Sospecha creciente

El jefe de REDES

 

Mi sospecha de que Juan Barreto lee este blog se ha reforzado con la lectura de nuevas declaraciones suyas, publicadas hoy por Noticiero Digital. La primera vez que la expuse fue en la reproducción, hace cuatro días, de un reportaje de José Luis Carrillo para Tal Cual (Académicos ofrecen alternativas a propuesta de EEUU para un acuerdo político, 13 de abril de 2020). Carrillo registraba: “El exalcalde del municipio Libertador Juan Barreto propuso, durante una entrevista en VTV el miércoles ocho de abril, que Nicolás Maduro cree un gobierno de emergencia nombrando un Vicepresidente opositor que a su vez designe un tren ministerial que emprenda las acciones necesarias para superar la crisis que embarga a Venezuela”. (Cursivas de este blog). Una nota al pie del suscrito comentó el día 15: “La proposición de un Vicepresidente ‘de la oposición’ hecha por Barreto fue precedida en cuatro días por la siguiente prescripción: ‘el presidente Maduro nombra a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo que no provenga de las filas oficialistas y tampoco de las de la oposición’. (Otro camino, 4 de marzo de 2020. ¿Será que Barreto visita este blog?)”. Por otra parte, el mero nombramiento del Vicepresidente no permitiría que éste “a su vez designe un tren ministerial”. Sin la falta temporal o absoluta de Maduro, el Vicepresidente no está encargado de la Presidencia de la República, única posición que le permitiría nombrar ministros.

Ahora es Noticiero Digital el medio que reporta su cambio de posición: “Que Maduro convoque a un gobierno de Emergencia Nacional nombrando a un vicepresidente de consenso, un nuevo gabinete y un gobierno amplio”. He aquí la nota completa:

El ex alcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto publicó este domingo un video animado llamando a un «acuerdo nacional que enfrente la pandemia, la crisis y el intervencionismo».

Antes de listar los elementos de dicho acuerdo, Barreto se refiere a Maduro, primero mostrándolo bailando salsa y luego sentado en un sofá con cara de cansado. «Está claro que Maduro ha llevado a cabo un mal gobierno, luce agotado y sin propuestas de provenir» [sic].

A continuación la propuesta de Barreto:

1) Derogar el desacato a la AN.

2) Guaidó y su sector deben rechazar el intervencionismo y sumarse a la AN.

3) Liberar a los presos políticos inmediatamente, presos «que no hayan cometido delito comprobado».

4) Designar un nuevo CNE que reactive los partidos políticos, asegure la representación proporcional de las minorías, la igualdad de condiciones, la transparencia y elecciones con observación internacional y sin ventajismo.

5) Que Maduro convoque a un gobierno de Emergencia Nacional nombrando a un vicepresidente de consenso, un nuevo gabinete y un gobierno amplio.

6) Este gobierno pedirá el «cese al bloqueo y a la intervención imperial», y llamará a elecciones parlamentarias y a un referendo consultivo para preguntarle a los venezolanos si quiere ir a unas elecciones presidenciales. Además, desarrollará un plan económico que permita «atajar la crisis, liberar fondos retenidos y facilitar el acceso a créditos, préstamos y otros instrumentos».

7) También este Gobeirno [sic] pedirá que la Fuerza Armada forme parte de un «Consejo de Estado amplio».

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Comentemos:

    1. No se deroga un desacato. Quienes incurran en desacato—en este caso claramente la Asamblea Nacional—son los llamados a cesar en su desacato. Pero supongo que Barreto quiere decir que el Tribunal Supremo de Justicia levante unilateralmente las sanciones que ha impuesto al Poder Legislativo Nacional por el desconocimiento de éste a la Sala Electoral del máximo tribunal de la República.*
    2. Me parece sana la admonición a Guaidó para que rechace “el intervencionismo”, aunque pienso que caerá en un vaso roto; la figura política de Guaidó es precisamente una creación de los laboratorios intervencionistas de Washington.
    3. Asimismo, estoy de acuerdo con la liberación de “presos políticos”. Ya el 11 de mayo de 2017 proponía en Del armisticio como programa—un proyecto de acuerdo de los poderes públicos nacionales—lo siguiente: “El Presidente de la República ordenará la liberación inmediata de quienes se encuentren privados de libertad sin que esta condición se origine en sentencias judiciales o como parte de procesos judiciales”.
    4. Es evidente la necesidad, pospuesta anormalmente, de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional presidida por Ramos Allup enredó inexplicablemente la renovación de sus rectores a fines de 2016.
    5. Mientras Nicolás Maduro sea el Presidente de la República puede nombrar al Vicepresidente Ejecutivo y al gabinete de ministros que le parezcan, sean o no de consenso, y bautizarlo si quiere como “de emergencia nacional”. (Barreto parece haber abandonado su inconstitucional recomendación de que sea el Vicepresidente quien nombre nuevos ministros mientras haya un Presidente en ejercicio).
    6. ¿A quién pediría el presidente Maduro el «cese al bloqueo y a la intervención imperial»? ¿A Donald Trump o bastaría si se lo pide a Mike Pompeo? (¿A Juan Guaidó?) Además, no es facultad del Presidente de la República “llamar” a elecciones parlamentarias; éstas tienen que celebrarse este año porque el período de la actual Asamblea Nacional expira en los primeros días de enero de 2021. Y sí es potestad presidencial la convocatoria de referendos consultivos (Art. 71 de la Constitución); para la pregunta planteada por Barreto ya se había propuesto uno acá en Prontas elecciones (22 de octubre de 2016), entrada en la que se puso: “No pidamos al Presidente de la República—ni esperemos que la decrete—la convocatoria de esa consulta popular en Consejo de Ministros. (Aunque estaría en su derecho de entender de una vez por todas que es su deber, sin otro subterfugio, abrir esa válvula de alivio a la insoportable tensión que agobia a los venezolanos; de entender, en fin, que por razones distintas de las de Hugo Chávez el 30 de julio de 2000, es imperativo que se relegitime si es que aspira a seguir gobernando)”.
    7. El Consejo de Estado es un ente previsto en la Constitución Nacional: “Artículo 251. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión. La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones. Artículo 252. El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado por la Asamblea Nacional; un o una representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios estadales”. También hay un Consejo de Defensa previsto en el Artículo 323: “El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones”. Parece que lo que visualiza Barreto, que exige la participación militar, es una combinación inconstitucional e innecesaria de ambas cosas. Cualquier nuevo gobierno, distinto del de Maduro, tendrá un ineludible carácter de emergencia desde el punto de vista programático, pues estamos en emergencia. No se requiere definirlo así contrariamente a lo previsto en la Constitución.

En suma, Juan Barreto puede cambiar de opinión en cuestión de días.** Podría decirse—metafóricamente, por supuesto—que se mueve como un peso pluma. LEA

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En Del armisticio como programa: “El Tribunal Supremo de Justicia levantará las limitaciones impuestas a la Asamblea Nacional como consecuencia de su desacato a sentencia de su Sala Electoral, relativa a los diputados electos en 2015 por el estado Amazonas. Por una parte, esos parlamentarios han solicitado ellos mismos su desincorporación, y el Presidente de la Asamblea Nacional dirigió una sesión del 9 de enero de este año que decidió oficialmente la desincorporación de los mismos. Por la otra, el conjunto de decisiones del Tribunal declarando la nulidad de actos del Parlamento por tal motivo resulta excesivo; en todo caso, hubiera podido restringir su sanción a aquellos actos en los que hubieran participado y votado los diputados en discordia; específicamente, debe admitir como válida la elección del actual Presidente de la Asamblea, por cuanto los parlamentarios objetados no participaron en ella. (Habiendo iniciado una sana práctica con la rectificación de las sentencias 155 y 156 de este año de su Sala Constitucional, puede hacer lo mismo en lo tocante a este punto). Adicionalmente, ordenará al Consejo Supremo Electoral la celebración de nuevas elecciones en el estado Amazonas para reparar su situación de representación inexistente”. Antes de los pasos dados por los diputados de Amazonas y las acciones de Borges, Henry Ramos Allup había juramentado ¡dos veces! a tales representantes, configurándose así el desacato. (La solicitud de ser desincorporados la elevaron los diputados cuestionados veinticuatro días después de esta recomendación: “Que [la AN] desincorpore esos diputados, pues no son requeridos para formar una mayoría calificada de dos tercios; lo que se necesita es ‘el voto de la mayoría de sus integrantes’. (Lo más elegante sería que los diputados en cuestión soliciten ellos mismos a la directiva de la Asamblea su desincorporación)”. En Prontas elecciones, 22 de octubre de 2016; la reacción de Ramos Allup fue la de limitarse a pronunciar estas palabras: “Hemos tomado nota”; nunca se ocupó de tramitar el levantamiento de la sanción. (“Al asumir Borges Junyent la Presidencia de la Asamblea en enero de 2017, procedió a desincorporarlos, justo antes de proclamar el abandono del cargo (?) por Maduro. El quisquilloso Tribunal Supremo de Justicia ignoró el procedimiento al sostener que la elección de Borges Junyent como Presidente de la AN era nula, puesto que se había dado mientras ella se encontraba aún en desacato”. Alegatos de diletante, 30 de septiembre de 2019).

** Reconoceré según mi conocimiento y en todo momento la precedencia de aquellos que hayan interpretado antes que yo o hayan recomendado antes que yo aquello que yo ofrezca como interpretación o recomendación, y estaré agradecido a aquellos que me enseñen del arte de la Política y procuraré corresponderles del mismo modo. (Código de Ética)

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El peso de lo circunstancial

Antropología de la creatividad impotente

 

Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.

José Ortega y Gasset – Meditaciones del Quijote (1914)

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La caricatura de Antonio Fragua de Pablo (1942-2018), más conocido como “Forges”, es típica de su punzante y sofisticado humor. Ella alude a la famosa expresión “que inventen ellos”, propuesta por Miguel de Unamuno y explicada por él mismo en su oración ante la tumba de Joaquín Costa:

Es inútil darle vueltas, nuestro don es ante todo un don literario, y todo aquí, incluso la filosofía, se convierte en literatura… y si alguna metafísica española tenemos es la mística… ¿Es esto malo, es bueno? Por ahora no lo decido, sólo digo que es así. (…) y como hay y debe haber una diferenciación del trabajo espiritual así como del corporal, tanto en los pueblos como en los individuos, a nosotros nos ha tocado esta tarea… en Suiza no pueden desarrollarse grandes marinos… Alemania, verbigracia, nos da a Kant, y nosotros le damos a Cervantes. Harto hacemos con procurar enterarnos de lo suyo, que su ciencia y su metafísica fecundará nuestra literatura, y ojalá nuestra literatura llegue a ser tal que fecunde su ciencia y su metafísica. Y he aquí el significado de mi exclamación, algo paradójica, lo reconozco, “¡que inventen ellos!”, exclamación de que tanto finge indignarse algún atropellado cuyo don es el de no querer entender o hacer como que no se entera.

El “ellos” es lo germánico, lo sajón. Los inventores del mundo moderno no habrían podido ser nunca los españoles. (A pesar de que Santiago Ramón y Cajal, en mentís de Unamuno, se hiciera acreedor del Premio Nobel de Fisiología de 1906 como fundador de la neurociencia, o que Juan De La Cierva construyera en 1920 el primer autogiro, el precursor del helicóptero; precisamente, ciencia y tecnología).

¡Que inventen ellos! es una lapidaria expresión de Miguel de Unamuno cuyo repetido uso y abuso ha producido un tópico o cliché que se utiliza con sentidos opuestos. El tópico es muestra de hasta qué punto la ciencia y la tecnología han sido en España una realidad marginal en su organización y contexto social,​ de modo que se ha llegado a convertir en una especie de estereotipo nacional español, unas veces rechazado por impropio o humillante y otras veces asumido con orgullo y desdén, como era su propósito original. (Wikipedia en Español).

En Venezuela se consigue esa vena literaria en la raíz de ciertas posturas políticas de “orgullo y desdén”, que creen que el arte de gobernar es asunto de las humanidades (“lo espiritual”), campo del conocimiento que sería “evidentemente” superior al de las ciencias (“lo corporal”). Asimismo, en nuestra herencia cultural, principalmente hispánica, se ha colado la propensión española al autodesprecio, que Joaquín Bartrina (1850-1880) presentó de este modo: “Oyendo hablar un hombre, fácil es / saber dónde vio la luz del sol / Si alaba Inglaterra, será inglés / Si reniega de Prusia, es un francés / y si habla mal de España… es español”. Cosas como ésas integrarían la “personalidad básica” de nuestra cultura hispanoamericana, sus rasgos comunes, según el concepto del psiquiatra y antropólogo estadounidense Abram Kardiner. (The individual and his society, 1936). Los argentinos, por ejemplo, que… ¡bueno, ya sabemos cómo son los argentinos!

Una constelación conceptual como la descrita condiciona la recepción local de “inventos políticos”, tales como el esquema recientemente propuesto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para la “transición democrática” en Venezuela. Si los gringos (ellos) lo han inventado debe ser bueno. En cambio, un personaje de mi mayor aprecio ofreció, como único comentario al tratamiento expuesto acá en Otro camino, que su viabilidad “depende de las circunstancias”. (¿Las de Ortega y Gassett, que él recomendaba salvar para que nos salváramos?) Sólo atiné a responder que desde que el mundo es mundo absolutamente todo depende de las circunstancias. Esto es, cosa que no le dije, que la razón que esgrimiera para no acoger la proposición no era más que una perogrullada. (De Perogrullo.* Verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla. Diccionario de la Lengua Española). Debe ser que Mike Pompeo no está limitado por “las circunstancias”.

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Habiendo comenzado esta entrada con una muestra del más fino humor español, creo que cabe cerrarla con otra. Superlópez es una divertida película que parodia, por supuesto, al personaje de Superman. Trata de las peripecias de un superhombre español que, como en el caso del original estadounidense, llega a la tierra como bebé desde el espacio exterior y es también recogido por una pareja de edad muy madura y sin hijos. Es su padre adoptivo quien le dice, cuando ya ha crecido: “Clavo que sobresale pide martillo. Si te destacas te machacan. En este país, para ser feliz tienes que ser mediocre”. ¡Olé! LEA

 

 

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* El profeta Pedro GrulloPedrogrulloPero Grullo o Perogrullo, “que a la mano cerrada la llamaba puño”, es un personaje paremiológico o de la literatura tradicional cuyo origen histórico es de difícil determinación. Su idiosincrasia es la de un personaje cómico, producto de la imaginación popular, pero existen hipótesis e investigaciones en las que se afirma que habría existido un Pedro Grullo real. En cualquier caso, en el habla corriente se identifica al personaje como el primer, o el más famoso, decidor de perogrulladas—tautologías retóricas—, esto es, verdades redundantes o pleonásticas del tipo “ha amanecido porque es de día”. (Wikipedia en Español).

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Los adolescentes de la Casa Blanca

Piedra filosofal del “epidemiólogo” Trump

 

Traduzco de un reportaje de hoy en la cadena CNN:

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el lunes que estaba calificado para participar y estar en desacuerdo con el Dr. Anthony Fauci sobre el uso de un medicamento contra la malaria* como tratamiento contra el coronavirus, que aún no se ha demostrado que sea efectivo, y dijo: “Yo soy un científico social “.

“Los médicos no están de acuerdo acerca de cosas todo el tiempo. Mis calificaciones en términos de mirar la ciencia es que soy un científico social”, dijo a John Berman de CNN en New Day. “Tengo un doctorado y entiendo cómo leer estudios estadísticos, ya sea en medicina, derecho, economía o lo que sea”.

Las declaraciones de Navarro siguen a informes de que se enfrentó con funcionarios, en la Sala Situacional durante el fin de semana, sobre la eficacia no comprobada de la hidroxicloroquina en el tratamiento del coronavirus. Mientras el grupo de trabajo discutía lo último sobre el medicamento contra la malaria, un Navarro exasperado arremetió contra Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, que ha pedido precaución con respecto al medicamento, dijo a CNN una persona familiarizada con la reunión.

El desacuerdo entre los médicos no es un fenómeno exclusivo de su profesión; pudiera decirse que es más frecuente que los científicos sociales “no est[é]n de acuerdo con las cosas todo el tiempo”. Por otro lado, forma parte del currículum habitual de una buena escuela médica la formación en ciencia estadística, la Medicina Social lo exige.* Por ejemplo, he aquí la descripción de un curso típico, en este caso el de Estadística en Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford:

Este curso tiene como objetivo proporcionar una base firme en los fundamentos de probabilidad y estadística. Los temas específicos incluyen:

-Describir datos (tipos de datos, visualización de datos, estadísticas descriptivas)

-Inferencia estadística (probabilidad, distribuciones de probabilidad, teoría de muestreo, prueba de hipótesis, intervalos de confianza, dificultades de los valores p)

-Pruebas estadísticas específicas (T-test, ANOVA, correlación lineal, pruebas no paramétricas, riesgos relativos, prueba de Chi-cuadrado, pruebas exactas, regresión lineal, regresión logística, análisis de supervivencia; cómo elegir la prueba estadística correcta).

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Anthony Fauci, dice Wikipedia, “es un médico e inmunólogo estadounidense que se desempeña como Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas** (NIAID) desde 1984. Desde enero de 2020, ha sido uno de los miembros principales de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca que aborda la pandemia de coronavirus 2019-20 en los Estados Unidos”. Una pandemia es causada por alguna “enfermedad infecciosa”, y la suposición del muy malcriado e irrespetuoso Navarro, que tiene a Fauci como ignorante de los métodos estadísticos, no tiene el menor fundamento.

Naturalmente, Navarro obtiene con su irresponsable malacrianza la aprobación de su malcriado e irresponsable jefe, Donald Trump. Es éste quien ha recomendado, enfática y repetidamente, una urgente automedicación con hidroxicloroquina. Hace dos días preguntaba: “¿Qué tiene Ud. que perder?” Bueno, para contestar esa pregunta, apelemos una vez más a Wikipedia:

La hidroxicloroquina se está estudiando como tratamiento experimental para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Hasta el 23 de marzo, los beneficios versus los daños del tratamiento con hidroxicloroquina no están claros. (…) Los efectos adversos más comunes son náuseas leves y calambres estomacales ocasionales con diarrea leve. Los efectos adversos más graves afectan el ojo, con la retinopatía relacionada con la dosis como una preocupación, incluso después de suspender el uso de hidroxicloroquina. Para el tratamiento a corto plazo de la malaria aguda, los efectos adversos pueden incluir calambres abdominales, diarrea, problemas cardíacos, disminución del apetito, dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

No parece que convenga a un infectado de coronavirus una diarrea, náuseas y vómitos o problemas cardiacos.

Los argumentos de Navarro, los de su jefe Trump, son típicos de pataletas de adolescente, tal vez de los previos púberes. Si sólo fuera eso, la cosa no sería más que lamentable; pero si se trata, como lo es en realidad, de una desautorización de Fauci, la máxima autoridad estadounidense en alergias y enfermedades infecciosas, las rabietas de Trump & Navarro son de gran peligrosidad. Allá los votantes de los EEUU si terminan reeligiendo a Donald. LEA

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* Cursé Bioestadística en la Universidad de Los Andes ya en el segundo año de la carrera de Medicina, entre 1961 y 1962, en preparación para la materia Medicina Social.

** La epidemiología surgió del estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas; de ahí su nombre. Ya en el siglo XX los estudios epidemiológicos se extendieron también a las enfermedades no infecciosas. Para el análisis adecuado de la información epidemiológica se requiere cada vez con mayor frecuencia un equipo multidisciplinar que prevea la participación de profesionales de otros ámbitos científicos, entre los cuales la demografía y la estadística son especialmente importantes. (Wikipedia, otra vez, herramienta utilísima que Trump y Navarro parecen ignorar).

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Más bien de la indignidad

Puesto en libertad por la democracia (imagen del MINCI)

 

Hace 26 años, salió de la cárcel de la dignidad, el hombre que le devolvió la esperanza y la alegría a millones de venezolanos. Aquel día, junto al Cmdte. Chávez, salimos hacia la conquista del poder para el pueblo, que hoy con su liderazgo, conduce los destinos de la Patria. 

Nicolás Maduro en Twitter – 26 de marzo de 2020

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Ante la infortunada pero esperable declaración del presidente Maduro, se reproduce a continuación pasajes de Retórica cuatrofeísta, entrada en este blog del 5 de febrero de 2015, sobre todo por la falsedad de que el Pueblo (que él escribe con inicial minúscula) “conduce los destinos de la Patria” (con inicial mayúscula en su tuit).

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En más de una ocasión se ha defendido en este espacio la validez del derecho de rebelión, pero también que el único e insustituible titular de ese derecho es una mayoría de la comunidad. Por ejemplo, se recordó el concepto en El Gran Referendo (6 de abril de 2014):

El titular del derecho de rebelión es una mayoría de la comunidad, como lo formulara con la mayor claridad la Declaración de Derechos de Virginia (12 de junio de 1776):  “…cuando cualquier gobierno resultare inadecuado o contrario a estos propósitos—el beneficio común y la protección y la seguridad del pueblo, la nación o la comunidad—una mayoría de la comunidad tendrá un derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, del modo como sea considerado más conducente a la prosperidad pública”. (Sección Tercera). El 3 de marzo de 2002,  un mes y ocho días antes del Carmonazo, escribí para la Revista Zeta:

…el sujeto del derecho de rebelión, como lo establece el documento virginiano, es la mayoría de la comunidad. No es ése un derecho que repose en Pedro Carmona Estanga, el cardenal Velasco, Carlos Ortega, Lucas Rincón o un grupo de comandantes que juran prepotencias ante los despojos de un noble y decrépito samán. No es derecho de las iglesias, las ONG, los medios de comunicación o de ninguna institución, por más meritoria o gloriosa que pudiese ser su trayectoria. Es sólo la mayoría de la comunidad la que tiene todo el derecho de abolir un gobierno que no le convenga. El esgrimir el derecho de rebelión como justificación de golpe de Estado equivaldría a cohonestar el abuso de poder de Chávez, Arias Cárdenas, Cabello, Visconti y demás golpistas de nuestra historia, y esta gente lo que necesita es una lección de democracia.

La asonada militar del 4 de febrero de 1992 fue un acto criminal inexcusable que no puede ser justificado en ningún caso. La retórica de los socialistas de cuño reciente en Venezuela, naturalmente, es resbalosamente falaz y se contradice a sí misma. A su salida del Penal de Yare, Hugo Chávez concedió una entrevista a la revista Newsweek en la que afirmó que la Constitución de 1961 “prácticamente” lo obligaba a rebelarse. Aludía irresponsablemente a este fragmento de su Artículo 250: “…todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Convenientemente, escamoteaba nada menos que la declaración de apertura de ese preciso artículo: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza…” Y la mismísima constitución prescribía en sus artículos 119 y 120: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos” y “Es nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o por reunión de individuos en actitud subversiva”. Siendo que el derecho de rebelión sólo puede ser esgrimido por la mayoría del Pueblo para “abolir un gobierno que no le convenga”, el frustrado golpe del 4F fue un intento infructuoso de usurpación de su titularidad.

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Cuando, en medio de su campaña electoral primera (1998), Hugo Chávez disertaba ante los circunstantes de un desayuno en las oficinas de la agencia publicitaria J. Walter Thompson, tomé la palabra para hacerle ver su abuso y proponerle que más nunca glorificara su crimen de ese día. Chávez evadió referirse siquiera a mi planteamiento, aunque concluido el acto se acercó para invitarme a conversar. Tampoco acogió mi condición para el diálogo: sólo si renegaba de su abusiva intentona me avendría a la conversación.

Durante toda su vida política, Chávez sostuvo que su criminal aventura había sido un acto heroico, por supuesto “histórico” y “protagónico”. Él no era un “golpista”, era un “rebelde”. La tramposa distinción le permitía condenar en otros lo que él mismo había hecho. Por algún encargo divino, él y sus compañeros de conjura estaban por encima de la moral republicana. Rodríguez Torres argumenta: “la revolución lleva 15 años, de los cuales seis años ha sido sobreviviendo a las conspiraciones”.  Pero los golpistas de 1992 conspiraron durante nueve; se nombraron “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200” porque iniciaron su complot en 1983, cuando se cumplían 200 años del nacimiento de Simón Bolívar. Más tarde Chávez mentiría una vez más, al asegurar que su confabulación se justificaba por la acción represiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez ante el Caracazo, el que ocurrió ¡seis años después de la fundación de su cábala! (Tengo un amigo que me hizo notar que Chávez no fue un simple mentiroso; nunca me ha autorizado a identificarlo para acreditar públicamente su autoría, pero su tesis es que el difunto teniente coronel fue más bien un mojonero, alguien que construye elaboradas patrañas).

Y también dijo Rodríguez Torres que el chavismo había representado “el gran cambio (…) de una democracia representativa a una democracia participativa”. En 1998, el chavismo ofreció convocar por iniciativa popular, mediante la recolección de las firmas necesarias, un referendo sobre la elección de una constituyente. Avanzado el año, las encuestas comenzaron a mostrar que Chávez ganaría la elección, y súbitamente la democracia participativa dejó de ser necesaria; le bastaría al líder firmar un decreto en Consejo de Ministros para el mismo fin. Y en los proyectos de reforma constitucional que rechazara la mayoría en 2007, se contemplaba elevar el requisito de 10% de electores para convocar un referendo consultivo—figura creada por el Congreso de la República en diciembre de 1997—para exigir 20%, dificultando así la cacareada democracia participativa. Y cuando de nuevo quiso contar con la posibilidad de reelegirse indefinidamente mediante enmienda que sería planteada a consulta en febrero de 2009—posibilidad exclusiva para la Presidencia de la República en los mismos proyectos de 2007 porque los gobernadores y alcaldes que la deseaban ¡sólo pretendían “perpetuarse en el poder”! (extendida en la enmienda por conveniencia política a los mismos gobernadores y alcaldes)—, desechó de nuevo la participación popular—“La vía de la Asamblea Nacional tiene una ventaja: que es más rápida”, dijo el 3 de diciembre de 2008—, después de asentar que él era quien daba permiso al Pueblo y no al revés, como registró la Carta Semanal #314 de doctorpolítico (4 de diciembre de 2008):

Primero, él mismo prometió—¿cuánto vale su palabra de hombre?—que no promovería la enmienda. A los pocos días de que dijera esto, dejando magnánimamente que el PSUV y el pueblo rumiaran si convenía promoverla, el Vicepresidente de ese partido, el oportunista Alberto Müller Rojas, declaró que el asunto de la enmienda no estaba planteado en el seno de la organización. Al señalársele que algún poetastro gobernador oriental ya se hallaba en campaña por la enmienda, Müller Rojas expuso que era él quien mandaba en el PSUV. Media hora después de ese atrevimiento, el jefe máximo del partido lo contradecía y se contradecía a sí mismo, al ordenar la operación “Uh, Ah, Chávez no se va”. En sus palabras mostraba desfachatadamente su aberrante concepción de la democracia: “Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo venezolano [en ese orden] para que inicien el debate para la enmienda constitucional, para que tomen las acciones que haya que tomar para lograrlo. Sí lo vamos a lograr, vamos a demostrar quién manda en Venezuela”. Ahora, pues, no es el pueblo quien autoriza al mandatario; ahora somos nosotros quienes debemos solicitar su majestuosa autorización, su real permiso.

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Y nos aseguró Juan Eduardo Romero que “a pesar del acto violento del intento de golpe, su accionar despertó simpatías”. Ninguna encuesta de 1992 registró apoyo significativo a la asonada chavista—las mediciones previas al 4F mostraron un rechazo mayoritario al gobierno de Pérez y un repudio a posibles salidas de fuerza—, una plancha del MBR quedó de última en elecciones estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela luego del sobreseimiento de la causa contra los sublevados y, a un año de las elecciones de 1998, Chávez obtenía cifras de intención de voto a su favor que oscilaban entre sólo 6% y 8% de los encuestados. (La candidata favorita, Irene Sáez, que inicialmente fue vista como una posibilidad que no procedía del rechazado bipartidismo, se dejó postular por COPEI, y Henrique Salas Römer por la “carne de la guanábana”—Acción Democrática—, lo que movió a la mayoría tras la opción del golpista). El Sr. Romero no dice la verdad.

Por lo menos no la dice siempre; en otro punto de su artículo en defensa del crimen del 4F, reconoce a un “mal llamado ‘chavismo’, que ha desarrollado una ‘derecha endógena’, tan corrupta, tan clientelar, tan burocrática y tan anti-revolucionaria y dogmática”. Si fuera admisible, que no lo es, la práctica de derrocar gobiernos mediante la fuerza sobre la base de la coartada de los “mal llamados” socialistas, el gobierno de Chávez y el de Maduro han debido ser depuestos mediante un golpe de Estado, puesto que todos los vicios atribuibles al segundo gobierno de Pérez han estado presentes en los chavistas, sólo que en bastante mayor grado.

A Bernard-Henri Lévy, el líder de la Nouvelle Philosophie de los años setenta, le preguntó La Nación de Argentina al salir su libro de 2008 (Left in Dark Times): “¿Usted no cree que Chávez sea de izquierda?” Lévy contestó así: “Naturalmente que no. ¿Cómo puede ser de izquierda un hombre que ejerce un poder personal, que sueña con que ese poder sea vitalicio, que amordaza a los medios de comunicación de su país, que está sentado sobre una montaña de oro que su población no aprovecha y que es el aliado de Ahmadinejad en la guerra planetaria que libran los demócratas y los antidemócratas? Hay actualmente una izquierda que piensa que Chávez es de la familia, el niño turbulento de la familia. Yo no. Yo soy de izquierda y creo que Chávez es mi adversario”.

Ni siquiera la figura política paterna de Hugo Chávez, Fidel Castro, derramó sus bendiciones sobre la intentona del 4 de febrero de 1992; todo lo contrario, se apresuró a mandar a Carlos Andrés Pérez una clarísima misiva para apoyarlo. En ella dijo: “Confío en que las dificultades sean superadas totalmente y se preserve el orden constitucional, así como tu liderazgo al frente de los destinos de la hermana República de Venezuela”. Chávez tampoco “despertó simpatías” en Cuba, al menos en ese momento; éstas vendrían después, con la ayuda petrolera y lo obsecuente del chavismo con su propia dictadura.¶

LEA

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Intercambio por WhatsApp

 

Hijo de Rafael Caldera, Ministro de la Secretaría de la Presidencia de su segundo gobierno

 

El propósito medular del discurrir humano es la consecución de la verdad. En Política—el arte de resolver problemas de carácter público—, además, es no sólo moralmente aconsejable conseguirla, sino prácticamente necesaria, pues las políticas fundadas sobre nociones equivocadas conducen al daño social. (…) Aquella política que se diseñe sobre lecturas equivocadas de la realidad muy probablemente fracasará en su ejecución. Siendo esto así, se convierte en deber la mostración del error, así sea uno que se cometa “de nuestro lado”.

Lógica anecdótica – 17 de mayo de 2017 (Epígrafe precedente: Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijera siempre la verdad. Oscar Wilde – La esfinge sin secreto)

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Recibí de Andrés Caldera Pietri, ayer domingo 16 de febrero, el enlace a una entrevista que publicara el sitio web de La Razón, que el medio titula así: ANDRÉS CALDERA: “No estamos en un estado de derecho”. Esto le comenté en retorno ese mismo día::

Gracias, Andrés, una buena entrevista. Encuentro en ella mucho de pasado y una recomendación a futuro cercano con la que estoy en desacuerdo: “lo lógico es que todos nos pongamos detrás de Juan Guaidó y sigamos la línea que la oposición, mayoritariamente plantea”. Guaidó ha fundado su actuación sobre una patraña tras otra. Él, para empezar, no es el Presidente de Venezuela. Hay que “ponerse detrás” de una estrategia fundada sobre bases correctas, no detrás de una persona. No se combate el error con la mentira, sino con la verdad.

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Un comentario adicional. En la entrevista destacas: “La Conferencia Episcopal ha propuesto que se consulte al soberano. Yo estoy seguro de que si se hace una consulta al país, la mayoría de la gente va a pedir que se hagan unas elecciones presidenciales este año”. La CEV propuso eso el 12 de enero de 2018 (Corolarios episcopales);* yo lo propuse el 22 de octubre de 2016 (Prontas elecciones) y hablé extensamente del asunto a la plana mayor de la CEV. Igualmente, te recibí en mi casa** e intenté venderte un tratamiento referendario de la crisis; con posterioridad, eludiste el tema y mi invitación a que te sumaras a la promoción de tal salida.

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Este comentario tuyo es lamentable: “no se conseguían jueces, para que lo condenaran” [a Chávez]. ¿No y que la justicia debe ser autónoma? ¿Cómo es que se formulaba la condena antes del juicio?

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Con razón “no estamos en un Estado de Derecho”; desde hace tiempo viene la cosa.***

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Estoy esperando la reacción de Caldera Pietri. Recuerdo, entretanto, esto que puse en De Oslo a Bridgetown el 9 de julio del año pasado:

…de las múltiples aristas del problema político venezolano, es la más aguda el ejercicio de la Presidencia de la República en manos del Sr. Nicolás Maduro (no en las de Juan Guaidó). Pero no puede celebrarse nuevas elecciones presidenciales mientras Maduro ejerza su cargo, pues el presente período constitucional expira el 10 de enero de 2025; tendría Maduro que renunciar a él para abrir la puerta o el único poder capaz de hacerlo, el Pueblo en su carácter de Poder Constituyente Originario y Supraconstitucional (no limitado por la Constitución), tendría que ordenar nuevas elecciones mediante referendo convocado al efecto. De no darse alguna de esas dos circunstancias, un acuerdo de fuerzas políticas en Barbados sólo sería convenir en la violación a cuatro manos de la Constitución.

Y es del 28 de noviembre de 2017 una previa entrada que hace referencia al mismo medio de comunicación empleado en el intercambio precedente (What’s up in WhatsApp). Allí dije hacia el final:

La ANC no es algo que pueda decidirse en una mesa de negociación. Si bien sobre bases comiciales deformes, fue legítimamente convocada. A pesar de la propensión de moda a las etiquetas, ella no es fraudulenta y fue elegida por 8 millones de votantes. (Según el CNE; 7 millones según el alegato no probado de Smartmatic, una votación parecida a la del “plebiscito” del 16-J, o 38,5% del registro electoral). Sólo el Poder Constituyente Originario, el Pueblo expresado en referendo, podría disolverla e incluso anular todos sus actos.**** Tampoco puede decidirse en una mesa por los negociadores elecciones fuera de los ciclos constitucionales (las “elecciones generales” que propusiera José Guerra por CNN el 25 de octubre del año pasado).

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* En verdad lo que planteó la Conferencia Episcopal Venezolana en enero de 2018 fue que el Pueblo asumiera “su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71)”. En esa oportunidad comenté en Corolarios episcopales: “Bueno, ése no es el objeto de los referendos consultivos; el Artículo 71 citado por los obispos indica que ellos tienen por propósito genérico considerar ‘materias de especial trascendencia nacional’, pero el rumbo que se quiere dar al país está más directamente relacionado con el plan de desarrollo económico y social de la nación, cuyos lineamientos generales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional en ejercicio de prerrogativa especificada en el numeral 8 del Artículo 187 de la Constitución, que establece sus facultades”.

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** En noviembre de 2017.

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*** Hoy ha publicado la web de CNN un artículo de su antigua corresponsal Frida Ghitis, titulado así: Trump está aprendiendo de los dictadores. Allí pone: “Cuando el presidente Donald Trump tuiteó su objeción a la sentencia recomendada para su amigo Roger Stone, y el Secretario de Justicia, William Barr, rápidamente revirtió la recomendación, siguieron un camino muy recorrido en la historia: el aplastamiento sistemático de la independencia del sistema judicial. Ya vimos esta película y no termina bien. Un sistema judicial independiente es un ingrediente indispensable en el Estado de derecho. Sin Estado de derecho es casi imposible preservar el funcionamiento de una democracia, ni qué decir del buen funcionamiento de un gobierno. Vimos este desarrollo incluso en la historia reciente: cuando los autócratas en potencia arrancaron a múltiples países de sus amarras democráticas, uno de los primeros objetivos fue el sistema judicial.

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**** Datanálisis consultó, poco después de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal mencionada arriba, acerca de la disposición a disolver la Asamblea Nacional Constituyente en funciones y anular todos sus actos. Éstas fueron sus mediciones:

Hallazgos de Datanálisis (febrero 2018)

 

El total de los entrevistados que estaba de acuerdo con la disolución de la ANC superaba por 14 puntos a quienes se mostraban en desacuerdo, y esa ventaja ascendía a 20,3 puntos respecto de la posible anulación de sus actos. Ni siquiera ese registro, universalmente sabido, hizo que la dirigencia que se hace llamar “opositora” se animara a organizar la convocatoria de un referendo sobre tales cuestiones. Por entonces no logré interesar a Andrés Caldera Pietri en esa avenida de democracia participativa. LEA

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Adiós a las ideologías

 

El corresponsal de la ODCA, hijo y ministro de Rafael Caldera

 

 

Yo no tengo ideología, amigo mío. Yo lo que tengo es biblioteca.

Arturo Pérez Reverte

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Acabo de recibir de Andrés Caldera Pietri el texto de sus palabras en la instalación del Consejo Superior de la Democracia Cristiana ODCA, evento previsto en comunicado que se comentara acá el 15 de este mes de enero. En ellas encuentro un intento de refutación de mi comentario crítico—”Vamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, a un mundo postideológico, transideológico, pero la ODCA no se ha percatado de esa profundísima búsqueda”—, comenzando por esta proposición de Caldera Pietri en el segundo párrafo de su texto: “Por años hemos escuchado hablar del fin de las ideologías, como si pudiera reducirse la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”.

Tal vez no esperase él una respuesta en andanadas, que transcribo parcialmente a continuación:

Sostener que vamos a un mundo postideológico no es lo mismo que “reducir la política a un mero pragmatismo vacío, enfocado en obtener o conservar el poder”. Esto puse al inicio en El caso de una licenciatura en Política (19 de septiembre de 2003):

La Política es un arte. A pesar de la legítima existencia de “ciencias políticas”, la Política no es en sí misma una ciencia, sino una profesión, un arte, un oficio. Del mismo modo que la Medicina es una profesión y no una ciencia, por más que se apoye en las llamadas “ciencias médicas”, la Política es la profesión de aquellos que se ocupan de encontrar soluciones a los problemas públicos. Por tal razón, las soluciones a esta clase de problemas no se obtiene, sino muy rara vez, por la vía deductiva. La esencia del arte de la Política, en cambio, es la de ser un oficio de invención y aplicación de tratamientos. En este sentido, hay un “estado del arte” de la Política.

El paradigma así delineado se contrapone a una visión tradicional de la Política como el oficio de obtener poder, acrecentarlo e impedir que un competidor acceda al poder. Esta formulación, que los alemanes bautizaron con el nombre de Realpolitik, es el enfoque convencional, que en el fondo es responsable por la insuficiencia política—exactamente en el mismo sentido que se habla de insuficiencia cardiaca o renal—de los actores políticos tradicionales. El tránsito de un paradigma de Realpolitik a un paradigma “clínico” o “médico” de la política se hará inevitable en la medida en que la sociedad en general crezca en informatización y acreciente de ese modo el nivel general de cultura política de los ciudadanos.

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Ese ejercicio profesional clínico, he argumentado, debe estar sujeto a un código de ética, tal como la Medicina se rige por el Juramento de Hipócrates. Puedes leer el que compuse en 1995 acá: Código de conducta*

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Las ideologías, como asenté en el material que te enviara al recibir de ti la noticia de la reunión de ODCA, son guías obsoletas que en la gran mayoría de los casos sirven como justificación (o coartada) precisamente para una mera lucha por el poder. Pedro Pablo Aguilar [ex Secretario General de COPEI],** declarando a El Nacional el 7 de junio de 1986: “Mi planteamiento es que los intelectuales, los sectores profesionales y empresariales, los líderes de la sociedad civil no pueden seguir de espaldas a la realidad de los partidos, y sobre todo, a la realidad de los partidos que protagonizan la lucha por el poder”.

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También anexé, a una de las respuestas, un texto de veinte páginas que compusiera entre el 18 y el 19 de febrero de 2013 para los amigos Marcel Granier y Luis Penzini, este último dolorosamente fallecido. (El lugar de los valores en la política). Ese documento se inició con esta explicación:

En las últimas dos visitas que he hecho, dos amigos de gran inteligencia y solidez moral me han planteado, con diferencia de unos pocos días, el mismo problema metapolítico: la función de los valores en el ejercicio de la política. No hay razón para sorprenderse de la coincidencia; ambos han compartido importantes pedazos de historia personal y cívica y son, por tanto, espíritus afines. El primero de ellos explicó que ha asumido antes la posición que defiendo acerca de la obsolescencia de las ideologías, pero que más recientemente se pregunta por la conveniencia de su preservación porque este asunto de los valores le parece central al buen ejercicio de la política. El segundo contrastó el discurso de “la Cuarta República” con el actual discurso militarista del hombre fuerte (una particular reencarnación del cesarismo democrático) y cree que el discurso político que podía dejar atrás a ambos es “el discurso de los valores”. Este tema del lugar de los valores en el ejercicio político, pues, es tanto importante como recurrente, tal como señala el epígrafe*** que fuera tomado de un texto de hace más de dos décadas.

Y siendo que el caso venezolano que más conozco es el de COPEI, me valí de él en esa comunicación para argumentar mi propia comprensión del tema ideológico:

Antes de la llegada del sistema chavista, fue COPEI la formación del bipartidismo que más tiempo y esfuerzo invirtió en el problema de la ideología, al punto que celebró su “congreso ideológico” en octubre de 1986. (Acción Democrática manejó este asunto de modo más íntimo y discreto, con las tesis internas de su Secretaría de Doctrina. Esta unidad, dirigida a la caída de Pérez Jiménez por Domingo Alberto Rangel, definía en su documento base: Acción Democrática es un partido marxista. Luego aclaraba que su empleo del marxismo era estrictamente para fines analíticos, no terapéuticos. Naturalmente, el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Al Socialismo tenían una importante carga ideológica, más el primero que el segundo, así como organizaciones como La Causa R—fundada por el marxista Alfredo Maneiro—y Bandera Roja; pero estos partidos, sumados, por mucho tiempo no pasaron del “6% histórico de la izquierda venezolana”).

Fundado en 1946

COPEI, en cambio, se distinguió siempre por su definición ideológica. Rafael Caldera precisó la ubicación del partido en el mitin de cierre de su campaña presidencial en 1963; en su discurso dijo enfáticamente: “COPEI es un partido de centro-izquierda”, a pesar de que en su origen admiraba el falangismo español y había establecido su fuerza electoral en los estados andinos, que expresaban su descontento con AD, el partido que había interrumpido la hegemonía andina en 1945. La sección juvenil de COPEI buscó posicionarse al lado izquierdo con su propio nombre: Juventud Revolucionaria Copeyana. Nada de esto impidió que su práctica política se orientara inequívocamente a la búsqueda del poder, como indicó de nuevo Rafael Caldera: “Yo no estoy en las alturas del poder, sino en las arenas de la lucha política…”

Si el estilo inconfundible de la Realpolitik, de la política del poder por el poder, pudo entronizarse en tal grado en la práctica de la dirigencia copeyana, eso fue posible gracias al anquilosamiento de la función ideológica socialcristiana. En términos sobresimplificados, el esquema de actuación del político copeyano, en especial de su dirigencia, consistía en conocer los principios de la democracia cristiana—contenidos, como se ha explicado aquí antes, en el libro de Pérez Olivares y en la obra posterior de Rafael Caldera: Especificidad de la Democracia Cristiana—procurarse un adiestramiento retórico y de oratoria y manejarse dentro de los estatutos y reglamentos del partido, anotándose en alguno de los “ismos” determinados por el liderazgo de alguna figura en particular: calderismo, herrerismo, eduardismo, oswaldismo. El supuesto simplista de este esquema residía en la idea de que los principios funcionarían como axiomas geométricos, a partir de las cuales sería posible deducir la política concreta.

Es así como, tan tarde como en 1985, Eduardo Fernández y Gustavo Tarre Briceño entendían las labores del Congreso Ideológico Nacional como partiendo de un “nivel filosófico-principista” e incluyendo un “nivel de la política concreta”. Ambos niveles, pensaban, requerían un “puente sociológico” que les comunicase, lo que revelaba la dificultad con la que se habían topado: la incomunicabilidad entre principios y práctica política.

El problema era éste: no bastaba reflexionar intensamente sobre, digamos, el principio de la dignidad de la persona humana para extraer deductivamente una solución al problema de la deuda externa que fuese una solución demócrata cristiana.

Esa creencia en una relación deductiva entre principios y política es un rasgo bastante común del paradigma político clásico, y se manifestaba con particular intensidad en el pensamiento de los líderes de la democracia cristiana venezolana. Un destacado ejemplo lo constituyó el debate sobre el “agotamiento del modelo de desarrollo venezolano”, tema de moda por los comienzos de la década de los ochenta y en el que terció el Dr. Rafael Caldera con una tesis bastante típica de las formulaciones clásicas. Caldera argumentó, desde un discurso pronunciado en tierras mexicanas, que no era cierto que el modelo de desarrollo venezolano hubiese caducado; más bien, por lo contrario, el asunto era que no había sido llevado a la práctica, y que debía buscarse la descripción del susodicho modelo en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1961.

Una postura idéntica podía encontrarse en muchos otros discursos como, por ejemplo, en la estereotipada conferencia sobre “objetivos nacionales” del curso del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional: “Los Objetivos Nacionales se dividen en Objetivos Nacionales Permanentes y Objetivos Nacionales Transitorios. Los Objetivos Nacionales Permanentes están enumerados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.

Vale la pena transcribir acá el texto pertinente del Preámbulo de la Constitución:

“…con el propósito de mantener la independencia y la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones; proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social, y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurídica, sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social; cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional; sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra; y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación…”

Obviamente el texto que antecede es un recuento de valores y criterios más que de objetivos, por lo que difícilmente puede llamarse al Preámbulo de la Constitución de 1961 un “modelo de desarrollo”.

Hoy la casa de Eduardo Fernández y su hijo

Ante tales dificultades llegó a hacerse doctrina del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFEDEC, fundado por Arístides Calvani, la existencia de unos “planos de mediación”: pisos sucesivos de concreción mediante los cuales sería posible “descender” del techo de los principios hasta la planta baja de las políticas específicas. El invento era una elaboración de tesis formuladas en Chile, hacia la época de los años sesenta, por el padre jesuita Roger Vekemans, de gran influencia ideológica en la democracia cristiana continental.

Tales elaboraciones no hacían otra cosa, por supuesto, que complicar el problema, introduciendo una serie de pasos conceptuales que equivalía a “correr la arruga” una y otra vez. Una formulación alternativa, que les fue ofrecida, no contó con mucha acogida. (En 1985 ya les había sugerido que los valores no debían ser vistos como “objetivos”, sino como criterios de selección de tratamientos políticos. La idea subyacente, en este caso, es que la política no se deduce sino que se inventa. Frente a un determinado problema surge— dependiendo del “estado del arte” de las disciplinas analíticas—un grupo de soluciones diferentes, ante las que los valores son útiles para escoger aquella solución “más democrática” o “más justa” o que mejor parada deje a la “dignidad” o, a lo Moronta, a la “centralidad de la persona humana”).

Pero esta bizantina salida de postular la existencia—inobservable—de unos supuestos “planos de mediación” no obstaba para que en IFEDEC se admitiera que en política era inevitable “derramar sangre”, por lo que además del discurso principista y ético se manejaba una soterrada autorización a la práctica de la Realpolitik.

(En Estudio copeyano, referéndum, Vol. I, No 8, 19 de octubre de 1994).

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En el estudio sobre el lugar de los “valores” en la política inserté esta observación: “El Movimiento Al Socialismo, Podemos, Patria Para Todos ondean banderas marxistas; Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo son partidos de la socialdemocracia; COPEI, Primero Justicia, Proyecto Venezuela y lo que quede de Convergencia son organizaciones socialcristianas. La misma redundancia de opciones dentro de una misma corriente ideológica ya es signo de que, incluso para ellas, lo ideológico no es lo importante”. (Olvidé mencionar en esta enumeración la formación de Henri Falcón, de la corriente “progresista” de la socialdemocracia y Voluntad Popular, partido inscrito en ¡la Internacional Socialista!, algo así como la ODCA adeca).

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Todos los argumentos arriba transcritos están sujetos a la quinta estipulación de mi Código de Ética Política:

Consideraré mis apreciaciones y dictámenes como susceptibles de mejora o superación, por lo que escucharé opiniones diferentes a las mías, someteré yo mismo a revisión tales apreciaciones y dictámenes y compensaré justamente los daños que mi intervención haya causado cuando éstos se debiesen a mi negligencia.

De antes debiera Andrés Caldera Pietri estar persuadido de que no hablo por la tapa de la barriga; de ahora, que he considerado el asunto ideológico en profundidad. LEA

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* En la comunicación a Granier y Penzini apunté: “Como tal oficio o profesión, debe estar sujeta la Política a un código de ética, algo que es mucho más específico y práctico que una doctrina centrada en valores abstractos, puesto que estipula los comportamientos correctos. En septiembre de 1995, sentí la necesidad de componer uno para la Política y opté por seguir, en su orden expositivo, el manifiesto en el Juramento de Hipócrates, el primer código deontológico de la humanidad. (El 26 de ese mes, juré cumplirlo públicamente en el programa Argumento, un espacio dominical que por entonces conducía en Unión Radio)”.

** Aguilar es uno de los firmantes del comunicado de ODCA, igualmente suscrito por Oswaldo Álvarez Paz, quien compitiera por el poder y perdiera ante Rafael Caldera en 1993 a pesar de ser fiel de su misma ideología—¿misma religión, distinta secta?—, Humberto Calderón Berti (defenestrado por Juan Guaidó), Abdón Vivas Terán (destituido de la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Copeyana por ser demasiado rojito para Caldera), Román Duque Corredor (próximo a Eduardo Fernández, inasistente ¿no invitado?), José Rodríguez Iturbe (fugaz Canciller del efímero Pedro Carmona Estanga), etcétera.

*** Es cada vez más frecuente encontrar (…) en los diagnósticos que intentan establecer las causas de la erosión institucional y la patología de la conducta societal, una referencia a una crisis de los valores. Sería igualmente sorprendente que la solución a esta mentada crisis de los valores (…) fuese a encontrarse en una vuelta a imágenes que fueron funcionales en un pasado. (Un tratamiento al problema de la calidad de la educación superior no vocacional en Venezuela, 15 de diciembre de 1990).

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