La historia desaparecida
El estereotipo
recular Dicho de una persona: Ceder de su dictamen u opinión.
Diccionario de la Lengua Española
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Con fecha de hoy aparece en Facebook el siguiente texto, de la autoría de Bernard Horande:
Maduro quiso tirarse al coleto a la AN. Maduro le ordena al TSJ que emita ambas sentencias, disolviendo en la práctica la AN. Maduro recula ante la masiva condena internacional y la presión creciente nacional. Maduro reúne un esperpento de Consejo de Defensa, al cual no acuden dos partes claves en el conflicto: la Fiscal y la AN. Maduro le ordena al TSJ que «revise» las sentencias, lo cual sucede en tiempo récord, como siempre. Ahora Maduro trata de remendar el entuerto tomándose fotos con la Fiscal, para hacernos creer que siguen siendo panas (cuando no es verdad, están más que distanciados, ni hablar de Cilia que la odia), que aquí no ha pasado nada, que seguimos en democracia, que todo ha sido una habilidísima [sic] jugada de ellos para… bueno ¿para qué? pues para nada… perdón, sí, para algo, para que surjan brillantes analistas a decir que nos jodieron otra vez y que caigamos en desesperanza, cosa que el G2 no pela oportunidad de reforzar y nosotros de replicar para dar la sensación de que somos más listos que los demás. Lo cierto es que para el mundo entero Maduro ya es un dictador, internamente para nosotros también lo es, y las condenas y la presión para el final de esta dictadura mediante unas elecciones seguirán creciendo.
Una condena frontal
Eso no es, por supuesto, ni la mitad de la historia, apartando que puede ponerse en duda que a Horande le conste que Nicolás Maduro ordenó al Tribunal Supremo de Justicia que emitiera las sentencias 155 y 156, de las que ha reculado, así como cuestionarse la utilidad de la etiqueta dictatorial. Tiene razón, sin embargo, al destacar que las reacciones internacionales y locales hicieron lo suyo para la reversión de las sentencias, aunque no enfatiza el evento crucial en tal desenlace: la valiente actuación de Luisa Ortega Díaz; fue esto lo que provocó la veloz reculada, por cuanto se trataba de la voz de una funcionaria de gran peso y muy respetada en las filas del oficialismo, quien declaró inequívocamente: «En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo consagrado en nuestra Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela… lo que constituye una ruptura del orden constitucional».
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El Consejo de Defensa de la Nación mismo no es un esperpento—DRAE: Persona, cosa o situación grotescas o estrafalarias—; fue creado en la Constitución en su Artículo 323: «El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones». Si fue convocado no fue porque el asunto tuviera que ver con «la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico» (aunque el TSJ hubiera manifestado paranoides temores de conmoción nacional grave), sino porque se esperaba la asistencia de Julio Borges, Presidente de la Asamblea Nacional, lo que es inconsistente, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia no reconoce su investidura, aduciendo que fue electo írritamente por una Asamblea Nacional en desacato cuyas decisones serían inválidas hasta que se mantenga así. Además, para matar dos pájaros de un tiro, también se esperaba que compareciera Ortega Díaz, quien debió recibir invitación especial, dado que ya no preside el Consejo Moral Republicano (lo hacía en 2014; ahora la función recae en Tarek William Saab, Defensor del Pueblo). Para tales fines, la convocatoria no funcionó, pues ni Borges ni Ortega hicieron acto de presencia. En cambio, la sesión concluyó con la exhortación al TSJ para que «revisara» sus problemáticas sentencias, «la cual aceptó»:
Tras el exhorto del Consejo de Defensa de la Nación y luego de revisar los contenidos de las sentencias 155 y 156, publicadas el pasado 28 y 29 de marzo respectivamente, la Sala Constitucional precisó a través de su portal web: Decisión del TSJ sobre la sentencia 155: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo”. Decisión del TSJ sobre la sentencia 156: “Se Aclara de Oficio la sentencia N° 156 de fecha 29 de marzo de 2017, en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime.
La commedia è finita.
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¿O no? Creo que falta al menos un tercer acto y asimismo un largo prólogo que recuente los siguientes hechos:
Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de «El Ilegítimo» durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).
Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un «plebiscito» sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para «#lasalida» de Maduro (por un breve tiempo conocida como «#lamovida»). El 16 de enero hablaba Capriles de una «puñalada en la espalda», imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.
Tercero: en 2014 «#lasalida» endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum a Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: «Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)»
Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un «diálogo» televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio «la buena intención» en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. («La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles»; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). «El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).
Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: «…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)». En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era «un compromiso no transable» del nuevo Poder Legislativo Nacional «buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno». Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).
Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año culminó el «juicio político» en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?
Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su elección—que incluye la apelación a «militares decentes» por parte de Juan Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar «un Larrazábal II» que ha hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y «suprimir» tal declaratoria).
Son cosas éstas que naturalmente no cabían en el conciso párrafo de Horande; él ha insurgido contra «brillantes analistas» y su especie de que el gobierno ha tenido un nuevo triunfo al echar para atrás las torpes y extralimitadas sentencias. Tiene razón; el gobierno ha sufrido una vergonzosa y costosa derrota. Ya el 27 de marzo declaraba a El Universal, que lo presentaba como «experto en mercadeo político»:
Definitivamente, en la consulta del pueblo está la clave de la salida de la crisis política, social y económica en la que está sumergido el país; pero no se trataría de una convocatoria a elecciones generales como se insiste de manera radical, sino en el llamado al país, a través de la figura del referéndum consultivo, que permita recoger la opinión de la mayoría de los venezolanos sobre el álgido tema. Así lo estima el consultor en planificación de estrategias de mercadeo, Bernard Horande, para quien “debería insistirse más en la necesidad de una consulta a la gente en este momento, si el Gobierno debe continuar o no; porque entre otros, no podemos dejar que la gente siga pasando hambre, por la carencia y altos costos de la comida que ha llegado al extremo de ver cómo crece cada día más la cantidad de personas comiendo de la basura”.
No puedo menos que saludar esa clara postura de Horande, quien ha puesto en Facebook: «la presión para el final de esta dictadura mediante unas elecciones seguirán creciendo». La presión, como he argumentado (en ¿Con qué se come eso?, 16 de marzo), debe ejercerse sobre la Asamblea Nacional:
Cuando se piensa en el mantra de la “presión de calle” se le cree dirigido contra el gobierno y sus aliados: la soñada marcha a Miraflores o las protestas ante el Consejo Nacional Electoral. (…) Es tiempo de pensar en la presión ciudadana sobre el Poder Legislativo Nacional, sobre “nuestros” representantes. ¿Para qué? Para que hagan el aporte decisivo al meollo del problema político nacional que, en sentido restringido, se define como la sustitución perentoria del gobierno que preside Nicolás Maduro y, en sentido amplio y no menos importante, requiere el reemplazo del esquema socialista. Para que la Asamblea Nacional establezca alianza con el Poder Constituyente Originario y lo convoque a referéndum. (…) Para traer el Poder Supremo del Pueblo, como grande y definitivo terapeuta, a decidir si conviene el socialismo a Venezuela y si quiere elecciones presidenciales (no elecciones “generales”) inmediatas. (Ver en este blog ¿Qué espera la Asamblea Nacional? y Prontas elecciones, del 8 de marzo y el 22 de octubre de 2016, respectivamente).
Ahora que el gobierno y el TSJ se han visto forzados a reconocer que la Asamblea Nacional debe disponer de todas sus facultades, ella podría convocar la consulta vislumbrada por el experto en mercadeo por mayoría simple, ella pudiera iniciar el tercer acto en el que nosotros, el Pueblo, debemos por fuerza ser los protagonistas eficaces. Somos nosotros quienes podemos darnos elecciones presidenciales inmediatas. LEA
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Actualización: parece ser trending topic el anhelo de enjuiciar a los magistrados de la Sala Constitucional por haber violado la Constitución con las sentencias 155 y 156, que ya han enmendado. A favor de eso se pronuncia, por ejemplo, el exfiscal Javier Elechiguerra. A un amigo que me escribió sobre el asunto le puse: «Pienso que distraerse en la prosecución de los jueces es perder la brújula estratégica». Se requiere calma para no gastar energía escasa y preciosa en inquisiciones; hay que dedicarla al logro de elecciones presidenciales inmediatas. Vale.
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