…el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: “Es una cosa muy interesante de decir, he desarrollado una muy, muy buena relación…” con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro.
El Presidente de Venezuela debieraaprender del estadounidense. No es necesario detener a periodistas de Univisión que hagan preguntas incómodas e incautarles equipo profesional; basta proscribirlos:
Reporteros de los EEUU le preguntaron al presidente Trump sobre el testimonio de Michael Cohen durante una oportunidad de tomar fotografías de Trump y el dictador Kim Jong Un el miércoles. Trump no contestó. Menos de una hora después, la Casa Blanca impidió a varios reporteros que asistieran a la siguiente oportunidad de los medios con Trump y Kim. (White House limits press access at Trump-Kim meeting after reporters asked questions about Michael Cohen, CNN, 27 de febrero de 2019).
Directo de POTUS
Antes de ese democrático procedimiento, respetuoso de la libertad de prensa, el mismísimo Donald había declarado en un tuit que Kim Jong Un era su amigo. El texto: «Vietnam está prosperando como pocos lugares en la tierra. Corea del Norte estaría en lo mismo, y muy rápidamente, si se desnuclearizara. El potencial es IMPRESIONANTE, una gran oportunidad, como casi ninguna otra en la historia para mi amigo Kim Jong Un. Muy pronto sabremos – ¡Muy Interesante!»
El actual POTUS (President Of The United States), claro, habla y escribe un lenguaje adolescente: AWESOME! HUGE! TERRIFIC! Superlativos en mayúsculas cerradas, que en el uso de Internet son tenidas como el equivalente de hablar a gritos; es decir, mala educación que no añade ni un ápice a la veracidad de lo que así se escribe. ¿Michael Cohen? El mismo día prestó testimonio ante una comisión supervisora de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:
En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump, quien se declaró culpable de dar información falsa al Congreso de Estados Unidos, relata cómo conoció al magnate ahora mandatario. Además, describe lo que según él son actitudes racistas y fraudulentas de Trump y da detalles sobre sobornos, según dice, pagados a universidades de Estados Unidos para no revelar sus notas, y los polémicos pagos a estrellas porno para guardar silencio. (Michael Cohen: «Trump es un racista, estafador y tramposo», dijo ante el Congreso. CNN en Español).
¡INCREÍBLE!
¿O no? Necesitamos en Venezuela una nueva elección presidencial, pero también la necesitan con urgencia los Estados Unidos. (En Corea del Norte no se celebra elecciones). Por de pronto, la «amistad» de Trump y el dictador norcoreano no tardó en resquebrajarse: ya las conversaciones en Hanoi han sido interrumpidas bruscamente sin que se lograra un acuerdo. Al menos algunos de los amigos de Donald Trump, como Kim y Michael, parecen ser notoriamente efímeros.
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Estando aún fuera de Venezuela, Juan Guaidó anunció el nombramiento del abogado José Ignacio Hernández como «Procurador especial». Tuve con este último un contacto iniciado por él, que fuera reseñado en La Revolución Marrón (30 de enero de 2019):
Entre el Dr. Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:
En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.
A eso contestó:
Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.
A mi vez, disparé esta andanada:
Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.
Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.
Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.
Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.
Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández.
El «procurador» José Ignacio Hernández
Todavía no estaba tan ocupado; ahora debe encargarse de la dirección y supervisión de «varios procesos abiertos por Guaidó en casi 50 países para evitar que el Gobierno de Maduro haga uso de los recursos venezolanos en estas naciones». (Guaidó designa a José Ignacio Hernández “procurador especial”). El encargo, por otra parte, se inscribe en el “Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”, aprobado en su versión final por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero. A unos legisladores que se la pasan hablando de defender la Constitución no se les agua el ojo para proclamar una legislación que es patentemente anticonstitucional; en ninguna parte de aquélla se menciona un «estatuto de transición» ni que el Poder Legislativo Nacional pueda declarar una. La Asamblea Nacional actuó, pues, como si fuera una Asamblea Nacional Constituyente especialísima; aun la prevista en el Artículo 347 de la Constitución no puede modificarla directamente; cualquier cambio en ese texto supremo debe ser aprobado por el Pueblo en referendo, de modo que la asamblea presidida por Guaidó es verdaderamente una usurpadora, ya no del cargo de Nicolás Maduro sino de prerrogativas propias del Pueblo, el Poder Constituyente Originario, el único poder que no está limitado por la Constitución. El «estatuto», por otra parte, fue precedido de un «Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución», del 15 de enero de este año. ¿Qué significa usurpación? Bueno, «usurpar» es «Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios». (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese «otro»? ¿A quién usurpa el cargo Nicolás Maduro Moros?*
Hay, además, un precedente bastante más antiguo. El 25 de febrero de 2002, hace diecisiete años, propuse en Televén un «Acta de Abolición y Estatuto de Transición» para suprimir el gobierno de Hugo Chávez Frías. Luego, el 17 de diciembre de 2016, adapté el documento al caso de Nicolás Maduro Moros. ¿La diferencia? Esos documentos debían ser aprobados por «Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario…», no por diputados en estado de embriaguez política.
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El diario El Nacional publicó hace tres días una nota que titulara de este modo: «Constitucionalista Rafael Chavero: De las dictaduras no se sale con flores». Es la acepción cuarta del término «constitucionalista» en el Diccionario la aplicable a la identificación profesional de ese abogado: «Jurista especializado en derecho constitucional».
Constitucionalista inconstitucional
A juzgar por el breve reportaje, el abogado Chavero (que no chavista) es constitucionalista de un solo artículo; el único que esgrime es el Art. 333, que dice a la letra: «Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». La «eventualidad» no se ha materializado todavía; no ha ocurrido un golpe de Estado que dejara de observar la Constitución y tampoco ésta ha sido derogada. (Derogar. Dejar sin efecto una norma vigente). Violarla, que sí ha ocurrido—ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008—no es lo mismo que derogarla.
De resto, el abogado Chavero pudiera enorgullecerse de haber acuñado una frase efectista de significado harto impreciso. (Las definiciones negativas tienen ese inconveniente. Por ejemplo, una adivinanza: «¿En qué se parecen un tractor y un poste de teléfonos?» Respuesta: «En que con ninguno de los dos puede prepararse dulce de guayaba»). Decir que de las dictaduras «no se sale con flores» no pasa de proveer un titular llamativo. Pero soy injusto; Chavero dijo: «de las dictaduras se sale mediante mecanismos de presión y actuaciones necesarias para contrarrestar los gobiernos de facto». ¿Un golpe de Estado que dejaría de observar la Constitución «por acto de fuerza»? Parece ser que es eso lo que Chavero tiene en mente, pues añadió: «Con decretos y con leyes no saldrá la dictadura, cualquier cosa que haga el Parlamento va a ser desconocido por el régimen, como ha venido haciendo”. Es decir, Chavero no cree en «estatutos de transición», como sí Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.
Claro, la reivindicación del título de «constitucionalista» parece suficiente para producir en la ciudadanía una admiración que no debe ser cuestionada. LEA
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* El Diccionario de la Lengua Española incluye la definición de «usurpación de funciones públicas»: 1. f. Der. Delito consistente en el ejercicio de los actos propios atribuidos a una autoridad o cargo público, sin título para ello. ¿Quién confirió el título de Maduro? Pues el Pueblo en su condición de elector el 20 de mayo de 2018 según lo proclamado por el Consejo Nacional Electoral, el mismo órgano que proclamó la actual Asamblea Nacional que—para algunos en Venezuela y el exterior—es el «único» poder legítimo precisamente por eso.
Si algo es evidentísimo es que el nuevo modelo de oposición al segundo gobierno de Nicolás Maduro está muy bien articulado: no se trata de una mera temporada adicional de protestas en las calles de Venezuela; ahora hay todo un plan detalladamente preparado y en ejecución, comenzando por su coartada constitucional primaria. Un componente esencial de su coreografía es mediático y Maduro está perdiendo en ese terreno, a juzgar por el collage internacional de portadas que reportaron los acontecimientos del sábado pasado en dos de las fronteras venezolanas. Al día de hoy, y según Google News, ya el asunto ha pasado a segundo plano en el ciclo de las noticias; los Premios Oscar parecen ser más apremiantes. (Y la próxima reunión de Donald Trump con un verdadero dictador comunista; el Presidente de los Estados Unidos acaba de declarar: «Es una cosa muy interesante de decir; he desarrollado una muy, muy buena relación…» con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Le cae mejor que Nicolás Maduro).
Como era de esperar, la versión opositora de los hechos y la oficialista difieren diametralmente: Jorge Rodríguez ofreció ayer una hora de exposición y rueda de prensa sobre lo acontecido en zonas fronterizas; según él, todo habría sido un montaje de «falsos positivos» y fake news, y las gandolas incendiadas habrían sido obra de la oposición para pintar al gobierno como entidad desalmada; del otro lado, «la periodista venezolana Karla Salcedo Flores denunció no solo el plagio de sus fotografías sino su uso para tergiversar con fines propagandísticos los hechos de este sábado en la frontera colombo-venezolana, donde el régimen de Nicolás Maduro reprimió brutalmente a venezolanos que abogaban por la entrada de la ayuda humanitaria y quemó tres camiones con insumos médicos, publicó el diario La Nación«.
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Volvamos al comienzo. Es notorio el esfuerzo de diseño y posterior coordinación de las aventuras de Juan Guaidó, razón por la que resulta prácticamente increíble que el plan que ejecuta en equipo—el «equipo de Guaidó», reiteran algunos medios—no previese que el gobierno de Maduro intentaría impedir la entrada de los considerables envíos de alimentos y medicinas a Venezuela, aunque tal actividad incurriese en el costo de muertes; ya eso ha ocurrido reiteradamente en los últimos cinco años. Ese gobierno ha negado la existencia de una emergencia humanitaria en el país, y había anunciado que se opondría a los intentos de penetración, sobre todo después de una preocupante nota de EV TV Miami (Presidente Guaidó no descarta una intervención militar en Venezuela), en la que se lee (ver Delirio total):
La Asamblea Nacional tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional en Venezuela, advirtió el presidente encargado de la república, Juan Guaidó, en una entrevista con el periódico El País, de Montevideo… (…) Al responder a una pregunta, Guaidó señaló que “si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución)”.
El plan del que Juan Guaidó es el mascarón de proa incluía, pues, la certeza de que habría represión y su consecuencia casi garantizada: muertes de ciudadanos venezolanos que servirían para un mayor descrédito de Nicolás Maduro, si es que tal cosa es posible. En otras palabras, se pagó por ese descrédito ulterior con sangre de manifestantes y colaboradores del operativo de ayuda humanitaria. Si ésta hubiese sido lo primordial ¿a qué venía anunciar su llegada con tanta anticipación y tanto detalle? (Suficientes para competir en materia de conciertos).
Hace tiempo que la economía de unas cuantas muertes es ingrediente descontado en la lucha contra Maduro; bastante antes, contra Chávez. Mi esposa y yo asistimos, previamente a la marcha del 11 de abril de 2002, a la del 23 de enero de ese mismo año, luego de la cual comenté a un visitante en nuestra casa cómo la manifestación primera permitía concluir que Chávez habría «perdido la calle». Una larga y gélida pausa se instaló después de su réplica: «Sí, pero hasta que no pongamos unos muertos el mandado no estará hecho». Dos años después, un asiduo asistente a una reunión semanal de comentario político recomendó con la mayor tranquilidad: «Lo que tenemos que hacer es detonar un nuevo Caracazo». (Claro, ni él ni sus hijos irían a saquear enfrentando soldadesca armada).
Finalmente, hace casi tres años me escribió un amigo a quien he dejado de tratar:
La buenanoticiaesque la crisiscontinúa y por lo tanto que la calle espontánea continúa… la mala esque quien hoy tiene la 1ra. opción para capitalizar esa rebelión espontánea son los militares (aún podría cambiar), mientras, como no tenemos control de ese factor medular, recemos para que aunque sea nos toque un Pinochet (cosa difícil) que por lo menos acomode la economía.
Se trata de gente sofisticada; ella sostiene que la continuación de la crisis aumenta el sufrimiento popular y con éste el rechazo al gobierno, lo que es buena cosa. La crisis convendría, las muertes ayudarían al objetivo final de liquidar a Nicolás Maduro. Por eso había que anunciar las gandolas, en lugar de hacerlas pasar discretamente. LEA
En medio de un operativo de Radio Caracas Radio, que cubría la llegada de ayuda humanitaria a las fronteras con Colombia y Brasil, se transmitió con interrupciones y reducción de espacio el programa #337 de Dr. Político en RCR. En segmentos atípicos y entrecortados, se insistió sobre la posibilidad de que el Pueblo ordene inapelablemente a los poderes públicos de la Nación conductas específicas que, entre otras cosas, pueden causar la aceptación de ayuda humanitaria del exterior, liberación de detenidos, elecciones presidenciales inmediatas y la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Una sola canción—If I loved you—, del musical Carrusel de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, se ofreció en voz de soprano (Shirley Jones) y tenor (Gordon MacRae). He aquí el archivo de audio de esa transmisión:
¡Alto aquí todo el mundo! Esto se arremató. Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo.
La verbena de la paloma – (arrematar Rematar, dar fin a algo. Diccionario de la Lengua Española)
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Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena.
Fulgencio Batista huyó de Cuba en las primeras horas del 1º de enero de 1959, casi un año exacto después de la huida de Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. El 8 de enero de aquel año, entraba Fidel Castro en La Habana; el 15 de abril iniciaba una visita de 11 días a los Estados Unidos (invitado por la Asociación Americana de Editores de Periódicos). En entrevista que concediera durante ella declaró: «Yo sé que el mundo piensa que nosotros somos comunistas; por supuesto, he dicho muy claramente que no somos comunistas, muy claro». El 22 de diciembre de 1961, diría en uno de sus kilométricos discursos: «Seremos siempre marxista-leninistas», lo que naturalmente es sinónimo de comunistas.
En todo caso, el 15 de octubre de 1960 se publicaba una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba; ella contenía la «Ley 890», cuyo Artículo 1 dictaba: Se dispone la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales y jurídicas… A esto seguía una enumeración de empresas expropiadas, agrupadas en los siguientes sectores: Ingenios azucareros (un total de 105), Destilerías (18), Bebidas alcohólicas (6), Jabones y Perfumes (3), Derivados lácteos (5), Fábricas de chocolates (2), Molinos de harina (1), Fábricas de envases (9), Fábricas de pinturas (3), Químicos (3), Metalurgia básica (6), Papelerías (7), Lámparas (1), Textiles y confecciones (60), Molinos de arroz (16), Productos alimenticios (7), Aceites y grasas (2), Almacenes de víveres (47), Tostaderos de café (10), Droguerías (3), Tiendas por departamento (13), Empresas de ferrocarriles (8), Imprentas (1), Circuitos cinematográficos y cines (11), Construcción (19), Electricidad (1) y Marítimo (13). En total, 380 empresas pasaban de un gacetazo a ser poseídas por el Estado cubano. (Una reproducción de toda la gaceta en archivo de formato .pdf puede ser descargada desde este enlace: GACETA CUBA).
Debo el documento al gentil amigo Orlando Amaya, siempre pendiente de este blog, quien expresó su concurrencia con el tercer epígrafe de esta entrada. En su correo de envío, puso: «Las motivaciones del decreto y las fechas, son bien interesantes de analizar». El tercero de los “Por Cuanto”—en Cuba, lo que acá llamamos un “considerando”—expone:
Muchas de las grandes empresas privadas del país lejos de asumir una conducta consecuente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción, la extracción del numerario sin reinversiones adecuadas, la utilización exagerada de los medios de financiamientos sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas, y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado a la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o disminución de la producción puedan crear.
Y el octavo (penúltimo) «Por Cuanto» declara:
Es deber del Gobierno Revolucionario tomar las medidas que demandan las circunstancias expuestas en los Por Cuantos anteriores y adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrían adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria, y a la vez a brindar efectivas garantías y a facilitar por distintos medios el normal desenvolvimiento de todas aquellas empresas pequeñas y medias cuyos intereses pueden y deben coincidir con los grandes intereses de la Nación.
Digno de notar: tal como es el uso de nuestra Constitución, se escribe ahí con mayúscula inicial «Gobierno Revolucionario», «Patria» y «Nación», pero «pueblo» se escribe con minúscula inicial. (En el Preámbulo de nuestro supremo texto local: «El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores…», a pesar de que según el Artículo 5 «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…»)
La Ley 890 venía firmada por el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, el Primer Ministro Fidel Castro Ruz y el Ministro de Hacienda Rolando Díaz Aztaraín.
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Por supuesto, los gobiernos chavista-maduristas han causado una enorme disminución de la actividad empresarial privada en Venezuela, aunque más dilatada en el tiempo. (Ver la introducción de Marcos para la interpretación de la libre empresa en Venezuela, 9 de enero de 2004). Carlos Larrazábal, Presidente de Fedecámaras, acaba de conceder una entrevista en la que informa cosas como éstas:
En 1998, cuando arrancó la revolución bolivariana, en el sector industrial teníamos más de 12.500 empresas y ahora no pasan de 3.000, operando al 20%-25% de su capacidad. Nosotros teníamos más de 600.000 empleadores en esa época, al principio del gobierno del Presidente Chávez, ahora se estima que esa cifra no llega a unos 200.000. Y digo “se estima”, porque el gobierno ya no publica cifras. (…) El gobierno de Chávez por decreto estableció que todo el sector privado era de utilidad pública, por lo que ya no requería la autorización de la Asamblea Nacional para expropiar. De esta manera, entre 2007 y 2012 se confiscaron más de 1.500 establecimientos de empresas y más de cinco millones de hectáreas de tierras fértiles. Buena parte de lo expropiado hoy está paralizado. En el sector agroalimentario el gobierno tomó el control de más del 50% de la producción de harina y entre 30% y 40% de la de arroz. El gobierno ahora controla todas la empresas de cemento y no se puede conseguir un saco si no es a través del mercado negro. Así se puede sumar y seguir.
Es la misma cosa cubana a cámara lenta, comparativamente, y siempre hay que tomar en cuenta que la economía venezolana en 1959, aun antes del vigoroso estímulo del gobierno de la época a la industria privada—Rómulo Betancourt con Lorenzo Fernández como Ministro de Fomento—con las garantías económicas constitucionales suspendidas (hasta julio de 1992), era bastante más poderosa y diversificada que la de Cuba de aquel año. Ahora Larrazábal se muestra entusiasmado con Juan Guaidó, quien ha dicho (más o menos): «Y esto se ha arrematao, porque lo digo yo».
El programa #336 de Dr. Político en RCR se contrajo a leer buena parte del intercambio electrónico reproducido in toto en Diálogo digital, así como comentarios respecto a la muy difundida actitud internacional registrada en El caso Venezuela, un deporte internacional. Algunos oyentes llamaron para censurar al conductor del programa—¿no es esencial a la democracia el respeto a la opinión ajena?—, sin que argumentaran nada válido respecto de las tesis expuestas en él. Un pasaje de Schelomo, la gran obra de Ernest Bloch, y otro de la marcha Pompa y circunstancia #4 en Sol Mayor de Edward Elgar, constituyeron la ofrenda musical de esta emisión. Como siempre, he aquí su archivo de audio:
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