la precede. Por caso, el término marksman (que emplea mark en el sentido de un blanco para puntería y se une, de nuevo, a man para designar a un tirador experto) da origen a marksmanship, que connota la destreza de un tirador experimentado y preciso.
Bien, la palabra inglesa brink se aplica al borde de un precipicio, al borde de un terreno justamente antes de convertirse en una pendiente empinada o vertical; de un acantilado, digamos. El inglés no se detiene allí; a partir de tal vocablo fabrica el concepto de brinkmanship, cuya definición ofrece el Oxford American Dictionary en los siguientes términos: “El arte o práctica de proseguir una política peligrosa hasta los límites de la seguridad antes de detenerse, especialmente en política”. (Obviamente, la palabra política se refiere en el primer uso a una política, como puede ser la política de salud o la política económica o la de seguridad. La segunda vez que aparece en la definición está referida al sentido convencional de la actividad de consecución y empleo del poder).
Este preámbulo se hace necesario porque el castellano no tiene un equivalente de brinkmanship, palabra precisa que describe la conducta reciente de Álvaro Uribe Vélez, quien ordenó la penetración de fuerzas militares colombianas, el sábado 1º de marzo a las cero horas veinticinco minutos (hora local), a territorio de Ecuador para una misión que concluyó con la muerte de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, el segundo jefe de las FARC, y de otros dieciséis (o veinte) guerrilleros, además de la muerte del soldado colombiano Carlos Hernández. Una vez consumada la operación, Uribe levantó el teléfono e informó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, acerca de la violación de territorio, alegando que este hecho fue un caso de legítima defensa ante los disparos que los efectivos colombianos habrían recibido de los irregulares de las FARC tras la frontera de Ecuador. Por esta acción ofreció inmediatamente sus excusas. A continuación, y una vez ordenadas las movilizaciones de tropas de Venezuela y Ecuador hacia sus respectivos límites con Colombia, Uribe declaró que las de Colombia no harían lo mismo. Brinkmanship. Uribe llegó al borde del precipicio y se replegó.
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Como era de esperar, Ecuador protestó de inmediato la incursión colombiana, violatoria de su espacio territorial. Más tarde, afirmó que de sus propias investigaciones in situ se desprendía que la relación colombiana no se ajustaba a la verdad. Según el gobierno ecuatoriano, los guerrilleros extranjeros estacionados en su territorio no habrían atacado a las fuerzas de Colombia, y que en cambio habían sido muertos en medio de plácido e inocente sueño. Correa se mostró más airado que al comienzo y, luego de consultas con Hugo Chávez, procedió a cortar relaciones diplomáticas con Colombia y movilizar efectivos militares hacia la frontera con este país, en ejercicio propio de brinkmanship.
Pero Colombia se asomó de nuevo al precipicio de la guerra. Aduciendo haber tomado posesión de tres computadores de Devia, mientras aquella movilización se iniciaba dijo haber encontrado en uno de ellos un informe del jefe guerrillero en el que se daba cuenta de una reunión suya con Gustavo Larrea, el Ministro de Seguridad Interna de Ecuador, en la que habría obtenido seguridades de que no sería molestado por autoridades militares o policiales ecuatorianas mientras se encontrara dentro de Ecuador con su tropa irregular.
Larrea se vio entonces impelido a admitir que se había reunido con Devia, pero declaró que el encuentro, sostenido en enero, se habría efectuado en un tercer país distinto de Colombia y Ecuador, y que los asuntos tratados no habían sido los expuestos por la policía colombiana. El ministro implicado aseguró que sólo había dialogado sobre la liberación de algunos rehenes en poder de las FARC y que había advertido a Devia que sus guerrilleros no debían ingresar a tierra ecuatoriana. (“Desde luego que incumplió la palabra”, dijo Larrea de un Devia que ya no está en capacidad de contradecirlo).
Es evidente que Colombia violó la territorialidad de Ecuador, como acaba de declarar (por aclamación) el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Pero estamos ante dos opciones, ambas muy problemáticas. La primera es que la verdad está del lado de Colombia (o, más bien, del lado de Devia): que el gobierno ecuatoriano toleraba la ocupación de parte de su espacio por irregulares colombianos. Esta opción es gravísima, naturalmente; implicaría que Rafael Correa ha tomado partido contra el gobierno de Colombia y a favor de su enemigo interno.
Pero la segunda posibilidad es que Ecuador dice la verdad, y que su gobierno ignoraba la presencia de un campamento guerrillero dirigido por Devia en su territorio. En este caso, la guerrilla colombiana ejercía uti possidetis de facto dentro de Ecuador. Dicho de otro modo, el grupo de Devia ejercía posesión de territorio ecuatoriano; ya la parcela en la que al menos dormían sus integrantes no era controlada por Ecuador sino por la guerrilla. Vista la cosa así, si el gobierno de Correa desconocía esta ocupación Colombia no penetró en territorio ecuatoriano sino en dominios guerrilleros, usurpados a Ecuador. Pero esta usurpación no ha sido en ningún momento reprobada por las autoridades ecuatorianas, mucho menos en los mismos términos tajantes, insultantes y airados que han sido dirigidos contra Uribe y sus colaboradores. Todavía no hemos visto, proveniente de Ecuador, una protesta iracunda contra las FARC, dirigida por ejemplo a Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda, alias Tirofijo o marksman), por el hecho de que serían sus fuerzas los originales violadores del territorio de Ecuador. Esta inconsistencia constituye una conducta que deja muy mal parados a Rafael Correa y su gobierno.
A mayor abundamiento, la doctrina del uti possidetis juris—originada por cierto en América Latina para curarse ante pretensiones europeas luego de la derrota de España en estas tierras, y para reducir la probabilidad de conflictos entre los estados que asumieron sus antiguos dominios—tiene su fuente remota en la noción romana de la posesión, distinta de la figura de propiedad. (La propiedad del terreno ocupado por Devia y sus secuaces, sin duda, es de Ecuador; no así lo era su posesión hasta el sábado 1º de marzo, cuando Colombia le hizo el favor de eliminar a sus presuntos usurpadores). Guatemala, por ejemplo, ha pretendido desde hace mucho que Belice, las antiguas Honduras Británicas, le pertenecería, y para sostener tal pretensión ha oscilado entre un principio de uti possidets juris y uno de uti possidetis de facto. Así lo revelan las siguientes palabras de Pedro de Aycinena, en su momento canciller de Guatemala, dirigidas a la Cámara de Diputados de su país (se traduce de la versión inglesa): “Al examinar esta situación, no podemos dejar de reconocer que el derecho que hemos alegado constantemente, como presuntos herederos de la soberanía de España, fue considerablemente debilitado, debido a nuestra falta de medios para tomar posesión de estos territorios que habían sido desertados y abandonados por España misma y subsecuentemente por nosotros. Más aún, tal derecho, enfrentado a una posesión real y el ejercicio práctico de soberanía [por Gran Bretaña primero y por Belice después], independientemente de los medios por los que fueron adquiridas, pudiera conducir a una discusión prolongada que, aunque soportada con algún fundamento por nosotros, no ofrecía ninguna esperanza razonable de éxito”.
En suma, Ecuador no puede alegar que ejercía control sobre el terreno ocupado por los irregulares colombianos, si es que quiere aducir ignorancia de su presencia; para reivindicar posesión—no la propiedad, por supuesto, que no se discute—tendría que admitir que los guerrilleros eran sus huéspedes.
Otrosí. Algún lúcido abogado ha ilustrado a doctorpolítico sobre un recoveco jurídico que ignoraba: la llamada “culpa de la víctima”, que gravita sobre una “compensación de las culpas”. Para usar su ejemplo, si una dama de edad avanzada muere al ser atropellada por un carro, estamos ante un caso de homicidio cuya culpa recae sobre el conductor del vehículo, así sea un caso de homicidio culposo, esto es, sin intención. Pero si la víctima se abalanzó imprudentemente a la calle vestida de negro y con el rostro embetunado, en una vía carente de iluminación durante la fase de luna nueva o bajo un cielo enteramente nublado, entonces hay una culpa en la víctima que “compensa”, en algún grado a determinar por el juez, la culpa del conductor y la atenúa. Como él mismo señala, habría sido una clara imprudencia de Larrea haber puesto su confianza en un personaje delincuente como Devia, quien “[d]esde luego incumplió la palabra”.
Otrosí. Si el gobierno de Colombia faltó gravemente, por la violación de territorio ecuatoriano sin advertir de su intención a Rafael Correa, igualmente grave es que el ministro Larrea haya sostenido conversaciones con Devia a espaldas del gobierno de Colombia, por más que ellas hayan sido para tramitar la “humanitaria” liberación de personas secuestradas por las FARC o para decidir la construcción de un templo dedicado a la Virgen del Putumayo. (Cuya existencia ignoramos). Ningún tercer estado tiene derecho a entrometerse en el difícil proceso que debe ser regido únicamente por el legítimo gobierno de Colombia, sin que éste le haya autorizado expresamente. El derecho no asiste a los entrometidos. Es asqueroso que un tercer gobernante cualquiera se inmiscuya en tan complicada cosa, con el fin de desacreditar al gobierno colombiano y presentarse a sí mismo como campeón de causas humanitarias.
………
Otro es el caso de la intromisión del gobierno “bolivariano”, a todas luces impertinente y desmedida. La resolución del Consejo Permanente de la OEA, ciertamente, declaró que “el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional”, pero ni fue tan lejos como una condena de Colombia, ni aludió para nada a Venezuela. Sin decirlo expresamente, la organización multilateral ha opinado que nuestro país no tiene vela en tan literal entierro.
El brinkmanship de Chávez también ha salido a relucir. Chávez, el “brinkman” (en su caso, el hombre que se la pasa brincando), ordenó mayestáticamente la movilización de tropas hacia parte de la frontera con Colombia e interrumpió las relaciones diplomáticas con este país, no sin su acostumbrada descarga cloacal de insultos e injurias interesadas. (Como es de esperar, la mediocridad de su canciller, de su embajador ante la OEA o de una negatividad tan extraviada como la de Iris Varela, le han hecho coro. Esta última, bajo la creencia de que es una política muy atenta, amenazó con declarar traidores a la patria a los medios de comunicación que reportaran sobre los movimientos de tropa venezolana. Cuando el papá del Bush ahora encaramado desató la inexcusable invasión de Panamá en diciembre de 1989, el mundo entero supo de la operación a través de imágenes difundidas por CNN, que captaron la partida de los invasores desde el Fuerte Bragg. Hasta José Vicente Rangel ha salido a defender la obligación de nuestros medios de reportar nuestros movimientos militares).
Un editorial del diario Tal Cual ha conjeturado que la desmesura de Chávez se explica por su temor de que efectivamente el gobierno colombiano encontrara, en el campamento donde murió Devia, pruebas que le comprometieran, y por tal razón habría intentado picar adelante con una alharaca que fungiese como cortina de humo.
A esta explicación puede añadirse una observación simple. Uribe no autorizó la penetración de territorio ecuatoriano para apropiarse de productos agrícolas, o bienes muebles de cualquiera otra índole. No lo hizo para tomar posesión permanente de un trozo del suelo de Ecuador. Uribe ordenó a conciencia la grave violación para ponerle la mano a un criminal, común y de guerra, que era el responsable de todo género de atrocidades y delitos y se encontraba refugiado en santuario de Ecuador. Por supuesto, también esperaba capturar, como aparentemente lo hizo, información útil a la lucha que libra contra los irregulares. Que Chávez, entonces, haya ordenado una desproporcionada movilización militar, y haya ofrecido como justificación que tal decisión obedece al temor de que el gobierno vecino pudiera ordenar una incursión análoga en territorio nuestro, equivale prácticamente a la admisión de que en nuestro suelo es posible encontrar pretextos idénticos: la presencia de guerrilleros colombianos ante, al menos, la vista gorda de Chávez y su combo.
El gobierno de Uribe sostiene que “Tirofijo” se encuentra en Venezuela, en una finca aledaña al departamento del Norte de Santander. (En Táchira o el Zulia). La inteligencia brasileña tiene al líder máximo de las FARC como enfermo necesitado de atención médica de consideración, y si es verdad que Devia debió su muerte a una llamada de Chávez, tal cosa sería porque el reporte personal de éste sobre la más reciente liberación de rehenes tenía que hacerse al jefe real de las FARC, impedido Pedro Marín de ocuparse directamente de las cosas por causa de incapacidad física. Raúl Reyes era a Marulanda como Raúl Castro es a Fidel, al menos mientras el “Mono” Jojoy y otros competidores por la herencia de “Tirofijo” así lo toleraran.
Claro, la cosa se ha puesto más seria para Chávez. No tiene nada de “risible” la posibilidad de una acusación en su contra ante la Corte Penal Internacional, de cuyo estatuto constitucional (Estatuto de Roma) son signatarias tanto Venezuela como Colombia. El gobierno de Uribe dice tener pruebas de unas amplias connivencia, complicidad y cooperación del gobierno “bolivariano” con los irregulares de las FARC. Chávez dice no tener miedo, pero la espada de Damocles que Uribe ha colgado sobre su cabeza es mucho más ominosa que cualquier penetración de piquijuye por tropas colombianas en nuestro territorio, que es lo que Chávez dice prevenir, “amante de la paz” como sería, con sus ramplones ejercicios de guerra.
Rafael Correa y Hugo Chávez, pues, se han puesto ellos mismos en evidencia. Que la OEA no haya mencionado siquiera de pasada a Venezuela en su recentísima resolución sobre la crisis andina, no sólo dice que nuestro país no tiene competencia o interés en el asunto, sino que muy pocos quieren verse asociados ya con Chávez, al menos en el tema de las guerrillas colombianas.
El pueblo venezolano tampoco. Podía argüirse que en la guerra que ya no tendrá lugar Venezuela podía aspirar a una superioridad de ataque aéreo, o en materia de equipo blindado. Con lo que Chávez no iba a poder contar era con la moral de la población, el más importante de los factores de un esfuerzo bélico exitoso.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 28, 2008 | Cartas, Política |
En principio, el actual período de gobierno concluye al comienzo de febrero del año 2013, casi exactamente cinco años desde hoy. De aquí hasta allá, varias consultas electorales marcan la agenda política de la Nación, comenzando por las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para noviembre de este mismo año. Pero aun con eso, es indudable que el elemento dominante en la psiquis política nacional es la presencia del factor Chávez: el ejercicio de la Presidencia de la República por su actual titular. Mientras Hugo Chávez sea Presidente, el sobresalto continuará marcando nuestro proceso político, y a la muy considerable cantidad de estropicios institucionales y sociales causados por su atípica administración habría que añadir los que se le ocurrirán a lo largo de todo un quinquenio por agotar.
Ahora bien, no es en absoluto despreciable la probabilidad de que este quinquenio no culmine. Muchos factores, en convergencia no necesariamente planeada, pueden suscitar un desenlace distinto: la interrupción del mandato de Chávez antes de que llegue a su término constitucional.
En efecto, Chávez debe vérselas ahora con un cúmulo heterogéneo de tendencias adversas: externamente, un juicio francamente negativo de su gobierno, muy generalizado en la comunidad internacional, con sólo muy pocas excepciones (Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Irán, quizás Cuba y Argentina por motivos clientelares); internamente, una oposición escarmentada y aprendida que comienza a atinar políticamente, un patio interno en grado considerable de desarreglo (con signos claros de insatisfacción y crítica dentro de sus propias filas), una economía desabastecida críticamente, una protesta social creciente y desilusionada.
Para el manejo de esta complejidad adversa, la coartada del imperio será cada vez menos convincente. Es difícil atribuir al Departamento de Estado estadounidense un servicio deteriorado de la Electricidad de Caracas o de CANTV, puesto que éstas son ahora empresas estatizadas, y cualquier tropiezo importante de nuestra actividad petrolera ya no será excusable con el chivo expiatorio de ninguna transnacional cerril, pues el Estado venezolano ejerce el control absoluto de esa industria. Y ya se nota que los aportes de PDVSA a las distintas misiones inventadas por el gobierno han descendido marcadamente: en el primer semestre de 2007 PDVSA aportó a las misiones 26,7% menos recursos que en igual período del año anterior, con las consecuencias naturales. Por señalar un caso, “…la Misión Madres del Barrio llegó a su clímax con 250.000 beneficiarias que recibían un monto que equivalía hasta a 80% del salario mínimo. El número de mujeres prometía crecer pero, al contrario, el año pasado la cifra bajó a 62.000 beneficiadas por el programa”. (Marianna Párraga, El Universal, 26 de febrero de 2008).
Tampoco está disponible la excusa de la “Cuarta República”. Después de casi una década de hegemonía chavista, ya no hay gobierno anterior al que echar la culpa del deterioro, menos aún cuando el que lo precediera, el segundo de Rafael Caldera, no fuese precisamente un gobierno del bipartidismo. De hecho, cualquiera de las excusas esgrimidas para intentar la justificación de los alzamientos de 1992 ha sido reproducida y excedida con creces por los resultados de la administración de Chávez. La corrupción es mayor, la inseguridad es mayor, la pobreza es mayor. La habladera, sobre todo, es mayor.
Superpuesta a este cuadro, la personalidad errática y pendenciera de Hugo Chávez, y su invasión de cuanta instancia de decisión política pueda existir en el país (como la elección de las autoridades del PSUV y sus candidatos para noviembre), resaltarán meridianamente que la situación nacional, que se deteriora por minutos, tiene un supremo y único responsable: Hugo Rafael Chávez Frías.
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Es sabido que en el seno de la sociedad venezolana persisten convicciones, no poco justificadas, de que hay que salir de Chávez cuanto antes. Algunos de quienes las sostienen conspiran activamente para que este objetivo se cumpla a como dé lugar. Sin embargo, no es necesario que tal conspiración sea exitosa, ni siquiera que sea real. En ciertas condiciones, una convergencia perfectamente natural y azarosa de tendencias e intereses hace que los sistemas complejos se comporten como si hubiera una conspiración centralizada, aunque ésta no exista. A pesar de que el efecto de prédicas como las de Alejandro Peña Esclusa es verdaderamente marginal, un deterioro continuado—muy difícil de detener—puede generalizar la impresión de que la situación es insostenible. En este caso, varios incidentes y secuencias relativamente aleatorias e inconexas pueden desembocar en la salida de Chávez del poder, sobre todo porque éste persiste en mantener un curso general que es, precisamente, el que nos ha traído hasta aquí.
Pero es que incluso si rectificare una vez rebasado cierto límite, la rectificación misma sería signo de debilidad, y entonces una corrección de rumbo sería, más bien, un acelerador de su caída. Cuando Carlos Andrés Pérez resistía, luego del 4 de febrero de 1992, a la designación de un consejo consultivo (que terminó nombrando a regañadientes), lo hacía precisamente por no mostrarse más débil de lo que estaba, así como la cascada de cambios ministeriales de Pérez Jiménez entre el 1º y el 23 de enero de 1958, sólo sirvió para generalizar la impresión de la grave crisis, terminal, de su gobierno. Si Hugo Chávez no es capaz de rectificar la dirección de su gobierno antes de las elecciones del 23 de noviembre de este año, y éstas reportan a la oposición una ganancia significativa—al menos ocho gobernaciones, en las circunscripciones donde se derrotó la propuesta constitucional de Chávez el pasado 2 de diciembre—es posible que se haya excedido ya el tiempo útil para la rectificación. De aquí hasta aquella fecha, no parece probable que el gobierno tenga éxito en revertir la percepción generalizada de una situación mala del país.
Todas estas cosas, pues, han aumentado considerablemente la probabilidad de una falta absoluta del Presidente de la República. Suponiendo que ella no ocurriera por un golpe de Estado, ¿a qué nos enfrentaríamos en términos constitucionales?
Dos casos son factibles, Si se le hiciera posible a Chávez llegar reptando hasta enero de 2011, lo que sería ciertamente muy difícil, entonces se aplicaría el último parágrafo del Artículo 233 de la Constitución, que dice : “Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo”. Quienquiera que Chávez haya designado en ese cargo para la fecha—y seguramente veríamos más de un enroque en la posición—completaría el traumático período.
Pero si se diera el caso más probable, que este gobierno no sea capaz de sostenerse tres años más—porque sea revocado o por cualquiera otra causa constitucional—, entonces rige el tercer parágrafo del mismo artículo, que reza: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva”. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, que no es precisamente de gran celeridad funcional, tendría que organizar una elección presidencial en el plazo de un mes, lo que significa que los candidatos a suceder a Chávez tendrían, en el mejor de los casos, treinta días de campaña a su disposición, y los electores treinta días para formar su intención de voto. Se trata, evidentemente, de un plazo harto insuficiente.
………
Suceder a Hugo Chávez en la Presidencia de la República es, sin duda, un asunto enormemente complejo, y al menos cuatro niveles de la cosa son teóricamente distinguibles. El primero es obvio: como dice el adagio político norteamericano, you can’t fight somebody with nobody. Si se ve la cosa desde el punto de vista de la oposición a Chávez, la ausencia de una figura nacional clara, con suficiente arraigo, es la más evidente carencia política.
Luego, sustituir a Chávez significa sustituir sus programas de gobierno. En una elección en la que participarían también figuras del chavismo—Diosdado Cabello, por caso—el aspecto programático tendría alguna gravitación sobre la brevísima campaña, aunque probablemente esta dimensión sería menos importante que un mero cambio estilístico-ideológico, que en esencia sería lo que los electores apreciarían.
En tercer término, sustituir exitosamente a Chávez comporta arribar al escenario político con una gramática política diferente, pues es toda una teoría interpretativa e histórica la que Chávez ha impuesto como discurso explicador de absolutamente todo. (Algunos llaman a esto el problema de la “narrativa”). Aquí se trata no de una dimensión programática, sino de una legitimación paradigmática. La viabilidad de un sucesor de Chávez, no sólo de su simple elección, dependerá fuertemente de su capacidad para pensar y articular la política desde un plano conceptual radicalmente distinto, más moderno y convincente.
Las dos últimas condiciones, estos dos últimos planos, pueden entenderse como indisolublemente ligadas al primero. Un nuevo paradigma político no ocurre en el vacío, sino que debe ser encarnado por una persona concreta. Es una persona concreta la que debe hablar el nuevo idioma, y es también de una persona concreta su plataforma programática.
Falta el cuarto nivel: el organizativo. En ausencia de una estructura opositora monopolista—ningún partido entre los existentes, ni siquiera uno de los más nuevos, tiene fuerza suficiente, no digamos aplastante—basta la capacidad para organizar un grupo nacional de electores que sea eficaz. Aunque sigue siendo de gran importancia la movilización de electores el día de la votación, ha bajado en importancia el problema del cuidado de los votos con la automatización de nuestro proceso electoral. (El Grupo La Colina ha argumentado convincentemente a este respecto). Iniciativas como las de Súmate, por otra parte, han enseñado cómo es posible organizar, en tiempos más bien breves, una cantidad significativa de activistas adiestrados.
………
¿En qué momento puede producirse la falta absoluta del Presidente de la República? Si se buscase ésta mediante referéndum revocatorio, la condición constitucional se cumple desde febrero de 2010. (Artículo 72 de la Constitución, Parágrafo Primero: “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”). Por como van las cosas, es difícil que Hugo Chávez pudiera superar un segundo referéndum revocatorio en su contra, siempre y cuando éste sea organizado inteligentemente—por actores distintos a la Coordinadora Democrática, por ejemplo—y siempre y cuando exista para el momento una figura aceptable para la sucesión.
No es, por supuesto, la revocación la única forma constitucional que cause la falta absoluta del Presidente de la República, pero probablemente sea la más sana y viable de todas. Sólo un deterioro grandemente acelerado, que no es imposible, pudiese exigir la aplicación de otros remedios. (Inhabilitación por incapacidad física o mental o renuncia, constitucionalmente, o la abolición del régimen, supraconstitucionalmente).
Lo más probable es que el régimen de Chávez pueda superar este año de 2008, especialmente porque la población querrá esperar la consulta electoral de noviembre, que será un indicador muy significativo del apoyo que haya podido conservar. Todavía pudiera sobrevivir a 2009. La mera inercia de un ente tan enorme como el gobierno hará que su caída no sea excesivamente rápida, como debe comenzar a frenarse un supertanquero unas buenas decenas de kilómetros antes de llegar a Rotterdam, so pena de encallar en medio de la ciudad. El éxito de un referéndum revocatorio será más seguro en la medida en que se haya hecho universalmente insoportable el gobierno de Chávez, y para esto deberá invertirse lo que queda de este año y el siguiente. Así como Chávez tuvo la paciencia de esperar cinco años para revocar la licencia de señal abierta a RCTV, así debiera tenerse pulso firme para eludir atajos desesperados y asegurar la revocación.
Pero claro, tenemos en la Presidencia a una persona de psicología anormal, por una parte, y además, por la otra, los indicadores del deterioro y las oposiciones internas y externas seguirán ejerciendo su efecto corrosivo sobre el gobierno. Ante esto es lo más sensato prepararse de una vez. Es muy racional, por supuesto, prepararse para los futuros más probables, pero también para aquellos futuros improbables que, de ocurrir, tendrían un impacto desproporcionado sobre nuestras existencias.
De todos los preparativos aconsejables, ninguno es más crucial que la emergencia e identificación de una verdadera contrafigura para Chávez. A pesar de que la agenda de este año está marcada con elecciones regionales, el teatro nacional no puede ser descuidado. Que comiencen a salir las nuevas caras.
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por Luis Enrique Alcalá | Feb 21, 2008 | Cartas, Política |
El caso de las acciones legales de la transnacional petrolera Exxon-Mobil—la más grande del mundo entre las privadas—contra PDVSA, en relación con la expropiación de sus activos en la antigua Operadora Cerro Negro (hoy Petromonagas), se perfila como de antología, casi digno de la Historia universal de la infamia que comenzara a escribir Jorge Luis Borges. Pero aunque Exxon-Mobil tiene una historia ética harto dudosa, es ahora el gobierno venezolano el infame, es PDVSA la empresa infame.
To be sure. La transnacional tiene un rabo de longitud brontosáurica que se extiende hasta los tiempos de su fundador, John D. Rockefeller, a quien no se le aguaba el ojo a la hora de volar líneas ferroviarias o extorsionar a competidores, a los que compraba para expandir lo que llegó en su tiempo a ser el monopolio petrolero más importante del mundo. (Paradójicamente, Rockefeller se destacó también como uno de los más importantes y generosos filántropos de la historia). La Exxon-Mobil—antes Exxon, antes Standard Oil de Nueva Jersey, antes, simplemente, Standard Oil—exhibe un récord nada envidiable en materia de irrespeto a los derechos humanos, irresponsabilidad ambiental y corrupción.
La revista Forbes, por ejemplo, decididamente partidaria del capitalismo—en 2005 aseguraba que el renunciado Fidel Castro tenía una fortuna superior a los 500 millones de dólares—encontró que Exxon-Mobil había entregado “cientos de millones” de dólares al régimen corrupto de José Eduardo Dos Santos en Angola a fines de la década de los noventa. La empresa habría obtenido de ese modo concesiones en casi 45 mil kilómetros cuadrados de costa angolesa, poniendo la mano a reservorios de petróleo estimados en 7.500 millones de barriles de crudo. Hace cinco años, la oficina federal estadounidense que se ocupa del control de activos extranjeros la acusó de prácticas ilegales de comercio con Sudán. En el mismo año de 2003 la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció que se había dictado sentencia de tres años y diez meses de prisión contra un alto ejecutivo de Mobil Oil Corporation, por la obtención de comisiones ligadas a la actividad de la empresa en Kazakstán y evasión de impuestos. (La sentencia incluyó la obligación de restituir a la administración del impuesto más de tres millones y medio de dólares). En relación con la corruptela rampante en ese mismo país, James Giffen, de la Corporación Mercator—un modesto banco neoyorquino, no la empresa agroindustrial—fue también acusado por corrupción montante a 78 millones de dólares, pagados al presidente Nursultan Nazarbayev para que Exxon-Mobil obtuviera una participación de 25% en el campo petrolero de Tengiz, el tercero más grande del mundo.
Luego, en lo tocante a derechos humanos, la empresa fue demandada en la Corte Federal del Distrito de Columbia en junio de 2001. Según la acción intentada, la Exxon-Mobil sería cómplice de abusos contra los derechos humanos, incluidos el asesinato, la violación y la tortura, en la provincia indonesia de Aceh. La compañía, a conciencia, habría auxiliado materialmente a fuerzas militares que presuntamente cometieron esos actos al reprimir el descontento civil en la región. Y en cuanto a su tratamiento a personal de tendencia homosexual, la empresa obtuvo una sobresaliente calificación de cero sobre cien en el Índice de Igualdad Corporativa en 2006.
Su récord ambiental no es menos tenebroso. Apartando su reprobable comportamiento en los casos de los derrames petroleros del Exxon Valdez (1989) y el ocurrido en Brooklyn a comienzos del siglo XX (desde una refinería de Standard Oil de Nueva York, Socony, más tarde Mobil Oil Corporation), demandado en 2007 por la Fiscalía del Estado de Nueva York, ha salido a la luz el financiamiento ofrecido por Exxon-Mobil a campañas contrarias a la opinión científica que alerta sobre el calentamiento planetario y su relación con la combustión de combustibles fósiles, así como contra el Protocolo de Kyoto. Esta práctica le ha valido la condena de la Royal Society, la academia de ciencias de Inglaterra. La Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists) publicó el año pasado un informe que asegura que la compañía aportó, entre 1998 y 2005, unos 16 millones de dólares a cuarenta y cinco organizaciones que disputan el impacto del calentamiento planetario. El informe acusa a Exxon-Mobil de emplear tácticas de desinformación similares a las de las compañías tabacaleras que pretendieron desacreditar el nexo entre el vicio de fumar y el cáncer de pulmón.
En suma, Exxon-Mobil no está gobernada por querubines.
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Nada de lo que antecede, sin embargo, es pertinente al diferendo entre PDVSA y Exxon-Mobil, que en lugar de atenerse a un acuerdo con la petrolera estatal prefirió, como Conoco, recurrir al arbitraje internacional previsto en los contratos. Otras compañías que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco optaron por conformarse con el valor de libros de su inversión. Por ejemplo, Statoil, empresa noruega, cobró 266 millones de dólares por sus activos, la italiana ENI percibió 700 millones y la francesa Total recibió 834 millones.
Pero las norteamericanas no quieren conformarse con el valor en libros de sus activos, y pretenden un arreglo que los estime en términos de su valor de mercado. Al inicio de los contratos de las operadoras extranjeras en la Faja del Orinoco, el mercado pagaba alrededor de 15 dólares por barril; hoy el barril de petróleo obtiene el precio de 100 dólares. Naturalmente, la discrepancia que arrojan los dos métodos de calcular el valor de la inversión extranjera es muy considerable. Exxon-Mobil ha alegado que su petición—exitosa—de congelar activos de PDVSA hasta por 12 mil millones de dólares busca protegerla de la renuencia venezolana a reconocer el verdadero valor de su inversión en Cerro Negro.
En círculos internacionales se presume que, en el mejor de los casos para Exxon-Mobil, la empresa pudiera esperar a un resarcimiento de 6 mil millones de dólares. Declaraciones recientes de Rafael Ramírez mencionan una cifra no muy lejana a esta estimación. El Ministro del Poder Popular para Energía y Petróleo-Presidente de PDVSA ha manifestado tener en su poder documentos por los que constaría que la compañía demandante aspiraba obtener 5 mil millones de dólares por su participación en la operadora de capital mixto. Dijo Ramírez: “Tenemos documentos en donde Exxon estableció un techo de $5 mil millones, ni la mitad de los $12 mil millones solicitados para la congelación de activos”.
Pero la cosa no se limita a una declaración ministerial. Como se sabe, las acciones emprendidas por Exxon-Mobil han logrado obtener dos decisiones judiciales favorables: una, en los Estados Unidos, ha congelado en cuentas de efectivo de PDVSA la cantidad de 315 millones de dólares; otra, en Inglaterra, es la que impide que la compañía venezolana negocie activos hasta por 12 mil millones. Ya los abogados de la empresa estatal han quemado el cartucho de la aspiración inicial de 5 mil millones de dólares por parte de Exxon-Mobil, al emplear ese argumento en Nueva York ante la Corte Distrital de Manhattan. La jueza a cargo de esta corte ha sostenido el cuasi-embargo de los 300 y pico de millones de dólares, y los defensores de PDVSA se preparan para oponerse a la decisión londinense. En principio aspiran a que la medida que pesa sobre 12 mil millones de dólares de activos de PDVSA sea reducida, de nuevo, al nivel de los 5 mil millones que Exxon-Mobil decía le satisfarían. Esto es, de algún modo PDVSA pareciera resignada a que la gracia nacionalista le cueste, en el caso de Exxon-Mobil, unos cinco millarditos. Ya sabe que no podrá salirse de la suerte pagando solamente el valor en libros de 715 millones de dólares por el arrebatón de Cerro Negro.
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Hasta aquí no hay nada infame. Es perfectamente normal que una empresa exija una cosa y su antigua socia quiera consentir en una cosa distinta. Es normalísimo el procedimiento de arbitraje, más aún cuando éste estaba previsto contractualmente. Es de lo más común que una parte adopte tácticas agresivas, aunque legales, cuando se sienta en peligro. No cabe rasgarse las vestiduras por las acciones emprendidas por Exxon-Mobil en contra de PDVSA, cuando son una respuesta a la emprendida previamente por PDVSA en contra de Exxon-Mobil. De hecho, ni siquiera puede entenderse bien el caso si se lo interpreta como un episodio aislado y restringido sólo a Venezuela. En los últimos dos años las transnacionales del petróleo han visto una mayor agresividad de las petroleras estatales; BP ha sufrido en carne propia este proceso contra sus actividades en Rusia, por ejemplo. La acción de Exxon-Mobil contra PDVSA lleva el piquete adicional de una señal inequívoca a otras naciones estatizantes, como Rusia, Bolivia o Venezuela: que las grandes compañías petroleras privadas han decidido defenderse.
La infamia—DRAE: 1. f. Descrédito, deshonra. 2. f. Maldad, vileza en cualquier línea.—comienza con la absurda politización de la disputa de la República de Venezuela con Exxon-Mobil. La primera reacción venezolana fue de sorpresa, y expresada hasta con cierta moderación. Esto, por supuesto, no podía durar mucho. En lo que canta un gallo la retórica presidencial llevaba las cosas adonde tenían que llegar: a la denuncia de una maniobra más del “imperio” contra la república heredera de Bolívar.
Hugo Chávez así lo hizo, y con característica fanfarronada amenazó a los Estados Unidos con suspender los envíos de petróleo de Venezuela a esa nación. Por unos días gravitó sobre el mercado petrolero mundial una preocupación que contribuyó a nuevos picos de aumento en los precios mundiales del barril de petróleo, y como las calificadoras de riesgo—Moody, Standard & Poor—manifestaron que no modificarían su valoración del riesgo-país de Venezuela por causa de las acciones emprendidas por Exxon-Mobil, pareció que Chávez iba ya encaminado a uno de sus más notables papeles teatrales. Como si fuese un paso preparatorio, PDVSA anunció que suspendía sus ventas de petróleo a Exxon-Mobil. (El petróleo que Exxon-Mobil compra a Venezuela equivale a 6% del volumen total que maneja).
Pero perro que ladra no muerde. A la semana justa de su baladronada, Chávez reculó vergonzosamente. En su último “Aló Presidente”, declaró con la mayor frescura: “Nosotros no tenemos planes de dejar de enviar petróleo a los Estados Unidos”. Naturalmente, ya había recibido explicaciones por las que se enteraba de que tomaría a los Estados Unidos no más de cuarenta días sustituir desde otras fuentes el suministro petrolero proveniente de Venezuela, mientras podrían cubrir el bache momentáneo con su más que suficiente reserva estratégica, que por algo la tienen. En cambio, el descalabro de las finanzas públicas venezolanas sería mayúsculo si PDVSA dejase de remitir petróleo a los Estados Unidos, y esto no parece ninguna buena idea en medio de un año electoral repleto de protestas de toda índole, que han incluido un emblemático asalto popular a un depósito de Mercal en nada menos que Sabaneta, la patria chica del prócer del siglo XXI. Por esto invita ahora Ramírez a Exxon-Mobil a regresar al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una dependencia del Banco Mundial, entidad frecuentemente vapuleada por Chávez).
Ahora bien, la infamia más destacada se ha escenificado en terrenos de la muy mediocre Asamblea Nacional. Todo género de improperios y acusaciones salieron a relucir en los “debates” consagrados a la consideración del litigio con Exxon-Mobil. Según más de un diputado, habría que enjuiciar a funcionarios y políticos de la “Cuarta República”, sobre todo porque habrían permitido la vergonzosa renuncia de nuestra soberanía al someter los contratos de la “Apertura Petrolera” al arbitraje que Ramírez ahora acepta. El Día de los Enamorados el mismo Ramírez se había quejado de las rondas de negociación de la “Apertura” en intervención especial ante la Asamblea Nacional: “En las distintas rondas se estableció la figura del arbitraje para resolver las controversias entre las partes. En la primera ronda se estableció el arbitraje pero en el territorio nacional; en la segunda, el arbitraje en territorio nacional pero de acuerdo a las normas de la Cámara Internacional de Comercio; y ya en la tercera, se había establecido el arbitraje internacional en los asuntos que tuviesen que ver con disputas entre las partes, entiéndase, entre las partes privadas y Petróleos de Venezuela”.
Aleccionados así por el Ministro-Presidente de PDVSA, los diputados pasaron a declarar la traición a la patria que habrían perpetrado los negociadores venezolanos de la época. Sin embargo, parecían no estar advertidos de la peor traición de la mismísima PDVSA roja-rojita, que tan recientemente como en marzo del año pasado emitió papeles de deuda cuyo prospecto declaraba: “El contrato estipulará que las Notas serán gobernadas e interpretadas con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York”. Y también: “El Emisor ha consentido a la jurisdicción no excluyente de cualquier tribunal del Estado de Nueva York o de cualquier corte federal de los Estados Unidos en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, o cualquier corte de apelaciones del mismo lugar, y ha renunciado a cualquier inmunidad de la jurisdicción de tales cortes respecto de cualquier demanda”. Y más aún: “El Emisor renunciará a tal inmunidad y acordará no ejercer, por vía de proposición, como defensa o cualquier otra forma, en cualquier demanda, acción o procedimiento, la defensa de inmunidad soberana o cualquier otro alegato que no esté personalmente sujeto a la jurisdicción de los tribunales arriba mencionados por razón de inmunidad soberana u otra causa, o sostener que es inmune a cualquier proceso legal”.
¿Qué tal? ¿No sería Rafael Ramírez, junto con toda la Junta Directiva de PDVSA, convicto evidentísimo de traición a la patria? ¿No sería él el primero que debiera ser puesto preso por tan horrible y antipatriótico delito? ¿Y que hay que decir de su jefe inmediato, perfectamente consciente de esa renuncia flagrante a la soberanía de Venezuela?
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Las contradicciones del régimen chavista son cada día más evidentes. La pobreza argumental del gobierno es absolutamente obvia y, mientras crece el descontento nacional, muy marcadamente entre sus antiguos partidarios, en el escenario internacional crece su ridículo. Hasta quienes le serían ideológicamente afines le reprochan su habladera de pistoladas. La Izquierda Nacional Argentina—que se daba el lujo de criticar a Fidel Castro en 1966 (Ficha Semanal #182 de doctorpolítico, 19 de febrero de 2008)—ha enrostrado a Chávez, hace tres días, su inconsistencia (desde el punto de vista revolucionario): “El presidente venezolano suele aconsejar estudiar los escritos y la práctica de los revolucionarios del siglo XX. Sin embargo parece pasar por alto que todas las revoluciones que desde octubre de 1917 intentaron abrirse camino en dirección al socialismo, partieron de un acto fundacional: la nacionalización de la tierra, del sistema bancario, de la gran industria y del comercio exterior, es decir de la expropiación de la burguesía y la instauración de una dictadura revolucionaria. En Venezuela nada de esto está contemplado en el programa bolivariano. Chávez proclamó el objetivo socialista luego de la contundente victoria electoral en diciembre de 2006. Desde entonces los avances más importantes consistieron en nacionalizaciones, bajo la forma de compras a las multinacionales de una parte del paquete accionario, en las áreas de los hidrocarburos, la electricidad y las comunicaciones, operación que dejó al Estado en situación de socio mayoritario. El camino elegido parece ser el de una coexistencia con el capitalismo, mientras se consolida un área de economía social, con el Estado jugando un papel de contralor en el proceso de acumulación”.
Antes había observado respecto de su derrota del pasado 2 de diciembre: “Casi tres millones de abstenciones no están indicando el retraso de la base respecto al ritmo que le ha impuesto el gobierno al proceso de transformaciones. Parecen más bien expresar el descontento y el malestar de una parte del movimiento chavista ante las limitaciones, vacilaciones y contradicciones de la dirección bolivariana para resolver los problemas de fuerte impacto popular como el desabastecimiento, el aumento constante del costo de vida, la inseguridad y la corrupción de la burocracia; en definitiva para imprimir un giro radical a las tareas nacional-democráticas, tales como la expropiación de los corporaciones monopólicas causantes de la especulación, o la democratización del aparato estatal, controlado por un funcionariado conservador, encargado de desvirtuar o bloquear las mejores medidas del gobierno. Sin embargo, Chávez, que contaba desde febrero de 2007 con poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, además de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no los utilizó para abordar los problemas vitales que gravitaban pesadamente sobre la situación de las capas más desprotegidas. Los aplicó, en cambio, para indultar a los golpistas de abril de 2002 luego de conocidos los resultados del 2 de diciembre, inclinándose en favor del ala reformista de su movimiento. Asimismo, dispuso la liberación de los precios de algunos alimentos básicos y formuló un llamado a la reconciliación de los venezolanos”.
En suma, ahora que Fidel Castro se retira desde el borde de la tumba, le va a costar mucho a Hugo Chávez la pretensión de erigirse como su sucesor. La izquierda latinoamericana más radical sabe ya que no es más que un aguajero.
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