Treinta cuatro años de advertencias

 

Hay que hacer caso a los avisos

 

Yo nunca tengo razón; yo siempre tenía razón. (Solía decir el padre del Arqto. Juan Bravo Sananes).

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Corría el año de 1985 y el presidente Lusinchi contestaba, según ritual establecido, la participación de la instalación de un nuevo período del Congreso de la República. En cándida admisión, dijo a los presentes en el acto protocolar celebrado en Miraflores: “…el Estado casi se nos está yendo de las manos”.

¿Qué debiera decir, con idéntica sinceridad, Nicolás Maduro a un año de su Plan de Recuperación Económica? Por la medida chiquita debiera admitir que el Estado se le ha ido de las manos, visto el evidentísimo fracaso de su cacareado remedio.

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“Ya llevamos diecisiete años de diálogo”. Lo dijo primero María Corina Machado, y tardó sólo un día Antonio Ledezma en repetirlo. Diecisiete años atrás estábamos en 2002. ¿A qué diálogo se refieren Machado & Ledezma? ¿Al Carmonazo, la toma de la Plaza de Altamira por militares, el inicio del Paro Petrolero…?

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Ahora hay preocupación en Alemania por los alarmantes pronósticos de un triunfo electoral de la ultraderecha en Sajonia y Brandenburgo, que celebrarán elecciones el 1º de septiembre. Me escribe un informado y competente amigo comentando el fenómeno: “Tenemos muchas alertas. Todo el mundo es una alerta”.

Bueno, sí. Hace tiempo que algunos alertamos:

Es evidente la proliferación de crisis políticas en el mundo en estos tiempos, y tal cosa sugiere que más que sólo eso estamos ante una crisis planetaria de la Política en tanto profesión. No otra cosa es el fenómeno manifestado en el Movimiento de los Indignados, Occupy Wall Street, el ascenso de Podemos en España, el de Syriza en Grecia y la sorpresiva votación de las últimas elecciones del Parlamento Europeo, que fueron un rechazo a las organizaciones políticas tradicionales y la vigorosa expresión de radicalismos de derecha e izquierda.

Venezuela no escapa a este fenómeno; es más, lo ha anticipado. Parece ser nuestro sino ser precursores—o bellwethers, según expresión de John Naisbitt—en materia de problemas; la crisis financiera de 2008 en los EEUU y Europa nos llegó a nosotros en 1994, las privaciones que vive ahora Grecia nos tocaron con el paquete de Pérez a partir de 1989, y esta crisis de las organizaciones políticas tradicionales ya se manifestaba entre nosotros en las encuestas de Gaither a comienzos del gobierno de Jaime Lusinchi. Aquella encuestadora solía preguntar cuál era “el mejor partido” entre las opciones AD, COPEI, MAS y otros. Usualmente obtenía un total de alrededor de 28% de encuestados que no lograban identificar un mejor partido; así fue en agosto del 74, septiembre del 79 y octubre del 83. La medición subió repentinamente a 43% en agosto de 1984, poniendo de manifiesto un repentino desplazamiento sísmico en la opinión ciudadana en este punto.

El proceso venezolano continuó su curso con la crisis del segundo gobierno de CAP entre 1991 y 1992; después con la intención de voto de hasta 70% por Irene Sáez, mientras se la vio como postura antibipartidista antes del apoyo de COPEI. El desagüe electoral de la misma preferencia a través de Chávez, quien en diciembre de 1997, un año antes de su primera elección, sólo alcanzaba de 6% a 8% de intención de voto, ocurrió una vez que Salas Römer se opuso a la constituyente que la mayoría deseaba y aceptó el apoyo de la carne de la guanábana bipartidista: Acción Democrática. Ahora Grecia y la amenaza de Podemos en España parecen seguir el curso que ya nosotros hemos recorrido.

Los electores griegos y españoles no están conscientes de las causas profundas de la crisis; como creyeron los electores que han votado por Chávez y Maduro, entendieron que la cosa era un problema de corrupción y desatención a la pobreza, que la culpa de ésta era de una “exclusión” activa intencional, cuando la verdad es, como lo puso el programa de gobierno de María Bolívar, que ningún Estado puede darle entera satisfacción material ni cultural a la sociedad”, y que no se reúne gente todas las semanas en el Country Club para discutir cómo va a excluir más personas de la riqueza.

La causa de la crisis de la Política en todo el mundo es de orden paradigmático; su etiología es la esclerosis de los marcos mentales desde los que operan los actores políticos tradicionales, y éstos no son otros que la comprensión de la Política como lucha por el poder legitimada por una ideología, y el empleo de imágenes clásicas para intentar la comprensión de la sociedad: las newtonianas de “fuerzas” y “espacios políticos” o las geométricas que representan la sociedad como un pastel que puede cortarse con nitidez. (“…un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales”. Manifiesto de Ledezma, López & Machado, 11 de febrero de 2015).

La emulación, la competencia humana por el poder no va a desaparecer—el instinto territorial está cableado en el piso más primitivo del cerebro humano—pero, como con el boxeo a partir del Marqués de Queensberry, pudiera ser reglamentada. Es posible crear espacios políticos en los que se fuerce una legitimación programática, en vez de ser carismática, tradicional o burocrática, como vio Max Weber, o la que simplemente se fundamenta en la mera descalificación ritual del adversario.

Pero es más fácil todavía postular un nuevo espacio político en el que se proscriba la función ideológica. Las ideologías, en sus variedades conocidas (inventadas en el siglo XIX para manejar los asuntos públicos en sociedades de complejidad mucho menor que las del siglo XXI), son obviamente obsoletas. El mismo día de la muerte de Carlos Fuentes (15 de mayo de 2012), se publicaba simultáneamente en Madrid y Ciudad de México su último artículo: Viva el socialismo, pero… En él preguntaba: “¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha?”

La ideología debe ser suplantada por la metodología, una metodología clínica para un oficio cuyo fin es resolver problemas de carácter público, y las nociones geométricas adecuadas ya no son las euclidianas sino las fractales, las correspondientes a la ciencia de la complejidad. Los conceptos políticos del siglo XIX no pueden asir la compleja realidad de las sociedades del siglo XXI. El uno romano ha escapado del encierro de las equis.

Eso fue escrito el 11 de marzo de 2015 (Una especie política nueva). Pero ya se alertaba el 17 de junio de 1998, en De héroes y de sabios:

Es probable que continúe habiendo un predominio de los “hombres de acción” en las cabezas ejecutivas de los Estados, de los partidos políticos, pero aun en este caso habrá un marcado aumento del espacio y la influencia de los “hombres de pensamiento” en la política.

Es probable que los hombres de pensamiento que se dediquen a la formulación de políticas se entiendan más como “brujos de la tribu” que como “brujos del cacique”. Esto es, se reservarán el derecho de comunicar los tratamientos que conciban a los Electores, sobre todo cuando las situaciones públicas sean graves y los jefes se resistan a aceptar sus recomendaciones.

Pero también es probable que en algunos pocos casos algunos brujos lleguen a ejercer como caciques. En situaciones muy críticas, en situaciones en las que una desusada concentración de disfunciones públicas evidencie una falla sistémica, generalizada, es posible que se entienda que más que una crisis política se está ante una crisis de la política, la que requiere un actor diferente que la trate.

Y luego el nuevo paradigma político se extenderá por el planeta: uno en el que la inteligencia reivindique su espacio y su función y en el que los hombres intelectualmente más capaces no sean tratados como inhábiles políticos.

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Ya en febrero de 1985 se hacía notar lo siguiente: “…no es que descalifiquemos a los actores políticos tra­dicionales porque supongamos que en ellos se encuentre una mayor cantidad de malicia que lo que sería dado esperar en agrupaciones humanas normales. Los descalificamos porque nos hemos convencido de su in­capacidad de comprender los procesos políticos de un modo que no sea a través de conceptos y significados altamente inexactos. Los desautorizamos, entonces, porque nos hemos convencido de su incapacidad para diseñar cursos de acción que resuelvan problemas realmente cruciales. El espacio in­telectual de los actores políticos tradicionales ya no puede incluir ni siquiera referencia a lo que son los ver­daderos problemas de fondo, mucho menos resolverlos”. Son treinta y cuatro años de advertencias (el doble de los diecisiete de “diálogo” de Ledezma & Machado).

Seguiremos advirtiendo, hasta donde nos alcance la mirada. LEA

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Repeat after me (2)

Es muy sencillo

Repitan después de mí:

  1. La Constitución no está suspendida mientras opera una Asamblea Nacional Constituyente.
  2. Las decisiones mencionadas en su Art. 349—Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente—tendrían, por tanto, rango subconstitucional, no pueden ir contra lo constitucionalmente dispuesto, por cuanto el más mínimo cambio de ello requiere un referendo aprobatorio.
  3. El Art. 200 dispone: “De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”. La ANC—que no es la Asamblea Nacional (del mismo modo que Guaidó no es el Presidente de la República)—no puede autorizar la detención de diputados ni la continuación de su enjuiciamiento.

Pregunten al profesor Herman Escarrá. (A ver qué dice). LEA

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De Oslo a Bridgetown

 

Del frío nórdico al calor tropical

 

La semana comenzó auspiciosamente con el anuncio de un acuerdo preliminar entre el gobierno venezolano y su oposición: que habría elecciones presidenciales al término de un embarazo de nueve meses. Así lo advertía Nelson Bocaranda Sardi en uno de sus runrunes: “Esto estará en el tapete en Barbados: Elecciones LIBRES y SIN Maduro en 9 meses (Rojos aseguran que Maduro no será candidato), posibles candidatos del PSUV: Diosdado Cabello o Héctor Rodríguez Y FUERTE PRESIÓN MILITAR para que se llegue a un acuerdo cuanto antes”.

Por su parte, Heilet Morales escribió en el diario marabino Panorama (Elecciones en 9 meses sobre la mesa de negociación):

El pedido de elecciones presidenciales es un inamovible de la mesa de negociación, desde hoy instalada en Barbados con anuencia de Noruega y con la presencia de Gobierno y oposición. Se trata de la tercera ronda de negociación en la que la oposición presentará “la propuesta de realizar las presidenciales en nueve meses”, confirmó a este medio una fuente vinculada al entorno de Juan Guaidó. Gerardo Blyde liderará al equipo opositor que insiste en cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), voto de los millones de migrantes en el extranjero, y que Maduro ceda el poder, además sin la posibilidad de ser candidato. “Un CNE con la supervisión internacional y el voto de los venezolanos afuera es mucho lo que se puede avanzar”, agregó la fuente. (…) El español diario El Mundo, publicó que los noruegos aseguran a la oposición que “ya Maduro aceptó la convocatoria de unas elecciones presidenciales con garantías. Sin embargo, el principal escollo, según legisladores con directo conocimiento de las conversaciones, es que el ‘presidente pueblo’ no quiere abandonar el poder en los meses previos a los comicios”. (…) La propuesta de una elección presidencial en nueve meses es cónsona con los tiempos de que dispone, por ejemplo el Parlamento, para designar a nuevos rectores, aunque en el mejor de los casos se hable de un mínimo de seis meses.

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Eso está muy bien; de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo a ese respecto de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

En cuanto al plazo para recambiar el Consejo Nacional Electoral, de nuevo el Pueblo puede acortarlo mediante una pregunta ulterior del referendo esbozado:

Si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral  según el siguiente procedimientodos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes. (Ver Tiempo de Guerra, 10 de junio de 2019).

“¿Por qué rechazan los políticos profesionales de uno y otro bando en Venezuela la apelación al Soberano para resolver nuestros muy agudos problemas de Nación?” (Historia de una renuencia, 11 de diciembre de 2018).

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Queda por dilucidar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro mientras se celebra una elección presidencial y si ese ciudadano debiera ser impedido de participar en ella como candidato. Puede acordarse constitucionalmente una falta temporal del Presidente por seis meses:

Artículo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más.

El presidente Maduro podría convenir en nombrar un Vicepresidente Ejecutivo más neutral, más potable, antes de ausentarse “temporalmente”. (Seguiría siendo Presidente de la República hasta la nueva elección, pero no en ejercicio). Y ya en Prontas elecciones (22 de octubre de 2016), se argumentaba:

El Poder Constituyente Originario, el Pueblo llamado a referendo en ese carácter, tiene la potestad de superponerse a la Constitución y aprobar una norma que ella no contemple. En consecuencia, puede preguntársenos a Nosotros, la Corona, el Soberano, lo siguiente:

¿Está Ud. de acuerdo con la convocatoria a elecciones, en el plazo de tres meses a partir de esta fecha, que escojan al ciudadano que se encargue de la Presidencia de la República hasta el 10 de enero de 2019, elecciones ésas en las que podrá participar como candidato el ciudadano Nicolás Maduro Moros, actualmente en el cargo?

Que el presidente Maduro pueda presentarse como candidato marca, primeramente, una diferencia sustancial con la figura del referendo revocatorio; no se trata de una revocación, no la sustituye, y por consiguiente no puede recibir contravención jurídica alguna sobre la base de que la revocación está expresamente normada en la disposición del Artículo 72 de la Constitución. Luego, tal vez funcione como disuasivo de lo que pudiere ser su explicable tentación de oponerse a la solución descrita, con igual denuedo con el que ha entorpecido la revocación.

Si se va a una nueva elección con un CNE confiable, si todo estudio de opinión mide el enorme rechazo nacional que suscita la persona política de Nicolás Maduro, no hay que temer por su reelección, e impedirle su participación como candidato sería violar sus derechos políticos mediante un procedimiento anticonstitucional: “El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”. (Art. 42 de la Constitución). De todos modos, Bocaranda pudiera estar bien informado: “Rojos aseguran que Maduro no será candidato”. LEA

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¿Resistir o mandar?

 

Una protesta incivil

 

incivil Del lat. incivīlis. 1. adj. Falto de civilidad o cultura. 2. adj. Grosero, maleducado.

Diccionario de la Lengua Española

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Notre Dame Philosophical Reviews es un extraordinario servicio gratuito de la muy prestigiosa Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos). Semanalmente, hace llegar a los suscriptores de su lista de correos reseñas de libros sobre temas filosóficos, que con frecuencia tratan de Filosofía Política. El pasado 21 de junio, recibí la del libro de Candice Delmas: A Duty to Resist – When Disobedience Should Be Uncivil, (Un deber de resistir: cuando la desobediencia debe ser incivil). En tiempos de los desórdenes de los “chalecos amarillos” en Francia, la erupción de protestas en Hong Kong y, por supuesto, de la resistencia ciudadana al gobierno de Nicolás Maduro, la lectura del correo de Notre Dame pareciera ser especialmente útil.

Busqué, pues, más información, y encontré una descripción sintética colocada en la web por la casa editora, nada menos que Oxford University Press. Traduzco:

¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a la injusticia? ¿Cuán lejos debiéramos ir para combatirla? Muchos sostendrían que, en tanto un estado sea cercano a justo, los ciudadanos tienen un deber moral de obedecer la ley. Quienes proponen la desobediencia civil sostienen en general que, dado este deber moral, una persona necesita una sólida justificación para quebrantar la ley. Pero activistas que van desde Henry David Thoreau y Mohandas Gandhi hasta el Movimiento por las Vidas de los Negros han reconocido desde hace tiempo que hay veces cuando, en vez de tener un deber de obedecer la ley, tenemos un deber de desobedecerla.

Asumiendo con seriedad la historia de este activismo, Un deber de resistir lucha con el problema de la obligación moral en sociedades del mundo real que albergan la injusticia. Candice Delmas argumenta que el deber de justicia, el principio de equidad, el deber samaritano y la asociación política imponen la responsabilidad de resistir bajo condiciones de injusticia. Debemos expandir la obligación política para incluir un deber de resistir leyes y condiciones sociales injustas aun en estados legítimos.

Para Delmas, el deber de resistir exige una desobediencia principista, y esa desobediencia no siempre será civil. A veces, actos encubiertos, violentos, evasivos u ofensivos de quebrantamiento de las leyes pueden justificarse, incluso pueden ser requeridos. Delmas defiende la viabilidad y necesidad de la asistencia ilegal a emigrantes ilegales, la difusión de información clasificada, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDDoS), el sabotaje, la autodefensa armada, el arte de la guerrilla y otros medios de resistencia. Hay límites; los principios no justifican por sí mismos el quebrantamiento de la ley. Pero la desobediencia incivil puede ser en algunos casos no sólo permisible sino requerida para resistir la injusticia.

No he leído el libro hasta ahora, pero imagino que una académica tan rigurosa como Delmas no habrá pasado por alto las condiciones de la guerra justa de la tradición occidental. (Ver acá La salida, 21 de febrero de 2014). Pero en la reseña precedente y la que enviara la gente de Notre Dame echo en falta algo más drástico y definitivo al tiempo que moralmente correcto, y eso no es otra cosa que el derecho de rebelión. Creo que la formulación primera de tal derecho—con cierto precedente en los holandeses*—ocurre en la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, tres semanas y un día antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica:

…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública.

La soberanía del Pueblo lleva implícita esa capacidad, ese derecho de abolición. (Ver Manda Su Majestad, 17 de diciembre de 2016). Claro, no puede haber duda de que tal es la voluntad del soberano mayoritario; algo como el 38,5% del registro electoral en el “plebiscito” convocado por la oposición venezolana para el 16 de julio de 2017 no es suficiente, no equivale a un “mandato del pueblo”, como han sostenido reiteradamente algunos dirigentes opositores. Sostener tal cosa, eso sí, es una usurpación de la mayoría popular.

No encuentro en las descripciones del texto de Delmas la decisiva claridad de los virginianos, y sostengo que mandar es preferible a desobedecer, es muy preferible a protestar. LEA

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*Un importante antecedente de la Declaración de Derechos de Virginia, plantilla de la Declaración de Independencia de los EEUU que la seguiría a las tres semanas, es el Acta de Abjuración de los Estados Generales holandeses (26 de julio de 1581) contra la Corona de España. Éste es su preámbulo: “Como es aparente a todos, un príncipe es constituido por Dios para ser el gobernante de un pueblo, defenderlo de la opresión y la violencia como un pastor a sus ovejas; y Dios no ha creado al pueblo como esclavo de su príncipe, para obedecer a su mandato sea éste justo o injusto, sino antes al príncipe para sus súbditos (sin los que no podría ser príncipe), para gobernarlos de acuerdo con la equidad, amarlos y sostenerlos como un padre a sus hijos o un pastor a su rebaño, incluso a riesgo de su vida para defenderlos y preservarlos. Y cuando él no se conduce de ese modo, sino que, por lo contrario, les oprime, buscando oportunidades para infringir sus antiguas costumbres y privilegios, exigiéndoles aquiescencia esclava, entonces ya no es más un príncipe, sino un tirano, y los súbditos no tienen por qué considerarlo de otro modo. Y particularmente cuando eso lo hace deliberadamente, sin autorización de los estados, ellos pueden no sólo inhabilitar su autoridad, sino proceder legalmente al escogimiento de otro príncipe para su defensa. Éste es el único método que queda a los súbditos cuyas humildes peticiones y protestas nunca pudieron ablandar a su príncipe o disuadirlo de sus tiránicos procedimientos: y es esto lo que la ley natural dicta para la defensa de la libertad, que debemos transmitir para la posteridad, aun a riesgo de nuestras vidas”.

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Breviario sobre la crisis política venezolana

 

De un hombre de iglesia muy político

 

breviario Del lat. breviarium ‘epítome’, ‘inventario’. 1. m. Libro que contiene el rezo eclesiástico de todo el año. 2. m. epítome (resumen). 3. m. Impr. Fundición de nueve puntos, como la que solía usarse en las antiguas impresiones del breviario romano. 4. m. desus. Libro de memoria o de apuntamiento.

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Lo que sigue es transcripción de notas remitidas al mismo prelado venezolano a quien antes dedicara las que este blog reprodujo en Lloviendo sobre mojado (15 de marzo de 2019), y para quien antes aún compusiera Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017).

 

 

BREVIARIO

Sobre la crisis política venezolana y la vía correcta de solución

29 de mayo de 2019

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El funcionamiento del Estado venezolano y el país en su conjunto ha sufrido un gravísimo deterioro, como consecuencia de la equivocada pretensión de implantar en él un esquema socialista—“Sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, y la distribución de los bienes”, Diccionario de la Lengua Española—y la general incompetencia de sus actores políticos, de uno y otro bando de nuestra confrontación.

Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre. (Las élites culposas, mayo de 2012).

 

La ruta de Guaidó

La más reciente narrativa opositora sostiene una “ruta” de tres etapas: 1. Cese de la “usurpación”; 2. Gobierno de transición; 3. Elecciones libres de nuevo Presidente de la República. Ella es un libreto falaz, construido en el exterior e interpretado por actores de oposición que siguen el liderazgo impuesto del diputado Juan Guaidó. Veamos.

Primeramente, el Art. 9 de la Constitución vigente establece: “El idioma oficial es el castellano”. Entonces, “usurpar” es “Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. (Diccionario de la Lengua Española). ¿Quién es ese “otro”? ¿A quién ha usurpado el cargo Nicolás Maduro Moros?

Juan Guaidó no es el Presidente “encargado” o “interino” de la República. Su pretensión se funda en una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución, el que atribuye al Presidente de la Asamblea Nacional, por treinta días, la Presidencia de la República sólo en este caso:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Esto es, su aplicación implicaría admitir que había un Presidente electo que por algún motivo no había tomado posesión antes de su “falta absoluta”.

Hernández y su vociferante jefe

Que esa norma no se aplicaba al caso real fue argumentado por el hoy “Procurador Especial” José Ignacio Hernández—nombrado inconstitucionalmente por el diputado Guaidó—quien escribiera el 11 de enero: “…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual”. Luego propondría una barbaridad para que la pretensión de Guaidó se sostuviera: “corresponde a la Asamblea Nacional decidir cómo interpretar el artículo 233 para ajustar esa norma a la situación actual”.

Entre Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. El domingo 27 de enero me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación, porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, no hay reacción ulterior de Hernández.

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Poco después, sugeriría el diputado Guaidó que la Asamblea Nacional estaba constitucionalmente facultada para solicitar una intervención armada extranjera que depusiera al gobierno que preside Nicolás Maduro, porque así lo permitiría el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución. Esa disposición dice: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

Una “misión militar” no es en ningún caso una intervención de guerra o una invasión por Venezuela en otro país ni de otro país en Venezuela. El concepto se refiere a un acuerdo de colaboración de orden técnico—asesoría o instrucción, como funcionó en Venezuela durante décadas con una misión militar de los EEUU—que se establezca por acuerdo de nuestro gobierno y otro foráneo. A todo evento, lo que la AN puede hacer, como reza el Artículo citado, es autorizar al gobierno para establecer la misión del caso. (Diccionario de la Lengua Española: autorizar. Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo). La Asamblea Nacional no puede autorizarse a sí misma, pero tal monstruosidad fue exigida después de la mención de Guaidó por voces radicales de la oposición; notablemente, por la Sra. Ma. Corina Machado.

Que esas “tesis” proferidas por Guaidó hayan sido reconocidas por una cincuentena de países no las convierte en verdaderas de ningún modo. El “tecnicismo legal” que fundamenta la empresa del Ing. Guaidó, vendido como sacrosanto a cancillerías de países que lo dan por correcto sin examinar por sí mismas nuestra Constitución, es una patraña, y la solución a nuestros problemas debe provenir de nosotros mismos, como ha enfatizado el Grupo Internacional de Contacto. El literal d del Art. 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece con gran claridad: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales”.

Considérese, además, los siguientes artículos de la misma carta:

Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.

Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Artículo 21. El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.

Cuba fue miembro de la OEA, bajo el régimen de dictadura comunista de Castro, desde 1959 hasta 1962, cuando fue suspendida luego de agredir a Venezuela con el financiamiento y organización de la subversión armada de nuestras guerrillas; esto es, porque había violado precisamente el Art. 19 de la carta. A pesar de eso, casi ocho años después de la Carta Democrática Interamericana (11 de septiembre de 2001) se decidió dejar sin efecto tal suspensión en julio de 2009.

Por otro lado, Chile fue miembro de la OEA durante todo el régimen de Augusto Pinochet, como lo fueron Argentina y Brasil cuando sufrieron dictaduras militares. Esos regímenes no fueron objetados en la organización. Por lo contrario,

Una “misión militar” de EEUU

…los Estados Unidos de Norteamérica intervinieron importantemente en la deposición de Salvador Allende en Chile (1973, bajo la presidencia del republicano Richard Nixon), y establecieron la Operación Cóndor, “nombre con que se conoce al plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América del Sur—Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,—con participación de los Estados Unidos, siendo Henry Kissinger señalado como su ideólogo. Fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, con el fin de instalar en la región un plan económico neoliberal, con el desmantelamiento de los Estados como articuladores de la vida pública y el desarrollo económico, más un fuerte endeudamiento externo. Esta coordinación implicó, oficial y directamente, el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado, o contrarias a su política o ideología. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Los llamados “Archivos del Terror” hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 “desaparecidas” y 400.000 encarceladas. (Wikipedia en Español).

Comparado con Pinochet o Videla, Maduro es un boy scout.

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La segunda etapa de la “ruta Guaidó” es el establecimiento de un gobierno transicional, mediante la aprobación en la Asamblea Nacional de un tal “estatuto de transición” el 5 de febrero. Tal noción es enteramente inconstitucional, y la AN excede en consecuencia sus facultades. En general, son varias las voces opositoras que recomiendan defender la Constitución de los abusos oficialistas y, acto seguido, prescriben su violación. (Luis Ugalde S. J., por ejemplo, abogó por lo primero el 12 de junio del año pasado y al día siguiente proponía un “gobierno transicional” bajo la forma de una “Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión”. Es evidentísimo que nuestra Constitución no contempla ningún caso de una junta de gobierno cívico-militar).

Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente puede hacer algo así, por cuanto la Constitución no está suspendida mientras ella opera. La más mínima alteración (una mera enmienda) de la Constitución sólo adquiere vigencia con su explícita aprobación por el Pueblo, en referendo convocado al efecto. (Art. 341 de la Constitución).

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Queda únicamente de “la ruta Guaidó” la celebración de nuevas elecciones presidenciales “creíbles”. Salvo una renuncia del presidente Maduro, que las causaría automáticamente, no puede haber elecciones presidenciales que interrumpan un período constitucional sin una aprobación expresa del Pueblo en referendo.

Monarca absoluto

El Pueblo es el único poder supraconstitucional, el único que no está limitado por la Constitución. (Sólo lo limitan los derechos humanos y los tratados contraídos válidamente con soberanías equivalentes de otros países, según la doctrina fundamental que estableciera la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, cimiento de nuestra constitucionalidad; su desconocimiento implicaría el desmoronamiento de todo el edificio público de la Nación, pues fue esa sentencia la que dio origen a todo el proceso constituyente de ese año, que culminara con la aprobación en referendo de la vigente Constitución).

Por tal motivo, sólo dos cosas pudieran provenir de una mesa de negociación en Oslo o Jerez de la Frontera: la concesión de la renuncia de Maduro o la celebración de un referendo capaz de imponer soberanamente una nueva elección presidencial.

 

La ruta correcta y practicable

Es concebible una negociación más amplia en Oslo, que incluya varios otros problemas y sus soluciones. Por ejemplo, lo expuesto en Del armisticio como programa y su más compacta síntesis en Versión formal. (11 y 26 de mayo de 2017). Tal esquema de acuerdo no se predicó entonces entre gobierno y oposición—entes de gran asimetría y mayor pugnacidad recíproca—sino entre los poderes públicos nacionales, obligados a la cooperación por el Art. 136 de la Constitución: “Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. (El 27 de abril de 2016 decía un comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana en su numeral noveno: “El respeto a la institucionalidad es un compromiso y una obligación moral irrenunciable. Los Poderes Públicos deben respetarse entre sí y articularse a favor de la nación”).

En los textos mencionados, se enumera un conjunto de concesiones recíprocas, como el mutuo reconocimiento de los poderes, la anulación de cosas tales como la declaración de abandono del cargo por parte del presidente Maduro (9 de enero de 2017), la restitución de la eficacia como poder público a la Asamblea Nacional (contrayendo la anulación de sus actos sólo a aquellos que hubieran incluido los votos de los diputados objetados del estado Amazonas), “la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”, la admisión de ayuda humanitaria de procedencia internacional, la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, etcétera.

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Pero, obviamente, es la nueva elección presidencial el nudo del problema y es, por tanto, lo que debe obtenerse y lo que debe ser explicado a los mediadores de presunta buena voluntad (el Grupo Internacional de Contacto y el Mecanismo Noruego). Convendría supremamente explicar el punto a la Santa Sede, adonde ha ido el Sr. Elliott Abrams—el “Enviado Especial” de Donald Trump para Venezuela—a reunirse acerca del caso venezolano con el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Éste podría transmitirlo entonces a los EEUU.

Tal elección, como ha sido argumentado, sólo podría derivarse de un acto referendario, lo que sería el punto central del acuerdo. La aceptación de tal salida por el oficialismo se haría más probable si se permitiera la participación del presidente Maduro como candidato, aunque éste decidiese no serlo para ahorrarse una humillación electoral. Y esa concesión pudiera contraprestarse al permitir que sea la Asamblea Nacional el órgano que convoque el referendo consultivo necesario, en un acto que sólo requiere mayoría simple de diputados (Artículo 71 de la Constitución) y sería el primero tras la recuperación de su eficacia como poder, hoy en día confiscada. (En gran medida, por su propia culpa).

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Resta dilucidar el punto de si tal referendo y las elecciones que de él se derivarían, que debiera organizar el Consejo Nacional Electoral según el Numeral 5 del Art. 293 de la Constitución, tendrían que ser precedidos de una recomposición de ese mismo consejo. Dicha recomposición consumiría algún tiempo, si es que va a seguirse el procedimiento constitucional y legalmente pautado, pero ciertas consideraciones merecen ser tomadas en cuenta:

1. La convocatoria del referendo no puede ser obstaculizada, como lo fuera el intento revocatorio de 2016, por cuanto provendría de una decisión de la Asamblea Nacional con poderes restablecidos. (No se requeriría una convocatoria por iniciativa popular con 10% del registro electoral).

2. Nadie ha demostrado fraude electoral que adulterase resultados desde que entrase en funciones la dominación chavista-madurista en 1999. Son patentes, por supuesto, el abuso y el ventajismo oficialistas en campañas y actos electorales, los que podrían minimizarse mediante la presencia de observación internacional confiable.

3. El Consejo Nacional Electoral, que proclamó Presidente electo a Nicolás Maduro en la elección del 20 de mayo de 2018, es el mismo que proclamara la elección de 112 diputados de oposición en la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. (Rebajados a 109 por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que fuesen interpuestos nueve recursos de impugnación de la proclamación de los diputados de Amazonas, a siete de los cuales se opuso el CNE mientras la oposición no litigó ninguno).

4. Tibisay Lucena presidía el Consejo Nacional Electoral para la oportunidad del referendo aprobatorio de proyectos estratégicos de reforma constitucional (2 de diciembre de 2007), cuando un envalentonado presidente Chávez, que venía de derrotar abrumadoramente a Manuel Rosales el año anterior, quiso introducir en la Constitución artículos socializantes de contrabando. Esos proyectos fueron derrotados por mínimas diferencias de 1,31% y 2,02%, y aun así el CNE proclamó tales resultados para un asunto tan crucial a los socialistas.

5. Finalmente, una asistencia masiva al referendo propuesto, para mandar una nueva elección presidencial, sería inocultable en la práctica.

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Apuntes adicionales

-La elección presidencial del 20 de mayo de 2018 es válida, aunque fuera “convocada” por la Asamblea Nacional Constituyente. En la práctica, fue convocada y organizada por el Consejo Nacional Electoral, luego de la decisión de la ANC, pero el Artículo 349 de la Constitución establece: “Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. El CNE, un poder constituido, debía acatar la prescripción de la ANC que, si bien contrariaba la costumbre en materia de su fecha, no violaba disposición constitucional o legal alguna. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales prescriben una fecha a la elección de Presidente.

-La Asamblea Nacional Constituyente fue legítimamente convocada por el presidente Maduro, facultado inequívocamente por el Art. 348 de la Constitución. La tesis Brewer-Carías acerca de la necesidad de un referendo previo es enteramente equivocada; la convocatoria del 1º de mayo de 2017 fue un ejercicio indirecto de la soberanía popular según lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución. (“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”). Otra cosa es que la constituyente en funciones fuera necesaria (que no lo era) o que haya servido para algo útil. (Salvo proveer al gobierno un órgano legislativo que supla a la Asamblea Nacional, en rebeldía desde su instalación el 5 de enero de 2016).

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Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo…

(Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

LEA

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Política falaz

Entrada actualizada en nuevas notas al pie

 

Típicas en el “razonamiento” político

 

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.

Artículo 200 de la Constitución de la República de Venezuela

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El Sr. Diosdado Cabello ha anunciado que la Asamblea Nacional Constituyente procederá a allanar la inmunidad parlamentaria de aquellos diputados de la Asamblea Nacional que hayan participado en el intento insurreccional del pasado 30 de abril. De tomar el cuerpo que preside tal decisión, estaría violando directamente la Constitución Nacional. Veamos.

1. La Constitución no está suspendida mientras funciona la Asamblea Nacional Constituyente, y cualquier modificación de aquélla—enmienda o reforma—o su sustitución por una enteramente nueva requieren la aprobación expresa del Pueblo en referendo, lo que no ha ocurrido. (Artículo 341 numerales 3 y 4, Artículo 344 y Disposición Final Única de la Constitución).

2. El Artículo 200 de la Constitución establece que sólo el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional, puede ordenar la detención de un diputado y continuar su enjuiciamiento. La Asamblea Nacional Constituyente no es ni el Tribunal Supremo de Justicia ni la Asamblea Nacional.

3. El Artículo 349 de la Constitución indica, ciertamente, que “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, pero esas decisiones sólo podrían tener rango subconstitucional, no pueden contradecir en nada a la Constitución por la razón expuesta en el primero de los puntos.

La Asamblea Nacional Constituyente no tiene vela en ese entierro. Si Cabello insiste en su desvarío, incurriría en responsabilidad penal y debiera ser “castigado de conformidad con la ley” junto con los diputados constituyentes que voten a favor de la violación.

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Otra cosa es que puede haber diputados de la Asamblea Nacional que hayan incurrido en los obvios llamados a la insurrección militar del 30 de abril; muy clara y especialmente, el diputado Juan Guaidó. En consecuencia, la Asamblea Nacional debiera autorizar su detención y enjuiciamiento, puesto que se está ante un presunto delito que además es flagrante. (“En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”).

Por supuesto, tal cosa no va a ocurrir; la Asamblea Nacional se ha declarado en guerra contra los restantes poderes públicos nacionales desde su instalación el 5 de enero de 2016, y con el nombramiento inconstitucional—sin la participación del Poder Ciudadano—de un Tribunal Supremo de Justicia paralelo (“legítimo”) el 21 de julio de 2017. Del lado oficialista, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado en desacato al Poder Legislativo Nacional, que se ha negado a atenerse a su decisión (en Sala Electoral) de invalidar la elección de diputados por el estado Amazonas. Como consecuencia, el TSJ ha declarado nulas todas las actuaciones posteriores de la Asamblea Nacional.*

También es claramente violatorio de la Constitución el tal “Estatuto de Transición” aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero de este año, como es falaz el argumento de que Guaidó sería el encargado de la Presidencia de la República al aducir una lectura interesadamente distorsionada del Art. 233 de la Constitución**, e igualmente el que sostiene que la Asamblea Nacional puede autorizar la invasión por fuerzas militares de alguna potencia extranjera por otra distorsión, esta vez del numeral 11 del Artículo 187. (“Corresponde a la Asamblea Nacional… Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”). Una misión militar, típicamente de cooperación técnica con la Fuerza Armada Nacional, no es una invasión y, de todos modos, el Diccionario de la Lengua Española define autorizar así: “Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo”. Ese “alguien” es el Ejecutivo Nacional— que está presidido por Nicolás Maduro, no por Juan Guaidó—, es el Ejecutivo el que solicitaría la autorización de la Asamblea Nacional para una misión que hubiera acordado con algún gobierno foráneo; la cosa no es que por su cuenta la Asamblea Nacional pueda establecer misiones militares de cualquier país extranjero. Ella no puede autorizarse a sí misma.

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Una de dos: o la dirigencia política de lado y lado incurre conscientemente en el empleo de falacias o su razonamiento es harto defectuoso. Ambas posibilidades son verdaderamente lamentables, porque los venezolanos sufrimos grandemente, y en nada nos alivia el sufrimiento esa política falaz, esa política de mutuas malacrianzas, esa parálisis inducida del Estado. LEA

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* “El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas, por cuanto esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Su declaración de nulidad de actos de la Asamblea Nacional por tal motivo se sostendrá sólo para aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en cuestión. El Tribunal Supremo de Justicia admitirá como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. Adicionalmente, ordenará al Consejo Nacional Electoral la celebración perentoria de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente”. (En Versión formal, del 26 de mayo de 2017, que recoge un posible Acuerdo de los Poderes Públicos Nacionales, expuesto más extensamente en Del armisticio como programa quince días antes, y anticipado por la proposición de un acuerdo entre los poderes legislativo y ejecutivo—Plantilla del Pacto—enunciada el 25 de abril de 2016).

** Entre el Dr. [José Ignacio] Hernández y el suscrito se suscitó un intercambio en el espacio de Twitter. Primero, el domingo 27 me envió un tuit con sólo dos signos de interrogación porque contesté a alguien que su recomendación de que a la Asamblea Nacional le tocaba interpretar el Art. 233 de la Constitución era ir contra la Constitución. Entonces le expliqué:

En mi programa de ayer por RCR (Contra la corriente) me referí a su afirmación de que corresponde a la AN la interpretación del Art. 233 de la Constitución. La jurisdicción constitucional es facultad exclusiva del TSJ.

A eso contestó:

Jurídicamente ello no es cierto. Todos los órganos del Poder Público deben interpretar y aplicar la Constitución, como dispone el artículo 7. La Sala Constitucional solo tiene la exclusividad del control concentrado de la constitucionalidad.

A mi vez, disparé esta andanada:

Esto dice el Art. 7 que Ud. esgrime: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. Estar sujeto no es lo mismo que interpretar.

Y el Art. 336 dice clarísimamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”.

Ud. no tiene razón en este punto; su afirmación de que corresponde a la AN interpretar el Art. 233 no se sostiene. Eso sería usurpación de una potestad exclusiva del TSJ.

Para eso existe la figura de recursos de interpretación, que se dirigen al TSJ. Guaidó (o Ud.) han debido emplear ese recurso.

Hasta ahora, desde el domingo 27 de enero, no hay reacción ulterior de Hernández. (La Revolución Marrón, 30 de enero de 2019).

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Actualización a las 8:30 p. m.

La Asamblea Nacional Constituyente procedió a “allanar” hoy la inmunidad de los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Andrés Velásquez y Richard Blanco por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 30 de abril. Por su parte, el diputado Guaidó, principal responsable de esos hechos, no ha sido tocado. Éste declaró que “a la ANC no le importa el pueblo, la última vez que sesionaron fue para allanar una inmunidad y voy vuelven a sesionar para allanar más inmunidades. Mientras que nosotros hablamos de ayuda humanitaria, de solucionar la emergencia, de hablar con organizaciones del mundo para resolver la crisis, la única respuesta que tiene el régimen es perseguir y perseguir porque ya no gobierna, no tienen mando”. Retórica efectista; no atinó a emplear nada parecido a la argumentación frontal y fundamental que inicia esta entrada. Tampoco Julio Borges, quien no es ingeniero sino abogado, al poner este tuit: “TSJ usurpador ha decidido perseguir ilegalmente a todo el que haya dado la cara en la lucha por Vzla. Los venezolanos y la comunidad internacional respaldan y legitiman la labor de nuestros diputados y de la @AsambleaVE por restablecer la democracia. ¡Seguimos!”

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Actualización a las 11 p. m.

He aquí la reacción de la Asamblea Nacional a través del recién creado “Centro de Comunicación Nacional”, que tampoco argumenta que la Asamblea Nacional Constituyente no puede autorizar al Tribunal Supremo de Justicia al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Ni siquiera sabe defenderse con la argumentación correcta, oponiendo sólo la fácil y falsa muletilla de la “usurpación”:

Comunicado de la Asamblea Nacional

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