Heráldica política venezolana

Entrada actualizada en nota al pie.

Águila bifronte del Sacro Imperio Romano

 

En el siglo XVI d. C., el águila bicéfala era la marca heráldica más potente hasta ese momento, pues simbolizaba la unión de la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico (el imperio de los Habsburgos) con la Monarquía hispánica, incluidas las colonias castellanas en tierras americanas y asiáticas. El águila bicéfala será el emblema de los Habsburgos en Madrid y en Viena. (…) La imagen del águila bicéfala apareció en Rusia en el siglo XV d. C. (…) El escudo de los zares sufrió varias transformaciones y adiciones hasta que en 1917, la revolución sustituyó el escudo imperial por la hoz y el martillo, que persistió hasta 1992. En agosto de ese año el águila bicéfala renació para ser el escudo de la Federación Rusa, junto con la bandera también de origen zarista: blanca, roja y azul. (…) El simbolismo del águila bicéfala indica que una de sus cabezas mira hacia lo infinito del pasado, y la otra hacia lo infinito del futuro, mostrando con ello que el presente es apenas una fina línea de contacto entre dos eternidades.

Wikipedia en Español

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El águila bicéfala o bifronte es símbolo del poder monárquico que pretende ser la combinación de dos orígenes, sean éstos de héroes, dinastías o civilizaciones. En el mundo romano tiene el precedente del dios Jano, cuyo nombre sobrevive en Enero, Janvier (francés), January (inglés), Januar (alemán), Janeiro (portugués), Jaanuaril (estonio), Gener (catalán), Gennaio (italiano), Ianuarie (rumano), etcétera.

Rostro bifronte de Jano Colección Vaticana

Jano en la mitología romana, es el dios de las puertas, los comienzos, los portales, las transiciones y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año y se le invocaba públicamente el primer día de enero, mes que derivó de su nombre (que en español pasó del latín Ianuarius a Janeiro y Janero y de ahí derivó a enero). Jano es representado con dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil y no tiene equivalente en la mitología griega. El Janículo, colina ubicada en Roma, debe su nombre a este dios. (Wikipedia en Español).

  Los pinos del Janiculum (Pinos de Roma, Ottorino Respighi)

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Un bizamuro

El suscrito está muy lejos de despreciar a su país (ver en este blog Este piazo’e pueblo, 27 de julio de 2006), pero quisiera sugerir que no es un águila bicéfala el símbolo que puede representar con fidelidad la actual política nacional; es, creo, un zamuro bifronte el emblema apropiado por varias razones.

La primera es que los zamuros son mucho más venezolanos que las águilas, a pesar de que en nuestro país sea muy conocida el águila arpía, de la que hubo—no sé ahora—un ejemplar en el Parque del Este de Caracas. (El término arpía, por otra parte, derivado de la mitología—Ave fabulosa, con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña—se aplica con un sentido nada noble en la cuarta acepción que ofrece el Diccionario de la Lengua Española: “Persona codiciosa que con arte o maña consigue cuanto puede”).

Cambio zamuro por caballo

La segunda es que ya ha sugerido alguien recientemente—según una entrada en Facebook: El Zamuro como Ave Nacional de Venezuela—la sustitución del blanco caballo de la libertad en el Escudo de la República de Venezuela, precisamente, por un negrísimo zamuro, ave autóctona de rapacidad carroñera, que es rasgo de más de uno de nuestros políticos y comentaristas del ramo. (Presumo, sin ser equinólogo u ornitólogo, que hay en nuestra geografía un número mayor de negros zamuros que de caballos blancos).

Una tercera razón es que el presidente Maduro también ha sido asociado con nuestra más conocida ave de rapiña, en cuyo pico se encontraría:

 

La Pepa en su primera clase

La cuarta razón: sería facilísimo el establecimiento de la Orden de la Pepa de Zamuro (inspirada en la británica Orden de la Jarretera), sobre todo porque está listo el diseño desde el collar de su Primera Clase hasta la pepita de la Tercera. Naturalmente, los zamuros presidenciales o presidenciables—Maduro y Guaidó—debieran recibirla en el grado de Comendador.

Para un blasón venezolano bifronte

Finalmente, una quinta razón viene siendo la principal: apartando los zamuros pichoncitos y ordinarios de la política local—un exquisito postre de la repostería caraqueña lleva el nombre de Zamuritos, pero no son éstos a los que me refiero—, los zamuros reyes (los hay, zoológicamente hablando) son el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional: Nicolás Maduro Moros y Juan Guaidó; son sus figuras las que debieran ser representadas por un zamuro bicéfalo. Uno es de izquierda y otro de derecha; he allí la bifrontalidad esencial, característica de la “comprensión habitual de nuestra política nacional como película en blanco y negro, una historia de héroes contra villanos (en roles cambiantes según quien la cuente) que no admitiría otras salidas”. (El mercado político nacional, 8 de octubre de 2014). Más aún: quien se coloca a la izquierda en un plano planísimo debe mirar a la derecha y viceversa, así que los zamuros deben mirarse de frente; es lo que aconseja la lógica heráldica. Los picos de las cabezas zamuras (no confundir con samurai) debieran tocarse, a punto de devorarse mutuamente.

¿Una quimera?

Pudiera ser que en un futuro próximo fuese posible a la ingeniería genética, con ayuda de computación cuántica, lograr la fusión en un solo ser asombroso de Juan y Nicolás. Elon Musk sería, creo, capaz de lograrlo, y entonces Donald Trump entraría de lleno en la esquizofrenia.

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Autocrítica: la nota que antecede no es propiamente clínica, por lo que tal vez no deba publicarse en este espacio, pero quien escribe carece de un blog de pelea, y la lucha es inevitable en política. Por más que ella puede ser entendida como arte de carácter médico sujeta a un código de ética, no hay modo de desembarazarse del piso inferior del cerebro humano: el Complejo R (por aquello de reptiles), que se rige por instintos de territorialidad y competencia:

…nuestro cerebro reptil continúa modelando buena parte de nuestra conducta, principalmente nuestra conducta política que entendemos, las más de las veces, como modo de dilucidar territorios a base de comportamiento agresivo y establecer jerarquías sociales que los rituales confirman. (Política natural, 19 de marzo de 2009).

Como es sabido, los reptiles dan origen evolutivo a las aves pero, si soy sincero, debo asentar que no creo en otro emblema heráldico-monárquico que éste:

LEA

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Con fecha de hoy, 13 de agosto de 2019, el apreciadísimo amigo Orlando Amaya me hizo llegar desde el exterior el siguiente comentario a esta entrada:

Es una completa desgracia que tengas toda la razón en tu sátira.

Primero, porque el espectáculo es tan ridículo o grotesco que sólo a través de la sátira puede referírsele. No hay manera de argumentar con conocimiento de lo que se habla. No merece tratársele con seriedad. Como diría Eduardo Madina (dirigente vasco de la política española), saben lo que dicen pero no saben de lo que hablan. Aunque parezca una frase suma cero, no es así. Saber lo que se dice es actuar con miopía de futuro, viendo el beneficio inmediato, de bajo orden en el campo ético y reñido con la alta política. Saber de lo que se habla, es hacerlo con propiedad profunda y con visión u ojo clínico del futuro y el fondo. Esa relación, y a la vez esa diferencia, entre la cáscara y el amarillo del huevo únicamente la conocen y la entienden los responsables, con talento, estudios profundos y experiencias valiosas en la política.

La segunda y más preocupante razón es porque cada vez se entiende más que esa manera, costumbre o manía, es la política, en lugar de la inteligencia para diseñar las fórmulas que hagan grande a un pueblo. Dios quiera que sea por el síndrome de sarchaviosis o el “Sar” Nicolás de ahora y que la enfermedad sea tratable

Hasta aquí llevo pura teoría o generalidades; por eso quisiera ver una lista de las acciones, cambios de rumbo y políticas, reestructuraciones, acuerdos para una adecuada explotación de nuestros inmensos recursos, etc. Y como estamos en confianza, y sin ánimo de ofender algo que amo profundamente como es mi Venezuela, te repetiré una frase de mi dermatólogo de Caracas: “Veo a Venezuela como un gorila sentado sobre un baúl de morocotas, con la mano estirada mendigando un pedazo de pan”.

No te sabría decir cuál de las dos metáforas, la del zamuro o la del gorila, retratan mejor la situación.

Independientemente de las acciones o movimientos que haga la geopolítica, que tampoco es muy santa que digamos, creo que la fuerza del Soberano es la única opción para encauzar este río desbocado.

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El nuevo error de Falcón

El hombre de mirada oblicua. “Militar retirado de 56 años, Falcón, cuya candidatura fue lanzada por tres partidos minoritarios, es acusado por el oficialismo de haber traicionado el legado del líder socialista Hugo Chávez. Pero también despierta sospechas en la oposición por su pasado chavista”. (El Espectador, 28 de febrero de 2018).

 

Entrada actualizada al final

Por estos días es noticia destacada la contratación de cabilderos canadienses por Henri Falcón, quien habría dispuesto doscientos mil dólares para asegurarse de que tales expertos lo posicionen favorablemente ante el gobierno estadounidense como sucesor de Nicolás Maduro. Reporta Tal Cual digital:

Henri Falcón nuevamente está en boca de la opinión pública por sus acciones. El opositor, exgobernador y excandidato presidencial es señalado de contratar una firma canadiense de cabildeo (o lobby, su término en inglés) para ser promovido en Estados Unidos, Rusia y otros países como futuro candidato presidencial venezolano en una posible elección. La información fue publicada por el medio estadounidense Politico, tras un seguimiento a la firma Dickens & Madson Canada, Inc, y en especial a su jefe Ari Ben-Menashe. En la nota del medio, se afirma que el lobista canadiense fue contratado para hacer contacto con varios países, en especial en Washington, para que apoye una candidatura presidencial de Falcón. En particular, la firma fue contratada por el partido Avanzada Progresista, fundado y liderado por el exgobernador, por un monto de 200.000 dólares, según consta en el documento que pudo revisar Politico.

Francisco Rodríguez, asesor económico de Falcón, intentó enderezar el entuerto con la explicación de que lo que dice el registro legalmente obligatorio del cabildero—“Intents to pursue Henry Falcon´s election as President of Venezuela”—se debió “a un error administrativo que está siendo corregido”. (?) El Cooperante se permitió comentar: “Quizás el partido de Henri Falcón debió buscar la asesoría de la empresa canadiense para que les ayudase a elaborar un desmentido más convincente”.

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Poco antes de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, había cambiado mi postura de siempre ante una candidatura presidencial de Henri Falcón, seguramente impactado por una frase en artículo de Román Ibarra: “A mí que me roben mi voto, pero no lo regalo”. Así puse en Lo que a todos conviene (29 de abril de 2018):

Pudiera ser que se extienda el consenso de que un gobierno presidido por Henri Falcón sería suficientemente mejor que una nueva presidencia de Nicolás Maduro y que, a pesar de las numerosas y justificadas reservas acerca de la elección presidencial del 20 de mayo próximo, suficientes electores vayan a votar en esa fecha para asegurar tal resultado y oponer un obstáculo prácticamente insalvable a cualquier tentación de adulterarlo.

La nueva postura, explicada a los oyentes del programa #295 de Dr. Político en RCR, era el resultado de una “opción trágica”: la selección de un mal menor cuando todas las opciones eran de previsible resultado negativo, inconveniente. Prediqué el voto por Falcón a regañadientes, como se desprende de la constancia que dejé en Hallado lobo estepario en el trópico el 28 de mayo de 2011:

Un amigo editor de periódicos llamó un día a mi celular—el 24 de mayo de 2007—para reclamarme que hubiera desmontado la novísima postura de Margarita López Maya, historiadora que se complacía en ridiculizar a quienes nos opusiéramos a Chávez y entonces había descubierto que éste es dañino. (Tomar partido). El mismo editor me invitó el año pasado a su casa con un único propósito: pedirme que, como lo que yo escribo de política “es muy influyente”, no criticara a la creciente disidencia del chavismo y le abriera los brazos, pues a su criterio ahí podía estar la clave de una derrota de Chávez. Estaba clarísimo que se refería específicamente a Henri Falcón y al PPT, tienda bajo la que corrió a refugiarse al distanciarse del gobierno. (Ya yo había escrito, el 21 de marzo de 2010, Qué cresta la de Falcón). Era comprensible que su propio izquierdismo lo inclinara naturalmente a simpatizar con Falcón, pero no le hice caso; desaté no uno sino varios artículos para desmontar el discurso insuficiente y engañoso de Falcón, que insiste en llamarse socialista, sólo que “ético y productivo” (?): Ford Falcón modelo PPT, Exégesis falconiana (I)Exégesis falconiana (II)Exégesis falconiana (y III). ¿A qué venía tal saña contra Falcón? Bueno, los tres artículos exegéticos fueron producidos en lugar de una sola pieza—el análisis de unas declaraciones suyas en las que se presentaba como el líder de los no alineados políticamente—que hubiera resultado demasiado larga. Pero el grupo de cinco artículos críticos buscaba destapar la artificiosa, aunque astuta, pretensión falconiana: sabedor de que la mayoría de nuestros conciudadanos no está alineada ni con el gobierno ni con la oposición, ambicionaba ser tenido por el líder indicado para tan enorme contingente, aunque hubiera estado con Chávez por más de una década. Esto era un remedio postizo, una falsificación—desconfía de las imitaciones—, y había que acabar con el engaño en cuanto nacía. Es verdad que “habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”, pero una cosa es abrazar a Falcón y congratularlo por su reciente lucidez y otra muy distinta admitir que quiera conducirnos.

En verdad, es un aspecto estructural de nuestra opinión pública, desde hace un buen número de años, que el segmento mayor de ella no está alineado con el oficialismo ni con la oposición. Una medición ilustrativa es la de Datincorp en mayo de 2015; preguntó a sus encuestados “Las soluciones a los problemas del país ¿vendrán de…?” Las respuestas: del oficialismo, 17%; de la oposición, 18%; de nuevos liderazgos 56%. Pero Henri Falcón no tiene títulos para presentarse como desalineado:

Ha marcado Falcón distancias estilísticas con Chávez, obviamente, pero tampoco es que ha manifestado frontal desacuerdo con ninguna de las ejecutorias presidenciales de los últimos once años, que son muchísimas, por supuesto, la mayoría terribles. Al comentar su reelección de 2008, Falcón se cuidó al decir: “Recibo este triunfo con mucha humildad y sólo pido que me dejen trabajar de la mano del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías”. (Qué cresta la de Falcón, 21 de marzo de 2010).

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Juan Guaidó e Iván Duque con Mike Pence

Naturalmente, Henri Falcón percibe una oportunidad para colarse entre las previsibles candidaturas de Héctor Rodríguez, oficialista, y Juan Guaidó, opositor.* Es éste último quien se ha puesto en evidencia por su estrecha coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, y es precisamente esa cooperación lo que Falcón quiere debilitar—luego de la reportada frustración con los fracasos de Guaidó—, ofreciendo la alternativa que vendería Dickens & Madson Canada, Inc. Pero no son los Estados Unidos los llamados a escoger un presidente para Venezuela sino nosotros, y esos tres nombres—Falcón, Guaidó, Rodríguez (en orden alfabético)—son prototipos de la política que debe dejarse atrás: la lucha por el poder justificada por la coartada ideológica. Si algo provee la profunda crisis política venezolana es la oportunidad de instalar algo que trascienda a la mera sustitución del chavismo-madurismo por su oposición:

…desde un metalenguaje político es posible referirse al chavismo clínicamente, sin necesidad de asumir una animosidad y una violencia de signo contrario, lo que en todo caso no hace otra cosa que contaminarse de lo peor de sus más radicales exponentes. Es preciso, por tanto, realizar una tarea de educación política del Pueblo, una labor de desmontaje argumental del discurso del gobierno, no para regresar a la crisis de insuficiencia política que trajo la anticrisis de ese gobierno, sino para superar a ambos mediante el salto a un paradigma político de mayor evolución. (Retrato hablado, 30 de octubre de 2008).

Eso sí sería una opción futurista verdaderamente eficaz, un liderazgo verdaderamente nuevo, no la falsificación falconiana.

Stafford Beer decía, refiriéndose a la sociedad inglesa de hoy, que su problema era que “los hombres aceptables ya no son competen­tes, mientras los hombres competentes no son aceptables todavía.” (…) Para aquellos para los que la abrumadora acumulación de evidencias no sea suficiente para creer que la crisis no es de carácter coyuntural y pasajero, será lo indicado negar su apoyo al outsider. Sólo aquellos que ya se hayan convencido de que la crisis es estructural y requiere por tanto terapias no convencionales, podrán pensar como el buen jugador de dominó (o de bridge) que carezca de la información completa sobre la localización de las piezas o cartas claves. En esas condiciones un buen jugador identificará cómo tendría que darse esa ubicación de piezas para poder ganar la mano. Entonces jugará como si en verdad la disposición fuese esa única forma de ganar, rogando para que así sea. (Sobre la posibilidad de una sorpresa política en Venezuela, 22 de septiembre de 1987).

LEA

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* Juan Guaidó acaba de declarar que “el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) no tiene nada que ver con el uso de la fuerza y aclaró que principalmente se refiere a cuestiones de asistencia humanitaria”. (El Nacional, hoy). Esto nos informa Wikipedia de ese tratado: “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. (…) Según el artículo 3.1 en caso de (…) un ataque armado por cualquier Estado contra un País Americano, será considerado como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”. Pudiera Guaidó pedir a Falcón que le preste a Francisco Rodríguez, para que “aclare” que lo recogido por El Nacional es en realidad “un error administrativo que está siendo corregido”.

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Actualización: Con fecha de hoy, 23 de julio de 2019, la Asamblea Nacional, que sesionaba en la Plaza Alfredo Sadel de la Urbanización Las Mercedes de Caracas (la misma en la que nombró inconstitucionalmente en 2017 un Tribunal Supremo de Justicia “legítimo”—sin la participación del Poder Ciudadano que exige el Artículo 264 de la Constitución—bajo la presidencia de Julio Borges), aprobó la moción de urgencia introducida por su Presidente, el diputado Juan Guaidó, para “la aprobación en segunda discusión de la ley de reincorporación al TIAR, la cual fue aprobada inmediatamente por unanimidad de todos los presentes”. (El Universal). El Artículo 246 establece en su numeral 4 que es atribución del Presidente de la República “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. El previo Artículo 187, relativo a las atribuciones de la Asamblea Nacional, prescribe en su numeral 18 que corresponde a ella “Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. El Sr. Guaidó no es el Presidente de la República. En nota al pie de TIARde piaste, pajarito: “Los ‘más de 50 países’ que reconocen a Juan Guaidó como Presidente de la República de Venezuela disponen de cancillerías que no se toman el trabajo de leer nuestra Constitución; si lo hicieran, constatarían que el único caso en que nuestro texto fundamental atribuye la Presidencia a quien ocupe el cargo que Guaidó ostenta legítimamente es el siguiente: ‘Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional’. (Art. 233) ¿Quién era el Presidente electo cuya falta absoluta se hubiera producido ‘antes de tomar posesión’? Nadie. José Ignacio Hernández, el ‘Procurador Especial’ nombrado inconstitucionalmente por Guaidó, escribió el 11 de enero de este año: ‘…el supuesto de hecho del artículo 233 es distinto a los hechos actuales. Con lo cual, y al contrario de lo que parece creerse, el artículo 233 de la Constitución no es la norma aplicable a la crisis actual'”. Luego argumentaría falsamente que correspondería a la Asamblea Nacional interpretar ese artículo para “ajustarlo” a la situación real, cuando el Artículo 336 establece inequívocamente: “El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación”. Guaidó reincidió hoy en su más reciente patraña: “El TIAR es un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”. Quienes “dicen” que el TIAR “tiene que ver con el tema del uso de la fuerza” son los países que lo suscribieron en 1947; desde entonces no ha sido modificado. Wikipedia informa, por ejemplo: “La firma del TIAR fue una de las razones por las que Costa Rica disolvió su ejército en 1948, al considerar a las previsiones del Tratado como garantía suficiente para asegurar su defensa nacional”. ¿No es eso, acaso, un tema del uso de la fuerza? Es lamentable constatar que el diputado Guaidó miente a conciencia, haciendo creer a compatriotas desprevenidos, que dan su palabra por buena, la falsedad que arguye con la mayor tranquilidad.

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Tiempo de colmos

 

¿Por qué la cara de contento de Carlos Vecchio?

 

Hoy fue cuando me enteré de que el 9 de este mes reservó Nelson Bocaranda, como último de sus “runrunes bajos“, lo siguiente,

AMENAZANTE CENSURA: En detrimento de periodistas, narradores, anclas, locutores y todos los que pueden usar los micrófonos de la radio y la televisión venezolana la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió a todas las emisoras sus nuevos lineamientos de censura, so pena que la estación quien viole esas normas será cerrada ipso facto. Esta prohibido decirle a Guaidó presidente interino. Ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional “pues ella está en desacato”.  Solo se puede referir a él como simple diputado. No se puede llamar “usurpador” a Nicolás Maduro Moros. No se pueden llevar invitados que hablen de juicios, apoyo extranjero, levantamiento militar, golpe, referendo, elecciones, cierre de otras vías de expresión y una lista de elementos “perturbadores”. Creo que los que se perturban son los miembros del régimen. Por eso deben entender los malabarismos que todos hacemos para que los radioescuchas o televidentes entiendan lo que deseamos expresar. Recordemos que mas del 90% de las estaciones de radio y tv no tienen renovadas sus licencias. La espada de Damocles roja rojita.

Bueno, Bocaranda parece haber ido perdiendo el nivel de castellano escrito que nos enseñaban en el Colegio La Salle, donde ambos estudiamos, pero algunas de las exigencias de CONATEL, dije a quien me envió el dato, me parecen razonables: “Juan Guaidó no es Presidente de la República, ni encargado ni interino ni sietemesino. Los llamados a golpe o invasión constituyen delitos y Maduro no ha usurpado la presidencia”. (Ver Más usurpador será usted, 23 de enero de 2019).

Claro que debiera repudiarse la presunta prohibición de hablar de elecciones o referendos, pues se trata de innegables derechos políticos del Pueblo, constitucionalmente reconocidos y, salvo lo que constituya una prédica delictiva, todo lo demás debiera poder ser discutido públicamente con entera libertad. Prohibirlo sería el colmo. (Este blog no conoce el texto del denunciado oficio de CONATEL).

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Fuerza de bullying

También es el colmo la insistencia del Presidente de la Asamblea Nacional en sus llamados a estructuras militares extranjeras para su intervención en Venezuela; más que colmo, es una vergüenza. Helo aquí, aplaudido por poquísima gente, anunciando que instruyó a Carlos Vecchio, “nuestro embajador”—plural mayestático—, para que sostuviera reuniones de “coordinación” con el Comando Sur de los Estados Unidos (lo que mereció la instantánea aprobación de Diego Arria Salicetti):

 

 

Esa noción de intervención militar extranjera en Venezuela lleva un tiempo desde que fuera recomendada por el representante del “gobierno” de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, que el 2 de enero de 2018…

propuso una salida más «seria», en ampliación de la «ingenua» pregunta de Álvaro Uribe Vélez: «¿Habrá algún país latinoamericano que preste sus fuerzas armadas para proteger a la oposición venezolana?» (13 de mayo de 2016).

Se trata de una pieza delirante, que aboga por ¡la invasión de Venezuela por una fuerza armada ensamblada con militares de varios países de América y Europa! Hausmann pretende justificar tal crimen internacional sobre la base de una escueta enumeración más de los problemas que aquejan a la población venezolana. (No dice nada que no sepamos). Previamente, despacha como remedios inadecuados o inútiles dos posibles desenlaces: el que proporcionaría una elección presidencial y el que provendría de un golpe de Estado militar, como si se tratara de categorías equivalentes. (El graznido del pato negro).

Pero una enormidad como ésa no es denunciada por Bocaranda. Hausmann y Arria, por su parte, se enterarían de las incidencias de la guerra por los servicios de noticias, dado que hace tiempo no residen en Venezuela.

La Guerra de Afganistán, iniciada en 2001 por una coalición liderada por los Estados Unidos, aun no ha concluido. Claro, se la bautizó como Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom), y parece que el adjetivo no califica a la libertad sino a la operación misma. ¿Podría Juan Guaidó garantizar que su propia “Operación Libertad”—¡qué casualidad la coincidencia de nombres!—sea brevísima? LEA

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Diálogo digital

 

Intercambio en red electrónica

 

Ya lleva cuatro días un intercambio electrónico del suscrito con un estimado corresponsal que para colmo es oyente habitual de Dr. Político en RCR. Acá lo transcribo íntegramente—largo por mi culpa—manteniendo su nombre en reserva; la identidad de otras personas mencionadas se revela por cuanto se trata de personajes y actuaciones públicas. (Incluyo el dato de una correspondencia de marzo de 2015 que he mencionado más de una vez en el programa radial que conduzco).

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NN: Abogado del Diablo y II

Estimado Dr. Político, en el programa de este sábado 09/02 varios oyentes, especialmente la Sra. Gladis y el Sr. Luis Sosa lo cuestionaron. La Sra. Gladis lo acusó de “echarnos un balde de agua fría” y el Sr. Luis lo hizo perder la compostura, Ud. lo mandó a callar…

Los comprendo a todos; Ud. defiende la legalidad, el orden y la forma correcta de hacer las cosas. A Gladis, a Luis y a muchos de sus oyentes (yo incluido) no nos importa si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no, es un golpe de estado “sui generis”, sin tiros. Estamos pagando a los rojos con su propia moneda: Truco y Trampa, cosa que sería imposible sin el enorme apoyo internacional (USA, Suramérica y Europa) que tenemos a favor. Guaido como en la lucha libre es “El Favorito Sentimental del Pueblo”.

“Mi” papel

Sus oyentes lo ven como “El Abogado del Diablo” y eso levanta roncha, lo lamento mucho yo lo entiendo y estoy de acuerdo con Ud. Sé que su intención es que el pueblo vea que las cosas no se están haciendo bien. Pero “Los dados están echados”, como muchos tengo la esperanza de que esta jugada logre hacer tambalear y caer al régimen. Luego habrá que pagar el costo de esta jugada, tenga éxito o no, espero que no sea muy alto.

Hoy, lunes 11/02, cuando llegué a la universidad tuve una agradable sorpresa: El Señor Chichero de la plaza del rectorado estaba de regreso, junto al reloj, luego de varios años de ausencia por las circunstancias. ¿Será esto un Buen Augurio?

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LEA: Gracias, Don NN. No perdí la compostura; mi reacción fue gradual. El Sr. Sosa desatendió repetidamente mis requerimientos de que no me interrumpiera intercalando réplicas en cuanto yo comenzaba a hablar; como parecía no entender, debí decirle más claramente que se callara.

Parte de mi función durante la intervención de oyentes es la de director de debates; en ese carácter tengo la prerrogativa de declarar a un participante fuera de orden y decidir cuándo un asunto ha sido suficientemente debatido. (Régimen parlamentario, que los sajones llaman Rules of order). Debo manejar, por otra parte, el tiempo del programa. La intervención de Sosa consumió un tiempo excesivo (11 minutos), extendiéndose a los dos segmentos finales. Aun así, lo invité a que llamara el sábado 16.

No estoy de acuerdo con la máxima de que “lo que es igual no es trampa”. La maldad de Hitler no excusa la mía; en la película El Enemigo (Luis Alberto Lamata, 2008), un personaje dice: “En una batalla moral, si actúas como el enemigo eres el enemigo”. Alguna vez escribí (Conocimiento y opinión, 2007): “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”.

La Doctrina de la Guerra Justa establece criterios para guerrear con justicia. Así la expliqué en La salida (21 de febrero de 2014):

La guerra “justa” de los gringos

Existe una larga tradición filosófica acerca de las condiciones de una guerra justa; gente como Santo Tomás de Aquino se ha ocupado de eso. De modo esquemático, son éstas las que justifican una acción violenta ante la agresión a una colectividad: 1. El daño infligido por el agresor en contra de la comunidad ha sido grave y continuado; 2. Todo otro medio de detenerlo se ha mostrado impráctico o ineficaz; 3. La probabilidad de éxito de la acción reparadora es elevada o suficiente; 4. El empleo de la violencia no debe producir males mayores que lo que se pretende repeler. Puede admitirse que la primera y, tal vez, la cuarta condición están cumplidas—el momento económico nacional, que pesa sobre toda la Nación, ciertamente se agravará con los disturbios—, pero ni están agotados todos los medios para parar el trote a Nicolás Maduro ni era en absoluto probable que fuera exitosa la iniciativa propugnada por López & Machado. Los hechos lo dicen. La salida no es la calle. La salida es la apelación al Soberano. (…) No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

Sigo creyendo que no están agotados todos los medios. Respecto del factor foráneo, le invito a leer El caso Venezuela, un deporte internacional (5 de febrero de 2019).

No es la primera vez que el Pueblo sigue a un mesías; Chávez era uno, Torquemada otro. El Sr. Guaidó es un político que distorsiona la Constitución para declararse Presidente y sostener que tiene poder para solicitar una intervención militar extranjera; ahora reparte paquetes que no difieren mucho de las bolsas CLAP.  Que a la Sra. Gladys, el Sr. Sosa y Ud. no les importe “si la jugada de Guaido es legal o ilegal, constitucional o no” es realmente lamentable. Estoy consciente de que muchos piensan como ustedes, pero no es mi estilo torear para los tendidos.

El error no se combate con la mentira; debe vencérsele con la verdad.

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NN: Esto es una guerra Dr. Alcalá, en la guerra se vale todo… excepto crímenes de lesa humanidad…

Los rojos no van a ceder por las buenas, no se los puede convencer con la razón. Solo el uso de la fuerza y este es un uso de la fuerza “sui generis” sin tiros. Algo parecido a Gandhi, guardando las distancias…

Con todos mis respetos, su oyente de todos los sábados.

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La realidad según algunos

LEA: “Esto” no es una guerra, todavía, y “Esto es una guerra” es una frase conveniente para justificar la escasez política del liderazgo nacional. (De ambos “lados”, pues parte de esa escasa percepción es dividir en dos grupos la población nacional, entendiendo el proceso como película en blanco y negro de superhéroes contra supervillanos, en roles intercambiables según quien la cuente. La realidad viene en colores, al menos en muchas tonalidades de gris. En mayo de 2015, Datincorp preguntó de dónde vendrían las soluciones a los problemas del país; 17% creía que vendrían del oficialismo, 18% que vendrían de la oposición, ¡56% que vendrían de nuevos liderazgos!)

Desde 1999 se hace en el país una política de etiquetas, de nomenclatura. Con pretendida erudición, cabezas como la de Luis Enrique Oberto nos enrostraban Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt para postular que el régimen de Chávez era como el de Stalin, y Luis Alberto Machado solía decir que los judíos que se salvaron fueron los que creyeron en Hitler y emigraron. (Murieron los que se quedaron, seis millones de ellos).

Es frecuente escuchar que Maduro es el jefe de una “dictadura comunista”. Si lo fuera, es de las más benévolas de esa clase. Comparemos con Cuba; en el primer año y medio de la revolución, se había fusilado a unos 700 opositores o antiguos enchufados de Batista, y no quedaba una sola empresa privada en pie. ¿Es ése nuestro caso? Comparemos con Rusia, la soviética, con cifras más altas: se atribuye a Stalin la muerte de 9 millones de prisioneros políticos, sus compatriotas. Comparados con esos casos reales de “dictadura comunista” lo que nos acontece es una verbena. El problema político nacional no es taxonómico, no es uno de nomenclatura. Bautizar un problema no es resolverlo. La cosa no es decidir si Maduro es morrocoy o cachicamo.

Por otra parte, en cabezas opositoras típicas no cabe lo que llamé La historia desaparecida (2 de abril de 2017):

Primero: la proclamación de Nicolás Maduro, que resultó electo Presidente de la República el 14 de abril de 2013 por estrechísimo margen—sus cifras venían en estrepitosa caída; de haberse celebrado la votación una semana después habría perdido por estrechísimo margen—, fue cuestionada y una vez más se habló de fraude electoral. Henrique Capriles Radonski se refirió a Maduro con el cognomento de “El Ilegítimo” durante más de un año, a pesar de la ampliación de la auditoría de las elecciones a 100% de las mesas de votación. (Ver La torpeza de la deshonestidad).

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Segundo: en ese mismo año, Capriles pretendió que las elecciones municipales del 8 de diciembre serían un “plebiscito” sobre el gobierno de Maduro—lo perdió de calle—, y veinticuatro horas antes Leopoldo López y Ma. Corina Machado lo torpedearon con la publicación de un manifiesto a favor de una constituyente para “#lasalida” de Maduro (por un breve tiempo conocida como “#lamovida”). El 16 de enero hablaba Capriles de una “puñalada en la espalda”, imagen que ha repetido Maduro por estos días para referirse a su propia disidencia interna. López & Machado torpedeaban asimismo una incipiente cooperación del gobierno con alcaldes de oposición en materia de seguridad ciudadana; tal cosa no podía ser permitida.

Tercero: en 2014 “#lasalida” endureció su línea, inaugurando la temporada de guarimbas con la marcha hacia la Fiscalía General de la República. (Sí, con la misma heroína Luisa Ortega Díaz en su jefatura). En un post scriptum Leopoldo è mobile qual piuma al vento, puse: “Lo siguiente fue la ocurrencia del 12 de febrero de 2014, ya claramente distanciada de la línea de la MUD. (Ver en este blog La marcha de la insensatez). En la tarde de ese infausto día, quien escribe veía como muchos venezolanos la transmisión de NTN 24, la televisora colombiana que estaba avisada; había programado un grupo de entrevistas que sólo mostrarían a conspicuos radicales: Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Diego Arria y ¡Otto Reich! (¿Por qué consideró NTN 24 que el Sr. Reich, gente de Reagan y los Bush, tenía algo pertinente que decir en los justos momentos cuando se desarrollaban los violentos acontecimientos?)”

Cuarto: poco después de las primeras refriegas, asistimos al espectáculo de un “diálogo” televisado en el Palacio de Miraflores (10-11 de abril de 2014), según el guión oficialista. Maduro llegó a decir en su discurso de cierre que vio “la buena intención” en el rostro de los opositores, a pesar de que Capriles había cerrado el grupo de oradores de la Mesa de la Unidad Democrática con una nueva referencia a los cuadernos de votación del 14 de abril del año anterior. (“La Ley Orgánica de Procesos electorales menciona el cotejo de cuadernos electorales para casos del contencioso electoral, es decir, en caso de impugnaciones específicas, no como procedimiento universal según peregrina idea de la MUD-Capriles”; ver Las reglas de juego, 14 de abril de 2013). “El inusual debate de ideas en un país sumido en una extrema polarización en cada institución estatal, contó con la bendición del papa Francisco, que a través de un mensaje leído por el nuncio Aldo Giordano, pidió a ambas partes que se abran, se reconozcan, se respeten y perdonen y que no se detengan ante la coyuntura de lo conflictivo”. (Noticias 24). La manifiesta ineficacia del aparatoso diseño motivó en este blog la recomendación de reconstruir la instancia sobre nuevas bases. (Una segunda oportunidad: Diálogo 2.0).

Quinto: el 6 de diciembre del año siguiente, la oposición lograba una mayoría determinante de 112 diputados en la Asamblea Nacional. Acá puesto anteayer en Sobre renglones torcidos: “…la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia—el órgano llamado a conocer recursos del derecho contencioso electoral—recibió nueve impugnaciones de algunos de los resultados de la votación, a siete de las cuales se opuso el propio CNE. Bastaba, en principio, que prosperara la invalidación de tres diputados opositores para destruir la mayoría de dos tercios, requerida para actos cruciales del control legislativo como la elección de magistrados del TSJ. (Si a ver vamos, la cámara había sido reducida a un total de 163 diputados, y 109 siguen siendo las dos terceras partes de esa base; pero la Asamblea conducida por Henry Ramos Allup nunca quiso probar una votación calificada con esos números)”. En esa misma entrada del 31 de marzo se dio cuenta del persistente desconocimiento del presidente Maduro desde la Asamblea Nacional, evidenciado en la declaración inicial de Ramos Allup en cuanto tomó posesión de su Presidencia, al postular que era “un compromiso no transable” del nuevo Poder Legislativo Nacional “buscar nosotros, dentro del lapso de seis meses a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno”. Es decir, fue él quien iniciara, con esa declaratoria de guerra, el conflicto entre poderes en el que las sentencias 155 y 156 del TSJ han sido las incidencias más recientes. Después intentaría la Asamblea la avenida de invalidar la investidura del Presidente de la República sobre la base de su presunta doble nacionalidad, que abandonó al recibir de la Registraduría Nacional de Colombia la constancia de que Nicolás Maduro no aparece en sus archivos como ciudadano de ese país. También abandonaría la noción de recortar su período mediante una enmienda constitucional, al percatarse de que el Tribunal Supremo de Justicia la declararía de aplicación retroactiva inválida al caso de Maduro, y se sentó a esperar el proceso revocatorio que la Mesa de la Unidad Democrática intentó activar con retraso de tres meses. (Desestimado inicialmente por el propio Ramos Allup y Jesús Torrealba, entre otros que se oponían porque haría subir las acciones de Capriles, posicionado como el titular exclusivo de la franquicia de la revocación, a pesar de que voces diferentes—la del suscrito entre otras, el 14 de abril de 2013 en Se cae de maduro—habían alertado acerca de tal posibilidad constitucional a partir del 11 de enero de 2016).

Ojalá lo hubiera abandonado

Sexto: para coronar las ofensivas bélicas de la Asamblea Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional presidido por Maduro, el 9 de enero de este año culminó el “juicio político” en su contra proclamando su abandono del cargo (¡?), lo que ni siquiera creía ella misma, puesto que omitió oficiar al Consejo Nacional Electoral ordenando la celebración de elecciones presidenciales. Por último, ya en la última fase de su desvarío, aprobó el “Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos” el 21 de marzo. ¿Podemos sorprendernos del aumento de la crónica paranoia oficialista que, en su concepto épico de la política, interpretó tal cosa como preludio a una invasión de Venezuela por efectivos muy bien armados del Comando Sur de los Estados Unidos?

Ésta es, esquemáticamente, una historia desaparecida; si bien las decisiones de la Sala Constitucional fueron monstruosas—tanto que Luisa Ortega Díaz fue incapaz de digerirlas—, es igualmente verdadero que Maduro ha experimentado una larga secuencia de intentos de deponerlo desde el mismo día de su elección—que incluye la apelación a “militares decentes” por parte de Juan Carlos Sosa Azpúrua y la recomendación de encontrar “un Larrazábal II” que ha hecho Luis Ugalde S. J.—, y también es cierto que el absurdo de las sentencias es igualado por el de la peregrina declaración de que ha abandonado su cargo. (Al igual que el TSJ, la Asamblea Nacional debiera reconocer su error y “suprimir” tal declaratoria).

En gran medida, la conducta de Maduro es un caso de profecía autocumplida.

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NN: No sé qué decir Dr. Alcalá, no puedo rebatir ninguno de sus argumentos, como no pudo hacerlo ninguno de sus oyentes. Ud. tiene razón pero en este momento la razón no puede contra la injusticia, la corrupción y la locura. El país está destruido, mi universidad está destruida. Soy un científico, sé de genética, bioquímica y alguna otra cosita. No sé cómo vamos a enfrentar y derrotar a los rojos rojitos, sé que por las armas no. Guaidó, agarrando aunque sea fallo…

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LEA: Si la razón es, como Ud. dice, impotente ¿debemos abrazar la sinrazón?

Veamos eso de ir “contra la injusticia, la corrupción y la locura”.

¿A cuáles injusticias concretas se refiere? La injusticia no es una entidad; es una palabra que debe usarse para señalar casos específicos, no como generalización. ¿De qué corrupción estamos hablando? (La cita que pongo abajo viene de una entrada en el blog—De memes y memeces—del 21 de octubre de 2012. Le ruego tome en cuenta la diferencia de la actualidad con la moneda de hace algo más de seis años):

Humberto Njaim, QEPD

Un meme análogo es el que explica la pobreza de un pueblo como el nuestro por la corrupción que consume dineros públicos, los que invertidos en asistencia social la eliminarían. A raíz de la aprobación en 1982 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, el profesor Humberto Njaim (Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela), hoy Miembro de la Academia de Ciencias Políticas, aportó un útil estudio de sus costos y beneficios. En él reveló sus estimaciones cuantitativas de la corrupción administrativa venezolana: el perezjimenismo habría sustraído fondos por el equivalente de 1% del Presupuesto Nacional; la democracia habría llevado el asalto hasta 1,5%.

En marzo de 1999, cuando Hugo Chávez llevaba apenas un mes en su cargo actual, informé de esta medición a un conductor de taxi que me llevaba de La Carlota a El Paraíso y quiso comentar los problemas del nuevo presidente, apremiándome con la cuestión de una corrupción que nos tendría sumidos en la pobreza. Al oír los índices del profesor Njaim, preguntó con incredulidad (¡gracias a Dios!): “¿Tan poquito?” Entonces puse la cosa en la escala del momento: “No, no es poquito. El presupuesto que manejará Chávez es de veinte billones [castellanos] de bolívares, y 1,5% de eso es la suma de 300.000.000.000 de bolívares”. “Es verdad—repuso el chofer—, ¡eso es un realero!”

La conversación cayó en un cauce nuevo para él; vi su sonrisa y creí escuchar los engranajes de su cerebro moviéndose mientras le daba la buena noticia de que no nos habíamos robado 98,5% del presupuesto nacional, y que si bien la corrupción era de un todo execrable, no podía ser que un tumor de 1,5% de tamaño explicara nuestra dolencia social. Quizás algo fundamentalmente malo, si acaso, había en nuestro manejo de la inmensa mayoría del gasto público.

Bueno, trescientos mil millones de bolívares de los actuales son el presupuesto nacional de 2012. Supongamos que Pérez Jiménez los administrara; entonces irían a manos corrompidas tres mil millones de bolívares, unos setecientos millones de dólares si CADIVI los cambiara. Si los manejasen las administraciones democráticas de 1959 a 1983, entonces la sustracción de fondos nacionales sería unos Bs 4.500.000.000. (Repito, de los de hoy; si, como algunos hablan todavía, se contaran en bolívares “débiles”, hablaríamos de 4 billones y medio de bolívares esmirriados). Si las administraciones de Chávez hubieran agravado el problema triplicando la tasa perezjimenista (a 3%, o el doble de la corrupción “democrática”), los “boliburgueses” habrían aprovechado 9.000 millones de bolívares. Finalmente, si quisiéramos suponer que la corrupción actual ha quintuplicado la cosa, llevando el peculado a 5% del presupuesto nacional, los dineros extraviados en cuentas suizas y otras sumarían 15 mil millones de bolívares, quince billones en la escala monetaria hace tiempo obsoleta.

Pues bien, la población venezolana puede ser estimada a la fecha en 29 millones de habitantes. Supongamos ahora que el arcángel Gabriel corta de un tajo con su espada flamígera toda la corrupción y reparte este último realero en cuotas idénticas a cada venezolano; entonces ¡cada ciudadano recibiría al año la cantidad de Bs. 517! ¿Saldríamos de abajo con menos de un bolívar con cincuenta céntimos diarios per cápita?

Alegrémonos porque no se han robado al menos 285 mil millones de bolívares y enterremos, a temperaturas no criogénicas para que nunca resucite, el meme idiota de que nuestra anormal distribución de la riqueza se debe a la corrupción administrativa.

Tres años más tarde—19 de agosto de 2015—argumenté en ¿Qué se debe hacer? (II):

La dolencia más aguda del soma político venezolano es el chavoma. Un signo precoz de esta patología se hizo patente el 4 de febrero de 1992, a tiempo para echar a perder nuestra celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento. Luego se derribaría la estatua de Colón en Los Caobos y entraría en vigor el nuevo nombre para el Cerro Ávila: el ridículo Waraira Repano, como si los teques y caracas que vivían a sus faldas y lo llamaban así tuvieran alfabeto y escritura, no digamos la letra W. (DRAE. w. Vigésima sexta letra del abecedario español, y vigésima tercera del orden latino internacional, usada en voces de procedencia extranjera). Un socialista “bolivariano”* que se respetara ha debido insurgir en defensa de la grafía Guaraira para no emparentar la cosa con Washington o, al menos, exigir consistencia y escribir Río Waire, Puerto de La Wuaira, Warenas o Waracarumbo. (Esto es, para consagrar la wachafita revolucionaria).

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Tumor vascularizado

El término oncológico es apropiado para referirse a la dominación política instaurada en Venezuela a partir del 2 de febrero de 1999, puesto que no se trata de enfermedad inoculada por algún vector externo—un anófeles o chipo—sino de un proceso que residía en las entrañas del pueblo venezolano desde mucho tiempo antes de que hiciera eclosión.

Como anota Toro en su blog, Briceño Guerrero interpreta “…la cultura latinoamericana como una mezcla de tres ‘discursos’ separados, mutuamente incompatibles: el discurso Racional-Occidental, el discurso Mantuano y el discurso Salvaje”. El libro de Briceño Guerrero fue escrito entre 1977 y 1982, y por tanto no podía ser una referencia específica a Chávez. Es Toro quien establece—como otros lectores del apureño lo han hecho—una relación significante entre la descripción del discurso salvaje y el chavista: “…explica no sólo por qué existe el chavismo, sino también por qué tiene éxito. La atracción política de Chávez está basada en el lazo emocional que su retórica crea con una audiencia que resiente profundamente su marginalización histórica. Funciona al hacerse eco de la profunda resaca de furia de los excluidos, una furia que Briceño Guerrero explica poderosamente. La retórica de Chávez está basada en una comprensión intuitiva profunda del discurso no occidental/antirracional en nuestra cultura, un discurso que ha sido alternadamente atacado, descontado y negado por generaciones de gobernantes de mentalidad europea. Chávez valida el discurso salvaje, lo refleja y lo afirma. Lo encarna. En último término, transmite a su audiencia un profundo sentido de que el discurso salvaje puede y debe ser algo que nunca ha sido antes: un discurso de poder”. (Discurso salvaje).

Es por tal razón que son insatisfactorias las caracterizaciones del chavismo (del chavoma) como la mera llegada al poder de una nueva y delincuente oligarquía. Seguramente ha habido y hay entre jerarcas mayores y menores del régimen chavista-madurista gente corrupta y malhechora, verdaderamente forajida; tal vez en proporción mayor que la que hubiera en regímenes anteriores a 1999, acá y en toda otra nación del planeta. A fin de cuentas, los más radicales izquierdistas venezolanos nunca superaron electoralmente el “seis por ciento histórico” hasta el año del advenimiento de Chávez como Presidente de la República, y como en ellos había hambre longeva de poder y de prebendas, la corrupción actual supera la de quienes los precedieron. Pero es un juicio más ajustado a la realidad explicar el chavismo como el producto de la acusada decadencia de la política que lo anticipara, y su sustitución por una nueva hegemonía fundada en la creencia de que Marx tenía razón. La mayoría de los socialistas venezolanos cree seriamente que la explicación de todo mal social debe encontrarse en el afán de lucro de “la burguesía”; es decir, está profunda pero honestamente equivocada.

Luego, el sistema chavista es claramente pernicioso, puesto que invade terreno propio de la sociedad y sus ciudadanos, como un cáncer que se extiende ocupando y destruyendo tejido de órganos imprescindibles del cuerpo que aqueja. La conjunción de su origen y su naturaleza autoriza que lo entendamos como proceso canceroso.

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Paradójicamente, es más fácil curar el chavoma que la insuficiencia política crónica que permitió su entronización en las instituciones públicas venezolanas. El tratamiento eficaz no es otro que remitir el asunto al Poder Constituyente Originario, la apelación al Soberano para que se pronuncie, en referendo consultivo, sobre la conveniencia de implantar en Venezuela un régimen político-económico socialista, pretensión que el chavismo-madurismo no oculta. (Todo decreto del Ejecutivo que publica la Gaceta Oficial lleva ahora este inequívoco encabezado: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”)


“…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indubitable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”.
Declaración de Derechos de Virginia – 1776

He allí el tratamiento. Naturalmente, a eso se opone el argumento de un CNE controlado por el gobierno, pero ni siquiera un CNE que otorgó mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional podría ocultar una verdadera avalancha de votos en los referendos tan posibles como necesarios. En los actos convocados para escuchar y aplaudir a Guaidó (y para gritar “¡Maduro, coño’e tu madre!”), en esas masivas y sentimentales terapias de grupo se hubiera podido recoger el doble o el triple de las firmas necesarias para convocar un referendo consultivo. ¿Ni siquiera eso nos convence? El procedimiento de abolición, primeramente propuesto el 25 de abril de 2002 para el caso de Chávez (bastante antes de que varias “fuerzas” políticas de oposición optaran por no participar en actos electorales; elección de gobernadores en 2017, por ejemplo, haciendo exigible su relegitimación a la que tampoco se sometieron, prefiriendo argumentar que el gobierno las ilegaliza “arbitrariamente”), fue adaptado el 17 de diciembre del año anterior para el caso de Maduro—Manda Su Majestad. (¿Ya lo leyó? Puse el enlace en mi correo anterior). Él escapa a la legislación electoral y aun constitucional, puesto que no es ni elección ni referendo; puede certificarse una mayoría fuera de la supervisión del CNE, mediante el registro de las firmas de adhesión en plataformas digitales inviolables análogas a las que soportan las criptomonedas. (El Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas—Chávez, enero 2001—establece en su Art. 4: “Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos”).

De modo que sí hay vías, las correctas, aquellas a las que se han mostrado renuentes los dirigentes opositores cada vez que se las ha propuesto. (Uno de los predecesores de Guaidó, Julio Borges, recibió de manos de su madre una comunicación que le envié el 3 de marzo de 2015, en la que propuse la convocatoria de un referendo consultivo sobre la adopción del socialismo y concedía lo siguiente: “Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno”. Aún espero acuse de recibo).

¿La locura? Aparte de que es una entidad difícil de cuantificar y atribuir, la definió alguien (Albert Einstein) en estos términos: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Otra vez se marcha; lo mismo desde diciembre de 2001. (Manifestación de las madres bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”).

Y también es una locura autojuramentarse como Presidente “Encargado” (o “Interino”) sobre la base de una tergiversación, y más locura todavía declarar (Guaidó) que “no descarta” una invasión militar estadounidense y que está facultado para pedirla por el Numeral 11 del Art. 187 de la Constitución: “Corresponde a la Asamblea Nacional… 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Una invasión en plan agresivo no es una misión, y sostener lo contrario es una nueva tergiversación del sentido constitucional. Se sigue a un hombre falaz. Creo que es una locura colectiva seguir a Guaidó “aunque sea fallo”. Creo que declarar a la razón impotente para abrazar la sinrazón es, precisamente, un procedimiento propio de la locura.

Con preocupación

Luis Enrique Alcalá

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Entre abogados (en bloque)

 

Película mexicana de Adolfo Fernández Bustamante (1951)

 

Mi propósito era tan sólo el de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban por convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, mientras los bandidos prosperan a su abrigo.

Margueritte Yourcenar – Memorias de Adriano

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En mi empresa, para cada solución, cuento con un departamento legal que le encuentra veinte problemas.

Henry Reichhold – Escuchado por el suscrito en su visita a Corimón (1974).

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La gente de El Nacional ha publicado una nota que da cuenta de un dictamen del llamado Bloque Constitucional de Venezuela (o Bloque de la Constitucionalidad). Éste declara en su presentación que es el primero de sus fines “Trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho, mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015”. (Gracias a certificación del mismo Consejo Nacional Electoral que certificara las elecciones de Nicolás Maduro como Presidente de la República). He aquí una lista de sus promotores (58), según publicación en Facebook de Con la Gorra Puesta:

El Bloque Constitucional visita a Luisa Ortega Díaz

Magistrados eméritos: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haaz, Julio Elías Mayaudón.

Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid.

Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin.

Profesores Universitarios: Luis Beltrán Guerra, Raúl Arrieta Cuevas, Jesús María Casal, Juan García Vara, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solís Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero.

Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles.

Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Nelson Riedi (Carabobo), Yvett Lugo (Distrito Capital), Jesús Ramos (Monagas), Mario Torres (Zulia), Enrique Romero (Lara), José Neira (Táchira), Orlando Velásquez (Sucre), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Roberto Andery (Cojedes), Roldan Torres (Apure), Wilme Pereira (Falcón), Rombet Camperos (Barinas), Letty Piedrahita (Miranda), Rosalino Medina (Aragua), Lourdes Vallenilla (Amazonas), Zoila Calderón (Portuguesa), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Mary de Muguesa (Guárico), Eliseo Moreno (Mérida), Omer Figueredo (Delta Amacuro).

La nota de El Nacional informa:

“La Asamblea Nacional no está ni ha estado en situación de “desacato”, como lo pretenden quienes usurpan el cargo de magistrado, por cuanto: i.- El desacato es un tipo penal sólo aplicable a personas naturales que incumplan mandamientos de amparo constitucional. En el presente caso además, no existe una sentencia de amparo firme y definitiva dictada por un órgano jurisdiccional legítimo” explica un comunicado del BC.

“Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial y no ha sido reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva. Reiteramos que el Presidente Interino Juan Guaidó, ha asumido, válidamente, la investidura ejecutiva ante la vacancia constitucional en el cargo de presidente de la República, con fundamento en los artículos 5, 7, 70, 233 y 333 de la Constitución”, expresa el comunicado.

Julio Borges Junyent

Bueno, no. Según acto de la Asamblea Nacional que no ha sido invalidado, el Sr. Nicolás Maduro Moros dejó de ser Presidente de la República el 9 de enero de 2017, cuando el parlamento presidido por Julio Borges Junyent, abogado, declarara que ese ciudadano ¡había abandonado su cargo! De esa tan absurda decisión se desprendía que estábamos ante una falta absoluta del Presidente de la República. Conviene reproducir acá el artículo preciso de la Constitución que regula lo concerniente a tales faltas absolutas del Presidente:

Artículo 233. Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente.

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.

El primero y tercero parágrafos de ese artículo son los pertinentes a este punto. Comoquiera que la “falta absoluta” de Maduro se había producido veinticuatro horas antes de cumplidos los primeros cuatro años del período, hubiera debido haber “nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes” a la declaratoria que presidiera Borges Junyent; pero ni siquiera él se creyó eso, pues dejó de oficiar al Consejo Nacional Electoral para que la organizara. El primer parágrafo lista como causal de falta absoluta “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”, pero eso no quiere decir que cuando la AN lo declare entonces hay abandono del cargo, sino que cuando lo haya el órgano que debe certificarlo es el que ejerce el Poder Legislativo Nacional.

Mientras el desvarío del 9 de enero de 2017 se preparaba (precedido de un “juicio político” a Maduro que no está previsto constitucional o legalmente), un abogado leguleyo—Diccionario de la Lengua Española: Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente—me envió insultantes correos (un procedimiento muy profesional) porque supo que me oponía a la monstruosidad, y pretendió asimilar definiciones de nuestro Derecho de Familia respecto del abandono del hogar—que podía alegarse aun cuando el incurso en esa falta siguiera residiendo en la vivienda conyugal—, como si ese derecho especial pudiera trasladarse sin más al Derecho Constitucional.

Entre abogados te veas.

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El TSJ con Nicolás Maduro, por supuesto

El Tribunal Supremo de Justicia no ha declarado que la Asamblea Nacional sea reo del delito de desacato, que como tal ni siquiera es mencionado en nuestro Código Penal. Lo que ha sostenido es que la Asamblea Nacional ha desacatado—participio pasado del verbo desacatar, en la segunda acepción que recoge el Diccionario de la Lengua Española para ese verbo: No acatar una norma, ley, orden, etc.—, al desconocerla, la sentencia de la Sala Electoral que suspendió temporalmente la proclamación de los diputados por el Estado Amazonas, juramentándolos no una sino dos veces bajo la presidencia de Henry Ramos Allup. El 22 de octubre de 2016 se publicó en este blog Prontas elecciones, entrada de la que copio y destaco:

Exijamos (…) a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Pueblo que quiere elegir prontamente un nuevo presidente. Ella puede, por mayoría simple de 84 brazos alzados, convocar inapelablemente ese referendo [para mandar nueva elección presidencial] tan lógicamente fundado como aconsejable. Debiera la Asamblea comprender, por su parte, que no debe ponerse en riesgo la iniciativa. El Tribunal Supremo de Justicia ha ignorado o suspendido las actuaciones del Poder Legislativo Nacional sobre la base de su desacato, al haber incorporado diputados cuya investidura el mismo tribunal declaró suspendida. Que desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es “el voto de la mayoría de sus integrantes”. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación).

Esto último hicieron los diputados en cuestión veintitrés días después; el 15 de noviembre de 2016, solicitaron su desincorporación. En lugar de efectuarla, Ramos Allup se limitó a decir: “Hemos tomado nota”; más nada. Al asumir Borges Junyent la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella se encontraba aún en desacato.

También debiera acatarse

Los poderes públicos de la Nación han ignorado una reiterada recomendación del suscrito: la de arribar a un acuerdo entre ellos, sugerido primeramente entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. (Ver Plantilla del Pacto, 25 de abril de 2016). Éste se ampliaría a todos los poderes en Del armisticio como programa (11 de mayo de 2017), donde se recomendó acordar entre varias otras cosas:

El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente.

El impasse continúa sin resolverse. (A fines de 2017, dije en dos reuniones a Roberto Picón Herrera, ejecutivo principalísimo de la Mesa de la Unidad Democrática, que la prioridad de la Asamblea Nacional era la de recuperar su eficacia como poder resolviendo el problema del desacato, para que pudiera convocar referendos consultivos. Su respuesta: “Entonces ¿nos vamos a arrodillar?”) En todo caso, al argumentar el Bloque Constitucional que “Nicolás Maduro Moros dejó de ser presidente de la República, el 10 de enero del año 2019, cuando venció su periodo presidencial”, desestima de un todo el procedimiento de Borges Junyent que declarara el abandono del cargo por Maduro. (R. I. P.)

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Pero el mismo “bloque” sostiene la pretensión—Diccionario de Sinónimos: aspiración, propósito, intención, anhelo, ambición. Ejemplo: Tenía la pretensión de ser presidente—de Juan Guaidó: que él es el Presidente legítimo (“encargado”, “interino”) de Venezuela, ambición que se predica como sustentada en el Artículo 233 de la Constitución, específicamente en su segundo parágrafo:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El “interino”

Para que Guaidó pudiera quitarle el coroto a Maduro en aplicación de esa disposición tendría que admitirse, primero, que Maduro era el Presidente electo—Diccionario de la Lengua Española: adj. Dicho de una persona: Que ha sido elegida o nombrada para una dignidad, empleo, etc., y aún no ha tomado posesión—, al menos que había sido elegido un Presidente y que se había producido su falta absoluta: su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, su abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, o la revocatoria popular de su mandato. (Que no puede efectuarse, esta última, antes de cumplida la mitad del período).

No hubo falta absoluta del Presidente electo, y ya Maduro tomó posesión para un nuevo período al juramentarse válidamente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El motivo sobrevenido es claro; la Asamblea Nacional optó por no reconocer en Nicolás Maduro al Presidente electo, negándose a recibir su juramento. Explica el Bloque Constitucional: Maduro no habría sido (según los abogados en bloque) “reelecto en una elección presidencial libre, justa y competitiva”. ¿Qué órgano, qué tribunal facultado por la Constitución o las leyes ha establecido tal cosa? El argumento no pasa de ser un alegato no probado. (Diccionario de la Lengua Española: alegato. 1. m. Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. 2. m. Der. Escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario). Tal cosa no es un dictamen definitivo que emitiera un órgano válido, y no valen acá las opiniones descalificadas de Jair Bolsonaro, Mike Pompeo o John Bolton; no valdría la opinión del papa Francisco, que sobre esto no se ha pronunciado. Un alegato no es una prueba; tampoco lo es una acusación, presunción o sospecha. Toda la fundamentación de la “presidencia” de Juan Guaidó es falaz.

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De los cinco artículos de la Constitución aducidos por el Bloque Constitucional de Venezuela para soportar la pretensión de Guaidó, el otro que sería pertinente es el Art. 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. (Redacción defectuosa; ha debido escribirse “En tales eventualidades…”)

La Constitución no ha dejado de observarse por acto de fuerza desde el 11 de abril de 2002, cuando lo hiciera Pedro Carmona Estanga; no ha habido a partir de esa fecha un golpe de Estado militar, que es a lo que ese artículo se refiere en la primera eventualidad. (El texto de ese artículo es copia de lo que establecía el Art. 250 de la Constitución de 1961, promulgada el 23 de enero de ese año. Para esa fecha, una media docena de intentonas contra el gobierno de Rómulo Betancourt debió ser repelida; Ramón J. Velásquez, su Secretario de la Presidencia, me confió: “Tuvimos que lidiar con conspiraciones todos los meses”).

Tampoco ha sido derogada. (Diccionario de la Lengua Española: derogar. tr. Dejar sin efecto una norma vigente). Se la violado, sí. En mi opinión, la violación más grave la ejecutó la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en principio encargada de protegerla. (Ver Violación denunciada, 12 de agosto de 2008). Pero la Constitución, algo herida, algo averiada, aún vive. Nada puede fundarse todavía sobre su Artículo 333.

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No es la primera vez que alego algo en contra de la opinión de abogados prestigiosos; yo no soy abogado, mucho menos prestigioso. (Ver Lógica anecdótica, 17 de mayo de 2017). A fines de 2002, el prestigioso abogado Oswaldo “Pico” Páez Pumar intentó desprestigiar cosas sostenidas por mí sobre la base de una falacia ad hominem (la más primitiva de las falacias—argumentos inválidos con apariencia de validez—consideradas por la lógica): quiso anular mi argumentación mediante el expediente de calificarme repetidamente con el calificativo de diletante. El Dr. Páez Pumar no me envió el escrito en el que eso hizo, en contra de su práctica habitual de informarme de sus textos; supe de su desleal proceder por tercera persona. Ya en posesión de su alegato, redacté una completa contestación (15 de diciembre de 2002) en la que puse al comienzo:

…en más de una ocasión, de modo velado y oblicuo, nunca directo y frontal, haces alusiones a mí, más que a mis argumentos, con la expresión “diletante”, que en tu caso lleva intención descalificadora y despreciativa. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por cierto, registra, como última acepción del término, ese sentido peyorativo. Pero también define: “Aficionado a las artes, especialmente a la música. Conocedor de ellas. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional”. Prefiero entenderme dentro de las acepciones positivas de la palabra, y por tanto reivindico con orgullo que puedo ser entendido, en efecto, como diletante en materia constitucional. El diccionario igualmente anuncia que el vocablo tiene origen italiano. No escapa a tu culta persona que diletante significa, en esa lengua, lo mismo que amante. Un diletante del derecho es, en ese sentido, un amante del derecho. Y he aquí la clave para diferenciar nuestras respectivas situaciones: tú ejerces profesionalmente el derecho; yo tan sólo lo amo.

The defense rests its case. Creo que es una lectura recomendable El problema (30 de agosto de 2017). LEA

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Para descargar esta entrada como archivo en formato .pdf: Entre abogados

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Más usurpador será usted

 

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Parágrafo segundo del Artículo 233 de la Constitución

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Juan Guaidó ha pretendido usurpar el cargo de Presidente de la República, al decir hoy que ha asumido las funciones del Ejecutivo Nacional. (Cualquier presidente, por cierto, tendría que juramentarse ante la Asamblea Nacional, no ante el “cabildo abierto” al que se dirigía). La Presidencia de la República sólo recae en el Presidente de la Asamblea Nacional en el caso de falta absoluta del Presidente de la República—”la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato”—y sólo si tal falta se produce antes de su toma de posesión, la que ya ha ocurrido.

El delirio total. Es una manipulación de las esperanzas de los venezolanos que se basa en la tergiversación de lo dispuesto por la Constitución Nacional, que se funda en la mentira, y el error sólo se corrige con la verdad. Para que se aplicara la disposición de adjudicar la Presidencia de la República al Ing. Guaidó tendría que admitirse que había un Presidente electo cuya falta absoluta habría que cubrir. ¿Quién era ese Presidente electo? ¿Nicolás Maduro o un fantasma? Si se desconoce las elecciones del 20 de mayo de 2018, entonces no había Presidente electo y en consecuencia el supuesto basamento de la presidencia de Guaidó es inexistente.

Por otra parte, la Constitución no estipula en ningún caso gobiernos “de transición” (mucho menos si se trata de una junta “cívico-militar”). Que un gobierno legítimo—su jefe determinado en elecciones constitucionalmente válidas—que suceda a Maduro tenga carácter transicional es una cosa enteramente distinta, determinada por las circunstancias. A menos que cualquier sucesor de Maduro quiera continuar sus políticas, por fuerza de los hechos será transicional, no porque lo disponga así nuestra Carta Magna. Sería imposible pasar del gobierno de Maduro a un gobierno “normal” de una vez, sin solución de continuidad.

 

Artículo 9 de la Constitución Nacional: “El idioma oficial es el castellano”.

 

El usurpador

La usurpación de funciones públicas es un delito, y el Ing. Guaidó ha incurrido en él flagrantemente.

De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. (Artículo 200 de la Constitución).

Acaban de enterarme de un tuit que aparentemente habría originado el periodista Rafael Poleo a las 11:33 a. m.:

En este momento los generales exigen al ministro Padrino que plantee al ex presidente Maduro la necesidad de reconocer los hechos y conforme a la Constitución entregue el palacio de Miraflores.

Nada de lo ocurrido es “conforme a la Constitución”. Antes, un estimado amigo justificó el “gobierno de transición”, que no existe constitucionalmente, de esta manera: “¡¡¡Es que no está en ningún lado!!! Hay que improvisar el guión constitucional”. Así hay ahora miles de venezolanos que desvarían. Hace nada (26 de noviembre de 2018), algún vistoso opinador clamaba al Pueblo para que defendiera la Constitución y al día siguiente proponía una junta cívico-militar de transición imprevista en ella. (???)

La ingeniería de este inusual golpe de Estado cree que basta que Guaidó diga, ante miles de testigos que lo vitorean, que ha asumido la Presidencia de la República para que la cosa sea constitucional y legal, y confía en la importante fracción de ciudadanos venezolanos que quiere salir de Maduro como sea. (Invasión extranjera, presión militar local que le fuerce a renunciar, insurrección abierta y decisiva de militares, asesinato…)

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El jueves de la semana pasada se consultó mi opinión acerca de este tuit: “La crisis de Venezuela es más política que jurídica. Ningún instrumento legal vigente en el país contempla un escenario como el actual; en consecuencia la solución no puede ser literalmente ajustada a la norma, sino a la racionalidad política”.

Así contesté: “Razonar de ese modo lleva a contradicción; se supone que precisamente condenamos en Maduro que desatienda lo jurídico. Desatenderlo nosotros nos convierte en nuestro enemigo”. Quien preguntara insistió: “Pero doctor como dar todo el peso solo a lo jurídico, cuando el TSJ esta compuesto por personas que no califican para ser magistrados y la ANC haciendo leyes, cuando no esta facultada para ello!!!!!!” Esta vez respondí sin que hubiese ulterior reacción:

La ANC puede decidir cosas que no contravengan la Constitución. Art. 249: Los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC. Entre estas decisiones pueden estar leyes compatibles con la Constitución. Y el asunto no es que en el TSJ o la ANC haya gente de conducta reprobable, sino que nosotros no tengamos conductas reprobables. La maldad de Hitler no excusa la mía. Cerré un artículo en mi blog (Conocimiento y opinión) con estas palabras: “Lo peor que puede hacer un opositor a Chávez es parecerse a él”. Nuestra autoridad moral para rechazar lo malo desaparece en cuanto nosotros hagamos lo malo.

Mucho opositor quiere emplear medios que condena en Nicolás Maduro. Guerra es guerra, razonan. Pero Barbara Tuchman asentó en The March of Folly:

Los defensores de Julio II le acreditan el haber seguido una política consciente basada en la convicción de que “la virtud sin el poder”, como había dicho medio siglo antes un orador en el Concilio de Basilea, “sólo sería objeto de burla y que el Papa romano sin el patrimonio de la Iglesia sería un mero esclavo de reyes y príncipes”, que, en resumen, con el fin de ejercer su autoridad, el papado tenía que lograr primero la solidez temporal antes de emprender la reforma. Este es el persuasivo argumento de la Realpolitik que, como la historia ha mostrado a menudo, tiene un corolario: que el proceso de obtener poder emplea medios que degradan o brutalizan a quien los emplea, que despierta para darse cuenta de que aquél ha sido poseído a expensas de la virtud, del propósito moral.

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Lo que no ha hecho Guaidó, como tampoco ninguno de sus predecesores (en la Asamblea Nacional y en la dirigencia opositora), es procurar el pronunciamiento del Pueblo, Poder Supremo del Estado, en referendo que pueda ordenar este desbarajuste. Le basta simular que lo involucra, que procura su participación en cabildos abiertos que no son tales y que exceden su nivel municipal al tramitar cuestiones de nivel nacional que se les arroje.

Sólo el Pueblo tiene el poder de resolver tan confusa y dañina situación de confrontación de poderes públicos, que están obligados por el Art. 136 de la Constitución a colaborar entre sí “a los fines del Estado”. (Ése es un artículo que no se toma en cuenta; es molesto, es inconveniente a los propósitos golpistas).

Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional. (Gran Referendo Nacional, 5 de febrero de 2003).

La dirigencia opositora se llena la boca de Pueblo para masticarlo y hacer lo que le dé la gana, así sea enteramente inconstitucional e inmoral. (Aparte de ineficaz). Que gobiernos extranjeros que no conocen nuestro ordenamiento constitucional hayan creído todo lo que les dice esa lamentable dirigencia no convierte sus desaguisados en aciertos. La “comunidad internacional” no tiene vela en este entierro, de exclusiva preocupación nacional. LEA

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