el blog de luis enrique alcalá de sucre

la política como arte de carácter médico (y otras cosas)

La condición Machado

 

No sirve el diálogo si no conduce a acuerdo

 

A la tercera va la vencida es un refrán que evoca el esfuerzo. Se utiliza cuando algo no se consigue al primer intento sino que es necesario probar de nuevo y con más esfuerzo.

El granero del Tío Casiano

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Una tercera e incipiente oportunidad de diálogo y acuerdo entre los adversarios políticos de Venezuela—luego de los infructuosos amagos de 2014 y 2016—se construye ahora en suelo dominicano, gracias a recientes intervenciones de la cancillería francesa y el tenaz esfuerzo de José Luis Rodríguez Zapatero. Las decisiones a tomar e instrumentar no han variado: un tratamiento concertado a la crisis económica y la apertura a la ayuda humanitaria exterior, la liberación de presos políticos, la recuperación de la eficacia de la Asamblea Nacional, como parte del mutuo respeto entre éstos y la obligación constitucional (Artículo 136) de colaboración de los poderes públicos nacionales… y el nudo del problema, que no es otro que el pronto término del mandato de Nicolás Maduro.

María Corina Machado ha dicho ayer: “Aceptaremos un diálogo y una negociación verdadera y genuina sólo en el caso para establecer los términos, las condiciones y las garantías para la salida de Maduro y sus mafias del poder. Éste es el único diálogo, la única negociación que los venezolanos aceptamos hoy”. ¿Cómo imagina la infatigable lideresa que esto puede lograrse?

En una mesa de negociación lo único que pudiera pactarse sería la renuncia de Nicolás Maduro, y esta posibilidad conduce a que el Vicepresidente Ejecutivo en funciones, hoy Tareck Zaidan El Aissami Maddah, asuma la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual período constitucional*. (Parágrafo último del Artículo 233 de la Constitución: «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo»). La propia Sra. Machado rechazó la celebración de un referendo revocatorio presidencial después del 10 de enero de este año, por cuanto llevaría precisamente a ese resultado, y no puede pactarse una nueva elección presidencial en la República Dominicana ni en ninguna otra parte del mundo, puesto que así se contravendría la Constitución.

Pero tenemos en Venezuela un poder que está por encima de la Constitución. «El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente: ¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?» (Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016)**.

¿Quiénes pudieran convocar a ese referendo? Para empezar, nosotros mismos, mediante la expresión de voluntad de 10% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, o unos dos millones de nosotros; se trataría de un esfuerzo considerable y lento que además tendría que sortear la burocracia del Consejo Nacional Electoral—actualmente sobrecargado de compromisos y tecnológicamente disminuido—y las posibles triquiñuelas tribunalicias que ya paralizaron el esfuerzo revocatorio de 2016. Dos poderes quedan con potestad suficiente para la convocatoria: la Asamblea Nacional, que aún viste la camisa de fuerza que le ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia por su desacato a la Sala Electoral, incapacitada hasta que resuelva ese problema, y el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Es el compromiso garantizado de Nicolás Maduro Moros a convocar esa exacta consulta lo más importante que la oposición puede obtener en la patria chica de Billo Frómeta. ¿Qué debe obtener a cambio el Presidente, aparte de esta oportunidad de relegitimarse? La Asamblea Nacional, ya no la Mesa de la Unidad Democrática, puede ofrecer lo siguiente:

La Asamblea Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, anulará su declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año, por cuanto éste se encuentra evidentemente en su pleno ejercicio, y procederá a anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos del 21 de marzo de este año, y reconoce que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni sus posteriores protocolos, todos anteriores a la Constitución Nacional, contienen definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en ella. Adicionalmente, en uso de la facultad establecida en el Numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución, procederá a redactar un razonable decreto de amnistía. Por último, procederá a anular el nombramiento que hiciera de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. (El cántaro al agua).

Digo, si es que cree que es su obligación hacia los venezolanos que la eligieron dejar su propia terquedad atrás para construir una salida en paz. LEA

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*A menos que nombre a otro Vicepresidente antes de renunciar, lo que sería lo menos costoso. Por ejemplo, a la misma María Corina Machado. Ya el suscrito la postulaba a ese cargo el 12 de febrero de 2004: «Cualquier Presidente de la República contaría en ella con una Vicepresidenta de lujo». (LEA #73).

**Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación. (Prontas elecciones).

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El cántaro al agua

Cuarta Sinfonía en Fa menor

 

Regresó al planteamiento de un borrador de pacto entre los poderes públicos nacionales el programa #265 de Dr. Político en RCR, en una versión compacta de lo expuesto en Del armisticio como programa y Versión Formal, del 11 y el 26 de mayo respectivamente. (Abajo se reproduce el texto comprimido al que se dio lectura hoy). Antes, se sugirió al Presidente de la República la corrección del equivocado concepto de que los mandatarios regionales deben subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, dudosamente elegida el pasado 30 de julio. También se reafirmó la idea de que mandar es preferible a protestar. Continuando con el mes de Tchaikovsky, se escuchó pasajes del tercer y cuarto movimientos de su Sinfonía #4 en Fa menor. He aquí el archivo de audio de esta transmisión:

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ACUERDO DE LOS PODERES PÚBLICOS DE VENEZUELA

La Asamblea Nacional reconoce que no es una de sus facultades o propósitos la cesación del gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, anulará su declaratoria de abandono del cargo por parte del Presidente de la República del 9 de enero de este año, por cuanto éste se encuentra evidentemente en su pleno ejercicio, y procederá a anular su Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos del 21 de marzo de este año, y reconoce que el Presidente de la República, en uso de la facultad expresa del numeral 4 del Artículo 236 de la Constitución puede denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos sin autorización parlamentaria o enmienda constitucional, por cuanto ella no es un convenio “relativo a derechos humanos” y tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni sus posteriores protocolos, todos anteriores a la Constitución Nacional, contienen definiciones de esos derechos que sean “más favorables” a las establecidas en ella. Adicionalmente, en uso de la facultad establecida en el Numeral 5 del Artículo 187 de la Constitución, procederá a redactar un razonable decreto de amnistía. Por último, procederá a anular el nombramiento que hiciera de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

El Presidente de la República convocará un referendo consultivo que requiera la decisión del Poder Constituyente Originario acerca de esta cuestión: “¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?” Igualmente suprimirá de su decreto de emergencia económica la consagración de la hipótesis de una “guerra económica” como explicación de la misma, que no goza de generalizada aceptación nacional. Asimismo, agradecerá y facilitará la llegada de ayuda humanitaria ofrecida al país por diversos actores internacionales y su distribución equitativa, a fin de tratar las precarias y agobiantes condiciones de una proporción considerable de la población nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

El Consejo Nacional Electoral celebrará la elección de gobernadores de estado cuyo plazo está vencido y las elecciones municipales previstas constitucionalmente para este año, y tomará sus previsiones ante la posibilidad de referendos y otras elecciones para este mismo año, determinando los requerimientos presupuestarios para estos fines, los que la Asamblea Nacional autorizará sin dilación.

El Defensor del Pueblo, en atención al Numeral 2 del Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece su facultad de “Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad…”, se asegurará de la anulación de la sentencia 1.265 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con fecha 5 de agosto de 2008, por tratarse de decisión inconstitucional que mutila el Artículo 42 de la Constitución, que establece: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. El Contralor General de la República procederá a anular las inhabilitaciones políticas que ha impuesto recientemente a los gobernadores de los estados Amazonas y Miranda, puesto que tales sanciones no equivalen a sentencias judiciales firmes.

El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacionales constituirán una comisión de enlace que determinará urgentes acciones coordinadas entre ambos para resolver o paliar la crítica situación socioeconómica de la Nación. Los demás poderes públicos nacionales coadyuvarán a sus labores en la medida de sus capacidades constitucionalmente establecidas.

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LEA

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Invitación

 

Nicolás Maduro ante la ANC el jueves 7 de septiembre

 

El Presidente de la República debe corregir su noción de que los gobernadores que resulten electos (¿el 15 de octubre?) estarán subordinados a la constituyente. Como muchos otros medios igualmente hicieron, Tal Cual reportó:

El mandatario Nicolás Maduro indicó este jueves que todo gobernador que resulte electo en los próximos comicios regionales debe subordinarse al mandato de la Asamblea Constituyente”, de lo contrario será destituido “inmediatamente”.

En ninguna parte de la Constitución dice que la constituyente dispone sobre ningún poder constituido. El Art. 349 dice que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.”, pero eso no es lo mismo que estarle subordinados. Además, las decisiones de la constituyente no pueden ir contra la Constitución. La Constitución no está suspendida; el funcionamiento de una constituyente no significa que esté suspendida, y tampoco que la constituyente pueda suspender ni un solo artículo de ella.

Las decisiones que pueda tomar la constituyente deben corresponder a los campos que le son indicados constitucionalmente en el artículo 347, y apartando lo de “redactar una nueva Constitución”—no su promulgación, que sólo puede hacerla el Pueblo en referendo, como se indica en el Preámbulo de la Constitución y en su Disposición Final*, esos campos de actuación constitucionalmente indicados son los de «transformar al Estado» y «crear un nuevo ordenamiento jurídico». Ahora bien, como la constituyente no puede hacer cambios constitucionales por su cuenta, lo que puede cambiar del Estado y el ordenamiento jurídico tendría por fuerza que ser de nivel subconstitucional. Aun así, cosas tales como destituir un funcionario no son transformar el Estado ni crear un nuevo ordenamiento jurídico; menos todavía puede la constituyente destituir un funcionario para el que la Constitución especifica un procedimiento especial de remoción, como era el caso de la Fiscal General.

En propiedad, se transforma al Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente con una nueva constitución, y ésta no entra en vigencia hasta que el Pueblo así lo decida.

Así que invito al Presidente de la República a que componga sus conceptos constitucionales y constituyentes. En lo que dijo el jueves hay un claro y preocupante extravío. LEA

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*Del Preámbulo: «El pueblo de Venezuela (…) mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución». Disposición Final: «Única. Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo».

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Cadenas de libertad

Actualizado al final con un video recomendado por Leonardo Durán.

Una cadena de bloques que libera

 

El mundo sólo necesita ser 1% mejor (o incluso una décima de por ciento mejor) cada día para acumular civilización. En tanto creemos 1% más de lo que destruimos cada año, tendremos progreso. Este incremento neto es tan pequeño que es casi imperceptible, especialmente ante el 49% de muerte y destrucción que nos afronta. Sin embargo, este minúsculo, delgado y tímido diferencial genera progreso.

Kevin Kelly – That We Will Embrace the Reality of Progress

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(El siguiente video, de muy buena calidad visual, tiene títulos en español que pueden ser activados mediante el icono de configuración, abajo a la derecha (rueda de engranaje justo a la izquierda del logotipo de YouTube).

 

Como argumentan los participantes del video precedente, el desarrollo tecnológico nombrado blockchain es bastante más que el 1% de progreso de Kevin Kelly, es una revolución de efectos actuales y potenciales diversos y profundos. El interés de este blog se centra, naturalmente, en el uso y consecuencias políticas de este poderoso desarrollo.

El concepto original lo debemos a Satoshi Nakamoto—un seudónimo que pudiera representar una persona o un grupo de colegas, como el Nicolas Bourbaki de las matemáticas francesas—, quien dio a conocer en 2008 la primera base de datos blockchain al introducir la primera de las criptomonedas en el mundo: bitcoin. Actualmente hay más de mil criptomonedas, de las que una decena ha logrado aceptación considerable (Dash, por ejemplo, con importante actividad en Venezuela).

La tecnología posibilita un enorme libro diario de contabilidad, en el que se asienta las transacciones entre miembros de una multitud que la emplea; se caracteriza por carecer de autoridad central—el proceso es enteramente desagregado—y por la seguridad de los registros protegidos por criptografía de primer nivel, puesto que cada nuevo asiento o bloque tiene una referencia a uno previo y la secuencia es inmodificable, a menos que la comunidad de sus usuarios conspire para permitirlo. Estas características hacen que la tecnología pueda ser aplicada a los sistemas de votación electrónicos, los que ya no dependerían de una autoridad central al estilo de nuestro Consejo Nacional Electoral; soluciones como la de Smartmatic han entrado súbitamente en irreversible obsolescencia.

Una cadena de bloques es una lista continuamente creciente de registros, llamados bloques, que están ligados y asegurados con el uso de criptografía. Cada bloque contiene típicamente un señalador (hash) que lo enlaza a un bloque previo, una marca temporal y los datos de una transacción. Por diseño, las cadenas de bloques son inherentemente resistentes a la modificación de los datos. Funcionalmente, una cadena de bloques puede servir como “un libro diario abierto que puede registrar transacciones entre dos partes eficientemente y de modo verificable y permanente”. Para su uso como libro diario distribuido, una cadena de bloques es comúnmente administrada por una red de igual a igual que se adhiere colectivamente a un protocolo para la validación de nuevos bloques. Una vez registrados, los datos en cualquier bloque dado no pueden ser retroactivamente alterados sin la alteración de todos los bloques subsiguientes y la colusión de la mayoría de la red. (Wikipedia).

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Algo así se veía venir:

La época que nos ha tocado en suerte contiene las más asombrosas posibilidades. Si todavía la dimensión de ciertos problemas parece abrumadora, también es cierto que las más recientes rupturas tecnológicas—principalmente en las tecnologías de computación, de comunicaciones y de bioingeniería—permiten avizorar nuevas y más eficaces soluciones. En particular, el horizonte tecnológico de lo democrático se ha expandido, y el actual nivel de participación popular en la formación de las decisiones públicas es muy inferior al que es tecnológicamente posible. (Proyecto SPV, 8 de febrero de 1985).

Treinta años más tarde podía decirse:

Las ideologías han perdido su poder de producir soluciones. El registro de la Organización Internacional del Trabajo hace tiempo que superó el millón de oficios diferentes en el mundo. ¿Cómo puede un partido representar en la única categoría de trabajadores una riqueza así, una complejidad de esa escala? Ya no vivimos la Revolución Industrial, cuando toda ideología se inventara; ahora vivimos la de la Internet, la telefonía móvil, las tabletas, las interacciones instantáneas, las enciclopedias democráticas, las apps. La de la biogenética, la cirugía mínimamente invasiva, la posibilidad de introducir al planeta especies vegetales o animales nuevas. La de una sonda espacial posada sobre un cometa, la comprobación experimental de la partícula de Dios o Bosón de Higgs, la fotografía cada vez más extensa y detallada de los componentes del cosmos, la materia oscura, la geometría fractal y las ciencias de la complejidad. La de la explosión de la diversidad cultural, la del referendo, del escrutinio inmisericorde de la privacidad de los políticos y el espionaje universal. La del hiperterrorismo, las agitaciones políticas a escala subcontinental, el cambio climático. Nada de esta incompleta enumeración cabe en una ideología, en la cabeza de Stuart Mill, Marx, Bernstein o León XIII. Cualquier ideología—la pretensión de que se conoce cuál debe ser la sociedad perfecta o preferible y quién tiene la culpa de que aún no lo sea—es un envoltorio conceptual enteramente incapaz de contener ese enorme despliegue de factores novísimos y revolucionarios. Ésta es una revolución de revoluciones. (El medio es el medio, 29 de abril de 2015).

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Un nuevo actor

De algún modo, el chavismo se abrió tempranamente a estas posibilidades; en febrero de 2001 decretaba Hugo Chávez la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, cuyo Artículo 4 estableció: «Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos…» Hace varios años que el Tribunal Supremo de Justicia tramita recursos de amparo constitucional que reciba por correo electrónico, y hace dos días declaraba Wilmar Castro Soteldo, Ministro de Agricultura Productiva—¿hay agricultura improductiva?—y Tierras, en bienvenida de las criptomonedas: «Ahora existe la posibilidad de abrirse espacios en las nuevas formas de transacciones. Es una de las grandes alternativas que tienen los pueblos de preservar la integridad de la humanidad, consolidar la paz y garantizar una vida, así como tener acceso a los bienes, servicios y alimentos”. Claro que tenía que insertarlas en el marco conceptual socialista; también dijo que para la humanidad monedas como el Bitcoin son “una herramienta para alcanzar su soberanía y darle soporte con sus riquezas a través del incentivo que establezcan para estimular la inversiones y el desarrollo productivo de esa economía. Puede ser una opción que cree una nueva etapa económica y financiera globalmente. Y se podría evitar la crisis que quieren generar regando dinero devaluado que se traduce en inflación”. (¿No es esto justamente lo que hace el gobierno de Maduro?) Para Castro Soteldo, las monedas digitales podrían protegernos de la malévola «guerra económica» del capitalismo imperial que tiene la culpa de nuestras privaciones económicas cotidianas. Pero de su exposición se colige que no ha entendido el asunto, pues postula: “La moneda digital es un instrumento que los gobiernos de todo el mundo pueden tener bajo su control y lanzarlo luego en una cesta global que se transa digitalmente, ésta a su vez puede tener como soporte el oro u otros minerales o riquezas tangibles de los países  que le den fortaleza a esquemas alternativos de transacción de bienes y servicios”. Ni las criptomonedas necesitan estar soportadas en otra cosa—oro, por caso—que las propias transacciones ni requieren gobiernos que las controlen; ellas se controlan a sí mismas en los millones de interacciones peer to peer (igual a igual) de los miembros de la comunidad.

Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) (Política natural, 19 de marzo de 2009).

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Ya hay las primeras aplicaciones políticas blockchain en desarrollos recentísimos, como consta en el reportaje Patentan un sistema de votación basado en blockchain. Sus capacidades permitirían tanto votaciones como referendos seguros, inviolables y profundamente democráticos, como se lee allí de un informe del Parlamento Europeo de septiembre del año pasado:

Los procesos de votación electrónicos tradicionales siempre se han caracterizado por realizarse de manera centralizada, es decir, es una empresa o un gobierno quien gestiona todo el proceso de votación y recuento.

El principal inconveniente de estos sistemas es que no son en absoluto transparentes para los ciudadanos, a quienes no les queda más remedio que confiar ciegamente en dicha entidad. En caso de haber cualquier tipo de manipulación en la votación, no podrían detectarlo.

La votación electrónica basada en blockchain resuelve este problema al realizar todo el proceso de manera descentralizada y totalmente transparente para los usuarios, dando el poder de control a la gente.

El poder planetario de las cadenas de bloques permite visualizarlas como la herramienta fundamental de una polis del mundo en formación. En Avant-garde Politician – Leaders for a New Epoch (2014), Yehezkel Dror postula la necesidad perentoria de una «Constitución de la Humanidad»; en eso concurrimos, pero diferimos en el modo de aprobarla. Dror, acostumbrado a moverse en los corridors of power, la imagina redactada y pactada por gobiernos del mundo, mientras que quien escribe, como minúsculo ciudadano del planeta, exige que sea aprobada y promulgada en un referendo planetario, y una aplicación blockchain que aloje una consulta de esa escala es perfectamente posible.

Viene una nueva y más poderosa democracia. LEA

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He aquí otro video que complementa la noción de blockchains y criptomonedas. (Como con el anterior, puede vérsele con subtítulos en español).

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Primero del último tercio de 2017

El más grande de los compositores rusos

Los efectos de las sanciones de Trump sobre nuestra economía que algunos saludan, la falta de quórum en la Asamblea Nacional, el aparente juicio de altos funcionarios chinos acerca de la oposición venezolana, el deterioro que parece imparable de la dirigencia de ésta, fueron los temas considerados en el programa #264 de Dr. Político en RCR, en el que también se dio cuenta de una invitación formal al presidente Maduro para que participe en una próxima transmisión del mismo. Fue declarado septiembre como el mes de P. I. Tchaikovsky, y en esta ocasión se transmitió temas del primero y el tercero de los movimientos de su Sinfonía Patética (Sexta Sinfonía en Si menor). He aquí el archivo de audio del trabajo de hoy:

LEA

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El problema

 

Presión desde ambos lados

 

El país, que sufre agudos dolores y privaciones, está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo! Pobre país.

Etiqueta negra, 11 de abril de 2016

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La misma idea del epígrafe fue expresada hace cinco años en Las élites culposas (mayo 2012): «Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre».

La dominación chavista-madurista es, sin duda, una grave y dolorosa enfermedad que ha caído sobre el país. Habiéndola repudiado desde febrero de 1992, a comienzos de 2003 creí apropiado bautizarla como chavoma, para enfatizar su carácter invasivo y maligno. Este mal se superpuso a una previa y crónica condición patológica: la insuficiencia política de los actores que precedieron a la nueva hegemonía roja. (Se habla de insuficiencia cardiaca, renal o pulmonar cuando el corazón, los riñones o los pulmones no hacen su trabajo apropiadamente; si la función de los actores y sistemas políticos es la de resolver los problemas públicos—aquellos que no pueden ser resueltos por la interacción civil o mercantil—cuando no lo hacen reiteradamente puede hablarse con propiedad de insuficiencia política).

De una presentación en Seguros Nuevo Mundo, enero 2008

 

El origen de la insuficiencia

 

Los pedúnculos del tumor

(Sobre El discurso salvaje: Ficha Semanal #46 de doctorpolítico, 17 de mayo de 2005).

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No es una presunta maldad de los actores políticos convencionales la explicación de la insuficiencia política:

Y no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos. (…) Pero junto con esa insuficiencia en la conceptualización de lo político debe anotarse un total divorcio entre lo que es el adiestramiento típico de los líderes políticos y lo que serían las capacidades necesarias para el manejo de los asuntos públicos. Por esto, no solamente se trata de enten­der la política de modo diferente, sino de permitir la emergencia de nuevos actores políticos que posean experien­cias y conocimientos distintos. Las organizaciones políticas que operan en el país no son canales que permitan la emergencia de los nuevos actores que se requieren. Por lo contrario, su dinámica ejerce un efecto deformante sobre la persona política, hasta el punto de imponerle una inercia conceptual, técnica y actitudinal que le hacen incompetente políticamente. Hasta ahora, por supuesto, el país no ha conocido opciones diferentes, pero, como bien sabemos, aún en esas condiciones los registros de opinión pública han detectado grandes desplazamientos en la valoración popular de los actores políticos tradicionales, la que es cada vez más negativa. Por evidencia experimental de primera mano sabemos que los actores políticos tradicionales están conformados de modo que sus reglas de operación se oponen a los cambios requeridos en conceptos, configuraciones y acciones políti­cas. Por esto es que es necesaria una nueva asociación política: porque de ninguna otra manera saludable podría proveerse un canal de salida a los nuevos actores políticos. (Proyecto SPV, febrero de 1985).

El problema no es nuevo, puesto que ya se lo diagnosticaba hace treinta y dos años. Treinta y tres años al menos hace que los electores nos percatábamos de que algo sistémico andaba mal con la polis venezolana. En agosto de 1984, la encuestadora Gaither había detec­tado un súbito movimiento de opinión, respecto de encuestas anteriores, en la identificación de un “mejor partido”; comparó los resultados obtenidos ese mes—con la pregunta “¿Cuál es el mejor partido?”—con los de agosto de 1974 (primer año de gobierno de Pérez), septiembre de 1979 (primer año de Herrera) y octubre de 1983 (dos meses antes de las elecciones presidenciales de ese año, que llevarían a Lusinchi a la Presidencia). Los siguientes datos dan los porcentajes de personas que respondieron “ninguno” (entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros) y que no opinaron.

Una pregunta reiterada

 

Para la época comenté: «Como puede verse, el total de personas que no logra identificar un mejor partido entre las opciones disponibles experimentó un salto brusco equivalente a 16% más de los encuestados que en veces anteriores. Este fenómeno es muy similar a los movimientos de opinión que están siendo observados en otras latitudes. Por ejemplo, en España el gobierno ha perdido puntos sin que tal pérdida haya significado un aumento de puntos en la opinión favorable al principal partido de oposición. La población representada por tales puntos de porcentaje se queda en una especie de ‘limbo’, según la expresión de la revista Cambio 16. Asimismo, L’Express realizó una encuesta sobre las elecciones legislativas de 1985 en Francia. Las dos terceras partes de los encuestados opinaron que las elecciones serían ganadas por la oposición, mientras que más de las tres cuartas partes cree que la oposición ganará por descrédito del gobierno socialista». (Proyecto SPV, Nota 1, febrero de 1985).

¿Cómo respondía el liderazgo partidista a este desplazamiento tectónico en la opinión? El 7 de junio de 1986 declaraba Pedro Pablo Aguilar, el Secretario General de COPEI, a El Nacional: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder». No era que los partidos estuvieran a espaldas de la realidad del país; ellos lo hacían bien, y señalar sus errores era hacer «antipolítica»:

Leopoldo Castillo creyó ver—A través de la mordaza—, en la crítica de la sociedad española a los principales partidos políticos de su país, un grave peligro: que España siga un camino parecido al venezolano, en el que el descrédito de Acción Democrática y COPEI habría abierto la puerta a la llegada del chavismo en las elecciones de 1998. Lo malo no fue, según Castillo, que AD y COPEI se portaran mal sino decirlo; no la sordera de los políticos sino la locuacidad de quienes nos atrevimos a criticarlos. (…) Es realmente irónico que quienes fueron los principalísimos responsables de la llegada de Hugo Chávez Frías a Miraflores quieran cargar la culpa a los que se preocuparon de advertir a tiempo la necesidad de corrección, que pretendan pasar factura a Ibsen Martínez y RCTV por la transmisión de un registro de la realidad: la magnífica telenovela Por estas calles. El pasticho socialista del chavismo-madurismo es, por supuesto, una trasnochada y pretensiosa ilusión, una receta que no puede traer sino fracaso, pero es igualmente desandado el acatamiento irreflexivo a una Mesa de la Unidad Democrática que en materia de fracaso es experta. (A llorar p’al valle, 8 de agosto de 2013).

El 19 de marzo de 2009 me permití argumentar así: «Una cierta forma de hacer política—reptiliana: agresiva, territorial, ritual, jerárquica—está muriendo ante nuestros ojos. (¿Cómo puede ser uno territorial en Internet? ¿Quién es su jefe?) El anacrónico experimento de Chávez representa los últimos estertores de una política vieja que agoniza. Es la política del poder, que él lleva a su exacerbación; es la autodefinición política sobre un eje izquierda-derecha que ya no existe, a pesar del último pataleo de Bernard Henri-Lévy. (Left in Dark Times, 2008). Pero es la muerte de gigantes, sin los que nunca hubiéramos divisado la tierra prometida. Como tales ¿por qué tendrían que sentirse mal por haber sido enormes e indispensables? Ellos construyeron las posibilidades que hoy tenemos. No se justifica entonces que entorpezcan el progreso, pretendiendo que lo que hacen, cada vez de eficacia menor, es lo único posible. Nos deben la libertad de crear, como ellos mismos en su momento lo hicieron, una cosa distinta». (Política natural).

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La Mesa de la Unidad Democrática es la única hija de su difunta madre, la Sra. Coordinadora Democrática, de triste memoria; esencialmente, se trata del mismo liderazgo que trajo a Chávez al poder. He aquí una comparación de sus composiciones a las alturas de octubre de 2012:

Mapas genéticos de madre e hija única y heredera

 

Para el 19 de agosto de 2004 (5 días después del revocatorio contra Chávez), podía decirse de la Sra. Democrática (que hasta tuvo entonces a Jesús Torrealba como vocero) estas cosas:

Si tuviéramos, Dios no lo permita, un pariente con tan grave dolencia que ameritara la atención de toda una junta médica; si este cuerpo de facultativos intentase primero una cierta terapéutica y con ella provoca a nuestro familiar un paro cardiaco; si a continuación prescribe un segundo tratamiento que le causa una crisis renal aguda; si, finalmente, aplica aún una tercera prescripción que desencadena en nuestro deudo un accidente cerebro-vascular, con toda seguridad no le querremos más como médicos. Y ésta es la estructura del problema con la Coordinadora Democrática. La constelación que se formó alrededor de ella, no sin méritos que hemos reconocido, nos llevó primero a la tragedia de abril de 2002, luego a la sangría suicida del paro, finalmente a la enervante derrota del revocatorio. (Para no agregar al inventario una nutrida colección de derrotas menores). No hay vuelta de hoja. No podemos atender más nunca a esa dirigencia. El Informe Stratfor, publicación electrónica norteamericana, a todas luces conservadora, insospechable de chavismo, dictaminó de ella, lapidariamente, el pasado 6 de agosto: “Afortunadamente para Chávez, si hay algo que la oposición venezolana ha demostrado es que es estratégicamente torpe, profundamente impopular y moralmente cuestionable”. Nunca hemos sido tan implacables con la dirigencia opositora autoungida en esta publicación, aunque ya antes hemos hecho algunas caracterizaciones por las que la considerábamos constitucional o genéticamente impedida de producir lo que fue necesario y no se hizo, a pesar de reiteradas y longevas advertencias y recomendaciones. En el fondo del problema hay una raíz paradigmática: sus más connotados directivos operan, como Chávez, dentro del paradigma de la Realpolitik, el que propugna que la política es en realidad la procura del poder mientras se impide que el adversario lo asuma. Ellos creen, la mayoría honestamente, que “la política es así”, y desechan cualquier otra conceptualización, por ejemplo una según la cual la Política es el arte u oficio de resolver problemas de carácter público. (…) Ayer decía un editorial en The New York Times: “Es hora de que los opositores del presidente Hugo Chávez dejen de pretender que hablan por la mayoría de los venezolanos. No lo hacen, como el fracaso de un referendo revocatorio, promovido por la oposición, demostrara decisivamente el domingo. (…) El periódico neoyorquino se apresura a aclarar: “La clase de democracia del Sr. Chávez no es una que esta página apruebe. Está afectada por acaparamiento de tribunales, intimidación judicial de oponentes políticos y discursos demagógicos y fraccionalistas, incluyendo la frecuente e inflamada demonización de los Estados Unidos, el mayor cliente petrolero de Venezuela”. Y al final regresa sobre la oposición: “La oposición, entretanto, necesita dejar de cantar foul. Condujo una campaña referendaria generalmente inepta, fallando en unirse en torno a un único y creíble retador del Sr. Chávez y fallando en distanciarse adecuadamente de las políticas oligárquicas del desacreditado pasado. Una sana democracia venezolana requiere no solamente un Sr. Chávez menos divisionista. También requiere una oposición más realista y eficaz”. (Bofetada terapéutica, Carta Semanal #100 de doctorpolítico).

Ayer ocurrió (o, más bien, no ocurrió) lo siguiente:

Este martes 29 de agosto la Asamblea Nacional tenía pautado en la agenda discutir los casos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, y como en otra oportunidad en la discusión sobre casos de corrupción, no hubo quórum. Julio Borges, presidente del Parlamento, informó que debido a que a la sesión solo acudieron 55 diputados no se pudo llevar a cabo la discusión. Borges solicitó a la Secretaría del Parlamento hacer pública la lista de los legisladores que no acudieron, para que el país tenga conocimiento de lo sucedido. En este sentido expresó: “Voy a solicitar a Secretaría que haga pública la lista de los ausentes para que el país nos ayude a presionar y los diputados entiendan que tienen que venir a la sesión de la Asamblea, es nuestro deber”. (…) También es relevante mencionar que el pasado 24 de agosto, sólo 33 parlamentarios asistieron a la sesión que tenía como objetivo debatir las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

 

También ayer se conocía esta noticia, proporcionada por Walter T. Molano, de BCP Securities LLC:

There are several rumors and wire reports that Chinese state-owned banks may launch a buyback of Venezuelan short-dated maturities. None of the rumors were verified by officials sources. However, having just visited Beijing and met with individuals with senior government connections who are involved in Latin American affairs, the rumors seem to make sense. The Chinese are concerned about the situation in Venezuela and what a default will mean for the country’s ability to deliver oil. They also believe that the opposition is too divided and weak to take control of the government. Hence, they think that the Maduro government is here to stay. However, they are reticent to give additional direct assistance. The debt load has been reduced to $20 billion, and Beijing has space to increase its exposure to Venezuela. Buying back the short term debt would avoid giving money directly to a corrupt government, while helping it to avoid default.

Es decir, parece estar en el interés de los chinos conjurar el peligro de cesación de pagos por parte de Venezuela, y también parece ser su previsión que la oposición venezolana no podrá hacerse con el control del Estado, y si creen que «el gobierno de Maduro está aquí para quedarse», eso pudiera significar no sólo hasta el 10 de enero de 2019, sino para al menos el siguiente período. A pesar de esto, algún conocido festejaba las más recientes sanciones del gobierno de Donald Trump ¡en términos morales! La misma persona me había escrito el año pasado, como le recordé: «La buena noticia es que la crisis continúa» (!). Esta vez repuse: «Me escribiste que como era bueno que el gobierno pasara trabajo, era bueno que la gente sufriera y creciera el descontento y la protesta. Eso fue, clarísimamente, lo que querías decir». Y ya que había sustentado las últimas sanciones de Trump sobre bases morales, le añadí las palabras de Isaac Asimov: «Nunca permitas que tu sentido de la moral te impida hacer lo que es correcto».

………

El desempeño más reciente del liderazgo opositor profesional es verdaderamente insatisfactorio. Luego del impresionante logro de una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015—cinco días antes Juan Pablo Olalquiaga profetizaba: «El reto de la Asamblea va a ser voltear la economía; de no hacerlo, la opinión pública la castigará rápidamente»—, la secuencia posterior ha sido desastrosa: el mismo día de la instalación de la Asamblea (5 de enero de 2016), su Presidente presentaba como «compromiso no transable» del cuerpo encontrar en seis meses una forma de causar la cesación del gobierno; luego se ocuparía de retirar altaneramente retratos de Chávez y el Bolívar afrodescendiente del Palacio Legislativo, mientras desatendía la Ley Orgánica de Estados de Excepción y permitía el gol del primer decreto de Maduro sobre emergencia económica, que consagraba la explicación de la «guerra económica» a la gravísima situación nacional. De seguidas, boicoteó el esfuerzo revocatorio, logrando que comenzara con tres meses de retraso; estaba muy ocupado con lo de la presunta nacionalidad colombiana de Maduro, que la Registraduría Nacional de Colombia no reconoce. También prefirió «no arrodillarse» ante el Tribunal Supremo de Justicia antes que recuperar la eficacia de la Asamblea como poder; habría bastado oficializar la desincorporación de los diputados de Amazonas que la solicitaron el 15 de noviembre de 2016. Su sucesor, Julio Borges, se inició temprano con la declaratoria de que Nicolás Maduro había ¡abandonado su cargo! un día antes (9 de enero) de que venciera el plazo para que una falta absoluta del Presidente causara una elección presidencial dentro de los siguientes treinta días. Tan no creyó en su propio juicio que no ofició al Consejo Nacional Electoral mandando la elección. Su última ocurrencia fue nombrar magistrados a unos cuantos ingenuos que han debido exiliarse para huir de la prisión, sin que los legisladores puedan protegerlos. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después de un centenar de muertos, ya la MUD no organiza protestas y cada vez menos gente atenderá sus convocatorias.

A otras personas escribí: «La falta de quórum en la AN, más lo de BCP Securities, implica que es necesarísimo poner en juego una contrafigura de Maduro que no provenga de la MUD. El deterioro de la dirigencia opositora es imparable». Lo ideal sería promover a alguien con un discurso de nivel superior al ideológico (capaz de anular la narrativa oficialista por superposición antes que por mera acusación), que no entienda la política como mera lucha por el poder, con trayectoria ejecutiva comprobadamente exitosa y dominio del «verdadero arte del Estado» (Alexis de Tocqueville): «…una clara percepción de la forma como la sociedad evolu­ciona, una conciencia de las tendencias de la opinión de las masas y una capacidad para predecir el futuro«.

Tal vez exista. LEA

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