por Luis Enrique Alcalá | Ene 12, 2006 | Cartas, Política |
En vano el suscrito ha buscado identificar al autor de una frase poderosa. Perdí su nombre hace ya varios años, y aunque he trasegado el Diccionario Oxford de Citas—sé, al menos, que el autor es inglés—y otras colecciones similares, no logro dar con su identidad. Por eso no puedo darle crédito por haber acuñado lo siguiente: «La propaganda del vencedor es la historia del vencido». Es una terrible frase y es un pensamiento muy certero. Quien cuenta la historia es quien ha ganado.
La frase es pertinente cuando todavía un núcleo irreductible de radicales recomienda, abierta o veladamente, «medidas drásticas» para este año de 2006—las elecciones no conducirían a nada—y después de siete años de propaganda gubernamental desmedida y abusiva. Por lo que respecta a la dirigida a justificar su rebelión del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez inauguró esa propaganda en su improvisado discurso el día de su proclamación como Presidente Electo por el Consejo Nacional Electoral. En tal ocasión, de modo por lo demás inoportuno e inelegante, pretendió una vez más justificar lo injustificable y, de paso, en un acto que contó con la presencia del Presidente en ejercicio para esos momentos, expuso la tesis de que de alguna manera la asonada de aquel día había legitimado a Rafael Caldera. Luego, más adentrado en su período, y después de recibir en su contra el golpe de Estado presidido por Pedro Carmona, adelantaría la conveniente tesis de que el alzamiento que le lanzó a la fama no fue protagonizado por golpistas sino por revolucionarios.
El autor de estas líneas había pronosticado, en trabajo concluido en septiembre de 1987—Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela—algún intento de golpe de Estado en fechas cercanas a 1992. Decía en ese trabajo: «Así, la probabilidad de un deterioro acusadísimo sería muy elevada y, en consecuencia, la probabilidad de un golpe militar hacia 1991, o aún antes, sería considerable».
Hacia mediados de 1991 era evidente la conformación de una matriz de la opinión pública venezolana sobre un agudo e inconveniente dilema: «o Pérez o golpe». El desasosiego que tal situación causaba me llevó a escribir un artículo que fue publicado por El Diario de Caracas el domingo 21 de julio de ese año, unos seis meses antes del intento de Chávez Frías. Remataba el artículo del modo siguiente: «El Presidente debiera considerar la renuncia. Con ella podría evitar, como gran estadista, el dolor histórico de un golpe de Estado, que gravaría pesadamente, al interrumpir el curso constitucional, la hostigada autoestima nacional. El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de dar al país, y a sí mismo, una salida de estadista, una salida legal».
¿Había verdaderamente la posibilidad de esa salida?
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Hipócrates produjo, en tiempos de la Grecia clásica, el primer código de ética profesional que registra la historia. En una de sus estipulaciones, Hipócrates produce una clara distinción entre el arte de los médicos y el de los cirujanos. De hecho, jura no «cortar» a sus pacientes y declara que dejará tal práctica a quienes desempeñen el arte de la intervención quirúrgica. (Todavía en épocas relativamente recientes, los cirujanos, los dentistas o sacamuelas y los barberos formaban un gremio distinto al de los médicos).
El equivalente político de la cirugía es el procedimiento violento del golpe de Estado y de la guerra, así como lo es el asesinato político. El político, como el médico, llegará a recomendar la intervención quirúrgica sólo como último y desesperado recurso. Es decir, el recurso del golpe de Estado o la intervención armada no tiene sentido mientras subsistan medios pacíficos para resolver los problemas que cause un mal gobierno, así como no es dado en derecho a nadie tomar justicia por su propia mano.
A partir de comienzos de 1991 había comenzado a gestarse una creciente presión cívica contra Carlos Andrés Pérez. Varias personalidades distinguidas del país hablaban claramente de la crisis de gobernabilidad del momento. Arturo Úslar Pietri, por ejemplo, entrevistado por Marcel Granier en su programa Primer Plano en diciembre de 1991, exponía su angustia y recomendaba su clásica receta de un «comando de crisis» ante la delicada situación. Por lo que respecta a mi caso, escribí cuatro artículos más sobre la conveniencia de que Pérez renunciara, en una serie que iba escalando la virulencia del planteamiento y culminaba el día 3 de febrero de 1992, un día escaso antes de la rebelión. Es decir, el estado de opinión contra la permanencia de Pérez en el poder se ampliaba con el correr de los días, y no es inconcebible que hubiera terminado en su salida de la Presidencia de la República como consecuencia de la presión cívico-legal, como de hecho ocurrió después en 1993.
Claro que no todo el mundo pensaba de ese modo. Pocos días después de la aparición del primero de mis artículos sobre el tema, Alberto Müller Rojas—el jefe de campaña del «Polo Patriótico», que parecía entonces el más fuerte candidato al cargo de Canciller—argumentaba, en el mismo Diario de Caracas, que era iluso pensar que Pérez se aviniera a renunciar. Diego Bautista Urbaneja opinaba, por su parte, que Carlos Andrés Pérez nos daría una «lección moral» renunciando, pero que los venezolanos no estaríamos en condiciones de asimilarla.
Igualmente, no puede discutirse que las intentonas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 agudizaron el proceso y aceleraron los procedimientos legales contra Pérez. ¿Es que no fue, entonces, legítimo el intento de golpe de Estado de Chávez Frías, como él ha repetido hasta la náusea desde que fuera electo en 1998? Parece mentira que todavía haya necesidad de explicar que su acto rebelde del 4 de febrero de 1992 constituyó un verdadero abuso de poder, dado que estaba armado en su condición de militar activo y comandante de tropas.
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La figura del derecho de rebelión es reconocida en la literatura jurídica, mientras que en la extensa obra de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, puede encontrarse una escolástica discusión del empleo de métodos violentos en la acción política. (Doctrina de la guerra justa). Uno de los documentos en el que se encuentra más claramente expresado el derecho de rebelión es la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776, tres semanas antes de la Declaración de Independencia norteamericana). En este texto se estipula que, cuando un gobierno sea inadecuado o contrario a los propósitos para los que ha sido establecido «una mayoría de la comunidad tiene un derecho indudable, inalienable e inanulable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, en tal forma que se juzgue más conducente al bienestar público».
En esa redacción se encuentra la clave para entender el abuso de Chávez Frías y los restantes conjurados de 1992. El sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. Los conjurados del 4 de febrero, que por propia admisión de Chávez Frías estaban juramentados como conspiradores nueve años antes, no eran, claramente, una mayoría de la comunidad. Después de la triste fecha escribí: «… ni necesitamos ni queremos otro intento militar para resolver esta crisis. La soberanía no reside en los generales, no reside en Fedecámaras, en la CTV, en las universidades, en la Causa R, en la iglesia católica, en las otras iglesias todas reunidas, en las asociaciones de vecinos. La soberanía reside en el pueblo. En el pueblo todo. Ningún segmento, por más lúcido, capacitado o bien intencionado que pueda ser, tiene derecho a suplantar al cuerpo social en su conjunto».
Ningún cirujano tiene derecho a intervenir a un paciente sin su consentimiento. En la única circunstancia de un herido grave que se halle inconsciente, y que requiere una operación para salvarle, podrá un cirujano abrir su cuerpo justificadamente. Venezuela no se hallaba inconsciente del problema de Pérez a comienzos de 1992. Por lo contrario, como he explicado, cada vez había más conciencia en torno al tema, a pesar de lo cual los venezolanos expresábamos reiterada y tercamente, en cada sondeo de opinión levantado por esas fechas, que no queríamos intervenciones armadas.
No fue pues que solamente Chávez Frías y sus socios conspiradores abusaron de un pueblo desprevenido: por encima de eso actuaron en flagrante y frontal contravención de expresos deseos de la mayoría de la comunidad.
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Hugo Chávez Frías es desde 1998 el legítimo Presidente de la República. Lo es no porque se hubiese alzado en 1992, sino porque obtuvo una mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1998 y de julio de 2000. El pueblo que lo eligió no salió a defender su acción durante el 4 de febrero—como tampoco, es cierto, salió a defender a Pérez, que fue lo que Caldera destacó en su famoso discurso de la tarde de ese día. Asimismo, no salió a defender al segundo tomo de la conjura el 27 de noviembre, ni siquiera cuando fue convocado explícitamente para eso por el inolvidable y corpulento señor de la camisa rosada.
El pueblo no le concedió a Chávez Frías mayor apoyo hasta comenzado el año de 1998, pues durante cinco años nunca estuvo en las encuestas por encima de un diez por ciento de la preferencia nacional. Su opción comenzó a ascender sólo después del desplome del primer cauce electoral del descontento venezolano: Irene Sáez, que abrió la boca en demasía y a quien se le cayó, como pudiera pasar a este gobierno con el Viaducto Uno, la estatua ecuestre de Bolívar en Chacao.
La legitimidad indudable de Chávez Frías, entonces, le vino de los votos y del enorme esfuerzo político de su campaña, justo es reconocérselo. De las varias vueltas que dio por el país, argumentando, discutiendo, convenciendo, aun a partir de su resentida violencia. Si Sáez no hubiera sido Sáez, si Salas no hubiera sido Salas o Alfaro no hubiera sido Alfaro; si hubiese sido posible la emergencia de un competidor verdaderamente sustancial y pertinente, Chávez Frías no habría sido nunca elegido Presidente. Ahora lo es, y del mismo modo que ahora escribo esto, condenaría cualquier intento parecido al suyo en su contra.
Porque es que la crítica esbozada arriba también tendría que aplicarse, por ejemplo, a un tal «Comando Nacional de Resistencia», que se ha autoungido para «coordinar acciones» distintas de la electoral. El puñado de personas que lo integra no tiene el más mínimo derecho de conspirar, de pretender que representa a los venezolanos, pues no cumplen con la regla de Virginia: no son la mayoría, ni tampoco han recibido delegación de poderes de una mayoría.
En estos tiempos de emergencia de candidaturas presidenciales, debiéramos destacar la incongruencia de candidatos que pretendan participar electoralmente luego de haber predicado constantemente que Venezuela no tiene salida electoral.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Ene 5, 2006 | Cartas, Política |
Uno de los más agudos intérpretes del proceso político venezolano, Luis Vicente León, director de la prestigiosa firma encuestadora Datanálisis, ha declarado a El Universal, según reporta el periódico, «que todavía no se vislumbra ninguna figura de la oposición que pueda enfrentar con éxito al actual mandatario de cara a las elecciones de diciembre próximo».
Viniendo esto de León, que acaba de publicar en el mismo diario sendos artículos para la evaluación de cuatro posibles candidaturas (sin contar la de Chávez)—Borges, Petkoff, la doble de Salas «gallo» y Salas «pollo», Smith—tal aseveración pareciera ser un dictamen de desahucio para estos nombres, puesto que ellos sí son vislumbrados como candidatos, lo que le permitió justamente escribir sobre ellos. León no cree que ninguno de ellos puede ganarle a Chávez. (A menos que se renueven como un muñeco Pokemón, el juguete que posee una rudimentaria vida virtual que puede fácilmente extinguirse si no se le atiende, en metáfora empleada por el analista).
En otra vena diferente el economista Maxim Ross—antiguo simpatizante del MAS que hace no mucho acompañara a Oswaldo Álvarez Paz en Alianza «Popular»—ha sugerido la necesidad de que los precandidatos conocidos—su lista es más amplia: «Borges, Rosales, Teodoro, Roberto, Ojeda, Henry, Eduardo, Oswaldo y Antonio»—arriben a un acuerdo sobre el método de selección de un candidato único de oposición en el primer trimestre del año que comienza. En criterio de Ross «…se impone de nuevo un encuentro entre el liderazgo de la oposición para definir un plan de acción para el año 2006». En esto está en completo desacuerdo con León, quien cree que «ese líder nuevo o renovado no surgiría de un acuerdo de unidad de los partidos políticos de oposición.»
Todos sabemos que uno de los métodos propuestos para lograr la ansiada unidad opositora es el de unas elecciones primarias, similares a las que organizara COPEI en 1993 para optar por Fernández o Álvarez Paz. Es un método que despierta argumentaciones en pro y en contra.
El Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde S.J., ha opinado que unas elecciones primarias serían contraproducentes, pues las opciones «democráticas» se harían daño las unas a las otras, y quien emergiera como triunfador en ellas lo haría lacerado, y Chávez no desaprovecharía la oportunidad de revolver las heridas que se le hubieran inflingido.
Teodoro Petkoff tampoco es partidario de primarias. Recuerda las del MAS, que afectaron grandemente la unidad del partido del que fue fundador. Ofrece, en cambio, un ejemplo que no deja de ser persuasivo para basar su recomendación de que los distintos candidatos y fuerzas se «inteligencien» para zanjar el asunto. Al término del régimen de Pinochet, como consecuencia del referendo en el que se le derrotara, los principales partidos de Chile encontraron en su interlocución que no podría sucederse un régimen de derecha por uno del extremo contrario—error que aquí se cometió, por cierto, con Carmona Estanga—y por tanto convendría buscarse una solución al centro derecha. De allí la candidatura de Aylwin, democristiano. Sólo después de su presidencia y la de Frei pudo llegar un socialista, Ricardo Lagos, a la Casa Rosada. (De hecho, Aylwin había sido originalmente partidario del golpe que derrocó a Allende, creyéndolo portador de un gobierno transitorio).
Es clara la conclusión: para Petkoff no debiera procurarse la sustitución de Chávez por alguien de derecha, sino por un presidente más parecido a Chávez en algunas cosas, por alguien de izquierda. De los candidatos asomados hasta ahora sólo William Ojeda y el propio Petkoff, el autor de Las dos izquierdas, cumplirían la condición.
En cambio, Julio Borges ha declarado a fin de año que estaría dispuesto a medirse en unas elecciones primarias que conferirían «fuerza, legitimidad, liderazgo, rostro y poder a quienes puedan representar esa alternativa que quiere el país». A Borges, por supuesto, le están reclamando primarias dentro de su propio partido para elegir sus autoridades y aun la candidatura, que pareciera pretender disputarle Leopoldo López Mendoza, quien consciente de haber calificado muy cerca de aquél en sondeo de Alfredo Keller (Borges 40%, López 39% en pregunta sobre percepción de liderazgo), hizo una campaña de cierre de año con cuñas que destacaban su gestión redistributiva. (Es decir, que también él da, no sólo Chávez). Borges ha maniobrado ágilmente al disponerse para primarias intrapartidistas en enero—lo que ofrecería poco tiempo a sus contendores—y al llamar la atención sobre las primarias extrapartidistas, de mayor interés para la población. (En la misma declaración anunció la realización de una extensa gira nacional, que llevaría el nombre «Primero Venezuela»—evocadora de Proyecto Venezuela— el que pareciera competir por una «marca» con Venezuela de Primera de Roberto Smith, que también anda de gira—peatonal—ofreciendo diez millones de diversas cosas, como pasos, empleos, votos y besos).
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En teoría la realización de unas primarias es la vía correcta, pues ofrece a los electores su participación directa en la selección de un abanderado. Pudiera, incluso, sujetárselas a las reglas de «elecciones por vaciado» (run-off election). Así explicaba esta publicación sus características el 17 de junio de 2004 (#91): «En una elección por vaciado uno puede seleccionar más de un candidato en orden de preferencia. Por ejemplo, si el Sindicato Único de Aspirantes a la Sucesión de Hugo Chávez (SUASHCH) terminara admitiendo diez—o veinte—candidatos en la elección ‘primaria’, los Electores podríamos señalar, digamos, tres nombres en orden de preferencia. Si el que recibe más votos no obtiene la mayoría absoluta, entonces se va pasando sucesivamente un colador que finalmente determinará el aspirante elegido. Quien queda de último en los votos que postulan como primera opción es eliminado. Pero quienes votaron por él no dejan de estar representados, porque su segunda opción será acumulada a los votos de los candidatos correspondientes. De nuevo se repite el proceso. Se elimina al último—los eliminados no pueden ya recibir las transferencias—y se adjudican sus segundas opciones. (En algunos casos muy apretados puede llegarse a las terceras opciones antes de arribar a un ganador). Llega un momento en que este proceso produce un ganador con suficiente mayoría. (Es muy fácil programar computadores para que hagan los cálculos con gran rapidez. Bastará iterar un algoritmo, diría un programador). No es un método perfecto, pero se le señalan dos ventajas. Los candidatos no pueden con facilidad transar apoyos entre sí y reciben menos ventaja de campañas de descrédito de oponentes, puesto que su suerte puede depender del apoyo secundario de quienes opten por sus contendores. Las campañas tenderán a ser más positivas y los aspirantes se respetarán más».
Si lo que preocupa, pues, a un formador de opinión como Luis Ugalde, es la carnicería que pudiera desatarse en unas primarias opositoras, el punto de ingeniería política estaría en impedirla, con condiciones como la de elección por vaciado u otras ulteriores. Por ejemplo, reglamentando que las descalificaciones mutuas entre los candidatos participantes en unas primarias no puedan construirse jamás sobre referencias a la negatividad de nadie, tan sólo a la insuficiencia de su positividad.
Los proponentes de las elecciones primarias deben resolver un espinoso asunto. Si esas elecciones estarían abiertas solamente a quienes quieren salir de Chávez o también lo estarían para quienes quisieran reelegirlo, esto es, a todos los electores. Los proponentes de la primera opción propugnan, en el fondo, una especie de lista de Tascón invertida. Pero si se admite a todo el mundo ¿cómo evitar que militantes pro Chávez acaten una línea oficialista para producir muchos votos nulos o para apoyar a un candidato opositor que les sea cómodo?
La manera de evitar este efecto sería muy sencillo: simplemente puede incluirse la opción de votar por Chávez, y el chavista que quisiera fastidiar votando, por ejemplo, por Antonio Ledezma, perdería la oportunidad de votar por su líder. Si, a pesar de todo, Chávez saliere de primero en una primaria así, ese resultado confirmaría que aún una mayoría nacional lo preferiría a los restantes candidatos.
Quedan aún dos problemas. El primero es que debe tomarse en cuenta que, según las disposiciones vigentes en materia de legislación de elecciones, el Consejo Nacional Electoral metería sus manos en las elecciones primarias planteadas. El segundo es el del ente llamado a organizarlas.
Es obvio que entre todos los actores del país la organización civil Súmate es la que dispone de la capacidad más idónea para la tarea. El problema con Súmate es que sobre ella pesan algunos cuestionamientos de monta considerable, los que pudieran ser transferidos, como calcomanía, al candidato que emergiera victorioso de las elecciones primarias: ¿aprobación del «carmonazo»? ¿Alianza con George W. Bush? Esta vulnerabilidad es remediable, sin embargo, si se permitiera que la labor de Súmate fuese observada por otras organizaciones. Por ejemplo, por Ojo Electoral.
Pero a Ojo Electoral debieran sumarse otros veedores, pues quienes le conforman pudiesen ser tenidos por más cercanos a la opción de Teodoro Petkoff. A fin de cuentas Petkoff estuvo entre sus fundadores, y además de José Virtuoso le conforman Ignacio Ávalos Gutiérrez (otrora cercano al MAS original), Carlos Genatios, ex ministro de Chávez y quien, como Ávalos, fue administrador del sector tecnológico, Eleazar Díaz Rangel, todos izquierdistas, y Francisco Layrisse, ejecutivo fundamental de la campaña de Petkoff y que junto con éste y Díaz Rangel tuvo participación destacada en el estado mayor de la Cadena Capriles. Si a Súmate se le tuviese por derechista y a Ojo Electoral por lo contrario, tal vez se logre un equilibrio sólo con ambas organizaciones, pero a lo mejor convendría conseguirse alguna conformación «centrista» para blindar la cosa.
Por último (last but not least, en absoluto), quienes han sido asomados como candidatos o posibles candidatos, ipso facto, conformarían un club de debates muy exclusivo. Ellos debieran debatir, a los ojos del país, qué creen que debiera hacerse desde la silla presidencial, pues es ese asiento el que buscan, y ninguna otra cosa que la aprobación de sus planes debiera legitimarles. Este club debiera permitir la entrada, por cierto, de Hugo Chávez Frías, que buscará su reelección. Ojalá consintiera, lo que probablemente no hará, en integrar una academia de candidatos en la que se discuta abiertamente lo que debe hacerse con el Poder Ejecutivo Nacional a partir de enero de 2007. Como escribiera el Día de la Inmaculada Concepción, «ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible».
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 29, 2005 | Cartas, Política |
Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que atareó durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar a los hacendados, pero también a los orientales y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Erfjord era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas? ¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelanda?
Jorge Luis Borges, El congreso, en El libro de arena.
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En alguna parte, creo que en una entrevista, dijo Jorge Luis Borges: «Uno crea sus propios precursores». Por el hecho de haber pensado algo que ya otro, sin que supiéramos, pensó antes, hemos escogido precursor sin plagiarlo. Pero quien escribe sí sabe quién inició en su cabeza una cierta cavilación, que unió su idea irrefutable con otras sabidurías ajenas. Julio Juvenal Camero me habló de la justicia de que las regalías que el Estado cobra por la explotación petrolera sean recabadas por el Soberano, por el pueblo. Quiere hacer campaña por eso.
Él mismo me hace notar que Alberto Quirós Corradi pensó alguna vez de ese modo, y que Alaska, Noruega y Kuwait han experimentado con esquemas parecidos. (Más precursores). Por ejemplo, Alaska ha establecido un fondo que se alimenta con al menos 25% de los ingresos de alquileres por concesiones minerales (que incluyen al petróleo) y por regalías y otros ingresos asociados. A su vez el fondo se invierte y su renta se gasta, distribuyéndose a los ciudadanos y convirtiendo en ingreso renovable para éstos lo que en principio es una riqueza no renovable. En el año 2000 se alcanzó el máximo de lo repartido per cápita: unos 2000 dólares a cada habitante de Alaska.
La lógica jurídica de la noción es inapelable para nuestra costumbre. En su acepción económica una regalía es: «Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo». En el caso del petróleo, nuestra tradición jurídica establece que la propiedad de los recursos del subsuelo es de la Corona, esto es, derecho del Soberano. Habiendo dejado de ser Estado regido por monarca para devenir república democrática, ahora somos nosotros la Corona, somos nosotros el Soberano. Antes podía decirse: L’État c’est moi. Ya no, ahora la cosa sería que l’État c’est nous.
Más propiamente, el Soberano y el Estado no son la misma cosa. Veamos la primera acepción del concepto de regalía: «Preeminencia, prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de suprema potestad ejerce un soberano en su reino o Estado; p. ej., el batir moneda». El Soberano ejerce su potestad suprema, como puede verse en la distinción anterior, sobre su reino o Estado. El Banco Central de Venezuela, en consecuencia, no debe su pleitesía al Estado venezolano, sino al conjunto de los ciudadanos de este país, los titulares de la suprema potestad.
La etimología misma de la palabra es evidencia confirmatoria de la justicia de la pretensión. Regalía viene del latín regalis, regio o del rey. Somos nosotros, el Soberano, los propietarios del derecho de explotación de los recursos del subsuelo, puesto que son de la Corona, que somos nosotros. Así, debemos recibir nosotros la participación de los ingresos provenientes de la explotación petrolera.
Supe de esto, como he dicho, por Julio Juvenal Camero, pues antes no había oído sino proposiciones de vender nuestra industria petrolera o repartir acciones de PDVSA entre los habitantes venezolanos. (También una idea leída a Michael Rowan, más atrevida: «Si la mitad del valor de los recursos que tiene Venezuela fuese depositada en un fideicomiso permanente para toda la población, cada familia recibiría una cuenta de capital de unos 100.000 dólares…») Otros también lo han pensado: la asociación civil Petróleo para el Pueblo, que preside Pedro Elías Hernández, quiere introducir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con apoyo popular de veinte mil firmas para la creación de «bonos populares petroleros» generados desde un «fondo nacional de petróleo» que se formaría por las regalías y aun los dividendos declarados por PDVSA.
Llevemos, sin embargo, el asunto hasta sus últimas consecuencias. De lo que se trata, como señala Bernardo Paúl recordando a Oliver Cromwell, es de devolution, de devolución al Soberano de lo que es suyo. Pues bien, no queda saldada la cuestión si el Soberano sólo percibe una renta. Lo que debe poseer es el activo o, más exactamente, el patrimonio. El salto que hay que dar es de una economía rentista a una de capitalización. Como una persona natural, una persona jurídica describe su posición financiera con un balance. El Estado es, obviamente, una persona jurídica, y es por esto que es posible contabilizar un estado financiero importantísimo y fundamental: su balance o estado de situación. Si el patrimonio resultante es significativo, su volumen es plataforma suficiente para la emisión de obligaciones, por ejemplo, y el rédito de una ingeniería financiera tal, de nuevo, pertenece a la Corona, al Soberano que nosotros somos.
Tampoco es original la idea de un balance nacional. Los neozelandeses lo hacen, como me enteré por apunte de Ramón Illarramendi Ochoteco a mediados de los noventa. Una vez más cito de texto del suscrito de diciembre de 1997: «…creo que es de la mayor importancia la generación y publicación de un nuevo estado financiero de la nación venezolana. Nuestras cuentas nacionales—responsabilidad exclusiva del Banco Central—son, como en la mayoría de los países, cuentas de resultados. (Equivalen, en la administración privada, a los estados de ganancias y pérdidas de las compañías). Hay países, sin embargo, que producen también un estado de situación o balance general. Uno entre ellos es Nueva Zelanda. Un Balance General de la República, con su exposición de los activos y pasivos de la Nación, puede tener muy positivos efectos. En verdad, los activos públicos de los venezolanos tienen una magnitud enorme, muy superior a la de los pasivos o deudas. Por tanto, un estado financiero de esa clase mostraría un patrimonio público de considerables proporciones. Ya no sólo un estado de ingresos y egresos, sino un estado de situación que coteje los activos de la Nación contra sus pasivos y registre el patrimonio resultante. No hay duda de que un ejercicio de contabilidad de este tipo cambiaría radicalmente la percepción más o menos generalizada acerca de la situación económica venezolana. Deducidos los pasivos de la Nación de los inmensos activos que posee, las cuentas mostrarían un patrimonio verdaderamente gigantesco. Así la discusión pasaría a centrarse sobre el problema de qué hacer con ese patrimonio. Una tal perspectiva permitiría tomar gruesas decisiones de conversión en liquidez de la sólida solvencia venezolana. Siempre y cuando se cumplieran dos condiciones complementarias, casi equivalentes: que la liquidación de activos fuese repuesta con posterioridad por una nueva capitalización y que el sector público ofreciera convincentes indicios de un propósito de enmienda en materia de gasto público, pues hasta ahora, a pesar de innumerables declaraciones de intención, el presupuesto nacional no hace otra cosa que crecer desbocadamente. No ha habido hasta ahora la formulación y presentación al país de un esquema y una cronología para la reducción del recrecido tamaño del gobierno central. Si hay algo en lo que debiera buscarse uno de esos ‘grandes acuerdos nacionales’ que se proponen recurrentemente en Venezuela, es en este punto del redimensionamiento del Estado».
No he hecho los cálculos ni tengo idea de cuánto pudiera mostrar patrimonialmente ese balance. Estoy seguro de que no soy particularmente idóneo para la tarea, pero igualmente estaría convencido de que esas cuentas deben sacarse. Tenemos que saber lo que es nuestro. LEA
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por Luis Enrique Alcalá | Dic 22, 2005 | Cartas, Política |
La expresión inglesa «has been framed» se aplica a quien siendo inocente es comprometido con evidencias y circunstancias, adulteradas o fabricadas intencionalmente por quienes le «enmarcan», con peligro cierto de ser privado de su libertad o su vida.
En la psicología de la cognición, en cambio, «frame» (marco) es un conjunto conceptual asociado con alguna idea, con alguna palabra, y que la acompaña en su combinación con otras palabras o ideas.
Por ejemplo, la palabra «alivio» tiene un marco conceptual asociado a ella: con el fin de dar alivio a alguien es preciso que haya una aflicción y una parte afligida y una parte que la alivie, que quite el daño o el dolor. Quien alivia es un héroe. Quien quiere impedirle es un villano, puesto que quiere que la aflicción siga. Toda esa información se conjura con el uso de una sola palabra.
Si ahora se combina con la palabra «fiscal», para constituir la frase «alivio fiscal», se dice con ella que el impuesto es una aflicción. Con esa metáfora, quien libere del impuesto es un héroe y quien trate de detenerlo un hombre malo. De modo que si se generaliza el uso de la expresión «alivio fiscal» con eso se generaliza la aceptación del marco conceptual descrito. (Ejemplo del profesor George Lakoff, de la Universidad de California en Berkeley. En entrevista registrada en BuzzWatch: Inside the Frame, 15 de enero de 2004, Lakoff describe: «Desde el primer día de Bush en el poder, el lenguaje proveniente de la Casa Blanca cambió por completo. Los boletines de prensa cambiaron. Una de las nuevas expresiones fue ‘alivio fiscal’. Evoca todas esas cosas: que los impuestos son una aflicción de la que debemos librarnos, que hacer eso es heroico, que quienes tratan de impedir esta cosa heroica son malos. Los boletines de prensa se enviaron a todas las televisoras, a todos los periódicos, y pronto los medios comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’. Esto pone allí un cierto marco: un marco conservador, no un marco progresista. Pronto una buena cantidad de gente estaba usando la expresión ‘alivio fiscal’ y antes de darse cuenta los demócratas comenzaron a usar la expresión ‘alivio fiscal’ y se dieron un tiro en el pie»).
No cabe duda de que una parte significativa del empresariado venezolano «has been framed» en tiempos recientes. Se la ha presentado y enmarcado como insensible, delincuente, amotinada y traidora.
A estas fechas el empresariado nacional ha recuperado parte de su antigua reputación pero, según algunas mediciones, a comienzos del presente período constitucional sólo 37% de los venezolanos opinaba que trabajaba mucho o algo por resolver los problemas del país. (Estudio Perfil 21 Nº 40, Consultores 21, primer trimestre de 1999. El correspondiente al cuarto trimestre de 2003, con data recogida entre el 5 y el 13 de diciembre mide un aumento a 50%, lo que significa que una mitad aún opinaba que los empresarios trabajan poco o nada «por resolver los problemas del país»).
En gran medida este insatisfactorio estado de la opinión se debe a una deliberada actividad de propaganda contra la libre empresa, que ha tenido importante grado de éxito en «enmarcar» la idea e imagen del empresariado o el empresario de manera negativa. Desde la campaña electoral de 1998 hasta la fecha la propaganda adversa ha sido más intensa y sistemática. No ha existido una defensa adecuada del empresariado ante este proceso. Si bien se han dado instancias aisladas y no sistemáticamente conexas de refutación del marco negativo, no se ha hecho el trabajo definitivo: la construcción y difusión programada de marcos sanos que puedan superponerse (más que oponerse) al marco pernicioso y permitan un nuevo posicionamiento del empresariado en la psiquis nacional.
Se ha querido presentar al empresariado nacional como actor insensible y egoísta, involucrado en una dominación deliberada sobre los habitantes más pobres del país. La verdad es que el empresario venezolano ha sido destacado pionero en materia de responsabilidad y solidaridad social, tanto en términos de recursos aportados como en materia de iniciativas con imaginación y de conceptos avanzados en la materia.
Siempre hubo filantropía de los empresarios en Venezuela, pero es en la década de los años sesenta cuando su presencia se hizo marcadamente mayor y mejor orientada por una moderna filosofía de la responsabilidad social, de elaboración esencialmente autóctona. En 1963 los empresarios venezolanos concibieron y emitieron su «Declaración de Responsabilidad de la Libre Empresa», que daba piso principista a la organización y el concepto del Dividendo Voluntario para la Comunidad, que cumplió 40 años de existencia en 2004. El documento fue conceptualmente tan importante que la explicación venezolana de sus nociones fue requerida en el continente y en Europa, y misiones de empresarios nacionales fueron a distintos países a llevar el evangelio de la responsabilidad social.
La década de oro de la inversión social privada fue, entonces, la que va de 1963 a 1973, justo el año antes de que se iniciara la patología económica venezolana derivada del factor exógeno del embargo petrolero árabe de 1973. Entre aquellos años floreció una numerosa constelación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la acción solidaria en casi cada parcela de necesidad, y criterios y conceptos desarrollados por ellas y por la actividad fundacional fueron asumidos por el gobierno para sus propios programas. (En materia, por ejemplo, de desarrollo de las comunidades de menores recursos o en la consideración de la enseñanza preescolar como sistema educativo formal).
Por aquella época, debe anotarse, la incipiente democracia venezolana se vio seriamente amenazada por la violenta actividad subversiva de la guerrilla rural y urbana. El empresariado venezolano eludió la tentación de involucrarse, como le fue propuesto, en la promoción de la violencia contraria, y asumió como suya la acción a favor de las comunidades desde la perspectiva de una ciudadanía corporativa que respondía a la realidad social.
Y aunque a comienzos de la democracia el sector público disponía de más recursos que el sector privado, la acción social de éste se hizo sentir con su creatividad innovadora y la magnitud y energía de su dedicación.
Esto cambió de manera muy importante a partir de 1974. Un Estado repentinamente recrecido en recursos, trastocó las proporciones y las prioridades. Así, un Estado súbitamente rico ya no tuvo tanto interés en la cooperación social proveniente de la iniciativa privada, y el deterioro posterior de las condiciones económicas generales dificultó la proyección de la acción social empresarial.
A pesar de esto la solidaridad social del empresario venezolano sigue siendo muy significativa, como lo atestiguan las cifras de su inversión en la comunidad, que han sido recogidas por reciente investigación sistemática. (Tan sólo una entidad bancaria venezolana, por ejemplo, registra unos 20 millardos de bolívares de aporte en el «balance social» que publica con regularidad).
Pero más allá de las cifras, es la calidad y la eficiencia de la inversión social privada algo digno de destacar. La sola iniciativa de la red de escuelas de Fe y Alegría representa para el Estado venezolano un enorme alivio de la carga social, y a todas luces es de una productividad superior a la del sistema educativo público.
Hoy en día la presencia social del empresario nacional está multiplicada por todas partes, a través de su contribución al sostenimiento de numerosas ONGs o mediante la operación directa de programas propios. Además del Dividendo Voluntario para la Comunidad, Fedecámaras ha establecido una especial Oficina de Responsabilidad Social, y la Cámara de Comercio Venezolano-Americana (Venamcham) administra su vigoroso programa de Alianza Social. Numerosas fundaciones de diversas escalas canalizan fondos de muy importante cuantía para la educación, la ciencia, la cultura, el alivio de la pobreza, la profilaxis contra las drogas, la salud, el deporte.
Pero como decía Juan XXIII, no sólo hay que ser bueno, hay que parecerlo. Es necesario que el empresariado de Venezuela se reposicione a este respecto, a partir de la realidad de su trascendente solidaridad social. Resulta ser de la mayor importancia estratégica para los empresarios venezolanos formular marcos cognitivos que eludan la interesada caricatura negativa que se ha querido endilgarles. No basta negar este marco pernicioso: es preciso tomar la iniciativa y desarrollar y difundir los marcos exactos y justos.
Resulta indicado, por tanto, concebir y diseñar campañas de información a este respecto, puesto que es necesario disipar interpretaciones «oficiales» que falsean la realidad y contraponen el ánimo ciudadano a una de sus más imprescindibles instituciones: la libre empresa. Es necesario reconstruir la interpretación de nuestra realidad como nación, el recuento de nuestra historia reciente, la lectura de nosotros mismos.
No es suficiente, sin embargo, construir los marcos para la nueva interpretación; ni siquiera tener éxito en lograr que prendan eficazmente en la percepción nacional. Los marcos de esta clase existen para ser llenados, y éstos deben ser llenados con acción social.
Es sabido que el sector privado ha sufrido, en los años más recientes, una atrición importante, como consecuencia de un conjunto de inconvenientes políticas públicas. Es sabido que los recursos de solidaridad social disponibles han sufrido igualmente una atrición muy marcada, a consecuencia del deterioro general de la economía nacional y en virtud de mayores y reiteradas exigencias sobre tales recursos. Por otra parte, también es cierto que el deterioro reciente ha afectado a la población de escasos recursos en mayor medida que a la empresa privada, y por esto el empresariado, consciente de su posición como ciudadano sensible a las necesidades del entorno, tendrá que hacer un esfuerzo supremo en la nueva etapa que se avecina.
De estar inmerso en una sociedad normal, el empresario podría bastarse con el estricto cumplimiento de su función económica natural. Habitando, en cambio, en el seno de una sociedad enferma, tiene que hacer un aporte extraordinario.
El primer aporte es de unión. De esto nos hablaba Eugenio Mendoza Goiticoa hace más de cuarenta años cuando concebía la noción de un dividendo para la comunidad, pues el Dividendo Voluntario para la Comunidad es una idea de unión, de acción concertada y concentrada. También pensaba en la unión cuando auspiciaba otro punto de encuentro: la Federación de Instituciones de Protección al Niño (FIPAN.
El ideal racionalizador del Dividendo Voluntario para la Comunidad no llegó a plasmarse en plenitud. La concentración de recursos implícita en la iniciativa del DVC cedió el paso a la autonomía filantrópica de cada empresario, y por esto puede haber hoy, como ayer, un buen grado de redundancia e ineficiencia en la inversión social privada considerada en su conjunto.
Pero debe ser posible propiciar la concertación sectorialmente y, antes que en la fuente del financiamiento, en el nivel operativo de las ONGs. Así, debe estimularse la asociación o federación de ONGs de actividad similar, para al menos conseguir la uniformación y el acuerdo metodológico que sea posible en el ataque a los problemas sociales. La idea de FIPAN, así como la de Sinergia, es justamente un modelo apropiado de alianzas estratégicas en esta dirección.
Luego puede pensarse, si no en una racionalización a ultranza y centralizada de la acción social empresarial, sí en un dividendo extraordinario para la comunidad en estos momentos incipientes de un nuevo período de cambio y de defensa de la democracia. Se trata de concebir una Iniciativa Social Empresarial de acción rápida y concentrada, guiada por una sucinta colección de prioridades racionalmente establecida y acumulada a partir de un esfuerzo especial de contribución extraordinaria en vista de la crisis y el sufrimiento social.
Finalmente, sería una mengua que la libre empresa venezolana, en momentos cuando el principal problema social es el acusado grado de desempleo, no fuera capaz de estructurar una iniciativa de aumento del empleo. En tal sentido debe aprovecharse con imaginación la circunstancia de capacidades instaladas ociosas que facilitarán la puesta en práctica de un inmediato programa de nuevos empleos en el sector privado. Cada empresario debe ser invitado a participar en este otro esfuerzo extraordinario.
Una nueva oportunidad se abre ahora para Venezuela. No estará exenta de peligros y complicaciones. Por esto requerirá el concurso de sus mejores talentos, y el capital empresarial venezolano está llamado a participar en la primera línea del esfuerzo.
La noción griega de aristos, los mejores, de la que deriva el término aristocracia (o gobierno de los mejores), no evocaba tanto una condición de privilegio como una de responsabilidad. Quien tiene más debe dar más.
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 15, 2005 | Cartas, Política |
Una lectura general del pensamiento occidental del siglo XX, riquísimo y poderoso en tanto fábrica de conocimiento, puede resumir su producción, aunque parezca mentira, en lo siguiente: una reiteradísima y profunda lección de humildad. Wittgenstein, Heisenberg, Gödel, Mc Luhan, Kuhn, Foucault… todos ellos, cada quien a su manera, se sintió impelido a mostrar cómo es que hay limitaciones fundamentales en el lenguaje, el conocimiento de lo físico, la percepción de nuestro ambiente social, aun en el reino de la reina de las ciencias, la matemática. ¿Cómo es entonces posible que admitamos, en el discurso habitual de los políticos profesionales una arrogancia tan desmedida que les lleva a presentarse como seres inerrantes, prestos a la pontificación? Si la más rigurosa de las ciencias deductivas se topa con límites irrebasables ¿qué autoridad cognitiva puede ser reivindicada por los políticos en general o, más específicamente, en el caso agudo de un líder como el actual Presidente de la República?
La inmodestia pareciera ser entendida como un requisito consustancial a la profesión política, y el delirio que conduce a la sobrestimación de las reales posibilidades es causa radical de ineficacia, condición cuyos platos los pagan las naciones. Un caso divertidísimo fue el de un cierto «plan operativo» (1980) del CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) que registraba como algo de lo más normal, que su Oficina de Relaciones Internacionales (unos seis empleados) estipulaba como su primer objetivo para tal año ¡lograr un nuevo orden económico internacional!
Vale la pena, pues, traer a la memoria dos aleccionadores ejemplos, que comprueban que la vanidad o la soberbia no son requisitos funcionales del éxito.
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En la primera mitad de la década de los años setenta nació, vivió y murió una de las empresas más exitosas de toda la historia económica de Venezuela. La empresa en cuestión duraría, a lo sumo, unos tres o cuatro años en operación. Luego desapareció sin dejar rastro. La aparente contradicción entre éxito y desaparición se resuelve al comprender que la disolución de la empresa estaba prevista desde sus comienzos, pues había sido diseñada para ejecutar una única misión y desaparecer al término de la misma. Esta empresa se llamó Cafreca (Cambio de Frecuencia, C.A.), y fue la encargada de uniformar la frecuencia del sistema eléctrico venezolano, que hasta la década de los setenta presentaba una mezcla de suministros eléctricos que se hacían, unos, a cincuenta hertz, otros a la frecuencia estandarizada actual de sesenta hertz. (Sin contar alguna falta de uniformidad, asimismo, en los voltajes suministrados en distintas redes, incluso dentro de una misma ciudad).
La disparidad de la gama de frecuencias, en una distribución geográfica sin racionalidad alguna, involucraba costos considerables en incompatibilidad de equipos, mantenimiento de inventarios de piezas, conversión de frecuencia, etcétera. Una deliberación que involucró a todas las compañías de suministro eléctrico en el país, tanto públicas como privadas, llegó a la conclusión de que era altamente aconsejable la uniformación de la frecuencia de transmisión eléctrica a escala nacional, y que esto debía hacerse en la frecuencia «natural» de sesenta hertz.
La siguiente decisión fue la más sabia de todas, pues en lugar de exigir a cada empresa por separado que realizara la conversión requerida en sus respectivas redes, se optó por constituir una compañía dedicada exclusivamente a manejar este problema. Así nació Cafreca, y así fue como esta compañía—y no La Electricidad de Caracas, CADAFE, Edelca, Enelbar y las demás—pasó a ser el ente al que se confió la misión de uniformar nacionalmente la frecuencia eléctrica a sesenta hertz. Tal cosa se llevó a cabo en tiempo bastante corto y sin costo alguno para los usuarios, a los que la compañía suministró hasta las piezas de recambio necesarias. (Por ejemplo, para que los tocadiscos pudiesen girar a la velocidad correcta con una alimentación de sesenta hertz). Y todo se produjo dentro de un proceso de planificación e información pública admirable, premonitorio de la excelencia en planificación e información que más tarde sería distintivo del Metro de Caracas durante la época cuartorrepublicana. Terminada con todo éxito la conversión de frecuencias, se firmó el acta de defunción de Cafreca.
El caso Cafreca guarda dos lecciones importantísimas para cualquier intento de conversión o reforma institucional. La primera de ellas es ésta de la cesación planificada de actividades del agente de cambio una vez que éste se ha completado. La segunda lección es que el cambio es mejor administrado por un ente que se especialice precisamente en cambiar, no por los actores que cotidianamente deben administrar el sistema que deba ser modificado.
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Se dice que fue antes del término del siglo V antes de Cristo que los griegos clásicos elaboraron por primera vez una lista de los Siete Sabios que habían sobresalido en la gesta de la gran Atenas del siglo anterior. Hubo varias versiones de esta selección del Hall de la Fama de los griegos: una primera lista fue expandida primero a diez miembros, y luego a diecisiete. En todas las versiones, sin embargo, cuatro nombres permanecían constantes e indiscutidos, y uno de esos nombres era el de Solón de Atenas.
Resulta interesante recordar los hechos principales de la vida de Solón, los que le hicieron merecedor de esa indiscutida posición en todas las escogencias que de los Sabios de la Grecia antigua hicieron sus coterráneos.
Solón fue un estadista ateniense que puso fin a los peores males de la pobreza en la región de Ática y dio a sus conciudadanos una constitución equilibrada y un código de leyes más humano. Fue asimismo el primer poeta de Atenas, y empleaba el medio de la poesía—a falta de radio o televisión—para «alertar, retar y aconsejar al pueblo y urgirle a la acción».
«El siglo VI temprano fue un tiempo de tribulaciones para los atenienses… La sociedad estaba dominada por una aristocracia de nacimiento, los eupátridas, que poseían las mejores tierras, monopolizaban el gobierno y estaban divididos entre ellos formando facciones rivales. Los granjeros más pobres fácilmente eran empujados a endeudarse, y cuando no podían pagar eran reducidos a la condición de siervos en sus propias tierras y, en caso extremo, a ser vendidos como esclavos. Las clases medias de intermediarios agrícolas, artesanos y comerciantes se resentían de su exclusión del gobierno. Como lo describía Solón, ningún ateniense podía escapar a estos males sociales, económicos y políticos… El malestar público hubiera muy bien podido culminar en una revolución y en una consiguiente tiranía (dictadura), como había ocurrido en otras ciudades-estado griegas, de no haber sido por Solón, a quien atenienses de todas las clases recurrieron con la esperanza de una solución general satisfactoria de sus problemas. Dado que creía en la moderación y en una sociedad ordenada en la que cada clase tuviera su lugar y su función apropiados, su solución no fue la revolución sino la reforma». (Enciclopedia Británica).
Solón, que ya había incursionado en la administración pública de su ciudad, pues había ejercido la función de arconte o gobernador anual hacia el año de 594 antes de Cristo, fue investido con plenos poderes de reforma y legislación unos veinte años más tarde. Su primer trabajo consistió en resolver el malestar causado por las deudas. Así, procedió a redimir todas las tierras confiscadas por esa causa y liberó mediante decreto a todos los ciudadanos esclavizados. Igualmente prohibió que todos los futuros préstamos tuvieran como garantía las personas mismas objeto de crédito. Tales medidas produjeron un alivio inmediato.
Lo que sí no hizo Solón fue atender a las extremas reivindicaciones de los pobres, que exigían la redistribución de la propiedad de las tierras. En cambio, Solón se dedicó a estimular la prosperidad general y a proveer empleo a quienes no pudiesen vivir de la agricultura, mediante la promoción de las artes y los oficios. Reguló las exportaciones e impulsó la circulación del dinero (invento de su época), lo que a su vez expandió el comercio de los productos atenienses, hecho bien documentado por los hallazgos arqueológicos de la época.
Por encima de estos logros económicos, Solón produjo además importantes reformas políticas, al sustituir el monopolio de los eupátridas en una nueva constitución y al reformar las estrictas leyes del código de Dracón, que eran tan severas que se pensaba habían sido escritas no con tinta sino con sangre. Solón revisó todas las leyes draconianas—que permitían la esclavitud con deudas y castigaban con la muerte casi todos los delitos, fuesen éstos menores o mayores—y presentó un código mucho más humano.
En resumen, Solón produjo una cantidad de cambio tan grande como la que Napoleón Bonaparte generaría más tarde en su época, sólo que desde una autoridad democrática. De hecho, la tiranía le fue propuesta a Solón y la rechazó. No contento con negarse a la dictadura, Solón hizo que los atenienses se comprometieran a aceptar sus disposiciones, a las que se dio validez por el lapso de cien años (fueron escritas en tabletas giratorias de madera y colgadas por toda la ciudad) y ¡abandonó el poder! Solón, habiendo terminado su tarea, como Cafreca, cesó su intervención y desapareció de Atenas para viajar por Egipto y otros lugares, cuidando de no regresar a Atenas antes de que diez años expiraran, a la que volvió de nuevo como su poeta.
En su enjundioso estudio acerca de la insensatez política (The March of Folly), Bárbara Tuchman concluye que la insensatez política ha sido históricamente la regla. Solón de Atenas fue la excepción. Desprovisto de apetencias de un poder prolongado, enfrentó como médico el cuadro de enfermedades sociales de su tiempo en su patria, le dio solución inteligente y justa, y descendió por propia voluntad de la primera magistratura ateniense, rehusando toda oferta de convertirse en gobernante totalitario. Solón fue, sin duda, quien cambió la frecuencia de Atenas y abrió la puerta al Siglo de Oro signado luego por la gestión de Pericles. No en vano es Solón figura inamovible del Salón de la Fama griego, porque su vocación no fue la de ser gobernante, sino la de ser ex gobernante.
Pero esto es inalcanzable, seguramente, para quien pretende gobernarnos hasta el 2030, quien dispone de áulicos que ahora le lisonjean asegurando que tal cosa deberá ser aportada, ineludiblemente, por la Asamblea Nacional monocromática que unos pocos acaban de elegir.
El «…nuevo actor político, pues, requiere una valentía diferente a la que el actor político tradicional ha estimado necesaria. El actor político tradicional parte del principio de que debe exhibirse como un ser inerrante, como alguien que nunca se ha equivocado, pues sostiene que eso es exigencia de un pueblo que sólo valoraría la prepotencia. El nuevo actor político, en cambio, tiene la valentía y la honestidad intelectual de fundar sus cimientos sobre la realidad de la falibilidad humana. Por eso no teme a la crítica sino que la busca y la consagra».
LEA
por Luis Enrique Alcalá | Dic 8, 2005 | Cartas, Política |
La microscopía política ha arrojado ya una buena cantidad de datos significativos para la interpretación de las elecciones del pasado domingo, y seguramente continuará produciéndolos. La percepción general, en nacionales y extranjeros por igual, es la de que se trata de un fenómeno desusado, peculiar, casi único en su especie.
Ese examen microscópico, por ejemplo, pone de manifiesto que la participación electoral ha debido ser menor que la admitida (25%) por el Consejo Nacional Electoral. Sin ir muy lejos, el informe preliminar de la observación europea registra: «La participación provisional que anunció el CNE fue de un 25%. Sin embargo, no está claro el número de votos nulos, que oscilan entre un 5% y un 10% de los emitidos». Tal es el dato anatomopatológico, pero ¿cuál pudiera ser su interpretación? De entrada, que habría que restar tal vez hasta 2,5% del 25%, y por tanto la votación efectiva—de ser cierto el reporte del CNE—habría sido en promedio de 22,5%, para una legitimación cuantitativa de menos de uno por cada cuatro electores. Como destaca Marcel Carvallo Ganteaume, tal cota es, como queda dicho, un promedio, y observa que debe haber casos particulares de diputados electos con porcentajes aun menores de legitimidad. (Y la cosa se pone peor si se descree de lo anunciado por las autoridades dirigidas por Jorge Rodríguez. Algunas estimaciones hablan de 18% a 20% de participación real; Súmate ofrece una lectura de 17,6%).
Pero este desempeño coincide con otro fenómeno no demasiado comentado (más en el exterior que en Venezuela): que en los últimos meses la popularidad del presidente Chávez ha caído, como otras veces, de modo verticalmente acelerado, en el orden de 30 puntos porcentuales respecto de registros de hace, pongamos, tres meses. (El gobierno ha encargado y leído encuestas de firmas extranacionales, entre las que se dice estaría hasta la mismísima Penn, Schoen & Berland, de notoria fama por aquello de las encuestas de salida encargadas por Súmate para el 15 de agosto de 2004).
Chávez podrá intentar la interpretación del resultado del domingo como una cuota inicial de los diez millones de votos con los que pretenderá ser reelecto en 2006, como un primer paso en un camino apenas emprendido, pero la verdad es que los afiches que vendían a los candidatos chavistas a la Asamblea Nacional exigían o aseguraban altaneramente que esa cantidad se alcanzaría ahora, en la votación del 4 de diciembre, como lo auguraban igualmente los jerarcas que, como José Vicente Rangel, proponían esa meta entre insulto e insulto a los partidos de la oposición institucionalizada y el gobierno de Washington. Nada puede ocultar el hecho de que ya el chavismo no convence ni siquiera a la cuarta parte de los electores, de la que una buena proporción fue obligada a los comicios y seguramente generó, en rebelde y secreta represalia (la ausencia de las máquinas captahuellas ofrecería seguridad), la mayor parte de los votos nulos aludidos por la misión de la Unión Europea.
En síntesis, Chávez es electoralmente derrotable en 2006.
Ahora bien, supongamos que en efecto un candidato hasta ahora indefinido logra derrotar a Chávez en 2006, sobre todo después de que una indetenible presión ciudadana fuerce cambios de importancia en el sistema y el organismo electorales. Tal persona tendría que conducir un Estado por todas partes rodeado de enemigos. Tendría que lidiar, por la medida chiquita, con una Asamblea Nacional enteramente contraria a sus propósitos, integrada por diputados todos afectos a Chávez. (Menos los que se atrevan, desaparecido el déspota, a saltar la talanquera). Pero es que además es esa asamblea la que nombraría al Fiscal General, al Contralor, al Defensor del Pueblo y a un nuevo Consejo Supremo Electoral. ¿Sería posible gobernar en esas condiciones, las que incluyen asimismo una aplastante mayoría de gobernadores y munícipes igualmente alineados con el gobierno actual?
En teoría es imaginable una salida. Que tres Vicepresidentes Ejecutivos de la República, nombrados en sucesión por el nuevo Presidente, tuvieran éxito en malquistarse de tal modo con los diputados recién electos que estos produjeran en respuesta sucesivos votos de censura que causaran la remoción constitucional del funcionario. (Por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, según estipula el Artículo 240 de la Constitución). A la tercera iría la vencida, pues el segundo parágrafo del mismo artículo dice así: «La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta días siguientes a su disolución».
Claro, sería ingenuo pretender que los diputados chavistas se chuparan el dedo de manera tal que diesen pie a este remedio. Por ahí no van los tiros. En cambio, el nuevo Jefe del Estado podría aplicar la facultad que le confiere el Artículo 348 para convocar una Asamblea Constituyente, y aplicar así, a la Asamblea Nacional, la misma receta que se administrara en 1999 para anular al Congreso electo en noviembre de 1998. («La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros…»)
Más aún: no hay nada en nuestra doctrina constitucional que impida que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, convoque un referendo en el que someta a la directa consideración de los electores, del Poder Constituyente Originario, un proyecto de constitución enteramente nueva, según lo reconocido en aquella decisión del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión admitió que el Poder Constituyente Originario, esto es, el Pueblo, convocado explícitamente en ese carácter, es un poder supraconstitucional, no sujeto a la Constitución, que sólo limita al poder constituido. (Tal concepción fue la que permitió emplear el Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para preguntar a los electores si deseaban convocar y elegir una Asamblea Constituyente, a pesar de que esta figura no estuviese contemplada en la constitución de 1961, y de allí se deriva toda la juridicidad del régimen actual, que no podría negar su nacimiento sin disolverse jurídicamente. Del mismo modo, aunque el procedimiento de la presentación directa de un nuevo texto constitucional a los electores no está considerado en nuestra Constitución, no hay principio jurídico que pueda impedir su aplicación).
………
Hasta aquí ese aporte a la lectura de nuestra microscopía política, obvia y conscientemente incompleto; otros analistas se dan ahora banquete desmenuzando su profusa integridad. Es hora de remontar la evaluación al nivel macroscópico. Sabemos que algo de gran monta ocurrió el 4 de diciembre, y que el acontecimiento no tiene precedentes entre nosotros, que es único. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Tenemos un nombre con el que designarlo?
El 4 de diciembre ha marcado el nacimiento de un mundo político enteramente nuevo para nosotros. Cuando una cosa así acontece uno se ve de súbito trasladado al Macondo de los Buendía. García Márquez reportaba: «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo».
Algo hicimos, pero tal vez no sabemos qué fue lo que hicimos. El burgués gentilhombre de Molière, Monsieur Jourdain, hablaba, naturalmente, pero ignoraba que decía prosa. Cuando tuvo un nombre para lo que hacía as a matter of course, cuando supo que hablaba en prosa, tal descubrimiento fue para él una epifanía, a la que invitó a Madame Jourdain para que compartiese la revelación en reverencia y alborozo. Una vez más ¿cómo se llama lo que hicimos, en tanto polis, el pasado domingo cuatro de diciembre?
Sabemos que expresamos un rechazo, que desatendimos una convocatoria, que no asistimos, deliberadamente, a la fiesta electoral a la que habíamos sido invitados. Pero el rechazo no fue solamente al sistema electoral impuesto, a un CNE que contemplamos incrédulos a distancia, por más que las encuestas y ahora los observadores internacionales hayan medido su poca credibilidad. La repulsa fue mucho más profunda que eso, el repudio generalizado fue en verdad a todo un teatro político de actores profesionales, un hartazgo y una ausencia que toma distancia de un combate cotidiano que ha terminado por hacernos anómicos, no participantes. Los venezolanos ya hemos asimilado que una política entendida como lucha por el poder, como incesante contienda, no resuelve nuestros problemas públicos. Por tanto, lo que hicimos el domingo fue un repudio paradigmático. Ése es su nombre.
El paradigma político prevaleciente tiene un nombre decimonónico, por más que su método sea tan antiguo como el hombre y haya sido descrito y promovido en el Renacimiento por Nicolás Maquiavelo. Su designación técnica es la de Realpolitik (alemán para «política real» o «política realista»), acuñada para referirse, sobre todo, al arte político de Bismarck, el arquitecto del Segundo Reich. El término «real» o «realista» significa que quien no entienda lo político a su modo es un romántico iluso, que debiera alejarse de la candela cotidiana de la pendencia política. Puede describir la conducta de una persona individual, de una organización, de un Estado. En este último nivel «…postula que los estados buscan el engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo y que la búsqueda de ese poder se basa en la amenaza y el empleo de la fuerza militar y la coerción económica». (Enciclopedia Británica). A escala individual, o de un partido, se trata de buscar poder e impedir que el adversario o competidor lo obtenga, y para tal fin se emplea cualquier medio disponible. Es este paradigma el que la mayoría de los venezolanos ha negado implícitamente, por más que no nos hayamos percatado todavía de que hablamos en prosa y que nuestra prosa dice precisamente eso.
En varias ocasiones se ha metido aquí en un mismo saco a Chávez y a Ramos Allup, a Eduardo Fernández y José Vicente Rangel, al MVR y Primero Justicia. Porque con diferencias en maneras, en urbanidad política, todos venden pasteles de la misma masa, diferenciados tan sólo por el nevado decorativo de sus respectivos estilos. Caldera decía, famosamente, que él estaba «en las arenas de la lucha política»; Lusinchi o Pérez se autodefinían como «luchadores políticos» y los militantes del MEP (que respalda a Chávez), optaron por saludarse—impedidos de llamarse entre sí «camaradas», pues así se nombra a los comunistas, o «compañeros», pues de este modo se reconocen los adecos—oficialmente como «combatientes». Chávez no se ha cansado de las metáforas de guerra, de señalar «batallas» y celebrar victorias sobre una derrota adversaria, aunque sí de recomendar, por razones que no vienen al caso, la lectura de El oráculo del guerrero.
Lo que antecede no es un juicio moral. Uno siempre tiene, por supuesto, una tía que desaconseja la actividad política, y alecciona: «No se meta en eso, mijito, que la política es muy cochina». La verdad es que no es actividad más sucia que el deporte, o la ciencia, o la empresarial, en las que se manifiesta una misma condition humaine, y es cierto que los protagonistas de su ejercicio, médicos de arte conceptual y metodológicamente superado que han devenido en charlatanes que venden tónicos de los que sólo se conoce la etiqueta, creen en mayoría sinceramente que la política debe ejercerse de ese modo y que ése es su sentido.
No se trata, pues, de otro dictamen moralista, por el que nos debamos sentir moralmente superiores a quienes criticamos. Se trata simplemente de constatar su ineficacia, su insuficiencia terapéutica.
El paradigma que puede sustituir con ventaja a la primitiva formulación de la Realpolitik es de naturaleza clínica. Debe estar fijado, no en una lucha por el poder, sino en la búsqueda seria y profesional de soluciones a los problemas públicos. Ninguna otra cosa sería responsable, ninguna otra admisible.
La crisis del paradigma político no es exclusiva de estas tierras. Lo mismo se manifiesta en los Estados Unidos, por caso, donde Bush y Cheney y Rice y Rumsfeld siguen el mismo protocolo «realista». Hace tiempo que los rendimientos decrecientes del paradigma de la política del poder puro han sido detectados. (John A. Vasquez, The Power of Power Politics, Cambridge University Press, 1983). A la larga, secularmente, será la toma de conciencia generalizada en todo elector del planeta lo que terminará exigiendo y obteniendo una legitimación programática de los políticos, no una tradicional por la que sólo se muestra cuán hábil se es para derrotar a un oponente.
Pero ahora tenemos una oportunidad en Venezuela de ser pioneros en este asunto, de inaugurar una conciencia que todavía tomará un tiempo para extenderse mundialmente. Precisamente porque Chávez, en esencia, lo que ha hecho es llevar el paradigma «realista» hasta sus últimas consecuencias, al desbordar todo escrúpulo ético o «buena costumbre», es por lo que los venezolanos hemos podido decir no, decir basta, a tal comprensión de la política. Que aprovechemos esa oportunidad dependerá de la emergencia de liderazgos paradigmáticos, que se legitimarán programáticamente porque precisamente su nuevo paradigma se los impone. Dependerá también, por ende, de que quienes todavía asignan los espacios al discurso, entiéndase los medios de comunicación, franqueen sus puertas a voces nuevas.
Igualmente, por supuesto, se requerirá la emergencia de organizaciones políticas con un «código genético» bastante diferente de las actuales. Los partidos que se niegan a desaparecer, renuentes a la regeneración, refractarios contumaces, negados a la metamorfosis, se quejan de que una cierta «antipolítica» sería la culpable de la neoplasia política que hoy nos domina. Que la «sociedad civil» ha pretendido, erradamente, suplantarles, que serían instituciones insustituibles. La verdad es que no puede haber política sin organización, pero ciertamente ya no sirven los modelos arcaicos, ni siquiera cuando son replicados en moldes que se presentan como odres nuevos. (¿Qué instancia democrática, por poner un ejemplo, ha escogido a Julio Borges como candidato presidencial?)
No es, por tanto, el camino una «mesa de diálogo» entre los contendores que integran el elenco que ha sido repudiado in toto. El chavismo es ahora, en el mejor de sus casos, un 20% del electorado. Los partidos de la acera de enfrente, que se creyeron astutos al replegarse para no ser contados, suman entre todos un 10%. ¿Cómo podría ser una solución a nuestros problemas la reunión de los execrados por los electores, que tal vez tengan apoyo de 30%?
Venezuela se merece, por haber gestado la epifanía dominical del 4 de diciembre, líderes incógnitos. Que, en cierto modo, restituyan la justificación fundamental y única de la política: la administración eficaz de un poder para mejorar la condición de las sociedades. Sin buscarlo, concentrados en la solución de nuestros problemas públicos, superarán el anacronismo exagerado y prepotente del actual régimen por añadidura. Y también el de sus ineficaces contendores.
Cuando el alumno de la historia universal primaria se topa con la pregunta por las causas de la caída del Imperio Romano, es común que reciba la conseja de que tan grande construcción política se vino abajo por asedio de tribus bárbaras. El historiador de historiadores Arnold Toynbee explicó el proceso de un modo diferente: habría sido la formación paulatina de un «proletariado interno», la nueva conciencia cristiana que contradecía y socavaba los supuestos—la vis romana—sobre los que el imperio había sido construido, la verdadera causa del colapso. Aquí hemos visto, hace cuatro días, la eclosión de un proletariado de esa clase, y ninguna combinatoria, ni siquiera la autocrítica revolucionaria que Chávez ahora ordena con urgencia y temor, podrá restituir la vieja política a su antiguo lustre. LEA
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