Impureza pura

 

Robert Moses, un “político puro”, fotografiado en el East River de Nueva York por Arnold Newman

 

A Fernán Frias Palacios

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Un político puro no es una persona éticamente irreprochable, ni tiene por qué serlo. En efecto, es insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político: hay que juzgarlo políticamente.

Luis Vicente León¿Qué es un político puro?

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Nuevamente me escribe desde Nueva Zelanda el ingeniero Leonardo Durán (Universidad Simón Bolívar), esta vez para participarme que lee ahora The Power Broker, la monumental biografía—1.200 páginas que fueron originalmente 3.000—de Robert Caro sobre su tocayo Robert Moses (1888-1981), una figura poderosísima en Nueva York. La obra mereció un Premio Pulitzer en 1974, y presenta a Moses como un implacable constructor de vías públicas que en un momento dado llegó a acumular doce cargos públicos ejercidos simultáneamente sin que fuera jamás un funcionario electo. Desde tan considerable poder, Moses desarrolló buena parte de Manhattan a partir de la era de la Depresión (1929), destruyó vecindarios enteros en la ciudad de Nueva York cruzándolos con autopistas o puentes (trece en total), e implantó reglas racistas en algunos de sus proyectos obstaculizando, por ejemplo, a excombatientes afroamericanos el acceso a un desarrollo habitacional destinado a veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando recibí la notificación de Durán, ya había leído el domingo pasado un artículo de Luis Vicente León en El Universal y decidido que lo comentaría. Además de lo citado en el epígrafe, lee uno en esa pieza de León:

El político puro es lo contrario de un ideólogo, pero no es sólo un hombre de acción; tampoco es exactamente lo contrario de un intelectual: posee el entusiasmo del intelectual por el conocimiento, pero lo ha invertido por entero en afinar el ingrediente esencial y la primera virtud de su oficio: la intuición histórica. Algunos podrían llamarla también sentido de la realidad, un don transitorio que no se aprende en la universidad ni en los libros y que supone una cierta familiaridad con los hechos relevantes que permiten a ciertos políticos y en ciertos momentos, saber qué encaja con qué, qué puede hacerse en determinadas circunstancias y qué no, qué métodos van a ser útiles en qué situaciones y en qué medida, sin que eso quiera necesariamente decir que sean capaces de explicar cómo lo saben ni incluso qué saben.

León emplea acá el término ideólogo en un sentido suyo, no con los significados reconocidos por el Diccionario de la Lengua Española, el editado por la Real Academia de la Lengua Española:

ideólogo, ga 1. m. y f. Persona creadora de una ideología. 2. m. y f. Persona entregada a una ideología. 3. m. y f. Fil. Persona que profesa la ideología (‖ doctrina que estudia las ideas). ideología De idea y -logía, sobre el modelo del fr. idéologie. 1. f. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 2. f. Fil. Doctrina que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas.

Para León, ideólogo significa alguien que se ocupa de las ideas o las crea él mismo, un intelectual, lo que considera ocupación contrapuesta a la política. Me he ocupado de este asunto antes. (Ver De héroes y de sabios, en referéndum #26, 17 de junio de 1998). Allí preguntaba en su primera sección:

Existe una antigua leyenda de las tribus germánicas según la cual, al comienzo del mundo, sólo había dos clases de hombres: héroes y sabios. (Dicen que en algunas traducciones se lee justos en lugar de sabios). Según el mito, los héroes se levantaban todas las mañanas dispuestos para la faena: conquistar castillos, derrotar bandidos, rescatar doncellas y matar dragones. Al caer el día cesaba la jornada; y entonces los héroes se dirigían a las cuevas de los sabios, para que éstos les explicaran el significado de sus hazañas, pues no sabían ni por qué ni para qué las emprendían. Lo que la leyenda indica es que desde hace mucho tiempo, en un pueblo bastante distante de nuestra heredad, ya se pensaba que había una gente que se ocupaba de las cosas y otra distinta que se entretenía con los significados de las cosas. No es sólo en Venezuela, pues, que se manifiesta esa bipolaridad entre “hombres de acción” y “hombres de pensamiento”, entre héroes y sabios, entre caciques y brujos. Pero en Venezuela esta tensión se manifiesta con particular crudeza. (…) hace unos años ya en una de las operadoras de PDVSA, nuestro dechado de virtudes gerenciales, un conferencista buscaba una página en blanco en el rotafolio de la junta directiva a la que hablaría en unos instantes. En ese proceso se topó con una página en cuyo centro estaba escrito lo siguiente: “A la industria petrolera no le conviene tener demasiada gente inteligente”. ¿Qué es este prejuicio contra las personas que tienen la tara de intelectualidad? Que se sepa, la Constitución de 1961 sólo inhabilita para el ejercicio de los altos cargos públicos a quienes no son venezolanos por nacimiento, a quienes son demasiado jóvenes, a quienes son religiosos. (Si se comprende las enmiendas, a quienes han sido hallados culpables de delitos contra la cosa pública). No existe indicación alguna, ni en su texto original ni en las dos enmiendas subsiguientes, de la inhabilidad política de los “hombres de pensamiento”. ¿De dónde se saca entonces que éstos no deben mandar?

Escogí para epígrafe de ese trabajo la cuestión planteada el año precedente por Argenis Martínez:

La característica general de la política venezolana hasta ahora es que si usted está mejor preparado en el campo de las ideas, es más inteligente a la hora de buscar soluciones y tiene las ideas claras sobre lo que hay que hacer para sacar adelante el país, entonces usted ya perdió las elecciones.

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He aquí el cierre del artículo de Luis Vicente León:

De acuerdo a esta definición del político puro, que ya habrá encrispado a los radicales por su desfachatez ética al plantear que más vale un político que resuelve problemas, entiende los momentos, negocie y solucione conflictos que aquel que se encierra en luchas intestinas, discursos emocionales y amenazas de perro echado que no puede operacionalizar, me gustaría plantear tres cosas relevantes: La primera es que no existe forma de resolver el problema venezolano sin contar con, al menos, un político puro, capaz de enamorar a la población para que confíe en él, aunque su tarea luzca inalcanzable, y que luego sepa convertir esa fuerza en presión de cambio, en tensión para lograr una negociación exitosa, en la que tendrá que sacrificar a veces legalidad, a veces justicia y siempre derechos propios para lograr el objetivo final, que en definitiva será el éxito político por el que deberá ser evaluado. La segunda es que no hay en este momento en Venezuela un político puro que nos permita ser optimistas en cuanto a la posibilidad del cambio en breve, aunque podríamos decir en su defecto que sí existen condiciones para que un actor diferente e inesperado llene ese vacío y se convierta en el fenómeno político necesario. Finalmente, tengo que decir a quienes ya están listos en sus redes para arrancar sus ataques sobre mi falta de escrúpulos en la definición del político necesario, que no me pertenece para nada. Es simplemente la suma textual de las definiciones de José Ortega y Gasset, uno de los más importantes filósofos españoles e Isaiah Berlin, considerado uno de los principales pensadores del siglo XX, referidos ambos por uno de mis escritores favoritos: Javier Cercas en Anatomía de un Instante. Atáquenlos a ellos.

Apartando que la última justificación que emplea—refugiado en Ortega y Gasset o Berlin—es una instancia del argumento de autoridaduna entre las más comunes falacias—razonamientos lógicamente inválidos con apariencia de invalidez—, León sobresimplifica al postular que la oposición única a su político “puro”, a quien sería “insuficiente o mezquino—DRAE: Falto de generosidad y nobleza de espíritu—juzgar éticamente”, es la de alguien “que se encierra en luchas intestinas, discursos emocionales y amenazas de perro echado que no puede operacionalizar”. La bondad no está reñida con la eficacia, ni obliga a luchas intestinas, a discursos emocionales o la incompetencia operativa; creer que ella castra la eficacia política es una simpleza.

…no es nada difícil recabar comprobación empírica de que la bondad es eficaz. La bondad funciona en la práctica. Los expertos en gerencia de personal ya abrazaban, a fines de los años sesenta del siglo pasado, la “Teoría Y”, que se oponía a una “Teoría X” que contemplaba cínicamente las motivaciones de los empleados de las empresas privadas. Sin darse cuenta de lo que hacían, eran, como Federico el Grande, antimaquiavélicos. Habían descubierto que, con mucho, era preferible ser amado que temido. El líder temido, no cabe duda, puede ser muy eficaz; con frecuencia logra sus propósitos. Pero para lograr metas más elevadas es necesario ser líder amado. No se puede convocar a grandes cosas desde el miedo. Es en este sentido práctico, plenamente realista, que Don Pedro Grases, el gran catalán venezolano, afirmaba en su septuagésimo cumpleaños: “La bondad nunca se equivoca”. Para quien había logrado escapar de la muy real y concreta tragedia de la Guerra Civil Española, eso no era poesía, sino constatación práctica. Una política fundada en ese sentimiento, a pesar de su hermosura, es perfectamente posible. (Y muy necesaria). (Reflexión postrimera, 27 de diciembre de 2007).

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La postura de León es frecuentemente compartida. Con ocasión (15 de octubre de 2012) del bautizo de un libro que recogía poemas de su madre, mi querido amigo Fernán Frías me presentó a un importante profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien dijo con intención de elogiarme que yo era probablemente el mejor analista político venezolano. Intenté precisar enmendando su definición: “Analista político no; político”. Fernán reviró de inmediato: “Tú no eres político”, y su sentido del término era el mismo que empleara Luis Vicente León. Así que León está en buena compañía; Fernán Frías es señor de bondad. Reconozco, adicionalmente, que una autoridad mundial en estos temas piensa en líneas parecidas a las del afamado encuestólogo; se trata del profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yehezkel Dror:

La Realpolitik es cosa muy seria. Nos dice Wikipedia: “Realpolitik se refiere a la política o la diplomacia basada primariamente en el poder y en factores y consideraciones prácticas y materiales, antes que en nociones ideológicas o moralistas o premisas éticas”. Guerra es guerra, pues. La justificación implícita de la “política realista” es, en su límite, la siguiente: “A mí me gustaría que las cosas fuesen de otro modo, pero mi oponente, que en la prác­tica es todo aquel que no me está subor­dinado, es una persona a quien debo entender como perpetuamente en procura del engrandecimiento de su propio poder como un fin en sí mismo, y convencido de que la base de su poder descansa sobre la amenaza y el empleo de la fuerza física o la coerción económica. Es así como estoy moralmente justificado, por autopreservación, para em­plear cualquier medio de ganarle; es así como estoy moralmente obligado a ganar. Lo único inmoral es no ganar”. (Preámbulo de Dictamen, 21 de junio de 1986). La última frase me fue dicha varias veces, a modo de regaño, por un dirigente copeyano durante la campaña de Rafael Caldera en 1983. Luego de explicar a sus alumnos los principios de la Democracia Cristiana, los profesores del IFEDEC acostumbraban advertirles (me lo confió quien fuera su Director General a comienzos de los noventa): “Pero en política hay que sacar sangre”. La Realpolitik nos enseña que otra cosa es chuparse el dedo. Por eso, un candidato presidencial de COPEI estableció en su momento un laboratorio de guerra sucia que, entre otras cosas, elaboró para fines non sanctos una lista de homosexuales en Acción Democrática. Hasta quienes dicen regirse por una “ética política”—uno de los “principios para la acción” enumerados por Enrique Pérez Olivares en sus Principios de la Democracia Cristiana—han adoptado esa práctica. Ese modo de entender la política no es invento venezolano. En todo el planeta se admite la guerra sucia, se la justifica. En 2008, recibí del amigo y mentor Yehezkel Dror su estupendo trabajo The New Ruler: Leadership for the 21st Century. Leí con agrado su recomendación de sustituir la raison d’État por la raison d’humanité, pero debo admitir que me chocó leer su décimo cuarto consejo práctico a los “nuevos gobernantes”: “Para todo lo que hagas, por más válido que sea en sí mismo, necesitas mucho poder. Inevitablemente, tendrás que usar estratagemas que pueden ser inmorales. Úsalas con moderación y pon cuidado extra para no permitir que envenenen tu mente”. (Presunción de inocencia, 14 de septiembre de 2012).

Claro, no es típica la definición de político como resolvedor de problemas públicos sujeto a un código de ética profesional; la más empleada entiende por político a alguien que lucha por el poder. Admitiendo que practico con fruición el pecado capital de intelectualidad y que me sujeto a normas éticas que nunca he desatendido ¿ha impedido eso mi eficacia? No pareciera, a juzgar por mis logros profesionales en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social, el grupo de empresas de Corimón, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas o el periódico La Columna de Maracaibo, al que conduje al Premio Nacional de Periodismo a sólo nueve meses de su reaparición y al primer lugar de circulación metropolitana en seis.

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Me rebelo ante la dicotomía postulada por Luis Vicente León; no se necesita la inmoralidad para ser político eficaz, y ser un intelectual no es óbice de lo mismo. Admitir lo que él postula es acoger el error, y éste sólo se supera con la verdad, no con otra equivocación. Si alguna profesión debe ejercerse con bondad es la política—ver El político virtuoso, 18 de octubre de 2007—, puesto que la visibilidad de los dirigentes políticos les convierte en modelos de conducta:

Cualquier cosa positiva que Chávez haya podido traer a su pueblo es anulada por esta permanente modelación de la violencia, por cuanto aquí el daño que infiere es a lo psíquico de nuestra sociedad. No hay, pues, nada que pueda salvar a las administraciones de Chávez en el registro de la historia, y esto debe ser explicado a sus partidarios en nuestra ciudadanía. Uno pudiera invitarles a que hicieran una lista de los aciertos de Chávez, pues por más larga que fuese sería reducida a la insignificancia al cotejarla con su perenne modelación de la violencia y la agresión, que deja cicatrices en el espíritu de la Nación. ¿Cómo puede disminuir la delincuencia en un país cuyo presidente la modela, exacerbando el azote que lacera por igual a sus partidarios y sus opositores? ¿Qué asaltante no se sentirá “dignificado” por la conducta presidencial, cuya agresividad y cuyo desprecio por la propiedad puede tomar por modelos? (Nocivo para la salud (mental), 5 de julio de 2007).

Así que procuraré siempre encontrar la verdad y decirla, a pesar de que Terencio afirmara en su comedia Andria (166 a. C.): “La verdad engendra odio”, y que Oscar Wilde asentara en La esfinge sin secreto (1894): “Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad”. En algún día de octubre de 2015 señalé a un dirigente de Voluntad Popular que Luis Florido había faltado a la verdad el 20 de septiembre de 2014, al afirmar públicamente—lo que recogió la página web de su partido—que había sido “activado el Poder Constituyente” en acto en “un céntrico hotel de Barquisimeto” al que asistieron tal vez tres centenares de personas. Aquel dirigente excusó la cosa reponiendo: “Bueno, pero eso es una frase política”, como si tal cosa autorizara la falsedad manipuladora, como si eso convirtiera a Florido en “un político puro”.

Pero rescato del lamentable artículo de León esta idea: “…no hay en este momento en Venezuela un político puro que nos permita ser optimistas en cuanto a la posibilidad del cambio en breve, aunque podríamos decir en su defecto que sí existen condiciones para que un actor diferente e inesperado llene ese vacío y se convierta en el fenómeno político necesario”. Por ahí viene, creo. LEA

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El bodrio de ANCO

 

Ofrenda navideña de ANCO

 

bodrio De brodio, y este del germ. *brod ‘caldo’. 1. m. Caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos. 2. m. Guiso mal aderezado. 3. m. Sangre de cerdo mezclada con cebolla para embutir morcillas. 4. m. coloq. Cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Esa película es un bodrio.

Diccionario de la Lengua Española

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No puede ocultarse lo pernicioso del régimen chavista, y la condición a la que ha sometido al país es repudiable en todo sentido. Es por ello que las ganas de mucho Pueblo de protestarlo son harto explicables; el gobierno nos ha llevado a los límites de la exasperación. Pero mandar es muy preferible a protestar.

La salida – 21 de febrero de 2014

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Hace cuatro días, la Alianza Nacional Constituyente “Originaria” (ANCO) ofreció al país un grandilocuente (y mal escrito) comunicado que cierra con una cita en carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander:

En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.

Ya ese cierre permite un juicio sumario del documento de ANCO, pero primero cabe observar lo siguiente: en mensaje electrónico mío, por supuesto menos importante que aquella carta, enviado a alguien más importante que yo el 29 de mayo de este año, expuse:

La Alianza Nacional Constituyente se ha rebautizado a sí misma: ahora quiere ser conocida como Alianza Nacional Constituyente Originaria. Para esa asociación existen “constituyentes originarias”, pero esa creencia es un error de gran bulto, que ya señalé a Blanca Rosa Mármol en visita que me hiciera en compañía de su esposo el 20 de diciembre de 2016. No existen asambleas constituyentes “originarias”; lo único originario es el Pueblo, como le expliqué paciente y abundantemente sin que ella atinara a refutar mi argumentación. Poco después decidí escribir Proyectos anti Maduro (29 de diciembre de 2016), “la exposición y comentario crítico de 15 proposiciones para la cesantía anticipada del presidente Nicolás Maduro”. En esa ocasión, ofrecí tal comentario crítico como documento descargable en formato .pdf, pero el 18 de enero de 2017 transcribí su largo recuento en Licitación Abajo Maduro, donde reproducía parte de comunicación mía a Felipe Pérez Martí (preservando su nombre en reserva) de diciembre de 2016, unos días antes de la visita de Blanca Rosa: “Gracias, NN, por hacerme llegar el documento que el grupo al que perteneces ha producido. Lo único que tiene carácter originario es el Pueblo; una constituyente es un poder constituido más, tan constituido como lo es la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Es el pueblo quien posee el carácter intransferible de originario”.

Es convicción errónea de ANCO que una constituyente “originaria” es la convocada por iniciativa popular, contemplada en el Art. 348 de la Constitución: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el Registro Civil y Electoral”.

Tal como se evidencia del artículo citado, no hay diferencia alguna entre una constituyente convocada por el Presidente de la República y otra que se convoque por iniciativa popular. Creer que la que se derive de esta última es una constituyente “originaria” es una crasa equivocación, una lectura falsa e interesada. (Por cierto, la exmagistrada Mármol opinó que era inválida la convocatoria hecha por Maduro no porque dejara de provenir de un referendo previo—lo que la Constitución no exige para nada—, que fue la tesis de Brewer Carías expuesta el mismo 1º de mayo de 2017 a CNN, acogida por la MUD y luego, lamentablemente, por la CEV, vendida a buena parte de la comunidad internacional en inauguración del adjetivo “fraudulento” y el adverbio “fraudulentamente”, sino porque Maduro era ¡un presidente de facto! dado que la Asamblea Nacional había decretado (delirantemente) su abandono del cargo.

Lo sumario es esto: Bolívar habla de “devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social”. ANCO se suma a quienes ignoran la proposición reiterada de convocar al Pueblo, el Poder Supremo del Estado (como Bolívar parecía tener claro), para que se pronuncie en referendo y decida los asuntos cruciales de esta hora. Para los directivos de esa “alianza”, son ellos—una vez electos diputados constituyentes—quienes deben decidir, no el Pueblo.

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En su comunicado, la proposición de ANCO se contrae a lo siguiente:

…solicitamos al Legitimo TSJ la designación en el momento que corresponda a los mejores intereses de la Nación, de una JUNTA  DE UNIDAD NACIONAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, con poderes amplios y suficientes para arbitrar, ejecutar y lograr un proceso de recuperación de las libertades y la democracia en Venezuela. Dicha Junta debe estar integrada por destacados ciudadanos de meritoria trayectoria profesional provenientes de la Sociedad Civil, Instituciones Universitarias, Academias, Iglesias, Gremiales, Asamblea Nacional, Militares en situación de retiro, dispuestos a prestar este honroso servicio a la Nación.

Por supuesto, ese “Legítimo TSJ” fue formado por la Asamblea Nacional en desconocimiento de la imprescindible participación (Constitución Nacional, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) del Poder Ciudadano en su nombramiento. Por lo contrario, es radicalmente ilegítimo, es claramente fraudulento. Más aún, la junta propuesta por ANCO es enteramente anticonstitucional, a pesar de lo cual los proponentes caracterizan al gobierno presidido por Nicolás Maduro, para desconocerlo, como violatorio de la Constitución. No es esa junta que la Constitución ignora quien puede convocar al pueblo a referendo.

Para que esté claro: más adelante, el comunicado detalla que ella “se aboque de inmediato a organizar y convocar a la Soberanía Popular con apoyo de la Comunidad Internacional, para que en ejercicio del Principio de Autodeterminación de los Pueblos acuda a una Gran Consulta Popular, a nivel nacional y el exterior, sin el CNE, art.70 constitucional, para definir el proceso de cambio estructural para la refundación de  la República y reinstitucionalización del país”. Si se censura en el gobierno la violación de la Constitución, ésta sólo establece que quienes pueden convocar a un referendo son el Presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional por mayoría simple y un 10% de los electores venezolanos. Así reza el Artículo 71 de la Constitución, que para nada menciona una “junta de unidad”, y la “comunidad internacional” no tiene vela en ese entierro. Sí la tiene, naturalmente, el Consejo Nacional Electoral del que ANCO quiere prescindir; a pesar de la redacción del Artículo 70—”Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas…—, una consulta popular no es otra cosa que el referendo especificado en el siguiente artículo, y corresponde al CNE “La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”. (Artículo 293, Numeral 5). Dicho sea de paso: “El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad”. (En Wikipedia, énfasis de este blog). Es decir, al invitar ANCO a la tal “comunidad internacional” contradice el principio de autodeterminación de los pueblos, que se define esencialmente como determinación nacional sin injerencias externas.

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Con una pobreza argumental inexplicable, el comunicado de marras resucita la especie, jamás probada—es principio universal de Derecho Penal que la carga de la prueba recae en quien acusa—, de que el Sr. Maduro posee una doble nacionalidad. La Registraduría Nacional de Colombia ofició a nuestra Asamblea Nacional, a mediados de 2016, certificando que Maduro no aparece en sus registros como nacional colombiano, luego de que ella misma certificara antes, como fraudulentamente forjada, una “partida de nacimiento” que presentara el exembajador ante la OEA por Panamá, Guillermo Cochez:

El exembajador de Panamá—¡qué casualidad!—ante la OEA, Guillermo Cochez, presentó a la cadena colombiana NTN24—¡qué casualidad!—una presunta partida de nacimiento del presidente Maduro y declaró irresponsablemente: “Maduro nació en Cúcuta el 22 de noviembre de 1961 y no en Caracas”. Poco después, la Registraduría de Colombia investigó el documento presentado por Cochez y llegó a la conclusión de que era falso, según informó Carlos Alberto Arias, Director Nacional de Identificación, quien señaló varias inconsistencias e irregularidades en la “prueba” de Cochez. (Disección de una “mancheta” necia).

Con igual pobreza aduce ANCO que Maduro ya no está en ejercicio de su cargo presidencial, desde que la AN presidida por Julio Borges declarara el 9 de enero de 2017 su falta absoluta ¡por abandono del cargo! En Licitación Abajo Maduro (18 de enero de 2017):

Sobre este extravío apuntaba el 1º de noviembre la web de la BBC de Londres:

Aunque los diputados opositores hablan de un “juicio político” al presidente, esa figura como tal no existe en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde el parlamento destituyó en agosto a la presidenta Dilma Rousseff. (…) Algunos expertos tampoco creen que sea una figura correcta ni que vaya a tener algún efecto. “Yo creo que el abandono del cargo no procede”, afirma a BBC Mundo el profesor de Derecho Constitucional Pedro Afonso del Pino. “El abandono del cargo es cuando el presidente ha dejado de ejercer la función. Que un presidente ejerza mal el poder o lo ejerza inconstitucionalmente no es abandono del cargo. (Maduro) No ha dejado de ejercer su cargo“, asegura Del Pino.

Más adelanto puso:

Según el cronograma previo al proceso de diálogo entre gobierno y oposición iniciado este domingo, la idea de los líderes opositores era entregar este jueves a Maduro, al menos simbólicamente, la notificación de “abandono del cargo” en la marcha prevista hasta el palacio presidencial de Miraflores. Ahora, sin embargo, tras el inicio del diálogo con la mediación del Vaticano, la decisión sobre el abandono del cargo se aplazó y también quedó suspendida la manifestación que su destino final será Miraflores. Y si finalmente se aprueba, es posible que el TSJ invalide el documento.

Se trata de un caso más de holgazanería política.

La ritual alusión al Artículo 333 de la Constitución—Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella—escamotea que la primera oración se refiere a un golpe de Estado (y Maduro no ejerce la Presidencia de la República por uno), así como deja de reconocer que si ha habido más de una violación de la Constitución, por el propio Tribunal Supremo de Justicia en 2008 (ver Violación denunciada) o en el caso del nombramiento del ilegítimo TSJ en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes—ver A un corresponsal no identificado, 5 de junio de 2018—, nunca ha sido derogada. (derogar Del lat. derogāre. 1. tr. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española).

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En síntesis, no se ha probado la doble nacionalidad de Nicolás Maduro, éste no ha abandonado su cargo, el TSJ en el exilio no es “legítimo” y la propia Alianza Nacional Constituyente “Originaria” no es esto último porque no existen constituyentes originarias. La que actualmente opera fue convocada legítimamente por el Presidente en Consejo de Ministros (Artículo 348), y en virtud del segundo parágrafo del constitucional  Artículo 349—”Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”—decidió ordenar elecciones presidenciales que el Consejo Nacional Electoral convocó y organizó para el 20 de mayo de 2018* sin contravenir la Constitución, la que no especifica fecha para la celebración de las mismas.

¿El comunicado de ANCO? Un verdadero bodrio. LEA

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*Nelson Bocaranda anticipó—Runrún de alerta—inminentes procesos electorales en octubre de 2017: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?)” La dirigencia opositora no hizo caso de su advertencia.

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¡Qué vaina con Ugalde!

 

Ugalde en mala compañía, un mes y seis días antes del Carmonazo

 

La imagen más penetrante de la reunión de La Esmeralda, ese 5 de marzo, es la de Ugalde en medio de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, a quienes había tomado de las muñecas para elevar sus brazos como si se tratara de héroes deportivos que hubieran quedado tablas en un encuentro.  (…) El Arzobispado de Pamplona registraba, en su resumen diario de prensa del 7 de marzo de 2002, una nota de esa misma fecha de El País de Madrid, que ponía: “Sindicalistas, empresarios y eclesiásticos de Venezuela firmaron un pacto democrático de emergencia, cuyo objetivo es la superación de la pobreza, para que lo aplique un Gobierno de transición, sin el presidente Hugo Chávez… El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, el presidente de la organización gremial de la patronal venezolana Fedecámaras, Pedro Carmona, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el padre jesuita Luis Ugalde, en representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, firmaron el martes el pacto democrático contra Chávez”. (…) La reunión de La Esmeralda formaba parte de la agenda de una conspiración.

Las élites culposas

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Creo que fue el mismo 13 de junio, el miércoles de la semana pasada, cuando leí las primeras líneas de un artículo de Luis Ugalde S. J. con fecha de ese día. Su prometedor título era La enfermedad, el remedio y la ruta. No completé la lectura; bastó que viera su comienzo para percatarme de que quien propusiera como solución a nuestros males encontrar “un Larrazábal II”—Fundación Espacio Abierto, 10 de diciembre de 2016—desvariaba de nuevo. Pero el sábado me envió alguien ese mismo texto en correo electrónico con el siguiente título: “Hablar claro y actuar en consecuencia, ya” y, dos horas después, otra persona me preguntó por WhatsApp si “por casualidad” había comentado en mi programa #302 “el último [artículo] de tu colega de curso Luis”. Este último amigo sabe que Ugalde y yo estudiamos juntos entre 1962 y 1964:

Quien escribe tuvo la fortuna de compartir un mismo pupitre con el padre Luis Ugalde S. J., ex Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, durante nuestro segundo año académico (1963-1964) en la carrera de Sociología de esa casa de estudios. Es decir, nos sentábamos juntos en un aula del segundo piso de la sede original de la universidad, situada entre las esquinas de Mijares y Jesuitas. Un poco más tarde Ugalde interrumpió los estudios en Caracas para atender exigencias de su carrera jesuítica en Europa, y con el correr de los años asumió el cargo máximo de su primera casa universitaria. De aquella lejana época logro recordar su evidente inteligencia, su discreción, su sotana blanca y su inocultable inclinación a las ideas socialistas en época de una “teología” de la liberación. (Las élites culposas, mayo 2012).

Algo de esa cojera de la pata izquierda ha debido quedar para los inicios del primer gobierno de Hugo Chávez, en quien Ugalde reconocía públicamente su preocupación por las necesidades del Pueblo, y a quien recomendaba darle el beneficio de la duda. Tan tarde como el 23 de junio de 2016, escribía: “Cuando Chávez apenas se estaba estrenando en la Presidencia me dijo con franqueza ‘yo no creo en los partidos políticos, ni siquiera en el mío, yo creo en los militares que es donde yo me formé’. Cuando reinan las armas, la soberanía no está en el pueblo sino en quien tiene el fusil. Es la muerte de la política. Sin embargo, Chávez significó para muchos venezolanos el resurgir de la política, que estaba moribunda por los partidos, gastados por la rutina y la corrupción e insensibles ante la creciente pobreza”. (Elogio de la política).

De modo que la convergencia, casi simultánea, de dos referencias a la última de las piezas ugaldinas logró preocuparme y me indujo a leerla completa. Ayer, Día del Padre, el servicio de noticias de Costa del Sol FM no se limitó a reproducirla; también publicó una entrevista al cura sobre su temática. No puede haber duda de que ese artículo ha causado impacto, el suficiente para recuperar el papel de primer eclesiástico contestatario que otro jesuita de apellido perfecto, Francisco Virtuoso, le ha disputado. (Éste aseguraba hace menos de un mes—22 de mayo—que la Constitución especifica que la elección de Presidente de la República debe efectuarse en los últimos meses del año— “Cuando se habla de solicitar elecciones en el último trimestre del año es porque es lo que está consagrado en la Constitución”—, en eco de idéntico error de la directiva de AVERU: “La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicita que las elecciones se hagan cuando están planteadas constitucionalmente”, dijo Cecilia García Arocha el 10 de mayo. La Constitución no prescribe nada de eso).

………

El nuevo y publicitado texto de Ugalde incluye más de una afirmación tajante no probada; por ejemplo: “Maduro el 20 de mayo no fue elegido democráticamente, sino que impuso dictatorialmente una votación para continuar hasta el 2025”. Fue elegido democráticamente, en medio de la abstención más alta—prácticamente 54%—que se registre para una elección presidencial en Venezuela. La abstención, por supuesto, favoreció la candidatura de Maduro, y fue predicada por la mayoría de los partidos opositores. Siempre ha convenido al gobierno socialista la abstención opositora (ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012). Algunos voceros, como los ya mencionados Francisco Virtuoso y Cecilia García Arocha, argumentaron equivocadamente que la fecha desusadamente temprana violaba disposiciones constitucionales, pero eso había sido advertido por Nelson Bocaranda (Runrún de alerta) con suficiente tiempo—octubre de 2017—sin que se le hiciera caso: “las pretensiones de acelerar los procesos de alcaldías y consejos legislativos (¿hasta las presidenciales?) para aprovechar el desencanto y la depresión de los votantes por la democracia. El impulso de la abstención por parte del régimen le dio sus resultados. Lo continuarán mientras les funcione”.

No podía prescindir Ugalde del epíteto, más bien muletilla, de moda: fraudulento. (Opositor que se precie y no acuse todo lo que hace el gobierno de “fraudulento” no está en nada, como decíamos en los años sesenta). Así escribió en su párrafo introductorio: “la fraudulenta votación del 20M”. Allí mismo esgrime con pretendida originalidad algo de lo que hasta ahora no se había acusado a Maduro: “Maduro está deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución)”. Este artículo dice:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

El sujeto actor de esa declaración constitucional es la Nación como un todo, no el Presidente de la República; la “originalidad” de Ugalde es a este respecto meramente retórica. Tampoco podía faltar el consabido apoyo en el Artículo 333 de la Constitución: “Frente a la tiranía, todos, civiles y militares, estamos obligados (art. 333) a actuar para restablecer la Constitución y los derechos humanos”. Así reza el socorrido artículo:

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

La Constitución, y se habla de ella como un todo en ese artículo, no ha sido derogada—derogar. Dejar sin efecto una norma vigente. Diccionario de la Lengua Española—y tampoco ha dejado de observarse por acto de fuerza (en el sentido e intención del artículo, típicamente un golpe de Estado militar). El artículo invocado, por otra parte, no menciona derechos humanos.

Pero vamos de una vez a lo que es programático en el ya famoso texto; Ugalde propone estos pasos:

La ruta más razonable y democrática hacia la que todos unidos debemos empujar nacional e internacionalmente es:

A- Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B- Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima AN.

C- Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D- Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E- Eliminación de la dictatorial Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo CNE.

F- Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente solo será posible dentro de nueve meses o más.

Obviamente, la renuncia presidencial es en este caso potestad exclusiva y personal de Nicolás Maduro. Pero un “gobierno de transición” y una “junta de gobierno civil con participación militar” son elementos claramente anticonstitucionales. Es irónicamente absurdo que, quien acusa a Maduro de “violación sistemática del art. 2 de la Constitución”, proponga con la mayor frescura actuaciones evidentemente violatorias de ella. (En La marcha de la insensatez, Barbara Tuchman citó, resaltando su absurdidad,  las palabras de un mayor del ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam: “Se hace necesario destruir el pueblo con el fin de salvarlo”. Luego comenta: “su frase parecía simbolizar el uso del poder destructor americano para destruir el objeto de su protección para preservarlo del comunismo”). Ugalde estipula que se viole olímpicamente la Constitución para restituirla.

Y es que, además, el récipe ugaldino no tiene nada de original; con trece años de anticipación propuso Alejandro Peña Esclusa una iniciativa prácticamente idéntica, cuando intentó vender su táctica de “guarimbas”. (Para indignación de Robert Alonso, que aseguraba ser el verdadero inventor).

Todo un libro escribió Peña Esclusa sobre la nueva táctica, a la que califica orgullosamente como “totalmente constitucional”. Claro, después olvida esta virtud al describir un “consejo de regencia” que sucedería a Chávez luego de que se creara con la aplicación de su récipe la “crisis político-militar”: “Los candidatos para ese consejo de regencia o junta cívico militar serán los militares valientes que se dignen a hacer cumplir la constitución y en el lado civil, pues aquellos individuos que hayan demostrado su capacidad y una trayectoria impecable en los gremios donde pertenezcan, como educación, derecho, salud. Individuos reconocidos como hombres honestos y que se hayan ganado el aprecio de la población. Que ellos acompañen a los militares que decidan hacer valer la constitución. Después de estabilizar el país los partidos políticos podrán lanzar sus candidatos y participar en elecciones”. Como se ve, ya no tan constitucional. (La esclusa es la salida, 14 de julio de 2005).

Las proposiciones de Ugalde no tienen asidero constitucional alguno; aun reconociendo su derecho a formularlas, puede decirse verdaderamente de ellas que son fraudulentas al presentarlas como una defensa de la Constitución. No lo son; al contrario, son enteramente anticonstitucionales.

Quizás no deba sorprendernos esta más reciente postura de quien nos animara a encontrar en 2016, como ya se observó, un “Larrazábal II” y, ante el referendo sobre las reformas constitucionales de 2007, el mismo que argumentara que abstenerse era equivalente a votar en contra:

Políticamente no hubo “día después” opositor. Ahora es imprescindible para verse y contarse como mayoría e impedir la imposición de la constitución antidemocrática y el “socialismo” de hambre, sin justicia ni libertad. Para ello se requieren dos cosas: que la abstención y el voto negativo desde ahora se acepten mutuamente (aunque no se gusten) y se sumen como dos formas complementarias del mismo rechazo. (Luis Ugalde: El día después, desmontado en Glosa de pupitre , 1º de noviembre de 2007).

………

Como en otras proposiciones ventiladas por opinadores de oposición como Ugalde o elevadas por partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, el Pueblo brilla por su ausencia. Ugalde cierra su artículo de este modo: “Seguramente otros tienen propuestas y rutas mejores, pero no existen mientras no se presenten públicamente. Sirva esta de provocación para la discusión y acción”.

Bueno, este blog es principalmente un repositorio público de un buen número de diagnósticos, pronósticos y tratamientos; es decir, de “propuestas y rutas”. Tal vez Ugalde no lo visite con frecuencia, tal vez nunca, pero si requiriese refuerzo para reivindicar ese carácter público que el cura exige, sí existe el muy público programa Dr. Político en RCR. Para facilitarle la tarea de enterarse, acá pongo unos pocos enlaces enteramente públicos:

Parada de trote (23 de julio de 2009), la primera proposición de un referendo sobre el socialismo. (Retomada en la emisión #17 de Dr. Político en RCR el 3 de noviembre de 2012).

Plantilla del Pacto (25 de abril de 2016), una explícita proposición de acuerdo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo Nacionales,—en lugar del asimétrico e ineficaz “diálogo” de gobierno y oposición—apoyada en el Artículo 136 de la Constitución, que manda la cooperación de los poderes públicos “en la realización de los fines del Estado”. (Explicada el 30 de abril de 2016 en el programa #194 de Dr. Político en RCR).

Prontas elecciones (22 de octubre de 2016) donde se propuso un referendo para adelantar elecciones presidenciales. (Ese mismo día en Dr. Político en RCR #219).

Manda Su Majestad (17 de diciembre de 2016), con un Acta de Abolición y Estatuto de Transición dictados directamente por el Pueblo. (De nuevo, ese mismo día se presentó en el programa #227 de Dr. Político en RCR).

Catecismo constituyente (11 de agosto de 2017), donde se dijo: “La supremacía del Poder Supraconstitucional le permitiría disolver la constituyente dudosamente elegida el 30 de julio”. (Tesis recogida al día siguiente en la transmisión #261 de Dr. Político en RCR). Sólo el poder supraconstitucional del Pueblo puede disolver la constituyente actualmente en funciones, cuyo origen no es “fraudulento”. Ningún gobierno “de transición”, ninguna junta “cívico-militar” pueden hacer eso válidamente, menos si imitaran la técnica dictatorial de Pedro Carmona.

Todas esas “propuestas y rutas” se fundan en la convocatoria del Pueblo como actor capaz y únicamente idóneo de decidir materias que Ugalde propugna que emerjan de la connivencia de algunos militares y civiles: “Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Apartando la reciente preferencia ugaldina por metáforas médicas—ver El sabio récipe del Dr. Ugalde, 25 de junio de 2015—y la vistosa exageración retórica—los rusos, los polacos, los checos, los alemanes orientales, los húngaros no se quedaron “sin país” al cabo de dominaciones mucho más duras que la actuante ahora en Venezuela—, eso de “civiles y militares” suena a conspiración, pues no parece que los civiles de su fórmula sean los 20 millones de ciudadanos del registro electoral y los militares la totalidad del alistamiento nacional; no es en conciliábulos de esa naturaleza donde puede construirse la necesaria salida. Por ejemplo, en Manda Su Majestad se reprodujo, adaptada a Maduro, una resolución popular propuesta inicialmente para el caso de Hugo Chávez el 25 de febrero de 2002, ocho días antes de que Ugalde levantara las manos de Carmona y Ortega en La Esmeralda. Ella dice:

Nosotros, la mayoría del Pueblo de Venezuela, Soberano, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario, considerando

Que es derecho, deber y poder del Pueblo abolir un gobierno contrario a los fines de la prosperidad y la paz de la Nación cuando este gobierno se ha manifestado renuente a la rectificación de manera contumaz,

Que el gobierno presidido por el ciudadano Nicolás Maduro Moros se ha mostrado evidentemente contrario a tales fines, al enemistar entre sí a los venezolanos, incitar a la reducción violenta de la disidencia, destruir la economía, desnaturalizar la función militar, establecer asociaciones inconvenientes a la República, emplear recursos públicos para sus propios fines, insultar, amedrentar y amenazar a ciudadanos e instituciones, desconocer la autonomía de los poderes públicos e instigar a su desacato, promover persistentemente la violación de los derechos humanos, impedir la manifestación y el ejercicio de la voluntad popular, encarcelar personas arbitraria e injustamente, así como violar de otras maneras y de modo reiterado la Constitución de la República e imponer su voluntad individual de modo absoluto,

Por este Acto declaramos plenamente abolido el gobierno presidido por el susodicho ciudadano, ordenamos a la Fuerza Armada Nacional que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República…

Una orden expresa del Pueblo es lo único que puede mandar un papel para los militares. El 3 de agosto del año pasado, dejé en este blog (Prerrogativa del Poder Supraconstitucional) esta constancia pública:

Hace casi quince años (31 de diciembre de 2002), me escribía Jorge Olavarría: “Luis: te mando el artículo que hoy publico en El Nacional. Por favor, no seas muy severo. Un abrazo. JO”. El artículo en cuestión se llamaba “¿Por qué los militares no sacan a Chávez?”, y en él decía Olavarría que deponer a Chávez militarmente no podía ser tenido por acción subversiva y recomendaba un gobierno militar de transición. Así le contesté:

Gracias, Jorge, por el envío, y mis deseos por un Feliz Año para ti y los tuyos.

 No tengo otra severidad que reiterar lo que para mí es un principio clarísimo: que el sujeto del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad. En esto estoy con la Declaración de Derechos de Virginia respecto de un gobierno contrario a los propósitos del beneficio común, la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad: “…a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it…” (…) Si se aceptase algo distinto, la validez de la intentona de febrero de 1992, por referirse sólo a un ejemplo, estaría abierta a discusión. Niego esa posibilidad. La aventura de Chávez et al. es un claro abuso de poder, sobre todo cuando la mayoría de la población rechazaba, sí, el infecto gobierno de Pérez, pero rechazaba también el expediente de un golpe de Estado.

 Es por esto que el proyecto de Acta de Abolición que conoces ofrece la única justificación posible al desacato militar: “Nosotros, la mayoría del Pueblo Soberano de Venezuela, en nuestro carácter de Poder Constituyente Originario… mandamos a la Fuerza Armada Nacional a que desconozca su mando y que garantice el abandono por el mismo de toda función o privilegio atribuido a la Presidencia de la República”. Si tenemos, Jorge, la posibilidad real de dictar la abolición desde el piso civil, desde la única legitimidad de la mayoría del pueblo, no debemos admitir que el estamento militar se rebele por su cuenta y riesgo.

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Este artículo no es, obviamente, una defensa de Nicolás Maduro, sino de la participación del Pueblo; regateada, eludida, entorpecida y usurpada por el coro de las voces más locuaces de la oposición y, naturalmente, por el coro antifonal del oficialismo, que tampoco ha creído nunca en el Pueblo como Poder Supremo del Estado. Ninguno de los recíprocos héroes y villanos de la película en blanco y negro que pretende ser fiel registro de nuestra realidad lo toma en cuenta para decidir. Bueno, al menos públicamente y, según Ugalde, si se piensa en el Pueblo decisor en privado tal pensamiento no existe.

“Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional” (5 de febrero de 2003).

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El sábado pasado, 16 de junio, torné a plantear públicamente, en el programa #302 de Dr. Político en RCR, la conveniencia de una “licitación política” nacional (no de oposición) que pueda establecer, por preferencia del Pueblo, qué debe hacerse con el Estado venezolano. En esa ocasión, mencioné al Frente “Amplio”, la AVERU y, de pasada, a los jesuitas Ugalde y Virtuoso como actores que pudieran promoverla. Vale.

LEA

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A un corresponsal no identificado

Nombre del remitente en reserva

 

 

Al caer la tarde de ayer llegó a mi buzón de correo electrónico el texto de una entrevista realizada por María Angélica Correa (El Tiempo, 22 de mayo de 2018) a Miguel Ángel Martín, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” (en el exilio). El remitente señaló: “De las entrevistas más relevantes que he leído este año. Agradecería todo comentario al respecto”. A pesar de que he conversado antes y en varias ocasiones con él sobre más de un asunto cubierto por entrevistadora y entrevistado, me sobrepuse a la sensación de inutilidad para contestarle prácticamente punto por punto. Acá transcribo mis respuestas, que van en cursivas tras el texto recibido.

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‘Maduro no representa a los venezolanos’: presidente del TSJ

Horas después de haber jurado como presidente a inicios de 1999, Hugo Chávez dictó un decreto para convocar un referéndum a fin de que una asamblea constituyente redactara una nueva Constitución. El golpe de Chávez tuvo éxito. En diciembre de ese año impuso una nueva Constitución que le dio el control del país. Y así empezó todo. Empezó con el secuestro de las instituciones, empezando con el poder judicial y el poder electoral.

Chávez asumió la Presidencia el 2 de febrero de 1999, habiendo sido electo por una mayoría de venezolanos el 6 de diciembre anterior. (Un año antes, la intención de voto a su favor estaba entre 6% y 8%; el estamento político tradicional no supo oponerle un contendor eficaz). Previamente, el 19 de enero de 1999, la Corte Suprema de Justicia asentó la doctrina fundamental de nuestra constitucionalidad: que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, no limitado por la Constitución (que limita sólo a los poderes constituidos), podía ser consultado sobre la elección de una asamblea constituyente, en un referendo al efecto convocado según especificaba el Art. 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, reformada por el Congreso de la República en diciembre de 1997 para agregar, justamente, el Título VI: De los referendos. En ningún caso fue eso un golpe o “el secuestro de las instituciones”. Por lo contrario; es esa doctrina clarísima y correcta lo que permitiría ahora un referendo que rechace el socialismo, disuelva la actual constituyente y anule sus actos. Y Chávez no “impuso una nueva Constitución que le dio el control del país”; ella fue aprobada en referendo del 15 de diciembre de 1999. Sobre ella dijo la MUD en sus Lineamientos del Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (23 de enero de 2012): “La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Ella representa no sólo el punto de partida ineludible desde la perspectiva de la validez y vigencia formal de las normas, aunado ello a su ratificación popular, sino también una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático. Permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos”.

Casi dos décadas después, el régimen, esta vez presidido por Nicolás Maduro, de nuevo convoca (2017) otra Asamblea Nacional Constituyente, arrasando así con la poca institucionalidad que quedaba.

Pero, además, esta fraudulenta constituyente que fue rechazada y desconocida por la comunidad internacional convocó en forma extemporánea elecciones presidenciales. E incluso va más allá. El propio presidente Juan Manuel Santos, al referirse a esta constituyente ante la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, expresó: “Entre sus artículos está el abolir el sufragio universal, o sea, implantar un sistema igual al de Cuba y perpetuarse en el poder indefinidamente”.

La constituyente convocada por Maduro no es fraudulenta; el Art. 348 de la Constitución confiere al Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre otros actores, la potestad de convocar a una constituyente. Dos días antes de la convocatoria del 1º de mayo de 2017, Ramos Allup retaba a Maduro a que la convocara. (Audio abajo). La gente de la Alianza Nacional Constituyente—Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol, Felipe Pérez Martí—, que ha intentado sin éxito convocar una constituyente (como tampoco lo tuvieron en diciembre de 2013 Leopoldo López, Ma. Corina Machado, Oswaldo Álvarez Paz y una cincuentena de personas que los acompañaron), nunca postularon que esa convocatoria requería un previo referendo, tesis errónea que expuso Brewer Carías en la noche de ese 1º de mayo por CNN. (La exmagistrada Mármol argumentó otra cosa: que Maduro no podía convocar a constituyente, no porque no hubiera llamado a referendo que la autorizara, ¡sino porque era un presidente de facto, dado que la Asamblea Nacional había declarado su abandono del cargo!)  La MUD se dedicó a la holgazanería de acoger el equivocado dictamen de “Randy” y venderlo a Rajoy, a la Santa Sede, al Grupo de Lima, a Almagro (que no necesitaba la venta), al Departamento de Estado de los EEUU… en lugar de presentar candidatos a una constituyente que mucha gente de oposición propició con mucha antelación. (Ver #lasalida de Maduro – segunda parte, 2 de mayo de 2017). La venta tuvo éxito; de allí que buena parte de la “comunidad internacional” (no toda ella, como implica la periodista) compró la etiqueta de moda: fraudulenta. Nadie conoce, Juan Manuel Santos incluido, el texto de un proyecto de constitución que sustituya a la existente, la que dicho sea de paso no entraría en vigencia sin que el Pueblo la apruebe en referendo, como establecen el Preámbulo y la Disposición Final Única de la actual.

Fragmento de Dr. Político en RCR #262, 19 de agosto de 2017

Efectivamente, haciendo un recuento de hechos sucedidos pocos días, antes y después, de la proclamación de la Constituyente Cubana el 4 de agosto de 2017, el régimen inició la persecución de 33 magistrados designados el 21 de julio por la Asamblea Nacional (AN) legítima, y la destitución de la legítima fiscal general Luisa Ortega Díaz; marcando así el inicio del ejercicio de sus funciones fuera de Venezuela de estos representantes de poderes públicos.

Eso de “constituyente cubana”, aunque se escriba con mayúsculas, es una etiqueta más; la que opera en Venezuela es venezolana. (“El país que sufre agudos dolores y privaciones está atrapado en la tenaza de la perniciosidad del gobierno y la incompetencia de la oposición, mientras ambos se pegan mutuamente etiquetas en las solapas: ¡Dictadura! ¡Fascismo! Pobre país”. Etiqueta negra, 11 de abril de 2016). Lo que es fraudulento es ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio; es eso lo que es inconstitucional y por tanto ilegítimo, puesto que fue “constituido” en la Plaza Alfredo Sadel haciendo caso omiso, contraviniéndolo, del Art. 264 de la Constitución, que requiere la participación del Poder Ciudadano en su nombramiento. (“La línea de la MUD parece ser la de proclamar que el Estado venezolano no existe: el Presidente de la República, declaró la Asamblea el 9 de enero, abandonó su cargo, produciéndose la falta absoluta de ese mandatario; los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia serían los elegidos por ella en la plaza Alfredo Sadel que ahora huyen del Sebin. Faltaría que la AN nombrara nuevas rectoras (o rectoros) del Consejo Nacional Electoral y nuevos Defensor del Pueblo y Contralor General de la República, suponiendo que quiera la permanencia de Luisa Ortega Díaz, tan cooperadora”. Constituyente habemus, 31 de julio de 2017). La declaratoria de abandono del cargo por Maduro es fraudulenta, la tesis (Ramos Allup, 5 de enero de 2016)) de que era un “compromiso no transable” de la AN encontrar en seis meses un modo para “la cesación de este gobierno” es fraudulenta, puesto que la Constitución no asigna esa potestad al Legislativo, la elección de un TSJ “legítimo” pero escapado es fraudulenta, como ya dije.

Uno de ellos, Miguel Ángel Martín, actual presidente del inédito Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, quien debió huir de Venezuela a raíz de su designación, nos entrega un mapa sobre las bases legales que permitirían un gobierno de transición, a horas del mayor fraude electoral en la historia de Venezuela.

¿Hay pruebas de fraude electoral el 20 de mayo? Un alegato no es una prueba; es principio universal del Derecho Penal que la carga de la prueba recae en quien acusa, y William Clifford advirtió en La Ética de la Creencia: “Es en todo tiempo y lugar moralmente erróneo que cualquiera crea en algo sobre la base de evidencia insuficiente”.

La primera sentencia del TSJ legítimo, el 25 de octubre, fue la nulidad de la Asamblea Constituyente Cubana, donde activa la resistencia civil amparada por la Constitución venezolana (art. 350). ¿En la farsa electoral del domingo, la altísima abstención del domingo es una demostración de la activación de la resistencia civil?

Sin duda alguna, sí.

Hasta ahora, es evidencia de la desconfianza en el sistema electoral, que conviene al gobierno y ha sido predicada largamente y de manera suicida por innumerables actores de la oposición. (Ver Suma contra gentiles abstencionistas, 1º de enero de 2012). Entre las cosas demostradas el 20 de mayo está que Henri Falcón no dio la talla como candidato. Periodista y “magistrado” convierten falazmente la abstención en “una demostración de la activación de la resistencia civil”. ???

¿Hay referencia de otro tribunal en el exilio?

Un Tribunal así es inédito.

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Muchos consideran que estas decisiones son un sainete político porque violan el principio de territorialidad.

Existe la base constitucional y legal para nosotros operar fuera de nuestras fronteras.

¿Cuál es esa base?

¿Pero existe una norma que lo fundamente?

Nuestra constitución establece en su artículo 20 que los convenios internacionales son leyes en Venezuela, y por eso nosotros ejercemos nuestra jurisdicción fuera de Venezuela, con efecto hacia el país, sobre temas de derecho internacional público y de derecho de control constitucional.

¡Ah, la explica el entrevistado! ¿Cuál convenio internacional establece que puede operar válidamente en el exterior un tribunal espurio, írrito, inconstitucional, fraudulento? ¿O es que las “decisiones” de ese esperpento son un “convenio internacional”? El “razonamiento” del entrevistado es un verdadero bodrio.

La segunda acción mancomunada de la fiscal general Luisa Ortega y del TSJ (en el exilio) fue la acusación penal a Nicolás Maduro por el delito de corrupción en el caso Odebrecht. ¿Este es un caso de control constitucional?

La delincuencia organizada sí es competencia tanto de la fiscal general como nuestra.

“Este martes 29 de agosto la Asamblea Nacional tenía pautado en la agenda discutir los casos de corrupción involucrados con la empresa Odebrecht, y como en otra oportunidad en la discusión sobre casos de corrupción, no hubo quórum. Julio Borges, presidente del Parlamento, informó que debido a que a la sesión solo acudieron 55 diputados no se pudo llevar a cabo la discusión. Borges solicitó a la Secretaría del Parlamento hacer pública la lista de los legisladores que no acudieron, para que el país tenga conocimiento de lo sucedido. En este sentido expresó: ‘Voy a solicitar a Secretaría que haga pública la lista de los ausentes para que el país nos ayude a presionar y los diputados entiendan que tienen que venir a la sesión de la Asamblea, es nuestro deber’. (…) También es relevante mencionar que el pasado 24 de agosto, sólo 33 parlamentarios asistieron a la sesión que tenía como objetivo debatir las denuncias de corrupción realizadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz”. (El problema, 30 de agosto de 2017).

Un fragmento del oficio con fecha 7 de mayo, enviado por el TSJ que usted preside al ministro de la Defensa, se refiere a Maduro en los siguientes términos: “Quien tenía a su cargo la presidencia de la República”(…). ¿Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela y tampoco comandante en jefe de la Fuerzas Armadas?

Constitucionalmente, él ya no es presidente de la República. Él se convirtió en un presidente de facto porque, según la ley, cuando el Tribunal en Sala Plena declara la procedencia del juicio contra el presidente, tiene que pasar por la autorización de la AN. Y eso ocurrió. Nuestra AN autorizó el juicio penal de corrupción contra Nicolás Maduro. Por lo tanto, de conformidad con la ley, él está suspendido e inhabilitado del cargo para someterse al juicio correspondiente. Y se inicia lo que nosotros hemos denominado transición constitucional, porque tiene que venir el orden sucesoral como establece la Constitución.

Ninguna “decisión” de un tribunal fraudulento e inexistente causa los efectos que aduce este pobre señor, que por cierto deja de reconocer que el 9 de enero de 2017, bajo la presidencia de Borges, la Asamblea Nacional declaró la falta absoluta de Maduro por abandono del cargo. Si esta idiotez—¡ojalá lo hubiera abandonado!—se sostuviera, el TSJ de ficción no tendría necesidad de decidir al respecto.

¿En esa transición constitucional le correspondería asumir al vicepresidente, Tareck El Aissami?

Sí, así lo establece la Constitución. Pero no pasó. En este momento estamos frente a un vacío constitucional del cargo de presidente. Maduro no representa a los venezolanos, y su firma no vale en el mundo.

Los presidentes no representan a los ciudadanos en ningún caso; pocas personas del mundo creen que vale y obliga la opinión del entrevistado.

¿Entonces se infiere que todo lo que Maduro firme es ilegítimo?

Exacto. Al no tener legitimidad suscribir un acuerdo con la firma de ese gobierno de facto, corre el riesgo de que no sea válido.

Lo que es ilegítimo es el acto “en Sala Plena” de ese tribunal ilegítimo, fraudulento.

¿Se está desarrollando el juicio penal?

Sí. Estamos esperando que en pocos días, la fiscal general presente el acto conclusivo, y en aproximadamente tres meses, con el cumplimiento de los procesos correspondientes, el tribunal dicta sentencia.

Cuando un gobierno no resuelve los problemas de sus ciudadanos, hasta allí llega la soberanía de ese gobierno.

Los gobiernos no son soberanos; “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, Art. 5 de la Constitución.

¿Puede la Interpol ejecutar una orden de captura estando Maduro en la presidencia, aun cuando sea un presidente de facto? ¿Se podría escudar en esa condición?

Maduro no tiene excusa en eso. Quien tendría el problema es la Interpol porque es un organismo de policía internacional que recibió una orden de captura y tiene que oficiar a todas las policías del mundo para colocarlo en la lista de alerta roja. Nosotros estamos siguiendo los protocolos de la Interpol. Eso no es algo tan inmediato para que lo incluyan en la lista roja.

El TSJ ilegítimo y fraudulento no obliga a la Interpol.

Las solicitudes al ministro de la Defensa y los organismos de seguridad de Venezuela se estrellan contra un muro. Quién va a ejecutar esa orden en un régimen dirigido desde La Habana.

En este caso, la responsabilidad la tienen el director de cada una de las instituciones policiales y el ministro de la Defensa porque a ellos es a los que está dirigido el oficio, pero a su vez le estamos enviando un mensaje a todos los integrantes de seguridad del país para que tengan la información.

Ni el Ministro de la Defensa ni los organismos de seguridad venezolanos tienen por qué hacer caso de un TSJ ilegítimo y fraudulento.

¿Mikel Moreno, presidente del TSJ (en Caracas), se juramentó el año pasado ante la Asamblea Nacional Cubana?

Sí, a él y a todos los magistrados.

Se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Art. 349 de la Constitución).

¿Es un tribunal ilegítimo?

Es un Tribunal ilegítimo que está al servicio de la Constituyente Cubana.

El tribunal ilegítimo (y fraudulento) es el “presidido” por el entrevistado.

Así como también tenemos a un fiscal general ilegítimo (Tarek William Saab)

Sí, incluso hay 14 jueces en Caracas que tienen prontuario policial.

¿So?

¿Incluido el presidente del TSJ?

Tiene dos casos de homicidio.

Representantes de la comunidad internacional han respaldado al TSJ en el exilio, entre ellos Luis Almagro, quien además ha reconocido “la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decidida por el Tribunal Supremo legítimo”.

¿Cuántos y cuáles estados han reconocido al “TSJ” en el exilio?

En conclusión, fue ilegal la candidatura de Nicolás Maduro.

Sí, y el Consejo Nacional Electoral debió desincorporarlo porque está inhabilitado.

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¿Y la candidatura de Henry Falcón fue legal?

Fue producto de una convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

Fue producto de una convocatoria hecha en último término por el Consejo Nacional Electoral, que no puede “impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. (Art. 349).

Ante un Consejo Nacional Electoral que es un brazo ejecutor del régimen, ¿la AN tiene facultad de designar los nuevos rectores a quienes ya se les terminó el período?

Es su competencia.

¿Aún están a tiempo?

Sí, porque es una omisión legislativa que pueden hacerla en cualquier momento.

Eso es; la AN presidida por Ramos Allup arrastró los pies y perdió el tren. Lo sé por NN quien trabajara en el Comité de Postulaciones nombrado por ella. Oímos su espeluznante relato XX, YY, ZZ y yo.

Según usted, estamos ante un vacío de poder. ¿En este caso, a qué organismo le corresponde llenar ese vacío?

A la AN.

¿Ahora la pelota está del lado de la AN?

Sí.

¿Cuál pelota?

¿Qué debe hacer la AN?

Promover la transición en Venezuela o emitir un pronunciamiento.

No ha dejado de hacer ambas cosas ¡sin efecto ninguno!

¿Se refiere a un gobierno de transición?

Esa es una salida, esa es una solución. Incluso ya fue consultada en el plebiscito (julio 2017) al pueblo de Venezuela, y dijo que sí.

El “plebiscito”—término empleado para escapar fraudulentamente a la Constitución, que asigna la organización de los referendos al CNE (Art. 293 )—del 16 de julio de 2017 contó con la asistencia de sólo el 38,5% del registro electoral; eso no es la mayoría del Pueblo.

¿Quién elige al presidente de ese gobierno de transición? ¿La AN?

La AN debería.

No hay ninguna disposición constitucional que mencione gobiernos “de transición” y, por supuesto, tampoco que la AN pueda nombrar uno de ese tipo, fraudulento.

¿Y si la AN no lo ejecuta?

Lo haría el TSJ legítimo.

El TSJ ilegítimo y fraudulento tampoco tiene esa potestad; ni siquiera si no fuese fraudulento e ilegítimo.

¿Qué más necesita Venezuela con un TSJ, fiscal y AN que son legítimos para poder concretar una salida pacífica?

Se necesita, no una unidad sino una verdadera alianza. Solo depende de nosotros.

¿Algo como el Frente “Amplio”, tal vez?

¿Ustedes están preparándose para apoyar a un gobierno de transición?

Nosotros estamos preparados para la reestructuración de Venezuela, que incluye la transición.

¿Puede ejercer un gobierno de transición en el exilio?

Ha ocurrido en el pasado y ha tenido éxito.

¿Como la República Española en el exilio, por ejemplo? ¿O está pensando en el Ayatollah Khomeini?

Si se llega a producir una intervención militar, ¿ya se inició el piso constitucional para una transición pacífica?

Nosotros hemos sentado las bases de promover y provocar la transición en Venezuela. Nosotros declaramos la necesidad de una intervención humanitaria por la crisis que existe en nuestro país. Cuando un gobierno no resuelve los problemas de sus ciudadanos, hasta allí llega la soberanía de ese gobierno. Entonces, todos los países amantes de la democracia están en el deber de recuperar la legalidad para solventar la crisis humanitaria que se vive ese país.

Si se llega a producir esa intervención humanitaria, ¿ya se tiene ese piso constitucional para una transición pacífica?

Sí.

Claro; una intervención militar o una extranjera son intervenciones “humanitarias” cuando sus “bases” han sido “sentadas” por ese TSJ fraudulento. ¡Qué riñones!

………

Después de lo transcrito, envié una comunicación adicional que decía:

En la contraportada de Las élites culposas (mayo, 2012): Las élites venezolanas vienen de más de dos décadas de reiterada imprudencia. La nueva élite chavista es la más equivocada de todas. Dejarán de ser culposas sólo con la verdad.

Creo que el calificativo que cabe a la conversación Correa-Martín es el de fraudulenta. LEA

………

Addenda: luego de enviar al corresponsal la glosa que antecede y decirle que esperaba que ya no le pareciera de lo “más relevante”, me explicó: “Me parece relevante, porque es obvio que esta es la estrategia de un sector y van a seguir adelante. Conociendo a la periodista de marras estoy persuadido de que esta entrevista fue por encargo. De ahí la relevancia. Yo lo que casi nunca pierdo es el foco. Quiero llegar al fondo del asunto porque tendrá consecuencias relevantes”. Ahora lo comprendo y veo que tiene razón. Vale.

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El casero llama de nuevo

 

También puede alquilarse a ciertos hombres

 

En alemán: Haus, casa; Mann, hombre.

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Los servicios caseros de Ricardo Hausmann fueron alquilados por primera vez por María Corina Machado en 2004, para que “demostrara” que el referendo revocatorio de ese año contra Hugo Chávez había sido un fraude.

Habiendo “fracasado” en su ostensible intento por demostrar que no hubo fraude—cuando en verdad lo que querían probar era justamente lo contrario—no han podido rechazar la hipótesis de fraude—”Esto nos impide rechazar la hipótesis de fraude”—que habían dicho que no era su hipótesis. En ningún caso han probado ni el fraude ni ninguna otra concebible constelación de factores que pudiera haber causado los resultados de sus alambicados y peculiares cómputos. Para haberlo hecho hubieran tenido que demostrar que no existe ninguna otra configuración factorial, distinta del azar y de una intención fraudulenta en acción, capaz de generarlos. Y siendo ellos quienes cantan fraude, sobre ellos pesa la carga de esa prueba. Pero nunca fue verdad que partieran “de la hipótesis de que no hubo fraude”, sino en realidad de la hipótesis de que no debiera haber discrepancias entre sus firmas y sus exit polls y los datos finales del CNE, discrepancias que fueron justamente lo que suscitó el estudio, lo que fue su origen. Fue su conclusión predeterminada, ya no un voto oculto, ya no una oculta intención de voto, lo que buscaron probar y no pudieron, ni siquiera porque ocultamente la tuvieron, inválidamente, como premisa. (Juvenalia y tropicalia, 9 de septiembre de 2004).

………

Y fue precisamente sobre esas encuestas de salida que Súmate montó su pretensión de que había demostrado que aquel fatídico 15 de agosto había sido perpetrado un fraude masivo, al encargar a los impecables profesores Hausmann y Rigobón un análisis estadístico al respecto. Pero el año pasado Alejandro Plaz admitió, ante asedio insistente de Pedro Pablo Peñaloza que le entrevistaba para El Universal, que no se había podido demostrar fraude y que tampoco se podría en el futuro. Antes de tamaña admisión, el profesor Rigobón había declarado al mismo periódico en 2004, poco después de que sus “hallazgos” hubieran sido anunciados con fanfarria, y en imprudente descuido: “Hay dos piezas de evidencia en lo que nosotros mostramos. Uno depende de los exit polls. Pero éstos, como tal, pueden estar muy sesgados. Y eso ocurre en todos los países del mundo. Los exit polls no deberían ser tomados tan en serio como lo hacemos en Venezuela, porque son una porquería en todos los países. Y las diferencias son, generalmente, muy grandes, entre sus resultados y el conteo. En nuestros métodos estadísticos tomamos en cuenta que ese instrumento es muy malo”. (La recta final, 16 de noviembre de 2006).

La ideología de Hausmann

Ésa fue la primera vez que me ocupé de algo firmado por Ricardo Hausmann. Más recientemente, lo mencioné de nuevo en Del catastrofismo como placer (9 de marzo de 2017), presentándolo de este modo: “Ricardo Hausmann. Éste lidera el llamado ‘Grupo de Boston’, una constelación de profesionales que sigue de cerca el caso venezolano desde los EEUU y mantiene nexos operativos con el Fondo Monetario Internacional”. He aquí el cierre de esa entrada:

Creo conocer tres tipos de catastrofistas: 1. el que profetiza el desastre en apropiado tono de preocupación; 2. el que lo hace con rostro indignado, enfurecido, creyendo que es la actitud comme il faut que le reportará mayor admiración y apoyo político—políticos iracundos, atrabiliarios (de bilis negra) que (…) creen que es preciso mostrar constantemente un rostro disgustado, al borde del enfurecimiento” (Autoungidos furibundos); 3. quien pronostica la catástrofe con una condescendiente sonrisa de superioridad académica. De los tres, prefiero el primer tipo y el segundo sobre el tercero. Hay también quien cree ver en el desastre una buena cosa; hace unos meses, alguien me escribió: “La buena noticia es que la crisis continúa”. Mientras peor le fuera al país, peor le iría al gobierno y esto era lo importante. El más horrible de los cuentos produce placer a ciertos opositores.

Dejo así constancia de que no simpatizo con las posturas de Ricardo Hausmann.

………

Arrancando este año (2 de enero) creí mi deber refutarlo de nuevo; en esta ocasión enfilé—en El graznido del pato negro (una alusión a su “estudio del cisne negro”, de 2004)—contra este desvarío suyo:

Con fecha de hoy se publica en Project Syndicate (The World’s Opinion Page) un artículo cuyo autor es Ricardo Hausmann: D-Day Venezuela, del que también hay versión en español. Se trata de una pieza delirante, que aboga por ¡la invasión de Venezuela por una fuerza armada ensamblada con militares de varios países de América y Europa! Hausmann pretende justificar tal crimen internacional sobre la base de una escueta enumeración más de los problemas que aquejan a la población venezolana. (No dice nada que no sepamos). Previamente, despacha como remedios inadecuados o inútiles dos posibles desenlaces: el que proporcionaría una elección presidencial y el que provendría de un golpe de Estado militar, como si se tratara de categorías equivalentes.

Más de un analista internacional (Andrés Oppenheimer, por ejemplo) desestimó como locura tan extraviada prescripción, y pareció oportuno insertar una actualización a la crítica evaluación anterior:

Bloomberg trae hoy (3 de enero) una nota de la que se traduce lo siguiente: “Pero, bajo las leyes actuales, los legisladores pueden expulsar a Maduro y El Aissami y procurar la instalación de un nuevo gobierno conducido por el jefe de la Asamblea Nacional. Esa persona pudiera entonces solicitar a fuerzas internacionales que provean asistencia militar para restaurar un orden democrático, dijo Hausmann”. No existe ninguna ley venezolana que permita tales cosas. Bloomberg, quizás sin proponérselo, no hace otra cosa que confirmar el grado de delirio de Hausmann y su abismal ignorancia—y la de la agencia misma—acerca de la juridicidad venezolana, que más bien lo sometería a juicio por el delito de traición a la patria si pudiera echarle mano. (Ver asimismo la evaluación del desvarío en Americas Quarterly por Sean W. Burges y Fabricio Chagas Bastos: Invadir Venezuela es una pésima idea).

………

La pieza de ayer

Hausmann no se quedó quieto. Ayer mismo publicaba Project Syndicate su nuevo artículo, How Democracies Are (re)Born (Cómo renacen las democracias), con pie en el reciente libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die (Cómo mueren las democracias). El sumario inicial ya es insidioso: “No puede haber una democracia estable si tiene que coexistir con un gran partido político competitivo dedicada a destruirla. Ésta es la lección de Venezuela hoy, tal como lo fue la de Alemania Occidental de la postguerra”. Y a partir del certificado de defunción que expide para la democracia venezolana pregunta:

La cuestión es cómo resucitarla, un reto complicado por las actuales hiperinflación y catástrofe humanitaria del país. ¿Debiera Venezuela posponer el restablecimiento de la democracia y enfocarse en la deposición del presidente Maduro y la reanimación de la economía, o debiera restablecer la democracia antes de acometer los asuntos económicos?

Por supuesto, Hausmann plantea la pregunta para presentar su respuesta, basada en analogías históricas que no se sostienen:

Así que ¿cómo puede revivirse la democracia? Dada la crisis humanitaria, Venezuela necesita una rápida recuperación económica, la que es improbable a menos que el derecho de propiedad sea creíblemente restablecido. Pero ¿cómo es esto posible en el contexto del gobierno de la mayoría? ¿Qué impediría que una futura mayoría electoral de nuevo se apoderara de activos después de la recuperación de la economía, como pasó en Zimbabwe durante y después del acuerdo de cohabitación de 2008 a 2013? (…) Lewitsky y Ziblatt advierten que la democracia requiere competidores políticos que se abstengan de actuar demasiado poco cooperativamente. Tal sistema, basado en el reconocimiento y la tolerancia mutuas, fue formalizado en Venezuela en 1958, mediante lo que se conociera como el Pacto de Puntofijo, que estabilizó la democracia durante 40 años, antes de que Chávez lo denunciara y destruyera. Tales pactos no pueden extender su reconocimiento a organizaciones que se opongan a la democracia. (…) La democracia española murió en los años treinta porque era imposible un sistema de mutuo reconocimiento entre fascistas, conservadores, liberales y comunistas. La democracia en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial requirió un proceso de desnazificación que proscribiera la visión del mundo que había conducido al desastre. (…) Del mismo modo, en la Venezuela de hoy será imposible restablecer la democracia liberal si se permite al régimen actual regresar y expropiar de nuevo. (…) En Venezuela, ese aprendizaje social será más difícil que el de Alemania. A diferencia de Hitler, Chávez murió antes de que la máscara económica cayera, lo que hizo más fácil denunciar a Maduro sin arreglar las cuentas con el chavismo, la ideología subyacente al desastre actual. (…) Para asegurar la democracia liberal, Venezuela debe exorcizar no sólo el régimen y sus secuaces, sino también la visión del mundo que los llevó al poder.

Claramente, Hausmann opta por la primera de las únicas dos avenidas que divisa (sabe bastante de divisas): según él, Venezuela debe “posponer el restablecimiento de la democracia y enfocarse en la deposición del presidente Maduro y la reanimación de la economía”.

………

Hausmann: Exagera y triunfarás

La vistosa retórica de Hausmann sobresimplifica más de una cosa. Primeramente, nos compara con la España de la Guerra Civil: “Estudios, basados en evoluciones demográficas, cifran en 540 000 la sobremortalidad de los años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra, y en 576 000 la caída de la natalidad.​ La estimación de víctimas mortales en la Guerra Civil Española consecuencia de la represión puede cifrarse en 200 000 personas”. (Wikipedia). Nos compara con la Alemania de Hitler, directamente causante de la Segunda Guerra Mundial a escasos seis años de su asunción al poder: “la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas”. (Wikipedia). Si se insiste en esas ligeras e irresponsables comparaciones, lo que ocurre ahora en Venezuela puede ser tenido por una verbena ante cataclismos de esa magnitud.

Luego, no ha habido demasiada dificultad en nuestro país para el aprendizaje (“En Venezuela, ese aprendizaje social será más difícil que el de Alemania”, pontifica Hausmann). En noviembre de 2014 medía Datanálisis 80,1% de acuerdo con esta afirmación: “El socialismo del siglo XXI es un modelo equivocado que debe ser cambiado”. Y ya en 2009 todas las encuestas respetables registraban un rechazo mayoritario al socialismo, lo que permitió proponer un referendo consultivo que preguntara al Pueblo: “¿Está usted de acuerdo con la implantación en Venezuela de un sistema político-económico socialista?” (Parada de trote, 23 de julio de 2009). A esa invitación, reiterada al año siguiente y replanteada insistentemente desde 2012 por Dr. Político en RCR, nunca se ha hecho caso; a la democracia que Hausmann dice defender no se la respeta, no se cree en ella. Aunque es justamente ella la que tiene el remedio, Hausmann prefiere que una concertación de políticos profesionales y tecnócratas suplante la soberanía popular.

Hausmann distorsiona el sentido del Pacto de Puntofijo “que estabilizó la democracia durante 40 años”. (Sus palabras). Si bien es cierto que no se invitó al Partido Comunista de Venezuela a suscribirlo, este partido y otros de inspiración marxista pudieron actuar en nuestro escenario político precisamente durante esas cuatro décadas:

El Pacto de Puntofijo era un acuerdo para echar las bases del sistema democrático en un país que, en toda su historia, sólo tuvo elecciones universales en 1947—anuladas rápidamente por otro golpe militar en noviembre del año siguiente—, y difícilmente podía incluir a un partido (PCV) que sostenía como punto de fe programática el esquema marxista-leninista para el establecimiento de una dictadura del proletariado, la negación de la democracia. (El mismo Hugo Chávez se cuidó de aclarar que el PSUV no era marxista-leninista, el 28 de julio de 2007). Pero el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Movimiento Al Socialismo y la Causa Radical, todos marxistas, pudieron actuar políticamente en el país durante todo el período que va de 1958 a 1998, a menos que se involucraran en la lucha política insurreccional y armada. Los partidos que lo hicieron—PCV, MIR, URD—, además, tuvieron espacio para actuar sin trabas dentro de un marco democrático luego de la pacificación calderista. (Retórica cuatrofeísta, 5 de febrero de 2015).

La culpa es compartida

Finalmente, el casero escamotea para su conveniencia argumental la responsabilidad de los partidos venezolanos convencionales en nuestra actual tragedia. Tersamente escribe: “En diciembre de 2015, los votantes eligieron una Asamblea Nacional con una mayoría opositora de dos tercios, indicando a Maduro y sus compinches que aun una democracia grandemente iliberal no sería suficiente para mantenerlos en el poder. A partir de entonces, Venezuela cayó en una dictadura absoluta”. En ningún pasaje de su último artículo se registra el hecho de que el Presidente de esa misma Asamblea Nacional proclamó en el acto de su instalación que el cuerpo legislativo consideraba un “compromiso no transable” encontrar en seis meses el modo de salir del gobierno de Maduro, ni se sugiere que esa postura tuviera algo que ver con el endurecimiento de la posición oficialista. (Ver en este blog, para ésa y otras torpezas, La historia desaparecida, 2 de abril de 2017). Mucho antes de eso, lo que Hausmann tal vez admita como nuestra “democracia liberal”—algo liberal; Artículo 99 de la Constitución de 1961: “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”—se hizo “ilegítima de desempeño”, y permitió el triunfo de Hugo Chávez escasamente un año después de que éste alcanzara, a duras penas, entre 6 % y 8% de intención de voto a su favor.

La historia que cuenta Hausmann es tan distorsionada como incompleta; por eso es una historia falsa, falsificada. En vez de la prohibición por la que aboga debe haber educación; sin que los opositores venezolanos la hayan impartido (o se hayan educado ellos mismos), el pueblo venezolano ha aprendido.

En conciencia del poder controlador de la ambición, la corrupción y la emoción, puede ser que en la búsqueda de un gobierno más sabio debiéramos mirar primero a la prueba del carácter. Esta prueba debe ser la del coraje moral. (…) Puede que el problema no sea tanto un asunto de educar a funcionarios para el gobierno como el de educar al electorado para que reconozca y premie la integridad de carácter y rechace lo postizo. (Barbara Tuchman, La marcha de la insensatez, 1984).

Aun antes de haber leído ese libro fundamental de la Profra. Tuchman, se redactó al año siguiente, para la enumeración de objetivos de un nuevo tipo de organización política, este propósito primero: “La Asociación tiene por objeto facilitar la emergencia de actores idóneos para un mejor desempeño de las funciones públicas y el de llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos públicos nacionales a fin de: 1. Contribuir al enriquecimiento de la cultura y capacidad ciudadana del público en general y especialmente de personas con vocación pública…”

Eso sí es confiar en la democracia y fortalecerla. Hausmann, defensor de la democracia “liberal”, no debe ignorar que la cumbre del pensamiento liberal fue, sin duda, el gran pensador y activista inglés John Stuart Mill, quien escribiera en su Ensayo sobre el gobierno representativo:

Si nos preguntamos qué es lo que causa y condiciona el buen gobierno en todos sus sentidos, desde el más humilde hasta el más exaltado, encontraremos que la causa principal entre todas, aquella que trasciende a todas las demás, no es otra cosa que las cualidades de los seres humanos que componen la sociedad sobre la que el gobierno es ejercido. Siendo, por tanto, el primer elemento del buen gobierno la virtud y la inteligencia de los seres humanos que componen la comunidad, el punto de excelencia más importante que cualquier forma de gobierno puede poseer es promover la virtud y la inteligencia del pueblo mismo.

Hausmann no promueve ninguna de las dos. LEA

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El pecado y no el pecador

 

Las personas no son lo mismo que los hechos

 

En un tiempo de oscuridad, es esencial ser cauteloso y reservado. Uno no debiera despertar innecesariamente una enemistad abrumadora comportándose desconsideradamente. En un tiempo así uno no debe incurrir en las prácticas de otros, pero tampoco arrastrarlos a la luz censurándolos. En las relaciones sociales uno no debiera tratar de saberlo todo. Debe dejar pasar muchas cosas sin dejarse engañar.

I Ching – Hexagrama 36. Oscurecimiento de la luz

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En el caso de este comentario, no uno sino dos pecadores permanecerán anónimos, pero creo de considerable importancia clarificar sus errores, dado que lo que dicen afecta a la ya muy atribulada vida de la Nación. El primero ha dicho: “Supraconstitucional son los reyes absolutos, supraconstitucional es Stalin, es Fidel Castro, es Mao Tse Tung, son los dictadores de derecha, por encima de toda Constitución estoy yo. Eso es supraconstitucional”.

¿Ha dicho ese pecador algo que no sea cierto? No; los reyes absolutos, Stalin, Castro, Mao Zedong (antes Tse Tung) y los dictadores de derecha se han creído colocados por encima de sus respectivas constituciones; “El Estado soy yo”, decía Luis XIV, la cumbre del absolutismo monárquico. El pecado es en cambio de omisión, porque quien dijera lo citado desconoce o ha olvidado o no está de acuerdo con la piedra fundamental de la constitucionalidad venezolana: que el Pueblo, en su carácter de Poder Constituyente Originario, el único con ese carácter, no está limitado por la Constitución. El Pueblo es el único poder supraconstitucional, y no es el Pueblo un rey absoluto ni un dictador de derecha, ni puede asimilárselo a los dictadores de izquierda en la Unión Soviética, Cuba o China. (El Pueblo, sin embargo, está limitado por los convenios con soberanías equivalentes en los que la República haya entrado válidamente y, muy fundamentalmente, por los derechos humanos, que no son únicamente los establecidos en la Constitución; ella misma estipula en su Artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”).

Quien hablara así de lo que es supraconstitucional ignora o prefirió ignorar tal doctrina de la supraconstitucionalidad popular, que fuera definida decisivamente por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia #17 del 19 de enero de 1999:

Nuestra Carta Magna, no sólo predica la naturaleza popular de la soberanía sino que además se dirige a limitar los mecanismos de reforma constitucional que se atribuyen a los Poderes Constituidos, en función de constituyente derivado. Así, cuando los artículos 245 al 249 de la Constitución consagran los mecanismos de enmienda y reforma general, está regulando los procedimientos conforme a los cuales el Congreso de la República puede modificar la Constitución. Y es por tanto, a ese Poder Constituido y no al Poder Constituyente, que se dirige la previsión de inviolabilidad contemplada en el artículo 250 eiusdem. De allí que cuando los poderes constituidos propendan a derogar la Carta Magna a través de “cualquier otro medio distinto del que ella dispone” y, en consecuencia, infrinjan el limite que constitucionalmente se ha establecido para modificar la Constitución, aparecería como aplicable la consecuencia juridica prevista en la disposición transcrita en relación con la responsabilidad de los mismos, y en modo alguno perdería vigencia el Texto Fundamental. Sin embargo, en ningún caso podría considerarse al Poder Constituyente originario incluido en esa disposición, que lo hada nugatorio, por no estar expresamente previsto como medio de cambio constitucional. Es inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aun cuando éstos ejerzan de manera extraordinaria la función constituyente. (…) Ello conduce a una conclusión: la soberanía popular se convierte en supremacía de la Constitución cuando aquélla, dentro de los mecanismos jurídicos de participación decida ejercería.

El suscrito había postulado, el año anterior a la redacción de la crucial sentencia, precisamente esa supremacía popular y encontrado un defecto de redacción de la Constitución de 1961 que, sorprendentemente, había pasado inadvertido hasta entonces:

Es preciso reformar la Constitución de 1961 para que pueda convocarse una constituyente (Brewer-Carías y otros), pues hay que preservar el “hilo” constitucional. Incorrecto. El artículo 250 de la constitución vigente, en el que fincan su argumento quienes sostienen que habría que reformarla antes, habla de algo que no existe: “Esta Constitución no perderá vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. El texto de 1961 no dispone de medio ninguno para derogarla. Sólo menciona enmiendas o reforma general. No prescribe medio alguno para sustituirla por conceptos constitucionales cualitativamente diferentes. Además, el Poder Constituyente, nosotros los Electores, estamos por encima de cualquier constitución. Si aprobamos la convocatoria a una constituyente eso es suficiente. (Contratesis, artículo para La Verdad de Maracaibo del 13 de septiembre de 1998).

Hubo quien sostuviera sobre la base de aquel artículo—ver en este blog Lógica anecdótica (17 de mayo de 2017)—que Pedro Carmona Estanga eliminó justificadamente la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia porque, dado que la Constitución de 1961 no podía ser derogada por una constituyente que ella no dispuso, esos órganos no existían; la misma Constitución de 1999 ¡no existía!

………

El segundo pecador es reincidente; acaba de decir:

Cuando en enero de 1999 se dictó una sentencia—inspirada en Carl Schmidt—que abrió la puerta, en nombre del poder originario, al referendo consultivo y luego a una nueva Asamblea Constituyente, se dio un golpe de gracia al Estado de derecho en el país. Pocos parecieron advertirlo. Entre ellos, Rafael Caldera, que se opuso públicamente—ya dejada la primera magistratura—a la realización de ese referendo. La muerte del Estado de derecho traería consigo, de manera progresiva, la ruina de las instituciones. (…) Al cortar la raíz del Estado de derecho, la vida social no podía menos que descomponerse, como se descompone cualquier organismo al morir. Una descomposición progresiva que alcanza hoy extremos de verdadera disolución.

Bueno, en primer lugar, cuando se promulgó la sentencia mencionada Caldera no había dejado aún “la primera magistratura”; la decisión del recurso de interpretación acerca de si podía emplearse el novísimo Artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política para consultar al Pueblo si quería elegir una asamblea constituyente fue tomada, como está dicho, el 19 de enero de 1999, y Caldera entregó la Presidencia de la República el 2 del siguiente mes de febrero; si no habló hasta después de esa transferencia de poder guardó silencio por no menos de dos semanas. (No tengo el dato de cuándo lo hizo al fin). Luego, y apartando ese punto relativamente sin importancia, quien expuso lo que acabo de reproducir quiso sugerir que la “inspiración” de la sentencia en Carl Schmitt la marca como algo reprobable, puesto que Schmitt era de afiliación nazi. En esta insinuación reincide; en enero del año pasado él mismo había expuesto:

El viejo Aristóteles decía un pequeño error en el comienzo se hace muy grave al final. El pequeño error fue que el Estado de derecho, que ahora dicen que está muerto, en realidad, sufrió un infarto grave al que le podría poner fecha: 19 de enero de 1999: la Corte Suprema de Justicia dice que es posible hacer un referéndum consultivo sobre una asamblea constituyente. Eso no tenía nada que ver con la Constitución del momento, ni estaba de acuerdo con las facultades de la Sala Político Administrativa solamente, porque si era un tema constitucional concernía a la Corte en pleno. El argumento que se invoca, sorprendentemente, está inspirado en una tesis de Karl Schmitt—el jurista del régimen nazi—, según la cual el poder originario está en el pueblo. Eso es una verdad del tamaño de una Catedral. Pero lo que no es cierto es que el poder originario sea una especie de magma en permanente fluidez, entre otras cosas, porque el poder originario da lugar a unas instituciones. Si esas instituciones no se han destruido, por una guerra civil o lo que fuera, en principio las tienes que tomar en cuenta para reformarlas a ellas mismas. Si invocas un poder originario para actuar en cualquier momento, es como si una institución no tuviera ninguna consistencia.

En esa ocasión le advertí: “Empiezo por algo más bien accesorio, retóricamente útil pero lógicamente inválido. Es la suave insinuación de que la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999 proviene del ‘jurista del régimen nazi’. Como muy bien sabes, has empleado allí un argumento ad hominem: no tiene que ver en nada la veracidad de una afirmación con el carácter de quien la profiere; si ya no Schmitt sino el mismísimo Hitler declarara ‘el Sol sale por el Este’ diría la verdad. (‘La nieve es blanca’ es una proposición verdadera si y sólo si la nieve es blanca. Alfred Tarski, noción semántica de la verdad)”.

A eso repuso: “No me ha gustado nunca la reductio ad hitlerum, como la llamó alguno, para descalificar algo, algún argumento. Mi mención de Carl Schmidt tenía por finalidad identificar la fuente de unas afirmaciones, que no se indica en la sentencia y que debe consultar quien quiera analizarla”, Y añadió: “No puede sorprenderte que haya diversas opiniones al respecto”. Si uno quisiera imitar su referencia a Aristóteles, podría atender a esta observación:

Es de vieja tradición en la filosofía occidental, dicho sea de paso, el establecimiento de la distinción entre opinión y conocimiento. Aristóteles, por ejemplo, propone que si lo opuesto de una proposición no es imposible o no conduce a la autocontradicción, entonces la proposición y su contraria son asunto de opinión. Este criterio excluye las proposiciones de suyo evidentes, así como las demostrables, y ambos tipos de proposición no expresan opinión, sino conocimiento. (Conocimiento y opinión, 14 de junio de 2007)

No es una mera diferencia de opinión; de lo que se trata, justamente, es del conocimiento de nuestra constitucionalidad, y de su reiterada descalificación de la fundamental sentencia de la Sala Político-Administrativa—a la que se había dirigido el recurso de interpretación, no a la Sala Plena, que no era requerida para decidirlo—por aquello del jurista del régimen nazi. Que haya escogido restregar la referencia luego de un año, sugiere que su propósito siempre fue el descrédito ad hominem, la más primitiva de las falacias inventariadas por la ciencia de la Lógica.

Y es decididamente una afirmación del todo falsa que con la Sentencia #17 se haya asesinado al Estado de derecho. Ella misma había explicado tersamente:

Cuando se admite la plenitud del orden jurídico o las lagunas de la ley, incluida la Constitución como ley fundamental, se reconoce que el Derecho se encuentra en una cierta relación de excedencia respecto a la ley, lo que hace que ésta, por definición, no sea apta para decidir todos los casos que puedan presentarse. La Sala entiende que el llamado problema de las lagunas nace del dogma positivista de identificar derecho y ley, y de la exorbitancia del espíritu de la codificación, que aspira a dotar al derecho positivo de un sentido pleno y hermético por razones de certeza jurídica.

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Cierto purismo jurídico, cobijado convenientemente bajo el prestigio de Rafael Caldera como jurista—yo mismo escribí en Ahora tiene que consultar (8 de agosto de 1994): “Va a ser muy difícil cazar a Rafael Caldera en un error jurídico”—para regatear al Pueblo su supremacía como poder, escamotea que en aquel año, al estimarse que el Congreso de la República negaría su aprobación al segundo decreto de suspensión de garantías constitucionales, su gobierno amenazó con un referéndum que lo aprobara, aunque no existía tal figura consultiva en nuestra legislación. (No sería creada hasta la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio de diciembre de 1997). A pesar de eso, el Ministro de Relaciones Interiores, José Guillermo Andueza, anunció que tenía “listo” el decreto de convocatoria. (Cuando Acción Democrática ofreció su apoyo a la suspensión segunda, el senador Juan José Caldera no perdió un minuto para declarar que ya el referéndum no era necesario. En aquel momento opiné: “Sería una lástima y seguramente, a la larga, un error político, haber mencionado la posibilidad de un referéndum solamente como amenaza hacia el Congreso de la República, o como promesa electoral demagógica”).

Pecados como los referidos, provenientes de una oposición convencional a Maduro y su constituyente, parecieran oponerse con mayor denuedo que el oficialismo a que el Pueblo decida. El Pueblo tiene, incluso, la potestad de disolver esa constituyente y anular todos sus actos, pero no se lo quiere convocar; se prefiere ignorar su poder. La retórica efectista de “la muerte del Estado de derecho” y la repetida y engañosa alusión a Carl Schmitt—más de cien años antes que él (1789) ya Emmanuel Sieyès había postulado que la soberanía residía en el Pueblo—, sumadas al olvido de su carácter supraconstitucional, son estorbos a la solución política que se necesita en Venezuela. El primero de los pecadores dijo a continuación de sus frases citadas al inicio:

La Constituyente, cuando se da—en el marco de la ley—, es por un lapso limitado y con autorización para cambiar la Constitución, que una vez redactada hay que someterla a consideración del soberano. Pero eso no pasó en Venezuela. Hicieron la Constituyente por lo menos para dos años y la pueden prolongar por otros 20 años. Cualquier cosa que no le guste el gobierno lo pasa a la Constituyente y  como está por encima de todo, aténganse a las decisiones. El gobierno se está manejando de esa manera. La Constituyente es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y poder electoral, todo a conveniencia del poder.

Tiene razón; el pedagógico obispo que es Ovidio Pérez Morales ha propuesto esta metáfora: que vivir en Venezuela con una constituyente es como pasear con un cocodrilo. Pues bien, a ese saurio se lo elimina únicamente desde el poder del Pueblo y, como ha medido Datanálisis, una clara mayoría de sus entrevistados disolvería la constituyente y anularía sus actos. En diciembre de 2007, los proyectos estratégicos de reforma constitucional socializante fueron derrotados por 1,31% y 2,02%; ahora hablamos de una ventaja que va de 14 a 20 puntos porcentuales.

La pecaminosa y errónea prédica reseñada ancla con facilidad en un pernicioso estado emocional, pues percibe que nada puede hacerse, que sólo nos queda la “ayuda exterior”, posiblemente sólo la invasión que vende Ricardo Hausmann o lo que promueve un articulista de ocasión al preguntar: “¿Qué tiene de malo un buen golpe de Estado?” Más de uno, por otra parte, le echa injustamente al Pueblo la culpa de nuestro preocupantísimo estado de cosas, razonando que no hay en él, en triple rima asonante, suficiente gente decente. No logran ver que esa misma depresión es causada en gran medida por la reiteración de las equivocaciones, por la improductividad de estrategias incompetentes repetidas sin imaginación.

Es hora de hacer algo distinto y definitivo: hay que convocar a la Corona para que hable y decida, no sólo para que vote, proteste o ponga víctimas. Ella ha comenzado a percatarse de que mandar es muy preferible a votar, protestar o morir. LEA

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